Jorge Faljo
Con frecuencia la distribución del ingreso es presentada como un pastel cuyas rebanadas se reparten entre los distintos grupos sociales: trabajadores, campesinos, empresarios, burócratas. Al gobierno le corresponde una porción que le permita ejercer tareas de seguridad, justicia, inversión en infraestructura, servicios de salud y educación. Otra de sus tareas, de la mayor importancia, es la de redistribuir el ingreso cuando el mercado genera extremos de inequidad y exclusión.
Ejemplo de redistribución son la respuesta del gobierno de Francia ante la revuelta reciente de la clase media: suspendió el aumento al precio de la gasolina, elevó el salario mínimo y redujo impuestos a los ingresos inferiores a dos mil euros mensuales. O en el caso de España, el incremento del 22 por ciento al salario mínimo. Son decisiones redistributivas que no ocurren por cálculos meramente técnicos o automáticos, sino a la lucha política de esos pueblos, sea en las calles o en las urnas.
En México las últimas elecciones dieron un mandato redistributivo al nuevo gobierno que se expresa, hasta el momento en el ámbito de la administración y el gasto públicos. Hablo de las reducciones salariales de la alta burocracia y del cambio de prioridades en las grandes inversiones públicas.
Reasignar el gasto público de los altos salarios a transferencias sociales es claramente conflictivo. Incidir más adelante en el reparto del ingreso nacional mediante medidas como subir el salario mínimo, elevar la captación fiscal de los grandes capitales o garantizar la rentabilidad de la pequeña producción rural será aún más conflictivo.
En los últimos 36 años se redistribuyó fuertemente el ingreso: disminuyeron los salarios reales de manera no solo relativa, sino absoluta; se abandonó y disminuyó la rentabilidad del campo al punto de la expulsión de millones; quebró la mayor parte de la mediana y pequeña industria con fuertes repercusiones en el empleo. Era el costo, se dijo, de abandonar el paternalismo e ingresar a la modernidad. Fue muy caro y condujo al modelo neoliberal a un callejón sin salida.
Ir en contra de esas tendencias es la decisión ciudadana y hacerlo demanda una estrategia bien pensada que minimice el conflicto y haga crecer el poder de negociación de las mayorías.
Es más fácil un nuevo reparto del ingreso cuando el pastel crece. El estancamiento crónico de las últimas décadas hizo que el enriquecimiento de la minoría tuviera que ser pagado con empobrecimiento generalizado y la ausencia de un mercado interno que sustentara un crecimiento dinámico.
La redistribución demanda acompañarse de crecimiento. Quedarnos en la mera redistribución justiciera sería no solo un error, sino una estrategia económica y políticamente inviable. Ese fue el gravísimo error de Venezuela.
El neoliberalismo prometió que un crecimiento determinado por el mercado traería bienestar para todos. Estados Unidos, Francia, España y muchos otros países, como el nuestro, prueban lo contrario.
Por otra parte, la vía del crecimiento neoliberal, basado en privilegios al gran capital transnacional e interno, amenaza estrangularse al menor intento de modificar la distribución del ingreso. Un riesgo que la nueva administración trata de manejar con pinzas evitándole pérdidas a los inversionistas de contratos existentes; prometiendo que no habrá nuevos impuestos y limitando el endeudamiento público. Todo lo cual reduce la capacidad rectora del estado que resulta indispensable en esta transición.
Pareciera que estamos en un laberinto sin salida. Afortunadamente no es así. La salida es plantear la justicia en la distribución del ingreso como motor del crecimiento. Que las transferencias sociales operen como demanda efectiva de la producción interna. Pero de nuevo, no cualquier producción, sino la de bienes y servicios de consumo mayoritario.
Tenemos un sector gravemente abandonado y deteriorado, pero con un enorme potencial para operar como un potente motor económico, social y político en favor de la transformación emprendida.
Es un motor que puede reactivarse sin grandes requerimientos de capital porque ya cuenta con las capacidades necesarias; que generaría mucho empleo y los bienes y servicios adecuados al bienestar mayoritario.
Se trata del sector social de la producción. De hecho, un conjunto de sectores y grupos sociales excluidos de la estrategia de crecimiento neoliberal, del mercado globalizado y de los canales de comercialización modernos. Se trata de empresas, ejidos, comunidades, talleres, pequeños productores urbanos y rurales que operan a tan solo una porción de sus capacidades, pero que no han sido destruidos y pueden ser reactivados.
Reactivar al sector social requiere comprenderlo no desde una definición obsoleta basada en la forma de propiedad (ejidos, comunidades, cooperativas) sino, de manera amplia, por su función social (supervivencia de los excluidos), por su potencial y por su orientación productiva.
En el sector social se localiza una enorme riqueza. Para reactivarlo basta reconectarlo a mecanismos de mercado particularmente apropiados. Para que florezca hay que empezar regándolo con demanda efectiva. Y existe una que es altamente modulable; la que generan las transferencias sociales. No se reactiva con capitales, sino con una reorientación de la política social concertada con los productores y consumidores sociales en sus auténticas formas de expresión. No al entramado de organizaciones a modo creadas por funcionarios de escritorio de cada entidad pública.
La ruta más viable para re-partir el pastel económico es reconstruir y aliarse con el sector social de la economía, como lo prevé la Constitución.
Los invito a reproducir con entera libertad y por cualquier medio los escritos de este blog. Solo espero que, de preferencia, citen su origen.
domingo, 16 de diciembre de 2018
lunes, 10 de diciembre de 2018
Arriba el telón; el gran reto
Jorge Faljo
Recién me preguntaron en una entrevista en Radio Educación (programa Ecosol) la opinión que tenía sobre las medidas del nuevo gobierno de López Obrador. Mi respuesta fue que el aterrizaje de muchas propuestas aún está por definirse. Lo que no le resta importancia a lo difundido ampliamente, que son los grandes objetivos y una forma de hacer política centrada en la participación social.
Entre los objetivos generales los estandartes son acabar con la corrupción; atención prioritaria al bienestar de los más pobres, en particular indígenas, población rural y grupos vulnerables; e impulso a la pequeña producción campesina, del sector social y pesquera.
De lo político pregona la intención de escuchar a la población; un estilo de democracia participativa que ofrece instrumentarse mediante consultas, referéndums y otras formas de dialogo.
La gran consulta será la que se haga en tres años para una posible revocación del mandato. Habrá la posibilidad de pedir la dimisión de AMLO. Proponerla implica un compromiso de enormes consecuencias y en el que la respuesta popular se limitaría a los extremos: aprobación o rechazo.
No se trataría meramente de tener más votos que algún rival, como en una elección normal. Tendrá que refrendar su triunfo electoral con más del 50 por ciento de la votación. Una prueba que no habría superado ninguno de los últimos seis presidentes de la república: un riesgo que nadie antes ha tomado.
Ya no sería una controvertida consulta callejera, con los inevitables defectos de la improvisación y la escasez de recursos para enviar un fuerte mensaje a los poderes fácticos.
