Jorge Faljo
Atacados por la naturaleza en su revancha resulta claro, ante la pandemia que vivimos, que descuidamos un aspecto fundamental de la seguridad de nuestras sociedades y de cada uno de sus miembros. Mientras en el mundo se gastaron enormes cantidades en armamento, para protegernos los unos de los otros, se descuidó la salud y el bienestar de la población.
Impresiona saber que un avión de última tecnología, de los que escapan a la detección de los radares, cuesta unos dos mil 100 millones de dólares, y volarlo cuesta 140 mil dólares la hora. Los nuevos bombarderos B-21, capaces de llevar bombas atómicas, que empezará a recibir la fuerza aérea norteamericana en el segundo semestre de este año, son más baratos. Ese pedido de 100 nuevos B-21 costó 97 mil millones de dólares; algo menos de mil millones cada uno. Meros ejemplos del absurdo en que vivimos y que tal vez ahora podamos cambiar.
Tendremos que rectificar prioridades y no será fácil, en el mundo y en México.
Aquí el Covid 19 nos agarra con las defensas bajas; los mexicanos nos hemos alimentado con comida chatarra durante décadas y ahora somos de los más obesos del mundo y con los más altos índices de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Habrá que atender tanto a la prevención como a los remedios.
La pandemia pone en evidencia todas las debilidades. Una muy grave es el sistema de salud pública, en particular en su parte hospitalaria. Este ya era de por si insufrible. Esperas interminables para ser atendidos en urgencias, semanas para pruebas de laboratorio, meses para programar una cirugía. No basta el personal con buena disposición cuando hay baños cerrados, elevadores inservibles y las evidencias de la falta de mantenimiento en todas partes.
Heredamos décadas en que buena parte del gasto en salud se daba en seguros médicos para las elites burocráticas mientras que para los demás había un sistema chatarrizado, incapaz de atención oportuna y de calidad.
Saldremos muy golpeados por este virus en nuestra salud física y mental, y en el empleo, los ingresos y el bienestar. Con un gobierno empequeñecido por décadas de cederle el paso al mercado, al sector privado, a la inversión externa y que verá aún más debilitados sus ingresos.
Aun así, los mexicanos exigiremos mejor acceso a la salud. Atención oportuna, una mejor interrelación médico – paciente, mejores hospitales y equipos. Superar la inequidad extrema para garantizar a todos el derecho a la salud no será un asunto fácil. Pero es prioridad ahora de ciudadanos y gobierno.
Es posible si abandonamos ortodoxias, las del neoliberalismo y también las de un estatismo engañoso que no funciona en la práctica. Para reconstruir el sistema de salud se requerirá una alianza público privada en la que el gobierno sea el garante de una buena atención en salud para todos los mexicanos.
Primero que nada hay que saber que el sistema hospitalario público, en concreto el IMSS y el ISSSTE ha sido privatizado de manera invisible, insidiosa. Digamos que el hospital, el edificio y sus ladrillos son públicos, pero los servicios que le permiten funcionar no lo son.
Hacer funcionar una sala de cirugía es sumamente complejo, requiere equipos diversos, con múltiples insumos que deben estar disponibles a tiempo y personal técnico especializado que sepa manejar equipos especializados.
El personal médico está constituido por servidores públicos, su entorno se contrata con el sector privado. Se adquieren los servicios para hacer cirugías mayores, como las de cardiología, y también las de mínima invasión, ortopédicas, el servicio de anestesia, el monitoreo de los pacientes, la endoscopía. También se contratan los servicios de laboratorio, banco de sangre, imagenología, hemodiálisis.
Se contratan compañías que inviertan en el equipamiento sustantivo y los equipos periféricos, que provean los insumos, el mantenimiento de estas infraestructuras y los técnicos de apoyo que los hacen funcionar que asesoran al personal médico en el manejo de los equipos.
Todos estos servicios se contratan centralmente para el aprovisionamiento de los múltiples hospitales del IMSS e ISSSTE. El motivo básico es que la sincronización de elementos que se requiere en cualquiera de los servicios mencionados es imposible cuando se contratan por separado.
Licitar múltiples equipos, infinidad de insumos y adquirir apoyos técnicos para que actúen de manera simultánea, coordinada, oportuna, es imposible para nuestra burocracia. Así que lo que se hace es licitar servicios integrales en contratos multianuales que usualmente son por entre tres y cinco años. Esto le facilita enormemente la vida al burócrata sanitario porque simplifica en uno solo lo que de otra manera sería una pesadilla de procesos de adquisición. Es lo más racional porque asegura la sincronía de elementos.
Los servicios integrales que proporcionan empresas privadas dentro de los hospitales públicos le resuelven el problema operativo al contratante, IMSS, ISSSTE y al personal clínico que no podría hacer una cirugía si no hay ese entorno en la que maquinas e insumos operan como una orquesta bien afinada.
Pero el costo de sincronía y de la simplificación de las adquisiciones es muy alto. La compra del servicio integral acaba siendo varias veces más cara que la suma de cada una de sus partes. Una de las varias razones es que la empresa privada amortiza en solo tres o cinco años el costo de equipos que en un hospital privado pueden operar por el doble de tiempo. Y porque brinda un servicio especializado que requiere conocimiento experto de su logística.
Si nos damos cuenta que el sistema de hospitales públicos se ha privatizado en su interior podemos plantear una alternativa que abarataría y mejoraría la atención a los pacientes.
Se trata simplemente de contratar servicios integrales fuera de los hospitales públicos, es decir en los hospitales privados. Es decir que se podría contratar con hospitales privados que atiendan cirugías, partos, hemodiálisis con todos los aparatos insumos y apoyo técnico requeridos y pagarles por caso atendido.
¿Sería más caro? Pues no porque esos servicios ya están privatizados de manera ineficiente y cara dentro de los hospitales públicos. Sería relativamente fácil calcular cuánto cuesta una cirugía, digamos un parto, en el sistema público y ofrecerle al hospital privado pagarle lo mismo, incluso menos, por caso atendido. Lo que haría el sistema público sería diagnosticar y referir al paciente al hospital privado.
Esto es algo que ya se está haciendo como medida de emergencia ante la pandemia. Es un buen experimento y los primeros datos indican que sería más barato y eficiente que la atención en el hospital público.
Generalizar este esquema llevaría a una fuerte inversión privada para brindar estos servicios. Algo para lo que el gobierno no cuenta con los recursos suficientes; aparte de que no valdría la pena expandir el actual esquema.
Frente a la privatización que ya existe de la atención en hospitales públicos habría que plantear una especie de socialización de la atención privada.
domingo, 10 de mayo de 2020
domingo, 3 de mayo de 2020
Deber o no deber; este es el punto
Jorge Faljo
Hay una fuerte discusión en torno al endeudamiento público. Usualmente el sector financiero, le exige no endeudarse al gobierno porque su gasto sería supuestamente inflacionario, lo que depende de la capacidad de respuesta de la producción. En el mediano y largo plazo les preocupa que el endeudamiento lleve a subir impuestos.
Solo que en condiciones de crisis los privados exigen lo contrario, que el gobierno sea el salvador de las empresas en dificultades mediante créditos, apoyos monetarios y dejar de cobrar impuestos y servicios.
Antes de reflexionar sobre este asunto hay que señalar que el crédito es fundamental para el funcionamiento de toda economía. Sin el casi nadie podría comprarse una casa o un automóvil; es un mecanismo que permite hacer un gasto fuerte en el presente a cambio de pagarlo, más un costo extra, con ingresos del futuro. No es muy distinta la situación cuando el gobierno emprende una gran obra.
Esta sencilla racionalidad anterior no explica de manera suficiente el alto nivel de endeudamiento público y privado existente en el mundo. La deuda ha sido un mecanismo substitutivo del pago de impuestos y del incremento de ingresos de la población. Con el neoliberalismo se redujo el pago de impuestos con el pretexto de que el enriquecimiento de la elite y los grandes corporativos de alguna manera se filtraría hacia abajo. No resultó. Al mismo tiempo los gobiernos tenían que seguir ejerciendo funciones críticas para la economía y la sociedad.
También se endeudó a las clases medias y trabajadoras en lugar de aumentarles sus ingresos; ocurrió porque se redujeron los salarios reales.
Dado que las empresas multiplicaron sus ganancias y necesitan vender, la lógica neoliberal fue que emplearan sus ganancias para prestar y generar la demanda que no creaban pagando impuestos y salarios. Así prosperaron propiciando inequidades extremas y endeudamiento crónico.
En el caso de México, como en muchos otros países, otra fuente substancial de endeudamiento, que podríamos llamar agudo, han sido los rescates recurrentes de empresas y bancos en dificultades. Un caso emblemático fue el rescate que hizo el Fobaproa a resultas de la crisis iniciada al fin de 1994. Muchos deudores no podían pagar y eso puso en riesgo al sistema bancario.
Solo que el rescate no se diseñó quirúrgicamente para salvar a los deudores menores. Según el Banco Mundial los primeros que debieron afrontar el costo eran los dueños de los bancos con sus capitales. No fue así, se les rescató comprándoles deudas incobrables, inversiones absurdas y créditos francamente corruptos otorgados entre ellos y sus familias, sin avales o colaterales adecuados. Basura financiera comprada en 500 mil millones de pesos que se han convertido en dos billones de deuda impagable. La burra no era arisca, los palos la hicieron.
