lunes, 17 de septiembre de 2018

Mira como andas… según la OCDE

Jorge Faljo

En mayo de 1994 México ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- Era la primera nación en desarrollo admitida y esto era una especie de reconocimiento a las transformaciones de la administración de Carlos Salinas de Gortari. Las principales habían sido la privatización de empresas públicas y abrir espacio a la conducción de la economía nacional por la vía del mercado. En lo externo destacaba la negociación del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte y otros similares.

La OCDE no intenta incluir a muchos países. Le interesa cierta afinidad en el nivel de desarrollo, pero aún más importante es la homogeneidad de objetivos e instrumentos de política.

Así México entró al grupo de las mayores economías, las más industrializadas y, sobre todo con baja intervención del estado en la economía y abiertas al libre comercio internacional. Estar en ese club de ricos es comprometerse a ser evaluados y, en alguna medida a instrumentar medidas afines.

La OCDE publicó en mayo pasado el documento “Hacerlo bien” (Getting it right) en el que expone su diagnóstico y prioridades estratégicas para México. En adelante expongo su mensaje fundamental.

La introducción señala que la mayor parte de la población mexicana sigue viviendo en pobreza y vulnerabilidad, con niveles de inequidad sumamente altos tanto en ingresos como en oportunidades. El Estado de derecho es sumamente débil y la mayoría de la población percibe que la corrupción gubernamental es rampante. Por ello no se extraña, dice, que México tenga los niveles de productividad más bajos de la OCDE y un ritmo de crecimiento lento.

En este mensaje se encuentra una indudable adecuación del discurso a la nueva realidad de un planeta en ebullición social, donde ya se percibe el fracaso de una globalización excluyente. El documento habla de un posible retroceso de la globalización. Es en este contexto que los viejos campeones del neoliberalismo ahora muestran una preocupación por lo social.

Lo primero que lanza la OCDE como elemento de diagnóstico es que la recaudación tributaria de México sigue siendo insuficiente respecto de las necesidades de inversión en infraestructura, educación, salud, reducción de la pobreza, apoyo familiar y protección social. Sostiene que es posible elevarla sobre todo porque se encuentra muy por abajo del promedio de captación fiscal de la OCDE y de América Latina.

La inversión gubernamental fue de apenas el 1.8 por ciento del PIB en 2016 y el gasto social se encuentra los más bajos de los países de la OCDE.

Para fomentar el desarrollo y la mejora del bienestar es necesario aumentar la recaudación tributaria. Entre otros consejos la OCDE propone gravar los ingresos de capital que, dice, benefician de manera desproporcionada a los ingresos más altos, así como introducir un impuesto a la herencia.

La reducción de los niveles de confianza de los ciudadanos en el gobierno se acentuó en el último lustro. Ello se origina en la desaceleración económica, los escándalos de corrupción, el deterioro de la seguridad y un entorno mundial difícil para una economía tan abierta como la mexicana. Urge elevar el nivel de confianza de la población mediante instituciones legales y judiciales fuertes e independientes, el combate a la corrupción y una estrategia de seguridad y justicia coherente.

La siguiente vertiente de diagnóstico señala que hay que promover un crecimiento urbano más ordenado y reducir los impactos ambientales y sociales de la distancia entre el lugar de trabajo y de residencia de los trabajadores. Se debe respaldar un desarrollo regional más equilibrado y acorde a una política de inclusión socioeconómica.

El desempeño del mercado laboral no debe juzgarse exclusivamente por el número de empleos disponibles sino, también, por la calidad del empleo. En México el mercado laboral presenta una alta informalidad, empleos formales de baja calidad y mínima seguridad laboral. La participación total de la fuerza laboral en México es la segunda más baja de la OCDE, solo después de Turquía. El crecimiento económico no ha sido incluyente.

La tasa de mortalidad infantil es la más alta entre los países de la OCDE. Destaca la muy alta mortalidad de los pacientes ya ingresados en hospitales por enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular isquémico, e infartos al miocardio. La mayoría de los hospitales no están equipados para tratar estos casos.

Aun cuando el nivel educativo de las mujeres se equipara con el de los hombres su participación en el mercado laboral es baja. En todos los grupos de edad las madres mexicanas tienen menos probabilidades de conseguir trabajo que en otros países de la OCDE. La tasa de embarazo adolecente es elevada y el porcentaje de mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan es casi cuatro veces mayor que el de los varones jóvenes.

No puedo reproducir todos los elementos de diagnóstico de tan extenso documento. Pero si puedo afirmar que su franqueza lo hace más valioso que la mayoría de los documentos que emanan de esta administración; incluido el reciente sexto informe presidencial.

Tal vez su publicación en mayo pasado respondió a un intento de advertirle a esta administración moribunda que se requerían cambios de fondo. Haya sido o no esa intención, es muy atendible por la futura administración. Sobre todo en cuanto al diagnóstico, aunque algunas de sus recetas resulten controvertidas.

El caso es que sea recurriendo a la alopatía, la homeopatía, la medicina china o la herbolaria mexicana, este país necesita aliviar muchos males.

domingo, 9 de septiembre de 2018

Argentina; la bien portada

Jorge Faljo


Argentina se encuentra en crisis. Es una historia que de alguna manera se repite.

Hacia fines del siglo pasado le apostó a un modelo de atracción de capital externo para que invirtiera y creara empleos. Para darle seguridad a esos inversionistas hizo algo inusitado: amarró su moneda a una paridad fija con el dólar. Estableció por ley la imposibilidad de devaluar. Pero su apuesta falló.

La atracción de capital externo implicó en unos casos la venta de empresas y en otros la destrucción de las que, en un modelo de libre comercio y moneda fuerte, ya no pudieron sobrevivir.

Pero atraer capitales es endeudarse y comprometerse al pago de intereses o a la repatriación de ganancias y se convierte en un camino que requirió cada vez más capitales externos para mantener la apariencia de desarrollo. Se convirtió en una nación importadora que destruyó su industria, generando desempleo y empobrecimiento.

Hasta que tronó el modelo por la insuficiencia en la entrada de dólares y la duda creciente sobre la viabilidad de una moneda fuerte solo por decreto. En 2002 Argentina debía 100 mil millones de dólares por los que pagaba altas tasas de interés para que los inversionistas asumieran el riesgo de prestarle. La situación empeoraba y era contenida con saliva; con discursos en el que las elites financieras de adentro y afuera insistían en que la situación estaba controlada.

Lo que me recuerda el discurso oficial mexicano, respaldado en el exterior, que hacia fines de 1994 insistía en que todo marchaba de perlas.

El caso es que la estrategia financiera del país del sur tronó y llegó a la imposibilidad de pagar. Tras muy duras negociaciones consiguió una quita del 70 por ciento de la deuda, lo que implicó una fuerte pérdida para los inversionistas externos.

Ya que la disyuntiva para el país era la de que su población pudiera comer o bien que los inversionistas obtuvieran las ganancias esperadas, por las que habían arriesgado su dinero. El 92 por ciento de los inversionistas aceptaron el trato. El 8 por ciento restante vendió su deuda en alrededor del 40 por ciento, algo más de lo que les ofrecía el gobierno argentino. La vendieron a fondos especializados en comprar deuda barata para luego demandar su pago total en tribunales norteamericanos. Esas empresas son conocidas como fondos buitres.

Argentina se vio aislada de los mercados financieros internacionales de manera tajante y bajo la constante amenaza de que sus activos gubernamentales podían ser embargados. La situación llegó a extremos en que un buque escuela de su marina que atracó en un puerto africano fue embargado; el avión presidencial no podía volar al exterior porque lo podrían embargar.

Tal situación de aislamiento financiero extremo se mantuvo hasta el 2016. Argentina tuvo que racionar sus dólares. En algún momento rompió un convenio de comercio de automóviles con México porque le implicaba un déficit de mil millones de dólares anuales. De este lado, acostumbrados a déficits enormes, como el de 65 mil millones de dólares que tenemos con China, no vimos nada bien esa decisión.

Pero Argentina tenía que cuidar cada centavo de dólar y estableció medidas de control de cambios que les dificultaban a sus ciudadanos la compra de dólares.

¿Sufrieron mucho los argentinos con el aislamiento? De 2003 a 2013 la indigencia se redujo de 21.1 a 5.5 por ciento y la pobreza de 58.2 a 27.5 por ciento. Fue un incremento notable en los niveles de vida que se tradujo en un importante apoyo popular al gobierno de Cristina Fernández.

Pero en 2014 los precios de los principales productos de exportación de Argentina cayeron en el mercado global, ya no vendía igual y eso impactó en los ingresos públicos y en los niveles de vida. Una parte importante del ingreso público eran los impuestos a la exportación, llamados retenciones. El caso es que el combate a la pobreza se debilitó y en 2014 y 2015 esta volvió a incrementarse, aunque muy lejos de llegar a los niveles de años anteriores.

En este contexto la oposición de derecha logró llevar a la presidencia a uno de los más ricos empresarios del país, Mauricio Macri, que ofreció volver a colocar a Argentina en el mapa mundial. Es decir, a su reinserción en la globalización financiera.

Para volver a ganar la confianza del capital financiero renegoció la deuda externa en sentido contrario; les dio lo que pedían. Así que volvió a endeudar a su país. A cambio obtuvo la entrada de grandes montos de financiamiento externo atraídos por tasas de interés atractivas. Sin embargo, era capital especulativo que más adelante, es decir ahora, haría su “toma de ganancias” y se iría. Lo hace en estos días que en Estados Unidos sube la tasa de interés y bajan los impuestos.

La entrada de financiamiento externo y la apertura al libre comercio se traduce en incremento de las importaciones y en un nuevo tsunami que destruye a la pequeña y mediana industria y crea desempleo.

Macri como parte de sus compromisos con el poderoso sector agroexportador redujo los impuestos a la exportación. Compensó multiplicando las tarifas de electricidad y gas. Para colmo la eliminación del impuesto a la exportación de trigo, sumada a la devaluación se tradujo en fuertes incrementos de la harina y el pan.

En cierta perspectiva Argentina se volvió a portar bien. Se hizo neoliberal, pagó sus viejas deudas, se abrió al libre comercio, atrajo capitales en abundancia. Ahora sufre las consecuencias.

La moneda se ha devaluado a la mitad en lo que va del año. La deuda externa es impagable y tendrá que ser reestructurada; es decir cambiar sus plazos y renegociar tasas de interés. Es posible que incluso se tenga que plantear una quita de capital; con lo que perderían los inversionistas menos avispados que no supieron salirse a tiempo.

Y Macri ha reinstalado las retenciones a las exportaciones. Declara que esos impuestos son malísimos; pero que no tiene otro remedio. Ahora pagarán todos los exportadores, incluso los de manufacturas. Son, por otro lado, los beneficiados por la devaluación.

Macri, el gran empresario, ha hundido a su población a cambio de beneficios para su clase social que difícilmente serán refrendados por el pueblo argentino en las próximas elecciones de octubre de 2019. Así las cosas.

domingo, 2 de septiembre de 2018

Descrecimiento

Jorge Faljo

Esto del descrecimiento suena extraño. Sin embargo es la bandera de un movimiento social que se propaga de manera notable, sobre todo en países industrializados como Francia o los Estados Unidos. Se trata de algo muy serio, con fuerte sustento intelectual y raíces históricas que provienen tanto de países del norte como del sur, México incluido.

Esta próxima semana, del 3 al 7 de septiembre, se celebrará en la Ciudad de México, la primera semana sobre descrecimiento. Tiene un abultado programa de conferencias, encuentros, brindis y eventos culturales que atrae a personajes de todo el mundo. Es fácil encontrar información sobre este evento en internet. Y existe la oportunidad de escuchar sus planteamientos en boca de sus mejores representantes.

Vienen al evento intelectuales y activistas de todo el mundo; entre ellos representantes de universidades, fundaciones y centros de reflexión muy prestigiados.

