domingo, 11 de abril de 2021

Estados Unidos, la esperanza de México

 Jorge Faljo

El gobierno de México, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional coinciden en señalar que un pilar fundamental de la reactivación de la economía mexicana es la aceleración esperada en la recuperación de los Estados Unidos. Esta se ve apuntalada, nos dice la Secretaría de Hacienda, por su propio proceso de vacunación y por el paquete de estímulos fiscales aprobado por el congreso norteamericano el pasado 10 de marzo y que asciende a 1.9 billones de dólares. A partir del mismo Hacienda espera un derrame del estímulo que favorecerá sectores de la economía mexicana que tienen un vínculo estrecho con la economía norteamericana, como la producción agropecuaria, la agroindustria y las manufacturas.

Sin olvidar que el año pasado, a pesar de la pandemia, las remesas enviadas por trabajadores mexicanos en los Estados Unidos tuvieron un incremento de 11.4 por ciento y llegaron a los 41 mil millones de dólares. No les fue muy bien a los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos y, no obstante, sabiendo que a sus familias les iba peor, mostraron una gran solidaridad.

Desde antes de la pandemia la estrategia económica de México hacia agua, con una caída del 0.1 por ciento del PIB en 2019 y al año siguiente, 2020, decreció en 8.2 por ciento. Así que el crecimiento calculado por Hacienda, de alrededor de 5.6 por ciento para este 2021 y cercano al 3.6 por ciento para el año que entra, nos llevará, si se cumple, a que en 2022 recuperemos el nivel del PIB del 2018. Igual pero diferente porque la crisis impuesta por el Covid no les pegó igual a todos los sectores y a todos los mexicanos y porque cabe esperar lo mismo de la recuperación: será diferenciada. Y en estas diferencias clases medias y pobres serán los más golpeados.

El caso es que en alguna medida la esperanza de México… son los Estados Unidos. No lo eran antes dado que allá como acá en los últimos años predominó el empobrecimiento de su población. De eso se aprovechó Trump con un discurso a favor de los aumentos salariales, la reindustrialización y una fuerte inversión en infraestructura que lo llevó a ganar las elecciones. Solo que nunca cumplió, ni tuvo intenciones de cumplir. Lo suyo era estafar.

Pero, como lo escribí hace unos meses, Biden, el nuevo presidente norteamericano tendría que tomar en cuenta las demandas de una población norteamericana enfurecida por la desaparición de los buenos empleos, el deterioro de sus condiciones de vida y su progresivo endeudamiento y dentro de este el endeudamiento estudiantil. Es decir que tendría que hacer efectivas buena parte de las promesas huecas de Trump.

Tal es el sentido del plan de rescate lanzado por Biden y recién aprobado por el congreso norteamericano. No se rescatan bancos y grandes negocios, sino que ahora se inyectan 1.9 billones de dólares a los hogares norteamericanos mediante literalmente una multitud de mecanismos que es imposible listar en este espacio.

Lo que más se conoce es que dará un pago directo de 1,400 dólares a todas las personas con ingresos menores a 75 mil dólares anuales. Una pareja con dos hijos que gane menos de 150 mil dólares al año recibe cuatro veces esa cantidad; un total de 5,600 dólares. Esto beneficia al 85 por ciento de los hogares norteamericanos.

Entre las otras muchas transferencias sociales se encuentra la ampliación del seguro de desempleo, el existente y el que pueda ocurrir, a 300 dólares a la semana hasta, por lo menos el mes de septiembre. Se incrementa la ayuda alimentaria a decenas de millones de familias y se introducen notables reducciones de impuestos a la mayoría, por ejemplo, por tener hijos o dependientes. Hay subsidios a la nómina de las pequeñas empresas y descuentos de impuestos a las empresas que siguieron pagando a sus empleados ausentes por enfermedad. Se mejoran las instalaciones escolares; se dan donativos para el pago de hipotecas y creación de vivienda de bajo costo; se subsidian los costos de asistir a universidades y se beneficia a los pequeños agricultores.

