Jorge Faljo
Hubo protestas de todo tipo; plantones, bloqueos, desplegados, declaraciones y críticas en redes sociales para, finalmente, llegar al presupuesto federal definitivo para 2019. El jaloneo de cobijas no fue tan conflictivo en buena medida porque en los asuntos más álgidos se supo negociar y corregir. Se restituyó a las universidades lo que se les había recortado para dejarles un presupuesto similar al del 2018. Si hubo recortes substanciales a organismos autónomos y los mayormente ganadores fueron programas de transferencias sociales a viejos, jóvenes y discapacitados.
También se restituyó buena parte de lo recortado al campo. Lo que en principio es muy positivo, pero al mismo tiempo severamente insuficiente. No me refiero a la cantidad presupuestada, sino a la necesidad de revisar a fondo las orientaciones y procedimientos del gasto agropecuario. Es decir, revisar lo cualitativo.
Durante varios años tuve la suerte de dedicarme a estudiar la operación y resultados de varios programas rurales que apoyaban “proyectos productivos”. Así que vi en persona la manera en que aterrizaban en la practica el grueso de los recursos públicos dedicados al campo. Aclaro que esta experiencia se refiere a los proyectos para los productores marginados, indígenas, ejidatarios, campesinos. Lo que voy a describir sigue siendo lo usual para esos grupos. Desconozco si en los programas destinados a los grandes productores comerciales existan exitosos garbanzos de a libra.
En general los apoyos se destinaban a grupos y no a productores individuales. Un programa de proyectos productivos para cría de ganado impuso a sus beneficiarios la compra comederos y bebederos importados y sumamente caros. Los productores comentaron que ellos acostumbraban ir con el herrero local para cortar un tambo a la mitad al que se le soldaban patas. Otra posibilidad era recortar una llanta grande de tractor a la que también se le fabricaba un soporte metálico. De ese modo tenían comederos y bebederos para ganado hechos con insumos disponibles y mano de obra local y que resultaban muy baratos.
Le comenté lo anterior a la directora general del programa y se molestó; con gran indignación me dijo que el programa era para enseñarles a los productores a usar insumos modernos y no a producir a la antigua. Esta podría decirse que es la filosofía de los apoyos a proyectos productivos.
Los proyectos ganaderos distribuyeron cientos, o miles de termos caros para conservar semen destinado a inseminación artificial. No me tocó ver que fueran utilizados para su propósito, pero sí que se vendieran, malbaratados, a algún ganadero comercial. En los proyectos para fabricación de quesos y derivados lácteos se distribuyeron equipos nuevos, de buena calidad (acero inoxidable), complejos por el número de instrumentos incluidos.
En general la estrategia de proyectos productivos implica la compra centralizada (ahí está el negocio) de insumos productivos.
Un programa distribuyó motores desgranadores de mazorcas o trituradores de caña con funciones estacionales; se usaban unas semanas al año. Pero no quedó claro que debían encenderse por lo menos unos minutos al mes y en la segunda temporada de uso presentaban dificultades. A algunas comunidades les llegaron motores trifásicos y el programa no contemplaba presupuesto para conectarse a una línea lejana.
Pregunté en un ejido el motivo de la colocación de un invernadero fuera de uso. Me explicaron que solo una persona aceptó colocarlo en un terreno baldío de su propiedad. Era uno de los 10 mil invernaderos, pequeños, que se distribuyeron en ese año.
En los proyectos productivos el personal técnico llega a las comunidades y grupos de beneficiarios como una especie particular de agentes de ventas de insumos comerciales gratuitos adquiridos por el programa. Bien recibidos porque, como dice el dicho, dadas hasta patadas.
Son técnicos sumamente ocupados en el papeleo burocrático que implica distribuir estos insumos. Desde ir a organizar un grupo de productores al cual se le elabora el proyecto técnico; presentarlo ante las autoridades competentes; darle seguimiento por si gana en la piñata de distribución de recursos. Entregarlo en las comunidades con los acuses de recibido que atestiguan que no hubo corrupción y, supuestamente, capacitar a los productores en la instrumentación del proyecto productivo.
En lo que me tocó observar señalo tres fallas principales: la capacitación siempre pésima porque a fin de cuentas no es la verdadera función del técnico. Sus tareas son colocar los bienes a distribuir y hacer el papeleo. De este modo se puede cargar al proyecto su costo como gasto de inversión y no como el gasto corriente que no se tiene que hacer en las oficinas. Era además patético observar como al llegar un técnico a una comunidad marginada sus habitantes hacían preguntas técnicas que estaban fuera del rango del proyecto y estos técnicos no sabían o simplemente no tenían tiempo de contestarlas.
Una segunda falla es la de organización. Juntar a los productores y pedir que levanten la mano los que quieren ser parte de un proyecto productivo de los que integran el menú ofrecido (tomates de invernadero, vacas, cabras, zarzamoras, flores, setas, producción de quesos, etc.) no es organizarlos. Al final de cuentas solo uno se quedará con el invernadero, el termo para inseminación, el bebedero japonés, o el motor. Si el donativo es bueno lo que se hizo fue ahondar las diferencias socioeconómicas.
La tercera falla es que estos proyectos productivos no son replicables. No le dejan nada a la comunidad; excepto una visión de modernidad superficial, poco racional e inaccesible.
Opino que el monto del gasto agropecuario es en buena medida irrelevante si no se abordan sus aspectos cualitativos. Por ello lo ideal serían dos cambios fundamentales. Uno es que se incremente la proporción del gasto total en favor de la producción del sector social.
