Jorge Faljo
Los sismos causaron, además de muertes y traumatismos físicos y emocionales, daños a más de 150 mil viviendas, la tercera parte como destrucción total. Algunos cálculos oficiales acercan el número de gentes con daños a su vivienda al millón de personas, de las que más de 250 mil se quedaron sin casa. Son, en la mayoría de los casos, familias de clase media cuya pérdida las reduce a una situación de pobreza patrimonial.
Además, ocurrieron daños a la infraestructura pública, desde escuelas hasta las redes de distribución de agua y el alcantarillado. Daños que se concentran en zonas que ya se caracterizaban por su vulnerabilidad económica: Oaxaca, Chiapas, Morelos, y barrios de la ciudad de México.
Tras los sismos de septiembre ocurrieron miles de réplicas. Movimientos telúricos adicionales que han mantenido en vilo a la población del sureste.
Ahora, tras de los impactos más traumáticos, empiezan a ocurrir otro tipo de réplicas. Las que se asocian al sanamiento social y económico, sobre todo en lo que se refiere a la cantidad y distribución de recursos para el apoyo a damnificados y la reconstrucción en general.
Una primera reacción, prácticamente instintiva en esta administración, fue convocar a los cuates, a las grandes empresas constructoras, a hacerse cargo de la reconstrucción en una estrategia de desarrollos habitacionales estandarizados. La firme negativa social obligó a un giro fundamental; pasar a una estrategia de autoconstrucción con apoyo económico, asistencia técnica y acceso a materiales a costos accesibles. Bien llevada esta nueva línea significaría que la reconstrucción ya no estaría abierta al gran negocio privado, con tajada burocrática, sino al verdadero apoyo a la población.
Pero no todo está resuelto, ni mucho menos.
Se detuvo, por homicidio doloso, al responsable de obra y copropietario de la empresa que construyó uno de los edificios derrumbados en la ciudad de México. En la revisión de escombros se pudo comprobar que la construcción no fue realizada conforme a lo reportado oficialmente, además de otras irregularidades.
Esta detención marca el inicio de una investigación más general sobre otros derrumbes. No es un asunto sencillo. La procuraduría de justicia capitalina informó que las delegaciones han incumplido con la entrega de planos estructurales de 162 inmuebles. Aquí hay mucho que escarbar y transparentar.
No habría que detenerse en los edificios dañados; la población necesita, para su tranquilidad, conocer que vive en un lugar seguro, incluso si no se dañó. Será una tarea prolongada.
Mucho de lo dañado son construcciones públicas; escuelas, hospitales, infraestructura en general. Aquí la revisión debe ser particularmente exhaustiva; por seguridad y para saber si la corrupción fue un factor importante del daño a la nación, porque a final de cuentas todas esas inversiones salieron de nuestros bolsillos.
El sistema de justicia será puesto a prueba en los próximos meses, tal vez años. Su lentitud, ineficacia y falta de transparencia habituales debe ser corregida.
En otro plano el alcalde de Nezahualcóyotl, municipio declarado zona de desastre, consideró una burla del gobierno federal que se le hayan asignado 700 mil pesos del Fondo Nacional de Desastres para las necesarias reparaciones a la red hidráulica. Dijo que se requieren por lo menos 380 millones para esas y otras reparaciones y aprovechó para exigir que se transparente el monto y distribución de los donativos internacionales y empresariales recibidos.
Por su parte la Ciudad de México reclamó que el criterio de atención preferente a la población más pobre no toma en consideración que aquellos que perdieron su patrimonio quedaron en situación de pobreza y deben ser incluidos entre la población que debe ser apoyada.
Sn ejemplos del jaloneo de cobijas entre municipios, estados y federación por la distribución de los recursos ya asignados, y todo apunta a que estos no serán suficientes.
Desde la Cámara de Diputados un órgano técnico, la Unidad de Evaluación y Control –UEC-, propone que los ingresos por aprovechamientos que resulten adicionales a lo ya previsto en el presupuesto de ingresos de la federación, se destinen a fortalecer los apoyos a los damnificados y la reconstrucción.
No es un asunto menor. Estos ingresos que superan las previsiones presentadas a la Cámara por la Secretaría de Hacienda ascenderán este año a unos 38 mil millones de pesos, según el cálculo de la UEC. El año que entra serán de un monto similar.
Anteriormente la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el uso de estos recursos es discrecional y no transparente por parte de Hacienda. Así que si el Congreso les asigna un destino se elevaría la transparencia y habría una fuente adicional, muy substancial, de recursos para el creciente jaloneo de cobijas en torno a la reconstrucción.
En un artículo anterior, “tarda en doler”, dije que el impacto de los sismos se prolongaría por años. Apenas estamos empezando a ver cuáles son sus réplicas sociales, legales, económicas. De su adecuado manejo dependerá en buena medida la percepción sobre la honestidad y eficacia de un gobierno que no tiene buena calificación popular y quién sabe si alcance a dar otra imagen más favorable.
Los invito a reproducir con entera libertad y por cualquier medio los escritos de este blog. Solo espero que, de preferencia, citen su origen.
domingo, 29 de octubre de 2017
domingo, 22 de octubre de 2017
Hablando de peligros
Jorge Faljo
Ayer en la noche me tomé unas cubitas con unos amigos. Como es habitual la conversación se centró en dos temas. Uno la inseguridad. La hija del amigo que nos invitó a su departamento, una niña, comentó que al prefecto de su escuela primaria recién lo habían matado. Iba en un transporte público y unos asaltantes pretendieron, además de robarlos, llevarse a su esposa. Él se opuso y lo asesinaron. No se llevaron a la señora.
Que lamentable que ese sea el tipo de historias que hoy en día impactan a los niños de primaria. Es un claro deterioro de nuestras condiciones de vida.
Lo segundo de que hablamos fue la vieja historia, que revive en cada elección, acerca de que los candidatos de izquierda son un peligro para México y provocarían una crisis económica.
Es un asunto que genera reacciones contradictorias en particular para mis amigos de anoche, militantes de varias opciones políticas. Concuerdan en que es necesario un cambio de modelo económico, por uno en que sea posible crecer, generar empleos, elevar salarios y en el que un gobierno eficaz y honesto sea garante del bienestar de todos. Pero les preocupa, y eso es muy razonable, una posible crisis generada por el triunfo de un candidato de verdadera oposición.
Sobre este punto quiero ordenar mis ideas en este artículo. Lo primero que me viene a la mente es que en la campaña electoral de 1994 los medios machacaron la idea de que el triunfo del candidato de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, provocaría una grave crisis; huida de capitales, devaluación del peso.
La modernización de utilería y la venta – gobierno, es decir de las empresas que eran del Estado, durante el salinato, enriquecieron a la nueva elite. A cambio se empequeñeció al gobierno y se destruyó buena parte de las empresas, fábricas y talleres medianos y pequeños de un empresariado nacional inerme, que era despreciado y combatido por los neoliberales. La continuación de ese esquema solo era posible vendiendo todavía más. La venta de la tierra, propuesta como inversión privada en el campo, había fracasado. La venta de la riqueza petrolera todavía no era políticamente viable.
En 1994 el Fondo Monetario Internacional respaldaba la política económica nacional y declaraba que la ruta del gobierno era la correcta y que no habría sobresaltos. Ese discurso era ampliamente repetido dentro y fuera de México; tal vez porque se daban cuenta del riesgo y procuraban taparlo.
El caso es que en 1994 no ganó el candidato de izquierda; triunfó Zedillo, el candidato del régimen, y le estalló la crisis. Con esto lo que quiero decir es que una fuerte crisis económica se origina en las debilidades de fondo de la estructura económica y no en las características personales de un candidato.
Sin embargo, es muy importante poner la atención en que una crisis económica de la magnitud de la ocurrida en 1994 – 1995 pudo haber generado otra grave crisis, en este caso de ingobernabilidad. Simplemente imaginemos como podría haber gobernado Zedillo si la población y los medios lo hubieran culpado de la devaluación. ¿Habría podido gobernar?
Afortunadamente no hubo un colapso de gobernabilidad porque la población sabía que las condiciones propicias a la crisis se habían generado en los años anteriores.
¿Qué lecciones para el presente nos deja esa experiencia?
No cabe duda de que, de nueva cuenta, los candidatos de izquierda serán demonizados como los causantes seguros de una futura catástrofe económica. Lo más grave de esta situación, gane quien gane, es que las condiciones están dadas para una crisis más o menos similar a la de 1994.
En este sexenio se realizó el sueño neoliberal de vender la mayor de nuestras joyas; el subsuelo, con sus riquezas en petróleo y minerales. La venta –país permitió renovar una imagen de modernidad similar a la del salinismo. Solo que esta vez como mera caricatura, aunque, con el tiempo podremos apreciar que es más dañina.
Tenemos enfrente un problema que rebasa lo nacional; la globalización se desmorona en Estados Unidos, país que nos compra el 81 por ciento de las exportaciones nacionales y que en la renegociación del TLCAN exige reducir el superávit mexicano. Que es la entrada de dólares que nos permite comprarle a China las partes de los automóviles y otras manufacturas de exportación.