En total se calcula un gasto equivalente al 8.5 por ciento del producto anual norteamericano, que habrá de generar más de 7 millones de empleos. Mientras que la reducción de impuestos del 2017, en el gobierno de Trump, benefició sobre todo al 5 por ciento más rico de la población, ahora el beneficio es para las familias de ingresos bajos y medios.

Para darnos idea de la magnitud del rescate si se dividiera el gasto previsto de 1.9 billones dólares entre cada norteamericano, hombre, mujer, o niño, a cada uno le tocaría 5 mil 500 dólares. Pero su impacto no se divide así, sino que va a los no ricos, la gran mayoría.

No es hasta aquí que llega la administración Biden. Ya está preparando otro plan de gran envergadura. Se trata de un plan de generación de empleos asociados a una enorme inversión (todavía no aprobada) de dos billones de dólares para, en los próximos diez años, reconstruir y ampliar puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, vialidades y sistemas de transporte urbanos.

También reemplazaría viejas tuberías de agua y drenaje, redes eléctricas y llevaría el internet de alta velocidad a todos los norteamericanos. Reconstruiría millones de casas, edificios, escuelas y hospitales. Revitalizaría la producción industrial, invertiría en investigación y proporcionaría capacitación a los trabajadores. Lo principal es que es una estrategia de inversión dispersa y no concentrada en unas cuantas obras de relumbrón.

La estrategia adopta tecnologías avanzadas, menos contaminantes y con mayor respeto a la naturaleza.

Parte fundamental de la agenda es el apoyo a la creación y fortalecimiento de sindicatos y a las negociaciones colectivas entre trabajadores y empresas de manera tal que puedan mejorar sus condiciones salariales y de empleo.

Los norteamericanos desconfían del gasto gubernamental. En este caso apoyan tanto el plan de rescate como el de empleo porque se asocia a un importante incremento de los impuestos efectivamente pagados por las grandes empresas. Hay que señalar que las 500 más grandes empresas norteamericanas pagaron cero dólares en impuestos federales en 2018; muchas incluso recibieron subsidios fiscales, es decir impuestos negativos. La idea es elevar la tasa impositiva formal y eliminar numerosos mecanismos de evasión de impuestos.

Biden coloca a su gobierno como eje de la recuperación y recomposición de la sociedad norteamericana. Rechaza la austeridad, baja impuestos a la mayoría y demanda que los muy ricos contribuyan al desarrollo de su país y al bienestar de todos. Es un gobierno progresista.   

El plan de empleos requerirá que el grueso de los materiales y equipos sean hechos en los Estados Unidos, no obstante, la reactivación norteamericana puede efectivamente tener un efecto de derrame positivo hacia el exterior. Habría que ponerse las pilas para aprovecharlo y esto requerirá una estrategia espejo de parte de México.

domingo, 28 de marzo de 2021

Migración y causas raíz

 

Jorge Faljo

Una nueva oleada de migrantes está llegando a la frontera norteamericana para encontrarse con las puertas cerradas. Durante décadas la mayoría de los que deseaban entrar a los Estados Unidos eran mexicanos, pero ahora son sobre todo centroamericanos que llegan de mucho más lejos, atravesando hasta cuatro fronteras y en las peores y más peligrosas condiciones posibles.  

En su travesía enfrentan criminales y autoridades, frecuentemente coludidos para aprovechar el gran negocio de guiarlos, transportarlos, venderles protección o extorsionarlos.

Los republicanos quieren culpar a Biden de la nueva oleada migratoria. Sea porque que el nuevo presidente norteamericano presenta una nueva imagen más compasiva y humana, o simplemente porque abandona las formas más brutales de la anterior administración, el hecho es que ha renovado la esperanza de los migrantes. Eso a pesar de que la nueva administración declara y hace efectivo un nuevo cierre de su frontera.

Sin embargo, la realidad demuestra que la adversidad del viaje y las puertas cerradas no logran desalentar las dos fuerzas mayores que determinan la migración: la expulsión y la atracción.