Lo segundo es que esta reorientación tenga nuevas reglas del juego y procedimientos. Para empezar, que si se siguen apoyando proyectos productivos estos tengan que ser diseñados para ser replicados en su medio. Es decir que el proyecto haga el mejor uso posible de los recursos disponibles para el tipo de productor al que está destinado. Implica que sea un proyecto de investigación, capacitación y difusión de tecnología apropiada y de experiencias de su entorno.
No a continuar con la estrategia de proyectos productivos a modo para la colocación de adquisiciones predeterminadas centralmente. Se requiere una autentica planeación participativa.
domingo, 30 de diciembre de 2018
martes, 25 de diciembre de 2018
¿Inversión o salarios?
Jorge Faljo
La bolsa de valores norteamericana tiene en este mes su peor comportamiento desde la Gran Depresión de 1929. Muchos inversionistas venden sus acciones y en consecuencia estas bajan de precio provocando pérdidas que afectan las finanzas y el consumo de incluso buena parte de la clase media. La caída se origina en la incertidumbre generada en varios frentes que abordaré desde lo más coyunturales a los de fondo.
Al momento de leer estas líneas el gobierno norteamericano podría encontrarse en suspensión parcial de actividades debido a un desacuerdo presupuestal. Trump, presionado por la ultraderecha, se ha entercado en que no aprobará el presupuesto si no incluye cinco mil millones de dólares para el muro en la frontera con México. Un paro que dejaría sin salarios a 800 mil trabajadores gubernamentales; lo que según Donaldo podría ser por un tiempo prolongado.
El nuevo control demócrata de la Cámara de representantes reforzaría las 17 investigaciones en marcha sobre Trump, su familia y sus negocios. Eso incrementa las posibilidades de que sea forzado a dimitir; y se dice que hasta podría ir a la cárcel una vez que deje de ser presidente.
Una mayor incertidumbre es el comportamiento futuro de la economía norteamericana. Estos últimos meses de buen crecimiento y generación de empleo tienen un mal final cantado. Se originaron en el efecto temporal de fuertes rebajas de impuestos a las grandes empresas. Lo cual elevó la inversión. Sin embargo, el bajo crecimiento salarial mantiene estancada la demanda.
Tal vez la bolsa cae ante el anuncio de menores expectativas de crecimiento en los Estados Unidos. Los analistas privados más pesimistas señalan que el crecimiento podría reducirse a poco más del uno por ciento anual en 2019.
El último reporte sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, presenta datos contrastantes. Del 2008 al 2017 el salario promedio en los Estados Unidos creció al 0.63 por ciento anual; cercano al promedio mundial de 1.1, pero muy lejano del 8.2 por ciento de incremento anual en China. La cifra correspondiente a México fue negativa; el salario se redujo en menos 1.7 por ciento en promedio anual.
El incremento salarial en los Estados Unidos del 2008 al 2017 acumuló apenas un ocho por ciento. En México se redujo en cerca del 16 por ciento en el mismo período. China contrasta con un incremento de 100 por ciento; duplicó el salario promedio en ese tiempo.
Aquí las preguntas de más importancia son: ¿Por qué los países que menos suben sus salarios son también los que menos crecen? Y viceversa. Dicho de otro modo ¿China pudo duplicar los salarios de sus trabajadores porque fue el país de crecimiento más acelerado en todo el mundo? O, por el contrario, ¿el fuerte incremento salarial ayudó de manera importante al crecimiento económico?
Otra pregunta de gran importancia es ¿cómo es que China pudo elevar tan fuertemente los salarios y mantener una inflación muy baja?
Tal vez lo primero que hay que responder es esto último. La inflación no se genera por un mero incremento de la demanda, sino por que esta se eleve sin un incremento paralelo de la oferta. Si suben los salarios y la demanda de pan, pero al mismo tiempo crece de manera similar la producción de pan, no tiene por qué ocurrir inflación.
La respuesta concreta es que China pudo elevar sus salarios de manera muy rápidamente porque supo generar oferta adecuada en paralelo.
Sobre la relación entre salario y crecimiento lo que hay que recordar es que desde hace años los grandes organismos internacionales (FMI, OIT, CEPAL, OCDE) señalan que la debilidad del poder adquisitivo es un obstáculo al crecimiento. Esto deriva de una mayor productividad y salarios rezagados.
Las cifras muestran que las grandes inversiones no incrementan los salarios y por ello mismo generan una sobreoferta altamente destructiva. Cuando sobra acero, granos o fertilizantes terminan quebrando las empresas menos grandes pero mayormente generadoras de empleo.
El asunto no es retorico sino de la mayor importancia para México en este momento. La debilidad del crecimiento norteamericano nos habrá de impactar negativamente y orientar los recursos a pocas grandes inversiones puede no ser la mejor estrategia.
Pero existe otra posibilidad; en vez de ser cola de león, podríamos ser cabeza de ratón. Al favorecer el incremento salarial, el aumento de la demanda podría llevarse a elevar la oferta interna. No es un absurdo ya que el país presenta una importante subutilización de capacidad instalada sobre todo en empresas medianas y pequeñas y en el sector rural.
Lo que implica que elevar salarios puede incrementar la producción tanto o más que la gran inversión. Para ello habría que promover que la producción baile al ritmo de la demanda para minimizar la inflación.
Hay que reconstruir el mercado interno en sus dos polos; generar demanda y ofrecer lo que necesitamos.
La bolsa de valores norteamericana tiene en este mes su peor comportamiento desde la Gran Depresión de 1929. Muchos inversionistas venden sus acciones y en consecuencia estas bajan de precio provocando pérdidas que afectan las finanzas y el consumo de incluso buena parte de la clase media. La caída se origina en la incertidumbre generada en varios frentes que abordaré desde lo más coyunturales a los de fondo.