Pero, ¿Qué propone el descrecimiento?

Su objetivo central es la sobrevivencia de la humanidad y su planteamiento es que la ideología del crecimiento y su aplicación práctica nos está llevando al abismo. El crecimiento desbocado y prácticamente forzoso, el que se le impone a los pueblos del planeta es esencialmente violento: destruye especies y ataca al medio ambiente; contamina el mar de plástico y el aire de gases que no debiéramos respirar; agota aceleradamente los recursos naturales; destruye la protección que nos brinda la atmosfera contra los rayos solares; no logra manejar los desechos nucleares y filtra radioactividad en la biosfera; introduce modificaciones genéticas sin control y de alto riesgo; nos coloca al borde de la extinción inmediata en caso de guerra nuclear, al tiempo…….el caos.

El planteamiento es que, a cambio de baratijas, plástico, autos y manufacturas diseñadas para servir por poco tiempo (para que compremos de nuevo), sacrificamos lo esencial: ambiente limpio, tiempo libre y posibilidades de convivencia.
Los ricos viven una especie de borrachera; gastan y malgastan para disfrutar el momento sin preocuparse por el futuro ni por lo que su despilfarro le cuesta a los demás, al tercer mundo, a los pobres. Estos últimos ni siquiera disfrutan la borrachera.
A los pobres y a países del sur les toca el saqueo de sus recursos, la destrucción de sus modos de vida tradicionales y el trabajo duro para malvivir entre los desechos del crecimiento. Sobre todo se les engaña con el espejismo de que el crecimiento hará que algún día puedan dejar de ser pobres. Pero ya es muy claro que el consumo de los ricos no se puede expandir; se basa en un derroche de recursos naturales (energéticos, por ejemplo) y contaminación que ha llegado a su límite.

Hace ya treinta años que la mayoría de los norteamericanos, al igual que los mexicanos se empobrecen. El anzuelo del fin de la pobreza ha servido para distraernos del problema de fondo, la glorificación del consumo ilimitado y el derroche absurdo de los pocos.

Betsy De Vos, secretaria de educación de los Estados Unidos, tiene un yate con valor de 40 millones de dólares. Su familia tiene otros nueve yates similares. En general los dueños de yates de millones de dólares en ese país, para no pagar impuestos, los registran bajo bandera de otros países aunque los tienen atracados en sus puertos.

Así como es cada vez más evidente la necesidad de garantizar un ingreso mínimo de sobrevivencia para todos ahora surge otro movimiento que pide que también haya un límite máximo de ingresos. Es difícil de decir cual deba ser, pero combatir el derroche es esencial. Digamos que nadie debería ganar más de medio millón de dólares al año.

Un factor de derroche es el absurdo de una globalización que pasea los componentes de todo tipo de bienes por todo el planeta y requiere enormes cantidades de combustible. En México traemos arroz de Filipinas, kiwis de Nueva Zelanda, piñas enlatadas de indonesia, galletas de Grecia, atún para gatos de los Estados Unidos. Esto cuando en realidad todo lo que necesitamos para vivir bien podría ser producido localmente.

Cada día hay más pobres. No son, por desgracia, aquellos pobres dignos, trabajadores, autosuficientes que salían en las películas de los años cuarenta. Aquellos que el cristianismo pregonaba como los que ganarían el cielo mientras que a los ricos no se les permitiría la entrada y desde entonces y hasta ahora la realidad es que eso, a los que tienen billetes, ni en cuenta...
Los nuevos pobres, son en realidad miserables y dependientes. Muchos de ellos tienen empleos formales pero no ganan lo suficiente para vivir. Incluso en Estados Unidos es la situación de miles de empleados de Waltmart y cadenas de comida rápida que reciben ayuda nutricional del gobierno. Y además se les acusa de ser ellos los despilfarradores.

Proponer el descrecimiento significa abandonar los imperativos del mercado y el crecimiento del Producto, incluido el producto basura, para buscar una vida de calidad sustentada en la frugalidad, la producción local, la cooperación y la solidaridad.
Ojalá y que el abandono de la ruta de la inequidad y la corrupción que recién ha exigido el pueblo de México abra vías a nuevas ideas sobre la manera en que queremos vivir y convivir como sociedad. El evento sobre descrecimiento apunta a esa nueva reflexión.

viernes, 31 de agosto de 2018

APOLOGÍA DE LA POBREZA

Este es un artículo que expresa la filosofía de mi libro “Producir para Nosotros. Crisis económica y desarrollo del sector social”. Lo escribí para una reunión de organizaciones sociales previa a la Cumbre Social de Copenhague, centrada en el tema de la pobreza.

Lo reproduzco tal y como fue escrito originalmente, en 1995 – 1996. JFL




Apología de la Pobreza

Jorge Franco López

¿Qué es ser pobre?

El Combate Ideológico sobre la Pobreza

Inviabilidad del Modelo de Consumo de los Ricos

Las Soluciones de los Pobres

Reconstrucción de Ámbitos de Mercado para el Intercambio entre Pobres

¿Qué es ser pobre?

Ser pobre es un término impreciso. Existen importantes variaciones históricas en cuanto a los niveles de acceso al consumo, la salubridad, la educación y el ocio que definen lo que en un momento dado se considera pobreza. Ser pobre tiene un significado determinado por la sociedad en que se vive y su experiencia histórica. No es lo mismo ser pobre en una sociedad rica, que serlo en un país periférico; también es distinto ser un pobre productivo y autosuficiente, por ejemplo un campesino del tercer mundo, a ser un pobre enteramente dependiente, parasitario, como tienden a serlo los pobres urbanos de los países industrializados.

Lado a lado con la pobreza económica, existe, en paralelo, una pobreza política. Generalmente los pobres no participan en los procesos de toma de decisiones, tienen dificultades para expresar sus intereses y ser oídos, tienen poca fuerza de negociación. Esta debilidad se acrecienta día con día en tanto que los pobres parecen cada vez menos necesarios. Los pobres/ trabajadores de antes eran necesarios; los nuevos pobres/ inactivos/ dependientes tienen crecientemente como la única carta restante su capacidad de estorbar.

Dentro de su indefinición la pobreza varía en connotaciones; sus significados implícitos y emocionales son también variados y de la mayor importancia. En los últimos años se ha dado un intenso combate ideológico que, una vez más, los pobres parecen haber perdido. Los pobres han perdido su derecho y su posibilidad de ser pobres y lo que antes podía ser una pobreza digna ha sido confundida con la miseria.

Se trata de una pérdida ideológica, pretendo decir aquí, de la mayor importancia, pues le cierra a la humanidad entera la única salida posible, la de la dignificación de la pobreza y nos arroja en un camino sin salida; la aspiración fantasiosa a la universalización de niveles de vida basados en el derroche energético y la destrucción del medio.

El cambio de significado de la pobreza es evidente. En los años cuarenta era posible que los actores populares mexicanos presumieran, en sus películas, de pobres. Eran pobres "pero honrados"; eran pobres trabajadores, autosuficientes, dignos. Las películas podían pregonar que el dinero no daba la felicidad y que se podía ser feliz y pobre al mismo tiempo.

Era, evidentemente, un cine orientado a las masas. Amplios grupos de población disfrutaban del amplio reparto de tierras y de los avances de la organización sindical e institucional de los años treinta. Con empleo y un ingreso modesto; con agua entubada y electricidad; con salud y acceso de los hijos al sistema escolar, todo parecía haberse conseguido.

Tratar de obtener más, mucho más, implicaba, en la moral popular, la pérdida de los valores, de la honestidad, en aras de conseguir lo superfluo, lo que no garantizaba la felicidad; esta última necesariamente más vinculada a la firmeza de la familia y la comunidad, asentada en el pueblo rural, el barrio urbano o la vecindad.

Tal vez la imagen era idílica. Lo importante es que era aceptada por la mayoría de la población. Se trataba de un cine de masas que no corría a contrapelo del sentido popular. Los que veían la película no se rebelaban ante el mensaje del héroe; parecía aceptable ser pobre, honrado, trabajador, vivir modestamente y ser feliz. Era aceptable, sobre todo, porque era la situación de casi todos.

La misma película se encargaba de explicar las excepciones: los ricos eran los puntos negros del arroz; su riqueza era de origen dudoso; su trato hipócrita e interesado, su comportamiento guiado por las apariencias, su vida familiar sin valores; sus esfuerzos por conseguir lo superfluo y vivir interesados en las apariencias desembocaban en la infelicidad.

El ideal de pobre, era un pobre trabajador y honrado; la vida todavía ofrecía recompensas, modestas desde la perspectiva actual, a la constancia en el trabajo. Ofrecía, por lo menos, trabajo. Pero el pobre ideal seguía siendo pobre y la película no nos imponía un final feliz en el que el pobre dejara de serlo; al final era simplemente un pobre que, a pesar de contratiempos y vicisitudes, podía sentirse satisfecho de sí mismo.

La propuesta no era absurda ni novedosa; recogía una herencia de siglos durante los cuales el cristianismo había pregonado la pobreza como ideal. Recordemos aquello de que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico entrara al reino de los cielos. El reino de Dios era para los pobres.

Algunas órdenes religiosas, las menos, todavía recogen esa tradición y sus integrantes aceptan, incluso buscan voluntariamente vivir en la pobreza. Pero ¿de cuál pobreza hablan? De una pobreza que no es miseria, ni hambre; sino simplemente tener una alta satisfacción personal en un nivel de vida modesto, ajustado a lo necesario, y con aspiraciones y logros definidos por valores no económicos.

El Combate Ideológico sobre la Pobreza

Pero algo ha cambiado en los últimos años. Desde el norte, desde los países centrales y desde las grandes instituciones financieras, se ha convertido a la pobreza en un término peyorativo. Pobreza y miseria se han vuelto indistinguibles una de la otra y ahora se trata de combatir ambas como si fueran lo mismo y como si todos pudiéramos ser ricos. Se combate a la pobreza en una batalla que, por no definir objetivos precisos (nutrición, salud, autonomía, dignidad, etc.), amenaza convertirse en un propósito absurdo e incluso suicida.

Se ofrece, implícitamente, un sueño a millones de seres humanos: ser "no pobres". Pero, ¿qué entiende el pobre con dejar de ser pobre? Cuando el discurso promete acabar con la pobreza parece haber una promesa que a los oídos del que escucha puede significar muchas cosas, pero que sin duda se asocia a las nuevas imágenes de la televisión: los arquetipos de triunfadores, el consumo de las clases medias industrializadas, incluso el "american way of life".

Las imágenes que ofrece la televisión de los norteamericanos "pobres" los muestran con electricidad, teléfono y refrigerador; su ropa parece adecuada y los hijos van a la escuela. Bueno, hasta carro tienen. Por demás decir que cuentan con agua corriente en sus hogares y no parecen desnutridos. Obviamente los norteamericanos "no pobres" se encuentran todavía mejor (computadora, microondas, videojuegos, etc.). Entonces, ¿cuál es el estándar que se ofrece al prometer la erradicación de la pobreza?

Las dificultades de definir a la pobreza y a los pobres han sido grandes. Definir lo que se ofrece como un nivel de vida "no pobre", es imposible.

El discurso ideológico que pregona el progreso y la modernidad, que ofrece acabar con la pobreza y deja a la televisión esbozar constantemente la promesa del consumo inalcanzable, nos roba la posibilidad de una pobreza digna y satisfecha a cambio de un engaño.

El cambio en los valores/ imágenes que imponen los medios masivos, es brutal: del pobre honrado y trabajador hemos pasado al pobre fracasado por estúpido e ineficiente; del rico sin valores, al triunfador cuyo triunfo lo justifica todo, incluso el consumo más absurdo y derrochador de recursos que son, finalmente, patrimonio de la humanidad.