Del lado expulsor se encuentran algunos de los peores efectos del cambio climático: huracanes y sequía. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos -PMA-, cuatro países de Centroamérica, precisamente El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, están siendo azotados por graves hambrunas causadas por la crisis económica desatada por el Covid-19 y los desastres naturales, en particular dos huracanes asestaron, en 2020, un duro golpe a millones de personas que antes no padecían hambre. Ahora el PMA acaba de hacer un llamado urgente para dar asistencia alimentaria a 2.6 millones de personas. Un 15 por ciento de los entrevistados por esta agencia en enero pasado estaban haciendo planes para emigrar.  

No solo no existen mecanismos de asistencia social adecuados a la magnitud del desastre natural y sanitario, con su correspondiente pérdida de empleos; lo que hay es un contexto de violencia criminal de pequeña y gran escala. Pandillas que extorsionan y destruyen cualquier pequeña iniciativa de negocio. Por otra parte, la inequidad y la concentración extrema de la riqueza asociada a autoritarismos y represión; incluso colusiones de alto nivel con el tráfico de drogas.

En paralelo a los factores de expulsión existe una poderosa fuerza de atracción hacia los Estados Unidos. Más de 800 mil hondureños, 1.6 millones de salvadoreños y un millón de guatemaltecos han logrado establecerse y trabajar en los Estados Unidos. Sus remesas son el mayor mecanismo de asistencia social para sus familias y equivalen al 23 por ciento del Producto Interno Bruto –PIB-, de Honduras, el 20 por ciento en El Salvador y el 14 por ciento en Guatemala.

Los mensajes que reciben los migrantes son contradictorios. En Centroamérica la radio y la televisión transmiten mensajes del gobierno norteamericano diciendo que la frontera no está abierta; que no se muevan, que podrán solicitar su entrada a los Estados Unidos desde su propio país. Una posibilidad que cerró Trump.

Pero hay otros mensajes. Los de los ya asentados en los Estados Unidos y los de unos 25 mil migrantes que esperaron durante dos años, o más, su trámite migratorio en el lado mexicano de la frontera y que ahora están siendo aceptados para continuar este proceso del lado norteamericano. Ellos alientan con su ejemplo, con sus remesas y con sus mensajes, a que otros se sumen a la larga y peligrosa marcha. Además, los polleros pregonan los beneficios de su negocio.

Paradójicamente y con un nuevo tono, menos brutal y hasta amable, algunos resultados son similares a los anteriores. Estados Unidos hace una excepción al cierre de su frontera y acepta a los menores de edad con el argumento de que sería muy cruel devolverlos a la inseguridad de México.  Eso hace que algunos padres y madres se separen de sus hijos con la esperanza de que sean enviados con familiares dentro de ese país y que más tarde puedan reunirse. Es decir que ocurre una nueva separación, ahora voluntaria, de las familias.

El gobierno de Trump aprovechó los datos que llevaban los menores para revisar la situación de sus parientes y en algunos casos expulsarlos; sembró pánico y dificultó la reunificación familiar. Esperemos que se abandone esta práctica y que los menores lleguen a sus destinos.

Por nuestra parte, México cerró su frontera sur con el argumento de impedir la difusión del Covid lo que de inmediato fue seguido del anuncio del envío de 2.5 millones de vacunas norteamericanas. Lo que ha levantado sospechas de un intercambio de favores, acordado o implícito, que de nuevo coloca a México como barrera en el paso de los migrantes.

Lo más importante en este mar de sufrimiento humano, es que se retoma la idea de atender a las “causas raíz” de la migración. El gobierno de Trump puso oídos sordos a esta propuesta de México confiado en que la crueldad y el muro les permitiría ignorar el problema. Biden está enviando una delegación de alto nivel para “desarrollar un plan de acción efectivo y humano para el manejo de la migración.” También ofreció 4 mil millones de dólares para atender las causas raíz de la migración.

El monto no es realmente substancial si consideramos que en este año las remesas hacia Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua podrían alcanzar los 26 mil millones de dólares.