Al momento de leer estas líneas el gobierno norteamericano podría encontrarse en suspensión parcial de actividades debido a un desacuerdo presupuestal. Trump, presionado por la ultraderecha, se ha entercado en que no aprobará el presupuesto si no incluye cinco mil millones de dólares para el muro en la frontera con México. Un paro que dejaría sin salarios a 800 mil trabajadores gubernamentales; lo que según Donaldo podría ser por un tiempo prolongado.
El nuevo control demócrata de la Cámara de representantes reforzaría las 17 investigaciones en marcha sobre Trump, su familia y sus negocios. Eso incrementa las posibilidades de que sea forzado a dimitir; y se dice que hasta podría ir a la cárcel una vez que deje de ser presidente.
Una mayor incertidumbre es el comportamiento futuro de la economía norteamericana. Estos últimos meses de buen crecimiento y generación de empleo tienen un mal final cantado. Se originaron en el efecto temporal de fuertes rebajas de impuestos a las grandes empresas. Lo cual elevó la inversión. Sin embargo, el bajo crecimiento salarial mantiene estancada la demanda.
Tal vez la bolsa cae ante el anuncio de menores expectativas de crecimiento en los Estados Unidos. Los analistas privados más pesimistas señalan que el crecimiento podría reducirse a poco más del uno por ciento anual en 2019.
El último reporte sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, presenta datos contrastantes. Del 2008 al 2017 el salario promedio en los Estados Unidos creció al 0.63 por ciento anual; cercano al promedio mundial de 1.1, pero muy lejano del 8.2 por ciento de incremento anual en China. La cifra correspondiente a México fue negativa; el salario se redujo en menos 1.7 por ciento en promedio anual.
El incremento salarial en los Estados Unidos del 2008 al 2017 acumuló apenas un ocho por ciento. En México se redujo en cerca del 16 por ciento en el mismo período. China contrasta con un incremento de 100 por ciento; duplicó el salario promedio en ese tiempo.
Aquí las preguntas de más importancia son: ¿Por qué los países que menos suben sus salarios son también los que menos crecen? Y viceversa. Dicho de otro modo ¿China pudo duplicar los salarios de sus trabajadores porque fue el país de crecimiento más acelerado en todo el mundo? O, por el contrario, ¿el fuerte incremento salarial ayudó de manera importante al crecimiento económico?
Otra pregunta de gran importancia es ¿cómo es que China pudo elevar tan fuertemente los salarios y mantener una inflación muy baja?
Tal vez lo primero que hay que responder es esto último. La inflación no se genera por un mero incremento de la demanda, sino por que esta se eleve sin un incremento paralelo de la oferta. Si suben los salarios y la demanda de pan, pero al mismo tiempo crece de manera similar la producción de pan, no tiene por qué ocurrir inflación.
La respuesta concreta es que China pudo elevar sus salarios de manera muy rápidamente porque supo generar oferta adecuada en paralelo.
Sobre la relación entre salario y crecimiento lo que hay que recordar es que desde hace años los grandes organismos internacionales (FMI, OIT, CEPAL, OCDE) señalan que la debilidad del poder adquisitivo es un obstáculo al crecimiento. Esto deriva de una mayor productividad y salarios rezagados.
Las cifras muestran que las grandes inversiones no incrementan los salarios y por ello mismo generan una sobreoferta altamente destructiva. Cuando sobra acero, granos o fertilizantes terminan quebrando las empresas menos grandes pero mayormente generadoras de empleo.
El asunto no es retorico sino de la mayor importancia para México en este momento. La debilidad del crecimiento norteamericano nos habrá de impactar negativamente y orientar los recursos a pocas grandes inversiones puede no ser la mejor estrategia.
Pero existe otra posibilidad; en vez de ser cola de león, podríamos ser cabeza de ratón. Al favorecer el incremento salarial, el aumento de la demanda podría llevarse a elevar la oferta interna. No es un absurdo ya que el país presenta una importante subutilización de capacidad instalada sobre todo en empresas medianas y pequeñas y en el sector rural.
Lo que implica que elevar salarios puede incrementar la producción tanto o más que la gran inversión. Para ello habría que promover que la producción baile al ritmo de la demanda para minimizar la inflación.
Hay que reconstruir el mercado interno en sus dos polos; generar demanda y ofrecer lo que necesitamos.
domingo, 16 de diciembre de 2018
Reconstruir al sector social: un cambio necesario
Jorge Faljo
Con frecuencia la distribución del ingreso es presentada como un pastel cuyas rebanadas se reparten entre los distintos grupos sociales: trabajadores, campesinos, empresarios, burócratas. Al gobierno le corresponde una porción que le permita ejercer tareas de seguridad, justicia, inversión en infraestructura, servicios de salud y educación. Otra de sus tareas, de la mayor importancia, es la de redistribuir el ingreso cuando el mercado genera extremos de inequidad y exclusión.
Ejemplo de redistribución son la respuesta del gobierno de Francia ante la revuelta reciente de la clase media: suspendió el aumento al precio de la gasolina, elevó el salario mínimo y redujo impuestos a los ingresos inferiores a dos mil euros mensuales. O en el caso de España, el incremento del 22 por ciento al salario mínimo. Son decisiones redistributivas que no ocurren por cálculos meramente técnicos o automáticos, sino a la lucha política de esos pueblos, sea en las calles o en las urnas.
En México las últimas elecciones dieron un mandato redistributivo al nuevo gobierno que se expresa, hasta el momento en el ámbito de la administración y el gasto públicos. Hablo de las reducciones salariales de la alta burocracia y del cambio de prioridades en las grandes inversiones públicas.