Así que en la venta – país ya se vendió lo principal; la nueva posición norteamericana amenaza las principales exportaciones de manufacturas e incluso algunas agrícolas; ese mismo cambia desalienta la inversión transnacional en México y no hemos construido un mercado interno que le otorgue solidez a la producción para nosotros mismos.
Cualquiera que gane deberá afrontar un cambio de rumbo de una economía que estará sedienta de dólares; en la que las importaciones serán más caras y en la que deberá transitarse por el camino de la substitución acelerada de importaciones. Eso ocurrió entre 1999 y el año 2000 que fueron años de buen crecimiento debido sobre todo a la competitividad derivada de una moneda devaluada y gracias al aprovechamiento de capacidades instaladas.
Este efecto positivo de una devaluación no podrá ser tan importante en esta ocasión debido a que el planeta sufre de sobreproducción generalizada; más empobrecimiento en las economías más ricas, los Estados Unidos en primer lugar.
Así que el futuro presidente debería ir pensando en un plan anticrisis económica. En lo político un presidente de derecha podrá siempre echarle la culpa de la crisis al exterior, a Trump, a la mala suerte o al actual presidente. Y en esa dirección contará con todo el apoyo de los medios, radio, televisión y periódicos.
Pero un presidente de izquierda enfrentaría una situación mucho más difícil. Cargaría con toda la responsabilidad de la crisis económica. Los medios se le echarían encima y lejos de hablar de la mala suerte, del presidente anterior o del mundo, lo culparían insistentemente de una crisis que a estas alturas es inevitable.
Ayer en la noche me tomé unas cubitas con unos amigos. Como es habitual la conversación se centró en dos temas. Uno la inseguridad. La hija del amigo que nos invitó a su departamento, una niña, comentó que al prefecto de su escuela primaria recién lo habían matado. Iba en un transporte público y unos asaltantes pretendieron, además de robarlos, llevarse a su esposa. Él se opuso y lo asesinaron. No se llevaron a la señora.
Que lamentable que ese sea el tipo de historias que hoy en día impactan a los niños de primaria. Es un claro deterioro de nuestras condiciones de vida.
Lo segundo de que hablamos fue la vieja historia, que revive en cada elección, acerca de que los candidatos de izquierda son un peligro para México y provocarían una crisis económica.
Es un asunto que genera reacciones contradictorias en particular para mis amigos de anoche, militantes de varias opciones políticas. Concuerdan en que es necesario un cambio de modelo económico, por uno en que sea posible crecer, generar empleos, elevar salarios y en el que un gobierno eficaz y honesto sea garante del bienestar de todos. Pero les preocupa, y eso es muy razonable, una posible crisis generada por el triunfo de un candidato de verdadera oposición.
Sobre este punto quiero ordenar mis ideas en este artículo. Lo primero que me viene a la mente es que en la campaña electoral de 1994 los medios machacaron la idea de que el triunfo del candidato de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, provocaría una grave crisis; huida de capitales, devaluación del peso.
La modernización de utilería y la venta – gobierno, es decir de las empresas que eran del Estado, durante el salinato, enriquecieron a la nueva elite. A cambio se empequeñeció al gobierno y se destruyó buena parte de las empresas, fábricas y talleres medianos y pequeños de un empresariado nacional inerme, que era despreciado y combatido por los neoliberales. La continuación de ese esquema solo era posible vendiendo todavía más. La venta de la tierra, propuesta como inversión privada en el campo, había fracasado. La venta de la riqueza petrolera todavía no era políticamente viable.
En 1994 el Fondo Monetario Internacional respaldaba la política económica nacional y declaraba que la ruta del gobierno era la correcta y que no habría sobresaltos. Ese discurso era ampliamente repetido dentro y fuera de México; tal vez porque se daban cuenta del riesgo y procuraban taparlo.
El caso es que en 1994 no ganó el candidato de izquierda; triunfó Zedillo, el candidato del régimen, y le estalló la crisis. Con esto lo que quiero decir es que una fuerte crisis económica se origina en las debilidades de fondo de la estructura económica y no en las características personales de un candidato.
Sin embargo, es muy importante poner la atención en que una crisis económica de la magnitud de la ocurrida en 1994 – 1995 pudo haber generado otra grave crisis, en este caso de ingobernabilidad. Simplemente imaginemos como podría haber gobernado Zedillo si la población y los medios lo hubieran culpado de la devaluación. ¿Habría podido gobernar?
Afortunadamente no hubo un colapso de gobernabilidad porque la población sabía que las condiciones propicias a la crisis se habían generado en los años anteriores.
¿Qué lecciones para el presente nos deja esa experiencia?
No cabe duda de que, de nueva cuenta, los candidatos de izquierda serán demonizados como los causantes seguros de una futura catástrofe económica. Lo más grave de esta situación, gane quien gane, es que las condiciones están dadas para una crisis más o menos similar a la de 1994.
En este sexenio se realizó el sueño neoliberal de vender la mayor de nuestras joyas; el subsuelo, con sus riquezas en petróleo y minerales. La venta –país permitió renovar una imagen de modernidad similar a la del salinismo. Solo que esta vez como mera caricatura, aunque, con el tiempo podremos apreciar que es más dañina.
Tenemos enfrente un problema que rebasa lo nacional; la globalización se desmorona en Estados Unidos, país que nos compra el 81 por ciento de las exportaciones nacionales y que en la renegociación del TLCAN exige reducir el superávit mexicano. Que es la entrada de dólares que nos permite comprarle a China las partes de los automóviles y otras manufacturas de exportación.
Así que en la venta – país ya se vendió lo principal; la nueva posición norteamericana amenaza las principales exportaciones de manufacturas e incluso algunas agrícolas; ese mismo cambia desalienta la inversión transnacional en México y no hemos construido un mercado interno que le otorgue solidez a la producción para nosotros mismos.
Cualquiera que gane deberá afrontar un cambio de rumbo de una economía que estará sedienta de dólares; en la que las importaciones serán más caras y en la que deberá transitarse por el camino de la substitución acelerada de importaciones. Eso ocurrió entre 1999 y el año 2000 que fueron años de buen crecimiento debido sobre todo a la competitividad derivada de una moneda devaluada y gracias al aprovechamiento de capacidades instaladas.
Este efecto positivo de una devaluación no podrá ser tan importante en esta ocasión debido a que el planeta sufre de sobreproducción generalizada; más empobrecimiento en las economías más ricas, los Estados Unidos en primer lugar.
Así que el futuro presidente debería ir pensando en un plan anticrisis económica. En lo político un presidente de derecha podrá siempre echarle la culpa de la crisis al exterior, a Trump, a la mala suerte o al actual presidente. Y en esa dirección contará con todo el apoyo de los medios, radio, televisión y periódicos.
Pero un presidente de izquierda enfrentaría una situación mucho más difícil. Cargaría con toda la responsabilidad de la crisis económica. Los medios se le echarían encima y lejos de hablar de la mala suerte, del presidente anterior o del mundo, lo culparían insistentemente de una crisis que a estas alturas es inevitable.
sábado, 14 de octubre de 2017
Colgados de la brocha
Jorge Faljo
Hasta hace unas semanas el discurso oficial era que el TLCAN avanzaba por una negociación con algunos puntos difíciles pero que en su conjunto no se tambaleaba. Ahora el mensaje es que hay vida después del Tratado, que México es mucho más grande que cualquier tratado. Desde las cúpulas empresariales el mensaje es que es buena la modernización del Tratado, pero no a cualquier costo.
Es decir que ya se prepara a la opinión pública para una previsible ruptura de las negociaciones, a la que seguiría, posiblemente, la salida de los Estados Unidos del acuerdo tripartita.
Desde hace meses en esta columna señalaba los grandes escollos a la negociación. Uno de los principales es la acusación de que los bajos salarios en México equivalen a un dumping laboral. Entre los quejosos se encuentran, por ejemplo, los productores norteamericanos de fresas, zarzamoras, arándanos, y moras, un tipo de producción que requiere una mano de obra cuidadosa en la recolección, selección y empaque. Allá pagan un salario diez veces mayor al mexicano.
Entre los cambios que propone Estados Unidos se encuentra facilitar que sus productores puedan acusar de dumping o competencia desleal a sus competidores. Lo que podría afectar mucho más que la exportación de frutillas y pegarle a las manufacturas.
Pero el tema salarial es al que con más vehemencia se ha opuesto el sector empresarial mexicanos. Sobre todo, si se le añade la exigencia de democracia sindical, prohibición del trabajo infantil, mejores condiciones de salud, higiene y condiciones laborales en general.
No es el único gran escollo. En Estados Unidos demandan mayor apertura a sus exportaciones agropecuarias. Lo que es enfrentado por los productores mexicanos que, en sentido contrario, piden que el maíz y otros granos básicos sean excluidos del tratado para elevar la producción interna y mejorar el empleo y el ingreso rural.
Otro gran asunto es la demanda norteamericana de reducir su déficit comercial haciendo que México adquiera mayor producción norteamericana. Piden que en la exportación de automóviles se eleve el contenido específicamente norteamericano a un mínimo de 50 por ciento y el contenido tri-nacional suba del 62.5 por ciento al 85 por ciento. Esto en la práctica significa reducir a menos de la mitad las importaciones de piezas chinas y del sureste asiático para substituirlas por componentes norteamericanos.