Solo que no se trata simplemente de contar con más dinero; se requiere un cambio cualitativo. Una mayor entrada de dólares no atendería a las causas raíz. El problema es el estilo de globalización.

Los cuatro países mencionados son exportadores crecientes de alimentos mientras que en paralelo incrementan su dependencia de las importaciones de granos básicos. En conjunto importan el 50 por ciento de su consumo de cereales, legumbres y oleaginosas; 57 por ciento en el caso del maíz.

Han seguido el modelo típico que coloca las inversiones públicas y privadas en la producción de exportación manejada por las elites locales y las empresas extranjeras, al tiempo que descuidan las capacidades de producción de los más pobres. Paradójicamente las remesas, al hacer más accesibles los dólares y abaratarlos, facilitan la importación de alimentos y bienes que antes era posible producir internamente y que ahora se importan. En condiciones de dólares baratos y fronteras abiertas los pequeños y micro productores campesinos e indígenas ya no pueden competir con lo importado y cunde el desempleo.

Solucionar las causas raíz requeriría una revolución en el modelo económico de estos países. Hacer que los dólares de las remesas puedan convertirse en inversión productiva que fortalezca la autosuficiencia en lugar de meramente incrementar las importaciones implica un cambio de enorme magnitud. La nueva lógica iría en favor de la reactivación y el fortalecimiento de las capacidades de la pequeña producción; lo que solo puede hacerse en un mercado administrado, regulado en su relación con el exterior y en su funcionamiento interno.

Implica una fuerte injerencia gubernamental que para ser positiva tendría que acompañarse de un salto a la democracia y a la participación social. Intentos que en el pasado generaron guerras civiles y golpes de estado aprobados desde los gobiernos norteamericanos.

La migración, contra la que vociferan los republicanos en los Estados Unidos coloca a la administración de Biden entre la espada y la pared. Tal vez eso impulse un cambio en la actitud norteamericana hacia Centroamérica que apoye la transformación requerida.

O tal vez no.

domingo, 7 de marzo de 2021

Pandemia, empobrecimiento y derechos ciudadanos

 Jorge Faljo

El golpe de la pandemia ha sido tan generalizado, contra la humanidad entera, que paradójicamente se está convirtiendo, sin dejar de ser brutal, en una incipiente experiencia democratizadora.
La enfermedad ha puesto al descubierto nuestras peores debilidades. Baste mencionar la tremenda desigualdad económica entre países y personas, donde coexisten la acumulación extrema de riqueza, con el hambre y las carencias más elementales; un sistema alimentario que nos ha hecho gordos, mal nutridos, plagados por enfermedades crónicas y con baja capacidad de respuesta inmunológica; esquemas de investigación médica y estructuras sanitarias orientadas a los que mejor pueden pagar.

Decimos que es mejor prevenir que remediar, pero como humanidad y como países hemos preferido vivir el presente deseando que los riesgos no lleguen a materializarse antes que prepararnos para ellos. Ahora, con el cambio climático se nos acumulan los efectos de la impreparación y es cada vez más evidente que los costos de prevenir habrían sido mucho menores que los de remediar a medias.
La pandemia era un riesgo anunciado y ahora que se materializó como hecho real no solo no habíamos tomado las precauciones debidas, sino que la respuesta ha sido desordenada, los mensajes contradictorios y el comportamiento global poco solidario.
En este contexto la pandemia ha hincado sus dientes donde más nos duele; se ensaña en los más vulnerables y abre más las brechas entre los que logran conservar un empleo y los que lo pierden; entre los que tienen ahorros y los que viven al día; entre los que se alimentan bien y los que no; entre los países con sistemas sanitarios y de seguridad social eficientes y los que meramente los simulan.

Hay otro aspecto paradójico. Debido a que el impacto del Covid-19 es realmente universal, ha obligado a tomar medidas novedosas que rompen los esquemas ortodoxos del individualismo egoísta y son los embriones de una evolución que puede ser muy positiva, si sabemos preservarla y construir sobre ella. Se trata de una revolución ideológica que modifica la relación entre gobiernos, libre mercado y ciudadanos.