Nuestro historial de corrupción no descalifica todo endeudamiento. No es cuestión de cantidad sino sobre todo de calidad. México tiene una deuda pública equivalente al 45 por ciento de la producción nacional de un año (PIB). Las deudas públicas de Bélgica, España, Estados Unidos o Francia lindan el 100 por ciento de su PIB; la de Italia es de 134 y la del gobierno de Japón, el más endeudado del planeta, llega al 240 por ciento de su producto anual.
Debido a la pandemia la mayoría de los gobiernos se están endeudando mucho más. Si esto es positivo o no depende de tres factores: el para qué del endeudamiento, la manera en que se endeudan y la forma en que habrán de pagar más adelante.
Los gobiernos se están endeudando para inyectar dinero en sus economías; puede ser incluyendo rescates alevosos o en formas más positivas: transferir ingresos a trabajadores y a micro, pequeñas y medianas empresas en riesgo; compras de producción a este sector; reparto de despensas, y otras formas de apoyo a los más vulnerados. El motivo del endeudamiento puede ser positivo, incluso indispensable.
La manera de endeudarse es vital. En la mayoría de los casos el endeudamiento de un gobierno es apoyado por la emisión de dinero que hace su banco central para comprar bonos de deuda ya colocados en el mercado. Con esa compra les da liquidez a los inversionistas, crea abundancia de recursos financieros, baja la tasa de interés y facilita el endeudamiento gubernamental a baja tasa de interés.
El mejor ejemplo es el alto endeudamiento del gobierno de Japón, 240 por ciento de su PIB. Es posible porque el 70 por ciento de esa deuda ha sido comprada por su banco central y la mayor parte del resto por bancos y fondos japoneses. Y esa deuda paga un interés cercano al cero por ciento. En esas condiciones es viable.
Queda el tercer punto relevante; ¿cómo se va a pagar después? En la segunda guerra mundial los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido se endeudaron fuertemente y posteriormente lograron desendeudarse. No lo hicieron simplemente pagando, no habrían podido. Establecieron tasas de interés por debajo de la inflación, altos impuestos a los grandes ingresos, controles de capital y un crecimiento económico que, en conjunto redujeron gradualmente el peso relativo y absoluto de su deuda.
No es absurdo plantear la posibilidad de pagar tasas de interés negativas o por debajo de la inflación; lo hacen muchos gobiernos: Alemania, Brasil, Chile, Japón, Suiza.
En México podríamos darle buen uso al endeudamiento, evitando los sesgos y corrupciones del pasado. Pero Banxico opera con un marco normativo diseñado en 1994, en plena ortodoxia, con un mandato único que no incluye apoyar el crecimiento económico o el empleo, y con una estructura de gobierno sin representación de la industria y el comercio. Una autonomía sui generis y ortodoxa a pesar de que los sectores productivos y ahora incluso la calificadora Moody´s piden que tenga un mandato dual que en caso de crisis priorice preservar el aparato productivo. Tal cambio permitiría lo urgente; que Banxico compre emisiones de deuda pública a tasas y plazos convenientes.
Queda el punto final; como pagar. No se ha pagado la deuda del Fobaproa y otros rescates porque Banxico no implementa una política monetaria para pagarla. Hay que bajar las tasas de interés por lo menos al nivel de la inflación y plantear lo inevitable, que en el futuro este gobierno estará obligado a tener una recaudación fiscal de cantidad y calidad internacional.
Todo esto no es posible si el interés casi único defender una paridad cada día menos defendible mediante el pago de un sobreprecio en la tasa de interés. El trago es ya bastante amargo y no valdrá la pena si no lo aprovechamos para instalarnos en la verdadera estabilidad de una paridad cambiaria competitiva.
Solo así, abandonando la ortodoxia, que hasta ahora solo beneficia a los grandes capitales, podremos salir fortalecidos y con un país soberano, dinámico e incluyente.
Hay una fuerte discusión en torno al endeudamiento público. Usualmente el sector financiero, le exige no endeudarse al gobierno porque su gasto sería supuestamente inflacionario, lo que depende de la capacidad de respuesta de la producción. En el mediano y largo plazo les preocupa que el endeudamiento lleve a subir impuestos.
Solo que en condiciones de crisis los privados exigen lo contrario, que el gobierno sea el salvador de las empresas en dificultades mediante créditos, apoyos monetarios y dejar de cobrar impuestos y servicios.
Antes de reflexionar sobre este asunto hay que señalar que el crédito es fundamental para el funcionamiento de toda economía. Sin el casi nadie podría comprarse una casa o un automóvil; es un mecanismo que permite hacer un gasto fuerte en el presente a cambio de pagarlo, más un costo extra, con ingresos del futuro. No es muy distinta la situación cuando el gobierno emprende una gran obra.
Esta sencilla racionalidad anterior no explica de manera suficiente el alto nivel de endeudamiento público y privado existente en el mundo. La deuda ha sido un mecanismo substitutivo del pago de impuestos y del incremento de ingresos de la población. Con el neoliberalismo se redujo el pago de impuestos con el pretexto de que el enriquecimiento de la elite y los grandes corporativos de alguna manera se filtraría hacia abajo. No resultó. Al mismo tiempo los gobiernos tenían que seguir ejerciendo funciones críticas para la economía y la sociedad.
También se endeudó a las clases medias y trabajadoras en lugar de aumentarles sus ingresos; ocurrió porque se redujeron los salarios reales.
Dado que las empresas multiplicaron sus ganancias y necesitan vender, la lógica neoliberal fue que emplearan sus ganancias para prestar y generar la demanda que no creaban pagando impuestos y salarios. Así prosperaron propiciando inequidades extremas y endeudamiento crónico.
En el caso de México, como en muchos otros países, otra fuente substancial de endeudamiento, que podríamos llamar agudo, han sido los rescates recurrentes de empresas y bancos en dificultades. Un caso emblemático fue el rescate que hizo el Fobaproa a resultas de la crisis iniciada al fin de 1994. Muchos deudores no podían pagar y eso puso en riesgo al sistema bancario.
Solo que el rescate no se diseñó quirúrgicamente para salvar a los deudores menores. Según el Banco Mundial los primeros que debieron afrontar el costo eran los dueños de los bancos con sus capitales. No fue así, se les rescató comprándoles deudas incobrables, inversiones absurdas y créditos francamente corruptos otorgados entre ellos y sus familias, sin avales o colaterales adecuados. Basura financiera comprada en 500 mil millones de pesos que se han convertido en dos billones de deuda impagable. La burra no era arisca, los palos la hicieron.
Nuestro historial de corrupción no descalifica todo endeudamiento. No es cuestión de cantidad sino sobre todo de calidad. México tiene una deuda pública equivalente al 45 por ciento de la producción nacional de un año (PIB). Las deudas públicas de Bélgica, España, Estados Unidos o Francia lindan el 100 por ciento de su PIB; la de Italia es de 134 y la del gobierno de Japón, el más endeudado del planeta, llega al 240 por ciento de su producto anual.
Debido a la pandemia la mayoría de los gobiernos se están endeudando mucho más. Si esto es positivo o no depende de tres factores: el para qué del endeudamiento, la manera en que se endeudan y la forma en que habrán de pagar más adelante.
Los gobiernos se están endeudando para inyectar dinero en sus economías; puede ser incluyendo rescates alevosos o en formas más positivas: transferir ingresos a trabajadores y a micro, pequeñas y medianas empresas en riesgo; compras de producción a este sector; reparto de despensas, y otras formas de apoyo a los más vulnerados. El motivo del endeudamiento puede ser positivo, incluso indispensable.
La manera de endeudarse es vital. En la mayoría de los casos el endeudamiento de un gobierno es apoyado por la emisión de dinero que hace su banco central para comprar bonos de deuda ya colocados en el mercado. Con esa compra les da liquidez a los inversionistas, crea abundancia de recursos financieros, baja la tasa de interés y facilita el endeudamiento gubernamental a baja tasa de interés.
El mejor ejemplo es el alto endeudamiento del gobierno de Japón, 240 por ciento de su PIB. Es posible porque el 70 por ciento de esa deuda ha sido comprada por su banco central y la mayor parte del resto por bancos y fondos japoneses. Y esa deuda paga un interés cercano al cero por ciento. En esas condiciones es viable.
Queda el tercer punto relevante; ¿cómo se va a pagar después? En la segunda guerra mundial los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido se endeudaron fuertemente y posteriormente lograron desendeudarse. No lo hicieron simplemente pagando, no habrían podido. Establecieron tasas de interés por debajo de la inflación, altos impuestos a los grandes ingresos, controles de capital y un crecimiento económico que, en conjunto redujeron gradualmente el peso relativo y absoluto de su deuda.
No es absurdo plantear la posibilidad de pagar tasas de interés negativas o por debajo de la inflación; lo hacen muchos gobiernos: Alemania, Brasil, Chile, Japón, Suiza.
En México podríamos darle buen uso al endeudamiento, evitando los sesgos y corrupciones del pasado. Pero Banxico opera con un marco normativo diseñado en 1994, en plena ortodoxia, con un mandato único que no incluye apoyar el crecimiento económico o el empleo, y con una estructura de gobierno sin representación de la industria y el comercio. Una autonomía sui generis y ortodoxa a pesar de que los sectores productivos y ahora incluso la calificadora Moody´s piden que tenga un mandato dual que en caso de crisis priorice preservar el aparato productivo. Tal cambio permitiría lo urgente; que Banxico compre emisiones de deuda pública a tasas y plazos convenientes.
