domingo, 29 de noviembre de 2020

Ante la crisis, cambiar

 Jorge Faljo

Apenas empezaba el salario mínimo a tener una leve recuperación, después de unos 20 años de estancamiento cuando nos cayó el chahuistle en su versión anti humanos, el COVID-19. Recuperadita que se vino al suelo con una severa disminución del ingreso y ahora a casi la mitad de los que trabajan no les alcanza ni para comer bien; no se diga para los demás.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional la caída de alrededor del 10 por ciento del producto este año se traduce en una reducción de casi mil 900 dólares para cada mexicano.

Décadas de empobrecimiento y sacrificio y ahora la pandemia. Entre los sacrificios estuvieron los de millones que tuvieron que abandonar sus pueblos; a sus familias, e incluso a esposa e hijos. Ahí se rompió la cadena generacional de transmisión de los valores de honradez, trabajo honesto y familia unida. Valores también sacrificados en aras de un modelo de desarrollo muy prometedor.

Prometedor sí, pero nada cumplidor. Entre sus promesas no estaba la venta del patrimonio nacional; primero el del Estado a los particulares y, como segundo paso, el de los particulares al capital internacional. La desnacionalización de la banca, la industria, el comercio, el sector turístico; y la del consumo. Ahora importamos la comida, la ropa, los electrodomésticos, la maquinaria y herramientas.

Millones se fueron porque aquí no podían vivir del campo y del trabajo honrado. Se les arrebató algo vital. No la tierra y sus herramientas, ni los pequeños y medianos talleres. Se les quitó el mercado nacional para el que podían producir y vender porque disque había que modernizarnos, había que abrir las puertas y dejar que la avalancha de mercancías importadas, desde maíz y piernas de pollo, hasta ropa de paca, destruyeran la pequeña y mediana producción interna.

Paradójicamente lo que podría llamarse política social quedó en manos de los paisanos que, desde los Estados Unidos y fieles a sus valores de trabajo fuerte y honrado, y amor por la familia, desde allá ayudan a que muchos aquí puedan comer. Eso sí, comer importado.

Lo más grave del fracaso de la modernización en manos transnacionales fue el impacto en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. De 2012 a 2018 la anemia en niños de cinco a once años creció del 10.1 al 21.2 por ciento señalando una deficiencia de micronutrientes. Es un indicador de una reducción de la calidad de la alimentación de toda la familia; la comida tendió a centrarse en carbohidratos, azúcar y grasa, con menos hortalizas y frutas.

En lo que pareciera ser el otro extremo México se convirtió en el segundo país con mayor obesidad del mundo, después de los Estados Unidos. El primero si se incluye al sobrepeso. El impacto de las enfermedades asociadas a estas condiciones es tal que nos reduce en 4.2 años en promedio la esperanza de vida a los mexicanos.

Los mexicanos pasamos a alimentarnos de chatarra envuelta en lindos plásticos de colores. Un buen ejemplo de la modernización seguida.

Ahora, ante el empobrecimiento masivo, el crecimiento de la inseguridad alimentaria, la caída de la producción, parece predominar la confusión, o el cisma. Para unos hay que recurrir a las recetas usuales, atraer capital externo, priorizar la defensa de la paridad cambiaria, dar seguridades a la inversión privada.

Para otros esas medidas fueron parte del problema. Nos metieron en la trampa del empobrecimiento masivo y en la idea de que para hacer más soportable la pobreza había que consumir importado. Traer, más barato, de fuera, la comida, la ropa y el calzado, los electrónicos de la vida moderna.

Se crearon las condiciones en las que si queremos consumir lo nacional resulta que es más caro y menos bueno. Así que no podemos salir de la trampa. Pero consumir importado es una droga adictiva que se traduce en más venta del patrimonio nacional, que exige desempleo y una pobreza incapacitante, en lugar de incitar al cambio y al trabajo.

Hay que salir de la trampa de que es más barato importar que producir. Así nos empobrecimos. La propuesta de este régimen fue la de producir para nosotros, la autosuficiencia alimentaria. Lejos de abandonarla hay que profundizar la propuesta hacia medidas de autosuficiencia no solo nacional, sino local y regional. Y no solo alimentaria, sino de toda la canasta de consumo básico, alimentos, ropa y calzado, materiales de construcción, enseres del hogar.

Hay que consumir del campo y de la industria nacionales, aunque al principio no tengan el sabor de lo importado. Si no lo hacemos lo que tendremos es cada vez más población que vive de transferencias; sean las que les mandan sus familiares del exterior, o las del gobierno.