Un referéndum de revocación de mandato asociado a las próximas elecciones legislativas implica aparecer entre las boletas electorales para elegir diputados y otros puestos de representación. Sería organizado por el máximo órgano electoral y tendría la mayor formalidad institucional. A prueba de críticas y chanchullos.
Este riesgo solo puede asumirse si AMLO está convencido de que, lejos del deterioro habitual de todo gobierno en funciones, conseguirá incrementar su popularidad. La que ya no se basaría en el rechazo al desastre previo, más esperanzas y expectativas. Ya no se votaría sobre grandes objetivos intachables y el carisma personal del líder - presidente, sino sobre los resultados concretos de su gobierno y su impacto en el bienestar de la población.
La eficacia de las medidas que se tomen será esencial. Algunas, muy importantes, se han enunciado sin mucho detalle. Habrá, por ejemplo, precios de garantía que aseguren la rentabilidad de la micro y pequeña producción de granos básicos. Solo que para ser efectiva requiere una amplia estructura de acopio de granos, de almacenamiento y de distribución. Pero lo más importante será cuidar que la producción adquirida se conecte a la demanda de la población que ahora presenta deficiencias alimentarias. Es decir, toda una red paralela a la comercialización existente que requerirá promover la organización de los consumidores y productores vulnerables.
La clave del éxito de medidas de esta magnitud será que la consulta permanente con la población se instrumente de manera efectiva en la operación de los programas públicos.
Se trata de un cambio revolucionario. Hoy en día las estructuras de los programas públicos operan transmitiendo decisiones y mensajes de arriba hacia abajo; sin que los operadores locales en contacto con la población se atrevan a sugerir nada a sus jefes. En parte porque no consultan con la población y no tienen nada que transmitir a sus jefes.
López mandó un fuerte mensaje a los poderes fácticos privados; en adelante se escuchará a la población. ¿Podrá enviar este mismo mensaje a los jerarcas burocráticos? Difícil, casi imposible, después de décadas de decisiones tomadas de manera unilateral por virreyes que promovían proyectos de zarzamoras, setas o tomates enanos destinados a “nichos de mercado”. Esquemas en los que la transferencia tecnológica era mera estrategia de mercadotecnia al servicio privado; con compras centralizadas de mercancías sobrevaluadas. Así se sembró el campo de elefantes y ratones blancos; de fracasos.
Hay que transformar a los técnicos privados que se emplean en los programas públicos, convertirlos de meros agentes de ventas a “técnicos descalzos”. Sin capacidad para imponer proyectos, pero bien dispuestos a aprender de los campesinos, indígenas y pequeños productores. Es a partir de su comprensión de las realidades locales que podrán acompañar procesos de mejora productiva.
Reubicarlos como verdaderos servidores públicos implica empoderarlos a partir del dialogo y consulta permanente con la población, como lo propone AMLO. Lo que no servirá de nada si la estructura jerárquica no acepta guiarse en función de los intereses y orientaciones que emanen de la población, las comunidades y sus organizaciones.
Política en lugar de tecnocracia; lo que los gobiernos anteriores definieron como corrupto para instrumentar una administración autista, basada en convocatorias en internet y en el concurso de los recursos públicos para que siempre ganaran los productores modernos.
La eficacia no se logra con mera honestidad, si se sigue la misma lógica y operación instrumental. Necesitamos combatir la corrupción barriendo las escaleras también de abajo hacia arriba.
Recién me preguntaron en una entrevista en Radio Educación (programa Ecosol) la opinión que tenía sobre las medidas del nuevo gobierno de López Obrador. Mi respuesta fue que el aterrizaje de muchas propuestas aún está por definirse. Lo que no le resta importancia a lo difundido ampliamente, que son los grandes objetivos y una forma de hacer política centrada en la participación social.
Entre los objetivos generales los estandartes son acabar con la corrupción; atención prioritaria al bienestar de los más pobres, en particular indígenas, población rural y grupos vulnerables; e impulso a la pequeña producción campesina, del sector social y pesquera.
De lo político pregona la intención de escuchar a la población; un estilo de democracia participativa que ofrece instrumentarse mediante consultas, referéndums y otras formas de dialogo.
La gran consulta será la que se haga en tres años para una posible revocación del mandato. Habrá la posibilidad de pedir la dimisión de AMLO. Proponerla implica un compromiso de enormes consecuencias y en el que la respuesta popular se limitaría a los extremos: aprobación o rechazo.
No se trataría meramente de tener más votos que algún rival, como en una elección normal. Tendrá que refrendar su triunfo electoral con más del 50 por ciento de la votación. Una prueba que no habría superado ninguno de los últimos seis presidentes de la república: un riesgo que nadie antes ha tomado.
Ya no sería una controvertida consulta callejera, con los inevitables defectos de la improvisación y la escasez de recursos para enviar un fuerte mensaje a los poderes fácticos.
Un referéndum de revocación de mandato asociado a las próximas elecciones legislativas implica aparecer entre las boletas electorales para elegir diputados y otros puestos de representación. Sería organizado por el máximo órgano electoral y tendría la mayor formalidad institucional. A prueba de críticas y chanchullos.
Este riesgo solo puede asumirse si AMLO está convencido de que, lejos del deterioro habitual de todo gobierno en funciones, conseguirá incrementar su popularidad. La que ya no se basaría en el rechazo al desastre previo, más esperanzas y expectativas. Ya no se votaría sobre grandes objetivos intachables y el carisma personal del líder - presidente, sino sobre los resultados concretos de su gobierno y su impacto en el bienestar de la población.
La eficacia de las medidas que se tomen será esencial. Algunas, muy importantes, se han enunciado sin mucho detalle. Habrá, por ejemplo, precios de garantía que aseguren la rentabilidad de la micro y pequeña producción de granos básicos. Solo que para ser efectiva requiere una amplia estructura de acopio de granos, de almacenamiento y de distribución. Pero lo más importante será cuidar que la producción adquirida se conecte a la demanda de la población que ahora presenta deficiencias alimentarias. Es decir, toda una red paralela a la comercialización existente que requerirá promover la organización de los consumidores y productores vulnerables.
La clave del éxito de medidas de esta magnitud será que la consulta permanente con la población se instrumente de manera efectiva en la operación de los programas públicos.
Se trata de un cambio revolucionario. Hoy en día las estructuras de los programas públicos operan transmitiendo decisiones y mensajes de arriba hacia abajo; sin que los operadores locales en contacto con la población se atrevan a sugerir nada a sus jefes. En parte porque no consultan con la población y no tienen nada que transmitir a sus jefes.
López mandó un fuerte mensaje a los poderes fácticos privados; en adelante se escuchará a la población. ¿Podrá enviar este mismo mensaje a los jerarcas burocráticos? Difícil, casi imposible, después de décadas de decisiones tomadas de manera unilateral por virreyes que promovían proyectos de zarzamoras, setas o tomates enanos destinados a “nichos de mercado”. Esquemas en los que la transferencia tecnológica era mera estrategia de mercadotecnia al servicio privado; con compras centralizadas de mercancías sobrevaluadas. Así se sembró el campo de elefantes y ratones blancos; de fracasos.