Queda el punto final; como pagar. No se ha pagado la deuda del Fobaproa y otros rescates porque Banxico no implementa una política monetaria para pagarla. Hay que bajar las tasas de interés por lo menos al nivel de la inflación y plantear lo inevitable, que en el futuro este gobierno estará obligado a tener una recaudación fiscal de cantidad y calidad internacional.
Todo esto no es posible si el interés casi único defender una paridad cada día menos defendible mediante el pago de un sobreprecio en la tasa de interés. El trago es ya bastante amargo y no valdrá la pena si no lo aprovechamos para instalarnos en la verdadera estabilidad de una paridad cambiaria competitiva.
Solo así, abandonando la ortodoxia, que hasta ahora solo beneficia a los grandes capitales, podremos salir fortalecidos y con un país soberano, dinámico e incluyente.
domingo, 26 de abril de 2020
Protege la informalidad, salva al país
Jorge Faljo
Cuando haya pasado esta crisis vamos a seguir usando zapatos. También ropa, utensilios de cocina, muebles, materiales de construcción; y compraremos verduras, frutas, miel, azúcar, quesos.
Seremos más austeros, un mucho por la fuerza y otro poco porque habremos aprendido a prescindir de algunas cosas. Pero hay otras que seguiremos usando y aquí la gran pregunta es ¿de dónde vendrán? ¿Quiénes las van a producir?
De Guanajuato llega la señal de alarma de que unas 500 de un total de 700 empresas formales productoras de calzado no podrán resistir otro mes la actual disminución de sus ventas. Se trata, señala Alejandro Gómez Tamez, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del estado, pequeñas, medianas y microempresas, PyMes, cuyas ventas cayeron en un 90 por ciento, que no están trabajando y que no cuentan con liquidez. Por ello se ven forzadas a despedir personal.
Unas 83 mil personas están registradas en el IMSS y, si se considera a la informalidad, habría que sumar a por lo menos 90 mil personas ocupadas en este sector. Es decir que los empleos de los que depende el ingreso y el bienestar de más de 170 mil familias se encuentran en el filo de la navaja.
La situación de la industria del calzado representa muy bien al conjunto de la economía nacional. Somos un país de empresas pequeñas y micro que en su enorme mayoría cuentan con menos de cinco trabajadores, pero generan más de la mitad de la producción nacional y más de las dos terceras partes del empleo.
Tenemos una pequeña, mediana y micro industria muy golpeada por décadas de competir en desventaja con las importaciones. El modelo económico macro propició la venta del patrimonio nacional, la desnacionalización de la industria, la banca, la minería y el comercio para favorecer importaciones subvaluadas. Algo así como vender la vaca para comprar leche.
Solo que en la austeridad forzada tendremos que aprender a consumir lo nuestro y reaprender a producir lo esencial. En ese sentido apunta la devaluación del peso y el encarecimiento de las importaciones; un camino que no hemos terminado de recorrer.
Hay que evitar que al salir de este encierro que preserva la vida nos encontremos con que ya no hay donde trabajar. Y que resulte que para usar zapatos habrá que traerlos del extranjero mientras que miles de connacionales que saben y pueden fabricarlos encuentran cerradas las puertas de sus unidades de producción.
Preservar esas fuentes de trabajo es hoy en día la mejor inversión. Lo mismo hay que decir de muchas otras actividades que se están paralizando pero que vamos a necesitar más que nunca dentro de pocos meses.
Urgen apoyos y rescates, no de transnacionales y grandes corporaciones sino del México real, el de la informalidad y las PyMes. Los mecanismos deben amoldarse a distintas circunstancias. Para las empresas formales habría que pensar en la reversión de flujos; seguramente tienen cuentas bancarias registradas en el SAT y el IMSS a las que pueden revertirse, como si fuera devolución de impuestos, recursos acordes a la nómina que tienen registrada o a sus declaraciones de impuestos.
Algo que deberá corregirse más adelante es el castigo al empleo que implican los impuestos a la nómina y las cuotas de seguridad social. Es absurdo que las mayores generadoras de empleo paguen más. Habría que repensar el tema fiscal para que las ganancias asociadas a una escasa o nula generación de empleo sean las que paguen mayores impuestos. El empleo debe ser premiado.
Pero este mecanismo solo es útil para las empresas formales. Habría que pensar en un proceso acelerado de registro de unidades informales incentivado con apoyos económicos y la promesa de que estarán exentas de impuestos y cuotas durante años.
La paradoja es que dentro de la informalidad y también en las PyMes sobran grandes cantidades de bienes que no encuentran canales de comercialización. Los zapateros no pueden vender su producción; tampoco los pescadores; los fabricantes de telas y ropa; los de alimentos preparados y dulces regionales, los de adobe y tabiques. La lista es infinita.
Es un problema que se ha agravado en esta crisis, pero no es novedoso. Cientos de miles de microempresas perdieron el mercado que tenían en su entorno directo y no pueden acceder a los grandes canales de comercialización. Así que cierran.
Los viejos productores convencionales se convirtieron en pobres necesitados de transferencias sociales. Y estas han funcionado para reconvertirlos en consumidores de productos transnacionales. Esto debe cambiar y en adelante la política social deberá reorientarse a reconstruir el entorno de mercado local y regional diversificado en el que puede consumirse su producción.
El principal apoyo que puede recibir la informalidad y las PyMes es colocar su producción y servicios. Hay que lanzar programas de compra de la producción informal y convertirlos en apoyos sociales a grupos vulnerables. En el medio rural hay cientos de miles de gentes, sobre todo mujeres necesitadas de mejor calzado. Y vestido, y materiales de construcción y de muchas otras cosas.
La mejor forma de convertir la producción informal en apoyos sociales es plantearlo en reversa. Hay apoyos monetarios a cerca de veinte millones de personas y hay que convertirlos en demanda para la producción informal y de PyMes.
Ya la ciudad de México nos da el ejemplo con mecanismos de reparto de vales que pueden usarse para compras en los comercios locales. Esto puede reproducirse a nivel nacional para canalizar la demanda a los sectores en riesgo.
Cuando haya pasado esta crisis vamos a seguir usando zapatos. También ropa, utensilios de cocina, muebles, materiales de construcción; y compraremos verduras, frutas, miel, azúcar, quesos.
Seremos más austeros, un mucho por la fuerza y otro poco porque habremos aprendido a prescindir de algunas cosas. Pero hay otras que seguiremos usando y aquí la gran pregunta es ¿de dónde vendrán? ¿Quiénes las van a producir?
De Guanajuato llega la señal de alarma de que unas 500 de un total de 700 empresas formales productoras de calzado no podrán resistir otro mes la actual disminución de sus ventas. Se trata, señala Alejandro Gómez Tamez, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del estado, pequeñas, medianas y microempresas, PyMes, cuyas ventas cayeron en un 90 por ciento, que no están trabajando y que no cuentan con liquidez. Por ello se ven forzadas a despedir personal.
Unas 83 mil personas están registradas en el IMSS y, si se considera a la informalidad, habría que sumar a por lo menos 90 mil personas ocupadas en este sector. Es decir que los empleos de los que depende el ingreso y el bienestar de más de 170 mil familias se encuentran en el filo de la navaja.
La situación de la industria del calzado representa muy bien al conjunto de la economía nacional. Somos un país de empresas pequeñas y micro que en su enorme mayoría cuentan con menos de cinco trabajadores, pero generan más de la mitad de la producción nacional y más de las dos terceras partes del empleo.
Tenemos una pequeña, mediana y micro industria muy golpeada por décadas de competir en desventaja con las importaciones. El modelo económico macro propició la venta del patrimonio nacional, la desnacionalización de la industria, la banca, la minería y el comercio para favorecer importaciones subvaluadas. Algo así como vender la vaca para comprar leche.
Solo que en la austeridad forzada tendremos que aprender a consumir lo nuestro y reaprender a producir lo esencial. En ese sentido apunta la devaluación del peso y el encarecimiento de las importaciones; un camino que no hemos terminado de recorrer.
Hay que evitar que al salir de este encierro que preserva la vida nos encontremos con que ya no hay donde trabajar. Y que resulte que para usar zapatos habrá que traerlos del extranjero mientras que miles de connacionales que saben y pueden fabricarlos encuentran cerradas las puertas de sus unidades de producción.
Preservar esas fuentes de trabajo es hoy en día la mejor inversión. Lo mismo hay que decir de muchas otras actividades que se están paralizando pero que vamos a necesitar más que nunca dentro de pocos meses.
Urgen apoyos y rescates, no de transnacionales y grandes corporaciones sino del México real, el de la informalidad y las PyMes. Los mecanismos deben amoldarse a distintas circunstancias. Para las empresas formales habría que pensar en la reversión de flujos; seguramente tienen cuentas bancarias registradas en el SAT y el IMSS a las que pueden revertirse, como si fuera devolución de impuestos, recursos acordes a la nómina que tienen registrada o a sus declaraciones de impuestos.
Algo que deberá corregirse más adelante es el castigo al empleo que implican los impuestos a la nómina y las cuotas de seguridad social. Es absurdo que las mayores generadoras de empleo paguen más. Habría que repensar el tema fiscal para que las ganancias asociadas a una escasa o nula generación de empleo sean las que paguen mayores impuestos. El empleo debe ser premiado.