Reasignar el gasto público de los altos salarios a transferencias sociales es claramente conflictivo. Incidir más adelante en el reparto del ingreso nacional mediante medidas como subir el salario mínimo, elevar la captación fiscal de los grandes capitales o garantizar la rentabilidad de la pequeña producción rural será aún más conflictivo.
En los últimos 36 años se redistribuyó fuertemente el ingreso: disminuyeron los salarios reales de manera no solo relativa, sino absoluta; se abandonó y disminuyó la rentabilidad del campo al punto de la expulsión de millones; quebró la mayor parte de la mediana y pequeña industria con fuertes repercusiones en el empleo. Era el costo, se dijo, de abandonar el paternalismo e ingresar a la modernidad. Fue muy caro y condujo al modelo neoliberal a un callejón sin salida.
Ir en contra de esas tendencias es la decisión ciudadana y hacerlo demanda una estrategia bien pensada que minimice el conflicto y haga crecer el poder de negociación de las mayorías.
Es más fácil un nuevo reparto del ingreso cuando el pastel crece. El estancamiento crónico de las últimas décadas hizo que el enriquecimiento de la minoría tuviera que ser pagado con empobrecimiento generalizado y la ausencia de un mercado interno que sustentara un crecimiento dinámico.
La redistribución demanda acompañarse de crecimiento. Quedarnos en la mera redistribución justiciera sería no solo un error, sino una estrategia económica y políticamente inviable. Ese fue el gravísimo error de Venezuela.
El neoliberalismo prometió que un crecimiento determinado por el mercado traería bienestar para todos. Estados Unidos, Francia, España y muchos otros países, como el nuestro, prueban lo contrario.
Por otra parte, la vía del crecimiento neoliberal, basado en privilegios al gran capital transnacional e interno, amenaza estrangularse al menor intento de modificar la distribución del ingreso. Un riesgo que la nueva administración trata de manejar con pinzas evitándole pérdidas a los inversionistas de contratos existentes; prometiendo que no habrá nuevos impuestos y limitando el endeudamiento público. Todo lo cual reduce la capacidad rectora del estado que resulta indispensable en esta transición.
Pareciera que estamos en un laberinto sin salida. Afortunadamente no es así. La salida es plantear la justicia en la distribución del ingreso como motor del crecimiento. Que las transferencias sociales operen como demanda efectiva de la producción interna. Pero de nuevo, no cualquier producción, sino la de bienes y servicios de consumo mayoritario.
Tenemos un sector gravemente abandonado y deteriorado, pero con un enorme potencial para operar como un potente motor económico, social y político en favor de la transformación emprendida.
Es un motor que puede reactivarse sin grandes requerimientos de capital porque ya cuenta con las capacidades necesarias; que generaría mucho empleo y los bienes y servicios adecuados al bienestar mayoritario.
Se trata del sector social de la producción. De hecho, un conjunto de sectores y grupos sociales excluidos de la estrategia de crecimiento neoliberal, del mercado globalizado y de los canales de comercialización modernos. Se trata de empresas, ejidos, comunidades, talleres, pequeños productores urbanos y rurales que operan a tan solo una porción de sus capacidades, pero que no han sido destruidos y pueden ser reactivados.
Reactivar al sector social requiere comprenderlo no desde una definición obsoleta basada en la forma de propiedad (ejidos, comunidades, cooperativas) sino, de manera amplia, por su función social (supervivencia de los excluidos), por su potencial y por su orientación productiva.
En el sector social se localiza una enorme riqueza. Para reactivarlo basta reconectarlo a mecanismos de mercado particularmente apropiados. Para que florezca hay que empezar regándolo con demanda efectiva. Y existe una que es altamente modulable; la que generan las transferencias sociales. No se reactiva con capitales, sino con una reorientación de la política social concertada con los productores y consumidores sociales en sus auténticas formas de expresión. No al entramado de organizaciones a modo creadas por funcionarios de escritorio de cada entidad pública.
La ruta más viable para re-partir el pastel económico es reconstruir y aliarse con el sector social de la economía, como lo prevé la Constitución.
Con frecuencia la distribución del ingreso es presentada como un pastel cuyas rebanadas se reparten entre los distintos grupos sociales: trabajadores, campesinos, empresarios, burócratas. Al gobierno le corresponde una porción que le permita ejercer tareas de seguridad, justicia, inversión en infraestructura, servicios de salud y educación. Otra de sus tareas, de la mayor importancia, es la de redistribuir el ingreso cuando el mercado genera extremos de inequidad y exclusión.
Ejemplo de redistribución son la respuesta del gobierno de Francia ante la revuelta reciente de la clase media: suspendió el aumento al precio de la gasolina, elevó el salario mínimo y redujo impuestos a los ingresos inferiores a dos mil euros mensuales. O en el caso de España, el incremento del 22 por ciento al salario mínimo. Son decisiones redistributivas que no ocurren por cálculos meramente técnicos o automáticos, sino a la lucha política de esos pueblos, sea en las calles o en las urnas.
En México las últimas elecciones dieron un mandato redistributivo al nuevo gobierno que se expresa, hasta el momento en el ámbito de la administración y el gasto públicos. Hablo de las reducciones salariales de la alta burocracia y del cambio de prioridades en las grandes inversiones públicas.
Reasignar el gasto público de los altos salarios a transferencias sociales es claramente conflictivo. Incidir más adelante en el reparto del ingreso nacional mediante medidas como subir el salario mínimo, elevar la captación fiscal de los grandes capitales o garantizar la rentabilidad de la pequeña producción rural será aún más conflictivo.
En los últimos 36 años se redistribuyó fuertemente el ingreso: disminuyeron los salarios reales de manera no solo relativa, sino absoluta; se abandonó y disminuyó la rentabilidad del campo al punto de la expulsión de millones; quebró la mayor parte de la mediana y pequeña industria con fuertes repercusiones en el empleo. Era el costo, se dijo, de abandonar el paternalismo e ingresar a la modernidad. Fue muy caro y condujo al modelo neoliberal a un callejón sin salida.