Hoy en día la norma que se impone es ser rico; es inaceptable ser pobre. La satisfacción interior que daba el orgullo del propio trabajo, la rectitud en la vida, la unidad familiar, se desvanece ante la urgencia de alcanzar el disfrute de un consumo cada vez más sofisticado e inaccesible.

Lo peor es que no parecen caber en el planeta dos estilos de consumo y de vida; la difusión del estilo de consumo de los ricos exige el monopolio y se expande en las élites periféricas (siempre será de acceso minoritario) destruyendo la viabilidad y la dignidad del consumo de los pobres que quedan sin la posibilidad de seguir trabajando y viviendo como antes y sin acceso a la modernidad. Se les construye un limbo configurado por los programas de asistencia social.

El pobre de los años noventa se siente necesariamente un rezagado; alguien que quedó atrás cuando todos los demás lograron avanzar y parecen estar disfrutando los beneficios del progreso y el consumo moderno. Lo muestra en sus imágenes la tele, y no puede sino repetir constantemente la promesa implícita porque otra cosa sería revelar el engaño del fin de la pobreza. Es posible, si, acabar con la miseria; pero no ofrecer que pronto todos accederemos al consumo depredador.

En México traemos arroz de Filipinas, kiwis de Nueva Zelanda, piñas enlatadas de indonesia, galletas de Grecia y atún para gatos de los Estados Unidos (quien lo dijera). Eso es posible por el precio absurdamente bajo de los energéticos, por medio del cual la humanidad hipoteca su futuro para sostener el consumo derrochador de unos cuantos y hacer a un lado a los pobres locales (que podrían producir arroz, kiwis, piñas y atún localmente). El anzuelo del fin de la pobreza ha servido para distraernos del problema de fondo, la glorificación del consumo ilimitado y el derroche absurdo de los pocos.

Cada día hay más pobres/ miserables/ dependientes. No son, por desgracia, aquellos pobres dignos, trabajadores, autosuficientes que podían ser el sustento de una sociedad democrática. Más bien son los nuevos pobres miserables, desempleados o subocupados, insatisfechos, encandilados por el faro de una modernidad que los reduce a la improductividad y a la pérdida de sus recursos individuales y colectivos. Pobres que buscan trabajo y se les ofrece caridad; sus capacidades no son únicamente redundantes, sino incluso estorbosas. El mercado ha sido rediseñado solo para los productivos y eficientes, los modernos, los que prestan a los pobres para una nueva dosis de consumo moderno a cambio de las escrituras de sus derechos a la propiedad, la producción y la autodeterminación.

Los pobres son más, pero parecen menos en su presencia social, en su capacidad para incidir en el rumbo nacional, en sus apariciones en la televisión, en la que se asoman como marginados, fracasados o antisociales. Son menos porque se han quedado sin discurso y sin rumbo propio; el mensaje de la modernización es apabullante.

Pregúntese a un pobre en la calle ¿por qué es pobre? Lo más probable es que conteste "porque no estudié". Ha sido convencido de su ineficiencia, se le ha dicho que no es competitivo y ha aprendido (en la escuela sobre todo) que es su propia culpa (y no de la ineficiente operación del mercado).

El embate no ha sido neutro. Los pobres, la mayoría de la humanidad (no los verdaderamente miserables) han perdido la batalla ideológica en torno a la pobreza; es decir que han perdido la posibilidad de definir su forma de producir y consumir. Esta derrota ha facilitado el inutilizar sus capacidades y recursos ("no competitivos"), destruir sus redes y mecanismos de intercambio (familiares, comunitarios, extra mercantiles, solidarios) y orientarse progresivamente al modelo de producción, de consumo, de cultura y de vida asociado a la industrialización masiva.

Inviabilidad del Modelo de Consumo de los Ricos

Al destruir la dignidad y aceptabilidad de la pobreza, al romper las distancias entre pobreza como forma modesta de vivir y la franca miseria, lo que queda como único camino a seguir es el modelo de consumo de las clases medias de los

países industrializados. Este es el mensaje de fondo del combate a la pobreza: tienes que producir y consumir como rico.

Justo cuando nos enteramos que es un modelo de consumo inviable. Su expansión a la mayoría de la humanidad es imposible, tan sólo intentarlo con un 20 por ciento de la población amenaza agotar los recursos naturales, destruir la capa de ozono, y agotar los hidrocarburos en exportar carros de Japón a los Estados Unidos y otros de los Estados Unidos al Japón (buena parte del comercio mundial es redundante).

El planeta hace sonar numerosas señales de alarma y en los juegos de poder y de engaño de las élites mundiales adquiere carta de naturalidad la mención de lo autosustentable; lamentablemente lo hace sin intentar tocar y definir su requisito más indispensable: la definición de la franja de consumo verdaderamente viable y generalizable para todos. Un consumo accesible para todos y que no destruya el planeta. No es este el caso del nivel de consumo de las clases medias de los países industrializados; intentar generalizarlo, además de inviable sería suicida.

Además de la definición de la franja de consumo generalizable se encuentra el asunto del uso eficiente de los medios de producción disponibles y del empleo racional de los recursos no renovables. Marchamos a contrapelo de lo primero; la globalización del mercado tiene como impacto inmediato la inutilización y demolición de las capacidades y recursos productivos en manos de los pobres. Sólo la agricultura con alto nivel de insumos agroquímicos y tecnificación es competitiva; sólo la construcción con materiales no biodegradables es económicamente viable; sólo el pan envuelto en plástico tiene una durabilidad de almacenamiento que permite su comercialización masiva, etc.

En contraste los recursos y capacidades en manos de la población pobre del planeta, que el mercado condena por no competitivos, parecen tener mayor grado de eficiencia energética autosustentable y adaptabilidad y menos agresividad con la naturaleza (menos desechos no biodegradables, por ejemplo).

Ni las previsiones más optimistas permiten considerar que la elevación de los niveles de consumo de los países periféricos se acerque al actual consumo norteamericano antes del agotamiento del petróleo y otros recursos no renovables. Este acercamiento consumiría tales reservas prácticamente de inmediato.

La implicación es inevadible. Las poblaciones periféricas no podrán alcanzar los modelos de consumo, de uso de materias primas y de energéticos de las sociedades industrializadas. Simplemente no quedan suficientes recursos para que otras tres cuartas partes de la humanidad tengan un nivel de consumo similar al que, con sólo una cuarta parte de la población beneficiada, ya se revela insostenible.

La nueva preocupación mundial por el desarrollo sustentable implica que, en particular las periferias se verán obligadas a vivir con un racionamiento de materias primas y energéticos, y un nuevo respeto por la naturaleza, totalmente ajeno a lo conocido por los países centrales, que no sólo tuvieron los recursos propios, los ubicados en sus territorios, sino que han hecho uso de buena parte del patrimonio de toda la humanidad. La creación de clases medias locales ya es un fracaso evidente y estos grupos se deslindan crecientemente en unos cuantos muy ricos y una mayoría en descenso socioeconómico.

Las Soluciones de los Pobres

Nuestro camino, el de las poblaciones periféricas del planeta, será necesariamente una vía original y estará marcado por nuevos conceptos crecientemente en boga: los límites del crecimiento y del consumo, el cuidado del patrimonio ecológico, el reciclamiento en todas las escalas.

Todo hace suponer que tendremos que pensar en una estrategia económica para pobres. Nos veremos obligados, más pronto que tarde, a abandonar las fantasías de los modelos de consumo de las clases medias centrales, en derrumbe incluso en ese medio, y aceptar que somos pobres y que seguiremos siendo pobres.

Esto no significa resignación ante nuestra suerte. Todo lo contrario. El abandono de las fantasías abre importantes posibilidades de evolución económica y social fincadas en lo real. Implica dejar de estrellarnos contra el cristal, intentando pasar al otro lado y empezar a pensar ¿qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos?; implica abrir las puertas a la imaginación, no para acabar con la pobreza y convertirnos en la rica clase media pregonada por la televisión, sino para apoyar una nueva estrategia, con nuevas soluciones acordes a nuestras capacidades y recursos y con el imperativo de que sea una vía que preserve el patrimonio ecológico propio y de la humanidad.

En la nueva estrategia habremos de apoyar a los pobres en la solución, por sí mismos, de sus, de nuestros problemas. Lo que significa que será necesario recuperar y desarrollar soluciones de pobres. Esto es muy distinto a llevar a los pobres las "soluciones" de los ricos.

Llevar a los pobres soluciones de ricos, de clases medias, es lo que se ha hecho como estrategia fundamental de combate a la pobreza. Se intenta que los pobres tengan algunos elementos del consumo de los ricos alegando que son derecho de todos. Es, sin embargo, una estrategia desmovilizadora de las energías y recursos de los pobres.

Los elementos de consumo de los ricos que se llevan a los pobres tienen que ser, necesariamente, proporcionados por las áreas modernas de la economía, por así decirlo por los ricos industrializados. Por ello en el combate a la pobreza los más beneficiados son los sectores sociales, institucionales y productivos insertos en la modernidad y que operan como intermediarios de las soluciones para pobres.

Son distintas las respuestas para pobres que las respuestas de pobres. Las soluciones para pobres son usualmente soluciones de ricos, así sean para pobres. Veamos ejemplos:

Llevar a los pobres desayunos escolares y complementos al consumo alimenticio con productos llevados de fuera termina por devaluar y deteriorar sus propias capacidades de producción de alimentos en una espiral de deterioro y dependencia crecientes. Otra cosa sería apoyar el fortalecimiento de sus propias capacidades para la producción, la transformación y el auto abasto. Todo lo contrario del subsidio a la harinificación del consumo de maíz que obliga a que el más importante consumo alimenticio de los mexicanos transcurra por mecanismos centralizados de procesamiento industrial y pague su tributo a un oligopolio privado.

Llevar a los pobres servicios institucionales de salud de alto nivel, implica contratar médicos, administradores, contadores, servicios, comprar instrumental y medicinas, construir infraestructura, adquirir elevada capacitación, etc. Todo ello generado y vendido a buen precio por los sectores modernos y prácticamente nada por los mismos pobres. Es cierto que los pobres reciben el servicio (al tiempo que se degradan sus alternativas tradicionales); pero muchas veces lo reciben sólo de manera simbólica, como cuando se sortea o raciona el ejercicio efectivo de su derecho, porque en realidad no puede alcanzar para todos. Lo cuestionable es que la creación del aparato de salud no apoya sino que erosiona su economía de pobres y destruye sus alternativas tradicionales.

Proporcionar a los pobres vivienda y servicios urbanos (agua potable, alcantarillado, electricidad, caminos, transportes, etc.) con casas, infraestructura y servicios construidos y proporcionados por compañías constructoras, instituciones y obreros formales, les da acceso a un bien de consumo, no siempre sustentable (¡qué bueno que se llevó electricidad a Chalco!, nada más que siguen sin tener para pagarla) y que no fortalece su inserción productiva en la economía. Todo lo contrario, tiende a deteriorarla (ahora deben pagar servicios, impuestos, deudas políticas, etc.).

Es imposible que pueda funcionar una estrategia en la que la elevación de los niveles de consumo de los pobres no se ve sustentada en la elevación de sus propias capacidades productivas. De esa manera se logran hacer clientelas sociopolíticas crecientemente dependientes, con el riesgo de que llegue un momento en que su incremento las haga insostenibles para los sectores modernos de la economía y se rebelen al llegar a los límites de un callejón sin salida.

Lo que aquí se propone es apoyar a los pobres en sus capacidades productivas, en sus propias respuestas y soluciones, para que se hagan cargo fundamentalmente por sí mismos de la atención a sus carencias. Ello implica repensar las soluciones de ricos para pobres en nuevas soluciones de pobres para pobres. Es decir el cambio de estrategia reclama un cambio de tecnologías, de mecanismos de solución, de estrategias.