Hay que transformar a los técnicos privados que se emplean en los programas públicos, convertirlos de meros agentes de ventas a “técnicos descalzos”. Sin capacidad para imponer proyectos, pero bien dispuestos a aprender de los campesinos, indígenas y pequeños productores. Es a partir de su comprensión de las realidades locales que podrán acompañar procesos de mejora productiva.
Reubicarlos como verdaderos servidores públicos implica empoderarlos a partir del dialogo y consulta permanente con la población, como lo propone AMLO. Lo que no servirá de nada si la estructura jerárquica no acepta guiarse en función de los intereses y orientaciones que emanen de la población, las comunidades y sus organizaciones.
Política en lugar de tecnocracia; lo que los gobiernos anteriores definieron como corrupto para instrumentar una administración autista, basada en convocatorias en internet y en el concurso de los recursos públicos para que siempre ganaran los productores modernos.
La eficacia no se logra con mera honestidad, si se sigue la misma lógica y operación instrumental. Necesitamos combatir la corrupción barriendo las escaleras también de abajo hacia arriba.
sábado, 1 de diciembre de 2018
A Trump no lo calienta ni su gobierno
Jorge Faljo
Con una pedantería sin más sustento que su ignorancia Trump dijo que no cree en la evaluación del clima que acaba de publicar el gobierno que encabeza. Su vientre, afirma, le dice más sobre lo que es correcto y lo que no, que los reportes institucionales. Y lo que le dicen sus intestinos es que si acaso hay un cambio climático este no es causado por las actividades humanas. Cada frente frio en los Estados Unidos prueba, dice, que no hay calentamiento global.
De este modo el presidente norteamericano se alinea con una política respaldada por las grandes corporaciones opuestas a toda regulación ambiental que afecte sus negocios. La base social la aportan las nutridas corrientes cristianas evangélicas que hacen una interpretación literal de la biblia para afirmar que dios les dio a los hombres el planeta tierra para usar a su antojo. Una posición muy distinta a la que pregona el Papa católico que insta a que tratemos el planeta como la gran casa de la humanidad de cuyo cuidado somos responsables.
Ya antes, en 2017, Trump le había dado la espalda a la ciencia al romper con el acuerdo de París contra el cambio climático. En ese momento declaró que el problema del calentamiento global es que era una idea que obligaba a desarrollar tecnologías innecesarias. Los otros 195 países que se mantienen dentro del acuerdo consideran al clima como uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad.
En plano interno Trump coloco al frente de la agencia norteamericana de protección ambiental a un decidido defensor de las empresas más contaminantes que después de un corto periodo se vio obligado a renunciar. No por su posición ideológica, sino por múltiples escándalos de corrupción.
La negativa de Trump y allegados a reconocer el grave problema ambiental mundial suena cada vez más hueca en tanto que la población norteamericana ha sufrido consecuencias devastadoras por varios huracanes que rompen records históricos de capacidad destructiva, por tormentas e inundaciones inusitadas, por el crecimiento de masas de algas y por los más destructivos incendios que se han conocido en California. Todos estos fenómenos han tenido un costo muy elevado en vidas humanas, en destrucción de viviendas e infraestructura y en los posteriores procesos de reparación de daños.
Sin embargo, el gobierno federal norteamericano acaba de publicar su Cuarta Evaluación Nacional del Clima en el que enfatiza que el calentamiento global si existe y que constituye una amenaza a la supervivencia de la humanidad. Si bien esto suena extremo el documento precisa los crecientes retos que habrán de enfrentarse para la salud y seguridad de la población, la calidad de vida y el crecimiento económico.
Que esta evaluación sea tan claridosa se debe a que responde a un mandato legal muy preciso que obliga a realizarla apelando a la comunidad científica y a una sólida metodología. En su elaboración participaron más de trescientos científicos y expertos de todos los niveles de gobierno, las empresas, centros académicos y organizaciones sociales. Se sustenta en más de seis mil fuentes científicas.
Entre las afirmaciones de esta Evaluación es que los impactos sociales y económicos del cambio climático no se repartirán de manera equitativa. Los más pobres, con menores capacidades para prepararse y resistir extremos climáticos serán los que más sufran. Por ello es importante promover y apoyar acciones adaptativas que tomen en consideración las diferencias regionales y sociales.
Se hace un llamado global para una substancial y urgente reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ausencia de esta reducción y de medidas fuertes el incremento de las temperaturas, la elevación del mar y eventos catastróficos afectarían fuertemente a la agricultura, la pesca, el turismo, la infraestructura, los recursos hidráulicos, el transporte, la salud pública, la productividad laboral, la vitalidad social, el comercio internacional y la seguridad nacional. O sea, según el informe del gobierno federal norteamericano, todo nuestro entorno.
Otro riesgo es que el calentamiento global abrirá nuevas regiones a la proliferación de insectos transmisores de enfermedades.
Uno de los más destacados impactos previsibles se refiere a la producción agropecuaria. Mayores temperaturas, cambios en la disponibilidad de agua, la erosión de los suelos y la expansión de plagas influirían en la productividad, el bienestar de la población rural y finalmente en el precio de los alimentos.
La evaluación climática realizada por el gobierno norteamericano se contrapone directamente a la posición de Trump y sus aliados, pero se encuentra en línea con otros reportes recientes como el de la Agencia Ambiental Europea muy enfocado en explicar las oleadas de calor en el norte de ese continente y el de las Naciones Unidas sobre los océanos en los que destaca su acidificación y la elevación del nivel del mar.
La preocupación por el calentamiento global se extiende en los más altos niveles académicos y políticos y se multiplican los llamados a tomar medidas fuertes e inmediatas. Dicho de manera brutal el consenso científico es que la humanidad está destruyendo su propio planeta en un proceso que pronto será irreversible. El líder de la primera potencia mundial no ayuda y todo indica que no somos capaces de detenernos.
Con una pedantería sin más sustento que su ignorancia Trump dijo que no cree en la evaluación del clima que acaba de publicar el gobierno que encabeza. Su vientre, afirma, le dice más sobre lo que es correcto y lo que no, que los reportes institucionales. Y lo que le dicen sus intestinos es que si acaso hay un cambio climático este no es causado por las actividades humanas. Cada frente frio en los Estados Unidos prueba, dice, que no hay calentamiento global.
De este modo el presidente norteamericano se alinea con una política respaldada por las grandes corporaciones opuestas a toda regulación ambiental que afecte sus negocios. La base social la aportan las nutridas corrientes cristianas evangélicas que hacen una interpretación literal de la biblia para afirmar que dios les dio a los hombres el planeta tierra para usar a su antojo. Una posición muy distinta a la que pregona el Papa católico que insta a que tratemos el planeta como la gran casa de la humanidad de cuyo cuidado somos responsables.
Ya antes, en 2017, Trump le había dado la espalda a la ciencia al romper con el acuerdo de París contra el cambio climático. En ese momento declaró que el problema del calentamiento global es que era una idea que obligaba a desarrollar tecnologías innecesarias. Los otros 195 países que se mantienen dentro del acuerdo consideran al clima como uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad.