Lo que solo sería viable si México y los Estados Unidos imponen, en paralelo, aranceles a las importaciones de fuera del TLCAN. Solo así pueden incrementar su comercio comprándose el uno al otro productos más caros que los que vienen de China. Lo que va en contra del interés de los consumidores, pero en favor de los productores de ambos países.
Pero ahora los gringos añaden nuevas exigencias; como que el nuevo Tratado tenga que ser confirmado, y renegociado, cada cinco años.
Tal vez exista una razón política de más fondo en el endurecimiento de la posición norteamericana. Hace unas semanas el precandidato de la ultraderecha norteamericana a un puesto en el senado le ganó al precandidato que apoyaba Trump. Fue una señal de que la ultraderecha desbocada podría empezar a ganar posiciones por fuera del control de Trump.
Lo cual estaría empujando al presidente norteamericano a reforzar sus compromisos ideológicos con ese sector, para que no se le salga del huacal, y explicaría que esta semana le haya quitado fondos al sistema de salud, el obamacare que tanto odia; que acuse a Irán por un falso incumplimiento del acuerdo antinuclear; que suba sus amenazas a Norcorea y, posiblemente, que próximamente rompa negociaciones con México. Trump no actúa con racionalidad de estadista, sino que estrecha lazos con la más obtusa ultraderecha norteamericana.
Debemos prepararnos para cerrar el triste capitulo neoliberal de nuestra historia. Seguir enganchados a una estrategia obsoleta tendría un costo social altísimo en el que ya ni migajas habría para la mayoría.
No se trata de la simple ruptura de un tratado comercial; Estados Unidos seguirá en sus mismas exigencias, con mayor rudeza. Podrá unilateralmente facilitar las acusaciones de dumping laboral y bloquear importaciones, como lo ha hecho en el pasado, con el atún, por ejemplo. Podrá también seguir exigiendo un mayor contenido de insumos norteamericanos, en lugar de chinos, en la producción de automóviles. Insistirá en reducir su déficit y en que le compremos más.
¿Quién dice que lo que Estados Unidos exige en la renegociación del Tratado, lo va a dejar de exigir cuando este deje de existir?
Uno de los posibles efectos de la ruptura del TLCAN es que perdamos puntos como plataforma de exportación a los Estados Unidos. Sin esta bandera, y ante una creciente inquietud social y política interna, podría reducirse la inversión externa que nos ha llevado a ser grandes consumidores de importaciones en detrimento de la producción interna.
Menos entrada de dólares implica que todo lo importado suba de precio. No habría peor error que otro apretón de cinturón para las mayorías. La salida debe ser otra; una estrategia de substitución acelerada de importaciones. Mucho de lo que importamos se puede producir internamente. Tendrá que ser así si las importaciones suben de precio.
Requerimos una estrategia de fortalecimiento interno y proteccionismo para defendernos ante un mundo que se vuelve agresivo e inseguro. Hay que generar empleo, digno y productivo, para todos los mexicanos; crear condiciones para que las fábricas, talleres y parcelas produzcan a toda su capacidad.
Necesitamos reintegrar un mercado nacional que genere condiciones para el empleo y la producción; en vez de quedar colgados de la brocha.
Hasta hace unas semanas el discurso oficial era que el TLCAN avanzaba por una negociación con algunos puntos difíciles pero que en su conjunto no se tambaleaba. Ahora el mensaje es que hay vida después del Tratado, que México es mucho más grande que cualquier tratado. Desde las cúpulas empresariales el mensaje es que es buena la modernización del Tratado, pero no a cualquier costo.
Es decir que ya se prepara a la opinión pública para una previsible ruptura de las negociaciones, a la que seguiría, posiblemente, la salida de los Estados Unidos del acuerdo tripartita.
Desde hace meses en esta columna señalaba los grandes escollos a la negociación. Uno de los principales es la acusación de que los bajos salarios en México equivalen a un dumping laboral. Entre los quejosos se encuentran, por ejemplo, los productores norteamericanos de fresas, zarzamoras, arándanos, y moras, un tipo de producción que requiere una mano de obra cuidadosa en la recolección, selección y empaque. Allá pagan un salario diez veces mayor al mexicano.
Entre los cambios que propone Estados Unidos se encuentra facilitar que sus productores puedan acusar de dumping o competencia desleal a sus competidores. Lo que podría afectar mucho más que la exportación de frutillas y pegarle a las manufacturas.
Pero el tema salarial es al que con más vehemencia se ha opuesto el sector empresarial mexicanos. Sobre todo, si se le añade la exigencia de democracia sindical, prohibición del trabajo infantil, mejores condiciones de salud, higiene y condiciones laborales en general.
No es el único gran escollo. En Estados Unidos demandan mayor apertura a sus exportaciones agropecuarias. Lo que es enfrentado por los productores mexicanos que, en sentido contrario, piden que el maíz y otros granos básicos sean excluidos del tratado para elevar la producción interna y mejorar el empleo y el ingreso rural.
Otro gran asunto es la demanda norteamericana de reducir su déficit comercial haciendo que México adquiera mayor producción norteamericana. Piden que en la exportación de automóviles se eleve el contenido específicamente norteamericano a un mínimo de 50 por ciento y el contenido tri-nacional suba del 62.5 por ciento al 85 por ciento. Esto en la práctica significa reducir a menos de la mitad las importaciones de piezas chinas y del sureste asiático para substituirlas por componentes norteamericanos.
Lo que solo sería viable si México y los Estados Unidos imponen, en paralelo, aranceles a las importaciones de fuera del TLCAN. Solo así pueden incrementar su comercio comprándose el uno al otro productos más caros que los que vienen de China. Lo que va en contra del interés de los consumidores, pero en favor de los productores de ambos países.
Pero ahora los gringos añaden nuevas exigencias; como que el nuevo Tratado tenga que ser confirmado, y renegociado, cada cinco años.
Tal vez exista una razón política de más fondo en el endurecimiento de la posición norteamericana. Hace unas semanas el precandidato de la ultraderecha norteamericana a un puesto en el senado le ganó al precandidato que apoyaba Trump. Fue una señal de que la ultraderecha desbocada podría empezar a ganar posiciones por fuera del control de Trump.
Lo cual estaría empujando al presidente norteamericano a reforzar sus compromisos ideológicos con ese sector, para que no se le salga del huacal, y explicaría que esta semana le haya quitado fondos al sistema de salud, el obamacare que tanto odia; que acuse a Irán por un falso incumplimiento del acuerdo antinuclear; que suba sus amenazas a Norcorea y, posiblemente, que próximamente rompa negociaciones con México. Trump no actúa con racionalidad de estadista, sino que estrecha lazos con la más obtusa ultraderecha norteamericana.
Debemos prepararnos para cerrar el triste capitulo neoliberal de nuestra historia. Seguir enganchados a una estrategia obsoleta tendría un costo social altísimo en el que ya ni migajas habría para la mayoría.
No se trata de la simple ruptura de un tratado comercial; Estados Unidos seguirá en sus mismas exigencias, con mayor rudeza. Podrá unilateralmente facilitar las acusaciones de dumping laboral y bloquear importaciones, como lo ha hecho en el pasado, con el atún, por ejemplo. Podrá también seguir exigiendo un mayor contenido de insumos norteamericanos, en lugar de chinos, en la producción de automóviles. Insistirá en reducir su déficit y en que le compremos más.
¿Quién dice que lo que Estados Unidos exige en la renegociación del Tratado, lo va a dejar de exigir cuando este deje de existir?
Uno de los posibles efectos de la ruptura del TLCAN es que perdamos puntos como plataforma de exportación a los Estados Unidos. Sin esta bandera, y ante una creciente inquietud social y política interna, podría reducirse la inversión externa que nos ha llevado a ser grandes consumidores de importaciones en detrimento de la producción interna.
Menos entrada de dólares implica que todo lo importado suba de precio. No habría peor error que otro apretón de cinturón para las mayorías. La salida debe ser otra; una estrategia de substitución acelerada de importaciones. Mucho de lo que importamos se puede producir internamente. Tendrá que ser así si las importaciones suben de precio.
Requerimos una estrategia de fortalecimiento interno y proteccionismo para defendernos ante un mundo que se vuelve agresivo e inseguro. Hay que generar empleo, digno y productivo, para todos los mexicanos; crear condiciones para que las fábricas, talleres y parcelas produzcan a toda su capacidad.
Necesitamos reintegrar un mercado nacional que genere condiciones para el empleo y la producción; en vez de quedar colgados de la brocha.
sábado, 7 de octubre de 2017
Francotiradores
Jorge Faljo
Hace unos quince años, más o menos, porque mi memoria no es exacta, ocurrió la única experiencia cercana que he tenido con un francotirador, aunque de poca monta. Resulta que desde un edificio de la calle Moras, en la Colonia del Valle, alguien empezó a disparar con un rifle de “pellets” a los perros y gatos que pasaban por ahí. Este tipo de rifle es algo más potente que uno de municiones y el proyectil es también más grande.