Ir en contra de esas tendencias es la decisión ciudadana y hacerlo demanda una estrategia bien pensada que minimice el conflicto y haga crecer el poder de negociación de las mayorías.
Es más fácil un nuevo reparto del ingreso cuando el pastel crece. El estancamiento crónico de las últimas décadas hizo que el enriquecimiento de la minoría tuviera que ser pagado con empobrecimiento generalizado y la ausencia de un mercado interno que sustentara un crecimiento dinámico.
La redistribución demanda acompañarse de crecimiento. Quedarnos en la mera redistribución justiciera sería no solo un error, sino una estrategia económica y políticamente inviable. Ese fue el gravísimo error de Venezuela.
El neoliberalismo prometió que un crecimiento determinado por el mercado traería bienestar para todos. Estados Unidos, Francia, España y muchos otros países, como el nuestro, prueban lo contrario.
Por otra parte, la vía del crecimiento neoliberal, basado en privilegios al gran capital transnacional e interno, amenaza estrangularse al menor intento de modificar la distribución del ingreso. Un riesgo que la nueva administración trata de manejar con pinzas evitándole pérdidas a los inversionistas de contratos existentes; prometiendo que no habrá nuevos impuestos y limitando el endeudamiento público. Todo lo cual reduce la capacidad rectora del estado que resulta indispensable en esta transición.
Pareciera que estamos en un laberinto sin salida. Afortunadamente no es así. La salida es plantear la justicia en la distribución del ingreso como motor del crecimiento. Que las transferencias sociales operen como demanda efectiva de la producción interna. Pero de nuevo, no cualquier producción, sino la de bienes y servicios de consumo mayoritario.
Tenemos un sector gravemente abandonado y deteriorado, pero con un enorme potencial para operar como un potente motor económico, social y político en favor de la transformación emprendida.
Es un motor que puede reactivarse sin grandes requerimientos de capital porque ya cuenta con las capacidades necesarias; que generaría mucho empleo y los bienes y servicios adecuados al bienestar mayoritario.
Se trata del sector social de la producción. De hecho, un conjunto de sectores y grupos sociales excluidos de la estrategia de crecimiento neoliberal, del mercado globalizado y de los canales de comercialización modernos. Se trata de empresas, ejidos, comunidades, talleres, pequeños productores urbanos y rurales que operan a tan solo una porción de sus capacidades, pero que no han sido destruidos y pueden ser reactivados.
Reactivar al sector social requiere comprenderlo no desde una definición obsoleta basada en la forma de propiedad (ejidos, comunidades, cooperativas) sino, de manera amplia, por su función social (supervivencia de los excluidos), por su potencial y por su orientación productiva.
En el sector social se localiza una enorme riqueza. Para reactivarlo basta reconectarlo a mecanismos de mercado particularmente apropiados. Para que florezca hay que empezar regándolo con demanda efectiva. Y existe una que es altamente modulable; la que generan las transferencias sociales. No se reactiva con capitales, sino con una reorientación de la política social concertada con los productores y consumidores sociales en sus auténticas formas de expresión. No al entramado de organizaciones a modo creadas por funcionarios de escritorio de cada entidad pública.
La ruta más viable para re-partir el pastel económico es reconstruir y aliarse con el sector social de la economía, como lo prevé la Constitución.
lunes, 10 de diciembre de 2018
Arriba el telón; el gran reto
Jorge Faljo
Recién me preguntaron en una entrevista en Radio Educación (programa Ecosol) la opinión que tenía sobre las medidas del nuevo gobierno de López Obrador. Mi respuesta fue que el aterrizaje de muchas propuestas aún está por definirse. Lo que no le resta importancia a lo difundido ampliamente, que son los grandes objetivos y una forma de hacer política centrada en la participación social.
Entre los objetivos generales los estandartes son acabar con la corrupción; atención prioritaria al bienestar de los más pobres, en particular indígenas, población rural y grupos vulnerables; e impulso a la pequeña producción campesina, del sector social y pesquera.
De lo político pregona la intención de escuchar a la población; un estilo de democracia participativa que ofrece instrumentarse mediante consultas, referéndums y otras formas de dialogo.
La gran consulta será la que se haga en tres años para una posible revocación del mandato. Habrá la posibilidad de pedir la dimisión de AMLO. Proponerla implica un compromiso de enormes consecuencias y en el que la respuesta popular se limitaría a los extremos: aprobación o rechazo.
No se trataría meramente de tener más votos que algún rival, como en una elección normal. Tendrá que refrendar su triunfo electoral con más del 50 por ciento de la votación. Una prueba que no habría superado ninguno de los últimos seis presidentes de la república: un riesgo que nadie antes ha tomado.
Ya no sería una controvertida consulta callejera, con los inevitables defectos de la improvisación y la escasez de recursos para enviar un fuerte mensaje a los poderes fácticos.
Un referéndum de revocación de mandato asociado a las próximas elecciones legislativas implica aparecer entre las boletas electorales para elegir diputados y otros puestos de representación. Sería organizado por el máximo órgano electoral y tendría la mayor formalidad institucional. A prueba de críticas y chanchullos.
Este riesgo solo puede asumirse si AMLO está convencido de que, lejos del deterioro habitual de todo gobierno en funciones, conseguirá incrementar su popularidad. La que ya no se basaría en el rechazo al desastre previo, más esperanzas y expectativas. Ya no se votaría sobre grandes objetivos intachables y el carisma personal del líder - presidente, sino sobre los resultados concretos de su gobierno y su impacto en el bienestar de la población.