En plano interno Trump coloco al frente de la agencia norteamericana de protección ambiental a un decidido defensor de las empresas más contaminantes que después de un corto periodo se vio obligado a renunciar. No por su posición ideológica, sino por múltiples escándalos de corrupción.
La negativa de Trump y allegados a reconocer el grave problema ambiental mundial suena cada vez más hueca en tanto que la población norteamericana ha sufrido consecuencias devastadoras por varios huracanes que rompen records históricos de capacidad destructiva, por tormentas e inundaciones inusitadas, por el crecimiento de masas de algas y por los más destructivos incendios que se han conocido en California. Todos estos fenómenos han tenido un costo muy elevado en vidas humanas, en destrucción de viviendas e infraestructura y en los posteriores procesos de reparación de daños.
Sin embargo, el gobierno federal norteamericano acaba de publicar su Cuarta Evaluación Nacional del Clima en el que enfatiza que el calentamiento global si existe y que constituye una amenaza a la supervivencia de la humanidad. Si bien esto suena extremo el documento precisa los crecientes retos que habrán de enfrentarse para la salud y seguridad de la población, la calidad de vida y el crecimiento económico.
Que esta evaluación sea tan claridosa se debe a que responde a un mandato legal muy preciso que obliga a realizarla apelando a la comunidad científica y a una sólida metodología. En su elaboración participaron más de trescientos científicos y expertos de todos los niveles de gobierno, las empresas, centros académicos y organizaciones sociales. Se sustenta en más de seis mil fuentes científicas.
Entre las afirmaciones de esta Evaluación es que los impactos sociales y económicos del cambio climático no se repartirán de manera equitativa. Los más pobres, con menores capacidades para prepararse y resistir extremos climáticos serán los que más sufran. Por ello es importante promover y apoyar acciones adaptativas que tomen en consideración las diferencias regionales y sociales.
Se hace un llamado global para una substancial y urgente reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ausencia de esta reducción y de medidas fuertes el incremento de las temperaturas, la elevación del mar y eventos catastróficos afectarían fuertemente a la agricultura, la pesca, el turismo, la infraestructura, los recursos hidráulicos, el transporte, la salud pública, la productividad laboral, la vitalidad social, el comercio internacional y la seguridad nacional. O sea, según el informe del gobierno federal norteamericano, todo nuestro entorno.
Otro riesgo es que el calentamiento global abrirá nuevas regiones a la proliferación de insectos transmisores de enfermedades.
Uno de los más destacados impactos previsibles se refiere a la producción agropecuaria. Mayores temperaturas, cambios en la disponibilidad de agua, la erosión de los suelos y la expansión de plagas influirían en la productividad, el bienestar de la población rural y finalmente en el precio de los alimentos.
La evaluación climática realizada por el gobierno norteamericano se contrapone directamente a la posición de Trump y sus aliados, pero se encuentra en línea con otros reportes recientes como el de la Agencia Ambiental Europea muy enfocado en explicar las oleadas de calor en el norte de ese continente y el de las Naciones Unidas sobre los océanos en los que destaca su acidificación y la elevación del nivel del mar.
La preocupación por el calentamiento global se extiende en los más altos niveles académicos y políticos y se multiplican los llamados a tomar medidas fuertes e inmediatas. Dicho de manera brutal el consenso científico es que la humanidad está destruyendo su propio planeta en un proceso que pronto será irreversible. El líder de la primera potencia mundial no ayuda y todo indica que no somos capaces de detenernos.
martes, 27 de noviembre de 2018
La herencia de Peña
Jorge Faljo
Con brios casi juveniles Peña y su equipazo se lanzaron a gobernar el país con entusiasmo. A la experiencia de gobernar el estado de México, uno de los más industrializados del país, se sumó el saber financiero ubicado en la ortodoxia neoliberal para guiar a un presidente bastante falto de cultura, aunque no de instinto político.
Era a fin de cuentas una experiencia de provincia, sin contrapesos sociales e institucionales locales. Una especie de virreinato facilitado por una herencia familiar bien ubicada en la clase política gobernante. Una formación que mostró ser buena para sortear coyunturas y sobreponerse a los adversarios de la misma clase. Poco útil para entender al país y al mundo; o para saber ajustar el rumbo.
La herencia de Peña, sus fracasos parciales, sumados en un gran fracaso general, no son solo de él, sino de una clase política muy pendiente de sus personales intereses y de grupúsculo; pero no los intereses del país, ni siquiera los de su clase como conjunto. De ser así hubieran procurado una estrategia que derramara algo más que migajas al resto de los mexicanos.
Esta administración no se supo inventar a sí misma. Fue la continuidad por inercia de sus antecesores en un momento en que ya no era posible seguir el mismo camino. Se había agotado un modelo que confiaba demasiado en que la buena marcha de la globalización premiaría a un país ortodoxamente bien portado. Lo demostraría Trump hacia el final del sexenio.
El eje del gran proyecto de reformas estructurales era la privatización energética. Con ella vendrían amplios recursos de capital para la exploración y el descubrimiento de nuevos y enormes yacimientos. El aprovechamiento acelerado de los que ya se conocían, y el descubrimiento de otros, con un precio elevado del petróleo, se traduciría en el gran apoyo colateral para la atracción de capitales y créditos a baja tasa de interés. Un proyecto que además generaría enormes riquezas a la elite. Condiciones ideales en todo sentido.
Pero la globalización estaba en problemas. Había tenido un grave tropiezo durante la Gran Recesión, iniciada en 2008, que le pegó fuerte a la producción, al empleo y a los ingresos en todo el mundo.
En México el PIB cayó en 2009, y ya en el sexenio de Peña vino el remate. En 2014 el exceso de producción generado por las nuevas tecnologías de fracking en los Estados Unidos originaron una fuerte caída mundial de los precios del petróleo. También cayeron los precios de minerales, productos agropecuarios, fertilizantes, acero, carbón, y productos industriales. El planeta volvía a enfrentar lo que para unos eran excesos de oferta y para las grandes organizaciones internacionales, eran señales de la insuficiencia de la demanda, la gente sin recursos suficientes para consumir lo que se produce.
La baja demanda reflejaba el rezago creciente de la masa salarial y los ingresos públicos respecto de los avances tecnológicos y de la producción. Una brecha que se había cubierto con créditos a los consumidores y a los gobiernos, hasta que ambos llegaron a su tope de capacidad de endeudamiento. Y entonces asomaron las crisis.
El caso es que Peña quiso impulsar una estrategia de petrolización de la economía en un mal momento. Sin esa palanca que lo habría facilitado todo, la única posibilidad era gobernar en aguas turbulentas. Y eso requería verdaderas habilidades, conocimiento del país y del mundo, planeación democrática entendida como la capacidad de escuchar a todos y concertar intereses encontrados.