En vez de condenar a más mexicanos a la dependencia eterna; hay que convertir las transferencias en demanda sobre la producción interna; primero la local, luego la regional y, por último, sentar las bases del renacer del campo para una nueva producción industrial nacional orientada al consumo mayoritario. No se hace eso de un día para otro; exige un plan rural e industrial de mediano y largo plazo.

Pero es posible si se combina el predominio de la política pública sobre el mercado; es decir si se regula al mercado en alianza con la organización social de los productores y consumidores que fueron hechos a un lado e incluso echados fuera del país.

Las opciones se han acabado. Hay que regresar a lo básico, a la producción local y regional sustentada sobre todo en la reactivación de capacidades que fueron abandonadas en aras del sueño modernizador. Sentar las nuevas bases de un crecimiento firme asociado al derecho soberano a decidir nuestro propio camino, y al derecho de los excluidos a organizar su propia vida.

lunes, 23 de noviembre de 2020

La mota; un camino largo y le falta

 

Jorge Faljo

Desde 1976 Holanda despenalizó la venta y uso de marihuana y hachís y hoy en día reporta niveles de consumo por debajo de la media europea. En 2005 tuve la oportunidad de ver, en Amsterdam, a un grupo de holandeses jóvenes, bien vestidos, saludables, pacíficos, conversando animadamente mientras fumaban sus cigarritos en un café de marihuana. Una escena que iba en contra del imaginario de los que fumaban mota en México. Y es que lo que en los pobres es borrachera en los ricos es sana diversión.

La mota era cosa de malandrines sin oficio ni beneficio; el cannabis de güeritos serios con buenos empleos. Nos hemos tardado mucho, demasiado, en recorrer el camino de la mota al cannabis; de la discriminación a la aceptación.

En 2002 Portugal despenalizó todas, todas, las drogas, para pasar a tratar los problemas de drogadicción no como delito sino como enfermedad. Desde ofrecer jeringas esterilizadas para evitar la transmisión de enfermedades de acompañamiento, como el sida, a ofrecer servicios de rehabilitación.

El dos de enero de 2014 miles de personas hicieron filas de horas, bajo un intenso frio, para ser de los primeros en comprar mariguana en Colorado, Estados Unidos. Podían por vez primera hacerlo de manera legal y para uso recreativo. El precio de la yerba era muy alto, cerca de 20 dólares el gramo.

Un año más tarde, en 2015, el mercado norteamericano de la marihuana legal superaba los dos mil millones de dólares anuales con una cada vez mayor variedad de subproductos, cremas, galletas, dulces, y demás tanto de productos psicoactivos, como de otros simplemente relajantes. Eso sin considerar sus muchas propiedades medicinales.  

La criminalización de la marihuana en los Estados Unidos fue una estrategia de represión racista. Más tarde llegó otra droga, mucho más dañina, el fentanilo, que ocasionó la muerte de 72 mil norteamericanos en 2019. Siendo una droga de gente blanca, de clase media, promovida por una gran empresa farmacéutica e inducida por el establecimiento médico, prontamente se le trató como un problema de salud y no de criminalidad. Esto influyó en reconsiderar el trato a la marihuana, una droga reconocidamente menos peligrosa que el alcohol.

En México llegamos tarde, pero al fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, es decir legalizado, el derecho al uso lúdico, recreativo, por mero placer, de la marihuana. Lo hizo en paso pequeños, poco a poco, al conceder amparos a personas que de manera individual reclamaron su derecho humano al libre desarrollo de su personalidad, un concepto algo curioso, y por ende a fumar marihuana.

El proceso fue largo pues partió de solicitudes ante jueces menores y lentamente, durante años fue ascendiendo hasta llegar a la Suprema Corte. Una parte central del alegato de los demandantes fue que la prohibición de consumir marihuana se basaba en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, revelando que el Estado no ha actuado con neutralidad ética.

Poco a poco estos tardados y pequeños triunfos legales, los amparos, se acumularon hasta ser más de cinco en el mismo sentido y sentar jurisprudencia.

Usando un vocabulario no legal, podría decirse que la Suprema Corte se cansó de que le llegaran solicitud tras solicitud de amparo y decidió ordenarle al Congreso, es decir a la cámara de senadores y a la de diputados, que regularan el uso lúdico de la marihuana. No que la legalizaran, porque a fin de cuentas los amparos concedidos habían establecido el derecho a ese uso.

Así que el Senado ha acordado una propuesta de regulación que ahora deberá revisar la cámara de diputados y acordar algo antes del 15 de diciembre, o pedir una prórroga.