Quedó demostrado que si ante un problema de magnitud global se asignan los recursos suficientes, lo que requiere voluntad pública y política, es posible hacerle frente. Me refiero en particular, como ejemplo destacado, a la capacidad para desarrollar vacunas con una velocidad sin precedentes; lo que no había ocurrido porque otras epidemias no afectaban a los más pudientes.

Pero lo que quiero destacar que ya no se cuestiona que las vacunas deberán llegar a todos en todas partes. Cierto que en un mundo caracterizado por la inequidad económica y social eso no está ocurriendo de manera pareja. No obstante, el problema de la asignación de vacunas tiende a ser visto como de circunstancias y temporalidad al mismo tiempo que se expande la idea de que existe un derecho básico, humano, de que, aunque sea más tarde que temprano, todos tienen derecho al tratamiento adecuado.

No deja de haber cierto egoísmo en esa idea. Sabemos que mientras haya países y grupos de población en los que la pandemia permanezca surgirán nuevas variantes que le generarán problemas a todos los demás.

Incluso en los países de más exacerbado individualismo, además del derecho a recibir la vacuna de manera gratuita se ha establecido el derecho a no ser expulsado del hogar, a seguirse alimentando y al consumo elemental. El mejor ejemplo es los Estados Unidos que han impuesto una moratoria en el pago de la renta y transferencias monetarias sin contrapartida a buena parte de la población.

A diferencia del pasado los gobiernos de todo el mundo en lugar de salvar a las empresas están salvando a los ciudadanos; son los garantes del derecho a la salud a la vivienda, a la alimentación, al empleo. La cosa no es pareja y la transición no se da sin fuertes discusiones políticas. Pero el cambio hacia la exigencia de que los estados cumplan con nuevas responsabilidades en beneficio de los individuos es indudable.

Ocurre también a nivel internacional en relación al papel de los organismos públicos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y otros. Se espera mucho más de ellos, se exige el cambio de reglas y en paralelo se les fortalece como las instituciones y mecanismos de los cuales esperamos mejor distribución de vacunas y avances hacia una mejor gobernanza global.

La revigorización generalizada de lo público crea un nuevo equilibrio respecto a la operación de los mercados. Estos últimos siguen siendo la base de operación de las economías y las sociedades. Pero ahora destaca el papel de los gobiernos como grandes generadores de dinero inyectado en las economías; como reguladores y asignadores de incentivos a las empresas; como proveedores de transferencias a la población, en efectivo y en servicios públicos.

No es un mero fortalecimiento de los Estados; es sobre todo un reconocimiento de los derechos de los ciudadanos.
Lo dijo la CEPAL hace un año; la responsabilidad de enfrentar la pandemia y sus consecuencias es de los gobiernos.

En México la responsabilidad y la tarea por hacer son enormes. Hay mucho que repensar. En papel hemos aceptado y nos hemos comprometido con derechos esenciales, como el derecho a la salud y a la alimentación saludable. Pero no cumplimos en el pasado y la situación es cuestionable en el presente.
Somos el país con mayor grado de sobrepeso de la población en el mundo y con mayor reducción de años de vida como consecuencia de sus enfermedades asociadas.

Tenemos una de las mayores proporciones de población en pobreza y pobreza extrema de América Latina. De acuerdo al último informe, Panorama Social de América Latina 2020 de la CEPAL la pobreza extrema en México creció de 10.6 por ciento de la población en 2018 a 18.3 por ciento en 2020.

Con un añadido preocupante. CEPAL hace el cálculo considerando la incidencia de las transferencias de recursos del gobierno a personas vulnerables. Sin estas transferencias la población en pobreza extrema se habría elevado a 18.4 por ciento. Si vemos el impacto en la pobreza total esta subió de 41.5 por ciento en 2018 a 50.6 por ciento en 2020, con o sin transferencias.