Sin embargo el modelo no permitía gobernar, en el verdadero y profundo sentido de la palabra. Vivimos una lucha enconada entre el capital que se considera con el derecho a determinar las decisiones públicas siempre a favor de la ganancia. Por otra parte se opone ferozmente a que la política, la ciudadanía en forma de gobierno, interfiera en los mercados en busca del beneficio colectivo.
Es el modelo triunfador de las últimas décadas; al punto que una decisión que no guste a los capitales se traduce de inmediato en protestas y desestabilización financiera.
Dejadas las decisiones en manos de los mercados no se consiguió elevar el bienestar de los mexicanos, ni siquiera en mínimos como los de comer bien todos los días, ni generar empleo digno para todos.
La de Peña no fue una administración guiada por los intereses generales del capital; sino mucho menos, un neoliberalismo patito con decisiones favorables a un grupo de cuates.
No por ello se dejó de depender del capital externo para sostener una burbuja de modernidad que requería de una gigantesca válvula de escape: la de millones de mexicanos que votaron en contra del desastre y paradójicamente le han dado oxigeno con los miles de millones de dólares en remesas que envían a sus familiares. El mayor programa de apoyo social existente, financiado por particulares excluidos de la economía nacional.
Se idealizó al consumo importado como prueba de una modernidad en buena parte pagada con retazos de país: petróleo, banca, empresas industriales exportadoras.
Se glorificaron también las obras faraónicas justificadas con el discurso de la generación de empleo moderno. Ni tanto, en virtud de empleos creados han sido muy insuficientes y mal pagados; al tiempo que se reducen rápidamente los empleos que permitían la existencia de una pequeña clase media.
Entretanto se abandonó como mero cascajo a la micro, pequeña y mediana producción, la verdadera generadora de empleo, así sea informal.
El balance que nos dejan Peña y sus antecesores es abismal. Habrá que determinar cómo, entre todos, fortalecer un Estado democrático consciente de sus responsabilidades. Lo que sigue es una ruta necesariamente diferente pero que no se encuentra trazada.
Con brios casi juveniles Peña y su equipazo se lanzaron a gobernar el país con entusiasmo. A la experiencia de gobernar el estado de México, uno de los más industrializados del país, se sumó el saber financiero ubicado en la ortodoxia neoliberal para guiar a un presidente bastante falto de cultura, aunque no de instinto político.
Era a fin de cuentas una experiencia de provincia, sin contrapesos sociales e institucionales locales. Una especie de virreinato facilitado por una herencia familiar bien ubicada en la clase política gobernante. Una formación que mostró ser buena para sortear coyunturas y sobreponerse a los adversarios de la misma clase. Poco útil para entender al país y al mundo; o para saber ajustar el rumbo.
La herencia de Peña, sus fracasos parciales, sumados en un gran fracaso general, no son solo de él, sino de una clase política muy pendiente de sus personales intereses y de grupúsculo; pero no los intereses del país, ni siquiera los de su clase como conjunto. De ser así hubieran procurado una estrategia que derramara algo más que migajas al resto de los mexicanos.
Esta administración no se supo inventar a sí misma. Fue la continuidad por inercia de sus antecesores en un momento en que ya no era posible seguir el mismo camino. Se había agotado un modelo que confiaba demasiado en que la buena marcha de la globalización premiaría a un país ortodoxamente bien portado. Lo demostraría Trump hacia el final del sexenio.
El eje del gran proyecto de reformas estructurales era la privatización energética. Con ella vendrían amplios recursos de capital para la exploración y el descubrimiento de nuevos y enormes yacimientos. El aprovechamiento acelerado de los que ya se conocían, y el descubrimiento de otros, con un precio elevado del petróleo, se traduciría en el gran apoyo colateral para la atracción de capitales y créditos a baja tasa de interés. Un proyecto que además generaría enormes riquezas a la elite. Condiciones ideales en todo sentido.
Pero la globalización estaba en problemas. Había tenido un grave tropiezo durante la Gran Recesión, iniciada en 2008, que le pegó fuerte a la producción, al empleo y a los ingresos en todo el mundo.
En México el PIB cayó en 2009, y ya en el sexenio de Peña vino el remate. En 2014 el exceso de producción generado por las nuevas tecnologías de fracking en los Estados Unidos originaron una fuerte caída mundial de los precios del petróleo. También cayeron los precios de minerales, productos agropecuarios, fertilizantes, acero, carbón, y productos industriales. El planeta volvía a enfrentar lo que para unos eran excesos de oferta y para las grandes organizaciones internacionales, eran señales de la insuficiencia de la demanda, la gente sin recursos suficientes para consumir lo que se produce.
La baja demanda reflejaba el rezago creciente de la masa salarial y los ingresos públicos respecto de los avances tecnológicos y de la producción. Una brecha que se había cubierto con créditos a los consumidores y a los gobiernos, hasta que ambos llegaron a su tope de capacidad de endeudamiento. Y entonces asomaron las crisis.
El caso es que Peña quiso impulsar una estrategia de petrolización de la economía en un mal momento. Sin esa palanca que lo habría facilitado todo, la única posibilidad era gobernar en aguas turbulentas. Y eso requería verdaderas habilidades, conocimiento del país y del mundo, planeación democrática entendida como la capacidad de escuchar a todos y concertar intereses encontrados.
Sin embargo el modelo no permitía gobernar, en el verdadero y profundo sentido de la palabra. Vivimos una lucha enconada entre el capital que se considera con el derecho a determinar las decisiones públicas siempre a favor de la ganancia. Por otra parte se opone ferozmente a que la política, la ciudadanía en forma de gobierno, interfiera en los mercados en busca del beneficio colectivo.
Es el modelo triunfador de las últimas décadas; al punto que una decisión que no guste a los capitales se traduce de inmediato en protestas y desestabilización financiera.
Dejadas las decisiones en manos de los mercados no se consiguió elevar el bienestar de los mexicanos, ni siquiera en mínimos como los de comer bien todos los días, ni generar empleo digno para todos.
La de Peña no fue una administración guiada por los intereses generales del capital; sino mucho menos, un neoliberalismo patito con decisiones favorables a un grupo de cuates.
No por ello se dejó de depender del capital externo para sostener una burbuja de modernidad que requería de una gigantesca válvula de escape: la de millones de mexicanos que votaron en contra del desastre y paradójicamente le han dado oxigeno con los miles de millones de dólares en remesas que envían a sus familiares. El mayor programa de apoyo social existente, financiado por particulares excluidos de la economía nacional.
Se idealizó al consumo importado como prueba de una modernidad en buena parte pagada con retazos de país: petróleo, banca, empresas industriales exportadoras.
Se glorificaron también las obras faraónicas justificadas con el discurso de la generación de empleo moderno. Ni tanto, en virtud de empleos creados han sido muy insuficientes y mal pagados; al tiempo que se reducen rápidamente los empleos que permitían la existencia de una pequeña clase media.
Entretanto se abandonó como mero cascajo a la micro, pequeña y mediana producción, la verdadera generadora de empleo, así sea informal.