No es aceptable una estrategia modernizadora que se traduce sólo en beneficios para las transnacionales por la importación de nuevas tecnologías y equipos al tiempo que se desechan los recursos y capacidades productivas disponibles para la mayoría de la población. Esta estrategia modernizadora demanda grandes cantidades de capital externo al tiempo que arroja por la borda el ahorro que la gran mayoría de la población ya ha invertido en infraestructura, maquinaria y equipos, que se ven inutilizados. Es una estrategia cuyos resultados patentes son hundir en la miseria a cada vez más amplios grupos de población.

Por el contrario, se trata de apoyar a los pobres para que eleven sus niveles de autosuficiencia a partir de la reactivación y movilización de sus capacidades productivas. Este propósito implica una nueva (¿vieja?) concepción económica y social. No se trata de que produzcan como ricos, modernos y tecnológicamente avanzados. Para ello se requerirían enormes cantidades de capital y formación masiva de recursos humanos en el dominio de nuevas tecnologías, en su administración y comercialización; lo que sólo sería posible en algunos escaparates de exhibición, pero no como solución generalizada.

Se trata de permitir que los pobres produzcan como pobres; con las tecnologías de pequeña escala que les resultan conocidas, en redes de intercambio también de pequeña escala (comunidad, región, grupo social), con las capacidades y recursos con los que ya cuentan. Implica no tirar por la borda las capacidades y recursos disponibles para reconstruir el país con tecnología y capitales importados para producir para otros. Se trata de producir para nosotros con nuestros recursos y ahorros, con nuestras capacidades y habilidades, con esquemas de comercialización y mercados apropiados a nuestras escalas de producción.

Reconstrucción de Ámbitos de Mercado para el Intercambio entre Pobres

No está cuestionado si se puede producir con tecnologías de pobres; se podía antes, ¿por qué no ahora? Hoy en día la producción de los pobres es invendible; sus cereales, frutas y hortalizas se pudren en los campos; sus botes pesqueros se pudren en los muelles; su alfarería, muebles, calzado, sombrero, textiles y ropa no hay quien la compre; sus alimentos, dulces y bebidas preparados ya no tienen demanda.

Nuestros pueblos pagan con su tierra y su subsuelo, con las empresas de la nación y el hipotecamiento del futuro, el enorme costo del subsidio al consumo en dólares que ha ido creando la deuda externa. El abaratamiento artificial de los productos importados ha desplazado del mercado, de "nuestro" mercado a la producción nacional en un proceso de modernización del consumo que no tiene sustento en la modernización de nuestra producción.

El asunto es productivo y mercantil; pero tiene profundas raíces ideológicas; el problema es que ya no se vale ser pobre, producir como pobre y producir para pobres. Ser un pobre viable, funcional, productivo, orgulloso de su autosuficiencia, atenta contra los modelos de modernidad en la producción, el consumo, el intercambio.

Ser un pobre autosuficiente y digno implica recuperar un contexto cultural prácticamente perdido, a contrapelo del mensaje imperante en los medios masivos de comunicación. Requiere también recuperar una gama de tecnologías y capacidades productivas tradicionales y reconstruir los mercados comunitarios y regionales en los que los pobres encontraban una salida adecuada al ejercicio de sus capacidades productivas y el uso de sus propios recursos; solo el intercambio entre pobres, fincado en la reciprocidad, nos permitirá recuperar el control del propio destino, a partir del abandono de la fantasía.

1º de agosto de 1996.

domingo, 26 de agosto de 2018

TLCAN, una mirada escéptica

Jorge Faljo

La línea oficial dice que estamos a unas horas, días a lo mucho, de culminar la renegociación del TLCAN. Este ha sido el mensaje de los negociadores desde hace un par de semanas. Un optimismo que se ve aderezado con una pisca de sal. Ya que Ildefonso Guajardo, el secretario de economía, señala que en toda negociación hay puntos de fricción.

¿Entonces, cuál es la situación? Dado que la negociación se hace a puertas cerradas no lo sabemos. Sin embargo, existen pasos del proceso que indican que a lo más que se puede llegar en los próximos días es a un “acuerdo en principio”, lo que en inglés llaman “handshake agreement”. Esto último, más que apretón de manos podría traducirse como un acuerdo de caballeros en lo general, pero sin solventar todos los detalles.

No obstante, ante la opinión pública este acuerdo se presenta como algo definitivo. Y no lo es por un par de factores. Uno es que la renegociación ha tomado un rumbo bilateral que ha hecho a un lado, de momento, a Canadá. Para México el acuerdo definitivo tiene que incluirlo, pero no hay garantía de que más adelante ese país se sume al acuerdo bilateral sin muchas dificultades.

Otro factor que es el verdaderamente fundamental, es que los nuevos acuerdos deberán ser ratificados por los congresos de los tres países. Y el senado mexicano cambiará de color partidista dentro de una semana. Algo similar puede ocurrir, con un avance de los demócratas, en las elecciones norteamericanas de noviembre próximo.

Dar la impresión de que todo marcha sobre ruedas responde a los intereses inmediatos de Trump y Peña Nieto. Para el Donaldo un acuerdo con México es una forma de presionar a Canadá que, si no lo acepta quedaría como tercero en discordia.

Antes de hablar del interés de Peña Nieto conviene recordar los principales puntos de fricción. Todos relevantes.

Leí hoy en la mañana que los agricultores norteamericanos están cautelosamente optimistas respecto a la renegociación. Su interés es asegurar que México siga siendo el gran importador de granos, carne de cerdo y otros productos agropecuarios.

Sin embargo, de este lado AMLO ha prometido que habrá precios de garantía para los granos básicos; fusionará Liconsa y Diconsa para crear Segalmex, seguridad alimentaria mexicana, como entidad con funciones de acopio y distribución en el medio rural, todo con el fin último de llegar a la autosuficiencia alimentaria.

El interés de los productores norteamericanos choca frontalmente con las promesas de AMLO.

Jesús Seade, representante del presidente electo en las negociaciones, ha expresado que la cláusula Sunset, que obligaría a renegociar cada cinco años, debe desaparecer y que hay un exceso de protección a la inversión externa en el sector energético. Esto obstaculizaría posibles futuras decisiones soberanas en la materia.

No son los únicos problemas. A los empresarios mexicanos les inquieta no saber cómo se negocia la exigencia norteamericana y canadiense de acabar con los sindicatos de protección y la instauración de la democracia sindical en México. Además de que no les gusta la exigencia de un incremento substancial de los salarios en los sectores de exportación de manufacturas, en particular automóviles.

Otra duda se refiere al cambio en las reglas de origen para que el ensamblado de autos de exportación en México contenga un mayor porcentaje de componentes norteamericanos y trilaterales. Es decir, menos importaciones asiáticas.

También hay desencuentro en cuanto a los mecanismos de arreglo de disputas; Estados Unidos quiere eliminar los paneles de decisión para darle mayor peso a su propio sistema legal.

Y no olvidemos la promesa de Trump de acabar con el déficit comercial que su país tiene con México. Ese fue el motivo principal para forzar esta renegociación, y centrarnos en los detalles más el secretismo de las pláticas, deja la duda de si ese propósito ha sido olvidado, o se encuentra disimulado en la maraña de acuerdos.

Si hacemos el recuento de divergencias, surge la duda de que realmente estemos a punto de un acuerdo “en principio” que permitiría tomar la ansiada foto histórica: Trump y Peña Nieto dándose la mano, felices porque fueron exitosos.

Para Peña Nieto esta sería una reivindicación importante en sus afanes de “pasar a la historia”. Sin embargo, existe un importante riesgo, que en aras de un interés inmediato se llegue a acuerdos incompatibles con las expectativas que ha creado el triunfo avasallador de AMLO.

Siendo mal pensados hasta podríamos suponer que las declaraciones optimistas pretenden posponer lo más posible la noticia de una renegociación fracasada para retrasar su impacto financiero.

Otra posible desembocadura es que se haga un acuerdo patito, celebrado con foto y apretón de manos entre Peña Nieto y Trump, para presionar la aceptación de la siguiente administración. O, en caso de que no fuera ratificado, su impacto sería cargado a la cuenta de la nueva administración.

Estamos ante una negociación complicada; también importa en la cuenta de qué país y de qué administración se cargaría el costo político de no llegar a un acuerdo aceptable para México y para Trump. Por lo pronto todo es duda.

sábado, 18 de agosto de 2018

Gobernanza rural, un desastre provocado

Jorge Faljo

El uso de la palabra “gobernanza” se ha extendido por la diferencia, sutil pero importante, que tiene respecto a gobernabilidad. Gobernabilidad da a entender algo unilateral; un gobierno activo y una población pasiva en la que el buen ciudadano es esencialmente obediente. Gobernanza, en cambio, es un término más equilibrado que reconoce la necesidad de una buena interacción entre gobierno y sociedad. Se acerca más a la noción de gobernabilidad democrática.

La lista de desastres a lo largo de tres décadas es extensa: millones de migrantes y de familias desintegradas; empobrecimiento masivo; decenas de miles de muertos y desaparecidos. Y en este sexenio la violencia empeoró; llegamos a extremos de corrupción e impunidad, se perdió la tercera parte de los empleos que pagaban más de cinco salarios mínimos; se incumplió el compromiso de llegar a la seguridad alimentaria en 2018.

De este nivel de importancia y gravedad se encuentra otro desastre poco evidente: el deterioro de la gobernanza rural.

Lo que se afirma en adelante es que la manera de operar los programas de desarrollo social ha destruido las bases de lo que sería una gobernabilidad democrática en el medio rural. Lo ilustro con una experiencia personal y luego me referiré a las reglas de operación de un par de programas.

Varias veces pregunté a grupos de señoras beneficiadas por el programa Oportunidades, ahora Prospera, por qué fueron seleccionadas. No lo sabían. Cuándo yo decía lo oficialmente correcto, que se elegía a las más pobres, ellas invariablemente lo negaban. Inmediatamente me señalaban excepciones en ambos sentidos: pobres no elegidas y otras que fueron incluidas sin ser pobres.

Hay que decir Prospera es, por sus resultados en nutrición, salud y educación, un buen programa. No lo ataco.

Pero si afirmo que la comunidad no lo siente como justo, ni propio. La información y criterios locales llevaría a una selección diferente. Pero el pueblo, el ejido, las formas de representación locales, no participaron en el proceso. Cierto que beneficia, pero no empodera a sus beneficiarias que pasan a ser, en muchos casos, discriminadas por un entorno resentido. Su resultado es pérdida de cohesión y gobernanza local.

En general los programas de desarrollo social operan a contrapelo de las autoridades y la organización social rural. Esto es particularmente significativo en el caso de la propiedad social; más de 30 mil ejidos y comunidades (conocidos como núcleos agrarios) registradas detentan más de la mitad de la superficie nacional, unos 105 millones de hectáreas. Más del 80 por ciento de los bosques y selvas son propiedad social de 8,500 núcleos agrarios. Más del 60 por ciento de la superficie de las áreas naturales protegidas pertenecen a 3,359 núcleos agrarios.

Ejidos, comunidades, municipios, delegaciones y agencias municipales y, con asegunes, pueblos indígenas, son formas legalmente reconocidas de gobierno local. Tienen, en la mayoría de los casos, mayor cercanía e información relevante que los centros de decisión nacional de los programas públicos. Sin embargo, no participan en los procesos de acompañamiento, diseño, asignación de recursos, o evaluación de estos programas, que de hecho están diseñados no solo para ignorar estas instancias sino para socavarlas.

Por ejemplo, la Comisión Nacional Forestal define, para el grueso de sus apoyos, a una población objetivo en la que entran “dueños o poseedores” de terrenos forestales y “grupos participativos de interés común”. De este modo evade el trato con el dueño colectivo y no aborda un enfoque integral para el conjunto de la propiedad ejidal y comunitaria.