Al principio lo que ocurría en la calle era un misterio, pero resulta que unos días más tarde empezó a dispararle a las personas; yo me enteré de por lo menos dos casos. Uno fue el de la hija adolescente de una vecina en la que el pellet se le enterró en el pie. Acudió a una clínica donde tras examinar las radiografías concluyeron que extraerlo era una operación con mayor riesgo de hacerle un daño permanente que dejarlo donde estaba. Le dieron un certificado médico con el diagnóstico para efectos legales por si decidiera denunciar. No lo hizo.
El segundo caso fue el de una señora que manejaba un auto con la ventana abierta y el pellet le entró por la clavícula izquierda. No la conocía, pero los vecinos nos enteramos porque acudieron un par de patrullas frente al edificio desde donde evidentemente se disparaba y estuvieron un rato en el lugar. Los agentes no entraron al edificio.
El asunto era un problema. Lo que yo hacía era circular por la misma banqueta del edificio y nunca por la de enfrente. Hasta que se me ocurrió informar a los vecinos del edificio en cuestión. Hice una carta diciendo que en ese edificio había un francotirador y anexé el diagnóstico de la niña adolescente, le saqué copias y, metidas en sobres, coloque una para cada uno de los departamentos de ese edificio.
El problema se acabó, no sé si por mis cartas o por el rato que estuvieron ahí las patrullas. Lo que siempre pensé es que seguramente se trataba de un chamaco al que sus papás le habían regalado un rifle de aire a presión para disparar pellets. Tal vez los papás se enteraron del asunto y le quitaron el rifle; ojalá y hayan hecho algo más, como darse de coscorrones por estúpidos.
Me acordé del asunto porque circuló un video en wasap donde un chamaquito gringo de trece años, actor incipiente contratado para hacer el documental, intenta comprar cerveza, cigarros, revistas pornográficas y billetes de lotería y en todos esos casos lo rechazan por su edad. A continuación entra a una exposición de armas y compra un rifle sin ningún problema.
Desconfió mucho de las falsas noticias que circulan en los medios sociales. Son más para diversión que para informarnos. Pero en este caso busque el video en YouTube y encontré que era verdadero; lo había patrocinado y llevado al aire por la cadena norteamericana CNN.
Estando en eso encontré videos sorprendentes de padres en tiendas de armas comprándoles armas reales a sus niños en el día de su cumpleaños. Hablo de niños que cumplían siete años y en un caso, cinco años. Claro que planeaban llevarlos a un campo de tiro familiar, que abundan, para que ahí recibieran clases sobre el manejo correcto del rifle y se divirtieran disparando. Si esos padres les hubieran dado una cerveza, cigarros o pornografía podrían perder la patria potestad. Darles un rifle es enteramente legal y parte de una cultura muy expandida.
La misma cultura que permitió que un tipo llamado Paddock pudiera llevar a cabo la mayor matanza sin sentido en la historia de los Estados Unidos. Asesinó a 59 personas e hirió a otras 527 disparando con una docena de armas de alto poder hacia la multitud que se encontraba en un concierto de música country al aire libre.
En los videos de la masacre se escuchan disparos en largas series, como si se tratara de ametralladoras. Es que modificó sus armas con un aditamento que permite oprimir el gatillo a la mayor velocidad posible sin que se trate legalmente de una ametralladora. También intentó comprar balas trazadoras, es decir visibles, que le permitieran dirigir mejor sus disparos. Solo que ese día se habían agotado.
La tragedia hizo que el congreso norteamericano pospusiera, tal vez por solo unas semanas, la legalización de la venta de silenciadores para el tipo de armas que uso Paddock. Si ya fueran legales, y hubiera comprado balas trazadoras, Paddock habría sido más mortífero.
Resulta extraordinaria la respuesta de los republicanos y la cadena Fox diciendo que no es el momento de “politizar” la tragedia discutiendo restricciones a la venta de armas. Lo que ahora existe es prácticamente venta irrestricta. Se calcula que los norteamericanos tienen 112 armas de fuego por cada 100 habitantes. Más que en ningún otro lugar del mundo.
No faltará los que señalen que en la mayor parte de los Estados Unidos no se permite que los vendedores registrados con autorización federal vendan pistolas a menores de 21 años, ni rifles a menores de 18. Sí, es más fácil comprar un rifle. También deben hacer un chequeo de datos del comprador con el FBI y esperar 72 horas. Pero si el FBI no responde en 72 horas, como ha ocurrido en el caso de varios francotiradores, entonces se asume que no hubo una negativa y se puede vender.
Pero esos son límites para los vendedores registrados con un local oficial. Las ventas, o regalos, entre particulares no tienen restricciones. Por eso un padre puede comprarle un rifle a su hijo de siete años. Por eso un vendedor en una exposición temporal puede operar como particular en un tianguis y venderle a un chamaco de trece años, o a cualquiera con dinero, sin cumplir mínimos de verificación.
En todo caso Paddock, un hombre blanco, millonario, sin antecedentes criminales, sin tendencias ideológicas conocidas, sin rasgos de inestabilidad mental, habría pasado casi cualquier tipo de chequeo oficial. ¿Por qué disparó a los fans de la música country? ¿Por qué tenía 20 kilos de explosivos en la cajuela de su auto? No se sabe; no hay indicios sobre sus motivaciones.
La venta irrestricta de armas cada vez más poderosas en los Estados Unidos es un problema importante para México. En las últimas semanas nuestro gobierno no tuvo empacho en sumarse a la injerencia y amenazas norteamericanas a Venezuela. Sería el momento de equilibrar la balanza, mostrar un poquitín de gallardía y abiertamente llamar a la cordura al gobierno norteamericano solicitándole que en defensa de su población, y la nuestra, prohíba la posesión de armas automáticas y de alto poder en manos de civiles.
Hace unos quince años, más o menos, porque mi memoria no es exacta, ocurrió la única experiencia cercana que he tenido con un francotirador, aunque de poca monta. Resulta que desde un edificio de la calle Moras, en la Colonia del Valle, alguien empezó a disparar con un rifle de “pellets” a los perros y gatos que pasaban por ahí. Este tipo de rifle es algo más potente que uno de municiones y el proyectil es también más grande.
Al principio lo que ocurría en la calle era un misterio, pero resulta que unos días más tarde empezó a dispararle a las personas; yo me enteré de por lo menos dos casos. Uno fue el de la hija adolescente de una vecina en la que el pellet se le enterró en el pie. Acudió a una clínica donde tras examinar las radiografías concluyeron que extraerlo era una operación con mayor riesgo de hacerle un daño permanente que dejarlo donde estaba. Le dieron un certificado médico con el diagnóstico para efectos legales por si decidiera denunciar. No lo hizo.
El segundo caso fue el de una señora que manejaba un auto con la ventana abierta y el pellet le entró por la clavícula izquierda. No la conocía, pero los vecinos nos enteramos porque acudieron un par de patrullas frente al edificio desde donde evidentemente se disparaba y estuvieron un rato en el lugar. Los agentes no entraron al edificio.
El asunto era un problema. Lo que yo hacía era circular por la misma banqueta del edificio y nunca por la de enfrente. Hasta que se me ocurrió informar a los vecinos del edificio en cuestión. Hice una carta diciendo que en ese edificio había un francotirador y anexé el diagnóstico de la niña adolescente, le saqué copias y, metidas en sobres, coloque una para cada uno de los departamentos de ese edificio.
El problema se acabó, no sé si por mis cartas o por el rato que estuvieron ahí las patrullas. Lo que siempre pensé es que seguramente se trataba de un chamaco al que sus papás le habían regalado un rifle de aire a presión para disparar pellets. Tal vez los papás se enteraron del asunto y le quitaron el rifle; ojalá y hayan hecho algo más, como darse de coscorrones por estúpidos.
Me acordé del asunto porque circuló un video en wasap donde un chamaquito gringo de trece años, actor incipiente contratado para hacer el documental, intenta comprar cerveza, cigarros, revistas pornográficas y billetes de lotería y en todos esos casos lo rechazan por su edad. A continuación entra a una exposición de armas y compra un rifle sin ningún problema.
Desconfió mucho de las falsas noticias que circulan en los medios sociales. Son más para diversión que para informarnos. Pero en este caso busque el video en YouTube y encontré que era verdadero; lo había patrocinado y llevado al aire por la cadena norteamericana CNN.
Estando en eso encontré videos sorprendentes de padres en tiendas de armas comprándoles armas reales a sus niños en el día de su cumpleaños. Hablo de niños que cumplían siete años y en un caso, cinco años. Claro que planeaban llevarlos a un campo de tiro familiar, que abundan, para que ahí recibieran clases sobre el manejo correcto del rifle y se divirtieran disparando. Si esos padres les hubieran dado una cerveza, cigarros o pornografía podrían perder la patria potestad. Darles un rifle es enteramente legal y parte de una cultura muy expandida.