En la propuesta del Senado se establece que el uso del cannabis fomentará el desarrollo sostenible y contribuirán a la disminución o erradicación de la pobreza y del hambre, a la mejora de la seguridad alimentaria, la nutrición, la agricultura sostenible y la reducción de las desigualdades. Con tal fin el Estado deberá otorgar preferencias, asesoría y facilidades a pueblos y comunidades indígenas, campesinas o ejidatarias, comunidades marginadas para que puedan ser titulares de las licencias que les permitan ejercer alguna de las nuevas actividades licitas.

Una preferencia que no les otorga exclusividad y cuyo ejercicio real dependerá en mucho de la operación del nuevo Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis como encargado de otorgar las diversas licencias para, por ejemplo, cultivar, transformar y comercializar.

Este Instituto tendrá un papel decisivo en la determinación de la política y su ejercicio real. Coordinará a las otras dependencias y entidades en la materia. Podrá otorgar, modificar o suspender las licencias y establecer los procedimientos para ello. Implementará las medidas en favor de la incorporación de pueblos y comunidades al mercado del cannabis. Será encargado de monitorear, vigilar, evaluar y fiscalizar el cumplimiento de la ley. Y múltiples atribuciones más.

Se crea así una nueva entidad con un gran poder para regir lo que rápidamente puede ser un nuevo mercado de enorme valor. Este es el punto clave, el eje de la futura evolución de la marihuana recreativa en México. El nuevo zar de la mota, el director general del Instituto será nombrado y removido libremente por el titular de la Secretaría de Salud.

Habrá, en el Instituto, un Consejo Directivo como máxima autoridad, responsable de establecer los lineamientos y directrices generales, así como aprobar sus planes anuales de trabajo. Este estará integrado por los secretarios de salud, gobernación, hacienda, relaciones exteriores, educación pública, agricultura y desarrollo rural y medio ambiente y recursos naturales. Todas gentes muy ocupadas y con poco tiempo para tareas fuera de las que directamente les corresponden.

Ahora que el Consejo Directivo podrá auxiliarse de expertos en salud pública y organizaciones sociales vinculadas al combate a las adicciones. ¿Falta algo?

Bueno, seguramente esta ley tendrá que aterrizar en un reglamento interior detallado de la operación del Instituto.

Pero si, falta algo. Si la ley se propone favorecer la equidad, a los pueblos y comunidades indígenas, campesinos y del sector social, estos deberían tener formas de representación en el propio consejo directivo para, en particular, participar en el diseño, acompañar y supervisar la operación del Instituto y evaluar los avances en el cumplimiento de los objetivos sociales. Sin ese pequeño y esencial detalle de la participación social, va a estar difícil que las buenas intenciones se hagan realidad.

domingo, 15 de noviembre de 2020

Gobernar con el pueblo

 

Jorge Faljo

Vayamos a lo básico. La propuesta central de este gobierno es una gran transformación cuyo objetivo último, el planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. Construir un Estado de bienestar no es cosa fácil; se requiere un Estado que sea garante del derecho de la mayoría a una vida digna, sustentada en el trabajo honesto.

Es importante no perder la visión del objetivo para no atorarse en el camino. Las primeras luchas de este gobierno han sido contra la corrupción; sea el huachicol, Odebrecht o la multitud de mecanismos de saqueo heredados. La corrupción parece una hidra de mil cabezas a la que, cuando se le corta una le renacen dos. Es un asunto que demanda atención interminable. Una muestra de las prioridades inmediatas.

Pero la construcción de la gran propuesta por la que votó el pueblo de México requiere más, mucho más. Hay que hacer que el camino no solo vaya en la dirección correcta, sino que sea irreversible.

A dos años de iniciado este gobierno urge que otra de las prioridades planteadas al principio pase a ocupar un lugar central en el diseño de políticas. Hay que echar raíces y afianzar la relación con la población; no desde la figura central, la del presidente, sino desde todas las instituciones, programas y actividades del sector público.

Lo planteó el Plan Nacional: construir una democracia participativa en la que la sociedad incida en las determinaciones cotidianas de su burocracia. Participar en el diseño, el acompañamiento, la vigilancia, la evaluación y la corrección de los programas públicos es un derecho social establecido… en el papel. No se trata solo de las grandes decisiones, sino del compromiso de este gobierno de consultar a las poblaciones en los asuntos de interés regional o local y someter al veredicto de las comunidades las acciones gubernamentales que las afecten.

Este gobierno tiene la gran oportunidad de hacer efectivo el mandato constitucional de organizar un sistema de planeación democrática que, ahora sí, convierta en realidad los mecanismos de participación y consulta popular.

Se trata de cumplir con el compromiso declarado y, al mismo tiempo, mediante la participación popular, hacer irreversibles los avances y asegurar el legado de este gobierno. Es un asunto de sobrevivencia. Y es una tarea totalmente descuidada.

