Jorge Faljo
Cada quien define lo que es importante desde su propia perspectiva, sus intereses personales o los del grupo con el que se identifica. En estos días el país vive una lucha por definir lo importante; y habrá de durar bastante.
Me lanzo a proponer como algo importante a la Cruzada Nacional contra el Hambre que, supuestamente, instrumentó la administración saliente.
Fue parte de los compromisos establecidos en el Pacto por México con el que el gobierno de Peña Nieto consiguió el aval de todos los partidos para empezar bajo la ficción de un amplio consenso social. Todos de acuerdo en lo importante, incluyendo algunas demandas progresistas a cambio de lo que más tarde se revelaría como aval a las transformaciones estructurales. Las que realmente interesaban al nuevo régimen.
La principal oferta a la izquierda partidaria fue el compromiso de combatir la pobreza, evitando el asistencialismo y garantizando en primer lugar el derecho a la alimentación. Un año antes se había incluido en la Constitución que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; “el Estado lo garantizará”.
El Pacto estableció el compromiso de aterrizar el mandato constitucional en forma de programas específicos. Que los programas no fueran asistenciales era una definición substancial. No se trataría de un mero reparto de alimentos para una población pasiva; sino de construir capacidades permanentes.
Por eso los objetivos de la Cruzada incluían aumentar la producción de alimentos y los ingresos de los campesinos y pequeños productores; minimizar pérdidas pos-cosecha en el almacenamiento, transporte, distribución y comercialización; promover el empleo y el desarrollo económico en las zonas de mayor carencia alimentaria. y el empleo de las zonas de mayor concentración de carencias alimentarias. Y algo esencial, la participación comunitaria.
Ese compromiso, un México sin hambre, se reafirmó en el Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña. Con sentidas palabras se describió la mala situación existente. Además prometió que al final de su administración el país tendría seguridad alimentaria definida como la producción interna de al menos el 75 por ciento de los seis principales granos básicos.
Se sabía que cumplir requeriría una nueva estrategia de desarrollo agropecuario que incluyera desde estructuras de acopio y almacenamiento, apoyos a la adquisición de insumos, garantizar la rentabilidad de la producción, todo con una estrategia que si fuera adecuada para los campesinos, indígenas y pequeños propietarios en general.
Ya el lector imagina lo ocurrido, un fracaso total. No el derivado de un verdadero esfuerzo fallido; sino el del cinismo y la ineptitud.
Elementos esenciales como la participación comunitaria y la consulta a expertos nunca se instrumentaron. Según el reporte que sobre la Cruzada contra el Hambre acaba de publicar la Auditoría Superior de la Federación el Consejo de Expertos sesionó tres veces en 2014, y nada más. Entre 2013 y 2015 se declararon instalados comités comunitarios en 1,012 municipios. Una mera formalidad porque nunca se concertó con ellos la identificación de necesidades y el diseño de estrategias locales. Para 2016 ya no estaban en operación.
Si algo marcó a este gobierno fue el abandono generalizado de toda forma de participación social efectiva; aunque la farsa se llevó hasta el registro meramente formal de cientos de miles de comités de contraloría social.
En cambio doña Rosario Robles integró a la cruzada a los grandes monopolios de la alimentación como Pepsico, Nestle, Waltmart, Maseca, Bachoco, Tyson, Alpura y similares. Tal vez a Peña no le dio tiempo de explicarle bien de que se trataba.
La Auditoría Superior tiende a distinguir dos tipos de problema, sin negar que la mayoría de las veces van pegados. Uno es la franca corrupción y otro la ineficacia. Sabemos por auditorías anteriores que los programas de SEDESOL y SEDATU son los más manchados por la llamada estafa maestra. Pero hagamos eso a un lado de momento.
¿Cuáles fueron las características administrativas de la Cruzada?
Se planteó como un mero esquema de coordinación de programas ya existentes que en la práctica siguieron en su funcionamiento de costumbre, sin destinar presupuestos y estrategias específicas al objetivo de erradicar el hambre. La cruzada fue como adornar con un moñito de color a lo que ya existía. Hubo algo de presupuesto añadido que se fue básicamente a pagar propaganda.
La Auditoría Superior señala la ausencia de coordinación entre programas y entidades participantes. Esto ha sido típico del sector público mexicano. Cada alto funcionario es virrey de su propio espacio y no acceden a coordinarse con los demás excepto para pintar su raya: tú no te metas en mi espacio y yo no me meto en el tuyo. Esa es la clave de la coordinación institucional.
La Auditoría Superior es contundente y propone que la Cruzada se corrija, modifique o suspenda. No solo fue un fracaso, fue una vacilada.
Combatir el hambre es importante; también la salud, la seguridad, la educación, la cohesión interna frente a los riesgos del exterior. Las pasadas elecciones señalaron la voluntad mayoritaria de repensar al país y sus prioridades.
Frente a eso surgen las voces que sostienen que lo importante es un aeropuerto. Que eso es lo que define el tipo de país que queremos ser; que construirlo aquí, o allá, o no construirlo, como ocurrió después de la consulta a toletazos y violaciones del 2002, es lo más importante del momento. Ridículo.
El aeropuerto es un escalón de abajo en la escala de lo importante.
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