Si el 80 por ciento de los terrenos forestales (bosques y selvas) son ejidos, ¿por qué no mencionarlos por su nombre? ¿por qué no tratar con ellos? De esta malsana orientación derivan dos tendencias, una es a concentrar los apoyos en la propiedad privada, la segunda es a tratar con subgrupos que dentro de un ejido o comunidad se han apropiado, muchas veces de manera irregular, de una porción de la propiedad social. Esto se facilita porque el trato con la población se maneja por personas físicas y morales que “sin ser servidores públicos” están facultadas para instrumentar las reglas de operación. Es decir que en la práctica se deja en manos privadas la asignación de recursos.

La que tampoco hace malos quesos es la Secretaría de Agricultura, Sagarpa. Apoya con proyectos productivos a “grupos de productores”. Un grupo, define, es un conjunto de personas que se reúnen para lograr un objetivo común. “Organización rural” es un grupo de personas que unen esfuerzos para conseguir un fin común. Ambos se formalizan con “actas de asamblea” que son los acuerdos del grupo. Con esta palabrería abstracta crea grupos hechizos que substituyen a las entidades formales e históricas existentes y se facilita la corrupción.

Sagarpa, además, delega su operación en instancias ejecutoras que pueden ser, y de hecho son, sociedades anónimas, asociaciones civiles, institutos, y varios tipos de organismos auxiliares privados. Estas instancias a su vez subcontratan técnicos privados que son los que en campo se relacionan con la población. De este modo en la práctica desaparecen, para la Sagarpa, los ejidos y comunidades que detentan más de la mitad de la propiedad del país.

Desde la reforma neoliberal de 1992, la propiedad social fue condenada a desaparecer. Los programas sociales han sido punta de lanza del deterioro de su cohesión social mediante la creación de grupos y organizaciones hechizos que son los únicos con los que acepta operar el sector público federal, mediante intermediarios privados. De este modo se envenena la gobernabilidad rural con presiones desintegradoras y se socava su capacidad para tomar decisiones colectivas e instrumentarlas.

Se dice que en política y en las expresiones de poder no hay vacíos; estos se llenan por otros agentes. Al deteriorar las formas de gobernanza local lo que se ha hecho es abrir el espacio sociopolítico a la corrupción, la ilegalidad y la violencia.

Necesitamos darle un giro de 180 grados a la política social de manera tal que refuerce la gobernanza local de los ejidos, comunidades, población indígena, delegaciones y agencias municipales y, en general, las formas auténticas de expresión colectiva. Esto es indispensable para conseguir los propósitos de bienestar y paz rurales que encabeza AMLO.

domingo, 12 de agosto de 2018

Salarios, transferencias sociales y paridad cambiaria

Jorge Faljo

Salarios, transferencias sociales y paridad cambiaria parecen en principio tres asuntos distintos y con baja relación entre ellos. Cada uno de ellos tiene fuerte incidencia en cuanto al modelo económico nacional y al tipo de sociedad que estamos construyendo. Estos tres elementos interactúan entre sí, por lo que no es conveniente verlos como separados e independientes.

Por otra parte, además de abordarlos en conjunto, tenemos que ubicarlos en un contexto complejo que no es el de la mera inercia de nuestra historia reciente. La perspectiva es distinta; dos motores o impulsos transformadores, uno interno y otro externo, nos obligarán a instrumentar cambios substanciales, incluso a nuestro pesar y al deseo de muchos de una evolución muy suave.

Un primer impulso transformador es la reciente decisión ciudadana, expresada en los mayores comicios de la historia del país, de dirigirnos decididamente a conseguir un estado de derecho, en paz interna, que corrija los extremos de riqueza y de miseria y priorice el crecimiento económico incluyente. Lo cual requiere, además una administración eficaz. Todo ello es una gran tarea.

El segundo impulso transformador nos lo impone el mundo. Este se expresa sobre todo como importantes avances tecnológicos y de productividad que desplazarán millones de ocupaciones en los próximos años; un planeta que ha entrado en un proceso de cambio climático que, por vez primera, parece causado por un ser humano confrontado con la naturaleza; condiciones de sobreproducción, rezago de la demanda y empobrecimiento generalizado que se traducen en convulsiones sociales que cuestionan los modelos políticos y el surgimiento de guerras comerciales en substitución del tradicional libre mercado.

Hemos entrado en un proceso de transformación inevitable que me trae a la mente la visión de una pequeña embarcación en la que sus tripulantes palean para sortear los remolinos y rocas de un rio embravecido.

Tomemos como primer hilo de esta madeja el asunto de los salarios. Pretendimos convertirnos en una potencia exportadora sustentada en el pago de bajos salarios, tan bajos que pueden calificarse como de hambre. Subir el salario mínimo a 102 pesos diarios como quiere la Coparmex, y se opone el gobierno peñista, no es suficiente para cumplir el precepto constitucional de un ingreso suficiente para el bienestar de la familia.

Una de las discrepancias no resueltas en la renegociación del TLCAN es precisamente el asunto salarial en México. Estados Unidos y Canadá no aceptan que México compita con salarios muy por debajo de los que se pagan en esos países.

Aceptar pagar mayores salarios de manera selectiva, en tan solo algunas industrias de exportación reduciría el margen de competitividad. Hay que ver que Incluso pagando tan mal a los trabajadores no conseguimos ser potencia exportadora. Los déficits crónicos, comercial y de cuenta corriente lo atestiguan.

Ajustar a la baja la competitividad salarial solo haría trastabillar más un esquema que ya no funciona ni para los sectores globalizados. Mucho menos para el resto de la economía y la gran mayoría de la población. Tendremos que buscar otro mecanismo y ese solo puede ser una paridad cambiaria competitiva.

Solo hay dos maneras de competir en el exterior: salarios bajos o una paridad c cambiaria que nos obligue a comprar menos en el exterior y a entrar en una ruta de substitución de importaciones. China lo aprendió de cuando este país crecía a tasas de seis por ciento anual y más. Habrá que reaprenderlo de nuestra propia experiencia histórica.

Una paridad competitiva nos ubicaría en posibilidad de desarrollarnos dentro y fuera del marco del TLCAN y conseguir algo que muchos proponen: diversificar mercados de exportación. Pero lo más importante es que permitiría elevar salarios y colocar la demanda interna como impulso central del crecimiento económico.

Exportar como eje del crecimiento no dio para más allá de una evolución raquítica, sobre una base productiva altamente concentrada y sacrificando sectores y regiones no globalizables.

La exigencia ahora es crecer de manera generalizada y eso demanda un mercado interno en crecimiento. Pero no basta. No se trata tan solo de que todos consuman más y así abatir la inequidad y revertir el empobrecimiento de las últimas décadas. Es imprescindible que todos produzcan más, que el fortalecimiento del mercado implique demanda sobre todos los sectores y regiones.

Para empezar las transferencias sociales, que crecerán en importancia deberán ser la semilla de una administración del consumo en favor de la producción de los rezagados. La propuesta es sencilla; que las transferencias se otorguen en cupones para consumir productos locales, regionales y nacionales. Será una manera para que, desde el Estado, en su papel constitucional de rector de la economía, se organice un gran esfuerzo de inclusión productiva de los rezagados.

Mejores salarios, paridad competitiva y transferencias sociales generadoras de demanda sobre la producción no globalizable parecen ser los ejes de la transformación que ha decidido emprender la nación.

sábado, 4 de agosto de 2018

Guerra comercial en puerta

Jorge Faljo

El gobierno norteamericano, con Trump a la cabeza, se ha embarcado en una guerra comercial con los países con los cuales tiene déficits comerciales importantes. Estados Unidos le compró al resto del mundo mercancías por 2.34 billones de dólares en 2017 y le vendió 1.55 billones. Compró 795 mil millones de dólares más de lo que vendió. Para financiar el déficit tuvo que endeudarse.

Obtener ese nivel de financiamiento externo no ha sido un problema para los Estados Unidos; en el resto del mundo hay mucho interés por guardar sus ahorros en dólares. Si Ud. ahorra en un banco de hecho le está prestando dinero; si Ud. ahorra en dólares le está prestando a los Estados Unidos. Ser el país emisor de la moneda internacional en que se guarda la mayor parte de las reservas, es decir ahorros, del planeta, le proporciona mucho financiamiento muy barato.

Lo anterior favorece que los norteamericanos sean buenos consumidores de los bienes y servicios que ofrece el resto del mundo. Desde la perspectiva financiera esta situación le funcionó bien a ese país; inversionistas y consumidores obtienen crédito barato y productos importados a buen precio.

Pero… algo falló. No en la perspectiva financiera, sino en la economía real. Desde hace décadas los salarios se estancaron y fueron substituidos por crédito fácil y barato. Hasta que se llegó al límite de endeudamiento y ocurrió la Gran Recesión de 2008 – 2010 donde millones ya no pudieron pagar sus casas.

Otro factor fue que los grandes consorcios trasladaron la producción a países de bajos salarios.

Así que la población del país que pregonaba que la globalización traería prosperidad para todos, ahora enfrenta la pérdida de millones de empleos y el deterioro salarial generalizado. Las familias están endeudadas y para sostenerse tienen que trabajar dos o tres de sus integrantes en lugar de uno solo. O un jefe de familia con dos o tres empleos.

En los Estados Unidos, y en el mundo, se ha llegado al límite. Crecen los movimientos sociales y la rebeldía política en los países industrializados. En los demás países en desarrollo, apenas se soporta la inequidad, la descomposición social y la violencia creciente, de la que decenas de millones tratan de escapar.

Trump y los políticos de su estilo han logrado encausar el descontento de sus empobrecidos hacia las víctimas más vulnerables: los marginados de la economía, las minorías raciales y religiosas, los migrantes, los pobres y desempleados. Pregonan cínicamente que estos son los malos, los ineptos, los criminales; los culpables de la tragedia neoliberal.

Pero este discurso no basta y para no tocar a las elites hay que hacer otra cosa. La respuesta al problema que encabeza Trump es equilibrar la balanza comercial norteamericana abandonando el libre comercio para exigir que los demás le compren más o, mediante intervenciones en el comercio, substituir importaciones con producción interna. Su promesa es que de esa manera millones de trabajadores encontrarán empleo digno.

No lo conseguirá porque el problema de fondo es que, desde hace décadas, la nueva riqueza creada por el avance tecnológico se la quedan los ultra ricos, el uno por ciento de la población. Para empeorar la perspectiva está anunciada una revolución tecnológica que destruirá millones de empleos. Una tendencia que empeora el principal problema de la economía planetaria: el exceso de producción que no encuentra compradores.

Se empiezan a generar oleadas de destrucción de empresas sobrantes mientras que las sobrevivientes se consolidan como conglomerados gigantescos de enorme poder económico y con capacidad para comprarse decisiones políticas favorables.

Trump ha sabido, con sus desplantes, encabezar la furia de una población a la que le prometió tres cosas principales: golpear a un gobierno y un sistema político en el que no se sienten representados; poner un muro en la frontera sur repeliendo a los migrantes, y reconstruir la base industrial norteamericana atacando a todos los países que, dice, se han aprovechado de los norteamericanos.

Con esa furia respaldándolo el presidente norteamericano ataca con aranceles la producción de Canadá, Europa, Japón y, sobre todo China. Con esta última, la segunda potencia económica del planeta, Estados Unidos tuvo un déficit de 375 mil millones de dólares en 2017. Para disminuirlo les impuso aranceles a 34 mil millones de dólares de exportaciones chinas. China respondió con impuestos a una cantidad similar de productos norteamericanos que le pegan sobre todo a la base política rural (cerdo, soya) del presidente Trump.

Ahora Estados Unidos habla de un segundo round en el que impondría aranceles de 25 por ciento a 200 mil millones de dólares de mercancías chinas y podrían, dice Trump llegar a gravar el total de los 505 mil millones de dólares de importaciones chinas.