Borrar la separación entre el pueblo y el gobierno debe empezar por lo obvio, por la Contraloría Social que es el mecanismo ya diseñado en nuestras leyes para que los ciudadanos exijan transparencia, rendición de cuentas y, a final de cuentas, cumplimiento de metas.

Es decir que el gran mecanismo de la participación social y la planeación participativa ya está puesto, delineado en sus grandes objetivos. Pero no se cumple porque la burocracia ha “modulado” los mecanismos de participación hasta hacerlos polvo; reducirlos al cumplimiento meramente formal de sus obligaciones legales.

Del gobierno de Peña Nieto heredamos casi 322 mil Comités de Contraloría Social registrados. ¿Es una muestra del buen cumplimiento del mandato legal? Pues no. Todo lo contrario. Lo que hicieron las administraciones pasadas fue atomizar los Comités de Contraloría Social hasta reducir cada uno de ellos a supervisar un micro pedazo de la operación institucional.

Pero la perversión fue mucho más allá. Cada programa público promovió micro comités a modo con los cuales, supuestamente, dialogar, construyendo así un falso entramado de participación y dialogo que se empleó. Las limitaciones a la participación en los Comités de Contraloría Social permitió configurarlos con gente sin experiencia, conocimiento ni capacidad para exigir sus derechos.

Los grandes objetivos y las leyes superiores fueron, fieles a la costumbre, desvirtuadas por reglamentos, normas menores y formatos tramposos que la hicieron inefectiva.

Esta falsa participación construida desde el poder y reproducida por cientos de miles de comités, grupos y contrapartes de los programas funcionó como una manera segura de dividir a las comunidades y en la práctica se contrapuso a las verdaderas representaciones de la voluntad popular en comunidades, barrios y grupos sociales.

De este modo la Contraloría Social no solo no ha operado en la práctica, sino que fue utilizada para fingir un dialogo inexistente y evitar el surgimiento de una verdadera exigencia de rendición de cuentas.

Ahora, en este gobierno de la gran transformación el Plan Nacional de Desarrollo plantea que los gobernantes manden obedeciendo. Pues la manera de hacerlo es barrer el enorme entramado de falsas representaciones de la sociedad, empezando por los cientos de miles de comités de contraloría social; el 80 por ciento de los cuales se reunió una sola vez, al momento de ser creados bajo la vigilancia de un burócrata.

Pero no hay que desechar el agua sucia de la bañera con todo y niño. El marco legal y sus objetivos superiores son rescatables y deben reconstruirse los reglamentos, formatos y mecanismos operativos específicos para que la Contraloría Social empiece por ser una verdadera representación de los intereses de los pueblos, barrios y comunidades, de ahí ascienda a ser un sujeto que pueda dialogar al tú por tú con las entidades y programas públicos.

Solo así puede avanzar la propuesta transformadora de este gobierno. De otro modo, construir sobre falsas representaciones corre el riesgo de que todo se caiga más adelante.

domingo, 8 de noviembre de 2020

Una enseñanza para Biden, y los acuerdos con México.

 Jorge Faljo

Asumo que para cuando usted esté leyendo este artículo el triunfo de Biden en los Estados Unidos ya sea irreversible. En ese caso la perspectiva habrá cambiado para los Estados Unidos, para México, y para el mundo entero.

Trump se despide haciendo gala de su estilo. Echando pestes, lanzando acusaciones de fraude electoral, y furioso porque, con pocas excepciones, la elite republicana no se ha lanzado al ruedo vociferando a su favor y prefiere ver los toros desde la barrera. Pocos lo acompañan en sus mentiras y alegatos demenciales.

Todo indica que a fin de cuentas las instituciones norteamericanas son lo suficientemente fuertes y que la transición será mucho menos violenta de lo que se temía. Trump se piensa perdedor y sus acusaciones pretenden dejar sentado que es una víctima del sistema y no un perdedor.

Dicho esto, hay que ver el otro lado de la medalla. Trump es el candidato republicano más votado de todos los tiempos. Sigue siendo líder indiscutible de la población blanca rural y sin estudios universitarios y, al mismo tiempo, es el republicano que más votos ha recibido de negros, latinos y LGBTI (grupo de la diversidad sexual).

Esto es posible porque en 2016 votaron algo menos de 140 millones y en este momento se han contado poco más de 145 millones. Un ejemplo: en el sur de Tejas, en los condados de El Paso e Hidalgo, con alta población de origen mexicano, Biden obtuvo 30 mil votos más que Clinton hace cuatro años; pero Trump obtuvo 67 mil votos más de los que recibió en aquel entonces.  