Pero este mecanismo solo es útil para las empresas formales. Habría que pensar en un proceso acelerado de registro de unidades informales incentivado con apoyos económicos y la promesa de que estarán exentas de impuestos y cuotas durante años.
La paradoja es que dentro de la informalidad y también en las PyMes sobran grandes cantidades de bienes que no encuentran canales de comercialización. Los zapateros no pueden vender su producción; tampoco los pescadores; los fabricantes de telas y ropa; los de alimentos preparados y dulces regionales, los de adobe y tabiques. La lista es infinita.
Es un problema que se ha agravado en esta crisis, pero no es novedoso. Cientos de miles de microempresas perdieron el mercado que tenían en su entorno directo y no pueden acceder a los grandes canales de comercialización. Así que cierran.
Los viejos productores convencionales se convirtieron en pobres necesitados de transferencias sociales. Y estas han funcionado para reconvertirlos en consumidores de productos transnacionales. Esto debe cambiar y en adelante la política social deberá reorientarse a reconstruir el entorno de mercado local y regional diversificado en el que puede consumirse su producción.
El principal apoyo que puede recibir la informalidad y las PyMes es colocar su producción y servicios. Hay que lanzar programas de compra de la producción informal y convertirlos en apoyos sociales a grupos vulnerables. En el medio rural hay cientos de miles de gentes, sobre todo mujeres necesitadas de mejor calzado. Y vestido, y materiales de construcción y de muchas otras cosas.
La mejor forma de convertir la producción informal en apoyos sociales es plantearlo en reversa. Hay apoyos monetarios a cerca de veinte millones de personas y hay que convertirlos en demanda para la producción informal y de PyMes.
Ya la ciudad de México nos da el ejemplo con mecanismos de reparto de vales que pueden usarse para compras en los comercios locales. Esto puede reproducirse a nivel nacional para canalizar la demanda a los sectores en riesgo.
domingo, 19 de abril de 2020
¡Bien por Hidalgos y Obregones!
Jorge Faljo
Esta pandemia pone al descubierto las desigualdades sociales y las lleva a sus mayores extremos. No es lo mismo trabajar en casa y seguir cobrando las quincenas que perder el puesto de banqueta del que se vivía al día y que nunca permitió tener ahorros. No es igual encerrarse en una casa con azotea para asolearse que estar hacinados varios en un cuarto. No solo es cosa de comodidad sino hasta de salud mental y posibilidades de convivencia pacífica.
Enfrentar la enfermedad implica sacrificios muy desiguales y es muy claro que las medidas de aislamiento se ensañan con los más pobres y vulnerables. Para enfrentar esta situación se han tenido que instrumentar nuevas formas de apoyo a la población.
En Estados Unidos 22 millones de nuevos desempleados han solicitado seguro de desempleo. Además, el gobierno otorga un bono de mil 200 dólares a cada adulto y 500 dólares por menor de edad. La ciudad de Nueva York da otros 600 dólares a cada desempleado.
Ahora la crisis de salud ha obligado a repensar en formas de atención a los más vulnerables desde una perspectiva de derechos humanos y sociales. En España se plantea instaurar un ingreso básico universal para todo ciudadano; el Papa también lo señala como la mejor solución. En todo el planeta se expande la idea de que el derecho a la salud es un derecho humano y que los enfermos del Coronavirus deben recibir tratamiento gratuito. Lo mismo se aplica al consumo básico.
Transferir dinero a las cuentas de los ciudadanos funciona bien cuando prácticamente todos tienen cuentas bancarias y los mercados de víveres siguen funcionando adecuadamente. No en todos lados es así.
El Fondo Monetario Internacional acaba de recomendar la entrega de dinero en efectivo a los más pobres. Esto es mejor que los depósitos en cuentas bancarias cuando se trata de grupos amplios de población que no las tienen.
En mi artículo anterior reseñaba los varios casos en los que gobiernos estatales y municipales están repartiendo despensas a la población más vulnerable. Es la mejor medida para decenas de millones de mexicanos que no están inscritos en los padrones de beneficiarios de los programas de transferencias sociales. No eran parte de la población más pobre sino de lo que algunos llaman, paradójicamente, la clase media pobre, que era en gran parte auto empleada, vivía al día, y ahora han perdido sus fuentes de ingreso.
Aquí el mecanismo más adecuado es efectivamente el reparto de despensas que atienda directamente el más básico de los derechos, el del acceso a alimentos al mismo tiempo que se enfrenta el incremento de precios y las situaciones de escasez en regiones específicas.
Ahora el gobierno de la Ciudad de México y 14 de 16 alcaldías distribuirán cupones para que la gente compre frutas, verduras y productos de primera necesidad en los comercios locales de cada una de ellas. Los primeros en entrar en circulación son los Hidalgos y los Obregones de las delegaciones Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.
El Secretario de Desarrollo Económico dela CDMX, Fadlala Akabani explica que cada alcaldía desarrollara sus propias reglas de operación. Lo básico es que se trata de una forma de transferencia social que orienta la demanda en favor de los comercios locales. De esta manera se protege a un sector que es un importante empleador.
La delegación Álvaro Obregón, por ejemplo, entregará “Obregones” a 29 mil familias que podrán canjear en pequeños comercios que tienen un acuerdo con el gobierno local para aceptar los cupones y posteriormente ser reembolsados.
Lo más importante del mecanismo es que orienta la demanda en favor del pequeño comercio y la cadena de producción que lo respalda. Esto marca un contraste con las transferencias en tarjetas electrónicas que han reorientado la demanda familiar hacia las grandes cadenas comerciales y la gran producción industrial con mucha menor incidencia en el empleo.
Se trata de un importante experimento socioeconómico que bien puede marcar la pauta para distribuir las transferencias sociales de manera tal que no amarren la demanda a las grandes cadenas comerciales tipo Oxo, SevenEleven, Elektra y los grandes supermercados. En lugar de tarjetas electrónicas que solo se pueden canjear en esas cadenas de productos industriales.
Distribuir las transferencias sociales a los cerca de 20 millones de receptores en cupones canjeables en las tiendas Diconsa, y en los pequeños comercios independientes llevaría la demanda en favor de la pequeña producción urbana y rural. Sería muy favorable al empleo y al bienestar mayoritario.
Lo que se conseguirá será un doble efecto positivo. Primero el beneficio directo a los más vulnerables al permitirles adquirir lo indispensable para la supervivencia y, sobre todo, evitar crear una generación lisiada por el hambre.
El segundo efecto positivo se verá en el rescate de las capacidades productivas no globalizadas que el mercado ha discriminado en favor de la gran producción industrial globalizada. La operación de los mercados globalizados ha hecho a un lado formas convencionales de producción y distribución de alimentos, vestimenta, materiales de construcción y vivienda, muebles y enseres domésticos, así como medicinas.
Frente a la pandemia y su oleada de deterioro económico urge reconstruir islas de refugio para los más vulnerables. Eso serían las autosuficiencias nacionales, regionales y comunitarias y la manera de reconstituirlas es orientando la demanda social y familiar en su favor.
No podemos esperar que el ramalazo previsto en la producción, el empleo y el consumo sea resuelto desde la producción de los grandes conglomerados transnacionales y las transferencias de un gobierno pobre y asediado por el endeudamiento heredado. La solución es poner a trabajar a todos mediante una distribución de apoyos que amarre la demanda popular a la producción popular. Bien por este inicio en la Ciudad de México, ojalá el gobierno federal siga su ejemplo.
Esta pandemia pone al descubierto las desigualdades sociales y las lleva a sus mayores extremos. No es lo mismo trabajar en casa y seguir cobrando las quincenas que perder el puesto de banqueta del que se vivía al día y que nunca permitió tener ahorros. No es igual encerrarse en una casa con azotea para asolearse que estar hacinados varios en un cuarto. No solo es cosa de comodidad sino hasta de salud mental y posibilidades de convivencia pacífica.
Enfrentar la enfermedad implica sacrificios muy desiguales y es muy claro que las medidas de aislamiento se ensañan con los más pobres y vulnerables. Para enfrentar esta situación se han tenido que instrumentar nuevas formas de apoyo a la población.
En Estados Unidos 22 millones de nuevos desempleados han solicitado seguro de desempleo. Además, el gobierno otorga un bono de mil 200 dólares a cada adulto y 500 dólares por menor de edad. La ciudad de Nueva York da otros 600 dólares a cada desempleado.
Ahora la crisis de salud ha obligado a repensar en formas de atención a los más vulnerables desde una perspectiva de derechos humanos y sociales. En España se plantea instaurar un ingreso básico universal para todo ciudadano; el Papa también lo señala como la mejor solución. En todo el planeta se expande la idea de que el derecho a la salud es un derecho humano y que los enfermos del Coronavirus deben recibir tratamiento gratuito. Lo mismo se aplica al consumo básico.
Transferir dinero a las cuentas de los ciudadanos funciona bien cuando prácticamente todos tienen cuentas bancarias y los mercados de víveres siguen funcionando adecuadamente. No en todos lados es así.
El Fondo Monetario Internacional acaba de recomendar la entrega de dinero en efectivo a los más pobres. Esto es mejor que los depósitos en cuentas bancarias cuando se trata de grupos amplios de población que no las tienen.