El balance que nos dejan Peña y sus antecesores es abismal. Habrá que determinar cómo, entre todos, fortalecer un Estado democrático consciente de sus responsabilidades. Lo que sigue es una ruta necesariamente diferente pero que no se encuentra trazada.
lunes, 12 de noviembre de 2018
La inevitable inestabilidad
Jorge Faljo
Recuerdo una amiga psicoterapeuta a la que invitaron a dar una plática sobre “cómo evitar los conflictos de pareja.” Lo primero que dijo es que estos eran de algún modo naturales en toda relación. Después dio una estupenda charla sobre qué hacer para, sin evitarlos, resolver los problemas de fondo de la mejor manera posible y así superarlos.
Me acordé porque a unos amigos les preocupa la inestabilidad cambiaria y su visión se alinea con la idea de que como es mala hay que evitarla. Estoy convencido de que eso no es posible; lo que hay que hacer es manejar los altibajos del dólar lo mejor posible. Aunque esta es una expresión incorrecta.
Todos los días cambia el valor del peso respecto al dólar, aunque la apariencia es la contraria, cómo que es el dólar el que modifica su precio. Es como la percepción de que el sol sale por la mañana y se oculta por la noche; aunque aprendimos en primaria que en realidad es la tierra la que se mueve.
El caso es que es inevitable que la inestabilidad empeore en los próximos meses. Aparte de lo meramente coyuntural hay dos problemas de fondo que se generaron y afianzaron a lo largo de décadas de neoliberalismo patito.
Lo primero es que nos volvimos importadores extremos. No solo de lo lujoso para el consumo de la minoría rica, sino incluso de lo básico para el consumo mayoritario y de los más pobres. Necesitamos muchos dólares para comprar, además de los iPhones, insumos industriales, gasolina, y también maíz, arroz, carnes, frutas.
La adicción a lo importado va de la mano de la dependencia a los dólares “fáciles”. No los que provienen de ser un país exitosamente exportador, que no lo somos. El déficit comercial es crónico. Solo las maquiladoras extranjeras, e incluyo a las empresas automotrices, nos permiten tener un superávit con los Estados Unidos que cubre a medias nuestros grandes déficits con China y el resto del mundo.
Los dólares fáciles provenían de la venta de petróleo que cuando era caro, era nuestro y teníamos mucho, también llegaron miles de millones de dólares de la venta – país (siderurgia, cerveceras, minería, manufacturas, banca y otras), además del endeudamiento externo. Todos estos ingresos permitieron mantener por décadas un dólar barato (es decir, un peso caro) con una grave consecuencia; el desmantelamiento de la producción interna y mayor adicción a las importaciones.
Pero todo ha cambiado. La venta – país se ha agotado; en sus estertores llevó al remate del subsuelo (petróleo y minería) pero ni así dio mucho.
Del exterior el Fondo Monetario nos advirtió contra la excesiva entrada de capitales volátiles, que terminarían saliendo. Incluso podría, dijeron, hacerse uso de controles al capital. Pero decidimos que lo mejor era atraer capitales especulativos cuya entrada permitió que por una temporada la bolsa de valores de México fuera la de mejor rendimiento del mundo. Y el dólar siguiera barato y las importaciones nos dieran un maquillaje de país moderno y exitoso.
Ahora estamos en los límites de la capacidad de endeudamiento al mismo tiempo que Trump les ofrece a estos capitales una mejor oferta de rentabilidad, que no podemos ni debemos igualar.
El precario equilibrio en que se encuentra el país hace que unos cuantos grandes empresarios puedan jugar a la confianza o desconfianza y con sus movimientos de capital incidir en la paridad cambiaria.
Ante esta situación la disyuntiva es dramática. O se sigue haciendo todo lo posible por ganarse todos los días la confianza de los capitales, apuntalando los negocios y ganancias de pocos. En donde atraer y mantener la rentabilidad de esos capitales ha sido la manera de prevenir la inestabilidad en las últimas décadas. Pero el costo para la sociedad en términos de producción y empleo ha sido demasiado fuerte. Contra eso es que votó la mayoría en julio pasado.
La otra posibilidad es iniciar una desintoxicación llena de nauseas, sudores y escalofríos. Recuperar gradualmente la capacidad de producir internamente el grueso del consumo y ya no promover la atracción de dólares fáciles. En pocas palabras es aceptar, aunque suene paradójico, una inestabilidad controlada; mantenida dentro de ciertos límites.
La prevención de la inestabilidad debe ser una negociación que nos conduzca a otra estrategia económica. En la que puedan crecer a un mayor ritmo la producción, el empleo y el mercado interno. Solo es posible si en lugar de vender al país tratamos de exportar y de substituir importaciones. Esto último es la clave y requiere contar con una paridad competitiva.
La devaluación nos daña en lo inmediato, como daña al adicto dejar la droga. Pero solo hay dos maneras de competir globalmente. Con moneda barata o con salarios miserables. Elegimos el mal camino, el de salarios miserables. China es exitosa porque desde hace décadas eligió mantener a su moneda barata.
Si cambiamos de carril la posibilidad inmediata es reactivar, con políticas adecuadas, muchas de las enormes capacidades que se han visto parcialmente inutilizadas en las últimas décadas, en el campo y la ciudad.
Creo que más que temer a la inevitable inestabilidad lo que nos debe preocupar es como resolverla a fondo, sin aspavientos pero con una dirección clara. Lo preocupante es no saber actuar.
Recuerdo una amiga psicoterapeuta a la que invitaron a dar una plática sobre “cómo evitar los conflictos de pareja.” Lo primero que dijo es que estos eran de algún modo naturales en toda relación. Después dio una estupenda charla sobre qué hacer para, sin evitarlos, resolver los problemas de fondo de la mejor manera posible y así superarlos.
Me acordé porque a unos amigos les preocupa la inestabilidad cambiaria y su visión se alinea con la idea de que como es mala hay que evitarla. Estoy convencido de que eso no es posible; lo que hay que hacer es manejar los altibajos del dólar lo mejor posible. Aunque esta es una expresión incorrecta.
Todos los días cambia el valor del peso respecto al dólar, aunque la apariencia es la contraria, cómo que es el dólar el que modifica su precio. Es como la percepción de que el sol sale por la mañana y se oculta por la noche; aunque aprendimos en primaria que en realidad es la tierra la que se mueve.
El caso es que es inevitable que la inestabilidad empeore en los próximos meses. Aparte de lo meramente coyuntural hay dos problemas de fondo que se generaron y afianzaron a lo largo de décadas de neoliberalismo patito.
Lo primero es que nos volvimos importadores extremos. No solo de lo lujoso para el consumo de la minoría rica, sino incluso de lo básico para el consumo mayoritario y de los más pobres. Necesitamos muchos dólares para comprar, además de los iPhones, insumos industriales, gasolina, y también maíz, arroz, carnes, frutas.
La adicción a lo importado va de la mano de la dependencia a los dólares “fáciles”. No los que provienen de ser un país exitosamente exportador, que no lo somos. El déficit comercial es crónico. Solo las maquiladoras extranjeras, e incluyo a las empresas automotrices, nos permiten tener un superávit con los Estados Unidos que cubre a medias nuestros grandes déficits con China y el resto del mundo.