Los aranceles no son la única arma de una guerra comercial. Trump se queja de que China ha devaluado su moneda un 10 por ciento desde que entró a la presidencia; y critica a su propio banco central por elevar la tasa de interés y fortalece al dólar. Son factores que reducen la efectividad de los aranceles.

México, o más precisamente, AMLO disfruta de un corto respiro. Pero la nueva administración federal tendrá que negociar apenas llegue con un adversario sin escrúpulos que ya amenazó con “tomar otras medidas” si no consigue lo que quiere.

En su carta a Trump, López Obrador ofreció una estrategia de crecimiento que haga innecesaria la emigración. Para ello tendrá que tomar medidas no ortodoxas (precios de garantía, rectoría estatal de la economía). Queda pendiente la exigencia gringa de equilibrar el comercio.

Fue Marcelo Ebrard el que mencionó algo que era tabú para la administración de Peña Nieto: reducir el déficit comercial de México con China que en 2017 fue de 67.4 mil millones de dólares. Es decir que prácticamente todo el superávit con Estados Unidos se usa para comprarle a China. Eso es lo que no acepta el gobierno norteamericano.

Parece inevitable que México entre a una guerra comercial. Puede ser con los Estados Unidos intentando, como lo hizo Peña Nieto, que no haya cambios importantes. Solo que bastaría que Trump le ponga impuestos a la compra de automóviles hechos en México para descuadrarnos el modelo económico.

O podemos reducir las importaciones de China en una estrategia doble: en parte para comprarles más a los gringos y en parte para substituirlas con producción interna. Esto último abriría espacio a una política industrial que podría hacerse compatible con la estrategia norteamericana.

AMLO tendrá que decidir.

sábado, 28 de julio de 2018

El fracaso de la política social

Jorge Faljo

En el artículo de la semana pasada comenté que la próxima administración de SAGARPA empezaría por tirar a la basura sus actuales reglas de operación. Muy bien. Esto porque el fracaso de la política agropecuaria, además de las de reforestación, de protección ambiental y el conjunto de las políticas de desarrollo social se explican por sus malas estrategias de operación.

No siempre fueron tan malas. La actual situación se remonta a principios de este siglo cuando la entonces nueva administración panista, con una gran desconfianza de la burocracia que heredaba. Su diagnóstico implícito fue que la relación entre burocracia y organizaciones, ambas consideradas priistas y antagónicas, constituían un fuerte riesgo político. Por ello se propuso limitar los contactos directos entre el personal medio y operativo con grupos, organizaciones, ejidos, comunidades y demás.

Para ello adelgazó la burocracia, en particular los puestos de contacto directo con la sociedad, restringió los gastos de salida a campo (gasolina, viáticos y demás), colocó la asignación de recursos de desarrollo social en concursos en internet y una red de intermediarios privados que jamás se alejó de las carreteras, y creó una intrincada normatividad que impedía cualquier aplicación del criterio profesional de un mando medio en la asignación de recursos. La contraloría pasaría a vigilar el estricto cumplimiento de rituales burocráticos sin ocuparse del cumplimiento de objetivos, del desempeño y de la eficacia del gasto.

Hasta aquí el recuento de mi artículo anterior. Sin embargo, se quedaron un par de cosas en el tintero que quisiera añadir.

Una de ellas es la política de ciudadanización de la atención pública. Esta se aplicó de manera tal que solo se atendían las solicitudes, peticiones, quejas y demás planteados por el directamente afectado. Con ello se invalidó la mayoría de las formas de representación social.

Por ejemplo: Un comisario ejidal del sureste me explicó que él no podía interceder cuando algunas señoras dejaron de recibir la asignación del programa Oportunidades (más tarde Prospera) porque en la oficina correspondiente señalaban que no era el ciudadano afectado. Para este y otros trámites debían acudir, a las oficinas municipales, y las más de las veces a las ubicadas en la capital del estado. Pero resulta que en general los beneficiarios y otros interesados en los programas de desarrollo no tienen el tiempo y los recursos para los gastos de viaje, comidas y demás, y si logran presentarse en las oficinas son fácilmente manejables y se sujetan a dilación burocrática en el mejor de los casos.

De ahí que ciudadanizar fuera en realidad romper el contacto y desprestigiar a las autoridades ejidales, comunitarias y sociales.

Cierto que en las comunidades se aparecían agentes usualmente llamados técnicos que hablaban de esos programas, recogían información y llenaban formularios. Pero estos eran, y son, en realidad agentes privados con funciones limitadas, al servicio de la burocracia, pero no de transmitir las inquietudes de la gente.

Se me puede criticar diciendo que si se establecen relaciones entre las instituciones y programas y grupos organizados. Cierto. Pero son en general grupos y organizaciones a modo; creados específicamente para interactuar con un programa.

De hecho, los programas sociales generan una enorme cantidad de organizaciones. Cada programa junta 10 o 20 beneficiarios y los declara organización y es con sus integrantes, estrictamente beneficiarios directos, con los que se va a comunicar en el futuro. De este modo se brincan a las formas de representación históricas, tradicionales o de auténtica raigambre social.

Es mucho más fácil operar los programas públicos con organizaciones hechizas y a modo, que tratar con verdaderas representaciones del interés colectivo de la comunidad, el ejido, el pueblo o el grupo indígena. Además, como solo entran los beneficiarios, y estos por poco y mal que se les de algún recurso, siempre son agradecidos.

Sea a propósito o no, esta estrategia imprime en cada localidad la desorganización propia de múltiples programas que llegan sin una visión integral de los intereses de la población. Al armar grupúsculos de beneficiarios introducen en la comunidad diferencias, rivalidades, desconfianzas y envidias. Es decir que el sector público con sus programas genera activamente deterioro de la cohesión social.

Valgan dos anécdotas. En alguna comunidad después de una tormenta varias familias acudieron a reparar el tejado de una vecina, pero no de otra. El motivo es que la segunda recibía dinero del gobierno, por lo tanto, que se las arregle como pueda.

La segunda anécdota es la de una señora que en los alrededores de Cuetzalan, Puebla, comentó que ella se salió del programa Oportunidades y perdió el apoyo correspondiente. Al preguntarle el motivo me dijo, para mi sorpresa, que lo hizo porque la nombraron representante del programa en su localidad. Como no entendí me explicó que si era representante tendría que asignarles tareas a las demás, las calles, lavarle la ropa a la enfermera de la clínica, recordarles que fueran a las juntas de información y cosas por el estilo. Si hacía eso perdería a sus amigas; así que mejor renunció.

Lo cuento para señalar que las organizaciones a modo, sin raíz local y creadas por los programas, tienden a operar de manera vertical como representantes burocráticos y no como medios democráticos de participación social.

El deterioro de la cohesión social y la dispersión organizacional generada por los programas públicos en el medio rural crea las condiciones del fracaso de esos programas. Impide un verdadero dialogo con la población y evita enfoques integrales para tomar decisiones de conjunto e instrumentarlas.

¿Resultados? La reforestación es un éxito, pero avanza la desertificación. Prospera es excelente, pero 20 millones de mexicanos no acceden a una nutrición suficiente y adecuada. El gasto en desarrollo rural es fuerte pero la mitad de la población es pobre. El gasto en fomento agropecuario supera el promedio latinoamericano, pero importamos el 40 por ciento de los granos básicos. Abundan las organizaciones, pero crece la ingobernabilidad y la violencia.

La oferta social, económica y de pacificación de la próxima administración federal demanda dejar atrás esta manera de operar de los programas públicos y restablecer el dialogo, respetar los verdaderos mecanismos de participación y rendir cuentas hacia la población vulnerable de este país.

domingo, 22 de julio de 2018

A la basura la reforma administrativa prianista

Jorge Faljo

Víctor Villalobos, propuesto por AMLO para dirigir la SAGARPA, dice que empezará por tirar a la basura las actuales reglas de operación. Esto, se entiende, para crear otras nuevas.

Conviene remontarnos al origen de las actuales normas que rigen la operación, no solo de SAGARPA, sino de plano de toda la administración pública. Para saber qué rumbo tomar, debemos saber de dónde partimos.

Con el cambio de administración de principios de este siglo, panistas y personajes provenientes del sector privado llegaron con la espada desenvainada a la cúpula de cada una de las secretarías, organismos y entidades gubernamentales. Los enemigos eran… sus empleados; su personal medio y operativo al que, velada o abiertamente, acusaban de priistas y corruptos. Los nuevos jefazos no confiaban en su propia estructura burocrática pero tampoco podían simplemente echarla a la calle. Así que había que controlarla.

Es desde esta situación que se instrumenta, a la chita callando, de manera sigilosa y disimulada, una profunda reforma administrativa cuya expresión más dura se dio en las entidades y programas de mayor contacto ciudadano.

¿Cuál fue el sentido de la reforma administrativa foxista? En primer lugar el adelgazamiento del Estado, la centralización de la asignación de recursos por concurso y el cambio normativo sin consulta.

Lo primero fue disminuir al personal. Mediante campañas de “retiro voluntario” se promovieron las renuncias y las vacantes desaparecían, en lugar de recontratar personal. Este esquema levantó protestas de las entidades porque todo dependía de los que decidían renunciar. Lo que llevo a la creación errática y aleatoria de “agujeros” en las estructuras administrativas. Esencialmente se debilitó a la operación institucional. Lo cual en el fondo era coherente con la filosofía de reducir y debilitar al Estado.

En otros casos la reducción de personal llevó a la desaparición completa de áreas y tipos de personal. Por ejemplo, los promotores de programas de desarrollo rural, social y ambiental; es decir los de contacto directo con la población. El extensionismo rural, apoyar con personal en campo el mejoramiento tecnológico y el acceso a servicios, se redujo significativamente.

Uno de los objetivos de la reforma foxista fue impedir que el personal operativo y medio, de contacto directo con grupos, comunidades y organizaciones de la población pudiera determinar el destino de los recursos. Toda forma de organización era vista como priista y todo contacto con ellas era sospechoso de una especie de colusión política o de corrupción.

No diré que se trataba de percepciones totalmente infundadas. Pero sí que el esfuerzo de cortar la comunicación, y la asignación de apoyos y recursos por parte del personal operativo en contacto con grupos sociales, se tradujo en creciente incomunicación. Se tiró al niño junto con el agua de la bañera.

Lo más evidente fue la centralización de la asignación de recursos en los programas de fomento agropecuario, reforestación, ambientales y de desarrollo social. Se pasó a las convocatorias por internet para que las comunidades, grupos y organizaciones presentaran solicitudes y proyectos que serían analizados centralmente. Una estrategia “de poltrona” asociada a minimizar las salidas de campo y los encuentros de personal público con los grupos interesados.

El efecto ha sido hasta la fecha de doble detrimento del dialogo entre gobierno y ciudadanía. Por una parte el personal medio y operativo regional ya no incide en el destino de los recursos a pesar de con frecuencia cuenta con información más relevante que la incluida en los formatos de solicitudes y proyectos.

Pero lo peor ha sido el impacto organizacional. El esquema asegura la generación y recepción de muchos más proyectos y solicitudes de los que busca apoyar. Se arma un concurso para elegir a los “mejores”. La gran mayoría de los proyectos serán rechazados, por diseño institucional. Todos implicaron esfuerzos de organización, costos de diseño y tramitación, y liderazgos comprometidos que, ante el fracaso se desprestigian.

En esta óptica la idea de que un burócrata medio, ubicado en la región y en contacto con la población objetivo de los programas pueda aplicar su criterio en la asignación de recursos es tabú. El concepto mismo se ha convertido en mala palabra; se le llama discrecionalidad y ahora es casi sinónimo de corrupción.

La consigna del cambio fue que la creación de reglas era responsabilidad central y la operación se descentralizaba. Nuevas normas generadas sin consulta alguna con el personal operativo porque su finalidad era controlarlo. El tramite más sencillo se convirtió en una pesadilla.