En mi artículo anterior reseñaba los varios casos en los que gobiernos estatales y municipales están repartiendo despensas a la población más vulnerable. Es la mejor medida para decenas de millones de mexicanos que no están inscritos en los padrones de beneficiarios de los programas de transferencias sociales. No eran parte de la población más pobre sino de lo que algunos llaman, paradójicamente, la clase media pobre, que era en gran parte auto empleada, vivía al día, y ahora han perdido sus fuentes de ingreso.
Aquí el mecanismo más adecuado es efectivamente el reparto de despensas que atienda directamente el más básico de los derechos, el del acceso a alimentos al mismo tiempo que se enfrenta el incremento de precios y las situaciones de escasez en regiones específicas.
Ahora el gobierno de la Ciudad de México y 14 de 16 alcaldías distribuirán cupones para que la gente compre frutas, verduras y productos de primera necesidad en los comercios locales de cada una de ellas. Los primeros en entrar en circulación son los Hidalgos y los Obregones de las delegaciones Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.
El Secretario de Desarrollo Económico dela CDMX, Fadlala Akabani explica que cada alcaldía desarrollara sus propias reglas de operación. Lo básico es que se trata de una forma de transferencia social que orienta la demanda en favor de los comercios locales. De esta manera se protege a un sector que es un importante empleador.
La delegación Álvaro Obregón, por ejemplo, entregará “Obregones” a 29 mil familias que podrán canjear en pequeños comercios que tienen un acuerdo con el gobierno local para aceptar los cupones y posteriormente ser reembolsados.
Lo más importante del mecanismo es que orienta la demanda en favor del pequeño comercio y la cadena de producción que lo respalda. Esto marca un contraste con las transferencias en tarjetas electrónicas que han reorientado la demanda familiar hacia las grandes cadenas comerciales y la gran producción industrial con mucha menor incidencia en el empleo.
Se trata de un importante experimento socioeconómico que bien puede marcar la pauta para distribuir las transferencias sociales de manera tal que no amarren la demanda a las grandes cadenas comerciales tipo Oxo, SevenEleven, Elektra y los grandes supermercados. En lugar de tarjetas electrónicas que solo se pueden canjear en esas cadenas de productos industriales.
Distribuir las transferencias sociales a los cerca de 20 millones de receptores en cupones canjeables en las tiendas Diconsa, y en los pequeños comercios independientes llevaría la demanda en favor de la pequeña producción urbana y rural. Sería muy favorable al empleo y al bienestar mayoritario.
Lo que se conseguirá será un doble efecto positivo. Primero el beneficio directo a los más vulnerables al permitirles adquirir lo indispensable para la supervivencia y, sobre todo, evitar crear una generación lisiada por el hambre.
El segundo efecto positivo se verá en el rescate de las capacidades productivas no globalizadas que el mercado ha discriminado en favor de la gran producción industrial globalizada. La operación de los mercados globalizados ha hecho a un lado formas convencionales de producción y distribución de alimentos, vestimenta, materiales de construcción y vivienda, muebles y enseres domésticos, así como medicinas.
Frente a la pandemia y su oleada de deterioro económico urge reconstruir islas de refugio para los más vulnerables. Eso serían las autosuficiencias nacionales, regionales y comunitarias y la manera de reconstituirlas es orientando la demanda social y familiar en su favor.
No podemos esperar que el ramalazo previsto en la producción, el empleo y el consumo sea resuelto desde la producción de los grandes conglomerados transnacionales y las transferencias de un gobierno pobre y asediado por el endeudamiento heredado. La solución es poner a trabajar a todos mediante una distribución de apoyos que amarre la demanda popular a la producción popular. Bien por este inicio en la Ciudad de México, ojalá el gobierno federal siga su ejemplo.
domingo, 12 de abril de 2020
A repartir despensas ¡ya!
Jorge Faljo
Estamos cercados por el coronavirus y por el hambre. Los pocos centros de salud y el único hospital de la región no cuentan ni con lo más elemental. Y no hay quien nos contrate como peones o albañiles. Las empresas de hortalizas en el norte del país están recortando trabajadores y muchos de sus familiares jornaleros se quedaron sin trabajo y sin dinero y tienen dificultades para regresar a sus pueblos.
La mayoría de nuestros hijos que están en Estados Unidos están desempleados, encerrados en pequeños cuartos y ya no nos envían remesas, que era nuestro ingreso más seguro.
El precio del maíz se duplicó y lo mismo sucede con el huevo, aceite y el tomate y los productos de limpieza. La crisis alimentaria es inminente.
Todo lo anterior lo dice el Concejo de Comunidades Indígenas de la Montaña, en el estado de Guerrero, en una carta dirigida al presidente de la república y al gobernador del estado. Es la situación de decenas de miles de familias en más de 300 comunidades rurales de 15 municipios.
Solicitan un programa alimentario de urgencia para hacer frente a la grave amenaza de hambre en la región. Concretamente piden que se entregue a cada familia 100 kilos de maíz, 20 kilos de frijol, 10 kilos de arroz, dos litros de aceite, sal y sopas.
La terrible descripción que hace este concejo de comunidades debe ser tomada como un aviso de la evolución en puerta para otras regiones. Lo que puede ser desastroso para millones de mexicanos.
Aquí caben varias consideraciones. El gobierno actual es el que más ha ampliado y fortalecido las transferencias de ingresos a la población más vulnerable del país. Contrasta con la ineptitud de la anterior Cruzada contra el Hambre.
A pesar de ello en este país las transferencias a unos veinte millones de gentes en pobreza alimentaria, se quedan cortas con otros 50 millones de pobres que viven al día y con ingresos deteriorados o ausentes. Además, las transferencias son más bien un ingreso complementario, de auxilio ante ingresos familiares insuficientes.
Es decir que los actuales mecanismos de transferencia no abarcan a todos los que van a requerir un apoyo. Tampoco cubren la disminución de los ingresos que complementaban.
Ante la crisis económica la prioridad es el derecho humano a la alimentación. Y esto requiere una estrategia de emergencia: la distribución de despensas físicas. Lo que no es descubrir el hilo negro; ya se empieza a hacer en países industrializados y ya se hace en varios lugares de México.
El gobierno del Estado de Querétaro entregará despensas casa por casa en 18 municipios. Para ello contratará 1 mil 300 personas. En San Luis Potosí el plan es distribuir 110 mil despensas en coordinación con los 58 ayuntamientos que aportarían otro tanto; con lo que se alcanzarían 220 mil. Se atendería a población vulnerable con preferencia a personas mayores en condiciones de marginación.
Puebla se prepara para distribuir paquetes con alimentos y artículos de higiene en las zonas más vulnerables de todos los municipios. El gobierno del estado señala que varios de ellos son productos locales y los otros adquiridos en la entidad.
En Nuevo León distribuirán provisiones a por lo menos 100 mil familias que no estén recibiendo otro tipo de apoyo federal o estatal. Los beneficiarios de 60 años o más, gente con padecimientos crónico degenerativos o personas con discapacidad, recibirán estos paquetes en sus hogares para que no tengan que salir de sus casas.
Cancún repartirá 250 mil despensas en una operación conjunta del municipio con el gobierno del Estado. Se entregarán ordenadamente en todas las casas, con apoyo de la Marina y la Guardia Nacional. Se pide paciencia a la población porque esto tardará entre 12 y 15 días y no deben tratar de acercarse a los camiones distribuidores.
La Ciudad de México reparte un Kit Médico Covid-19 a los enfermos de coronavirus con 1 termómetro, 28 cubre bocas, paracetamol, gel anti bacterial y una despensa para 15 días para apoyar su cuarentena.
Las despensas típicas incluyen productos no perecederos como frijol, arroz, lentejas, harina de maíz, sopas de pasta, aceite, azúcar, atún, café, sal, y en algunos casos también otros como jabón, cloro, toallas sanitarias, papel higiénico.
El recuento anterior revela buenos empeños, pero son apenas manchitas sobre el gran mapa geográfico y social de la nación que subrayan una enorme ausencia. La del gobierno federal y en concreto de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que con sus más de 25 mil tiendas Diconsa es la más vasta red de distribución en zonas populares.
Pero Segalmex no puede moverse; el año pasado sus directivos impusieron una oferta de productos invendibles en el medio rural. Enfrentaron e ignoraron la experiencia en comercialización rural de la organización que opera las tiendas e impusieron una oferta de productos determinada centralmente.
Al grado que la Coordinadora Nacional de los Consejos Comunitarios de Abasto denunció ante la Cámara de Diputados ese desacuerdo y los productos que sus consumidores no aceptaban. Entre ellos carnes en conserva, frutas deshidratadas y concentrados de sabores, pilas, anti piojos y algunos medicamentos. Productos que pueden consumir frescos, que no necesitan o que pueden comprar mejor en otro lado.
Pidieron en cambio que en las tiendas haya manteca vegetal, harina de trigo, café soluble, cereales, pastas, aceite, jabones, detergentes, alimentos agropecuarios, machetes, clavos, limas, grapas y alambre de púas, entre otras cosas.
La discrepancia no es menor. Los almacenes de Diconsa están abarrotados de productos que las tiendas comunitarias regresaron por invendibles. No solo obstruyen la distribución. Al no venderse constituyen una pérdida que no permite financiar nuevas compras.
Es un capital de trabajo desperdiciado por haber substituido la participación social por prepotencia. La situación requiere de una intervención de mayor nivel que ponga a Segalmex - Diconsa en las condiciones de operación que el país requiere con urgencia. Hay que prepararse para varias rondas de reparto de despensas a toda la población vulnerable.