México destaca, lamentablemente, por un alto nivel inicial de pobreza y pobreza extrema; por un mayor impacto negativo de la pandemia; por un histórico bajo porcentaje de gasto social y por su permanente ineficacia.

Hay que pasar de hacer proyectos para los pobres sumisos a trabajar con los pobres; sobre todo con los pobres organizados y exigentes.

Cierto que la herencia del pasado es muy pesada; pero hay mucho que reconsiderar en el presente.


domingo, 28 de febrero de 2021

La vacuna es patrimonio de la humanidad

Jorge Faljo

El martes 23 de febrero, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, parece un florero, “está de adorno”. Se refería a su ineficacia para evitar el acaparamiento del 80 por ciento de las vacunas contra el Covid-19 por apenas diez países mientras que otro centenar de países todavía no cuentan con una sola dosis.

Tanto el presidente como el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, criticaron duramente que la iniciativa para una distribución mundial más equitativa de las vacunas –Covax-, todavía no hubiera entregado vacunas.

Seis meses antes México había pedido en una sesión de la ONU que las vacunas fueran accesibles de manera equitativa a todo el mundo. Pero el manejo mercantil de las vacunas, es decir su venta al mejor postor, sumada a los imprevistos de la producción y la distribución, han resultado en un enorme desorden y en retrasos a su aplicación en México y muchos otros países.

En esa conferencia matutina estaba como invitado el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que se sumó a la crítica señalando que también su país tenía problemas para adquirir vacunas.

Es posible que la iniciativa Covax no logre proporcionar vacunas al 20 por ciento de la población más pobre del planeta. Incluso si lo logra puede ser insuficiente. Se requiere vacunar a un 70 por ciento de 8 mil millones de habitantes del planeta para llegar a la inmunidad grupal, o de rebaño como se le traduce del inglés.

Resulta que se necesitan de diez a doce mil millones de dosis, considerando que la mayoría de las vacunas requieren una doble aplicación. De momento se calcula que la capacidad de producción es de entre 2 y 4 mil millones de dosis anuales con lo que se llegaría a la inmunidad grupal hasta el 2023, si bien nos va.

Pero mientras no se detengan los contagios pueden y van a surgir nuevas variantes del virus que reducirán la eficacia de las vacunas. Por eso Pfizer plantea que posiblemente se requieran tres dosis de su vacuna.

Un modelo matemático desarrollado con el patrocinio de la fundación Bill y Melinda Gates predice que si los primeros dos mil millones de vacunas son acaparados por los países más ricos se duplicaría el número de muertes en el mundo, a diferencia de un reparto que incluya los más vulnerables de los países pobres.

Así las cosas, la inmunidad grupal mundial podría no alcanzarse y tendríamos regiones empobrecidas en las que se estarían generando nuevas cepas y regiones ricas atrincheradas en su egoísmo. Un mundo de extremos sumamente conflictivo.

En la conferencia del 23 el mandatario argentino fue más allá de la crítica para plantear una solución de fondo. Invitó a México a sumarse a la petición que prepara con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para que los 20 países más ricos del planeta –el G-20-, acepten que las vacunas contra el Covid-19 sean declaradas “un bien global”.

Es una propuesta que suma cada vez más adeptos porque si se rompen las barreras de los derechos de propiedad intelectual se podrían aprovechar mucho mejor las instalaciones ya existentes. Países ricos y pobres podrían producir muchas más vacunas… y pruebas clínicas, respiradores, tanques de oxígeno, medicamentos antivirales, vestimenta de protección sanitaria, jeringas y todo tipo de materiales necesarios en la lucha contra el Covid-19.

Sembrar en todo el mundo la capacidad tecnológica de producir vacunas, medicamentos y materiales, es la mejor y más inmediata manera de combatir la pandemia, abrir espacio a una evolución socioeconómica equitativa y dejar un importante legado de conocimientos compartidos. No sería gratis, pero si otro tipo de gasto. En vez de comprar materiales se estaría comprando transferencia tecnológica para hacerlos.