Los organismos de contraloría de las instituciones se orientaron a la verificación estricta del cumplimiento de cada uno de los pasos establecidos en la nueva y compleja normatividad; sin mayor interés en los impactos socioeconómicos.

Estas orientaciones se han mantenido en lo fundamental a lo largo de tres sexenios de gobiernos prianistas y se tradujeron en un mínimo contacto con la población. Por eso la afirmación de Villalobos parece un buen primer paso.

domingo, 15 de julio de 2018

Precios de garantía; lo que ofreció AMLO

Jorge Faljo

En febrero pasado 26 agricultores fueron detenidos en una caseta de peaje de Chihuahua por intentar vender su producción de frijol a los automovilistas. En ese mismo estado un grupo de productores de leche bloquearon durante varios días las vías del ferrocarril de Delicias para demandar que Liconsa les compre a 8 pesos el litro. Los productores de frijol piden que el gobierno les compre su producción a 17 pesos el kilo. Y los maiceros se quejan de que los intermediarios les ofrecen apenas tres mil pesos por tonelada.

Los tres grupos, productores de frijol, maíz y leche, dicen que el pago que reciben no cubre sus costos de producción. También señalan que las importaciones los dañan. O sea que están ahorcados.

Miguel Ángel Colunga, presidente del Sistema Producto Frijol y líder del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, señaló el pasado mes de marzo que el TLCAN ha desmantelado la capacidad productiva del campo. Beneficia a los exportadores de aguacate y tomate, pero perjudica a los productores de granos y semillas.

En el otro extremo del país, Ariosto Ramírez Gómez, presidente de la Unión de Ejidos del municipio de Villaflores, Chiapas, señaló que además de frenar la importación de maíz, este sector requiere establecer un precio de garantía. Quieren un precio justo y estable, y que las autoridades no permitan la entrada de grano de otro lado hasta que se consuma lo que ellos producen.

No es de extrañar entonces que, en abril pasado, en su gira proselitista un grupo de productores de frijol del norte de Nayarit le solicitaron a Andrés Manuel López Obrador detenerse en la carretera entre Tepic y Mazatlán para exponerle su situación. Aseguraron que solo les pagan ocho pesos por kilo del frijol que producen, el que llega al consumidor final hasta a 40 pesos.

En ese encuentro el ahora futuro presidente de México se comprometió a rescatar al campo y señaló que hoy en día “los productores tienen que vender barato todo lo que producen y comprar caro todo lo que necesitan”. Por ello, dijo, se van a fijar precios de garantía que lleguen directamente a los productores y se va a lograr la autosuficiencia en maíz y frijol.

Ahora este compromiso de López Obrador es un campo de batalla ideológica y política. Por un lado, los productores piden estabilidad y la seguridad de un precio mínimo para una producción plagada de incertidumbres naturales. Pero además enfrentan estructuras de intermediación y comercialización poderosas ante las que tienen poca capacidad de negociación.

Lo que ofreció el entonces candidato se enmarca en este contexto preciso y en la función histórica de los precios de garantía. Su objetivo ha sido el de regular y acotar el margen de intermediación para elevar la parte que recibe el productor.

Ejemplifiquemos dando por ciertos los datos de los productores de Nayarit. Si ellos tienen que vender a 8 pesos el kilo un producto que puede alcanzar los, digamos, 32 a 40 pesos, quiere decir que reciben entre el 20 y el 25 por ciento del precio al consumidor. Entre tanto los intermediarios y el valor añadido (limpieza, transporte, empaque) se quedan con el 75 a 80 por ciento.

El problema es que este reparto no depende de un “cálculo justiciero” en términos de esfuerzo de cada parte. Tiene que ver más bien con una correlación de fuerzas en las que un lado tiene los medios de transporte, los centros de acopio, el acceso a las cadenas y puntos de comercialización. En muchos casos, sobre todo en zonas campesinas, los intermediarios son también dueños de las tiendas locales, pueden facilitar créditos a la palabra en situaciones de emergencia y dominan el poder político local.

Si el gobierno interviene, como piden los productores, para comprar a 17 pesos el kilo, lo que hace en la práctica es ofrecer un canal de comercialización adicional que obliga a los compradores a ofrecer un precio similar. Entonces en lugar de pagar 8 pesos el kilo tendrá que pagar los mismos 17, o tal vez 16 o 15, si ofrece un mejor servicio que el del gobierno, por ejemplo, ir a orilla de la parcela. En ese caso el productor en lugar del 25 por ciento del precio al consumidor podría recibir, digamos, el 50 por ciento.

Establecer un precio de garantía no significa que el gobierno compra toda la producción. Conasupo tenía una participación histórica de tan solo un 10 por ciento de la comercialización del trigo; pero con esa intervención lograba el objetivo de que los molineros del norte dieran un mejor pago a los productores.

Pero el grado de intervención necesario depende del tipo de productor, el producto y la región. En el caso de los productores más pequeños, campesinos, la presencia del programa público tiene que ser más cercana, con puntos de acopio más cercanos y disposición a comprar en cantidades menores. Conasupo llegó a comprar por sacos de maíz, es decir kilos y no toneladas.

Elevar el nivel de vida rural, acabar con la emigración forzada, elevar la producción interna y conseguir la autosuficiencia alimentaria, requiere que los productores agropecuarios eleven su capacidad de negociación y la parte que reciben del precio al consumidor. Para ello lo ideal sería la configuración de asociaciones de productores con capacidades de acopio y distribución para conseguir mejores precios en la venta y en la compra. Tal es el esquema de organización en otros países.

En México se requiere partir de la intervención reguladora del Estado, aliada a los productores, para procurar que sus ventas cubran costos, una mejora del nivel de vida y un margen de rentabilidad que permita invertir en el avance tecnológico y la mejora de la productividad.

Solo con un campo fortalecido podremos abatir las carencias alimentarias de 20 millones de mexicanos, evitar la emigración forzada y la destrucción de las familias. También implica que, en un mundo complejo, sujeto a imprevistos, en el que la globalización es substituida por guerras comerciales, México cuente con un abasto seguro pagadero en moneda nacional y no en dólares.

Es un asunto que toca temas de seguridad nacional, de ejercicio real del derecho humano a la alimentación, de fortalecimiento del mercado interno, de cohesión familiar y social, e incluso de abatimiento

sábado, 7 de julio de 2018

Riesgos de la estabilidad

Riesgos de la estabilidad

Jorge Faljo

En el último número de su publicación La Voz de la Industria, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, A. C. –IDIC-, afirma, “El marco institucional no cuenta con los pilares del crecimiento económico, predominan los de la estabilización.”

Desde esta reflexión empresarial el objetivo del momento debe ser acelerar rápidamente el crecimiento económico asociado al fortalecimiento del mercado interno. Suponen que pasando “de la obsesión por la estabilidad a la obsesión por el crecimiento” podrá superarse el estancamiento de las últimas décadas.

En nombre de la estabilidad y de combatir la inflación, el Banco de México se ha colocado continuamente en contra de las elevaciones salariales. El continuo rezago de los salarios respecto a los otros precios empobreció a los trabajadores y generó una profunda inequidad. Asunto que en la perspectiva de López Obrador se asocia directamente a la criminalidad y violencia que tanto nos hieren.

Solo a otro sector social le fue peor que a los trabajadores; y fue a los campesinos. El abandono de la promoción del desarrollo rural, y la destrucción del entramado institucional de asistencia para la producción y comercialización, también se vio dañado por una política de atracción de capitales, venta de empresas y endeudamiento, que fueron las verdaderas causas de la inflación. La entrada de dólares fáciles abarató la compra de granos, y de otros alimentos, en el exterior, despojando al sector campesino de su razón de ser y empujándolo a emigrar.

Millones de mexicanos, verdaderos refugiados económicos en los Estados Unidos, pasaron, muy a su pesar, a apoyar doblemente la continuidad del modelo que los obligó a emigrar. Por un lado, sus remesas abaratan el dólar y favorecen las importaciones de alimentos; además constituyen un enorme apoyo al consumo de millones de sus familiares en México. Sin embargo, a pesar de ese dinero, imperó la destrucción de la unidad familiar, se deterioró la producción y se debilitaron las estructuras de gobierno y la cohesión social local. Todo lo cual contribuyó a romper la transmisión de valores a millones de niños y adolescentes dejados atrás.

La llegada de López Obrador a la presidencia de la República ha sido calificada de tsunami; una ola arrolladora que va más allá de pedir el cambio de personajes políticos para exigir mejoras tangibles en salarios, empleo digno, producir y vivir bien en el campo. Se pide un sector público eficaz en la promoción del crecimiento y con servicios verdaderamente amigables y eficientes sobre todo en salud, educación, acceso al agua potable, transporte y demás.

Lo que ha ocurrido en el espacio político es un triunfo popular que la mayoría celebra. Pero podría pensarse que solo redefine, para bien, la arena de la contienda económica que se avecina. Porque la transformación real no se conseguirá sin presión social y sobresaltos económicos. Para cambiar hay que cimbrar lo existente. Y cimbrar es lo contrario a estabilizar.

La nueva administración que se avecina ofrece, por ejemplo, que los mexicanos ya no tendrán necesidad de emigrar y que habrá precios de garantía para la producción de granos. Lo que está implícito es que los nuevos precios permitirán que los campesinos produzcan y vivan mejor. Eso no se logra sin subir el costo urbano de los alimentos. Lo que tendrá que ser compensado con mejores salarios que cubran el costo superior de los alimentos más el de una real mejoría en sus niveles de vida.

Muy lejos estamos de los ingresos reales de 1976 - 1980; para eso habría que multiplicar por cuatro el salario mínimo. No ocurrirá de la noche a la mañana. Pero recuperar ingresos urbanos y campesinos, debe ser el objetivo.

Sin embargo, no se puede elevar el consumo de la mayoría si esto repercute en incremento de las importaciones. Únicamente es posible si se cumple otra promesa; la de producir más de lo que consumimos. Lo que apunta a la conveniencia de contar con una paridad competitiva de la moneda, una en donde el dólar sea más caro para gastar más en lo nuestro. Solo es posible competir en el comercio internacional mediante una moneda competitiva, o salarios de hambre. Una moneda competitiva es la mejor vía para la elevación de ingresos de los trabajadores, asegurando que su consumo provenga del interior. Eso cimbra el modelo.

Reorientar el gasto gubernamental hacia la reconstrucción de la infraestructura de acopio que debe acompañar los precios de garantía, más hospitales y escuelas dignas, agua potable accesible para todos, capacitación técnica de la juventud son las nuevas prioridades que obligan al abandono de las obras faraónicas sobre preciadas. Y eso cimbra el modelo.

Entre los que se suman a la celebración del cambio están los que desde el dominio de los medios de comunicación lo hacen con exigencias que parecen inocentes, pero son definitorias. Se exige que se mantenga la estrategia de atracción de capitales y un peso fuerte.

Ya los medios califican a la futura administración según el comportamiento de la bolsa de valores. Con esa vara resulta que no habría mejor calificación que la que se obtiene vendiendo empresas al exterior, atrayendo capital volátil y endeudándonos en dólares.

La victoria del cambio de rumbo es hasta este momento solo política; ya están puestas sobre la mesa las exigencias de estabilidad de las elites; con más estancamiento e inequidad, lo que de manera contundente se rechazó el pasado 1 de julio.

La nueva administración debe evadir esa trampa, sobre todo cuando la inestabilidad acecha desde afuera, en particular desde los Estados Unidos. Se acaban los tiempos del gran crecimiento del comercio internacional y sobrevienen los de las guerras comerciales; se acaba el financiamiento muy barato y acecha la reversión de flujos de capitales.

Las fuerzas externas cimbran el modelo, el hartazgo de la mayoría también.