La eficacia de las medidas que se tomen será esencial. Algunas, muy importantes, se han enunciado sin mucho detalle. Habrá, por ejemplo, precios de garantía que aseguren la rentabilidad de la micro y pequeña producción de granos básicos. Solo que para ser efectiva requiere una amplia estructura de acopio de granos, de almacenamiento y de distribución. Pero lo más importante será cuidar que la producción adquirida se conecte a la demanda de la población que ahora presenta deficiencias alimentarias. Es decir, toda una red paralela a la comercialización existente que requerirá promover la organización de los consumidores y productores vulnerables.
La clave del éxito de medidas de esta magnitud será que la consulta permanente con la población se instrumente de manera efectiva en la operación de los programas públicos.
Se trata de un cambio revolucionario. Hoy en día las estructuras de los programas públicos operan transmitiendo decisiones y mensajes de arriba hacia abajo; sin que los operadores locales en contacto con la población se atrevan a sugerir nada a sus jefes. En parte porque no consultan con la población y no tienen nada que transmitir a sus jefes.
López mandó un fuerte mensaje a los poderes fácticos privados; en adelante se escuchará a la población. ¿Podrá enviar este mismo mensaje a los jerarcas burocráticos? Difícil, casi imposible, después de décadas de decisiones tomadas de manera unilateral por virreyes que promovían proyectos de zarzamoras, setas o tomates enanos destinados a “nichos de mercado”. Esquemas en los que la transferencia tecnológica era mera estrategia de mercadotecnia al servicio privado; con compras centralizadas de mercancías sobrevaluadas. Así se sembró el campo de elefantes y ratones blancos; de fracasos.
Hay que transformar a los técnicos privados que se emplean en los programas públicos, convertirlos de meros agentes de ventas a “técnicos descalzos”. Sin capacidad para imponer proyectos, pero bien dispuestos a aprender de los campesinos, indígenas y pequeños productores. Es a partir de su comprensión de las realidades locales que podrán acompañar procesos de mejora productiva.
Reubicarlos como verdaderos servidores públicos implica empoderarlos a partir del dialogo y consulta permanente con la población, como lo propone AMLO. Lo que no servirá de nada si la estructura jerárquica no acepta guiarse en función de los intereses y orientaciones que emanen de la población, las comunidades y sus organizaciones.
Política en lugar de tecnocracia; lo que los gobiernos anteriores definieron como corrupto para instrumentar una administración autista, basada en convocatorias en internet y en el concurso de los recursos públicos para que siempre ganaran los productores modernos.
La eficacia no se logra con mera honestidad, si se sigue la misma lógica y operación instrumental. Necesitamos combatir la corrupción barriendo las escaleras también de abajo hacia arriba.
Recién me preguntaron en una entrevista en Radio Educación (programa Ecosol) la opinión que tenía sobre las medidas del nuevo gobierno de López Obrador. Mi respuesta fue que el aterrizaje de muchas propuestas aún está por definirse. Lo que no le resta importancia a lo difundido ampliamente, que son los grandes objetivos y una forma de hacer política centrada en la participación social.
Entre los objetivos generales los estandartes son acabar con la corrupción; atención prioritaria al bienestar de los más pobres, en particular indígenas, población rural y grupos vulnerables; e impulso a la pequeña producción campesina, del sector social y pesquera.
De lo político pregona la intención de escuchar a la población; un estilo de democracia participativa que ofrece instrumentarse mediante consultas, referéndums y otras formas de dialogo.
La gran consulta será la que se haga en tres años para una posible revocación del mandato. Habrá la posibilidad de pedir la dimisión de AMLO. Proponerla implica un compromiso de enormes consecuencias y en el que la respuesta popular se limitaría a los extremos: aprobación o rechazo.
No se trataría meramente de tener más votos que algún rival, como en una elección normal. Tendrá que refrendar su triunfo electoral con más del 50 por ciento de la votación. Una prueba que no habría superado ninguno de los últimos seis presidentes de la república: un riesgo que nadie antes ha tomado.
Ya no sería una controvertida consulta callejera, con los inevitables defectos de la improvisación y la escasez de recursos para enviar un fuerte mensaje a los poderes fácticos.
Un referéndum de revocación de mandato asociado a las próximas elecciones legislativas implica aparecer entre las boletas electorales para elegir diputados y otros puestos de representación. Sería organizado por el máximo órgano electoral y tendría la mayor formalidad institucional. A prueba de críticas y chanchullos.
Este riesgo solo puede asumirse si AMLO está convencido de que, lejos del deterioro habitual de todo gobierno en funciones, conseguirá incrementar su popularidad. La que ya no se basaría en el rechazo al desastre previo, más esperanzas y expectativas. Ya no se votaría sobre grandes objetivos intachables y el carisma personal del líder - presidente, sino sobre los resultados concretos de su gobierno y su impacto en el bienestar de la población.
La eficacia de las medidas que se tomen será esencial. Algunas, muy importantes, se han enunciado sin mucho detalle. Habrá, por ejemplo, precios de garantía que aseguren la rentabilidad de la micro y pequeña producción de granos básicos. Solo que para ser efectiva requiere una amplia estructura de acopio de granos, de almacenamiento y de distribución. Pero lo más importante será cuidar que la producción adquirida se conecte a la demanda de la población que ahora presenta deficiencias alimentarias. Es decir, toda una red paralela a la comercialización existente que requerirá promover la organización de los consumidores y productores vulnerables.
La clave del éxito de medidas de esta magnitud será que la consulta permanente con la población se instrumente de manera efectiva en la operación de los programas públicos.