Una buena analogía de lo que ocurre es la carrera espacial. Los Estados Unidos y otros países industrializados invirtieron cientos de miles de millones de dólares en contratos de desarrollo tecnológico y aprovisionamiento de vehículos espaciales y toda la parafernalia que los acompaña. La industria privada los vendió caros y en el proceso hizo notables avances tecnológicos con otras aplicaciones mercantilizables. Ese conocimiento desarrollado con dinero público se convirtió en propiedad privada, monopólica, muy rentable. Es el modelo básico de la producción de vacunas.

Otro antecedente viene a cuento. En los años noventa las patentes hicieron que los medicamentos para combatir el SIDA fueran un buen negocio en los países ricos, pero demasiado caros para la mayoría de los enfermos de África. No fue hasta el año 2001, tras difíciles negociaciones, que la Organización Mundial del Comercio aceptó que las patentes no deberían impedir que los gobiernos protegieran la salud pública. A partir del 2003 los gobiernos podrían exigir licencias de producción en casos de emergencia extrema. También se diseñaron mecanismos de compensación a las empresas privadas.

En el caso del SIDA, del rotavirus y de otras enfermedades prevalecientes en el tercer mundo, no fue hasta que se logró romper los monopolios que los precios bajaron lo suficiente para ser accesibles a la mayoría y que realmente se logró contener esas enfermedades.

Ahora que el Covid-19 golpea también a los más ricos se movilizó la opinión pública, y la decisión política y financiera para destinar un enorme gasto gubernamental que ha permitido notables avances tecnológicos. Este conocimiento es propiedad privada y sustenta monopolios que tienen ganancias fabulosas y deciden sobre el destino de miles de millones de personas. Bajo este esquema la humanidad no ganará la batalla contra el Covid-19, como no lo estaba haciendo contra el SIDA.

La petición de que las vacunas sean un bien público global es avalada por cada vez más países, organismos internacionales, organizaciones humanitarias y miles de personajes destacados. El papa Francisco fue precursor de la propuesta cuando el 20 de octubre pasado dijo “la vacuna es patrimonio de la humanidad, de toda la humanidad, porque la salud de nuestros pueblos es patrimonio común”.

En los Estados Unidos líderes de múltiples sectores han dirigido una carta abierta al presidente Biden para que se comprometa con una “vacuna del pueblo”. Piden que la tecnología y el saber de la fabricación de las vacunas sea compartido con el mundo. Escribieron que hay que concesionar las patentes, publicar la información y proporcionar asistencia técnica apropiada para que los fabricantes calificados de todas partes puedan expandir la producción. Implicaría una ganancia razonable para los grandes consorcios farmacéuticos.

Cada día que se retrase la movilización general de la humanidad en la lucha contra el Covid-19 costará enormes cantidades de vidas, sufrimiento y dinero. Ojalá y México se sume a la propuesta.

 

domingo, 21 de febrero de 2021

Apagones; los límites del Mercado

 

Jorge Faljo

La reciente tormenta invernal cubrió de nieve cerca del 75 por ciento del territorio norteamericano y afectó a más de 120 millones de personas para convertirse en una de las mayores catástrofes climáticas en lo que va del siglo. Peor que los huracanes, tornados e incendios que han asolado antes a los Estados Unidos. Y ahora esta catástrofe nos pegó de refilón a los mexicanos.

Millones fueron afectados por la tormenta. Pero donde verdaderamente se exacerbó fue en el estado de Texas donde cerca de 3 y medio millones de personas quedaron sin electricidad, en su mayor parte durante varios días.  

La tormenta congeló desde los instrumentos de control a las tuberías de distribución del gas. Sin gas dejaron de operar las termoeléctricas. Sin electricidad ya no se pudo potabilizar el agua y a unos siete millones de personas se les dijo que deberían hervir el agua. Eso si acaso tenían agua porque también dejaron de funcionar las estaciones de bombeo y muchas de las tuberías explotaron por congelamiento del agua que quedaba en su interior. Los comercios cerraron o agotaron sus existencias de alimentos y agua embotellada.