No se trata de ningún modo de proponer la inestabilidad como positiva en sí misma. Pero es hasta cierto punto inevitable si se va a cambiar el modelo económico.

domingo, 1 de julio de 2018

Panazo en Argentina; aprendamos la lección

Jorge Faljo

Argentina está en problemas. El lunes pasado las principales centrales sindicales convocaron a un paro nacional de 24 horas en rechazo a las nuevas políticas neoliberales impulsadas por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Al paro se sumó el grueso de los pequeños y medianos negocios y de la población. Calles usualmente bulliciosas se encontraban desiertas.

Las causas del malestar se deben sobre todo al aumento desmedido en las tarifas de los servicios públicos, y a la inflación que deteriora los ingresos reales y hunde a amplios sectores en niveles de pobreza extrema.

Contra uno de estos incrementos se han armado varios “panazos”. Una forma de protesta de los panaderos que consiste en regalar pan; un kilo a cada persona para llamar la atención sobre el incremento desmedido del costo del trigo y de la harina que los obliga a elevar precios. Sin embargo, el empobrecimiento de la población limita la posibilidad de subir los precios y los panaderos declaran estar al borde de la quiebra.

Argentina, a diferencia de México, es una potencia exportadora de granos; en particular soya, trigo y maíz. Y también de carne. Así que, en una visión ingenua habría abundancia de trigo, que es parte esencial de la alimentación de la población.

Solo que hay dos problemas. Macri cambió radicalmente la relación financiera con el exterior, de manera tal que pasó a depender de la atracción de capitales externos, y la jugada le falló. La moneda argentina ha sufrido una fuerte devaluación.

Además, eliminó los impuestos a la exportación de trigo, maíz y carne y redujo los de la soya. Eso ante una devaluación que más bien hacia razonable incrementarlos.

El antecedente es que en los últimos años Argentina se había beneficiado de altos precios en el comercio mundial de granos. Fue cuando el gobierno de Cristina Fernández, la anterior presidente, impuso impuestos a esas exportaciones. La lógica es que el sector beneficiado de esa bonanza debía, como cualquier otro sector de la producción, compartir esa ganancia con el resto de la sociedad.

Un efecto importante de los impuestos a la exportación es que los precios para los consumidores internos eran más bajos a los de los consumidores de otros países. Lo explico. Si el trigo se vende a 100 en el exterior, pero incluye un impuesto de 10 por ciento a la exportación, entonces para el productor es igual venderlo a 90 en el interior.

Esos impuestos no solo le daban ingresos importantes al gobierno, sino que se traducían en menores precios para los consumidores nacionales. Un doble factor de equidad si consideramos que el ingreso público se traducía en gasto social, entre otros el subsidio al costo de la electricidad.

Ahora que quitaron el impuesto a la exportación, los argentinos tienen que pagar por el trigo nacional lo mismo que pagan, en dólares, los consumidores de los países importadores. Como la moneda se ha devaluado la situación es peor que si solo se hubiera quitado el impuesto a la exportación. Además, el gobierno elevó de manera estratosférica el costo de la electricidad. Así que la cosa está que arde.

El gobierno Macri enfrenta graves problemas de financiamiento y ha solicitado un gran préstamo del Fondo Monetario Internacional. Una institución a la que le interesa sobre todo su capacidad de pago. Así que el FMI pide que del campo salgan ingresos para reducir el déficit fiscal; es decir que se restablezcan los impuestos a las exportaciones de granos. Una propuesta que no les gusta a los neoliberales locales que, en otros aspectos, si exigen seguir las indicaciones del FMI.

Dado el pragmatismo de la agencia financiera internacional, tal vez en sus cálculos entran incluso consideraciones de tipo social. Estos impuestos regulan el costo interno de los alimentos básicos de los argentinos.

Hace unos días el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, declaró a bombo y platillo que las exportaciones agroalimentarias acumuladas durante su administración alcanzan los 150 mil millones de dólares y, por ello, “este es el mejor momento de la historia que ha alcanzado nuestro país en el sector agropecuario”. Tiene razón, aunque hay que entender que no se refiere a todo el campo, sino tan solo al sector de exportadores.

Este notable éxito se origina sobre todo en que la apreciación del dólar les ha sido muy rentable. Un exportador que recibía unos 13 pesos por dólar vendido en el exterior en 2013, ahora recibe cerca de 20 pesos. Alrededor de un 60 por ciento más, con bajo incremento en los salarios que paga.

De lo anterior deduzco la conveniencia de establecer impuestos a algunas exportaciones. Hay dos razones principales para ello.

La primera es que ante la posibilidad de una mayor volatilidad del dólar se pueda, con un impuesto ajustable, proteger el consumo interno y que los mexicanos no tengan que pagar el precio internacional por el aguacate, el tomate, el limón o la cebolla producidos en México. Es un tema de interés social.

La segunda es que la agricultura favorecida por la devaluación apoye la capacidad del estado para levantar la producción del resto del sector agropecuario. Con precios de garantía, por ejemplo. De este modo el sector más beneficiado contribuiría, al exportar y pagar impuestos, a garantizar la alimentación de la población.

sábado, 23 de junio de 2018

¿Podrán devolver a todos los niños?

Jorge Faljo

Los sollozos de niños llamando a sus papás; la petición de una niña de seis años rogando que llamen a su tía para que la recoja; la foto de una pequeñita de dos años llorando mientras detienen a su madre, conmocionaron a la sociedad norteamericana. La indignación contra el trato a las familias de inmigrantes que piden asilo se ha movido en oleadas creciente.

Un artículo escrito por la ex primera dama Laura Bush y publicado por múltiples medios dijo sin medias tintas que la separación de las familias era inmoral y le destrozaba el corazón. Señaló que el personal que “atiende” a los pequeños tenía instrucciones de no tocarlos. Incluso a aquellos que todavía usan pañales. Más de un centenar son, dijo, menores de cuatro años. Su información era todavía incompleta. Luego nos hemos enterado de que les han secuestrado a sus madres a bebés de apenas ocho meses de edad.

Otras ex primeras damas, Michelle Obama, Hillary Clinton y Rosalynn Carter se sumaron a su protesta. Una docena de gobernadores estatales se han rehusado a enviar, o incluso han hecho regresar los elementos de la guardia nacional que habían enviado a colaborar en la frontera; en algunos casos han emitido decretos prohibiendo a su personal toda colaboración con esa política. El gobernador de Nueva York ha anunciado que pronto demandará al gobierno federal.

Michel Hayden, general y ex jefe de la CIA, causó estupefacción cuando escribió “Otros gobiernos han separado madres e hijos” sobre la foto de un campo de concentración nazi. Impresionante también que la revista Time pusiera en su portada las fotos de Trump frente a la de la pequeña de dos años que mencioné al inicio.

Los políticos norteamericanos, incluso los republicanos, excepto los más férreos trumpistas, corren a distanciarse de esa política. El mismo Trump en su habitual hipocresía declaraba que él no había provocado ese desastre, fueron los demócratas que no aceptaban sus propuestas migratorias, muro incluido.

Pero la presión de la clase política, en particular el temor de los congresistas republicanos a ser arrasados en las próximas elecciones, le hicieron entender a Trump que el mismo saldría perdiendo con un congreso demócrata. Así que hizo lo que dijo que no podía, emitir una orden ejecutiva suspendiendo la separación de las familias.

En lo que he dicho falta el ingrediente principal: los héroes anónimos que, bajo el riesgo de perder el empleo, o sanciones mayores, se atrevieron a registrar videos, sonidos y fotos que de manera anónima les pasaron a periodistas. Están las azafatas que declararon que no aceptaban servir en un vuelo que llevara niños separados. Fueron un factor para que las principales líneas aéreas, incluyendo United y American solicitaban formalmente que no se transportaran esos niños en sus aviones.

Fueron los pasajeros que, en un vuelo con siete adolescentes custodiados, dieron el aviso, corrió en redes sociales y al aterrizar, apenas unas horas después, ya había más de doscientas personas protestando con pancartas en el aeropuerto.

Una pareja de California abrió una cuenta de financiamiento colectivo para pagar la fianza de alguna inmigrante sometida a juicio. Querían recolectar 15 mil dólares; para sorpresa de todos llevan 15 millones de dólares de pequeñas contribuciones individuales. Han entrado en contacto con los despachos de abogados que ofrecen servicios legales gratuitos, entre otros a todos aquellos empleados que cometan actos de desobediencia civil. Miles de voluntarios están buscando alguna forma de apoyar a las familias.

Buena parte de los niños y niñas han sido rápidamente dispersados en centros de detención de empresas privadas, un jugoso negocio, en todo el país. Todo en el mayor secreto, solo develado por los pitazos anónimos. Por eso el diario Washington Post convocó a la población a revelar si en sus localidades hay esos centros. Se han detectado en 13 estados, incluidos algunos fronterizos con Canadá.

Una denuncia anónima permitió filmar la llegada a medianoche de un grupo de niñitas a un albergue en Nueva York. Al día siguiente el alcalde de la ciudad dio una conferencia de prensa indicando que ahí se encontraban 230 niñas y que era indignante que no le hubiera informado a la población y a su gobierno.

Las empresas privadas que manejan los centros de detención han sido señaladas por un historial de maltrato. Ahora ya hay denuncias que para controlar a los niños se les inyecta y se les obliga a tomar pastillas, en algunos casos diciendo que son vitaminas. En realidad, se trata de calmantes y antipsicóticos para tenerlos adormecidos. El daño que se está haciendo dejará lastres en el resto de sus vidas. Pero podrían ocurrir incluso muertes.

El decreto de Trump que acaba con la separación de las familias no contempla la reunificación de los más de 2,300 niños secuestrados con sus madres y padres. La medida para separarlos fue repentina y tomó al personal migratorio por sorpresa. No había protocolos para tratar los casos, ni personal capacitado, ni sitio donde acomodarlos. Por eso recurrieron a centros comerciales de Walt Mart fuera de uso.

Se sabe que la administración federal pidió al ejército norteamericano preparar alojamiento para 20 mil niños de julio a diciembre. También le solicitó abogados militares de emergencia. Ahora se sospecha que las familias podrán estar unidas en campos de concentración más adecuados.

Pero lo más absurdo, impensable, es que no se sabe cómo, ni cuándo, podrán reunirse las familias ya separadas. Nunca hubo un plan para ello, y aún no existe. No existe un seguimiento unificado de ambos lados. Muchos temen que haya niñas y niños que nunca vuelvan a ver a sus madres y padres. La ineptitud mostrada al separarlos se queda corta ante la que se muestra para resolver el desastre creado.

Melania Trump, la actual primera dama es caso aparte. Lamentó lo ocurrido, pero siguió el discurso oficial: que lo arregle el congreso. Visitó un albergue en la frontera sur, pero no de niños separados de sus padres. Hizo un ritual de circunstancias y dejó estupefactos a los norteamericanos exhibiendo en la parte posterior de su rompevientos un gran letrero que dice: “En realidad no me importa. ¿A ti sí?” Con esta familia no se sabe si es perversión o falta de juicio, por no decir la palabra que se me viene a la mente.

Quienes llegan implorando asilo son familias provenientes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, con una minoría de connacionales, que huyen de la criminalidad, violaciones, extorsiones y asesinatos en sus países de origen (algo sabemos de eso en México). Y en su desesperación no dudan en dejar lo poco que tienen para emprender una travesía cargada de riesgos terribles. La solución de fondo a la emigración tendrá que pensar en recomponer la situación en sus lugares de origen.

En cuanto a los 2,300 niños separados, si cabe alguna esperanza de reunirlos con sus madres y padres, está proviene de una sociedad, la norteamericana, que se moviliza vigilando, denunciando, protestando, donando dinero y con trabajo voluntario. Lo que ha hecho Trump es sembrar focos de protesta social por todo el territorio norteamericano y facilitarles a los demócratas obtener el control de la cámara de representantes. Entonces Trump lamentará las consecuencias de su perversidad.