Los dólares fáciles provenían de la venta de petróleo que cuando era caro, era nuestro y teníamos mucho, también llegaron miles de millones de dólares de la venta – país (siderurgia, cerveceras, minería, manufacturas, banca y otras), además del endeudamiento externo. Todos estos ingresos permitieron mantener por décadas un dólar barato (es decir, un peso caro) con una grave consecuencia; el desmantelamiento de la producción interna y mayor adicción a las importaciones.
Pero todo ha cambiado. La venta – país se ha agotado; en sus estertores llevó al remate del subsuelo (petróleo y minería) pero ni así dio mucho.
Del exterior el Fondo Monetario nos advirtió contra la excesiva entrada de capitales volátiles, que terminarían saliendo. Incluso podría, dijeron, hacerse uso de controles al capital. Pero decidimos que lo mejor era atraer capitales especulativos cuya entrada permitió que por una temporada la bolsa de valores de México fuera la de mejor rendimiento del mundo. Y el dólar siguiera barato y las importaciones nos dieran un maquillaje de país moderno y exitoso.
Ahora estamos en los límites de la capacidad de endeudamiento al mismo tiempo que Trump les ofrece a estos capitales una mejor oferta de rentabilidad, que no podemos ni debemos igualar.
El precario equilibrio en que se encuentra el país hace que unos cuantos grandes empresarios puedan jugar a la confianza o desconfianza y con sus movimientos de capital incidir en la paridad cambiaria.
Ante esta situación la disyuntiva es dramática. O se sigue haciendo todo lo posible por ganarse todos los días la confianza de los capitales, apuntalando los negocios y ganancias de pocos. En donde atraer y mantener la rentabilidad de esos capitales ha sido la manera de prevenir la inestabilidad en las últimas décadas. Pero el costo para la sociedad en términos de producción y empleo ha sido demasiado fuerte. Contra eso es que votó la mayoría en julio pasado.
La otra posibilidad es iniciar una desintoxicación llena de nauseas, sudores y escalofríos. Recuperar gradualmente la capacidad de producir internamente el grueso del consumo y ya no promover la atracción de dólares fáciles. En pocas palabras es aceptar, aunque suene paradójico, una inestabilidad controlada; mantenida dentro de ciertos límites.
La prevención de la inestabilidad debe ser una negociación que nos conduzca a otra estrategia económica. En la que puedan crecer a un mayor ritmo la producción, el empleo y el mercado interno. Solo es posible si en lugar de vender al país tratamos de exportar y de substituir importaciones. Esto último es la clave y requiere contar con una paridad competitiva.
La devaluación nos daña en lo inmediato, como daña al adicto dejar la droga. Pero solo hay dos maneras de competir globalmente. Con moneda barata o con salarios miserables. Elegimos el mal camino, el de salarios miserables. China es exitosa porque desde hace décadas eligió mantener a su moneda barata.
Si cambiamos de carril la posibilidad inmediata es reactivar, con políticas adecuadas, muchas de las enormes capacidades que se han visto parcialmente inutilizadas en las últimas décadas, en el campo y la ciudad.
Creo que más que temer a la inevitable inestabilidad lo que nos debe preocupar es como resolverla a fondo, sin aspavientos pero con una dirección clara. Lo preocupante es no saber actuar.
sábado, 3 de noviembre de 2018
Definir lo importante
Jorge Faljo
Cada quien define lo que es importante desde su propia perspectiva, sus intereses personales o los del grupo con el que se identifica. En estos días el país vive una lucha por definir lo importante; y habrá de durar bastante.
Me lanzo a proponer como algo importante a la Cruzada Nacional contra el Hambre que, supuestamente, instrumentó la administración saliente.
Fue parte de los compromisos establecidos en el Pacto por México con el que el gobierno de Peña Nieto consiguió el aval de todos los partidos para empezar bajo la ficción de un amplio consenso social. Todos de acuerdo en lo importante, incluyendo algunas demandas progresistas a cambio de lo que más tarde se revelaría como aval a las transformaciones estructurales. Las que realmente interesaban al nuevo régimen.
La principal oferta a la izquierda partidaria fue el compromiso de combatir la pobreza, evitando el asistencialismo y garantizando en primer lugar el derecho a la alimentación. Un año antes se había incluido en la Constitución que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; “el Estado lo garantizará”.
El Pacto estableció el compromiso de aterrizar el mandato constitucional en forma de programas específicos. Que los programas no fueran asistenciales era una definición substancial. No se trataría de un mero reparto de alimentos para una población pasiva; sino de construir capacidades permanentes.
Por eso los objetivos de la Cruzada incluían aumentar la producción de alimentos y los ingresos de los campesinos y pequeños productores; minimizar pérdidas pos-cosecha en el almacenamiento, transporte, distribución y comercialización; promover el empleo y el desarrollo económico en las zonas de mayor carencia alimentaria. y el empleo de las zonas de mayor concentración de carencias alimentarias. Y algo esencial, la participación comunitaria.
Ese compromiso, un México sin hambre, se reafirmó en el Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña. Con sentidas palabras se describió la mala situación existente. Además prometió que al final de su administración el país tendría seguridad alimentaria definida como la producción interna de al menos el 75 por ciento de los seis principales granos básicos.
Se sabía que cumplir requeriría una nueva estrategia de desarrollo agropecuario que incluyera desde estructuras de acopio y almacenamiento, apoyos a la adquisición de insumos, garantizar la rentabilidad de la producción, todo con una estrategia que si fuera adecuada para los campesinos, indígenas y pequeños propietarios en general.
Ya el lector imagina lo ocurrido, un fracaso total. No el derivado de un verdadero esfuerzo fallido; sino el del cinismo y la ineptitud.
Elementos esenciales como la participación comunitaria y la consulta a expertos nunca se instrumentaron. Según el reporte que sobre la Cruzada contra el Hambre acaba de publicar la Auditoría Superior de la Federación el Consejo de Expertos sesionó tres veces en 2014, y nada más. Entre 2013 y 2015 se declararon instalados comités comunitarios en 1,012 municipios. Una mera formalidad porque nunca se concertó con ellos la identificación de necesidades y el diseño de estrategias locales. Para 2016 ya no estaban en operación.
Si algo marcó a este gobierno fue el abandono generalizado de toda forma de participación social efectiva; aunque la farsa se llevó hasta el registro meramente formal de cientos de miles de comités de contraloría social.
En cambio doña Rosario Robles integró a la cruzada a los grandes monopolios de la alimentación como Pepsico, Nestle, Waltmart, Maseca, Bachoco, Tyson, Alpura y similares. Tal vez a Peña no le dio tiempo de explicarle bien de que se trataba.
La Auditoría Superior tiende a distinguir dos tipos de problema, sin negar que la mayoría de las veces van pegados. Uno es la franca corrupción y otro la ineficacia. Sabemos por auditorías anteriores que los programas de SEDESOL y SEDATU son los más manchados por la llamada estafa maestra. Pero hagamos eso a un lado de momento.
¿Cuáles fueron las características administrativas de la Cruzada?