La misma cultura que permitió que un tipo llamado Paddock pudiera llevar a cabo la mayor matanza sin sentido en la historia de los Estados Unidos. Asesinó a 59 personas e hirió a otras 527 disparando con una docena de armas de alto poder hacia la multitud que se encontraba en un concierto de música country al aire libre.
En los videos de la masacre se escuchan disparos en largas series, como si se tratara de ametralladoras. Es que modificó sus armas con un aditamento que permite oprimir el gatillo a la mayor velocidad posible sin que se trate legalmente de una ametralladora. También intentó comprar balas trazadoras, es decir visibles, que le permitieran dirigir mejor sus disparos. Solo que ese día se habían agotado.
La tragedia hizo que el congreso norteamericano pospusiera, tal vez por solo unas semanas, la legalización de la venta de silenciadores para el tipo de armas que uso Paddock. Si ya fueran legales, y hubiera comprado balas trazadoras, Paddock habría sido más mortífero.
Resulta extraordinaria la respuesta de los republicanos y la cadena Fox diciendo que no es el momento de “politizar” la tragedia discutiendo restricciones a la venta de armas. Lo que ahora existe es prácticamente venta irrestricta. Se calcula que los norteamericanos tienen 112 armas de fuego por cada 100 habitantes. Más que en ningún otro lugar del mundo.
No faltará los que señalen que en la mayor parte de los Estados Unidos no se permite que los vendedores registrados con autorización federal vendan pistolas a menores de 21 años, ni rifles a menores de 18. Sí, es más fácil comprar un rifle. También deben hacer un chequeo de datos del comprador con el FBI y esperar 72 horas. Pero si el FBI no responde en 72 horas, como ha ocurrido en el caso de varios francotiradores, entonces se asume que no hubo una negativa y se puede vender.
Pero esos son límites para los vendedores registrados con un local oficial. Las ventas, o regalos, entre particulares no tienen restricciones. Por eso un padre puede comprarle un rifle a su hijo de siete años. Por eso un vendedor en una exposición temporal puede operar como particular en un tianguis y venderle a un chamaco de trece años, o a cualquiera con dinero, sin cumplir mínimos de verificación.
En todo caso Paddock, un hombre blanco, millonario, sin antecedentes criminales, sin tendencias ideológicas conocidas, sin rasgos de inestabilidad mental, habría pasado casi cualquier tipo de chequeo oficial. ¿Por qué disparó a los fans de la música country? ¿Por qué tenía 20 kilos de explosivos en la cajuela de su auto? No se sabe; no hay indicios sobre sus motivaciones.
La venta irrestricta de armas cada vez más poderosas en los Estados Unidos es un problema importante para México. En las últimas semanas nuestro gobierno no tuvo empacho en sumarse a la injerencia y amenazas norteamericanas a Venezuela. Sería el momento de equilibrar la balanza, mostrar un poquitín de gallardía y abiertamente llamar a la cordura al gobierno norteamericano solicitándole que en defensa de su población, y la nuestra, prohíba la posesión de armas automáticas y de alto poder en manos de civiles.
sábado, 30 de septiembre de 2017
Adobe o concreto
Jorge Faljo
Sigue siendo insuficiente la ayuda inmediata a los damnificados de los terremotos. En particular en las poblaciones del sureste donde aún no ha llegado la ayuda necesaria. No obstante ya se perfilan las posiciones encontradas en torno a la reconstrucción, que durará años y marcará el fin del sexenio.
En la ciudad de México la verificación del cumplimiento de las normas de construcción de los edificios derruidos, de los otros miles con algún daño, e incluso de los aparentemente intactos se perfila como lo fundamental. La razón es sencilla, queremos saber si la destrucción se originó en el incumplimiento de las normas, y si habitamos en lugares seguros.
Las irregularidades de la construcción del Colegio Rebsamen originaron la denuncia penal de la actual delegada de Tlalpan; podría ser la primera de una oleada que pondrá al descubierto las entrañas de la industria de la construcción y la capacidad del sistema de justicia. Antecedentes como el socavón del paso exprés contribuyen a la desconfianza ciudadana de lo que puede ser visto como una alianza corrupta entre algunas autoridades y constructores.
En otro espacio de la geografía nacional, el de un sureste terriblemente herido, la discusión sobre la estrategia de reconstrucción perfila un conflicto entre el adobe y el concreto.
Cuando el secretario de educación, Aurelio Nuño, se presentó en la histórica y muy dañada escuela Juchitán llevaba en la mano planos para su reconstrucción. Iba preparado para los aplausos. Pero su proyecto fue rechazado por la directora y los maestros que, le explicaron, no era conveniente construir un plantel de tres pisos en zona sísmica. Pretendió dirigirse a la población congregada pero la rechifla le impidió hablar. El mensaje fue contundente: la escuela debe ser reconstruida como estaba.
Francisco Toledo, el ilustre oaxaqueño famoso por su obra artística y por su activismo cívico, exigió que en la reconstrucción se respete la arquitectura, materiales y tradiciones culturales de la región. Fue la expresión de múltiples voces. De otro modo se atentaría contra los modos de vida locales y se crearía vivienda inapropiada, como ya sucedió ante otros desastres.
De hecho la construcción de vivienda en el país ha sido un ejercicio de despilfarro y mala planeación que se traduce en millones de viviendas inhabitables, con un costo gigantesco para los que las abandonan y para los que pagamos impuestos.
Peña Nieto entró al quite diciendo que “la caída de las viviendas se debió sobre todo a que están hechas de adobe y tienen escasa cimentación.” También hizo un llamado a las empresas constructoras, “las que han realizado importantes proyectos de construcción en el país” a solidarizarse y contribuir a la reconstrucción de viviendas.
No se hizo esperar la respuesta de cientos de redes, colectivos, organizaciones y conocedores del tema, muchos de ellos arquitectos e ingenieros, que firmaron el manifiesto del 15 de septiembre ¡Por el derecho a construir con tierra! Ahí se dirigen al presidente, y lo refutan, señalando múltiples ejemplos de buena construcción con materiales locales. Mejor que los centenares de escuelas de concreto derruidas y que las viviendas inhabitables promovidas por entidades públicas.
La discusión sobre si se reconstruye con adobe o concreto tiene un trasfondo que es muy importante revelar. Reconstruir de acuerdo a las tradiciones culturales y con materiales locales como adobe, bajareque, tejas, morillos, implica adaptarse a las condiciones climáticas de cada zona y movilizar la mano de obra local. Se trataría de una reconstrucción compenetrada con los requerimientos de cada familia y localidad.
Reconstruir con concreto es implantar los mismos diseños en todas partes, en un proceso altamente monopólico y concentrado en las empresas que, como dijo el presidente, han realizado los proyectos importantes de este sexenio. A muchos inquieta la noticia de que la constructora del paso exprés de Cuernavaca participará en la reconstrucción en Jojutla (¡imagínese!).
Mientras el adobe representa la movilización de materiales y mano de obra dispersa y local, la propuesta presidencial abre camino a una reconstrucción monopólica que puede ser un enorme negocio de fin de sexenio para los amigos de siempre.
La reconstrucción como negocio de cuates se manifiesta en la creación del fideicomiso “Fuerza México”. Creado por la elite empresarial se propone captar el grueso de las donaciones internas y externas para trabajar de manera coordinada con las autoridades federales. Con una fachada privada se convierte en una plataforma privilegiada por Hacienda para captar las donaciones.
Un tercer mecanismo, el de las zonas económicas especiales, ofrece colocar bajo administración privada infraestructura pública que sumada a exenciones de impuestos e inversiones externas crearía un escaparate exportador. De ese modo con un gran costo de recursos públicos se crearían unos cuantos miles de empleos en los próximos años. Eso sí se logran atraer inversiones chinas y de otros países.
Todo apunta a que la reconstrucción se diseña sin escuchar las voces de los afectados ni en cuanto a los materiales y manera de reconstruir, ni en el fideicomiso Fuerza México, ni en la administración de las zonas económicas especiales. Una reconstrucción integral requiere movilizar a las personas y recursos nativos de cada zona; no hacerlos a un lado.
El error de Aurelio fue ir a Juchitán para presentar su plan sin escuchar. Este error se reproduce en toda la respuesta gubernamental y puede crear las condiciones para otro sismo político que marcaría el fin del sexenio. Aún hay tiempo de otro diseño; uno sustentado en la capacidad de escuchar a la población y en abrir espacios a la participación social en el diseño de la reconstrucción.
Sigue siendo insuficiente la ayuda inmediata a los damnificados de los terremotos. En particular en las poblaciones del sureste donde aún no ha llegado la ayuda necesaria. No obstante ya se perfilan las posiciones encontradas en torno a la reconstrucción, que durará años y marcará el fin del sexenio.
En la ciudad de México la verificación del cumplimiento de las normas de construcción de los edificios derruidos, de los otros miles con algún daño, e incluso de los aparentemente intactos se perfila como lo fundamental. La razón es sencilla, queremos saber si la destrucción se originó en el incumplimiento de las normas, y si habitamos en lugares seguros.