Estamos cercados por el coronavirus y por el hambre. Los pocos centros de salud y el único hospital de la región no cuentan ni con lo más elemental. Y no hay quien nos contrate como peones o albañiles. Las empresas de hortalizas en el norte del país están recortando trabajadores y muchos de sus familiares jornaleros se quedaron sin trabajo y sin dinero y tienen dificultades para regresar a sus pueblos.
La mayoría de nuestros hijos que están en Estados Unidos están desempleados, encerrados en pequeños cuartos y ya no nos envían remesas, que era nuestro ingreso más seguro.
El precio del maíz se duplicó y lo mismo sucede con el huevo, aceite y el tomate y los productos de limpieza. La crisis alimentaria es inminente.
Todo lo anterior lo dice el Concejo de Comunidades Indígenas de la Montaña, en el estado de Guerrero, en una carta dirigida al presidente de la república y al gobernador del estado. Es la situación de decenas de miles de familias en más de 300 comunidades rurales de 15 municipios.
Solicitan un programa alimentario de urgencia para hacer frente a la grave amenaza de hambre en la región. Concretamente piden que se entregue a cada familia 100 kilos de maíz, 20 kilos de frijol, 10 kilos de arroz, dos litros de aceite, sal y sopas.
La terrible descripción que hace este concejo de comunidades debe ser tomada como un aviso de la evolución en puerta para otras regiones. Lo que puede ser desastroso para millones de mexicanos.
Aquí caben varias consideraciones. El gobierno actual es el que más ha ampliado y fortalecido las transferencias de ingresos a la población más vulnerable del país. Contrasta con la ineptitud de la anterior Cruzada contra el Hambre.
A pesar de ello en este país las transferencias a unos veinte millones de gentes en pobreza alimentaria, se quedan cortas con otros 50 millones de pobres que viven al día y con ingresos deteriorados o ausentes. Además, las transferencias son más bien un ingreso complementario, de auxilio ante ingresos familiares insuficientes.
Es decir que los actuales mecanismos de transferencia no abarcan a todos los que van a requerir un apoyo. Tampoco cubren la disminución de los ingresos que complementaban.
Ante la crisis económica la prioridad es el derecho humano a la alimentación. Y esto requiere una estrategia de emergencia: la distribución de despensas físicas. Lo que no es descubrir el hilo negro; ya se empieza a hacer en países industrializados y ya se hace en varios lugares de México.
El gobierno del Estado de Querétaro entregará despensas casa por casa en 18 municipios. Para ello contratará 1 mil 300 personas. En San Luis Potosí el plan es distribuir 110 mil despensas en coordinación con los 58 ayuntamientos que aportarían otro tanto; con lo que se alcanzarían 220 mil. Se atendería a población vulnerable con preferencia a personas mayores en condiciones de marginación.
Puebla se prepara para distribuir paquetes con alimentos y artículos de higiene en las zonas más vulnerables de todos los municipios. El gobierno del estado señala que varios de ellos son productos locales y los otros adquiridos en la entidad.
En Nuevo León distribuirán provisiones a por lo menos 100 mil familias que no estén recibiendo otro tipo de apoyo federal o estatal. Los beneficiarios de 60 años o más, gente con padecimientos crónico degenerativos o personas con discapacidad, recibirán estos paquetes en sus hogares para que no tengan que salir de sus casas.
Cancún repartirá 250 mil despensas en una operación conjunta del municipio con el gobierno del Estado. Se entregarán ordenadamente en todas las casas, con apoyo de la Marina y la Guardia Nacional. Se pide paciencia a la población porque esto tardará entre 12 y 15 días y no deben tratar de acercarse a los camiones distribuidores.
La Ciudad de México reparte un Kit Médico Covid-19 a los enfermos de coronavirus con 1 termómetro, 28 cubre bocas, paracetamol, gel anti bacterial y una despensa para 15 días para apoyar su cuarentena.
Las despensas típicas incluyen productos no perecederos como frijol, arroz, lentejas, harina de maíz, sopas de pasta, aceite, azúcar, atún, café, sal, y en algunos casos también otros como jabón, cloro, toallas sanitarias, papel higiénico.
El recuento anterior revela buenos empeños, pero son apenas manchitas sobre el gran mapa geográfico y social de la nación que subrayan una enorme ausencia. La del gobierno federal y en concreto de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que con sus más de 25 mil tiendas Diconsa es la más vasta red de distribución en zonas populares.
Pero Segalmex no puede moverse; el año pasado sus directivos impusieron una oferta de productos invendibles en el medio rural. Enfrentaron e ignoraron la experiencia en comercialización rural de la organización que opera las tiendas e impusieron una oferta de productos determinada centralmente.
Al grado que la Coordinadora Nacional de los Consejos Comunitarios de Abasto denunció ante la Cámara de Diputados ese desacuerdo y los productos que sus consumidores no aceptaban. Entre ellos carnes en conserva, frutas deshidratadas y concentrados de sabores, pilas, anti piojos y algunos medicamentos. Productos que pueden consumir frescos, que no necesitan o que pueden comprar mejor en otro lado.
Pidieron en cambio que en las tiendas haya manteca vegetal, harina de trigo, café soluble, cereales, pastas, aceite, jabones, detergentes, alimentos agropecuarios, machetes, clavos, limas, grapas y alambre de púas, entre otras cosas.
La discrepancia no es menor. Los almacenes de Diconsa están abarrotados de productos que las tiendas comunitarias regresaron por invendibles. No solo obstruyen la distribución. Al no venderse constituyen una pérdida que no permite financiar nuevas compras.
Es un capital de trabajo desperdiciado por haber substituido la participación social por prepotencia. La situación requiere de una intervención de mayor nivel que ponga a Segalmex - Diconsa en las condiciones de operación que el país requiere con urgencia. Hay que prepararse para varias rondas de reparto de despensas a toda la población vulnerable.
domingo, 5 de abril de 2020
Una mano a la informalidad
Jorge Faljo
Nada hay más importante que la vida. Y en ocasiones preservarla puede tener un alto costo. Lo tenemos que pagar, en esta emergencia sanitaria, con incomodidad, aburrimiento, angustia, depresión y el abandono de rutinas en las que nos sentíamos seguros. También tendrá un costo económico y en bienestar.
Ante la disyuntiva de la humanidad, los gobiernos de todo el planeta han optado por la vida. Aquí en México estamos empezando a encarar el costo inmediato, el del abandono de la rutina y la comodidad, con sus secuelas emocionales. Mejor eso que aceptar la pérdida de muchas más vidas, y la posible incapacidad por las huellas que deja la enfermedad en los pulmones.
El siguiente costo, muy alto también, ocurre en la economía. La pandemia se traduce en pérdida de ocupaciones, sobre todo entre la población sin contratos formales de trabajo, aquellos que viven al día y que cuando no trabajan no comen. También trae el riesgo de destrucción de empresas y empleos formales.
La crisis es inevitable y en México la previsión es que este año bajará la producción. Solo que no está definido, cómo, que tanto y de qué manera, porque al igual que frente a la infección, lo que hagamos modifica las respuestas. Es muy distinto no hacer nada, que ejercer acciones decididas sustentadas en una fuerte cohesión social. Lo demanda el enfrentamiento a la enfermedad y lo demanda la lucha contra la crisis.
Lo primero es el diagnóstico. La crisis se origina en una fuerte caída de la demanda que hace que la producción de automóviles, de petróleo, de carne y también los tacos de banqueta no tengan clientes. Cierto que en algunos sectores la pérdida de clientes es una decisión sanitaria, como cerrar los cines, teatros, lugares de culto e industrias no esenciales.
El gran problema es que la reducción de ingresos es un mal que se ramifica y se extiende. Cuando se reduce el poder de compra, bajan las ventas y se pierden más empleos, o se reduce el ingreso de más gentes. Es decir que se genera una espiral negativa, a la baja cada vez peor de ingresos y compras que a su vez hacen quebrar a más empresas y reducen más el empleo y los ingresos.
La insuficiencia de la demanda era ya el gran problema de la globalización y se asociaba a un bajo dinamismo de la economía. Se debe a décadas de avance tecnológico y crecimiento de la productividad sin que se dieran incrementos salariales y de ingresos que pudieran absorber una oferta creciente de productos. La brecha entre mayor oferta y rezago de la demanda se cubrió durante décadas con una mala solución; prestar, es decir endeudar a los gobiernos, a las clases medias y a los consumidores en general.
Este contexto de baja demanda, o exceso de producción, como lo queramos ver, no era propicio a la inversión.
La pandemia ha empeorado la que ya era una mala situación. Con las medidas sanitarias, necesarias para salvar vidas y ahorrar sufrimientos, se reduce la demanda, caen las ventas y se desincentiva la inversión.
Para enfrentar la crisis inevitable, para amortiguarla en lo posible y más tarde para salir de ella, la respuesta no estará en el impulso a la inversión. En un contexto de excesos de producto y baja demanda no habrá manera en que haya suficiente inversión para generar empleos, ingresos y demanda de insumos que también generen empleos e ingresos.
Lo fundamental es preservar los empleos e ingresos existentes para que cuando salgamos del encierro pueda recuperarse la economía. Porque en esta crisis lo que permitirá reactivar a las empresas es que haya demanda.