En los mapas electorales los estados y zonas rurales se pintan de rojo, el color de los republicanos. En muchos estados las mayores ciudades son pequeños espacios azules, el color de los demócratas, rodeadas del rojo de los condados rurales, republicanos.

Muchos esperábamos una avalancha demócrata. En cambio, Trump pierde por un pelo de gato. Podría haber ganado si hubiera actuado más como político en vez de aferrarse a sus necedades. Podría, haber continuado con los apoyos a los desempleados, aceptar el uso de tapabocas, ser algo más empático con las mujeres y la población de color; podría haber sido menos patán.

Trump repitió lo insólito; a pesar de quedar en evidencia con sus mentiras, estafas, racismo y demás siguió siendo votado por casi la mitad de la población. Y eso es digno de análisis.

Los demócratas cuentan con la mayoría urbana, la gente con estudios universitarios, los intelectuales y la población más seria. Pero son vistos con desprecio por los menos educados como la versión gringa de los fifís.

Biden, ganador, tendrá que reflexionar sobre cómo el partido de la justicia social y la corrección política, el demócrata, no haya sabido ganarse a la población rural, los blancos sin estudios, ni, de manera contundente, a los grupos marginados. Estas elecciones prueban que no se han sabido acercar al pueblo marginado. Los que se ilusionaron con el llamado al pasado, a hacer de nuevo grande a los Estados Unidos.

De momento todo indica que el senado seguirá siendo controlado por los republicanos y lo más probable es que estos sigan una estrategia de obstrucción. Así que Biden tendrá que apostar a ganar el senado dentro de dos años, en noviembre de 2022. Para ello los demócratas tendrán que acercarse a los que acaban de votar en su contra; los blancos sin estudios superiores, la población rural y obtener mayor entusiasmo de la población de color y latinos blancos.

¿Qué puede ofrecer Biden a estos grupos? Mucho de lo que les ofreció Trump. Reindustrialización de su economía, magna reparación de su infraestructura, impulsar las exportaciones agropecuarias, incremento salarial y comercio exterior menos desequilibrado. Una estrategia que, para bien o para mal, tendrá importantes repercusiones en México.

La relación entre México y Estados Unidos va a cambiar de tono. Con Trump se dio una relación altamente personalizada; bastaba darle por su lado al gordo pomposo y eso lo supo hacer AMLO de manera magistral. Con Biden es previsible que cambie relación personalizada por otra mucho más institucional, marcada por el cumplimiento de acuerdos formales.

Biden tendrá un análisis de más fondo y querrá un socio que funcione bien, desde su perspectiva. Para México será un socio más confiable, sin el riesgo de caprichos inesperados, pero con el que será más difícil negociar.

Para que Biden pueda obtener mayoría en el senado, algo tradicionalmente difícil para el partido en el poder, tendrá que seguir la estrategia de generación de buenos empleos, los de la manufactura y los de la exportación agropecuaria.

Trump supo reconocer el fracaso de la globalización. Lo más probable es que Biden tenga que hacerlo también y mantenga el distanciamiento con China. Está en juego la supervivencia de los Estados Unidos como primera potencia mundial y es un requisito de la generación de empleos manufactureros bien pagados.

El distanciamiento norteamericano con China abre una importante oportunidad para México; convertirse en el primer proveedor comercial de los Estados Unidos. Pero no es algo que nos convenga si vamos a seguir simplemente armando componentes chinos. Aprovechar la oportunidad nos demanda definir una política industrial; algo que la ortodoxia no ha permitido hasta el momento.

Por otro lado, viene un fuerte golpe; la exigencia de incrementar nuestras compras agropecuarias norteamericanas. Eso lo aceptamos al firmar el T-MEC, pero es una estrategia inercial y autodestructiva. Habrá que renegociar si es que esta administración quiere cumplir su promesa de autosuficiencia alimentaria y bienestar rural. Eso no se logra con transferencias sociales; requiere crear un entorno de mercado propicio a la producción campesina. Es decir, un mercado administrado en lugar de globalizado.

Finalmente habrá que cumplir con las clausulas laborales del T-MEC; algo apoyado por demócratas y republicanos. Es decir, verdadera democracia sindical propicia a la renegociación entre trabajadores y patrones y a aumentos salariales sustantivos.

Pero si México ya no compite con salarios literalmente de hambre, tendrá que seguir el ejemplo de China; competir con una moneda barata.

El apretado triunfo de Biden tendrá que reafirmarse con cambios en la economía y sociedad norteamericanas; nosotros tendremos que ajustar el paso, no hay de otra.