Las irregularidades de la construcción del Colegio Rebsamen originaron la denuncia penal de la actual delegada de Tlalpan; podría ser la primera de una oleada que pondrá al descubierto las entrañas de la industria de la construcción y la capacidad del sistema de justicia. Antecedentes como el socavón del paso exprés contribuyen a la desconfianza ciudadana de lo que puede ser visto como una alianza corrupta entre algunas autoridades y constructores.
En otro espacio de la geografía nacional, el de un sureste terriblemente herido, la discusión sobre la estrategia de reconstrucción perfila un conflicto entre el adobe y el concreto.
Cuando el secretario de educación, Aurelio Nuño, se presentó en la histórica y muy dañada escuela Juchitán llevaba en la mano planos para su reconstrucción. Iba preparado para los aplausos. Pero su proyecto fue rechazado por la directora y los maestros que, le explicaron, no era conveniente construir un plantel de tres pisos en zona sísmica. Pretendió dirigirse a la población congregada pero la rechifla le impidió hablar. El mensaje fue contundente: la escuela debe ser reconstruida como estaba.
Francisco Toledo, el ilustre oaxaqueño famoso por su obra artística y por su activismo cívico, exigió que en la reconstrucción se respete la arquitectura, materiales y tradiciones culturales de la región. Fue la expresión de múltiples voces. De otro modo se atentaría contra los modos de vida locales y se crearía vivienda inapropiada, como ya sucedió ante otros desastres.
De hecho la construcción de vivienda en el país ha sido un ejercicio de despilfarro y mala planeación que se traduce en millones de viviendas inhabitables, con un costo gigantesco para los que las abandonan y para los que pagamos impuestos.
Peña Nieto entró al quite diciendo que “la caída de las viviendas se debió sobre todo a que están hechas de adobe y tienen escasa cimentación.” También hizo un llamado a las empresas constructoras, “las que han realizado importantes proyectos de construcción en el país” a solidarizarse y contribuir a la reconstrucción de viviendas.
No se hizo esperar la respuesta de cientos de redes, colectivos, organizaciones y conocedores del tema, muchos de ellos arquitectos e ingenieros, que firmaron el manifiesto del 15 de septiembre ¡Por el derecho a construir con tierra! Ahí se dirigen al presidente, y lo refutan, señalando múltiples ejemplos de buena construcción con materiales locales. Mejor que los centenares de escuelas de concreto derruidas y que las viviendas inhabitables promovidas por entidades públicas.
La discusión sobre si se reconstruye con adobe o concreto tiene un trasfondo que es muy importante revelar. Reconstruir de acuerdo a las tradiciones culturales y con materiales locales como adobe, bajareque, tejas, morillos, implica adaptarse a las condiciones climáticas de cada zona y movilizar la mano de obra local. Se trataría de una reconstrucción compenetrada con los requerimientos de cada familia y localidad.
Reconstruir con concreto es implantar los mismos diseños en todas partes, en un proceso altamente monopólico y concentrado en las empresas que, como dijo el presidente, han realizado los proyectos importantes de este sexenio. A muchos inquieta la noticia de que la constructora del paso exprés de Cuernavaca participará en la reconstrucción en Jojutla (¡imagínese!).
Mientras el adobe representa la movilización de materiales y mano de obra dispersa y local, la propuesta presidencial abre camino a una reconstrucción monopólica que puede ser un enorme negocio de fin de sexenio para los amigos de siempre.
La reconstrucción como negocio de cuates se manifiesta en la creación del fideicomiso “Fuerza México”. Creado por la elite empresarial se propone captar el grueso de las donaciones internas y externas para trabajar de manera coordinada con las autoridades federales. Con una fachada privada se convierte en una plataforma privilegiada por Hacienda para captar las donaciones.
Un tercer mecanismo, el de las zonas económicas especiales, ofrece colocar bajo administración privada infraestructura pública que sumada a exenciones de impuestos e inversiones externas crearía un escaparate exportador. De ese modo con un gran costo de recursos públicos se crearían unos cuantos miles de empleos en los próximos años. Eso sí se logran atraer inversiones chinas y de otros países.
Todo apunta a que la reconstrucción se diseña sin escuchar las voces de los afectados ni en cuanto a los materiales y manera de reconstruir, ni en el fideicomiso Fuerza México, ni en la administración de las zonas económicas especiales. Una reconstrucción integral requiere movilizar a las personas y recursos nativos de cada zona; no hacerlos a un lado.
El error de Aurelio fue ir a Juchitán para presentar su plan sin escuchar. Este error se reproduce en toda la respuesta gubernamental y puede crear las condiciones para otro sismo político que marcaría el fin del sexenio. Aún hay tiempo de otro diseño; uno sustentado en la capacidad de escuchar a la población y en abrir espacios a la participación social en el diseño de la reconstrucción.
sábado, 23 de septiembre de 2017
Tarda en doler
Jorge Faljo
Bajamos lo más aprisa posible mientras las escaleras daban bandazos; atrás de mí una compañera del trabajo rezaba a gritos. Dos pisos interminables en los que el piso parecía esquivar los pies. En el primer tramo levanté un zapato de tacón y al siguiente, siempre en la escalera, encontré el segundo. Más tarde pensé que los había levantado porque eran peligrosos para todos los que bajábamos. Pero en realidad no sé si lo pensé; todo había sido instintivo.
Corrimos a los primeros gritos e instantes después sonó la alarma. Minutos más tarde lo lógico fue buscar a la dueña de los zapatos. Un par de damas descalzas me mostraron sus zapatos en las manos; la tercera, una dama joven, resultó ser la propietaria.
Al recorrer la explanada vi algunos compañeros, hombres y mujeres, que salieron bien aunque todos muy asustados, pero que solo minutos después empezaron a presentar fuertes ataques de angustia. Me recordó cuando uno sufre una fuerte herida y no la siente, debido a la excitación del momento, adrenalina, le dicen. También cuando fallece alguien muy querido, al principio uno se encuentra en un estado de incomprensión, de incredulidad. Son horas, o días, después que uno adquiere conciencia de lo ocurrido.
A veces tarda en doler. Así siento estos terremotos; así creo que los siente la sociedad; apenas empieza a doler.
La reacción humana, instintiva, es ayudarnos unos a otros. Resolver la emergencia inmediata, rescatar de entre los escombros a los más posibles, distribuir agua y comida. Que los evacuados encuentren albergue. El costo material y emocional es enorme.
El paso de la reacción inmediata a la reconstrucción bien pensada va a ser doloroso porque estas desgracias no ocurren en un cuerpo social sano, sino profundamente dañado por la corrupción, la inequidad y una estrategia económica que inutiliza las capacidades de la mayoría para colocarlos en la categoría de pobres inermes y necesitados.
Salir adelante va a requerir cambios de fondo, la sociedad lo sabe y lo empieza a exigir. Los daños del terremoto son también una radiografía de nuestros males.
Más de dos mil edificios están dañados en el centro del país; entre doscientos y quinientos deberán ser derruidos. De acuerdo a ingenieros expertos los edificios construidos de acuerdo a las normas posteriores al sismo de 1985 no debieron fallar. Los indicios de corrupción privada, solapada por corrupción pública, en la construcción son muchos. Sería el caso del colegio Rebsamen, un punto donde se concentró la desgracia con la muerte de 19 niños y seis adultos.
Una primera y fuerte exigencia social es determinar si los edificios caídos, los dañados, y en general los construidos en los últimos años cumplen plenamente el reglamento de construcción de 1985. De no ser así habría que castigar la corrupción que lo permitió. Si cumplen con las normas y se dañaron entonces estas necesitan ser revisadas.
El montaje televisivo de la niña inexistente nos recuerda que los medios están al servicio de sus “ratings” y sus ganancias y no al de la información objetiva y la reflexión experta. Desde la esfera mediática se lanzan ahora campañas contra partidos y representantes populares, que efectivamente deben ser revisados y corregidos para recrearlos como espacios democráticos. Pero la campaña privada es interesada; critica a los que no les dan moche y busca darse baños de pureza.
Nos deja estupefactos la rapiña de los gobiernos estatales, en particular el de Morelos, en su apropiamiento ilegal de las donaciones de la ciudadanía. Sobre todo cuando muchos buscamos canalizar nuestra ayuda precisamente fuera de los canales públicos y de algunas fundaciones privadas que buscan lavarle la cara a sus empresas mediáticas o financieras.
Para poner el dedo en la llaga tenemos que apuntar que vivimos en un paraíso fiscal corrupto donde los grandes consorcios y los milmillonarios pagan impuestos de risa. La captación fiscal en México es de bastante menos de la mitad que el promedio que captan los países de la OCDE. La riqueza petrolera permitía que los muy ricos no pagaran; ese modelo se acabó con la caída del precio del petróleo y la venta de garaje del patrimonio nacional.
Ahora esta desgracia en marcha obliga a repensar no en una solución basada en donativos, que son valiosos, sino en una verdadera contribución responsable de los grandes patrimonios privados.
La reconstrucción nacional es casi imposible en un país que acusó de paternalismo a su pequeña y mediana empresa, a su industria y a la producción agropecuaria destinada al consumo interno. Hubo que destruirla para darle campo libre, mercado libre digamos, a la producción transnacional.