La demanda se convertirá en el suero que salva la economía y por ello debemos en lo posible procurar que se canalice hacia la producción mayormente generadora de empleos y, al mismo tiempo, asociada al consumo mayoritario y al bienestar de la población.
Esa debe ser la función de las transferencias sociales. En el pasado y hasta muy recientemente las transferencias vía tarjetas electrónicas, es decir el pago a personas de la tercera edad, a otros grupos vulnerables, las becas y otros mecanismos similares reorientaron la demanda familiar hacia los grandes canales de comercialización y la gran producción.
Cierto que esas transferencias a grupos vulnerables han sido positivas en términos de bienestar; pero no podemos dejar de ver que provocaron el abandono del consumo de bienes y servicios de la micro y pequeña producción tradicional; la mayor generadora de empleo.
Se ha promovido una modernización que, al debilitar la pequeña producción local, regional e incluso nacional, ha dejado indefensa a la mayoría de la población ante un embate como el que viene, en el que se trastocan las cadenas de producción transnacionales. Hay que modificar el rumbo y el mecanismo.
Ahora que el sector informal, la micro y pequeña industria, los talleres de barrio y toda la producción convencional, no globalizada, enfrentan graves problemas de supervivencia, hay que canalizar hacia ellos la demanda salvadora de las transferencias sociales y el consumo popular.
Preservar estos sectores en los que viven y trabajan la mayor parte de los mexicanos es estratégico para la supervivencia nacional y la paz social. Es la ruta de la transformación hacia la equidad y el bienestar.
Nada hay más importante que la vida. Y en ocasiones preservarla puede tener un alto costo. Lo tenemos que pagar, en esta emergencia sanitaria, con incomodidad, aburrimiento, angustia, depresión y el abandono de rutinas en las que nos sentíamos seguros. También tendrá un costo económico y en bienestar.
Ante la disyuntiva de la humanidad, los gobiernos de todo el planeta han optado por la vida. Aquí en México estamos empezando a encarar el costo inmediato, el del abandono de la rutina y la comodidad, con sus secuelas emocionales. Mejor eso que aceptar la pérdida de muchas más vidas, y la posible incapacidad por las huellas que deja la enfermedad en los pulmones.
El siguiente costo, muy alto también, ocurre en la economía. La pandemia se traduce en pérdida de ocupaciones, sobre todo entre la población sin contratos formales de trabajo, aquellos que viven al día y que cuando no trabajan no comen. También trae el riesgo de destrucción de empresas y empleos formales.
La crisis es inevitable y en México la previsión es que este año bajará la producción. Solo que no está definido, cómo, que tanto y de qué manera, porque al igual que frente a la infección, lo que hagamos modifica las respuestas. Es muy distinto no hacer nada, que ejercer acciones decididas sustentadas en una fuerte cohesión social. Lo demanda el enfrentamiento a la enfermedad y lo demanda la lucha contra la crisis.
Lo primero es el diagnóstico. La crisis se origina en una fuerte caída de la demanda que hace que la producción de automóviles, de petróleo, de carne y también los tacos de banqueta no tengan clientes. Cierto que en algunos sectores la pérdida de clientes es una decisión sanitaria, como cerrar los cines, teatros, lugares de culto e industrias no esenciales.
El gran problema es que la reducción de ingresos es un mal que se ramifica y se extiende. Cuando se reduce el poder de compra, bajan las ventas y se pierden más empleos, o se reduce el ingreso de más gentes. Es decir que se genera una espiral negativa, a la baja cada vez peor de ingresos y compras que a su vez hacen quebrar a más empresas y reducen más el empleo y los ingresos.
La insuficiencia de la demanda era ya el gran problema de la globalización y se asociaba a un bajo dinamismo de la economía. Se debe a décadas de avance tecnológico y crecimiento de la productividad sin que se dieran incrementos salariales y de ingresos que pudieran absorber una oferta creciente de productos. La brecha entre mayor oferta y rezago de la demanda se cubrió durante décadas con una mala solución; prestar, es decir endeudar a los gobiernos, a las clases medias y a los consumidores en general.
Este contexto de baja demanda, o exceso de producción, como lo queramos ver, no era propicio a la inversión.
La pandemia ha empeorado la que ya era una mala situación. Con las medidas sanitarias, necesarias para salvar vidas y ahorrar sufrimientos, se reduce la demanda, caen las ventas y se desincentiva la inversión.
Para enfrentar la crisis inevitable, para amortiguarla en lo posible y más tarde para salir de ella, la respuesta no estará en el impulso a la inversión. En un contexto de excesos de producto y baja demanda no habrá manera en que haya suficiente inversión para generar empleos, ingresos y demanda de insumos que también generen empleos e ingresos.
Lo fundamental es preservar los empleos e ingresos existentes para que cuando salgamos del encierro pueda recuperarse la economía. Porque en esta crisis lo que permitirá reactivar a las empresas es que haya demanda.
La demanda se convertirá en el suero que salva la economía y por ello debemos en lo posible procurar que se canalice hacia la producción mayormente generadora de empleos y, al mismo tiempo, asociada al consumo mayoritario y al bienestar de la población.
Esa debe ser la función de las transferencias sociales. En el pasado y hasta muy recientemente las transferencias vía tarjetas electrónicas, es decir el pago a personas de la tercera edad, a otros grupos vulnerables, las becas y otros mecanismos similares reorientaron la demanda familiar hacia los grandes canales de comercialización y la gran producción.
Cierto que esas transferencias a grupos vulnerables han sido positivas en términos de bienestar; pero no podemos dejar de ver que provocaron el abandono del consumo de bienes y servicios de la micro y pequeña producción tradicional; la mayor generadora de empleo.
Se ha promovido una modernización que, al debilitar la pequeña producción local, regional e incluso nacional, ha dejado indefensa a la mayoría de la población ante un embate como el que viene, en el que se trastocan las cadenas de producción transnacionales. Hay que modificar el rumbo y el mecanismo.
Ahora que el sector informal, la micro y pequeña industria, los talleres de barrio y toda la producción convencional, no globalizada, enfrentan graves problemas de supervivencia, hay que canalizar hacia ellos la demanda salvadora de las transferencias sociales y el consumo popular.
Preservar estos sectores en los que viven y trabajan la mayor parte de los mexicanos es estratégico para la supervivencia nacional y la paz social. Es la ruta de la transformación hacia la equidad y el bienestar.
domingo, 29 de marzo de 2020
La epidemia, la oportunidad.
Jorge Faljo
A la espera de un trance difícil el tiempo nos parece sumamente lento, y el trance mismo interminable; la anticipación genera angustia. Pero los viejos sabemos que más adelante, al revisar nuestras memorias la vida nos parece corta; los tiempos buenos y los tiempos malos igualmente acelerados. Lo que era pesadilla se vuelve simple recuerdo, y es verdad que el tiempo que era un lento enemigo se vuelve remedio; todo lo cura.
Así será esta vez también.
Hay que actuar en lo inmediato y no es fácil. Pero también es importante pensar en el futuro y e ir pensando como seremos después de este trance. Estoy convencido que seremos mejores; mejores seres humanos, mejores sociedades, mejores economías.
La pandemia revela con frío cinismo, incluso crueldad, nuestras fallas, las que nos hacen frágiles. Por eso mismo, al conocernos mejor nos obliga a repensarnos. Cómo individuos y sobre todo como sociedades y economías.
Las fragilidades son enormes porque descuidamos lo importante para tratar de alcanzar sueños banales. En aras de la libertad y la modernidad caímos en excesos, el principal de ellos el libertinaje del mercado que se tradujo en extremos de inequidad económica; de inseguridad en el empleo y de formas de trabajo carentes de dignidad; en una brutal irresponsabilidad ambiental que amenaza a todas las formas de vida del planeta y, en general, en total desprecio por el bienestar de la humanidad.
Ahora, la pandemia obliga al abandono del libertinaje del mercado para que sean los gobiernos los que pongan orden y atiendan a las nuevas prioridades, que en este caso son varias. Antes que nada, combatir la enfermedad limitando el contagio y proveyendo los recursos hospitalarios y sanitarios necesarios para combatirla. Y, al mismo tiempo y con similar importancia impedir que ese combate cause daños económicos irreparables a la vida de millones. Hay que tomar medidas para enfrentar el desempleo, tanto el formal como el informal. Y en la medida en que este ocurra, hay que tomar medidas para que esa desocupación involuntaria no se traduzca en hambre y en un lastre permanente al desarrollo físico y emocional de las personas.
No es fácil hacerlo cuando en todo el mundo y en México en particular se descuidaron cosas verdaderamente importantes, como contar con un sistema de salud y hospitalario eficiente, con atención oportuna para los males de cada quien; como el acceso de todos no a simplemente llenarse la panza sino a una nutrición suficiente y de calidad.
El nuevo enemigo de todos, el covid-19, nos hace ver el contraste entre un mundo armado hasta los dientes; preparado para las guerras de todo nivel, incluyendo la que podría destruir a la humanidad entera y que, en contraste no estaba preparado para enfrentar un nuevo virus. Algo que por cierto los expertos afirmaban que habría de ocurrir tarde o temprano.
El tema de las prioridades no es retórico; replantearlas de inmediato requiere audacia y es al mismo tiempo irremediable. Ya no se trata de ser de derecha o de izquierda; las grandes obras de infraestructura que son insignia de este régimen, Santa Lucía, Tren Maya, Dos Bocas, Transitsmico deben ser pospuestas temporalmente y posteriormente reevaluadas, para echar toda la carne al asador de la atención a la salud, alimentación, empleo y preservación de las capacidades productivas de nuestra sociedad. Pero eso no bastará.