Sin electricidad, gas, agua simple o potable, con escasos alimentos, sobrevivir se volvió el desafío de millones. Más adelante conoceremos mejor sus estrategias de sobrevivencia. Entre ellas la solidaridad fue una de las más importantes. Pero también hubo lo contrario; los incrementos desproporcionados de precios por agua, alimentos, o una habitación tibia y que ahora las autoridades amenazan con castigar.

Pero el control de precios no se aplica a los grandes. El precio de la energía subió gradualmente a partir del 10 de febrero de los 26 dólares habituales del mega watt por hora hasta 8,800 dólares para el 15 de febrero. Familias que se consideraron con suerte porque tenían electricidad ahora encuentran que su recibo de luz puede llegar a los 450 dólares por día.

La tormenta se ensañó en los estados del más al norte; pero en ninguno sufrió tanto la población como en Tejas. Y la razón es que ningún otro estado operó con tanta libertad el mercado; es decir las empresas energéticas. Su estrategia de libre competencia y mínima regulación se tradujo durante años en los precios más bajos de la energía dentro de los Estados Unidos.

Solo que sin la regulación apropiada se sacrificaron medidas de seguridad como el aislamiento térmico de las instalaciones. Si acaso una empresa lo hubiera hecho por su propia voluntad habría tenido que elevar sus precios y habría quedado fuera de competencia.

La estrategia tejana falló porque el mercado por sí mismo no es capaz de tomar las precauciones adecuadas para el futuro previsible. Es como comprar un seguro contra accidentes; como individuos no nos gusta hacerlo para no gastar en lo inmediato. Solo que sin esa protección un accidente nos puede arruinar.

Para no cumplir con las reglas de seguridad federales Texas no se integró a las redes de energía interestatales que cubren a todos los demás estados. Por eso no pudo importar energía de otros estados.

Ahora Texas requiere a gritos el apoyo federal que ya empieza a llegar en forma de millones de botellas de agua, cientos de miles de comidas preparadas y cobijas, y docenas de generadores eléctricos para suministrar a instalaciones criticas

El costo de las reparaciones será mucho mayor a lo que habría costado la prevención. Y aquí habrá una importante batalla política. La población exige rendición de cuentas. Los republicanos intentan culpar a las fuentes de energía renovables y dicen que los grandes ventiladores eólicos se congelaron. Algo doblemente absurdo porque el grueso de la energía de Texas proviene de hidrocarburos y no del viento; y porque esos ventiladores no se congelan en los estados del norte, que son más fríos.

Para el gobierno estatal republicano bastaría hacer reparaciones para regresar a la situación anterior. Para el gobierno federal liderado por Biden la tormenta es otra señal del cambio climático y frente a este habrá que renovar la estructura energética a un nivel superior de resistencia. Este asunto incidirá en las próximas decisiones electorales en que se enfrentarán la visión de corto plazo, con las propuestas de enfrentar el cambio climático en su raíz y en sus consecuencias.

México sufrió el impacto de la tormenta invernal sobre todo de manera indirecta. El presidente López Obrador dijo que el apagón es un recordatorio de que México debe volverse independiente en energía ya que los precios del gas importado se dispararon en 5 mil por ciento en medio de la crisis. El hecho es que fueron afectados cerca de cinco millones de personas y miles de empresas. El Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación declara que desde el lunes 15 de febrero han perdido 200 millones de dólares por hora.

La idea presidencial de que México debe ser independiente en materia energética suena bien; casi también como la de la autosuficiencia alimentaria. Ambas dependencias tienen una larga cola que les pisen de descuido, desinterés y sobreexplotación de los recursos y de los trabajadores para beneficio de pocos. No se resuelven en poco tiempo y menos con un gobierno pobre y austero.

Los retos del presente y del futuro requieren un gobierno con mucha mayor capacidad de acción, y de inversión en infraestructura y en el bienestar de la población. Heredamos la condición de paraíso fiscal y la estrategia de austeridad no da para que las grandes propuestas de transformación puedan ocurrir.