El mundo ha cambiado y estos terremotos obligan a cuestionar la desintegración interna entre producción y consumo. ¿Vamos a reconstruir con herramientas y tornillos importados? ¿Con granos, incluyendo maíz transgénico, importados?
No, lo que se requiere es privilegiar el trabajo y la producción de los mexicanos. De la ingeniería del mercado transnacional debemos pasar a una estrategia de mercado interno donde la prioridad sea la eficiencia en la movilización de nuestras propias capacidades, que son muchas.
Bienvenido ahora el terremoto político que desde la movilización social empieza a cuestionar a la corrupción criminal, la ausencia de un estado paternalista y eficaz, la rapiña de algunos gobiernos estatales, los sesgos del monopolio mediático, la venta país, y el privilegio a lo importado sobre lo que podemos producir nosotros.
Bajamos lo más aprisa posible mientras las escaleras daban bandazos; atrás de mí una compañera del trabajo rezaba a gritos. Dos pisos interminables en los que el piso parecía esquivar los pies. En el primer tramo levanté un zapato de tacón y al siguiente, siempre en la escalera, encontré el segundo. Más tarde pensé que los había levantado porque eran peligrosos para todos los que bajábamos. Pero en realidad no sé si lo pensé; todo había sido instintivo.
Corrimos a los primeros gritos e instantes después sonó la alarma. Minutos más tarde lo lógico fue buscar a la dueña de los zapatos. Un par de damas descalzas me mostraron sus zapatos en las manos; la tercera, una dama joven, resultó ser la propietaria.
Al recorrer la explanada vi algunos compañeros, hombres y mujeres, que salieron bien aunque todos muy asustados, pero que solo minutos después empezaron a presentar fuertes ataques de angustia. Me recordó cuando uno sufre una fuerte herida y no la siente, debido a la excitación del momento, adrenalina, le dicen. También cuando fallece alguien muy querido, al principio uno se encuentra en un estado de incomprensión, de incredulidad. Son horas, o días, después que uno adquiere conciencia de lo ocurrido.
A veces tarda en doler. Así siento estos terremotos; así creo que los siente la sociedad; apenas empieza a doler.
La reacción humana, instintiva, es ayudarnos unos a otros. Resolver la emergencia inmediata, rescatar de entre los escombros a los más posibles, distribuir agua y comida. Que los evacuados encuentren albergue. El costo material y emocional es enorme.
El paso de la reacción inmediata a la reconstrucción bien pensada va a ser doloroso porque estas desgracias no ocurren en un cuerpo social sano, sino profundamente dañado por la corrupción, la inequidad y una estrategia económica que inutiliza las capacidades de la mayoría para colocarlos en la categoría de pobres inermes y necesitados.
Salir adelante va a requerir cambios de fondo, la sociedad lo sabe y lo empieza a exigir. Los daños del terremoto son también una radiografía de nuestros males.
Más de dos mil edificios están dañados en el centro del país; entre doscientos y quinientos deberán ser derruidos. De acuerdo a ingenieros expertos los edificios construidos de acuerdo a las normas posteriores al sismo de 1985 no debieron fallar. Los indicios de corrupción privada, solapada por corrupción pública, en la construcción son muchos. Sería el caso del colegio Rebsamen, un punto donde se concentró la desgracia con la muerte de 19 niños y seis adultos.
Una primera y fuerte exigencia social es determinar si los edificios caídos, los dañados, y en general los construidos en los últimos años cumplen plenamente el reglamento de construcción de 1985. De no ser así habría que castigar la corrupción que lo permitió. Si cumplen con las normas y se dañaron entonces estas necesitan ser revisadas.
El montaje televisivo de la niña inexistente nos recuerda que los medios están al servicio de sus “ratings” y sus ganancias y no al de la información objetiva y la reflexión experta. Desde la esfera mediática se lanzan ahora campañas contra partidos y representantes populares, que efectivamente deben ser revisados y corregidos para recrearlos como espacios democráticos. Pero la campaña privada es interesada; critica a los que no les dan moche y busca darse baños de pureza.
Nos deja estupefactos la rapiña de los gobiernos estatales, en particular el de Morelos, en su apropiamiento ilegal de las donaciones de la ciudadanía. Sobre todo cuando muchos buscamos canalizar nuestra ayuda precisamente fuera de los canales públicos y de algunas fundaciones privadas que buscan lavarle la cara a sus empresas mediáticas o financieras.
Para poner el dedo en la llaga tenemos que apuntar que vivimos en un paraíso fiscal corrupto donde los grandes consorcios y los milmillonarios pagan impuestos de risa. La captación fiscal en México es de bastante menos de la mitad que el promedio que captan los países de la OCDE. La riqueza petrolera permitía que los muy ricos no pagaran; ese modelo se acabó con la caída del precio del petróleo y la venta de garaje del patrimonio nacional.
Ahora esta desgracia en marcha obliga a repensar no en una solución basada en donativos, que son valiosos, sino en una verdadera contribución responsable de los grandes patrimonios privados.
La reconstrucción nacional es casi imposible en un país que acusó de paternalismo a su pequeña y mediana empresa, a su industria y a la producción agropecuaria destinada al consumo interno. Hubo que destruirla para darle campo libre, mercado libre digamos, a la producción transnacional.
El mundo ha cambiado y estos terremotos obligan a cuestionar la desintegración interna entre producción y consumo. ¿Vamos a reconstruir con herramientas y tornillos importados? ¿Con granos, incluyendo maíz transgénico, importados?
No, lo que se requiere es privilegiar el trabajo y la producción de los mexicanos. De la ingeniería del mercado transnacional debemos pasar a una estrategia de mercado interno donde la prioridad sea la eficiencia en la movilización de nuestras propias capacidades, que son muchas.
Bienvenido ahora el terremoto político que desde la movilización social empieza a cuestionar a la corrupción criminal, la ausencia de un estado paternalista y eficaz, la rapiña de algunos gobiernos estatales, los sesgos del monopolio mediático, la venta país, y el privilegio a lo importado sobre lo que podemos producir nosotros.
domingo, 17 de septiembre de 2017
Más allá de la reconstrucción
Jorge Faljo
La impresión inmediata después del pasado terremoto fue, en la perspectiva de la Ciudad de México, de alivio y asombro. El movimiento parecía interminable y estuvo fuerte; fue un buen susto y para los que tenemos la suficiente edad la comparación con el temblor de 1985 era inevitable. En aquel entonces hubo miles de muertos y centenares de construcciones derruidas en la capital. Así que la pregunta del día siguiente era ¿Cómo es que la destrucción fue mínima? Parecía que no había pasado nada. Después veríamos lo equivocados que estábamos.
Aunque la capital se salvó del desastre este fue mayúsculo y concentrado en las zonas más vulnerables del país y de la sociedad mexicana: Chiapas y Oaxaca. Pronto empezaron a llegar noticias cada vez peores y que se iban acumulando. Casi cien muertos, ochenta mil casas con daños importantes, más de mil trescientos planteles escolares destruidos, daños a la infraestructura, a los lugares de trabajo, a centros de salud, edificios públicos y demás. Sin embargo día con día, conforme llegan noticias de los lugares más apartados se incrementan las cifras. Se habla de ocho cientos mil damnificados en Oaxaca y millón y medio en Chiapas.
Impresiona el video de una construcción de dos pisos que empieza a crujir y finalmente se desploma cuando a simple vista parecía en buen estado. Entonces la duda, ¿Cómo estarán las de a los lados? Son cientos de miles los que o no tienen casa o no se atreven a entrar a ellas por los daños evidentes. Les falta además agua, alimentos, artículos de limpieza, ropa y más.
Los canales para enviar ayuda son muchos y la ayuda surge de todos lados. Por mi parte preferí hacer un donativo a la cuenta de la Cruz Roja pensando que es uno de las instituciones más experimentadas en ayuda inmediata. Pero la respuesta ciudadana no basta.
Los damnificados y el resto del país esperamos que sea el gobierno, el federal y los estatales sobre todo, los que cumplan con su responsabilidad para con los mexicanos. Lo esperamos, pero no sabemos si podrán hacerlo en la magnitud y con la urgencia que impone la situación. No tenemos un gobierno cercano a la población, no es ágil en su actuación, y una y otra vez ha mostrado que más que apoyar desconfía de las organizaciones populares.
Peña Nieto pidió a los damnificados no permitir que alguien quiera lucrar con la emergencia, cabría suponer que no se refiere a la solidaridad de muchos, sino a las mañas de los funcionarios públicos. El Paso Express, Oderbrecht, los desvíos a través de universidades nos señalan no solo que la podredumbre existe, sino la terrible impunidad en que nos movemos. Pero tiene razón, solo la propia población vigilante puede hacer que la ayuda inmediata y la reconstrucción posterior sean efectivas.
La experiencia del temblor del 85 señala que el esfuerzo tendrá que ser notable y prolongado. No es admisible que estas heridas dejen una cicatriz permanente en un sureste que ya se caracteriza por la exclusión económica y social.
Lo que se requiere de inmediato es el abasto externo que proporcione a la población lo necesario para la supervivencia y para no sufrir más daños a su salud física y emocional. Esto es vital pero es solo el principio de la tarea.