No es el momento de elevar impuestos; pero el trance nos revela que la herencia de las últimas décadas nos ha ubicado como un Estado enano, cercenado en sus capacidades de producción directa y orientación de la economía; limitado a observar con impotencia el libertinaje del mercado.
Saldremos de este trance transformados. Exigiendo equidad, paz social, trabajo y mínimos de bienestar garantizado. Algo que solo puede obtenerse con el liderazgo de un gobierno fuerte, muy alejado del autoritarismo y muy acercado al dialogo con la población. No el dialogo simbólico de un solo hombre; sino al dialogo institucional sustentado en una sociedad organizada para exigir rendición de cuentas ante un gobierno que se comporte conforme a lo que pregona, democracia participativa, no la de los individuos aislados, sino la de las organizaciones colectivas.
Para atravesar este charco y no regresar a la misma orilla se necesita que nos planteemos otro estilo de desarrollo. O, como algunos dicen, de renuncia al desarrollo, porque este es un concepto impregnado de malas prácticas.
Habría que repensar si la concentración de inversiones en megaproyectos conduce al bienestar generalizado o, por el contrario, al exacerbamiento de la inequidad. México pasó de contar con cientos de miles, literalmente, de pequeñas granjas avícolas, al monopolio extremo de las empresas con millones de gallinas. De millones de tortillerías abastecidas por la pequeña producción; al control monopólico de la comercialización del maíz y, por ende, de la fabricación del principal alimento de la población. De la producción dispersa de textiles, ropa y calzado a la producción altamente concentrada.
En todos los casos la gran producción es mucho más eficiente en una perspectiva estrictamente económica. Pero, ¿lo ha sido en una perspectiva social? Cuando la pérdida de la pequeña producción se tradujo en empobrecimiento mayoritario. ¿Ha sido lo mejor en una perspectiva nacional? Cuando esa modernización se convirtió en dependencia de importaciones.
De ninguna manera se trata de satanizar la gran producción. Pero reconozcamos que para una gran parte de la población, digamos que la mitad ubicada en la informalidad, los pueblos y comunidades rurales, el campesinado, la población indígena, la gran producción le dio poco y le quito mucho. Para ellos la mejoría en su consumo y bienestar, dependerá de sus propias capacidades para producir alimentos, ropa, calzado, vivienda y demás. Los pobres no saldrán de pobres como consumidores subsidiados de productos elaborados por las grandes empresas. Y ellos mismos no pueden convertirse en grandes empresas.
Lo que se requiere es reconstruir con mecanismos actualizados los espacios de mercado para los que era viable la micro y pequeña producción de la canasta básica de consumo de los que ahora son pobres, cuando antes eran pequeños productores. Eso es posible y mucho más viable que incorporar a los pobres a una modernidad ficticia, dependiente de la inversión externa y de las transferencias sociales.
Pasaremos este trance de la epidemia y nos dará el impulso para la transformación de fondo que de verdad deje atrás el modelo que enriquece a unos cuantos y que empobrece a los demás.
A la espera de un trance difícil el tiempo nos parece sumamente lento, y el trance mismo interminable; la anticipación genera angustia. Pero los viejos sabemos que más adelante, al revisar nuestras memorias la vida nos parece corta; los tiempos buenos y los tiempos malos igualmente acelerados. Lo que era pesadilla se vuelve simple recuerdo, y es verdad que el tiempo que era un lento enemigo se vuelve remedio; todo lo cura.
Así será esta vez también.
Hay que actuar en lo inmediato y no es fácil. Pero también es importante pensar en el futuro y e ir pensando como seremos después de este trance. Estoy convencido que seremos mejores; mejores seres humanos, mejores sociedades, mejores economías.
La pandemia revela con frío cinismo, incluso crueldad, nuestras fallas, las que nos hacen frágiles. Por eso mismo, al conocernos mejor nos obliga a repensarnos. Cómo individuos y sobre todo como sociedades y economías.
Las fragilidades son enormes porque descuidamos lo importante para tratar de alcanzar sueños banales. En aras de la libertad y la modernidad caímos en excesos, el principal de ellos el libertinaje del mercado que se tradujo en extremos de inequidad económica; de inseguridad en el empleo y de formas de trabajo carentes de dignidad; en una brutal irresponsabilidad ambiental que amenaza a todas las formas de vida del planeta y, en general, en total desprecio por el bienestar de la humanidad.
Ahora, la pandemia obliga al abandono del libertinaje del mercado para que sean los gobiernos los que pongan orden y atiendan a las nuevas prioridades, que en este caso son varias. Antes que nada, combatir la enfermedad limitando el contagio y proveyendo los recursos hospitalarios y sanitarios necesarios para combatirla. Y, al mismo tiempo y con similar importancia impedir que ese combate cause daños económicos irreparables a la vida de millones. Hay que tomar medidas para enfrentar el desempleo, tanto el formal como el informal. Y en la medida en que este ocurra, hay que tomar medidas para que esa desocupación involuntaria no se traduzca en hambre y en un lastre permanente al desarrollo físico y emocional de las personas.
No es fácil hacerlo cuando en todo el mundo y en México en particular se descuidaron cosas verdaderamente importantes, como contar con un sistema de salud y hospitalario eficiente, con atención oportuna para los males de cada quien; como el acceso de todos no a simplemente llenarse la panza sino a una nutrición suficiente y de calidad.
El nuevo enemigo de todos, el covid-19, nos hace ver el contraste entre un mundo armado hasta los dientes; preparado para las guerras de todo nivel, incluyendo la que podría destruir a la humanidad entera y que, en contraste no estaba preparado para enfrentar un nuevo virus. Algo que por cierto los expertos afirmaban que habría de ocurrir tarde o temprano.
El tema de las prioridades no es retórico; replantearlas de inmediato requiere audacia y es al mismo tiempo irremediable. Ya no se trata de ser de derecha o de izquierda; las grandes obras de infraestructura que son insignia de este régimen, Santa Lucía, Tren Maya, Dos Bocas, Transitsmico deben ser pospuestas temporalmente y posteriormente reevaluadas, para echar toda la carne al asador de la atención a la salud, alimentación, empleo y preservación de las capacidades productivas de nuestra sociedad. Pero eso no bastará.
No es el momento de elevar impuestos; pero el trance nos revela que la herencia de las últimas décadas nos ha ubicado como un Estado enano, cercenado en sus capacidades de producción directa y orientación de la economía; limitado a observar con impotencia el libertinaje del mercado.
Saldremos de este trance transformados. Exigiendo equidad, paz social, trabajo y mínimos de bienestar garantizado. Algo que solo puede obtenerse con el liderazgo de un gobierno fuerte, muy alejado del autoritarismo y muy acercado al dialogo con la población. No el dialogo simbólico de un solo hombre; sino al dialogo institucional sustentado en una sociedad organizada para exigir rendición de cuentas ante un gobierno que se comporte conforme a lo que pregona, democracia participativa, no la de los individuos aislados, sino la de las organizaciones colectivas.
Para atravesar este charco y no regresar a la misma orilla se necesita que nos planteemos otro estilo de desarrollo. O, como algunos dicen, de renuncia al desarrollo, porque este es un concepto impregnado de malas prácticas.
Habría que repensar si la concentración de inversiones en megaproyectos conduce al bienestar generalizado o, por el contrario, al exacerbamiento de la inequidad. México pasó de contar con cientos de miles, literalmente, de pequeñas granjas avícolas, al monopolio extremo de las empresas con millones de gallinas. De millones de tortillerías abastecidas por la pequeña producción; al control monopólico de la comercialización del maíz y, por ende, de la fabricación del principal alimento de la población. De la producción dispersa de textiles, ropa y calzado a la producción altamente concentrada.
En todos los casos la gran producción es mucho más eficiente en una perspectiva estrictamente económica. Pero, ¿lo ha sido en una perspectiva social? Cuando la pérdida de la pequeña producción se tradujo en empobrecimiento mayoritario. ¿Ha sido lo mejor en una perspectiva nacional? Cuando esa modernización se convirtió en dependencia de importaciones.
De ninguna manera se trata de satanizar la gran producción. Pero reconozcamos que para una gran parte de la población, digamos que la mitad ubicada en la informalidad, los pueblos y comunidades rurales, el campesinado, la población indígena, la gran producción le dio poco y le quito mucho. Para ellos la mejoría en su consumo y bienestar, dependerá de sus propias capacidades para producir alimentos, ropa, calzado, vivienda y demás. Los pobres no saldrán de pobres como consumidores subsidiados de productos elaborados por las grandes empresas. Y ellos mismos no pueden convertirse en grandes empresas.
Lo que se requiere es reconstruir con mecanismos actualizados los espacios de mercado para los que era viable la micro y pequeña producción de la canasta básica de consumo de los que ahora son pobres, cuando antes eran pequeños productores. Eso es posible y mucho más viable que incorporar a los pobres a una modernidad ficticia, dependiente de la inversión externa y de las transferencias sociales.
Pasaremos este trance de la epidemia y nos dará el impulso para la transformación de fondo que de verdad deje atrás el modelo que enriquece a unos cuantos y que empobrece a los demás.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)