Se trata de un cambio revolucionario. Hoy en día las estructuras de los programas públicos operan transmitiendo decisiones y mensajes de arriba hacia abajo; sin que los operadores locales en contacto con la población se atrevan a sugerir nada a sus jefes. En parte porque no consultan con la población y no tienen nada que transmitir a sus jefes.
López mandó un fuerte mensaje a los poderes fácticos privados; en adelante se escuchará a la población. ¿Podrá enviar este mismo mensaje a los jerarcas burocráticos? Difícil, casi imposible, después de décadas de decisiones tomadas de manera unilateral por virreyes que promovían proyectos de zarzamoras, setas o tomates enanos destinados a “nichos de mercado”. Esquemas en los que la transferencia tecnológica era mera estrategia de mercadotecnia al servicio privado; con compras centralizadas de mercancías sobrevaluadas. Así se sembró el campo de elefantes y ratones blancos; de fracasos.
Hay que transformar a los técnicos privados que se emplean en los programas públicos, convertirlos de meros agentes de ventas a “técnicos descalzos”. Sin capacidad para imponer proyectos, pero bien dispuestos a aprender de los campesinos, indígenas y pequeños productores. Es a partir de su comprensión de las realidades locales que podrán acompañar procesos de mejora productiva.
Reubicarlos como verdaderos servidores públicos implica empoderarlos a partir del dialogo y consulta permanente con la población, como lo propone AMLO. Lo que no servirá de nada si la estructura jerárquica no acepta guiarse en función de los intereses y orientaciones que emanen de la población, las comunidades y sus organizaciones.
Política en lugar de tecnocracia; lo que los gobiernos anteriores definieron como corrupto para instrumentar una administración autista, basada en convocatorias en internet y en el concurso de los recursos públicos para que siempre ganaran los productores modernos.
La eficacia no se logra con mera honestidad, si se sigue la misma lógica y operación instrumental. Necesitamos combatir la corrupción barriendo las escaleras también de abajo hacia arriba.
sábado, 1 de diciembre de 2018
A Trump no lo calienta ni su gobierno
Jorge Faljo
Con una pedantería sin más sustento que su ignorancia Trump dijo que no cree en la evaluación del clima que acaba de publicar el gobierno que encabeza. Su vientre, afirma, le dice más sobre lo que es correcto y lo que no, que los reportes institucionales. Y lo que le dicen sus intestinos es que si acaso hay un cambio climático este no es causado por las actividades humanas. Cada frente frio en los Estados Unidos prueba, dice, que no hay calentamiento global.
De este modo el presidente norteamericano se alinea con una política respaldada por las grandes corporaciones opuestas a toda regulación ambiental que afecte sus negocios. La base social la aportan las nutridas corrientes cristianas evangélicas que hacen una interpretación literal de la biblia para afirmar que dios les dio a los hombres el planeta tierra para usar a su antojo. Una posición muy distinta a la que pregona el Papa católico que insta a que tratemos el planeta como la gran casa de la humanidad de cuyo cuidado somos responsables.
Ya antes, en 2017, Trump le había dado la espalda a la ciencia al romper con el acuerdo de París contra el cambio climático. En ese momento declaró que el problema del calentamiento global es que era una idea que obligaba a desarrollar tecnologías innecesarias. Los otros 195 países que se mantienen dentro del acuerdo consideran al clima como uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad.
En plano interno Trump coloco al frente de la agencia norteamericana de protección ambiental a un decidido defensor de las empresas más contaminantes que después de un corto periodo se vio obligado a renunciar. No por su posición ideológica, sino por múltiples escándalos de corrupción.
La negativa de Trump y allegados a reconocer el grave problema ambiental mundial suena cada vez más hueca en tanto que la población norteamericana ha sufrido consecuencias devastadoras por varios huracanes que rompen records históricos de capacidad destructiva, por tormentas e inundaciones inusitadas, por el crecimiento de masas de algas y por los más destructivos incendios que se han conocido en California. Todos estos fenómenos han tenido un costo muy elevado en vidas humanas, en destrucción de viviendas e infraestructura y en los posteriores procesos de reparación de daños.
Sin embargo, el gobierno federal norteamericano acaba de publicar su Cuarta Evaluación Nacional del Clima en el que enfatiza que el calentamiento global si existe y que constituye una amenaza a la supervivencia de la humanidad. Si bien esto suena extremo el documento precisa los crecientes retos que habrán de enfrentarse para la salud y seguridad de la población, la calidad de vida y el crecimiento económico.
Que esta evaluación sea tan claridosa se debe a que responde a un mandato legal muy preciso que obliga a realizarla apelando a la comunidad científica y a una sólida metodología. En su elaboración participaron más de trescientos científicos y expertos de todos los niveles de gobierno, las empresas, centros académicos y organizaciones sociales. Se sustenta en más de seis mil fuentes científicas.
Entre las afirmaciones de esta Evaluación es que los impactos sociales y económicos del cambio climático no se repartirán de manera equitativa. Los más pobres, con menores capacidades para prepararse y resistir extremos climáticos serán los que más sufran. Por ello es importante promover y apoyar acciones adaptativas que tomen en consideración las diferencias regionales y sociales.
Se hace un llamado global para una substancial y urgente reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ausencia de esta reducción y de medidas fuertes el incremento de las temperaturas, la elevación del mar y eventos catastróficos afectarían fuertemente a la agricultura, la pesca, el turismo, la infraestructura, los recursos hidráulicos, el transporte, la salud pública, la productividad laboral, la vitalidad social, el comercio internacional y la seguridad nacional. O sea, según el informe del gobierno federal norteamericano, todo nuestro entorno.
Otro riesgo es que el calentamiento global abrirá nuevas regiones a la proliferación de insectos transmisores de enfermedades.