Una siguiente etapa, que debe comenzar pronto pero durará más tiempo, es la reconstrucción. No se trata meramente de reponer infraestructura, construcciones y viviendas. De fijarse solo en las apariencias se podría caer en la tentación de una compostura implantada desde fuera y haciendo a un lado a la población. Sería la opción más atractiva para hacer del desastre un gran negocio, pero no reconstruiría las vidas y las comunidades.
Peña Nieto ofreció un programa de empleo temporal. Es una buena medida si se orienta a que la propia población organizada repare sus viviendas, la infraestructura, las escuelas, sus propios talleres y centros de trabajo. El bajo, aunque siempre lamentable número de muertos, apunta a la nobleza de los materiales locales, adobe por ejemplo, como elementos de construcción.
Entre la ayuda inmediata y la reconstrucción debe marcarse una diferencia fundamental. Lo inmediato viene de fuera. La reconstrucción debe enfatizar recuperar las capacidades locales para el mayor auto abasto posible de agua, alimentos, materiales de construcción, muebles y enseres del hogar, ropa y demás.
Hablamos del sureste, de la región del país que más ha sufrido los embates del modelo neoliberal en el que el país dejó de consumir lo propio para preferir lo importado. Donde el norte dejó de comprarle al sur. Donde la apertura de los mercados y las importaciones inutilizaron buena parte de la producción convencional, la del sector social, y la de la pequeña producción. Donde gran parte de la producción perdió su mercado.
Una reconstrucción importada, ajena a la población, es inviable y ahondaría el problema de la exclusión de fondo de la población. Por eso se requiere ir más allá de la reconstrucción para plantearla como un esfuerzo de inclusión social y productiva que, a menor costo, tenga efectos masivos y duraderos.
Tomemos por ejemplo la idea presidencial del empleo temporal. Será una manera inmediata de distribuir ingresos y capacidad de consumo. Ir más allá será que estos ingresos se asocien en lo posible, pero de manera creciente, al consumo de productos locales y regionales. Podría hacerse mediante cupones para el consumo en las tiendas Diconsa que, a su vez procurarían un máximo de adquisiciones provenientes de la producción popular local, regional y nacional. Eso haría que el empleo temporal en la reconstrucción genere empleo en otras actividades productivas.
La globalización ha inutilizado gran parte de las capacidades productivas populares debido a que creo un mercado basado en super tiendas en las que no tiene entrada la pequeña producción. Pero no olvidemos que los pueblos del sureste aún tienen la capacidad de producir prácticamente todo lo que necesitan para vivir bien. Recuperar y expandir esas capacidades como eje de la reconstrucción es sobre todo un asunto de crearles el mercado apropiado, donde puedan distribuir e intercambiar estos bienes.
Sería un error ver a los damnificados simplemente como pobres inertes a los que se ayuda convirtiéndolos en consumidores de productos externos. Eso crearía una dependencia permanente. Lo necesario es apoyarlos en toda su dignidad de productores capaces de generar en su conjunto casi toda la canasta de consumo que requieren. Esa reconstrucción es posible.
La impresión inmediata después del pasado terremoto fue, en la perspectiva de la Ciudad de México, de alivio y asombro. El movimiento parecía interminable y estuvo fuerte; fue un buen susto y para los que tenemos la suficiente edad la comparación con el temblor de 1985 era inevitable. En aquel entonces hubo miles de muertos y centenares de construcciones derruidas en la capital. Así que la pregunta del día siguiente era ¿Cómo es que la destrucción fue mínima? Parecía que no había pasado nada. Después veríamos lo equivocados que estábamos.
Aunque la capital se salvó del desastre este fue mayúsculo y concentrado en las zonas más vulnerables del país y de la sociedad mexicana: Chiapas y Oaxaca. Pronto empezaron a llegar noticias cada vez peores y que se iban acumulando. Casi cien muertos, ochenta mil casas con daños importantes, más de mil trescientos planteles escolares destruidos, daños a la infraestructura, a los lugares de trabajo, a centros de salud, edificios públicos y demás. Sin embargo día con día, conforme llegan noticias de los lugares más apartados se incrementan las cifras. Se habla de ocho cientos mil damnificados en Oaxaca y millón y medio en Chiapas.
Impresiona el video de una construcción de dos pisos que empieza a crujir y finalmente se desploma cuando a simple vista parecía en buen estado. Entonces la duda, ¿Cómo estarán las de a los lados? Son cientos de miles los que o no tienen casa o no se atreven a entrar a ellas por los daños evidentes. Les falta además agua, alimentos, artículos de limpieza, ropa y más.
Los canales para enviar ayuda son muchos y la ayuda surge de todos lados. Por mi parte preferí hacer un donativo a la cuenta de la Cruz Roja pensando que es uno de las instituciones más experimentadas en ayuda inmediata. Pero la respuesta ciudadana no basta.
Los damnificados y el resto del país esperamos que sea el gobierno, el federal y los estatales sobre todo, los que cumplan con su responsabilidad para con los mexicanos. Lo esperamos, pero no sabemos si podrán hacerlo en la magnitud y con la urgencia que impone la situación. No tenemos un gobierno cercano a la población, no es ágil en su actuación, y una y otra vez ha mostrado que más que apoyar desconfía de las organizaciones populares.
Peña Nieto pidió a los damnificados no permitir que alguien quiera lucrar con la emergencia, cabría suponer que no se refiere a la solidaridad de muchos, sino a las mañas de los funcionarios públicos. El Paso Express, Oderbrecht, los desvíos a través de universidades nos señalan no solo que la podredumbre existe, sino la terrible impunidad en que nos movemos. Pero tiene razón, solo la propia población vigilante puede hacer que la ayuda inmediata y la reconstrucción posterior sean efectivas.
La experiencia del temblor del 85 señala que el esfuerzo tendrá que ser notable y prolongado. No es admisible que estas heridas dejen una cicatriz permanente en un sureste que ya se caracteriza por la exclusión económica y social.
Lo que se requiere de inmediato es el abasto externo que proporcione a la población lo necesario para la supervivencia y para no sufrir más daños a su salud física y emocional. Esto es vital pero es solo el principio de la tarea.
Una siguiente etapa, que debe comenzar pronto pero durará más tiempo, es la reconstrucción. No se trata meramente de reponer infraestructura, construcciones y viviendas. De fijarse solo en las apariencias se podría caer en la tentación de una compostura implantada desde fuera y haciendo a un lado a la población. Sería la opción más atractiva para hacer del desastre un gran negocio, pero no reconstruiría las vidas y las comunidades.
Peña Nieto ofreció un programa de empleo temporal. Es una buena medida si se orienta a que la propia población organizada repare sus viviendas, la infraestructura, las escuelas, sus propios talleres y centros de trabajo. El bajo, aunque siempre lamentable número de muertos, apunta a la nobleza de los materiales locales, adobe por ejemplo, como elementos de construcción.
Entre la ayuda inmediata y la reconstrucción debe marcarse una diferencia fundamental. Lo inmediato viene de fuera. La reconstrucción debe enfatizar recuperar las capacidades locales para el mayor auto abasto posible de agua, alimentos, materiales de construcción, muebles y enseres del hogar, ropa y demás.
Hablamos del sureste, de la región del país que más ha sufrido los embates del modelo neoliberal en el que el país dejó de consumir lo propio para preferir lo importado. Donde el norte dejó de comprarle al sur. Donde la apertura de los mercados y las importaciones inutilizaron buena parte de la producción convencional, la del sector social, y la de la pequeña producción. Donde gran parte de la producción perdió su mercado.
Una reconstrucción importada, ajena a la población, es inviable y ahondaría el problema de la exclusión de fondo de la población. Por eso se requiere ir más allá de la reconstrucción para plantearla como un esfuerzo de inclusión social y productiva que, a menor costo, tenga efectos masivos y duraderos.
Tomemos por ejemplo la idea presidencial del empleo temporal. Será una manera inmediata de distribuir ingresos y capacidad de consumo. Ir más allá será que estos ingresos se asocien en lo posible, pero de manera creciente, al consumo de productos locales y regionales. Podría hacerse mediante cupones para el consumo en las tiendas Diconsa que, a su vez procurarían un máximo de adquisiciones provenientes de la producción popular local, regional y nacional. Eso haría que el empleo temporal en la reconstrucción genere empleo en otras actividades productivas.
La globalización ha inutilizado gran parte de las capacidades productivas populares debido a que creo un mercado basado en super tiendas en las que no tiene entrada la pequeña producción. Pero no olvidemos que los pueblos del sureste aún tienen la capacidad de producir prácticamente todo lo que necesitan para vivir bien. Recuperar y expandir esas capacidades como eje de la reconstrucción es sobre todo un asunto de crearles el mercado apropiado, donde puedan distribuir e intercambiar estos bienes.
Sería un error ver a los damnificados simplemente como pobres inertes a los que se ayuda convirtiéndolos en consumidores de productos externos. Eso crearía una dependencia permanente. Lo necesario es apoyarlos en toda su dignidad de productores capaces de generar en su conjunto casi toda la canasta de consumo que requieren. Esa reconstrucción es posible.
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