Caravanas

Jorge Faljo

Más de nueve mil mujeres, hombres y, entre ellos unos 2,300 niños, caminan bajo un sol abrasador, con los pies llagados, sedientos, hambrientos y dependientes de la ayuda que de buena voluntad les presta la población y las organizaciones sociales.

Hay dos versiones. La de Trump que afirma, más bien supone sin pruebas, que se trata de una horda peligrosa dentro de la que se ocultan terroristas del medio oriente y todo tipo de malandrines. La otra es la que surge del trabajo periodístico en contacto directo con este grupo y que refleja la desesperación con la que huyen de la violencia, la extorsión de grupos criminales, la imposibilidad de trabajar y sobrevivir en sus países de origen. Sobre todo, Honduras, en este caso.

Lo novedoso, lo impactante, es que lo que antes era goteo continuo de pequeños grupos que se ocultaban y buscaban no hacer ruido se ha convertido en estruendoso relámpago. Tal vez no lo saben, pero ya han obtenido una importante victoria. Se han hecho visibles.

Hasta ahora podíamos, más o menos, ignorarlos y dejarlos a su suerte. A la buena suerte de que a lo largo de su marcha se les arrojaran botellas de agua y tortas al pasar trepados sobre trenes, o de encontrar algún refugio temporal a lo largo del camino y de recibir algunas monedas a su paso por nuestras ciudades. O a la mala suerte de ser secuestrados por pandillas criminales, en ocasiones coludidas con autoridades, para extorsionar a sus familiares, para esclavizarlos, prostituirlos, terminar asesinados o a no sobrevivir el paso por el desierto.

Ya no se les puede ignorar. Hemos entrado a otra fase del problema; ahora son visibles y habrá que decidir, México, Estados Unidos y el mundo que hacer al respecto.

No me refiero a los miles que integran esta caravana, y las que seguirán, porque no son en realidad una gran carga. Son muy pocos, sobre todo comparados con los muchos millones de mexicanos que también se han visto obligados a desarraigarse para sobrevivir. También comparados con los miles que ya recorrieron el mismo camino a escondidas y apoyados por la población mexicana. Ahora que son foco de atención cabe esperar que se encuentre una manera más institucional, con ayuda internacional, para atenderlos.

Encontrar soluciones de fondo será más difícil. Se requiere un nuevo diagnóstico del origen del problema; tomar la caravana como la señal de un modelo económico, político y militar fracasado.

Las raíces de esta caravana se remontan al 2009. En ese año el presidente de Honduras, Manuel Zelaya sufrió un golpe de estado y fue expulsado del país por las fuerzas militares que obedecieron una orden de la Corte Suprema controlada por la oligarquía local. La condena internacional fue unánime y la Organización de Estados Americanos –OEA-, exigió su regreso. Hillary Clinton, entonces secretaría de Estado norteamericana se negó a apoyar esa declaración. El líder del golpe fue un general graduado de los programas de formación militar norteamericanos.

Zelaya llegó a la presidencia en 2006 y lo primero que hizo fue aprobar una ley de participación ciudadana que permitía realizar consultas populares sobre asuntos nacionales. Incrementó de manera notable el salario mínimo de su país, 11 por ciento en 2007 y al final de 2008 en otro 40 por ciento. La mejoría para la población fue notoria debido a nuevos programas sociales e inversiones en salud y educación. Con Zelaya hubo programas de desayunos escolares gratuitos, leche para niños pequeños, pensiones para adultos mayores, becas escolares, nuevas escuelas, subsidios al transporte y así por el estilo.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina en esos años Honduras fue la nación de mayor crecimiento económico en la región. Entre 2006 y 2008 el PIB de Honduras creció al 5.7 por ciento anual; después del golpe de estado el ritmo se redujo notablemente.

Pero las cifras no reflejan la magnitud del desastre. Miles de dirigentes indígenas, campesinos, sindicales, ambientalistas, jueces, políticos de oposición, activistas en derechos humanos fueron asesinados tras el golpe de estado.

La destrucción de las organizaciones de base se asoció a la retracción del estado y eso dejó el campo libre a las organizaciones criminales. Estas últimas se nutren de la deportación de pandilleros repatriados tras cumplir sus sentencias en los Estados Unidos. Regresan a su país entrenados en las luchas callejeras de ciudades como Los Ángeles y Chicago y organizados en sus cárceles.

Trump amenaza con suspender lo que llama generosa ayuda a los países centroamericanos si no logran detener la emigración. En 2017 la ayuda a Honduras fue de 149.5 millones de dólares, en buena medida militar y para el funcionamiento del gobierno. Recordemos que Estados Unidos había apoyado con más de 7 mil millones de dólares la guerra contra la guerrilla salvadoreña a lo largo de diez años.

Honduras tiene ahora un presidente, graduado del liceo militar como subteniente de infantería, abogado y empresario. Se reeligió en un proceso en que supuestamente ganó por 50 mil votos y que la OEA calificó como plagado de irregularidades y errores por lo que recomendó hacer nuevas elecciones. Las evidencias de fraude generaron fuertes protestas duramente reprimidas con muertes que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos definió como ejecuciones extrajudiciales.

Hay que voltear la mirada al problema de fondo en Honduras: la ausencia de democracia, la represión de las organizaciones de base, el control oligárquico de la riqueza. Sin resolver esto no cabe esperar sino un éxodo continuo de aquellos que prefieren afrontar un terrible camino, muchas veces mortal, y un destino incierto.