Jorge Faljo
El gobierno de México, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional coinciden en señalar que un pilar fundamental de la reactivación de la economía mexicana es la aceleración esperada en la recuperación de los Estados Unidos. Esta se ve apuntalada, nos dice la Secretaría de Hacienda, por su propio proceso de vacunación y por el paquete de estímulos fiscales aprobado por el congreso norteamericano el pasado 10 de marzo y que asciende a 1.9 billones de dólares. A partir del mismo Hacienda espera un derrame del estímulo que favorecerá sectores de la economía mexicana que tienen un vínculo estrecho con la economía norteamericana, como la producción agropecuaria, la agroindustria y las manufacturas.
Sin olvidar que el año pasado, a pesar de la pandemia, las remesas enviadas por trabajadores mexicanos en los Estados Unidos tuvieron un incremento de 11.4 por ciento y llegaron a los 41 mil millones de dólares. No les fue muy bien a los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos y, no obstante, sabiendo que a sus familias les iba peor, mostraron una gran solidaridad.
Desde antes de la pandemia la estrategia económica de México hacia agua, con una caída del 0.1 por ciento del PIB en 2019 y al año siguiente, 2020, decreció en 8.2 por ciento. Así que el crecimiento calculado por Hacienda, de alrededor de 5.6 por ciento para este 2021 y cercano al 3.6 por ciento para el año que entra, nos llevará, si se cumple, a que en 2022 recuperemos el nivel del PIB del 2018. Igual pero diferente porque la crisis impuesta por el Covid no les pegó igual a todos los sectores y a todos los mexicanos y porque cabe esperar lo mismo de la recuperación: será diferenciada. Y en estas diferencias clases medias y pobres serán los más golpeados.
El caso es que en alguna medida la esperanza de México… son los Estados Unidos. No lo eran antes dado que allá como acá en los últimos años predominó el empobrecimiento de su población. De eso se aprovechó Trump con un discurso a favor de los aumentos salariales, la reindustrialización y una fuerte inversión en infraestructura que lo llevó a ganar las elecciones. Solo que nunca cumplió, ni tuvo intenciones de cumplir. Lo suyo era estafar.
Pero, como lo escribí hace unos meses, Biden, el nuevo presidente norteamericano tendría que tomar en cuenta las demandas de una población norteamericana enfurecida por la desaparición de los buenos empleos, el deterioro de sus condiciones de vida y su progresivo endeudamiento y dentro de este el endeudamiento estudiantil. Es decir que tendría que hacer efectivas buena parte de las promesas huecas de Trump.
Tal es el sentido del plan de rescate lanzado por Biden y recién aprobado por el congreso norteamericano. No se rescatan bancos y grandes negocios, sino que ahora se inyectan 1.9 billones de dólares a los hogares norteamericanos mediante literalmente una multitud de mecanismos que es imposible listar en este espacio.
Lo que más se conoce es que dará un pago directo de 1,400 dólares a todas las personas con ingresos menores a 75 mil dólares anuales. Una pareja con dos hijos que gane menos de 150 mil dólares al año recibe cuatro veces esa cantidad; un total de 5,600 dólares. Esto beneficia al 85 por ciento de los hogares norteamericanos.
Entre las otras muchas transferencias sociales se encuentra la ampliación del seguro de desempleo, el existente y el que pueda ocurrir, a 300 dólares a la semana hasta, por lo menos el mes de septiembre. Se incrementa la ayuda alimentaria a decenas de millones de familias y se introducen notables reducciones de impuestos a la mayoría, por ejemplo, por tener hijos o dependientes. Hay subsidios a la nómina de las pequeñas empresas y descuentos de impuestos a las empresas que siguieron pagando a sus empleados ausentes por enfermedad. Se mejoran las instalaciones escolares; se dan donativos para el pago de hipotecas y creación de vivienda de bajo costo; se subsidian los costos de asistir a universidades y se beneficia a los pequeños agricultores.
En total se calcula un gasto equivalente al 8.5 por ciento del producto anual norteamericano, que habrá de generar más de 7 millones de empleos. Mientras que la reducción de impuestos del 2017, en el gobierno de Trump, benefició sobre todo al 5 por ciento más rico de la población, ahora el beneficio es para las familias de ingresos bajos y medios.
Para darnos idea de la magnitud del rescate si se dividiera el gasto previsto de 1.9 billones dólares entre cada norteamericano, hombre, mujer, o niño, a cada uno le tocaría 5 mil 500 dólares. Pero su impacto no se divide así, sino que va a los no ricos, la gran mayoría.
No es hasta aquí que llega la administración Biden. Ya está preparando otro plan de gran envergadura. Se trata de un plan de generación de empleos asociados a una enorme inversión (todavía no aprobada) de dos billones de dólares para, en los próximos diez años, reconstruir y ampliar puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, vialidades y sistemas de transporte urbanos.
También reemplazaría viejas tuberías de agua y drenaje, redes eléctricas y llevaría el internet de alta velocidad a todos los norteamericanos. Reconstruiría millones de casas, edificios, escuelas y hospitales. Revitalizaría la producción industrial, invertiría en investigación y proporcionaría capacitación a los trabajadores. Lo principal es que es una estrategia de inversión dispersa y no concentrada en unas cuantas obras de relumbrón.
La estrategia adopta tecnologías avanzadas, menos contaminantes y con mayor respeto a la naturaleza.
Parte fundamental de la agenda es el apoyo a la creación y fortalecimiento de sindicatos y a las negociaciones colectivas entre trabajadores y empresas de manera tal que puedan mejorar sus condiciones salariales y de empleo.
Los norteamericanos desconfían del gasto gubernamental. En este caso apoyan tanto el plan de rescate como el de empleo porque se asocia a un importante incremento de los impuestos efectivamente pagados por las grandes empresas. Hay que señalar que las 500 más grandes empresas norteamericanas pagaron cero dólares en impuestos federales en 2018; muchas incluso recibieron subsidios fiscales, es decir impuestos negativos. La idea es elevar la tasa impositiva formal y eliminar numerosos mecanismos de evasión de impuestos.
Biden coloca a su gobierno como eje de la recuperación y recomposición de la sociedad norteamericana. Rechaza la austeridad, baja impuestos a la mayoría y demanda que los muy ricos contribuyan al desarrollo de su país y al bienestar de todos. Es un gobierno progresista.
El plan de empleos requerirá que el grueso de los materiales y equipos sean hechos en los Estados Unidos, no obstante, la reactivación norteamericana puede efectivamente tener un efecto de derrame positivo hacia el exterior. Habría que ponerse las pilas para aprovecharlo y esto requerirá una estrategia espejo de parte de México.
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