Uno de los más destacados impactos previsibles se refiere a la producción agropecuaria. Mayores temperaturas, cambios en la disponibilidad de agua, la erosión de los suelos y la expansión de plagas influirían en la productividad, el bienestar de la población rural y finalmente en el precio de los alimentos.
La evaluación climática realizada por el gobierno norteamericano se contrapone directamente a la posición de Trump y sus aliados, pero se encuentra en línea con otros reportes recientes como el de la Agencia Ambiental Europea muy enfocado en explicar las oleadas de calor en el norte de ese continente y el de las Naciones Unidas sobre los océanos en los que destaca su acidificación y la elevación del nivel del mar.
La preocupación por el calentamiento global se extiende en los más altos niveles académicos y políticos y se multiplican los llamados a tomar medidas fuertes e inmediatas. Dicho de manera brutal el consenso científico es que la humanidad está destruyendo su propio planeta en un proceso que pronto será irreversible. El líder de la primera potencia mundial no ayuda y todo indica que no somos capaces de detenernos.
Con una pedantería sin más sustento que su ignorancia Trump dijo que no cree en la evaluación del clima que acaba de publicar el gobierno que encabeza. Su vientre, afirma, le dice más sobre lo que es correcto y lo que no, que los reportes institucionales. Y lo que le dicen sus intestinos es que si acaso hay un cambio climático este no es causado por las actividades humanas. Cada frente frio en los Estados Unidos prueba, dice, que no hay calentamiento global.
De este modo el presidente norteamericano se alinea con una política respaldada por las grandes corporaciones opuestas a toda regulación ambiental que afecte sus negocios. La base social la aportan las nutridas corrientes cristianas evangélicas que hacen una interpretación literal de la biblia para afirmar que dios les dio a los hombres el planeta tierra para usar a su antojo. Una posición muy distinta a la que pregona el Papa católico que insta a que tratemos el planeta como la gran casa de la humanidad de cuyo cuidado somos responsables.
Ya antes, en 2017, Trump le había dado la espalda a la ciencia al romper con el acuerdo de París contra el cambio climático. En ese momento declaró que el problema del calentamiento global es que era una idea que obligaba a desarrollar tecnologías innecesarias. Los otros 195 países que se mantienen dentro del acuerdo consideran al clima como uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad.
En plano interno Trump coloco al frente de la agencia norteamericana de protección ambiental a un decidido defensor de las empresas más contaminantes que después de un corto periodo se vio obligado a renunciar. No por su posición ideológica, sino por múltiples escándalos de corrupción.
La negativa de Trump y allegados a reconocer el grave problema ambiental mundial suena cada vez más hueca en tanto que la población norteamericana ha sufrido consecuencias devastadoras por varios huracanes que rompen records históricos de capacidad destructiva, por tormentas e inundaciones inusitadas, por el crecimiento de masas de algas y por los más destructivos incendios que se han conocido en California. Todos estos fenómenos han tenido un costo muy elevado en vidas humanas, en destrucción de viviendas e infraestructura y en los posteriores procesos de reparación de daños.
Sin embargo, el gobierno federal norteamericano acaba de publicar su Cuarta Evaluación Nacional del Clima en el que enfatiza que el calentamiento global si existe y que constituye una amenaza a la supervivencia de la humanidad. Si bien esto suena extremo el documento precisa los crecientes retos que habrán de enfrentarse para la salud y seguridad de la población, la calidad de vida y el crecimiento económico.
Que esta evaluación sea tan claridosa se debe a que responde a un mandato legal muy preciso que obliga a realizarla apelando a la comunidad científica y a una sólida metodología. En su elaboración participaron más de trescientos científicos y expertos de todos los niveles de gobierno, las empresas, centros académicos y organizaciones sociales. Se sustenta en más de seis mil fuentes científicas.
Entre las afirmaciones de esta Evaluación es que los impactos sociales y económicos del cambio climático no se repartirán de manera equitativa. Los más pobres, con menores capacidades para prepararse y resistir extremos climáticos serán los que más sufran. Por ello es importante promover y apoyar acciones adaptativas que tomen en consideración las diferencias regionales y sociales.
Se hace un llamado global para una substancial y urgente reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ausencia de esta reducción y de medidas fuertes el incremento de las temperaturas, la elevación del mar y eventos catastróficos afectarían fuertemente a la agricultura, la pesca, el turismo, la infraestructura, los recursos hidráulicos, el transporte, la salud pública, la productividad laboral, la vitalidad social, el comercio internacional y la seguridad nacional. O sea, según el informe del gobierno federal norteamericano, todo nuestro entorno.
Otro riesgo es que el calentamiento global abrirá nuevas regiones a la proliferación de insectos transmisores de enfermedades.
Uno de los más destacados impactos previsibles se refiere a la producción agropecuaria. Mayores temperaturas, cambios en la disponibilidad de agua, la erosión de los suelos y la expansión de plagas influirían en la productividad, el bienestar de la población rural y finalmente en el precio de los alimentos.
La evaluación climática realizada por el gobierno norteamericano se contrapone directamente a la posición de Trump y sus aliados, pero se encuentra en línea con otros reportes recientes como el de la Agencia Ambiental Europea muy enfocado en explicar las oleadas de calor en el norte de ese continente y el de las Naciones Unidas sobre los océanos en los que destaca su acidificación y la elevación del nivel del mar.
La preocupación por el calentamiento global se extiende en los más altos niveles académicos y políticos y se multiplican los llamados a tomar medidas fuertes e inmediatas. Dicho de manera brutal el consenso científico es que la humanidad está destruyendo su propio planeta en un proceso que pronto será irreversible. El líder de la primera potencia mundial no ayuda y todo indica que no somos capaces de detenernos.
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