Se planteó como un mero esquema de coordinación de programas ya existentes que en la práctica siguieron en su funcionamiento de costumbre, sin destinar presupuestos y estrategias específicas al objetivo de erradicar el hambre. La cruzada fue como adornar con un moñito de color a lo que ya existía. Hubo algo de presupuesto añadido que se fue básicamente a pagar propaganda.
La Auditoría Superior señala la ausencia de coordinación entre programas y entidades participantes. Esto ha sido típico del sector público mexicano. Cada alto funcionario es virrey de su propio espacio y no acceden a coordinarse con los demás excepto para pintar su raya: tú no te metas en mi espacio y yo no me meto en el tuyo. Esa es la clave de la coordinación institucional.
La Auditoría Superior es contundente y propone que la Cruzada se corrija, modifique o suspenda. No solo fue un fracaso, fue una vacilada.
Combatir el hambre es importante; también la salud, la seguridad, la educación, la cohesión interna frente a los riesgos del exterior. Las pasadas elecciones señalaron la voluntad mayoritaria de repensar al país y sus prioridades.
Frente a eso surgen las voces que sostienen que lo importante es un aeropuerto. Que eso es lo que define el tipo de país que queremos ser; que construirlo aquí, o allá, o no construirlo, como ocurrió después de la consulta a toletazos y violaciones del 2002, es lo más importante del momento. Ridículo.
El aeropuerto es un escalón de abajo en la escala de lo importante.
Cada quien define lo que es importante desde su propia perspectiva, sus intereses personales o los del grupo con el que se identifica. En estos días el país vive una lucha por definir lo importante; y habrá de durar bastante.
Me lanzo a proponer como algo importante a la Cruzada Nacional contra el Hambre que, supuestamente, instrumentó la administración saliente.
Fue parte de los compromisos establecidos en el Pacto por México con el que el gobierno de Peña Nieto consiguió el aval de todos los partidos para empezar bajo la ficción de un amplio consenso social. Todos de acuerdo en lo importante, incluyendo algunas demandas progresistas a cambio de lo que más tarde se revelaría como aval a las transformaciones estructurales. Las que realmente interesaban al nuevo régimen.
La principal oferta a la izquierda partidaria fue el compromiso de combatir la pobreza, evitando el asistencialismo y garantizando en primer lugar el derecho a la alimentación. Un año antes se había incluido en la Constitución que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; “el Estado lo garantizará”.
El Pacto estableció el compromiso de aterrizar el mandato constitucional en forma de programas específicos. Que los programas no fueran asistenciales era una definición substancial. No se trataría de un mero reparto de alimentos para una población pasiva; sino de construir capacidades permanentes.
Por eso los objetivos de la Cruzada incluían aumentar la producción de alimentos y los ingresos de los campesinos y pequeños productores; minimizar pérdidas pos-cosecha en el almacenamiento, transporte, distribución y comercialización; promover el empleo y el desarrollo económico en las zonas de mayor carencia alimentaria. y el empleo de las zonas de mayor concentración de carencias alimentarias. Y algo esencial, la participación comunitaria.
Ese compromiso, un México sin hambre, se reafirmó en el Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña. Con sentidas palabras se describió la mala situación existente. Además prometió que al final de su administración el país tendría seguridad alimentaria definida como la producción interna de al menos el 75 por ciento de los seis principales granos básicos.
Se sabía que cumplir requeriría una nueva estrategia de desarrollo agropecuario que incluyera desde estructuras de acopio y almacenamiento, apoyos a la adquisición de insumos, garantizar la rentabilidad de la producción, todo con una estrategia que si fuera adecuada para los campesinos, indígenas y pequeños propietarios en general.
Ya el lector imagina lo ocurrido, un fracaso total. No el derivado de un verdadero esfuerzo fallido; sino el del cinismo y la ineptitud.
Elementos esenciales como la participación comunitaria y la consulta a expertos nunca se instrumentaron. Según el reporte que sobre la Cruzada contra el Hambre acaba de publicar la Auditoría Superior de la Federación el Consejo de Expertos sesionó tres veces en 2014, y nada más. Entre 2013 y 2015 se declararon instalados comités comunitarios en 1,012 municipios. Una mera formalidad porque nunca se concertó con ellos la identificación de necesidades y el diseño de estrategias locales. Para 2016 ya no estaban en operación.
Si algo marcó a este gobierno fue el abandono generalizado de toda forma de participación social efectiva; aunque la farsa se llevó hasta el registro meramente formal de cientos de miles de comités de contraloría social.
En cambio doña Rosario Robles integró a la cruzada a los grandes monopolios de la alimentación como Pepsico, Nestle, Waltmart, Maseca, Bachoco, Tyson, Alpura y similares. Tal vez a Peña no le dio tiempo de explicarle bien de que se trataba.
La Auditoría Superior tiende a distinguir dos tipos de problema, sin negar que la mayoría de las veces van pegados. Uno es la franca corrupción y otro la ineficacia. Sabemos por auditorías anteriores que los programas de SEDESOL y SEDATU son los más manchados por la llamada estafa maestra. Pero hagamos eso a un lado de momento.
¿Cuáles fueron las características administrativas de la Cruzada?
Se planteó como un mero esquema de coordinación de programas ya existentes que en la práctica siguieron en su funcionamiento de costumbre, sin destinar presupuestos y estrategias específicas al objetivo de erradicar el hambre. La cruzada fue como adornar con un moñito de color a lo que ya existía. Hubo algo de presupuesto añadido que se fue básicamente a pagar propaganda.
La Auditoría Superior señala la ausencia de coordinación entre programas y entidades participantes. Esto ha sido típico del sector público mexicano. Cada alto funcionario es virrey de su propio espacio y no acceden a coordinarse con los demás excepto para pintar su raya: tú no te metas en mi espacio y yo no me meto en el tuyo. Esa es la clave de la coordinación institucional.
La Auditoría Superior es contundente y propone que la Cruzada se corrija, modifique o suspenda. No solo fue un fracaso, fue una vacilada.
Combatir el hambre es importante; también la salud, la seguridad, la educación, la cohesión interna frente a los riesgos del exterior. Las pasadas elecciones señalaron la voluntad mayoritaria de repensar al país y sus prioridades.
Frente a eso surgen las voces que sostienen que lo importante es un aeropuerto. Que eso es lo que define el tipo de país que queremos ser; que construirlo aquí, o allá, o no construirlo, como ocurrió después de la consulta a toletazos y violaciones del 2002, es lo más importante del momento. Ridículo.
El aeropuerto es un escalón de abajo en la escala de lo importante.
domingo, 28 de octubre de 2018
Caravanas
Jorge Faljo
Más de nueve mil mujeres, hombres y, entre ellos unos 2,300 niños, caminan bajo un sol abrasador, con los pies llagados, sedientos, hambrientos y dependientes de la ayuda que de buena voluntad les presta la población y las organizaciones sociales.
Hay dos versiones. La de Trump que afirma, más bien supone sin pruebas, que se trata de una horda peligrosa dentro de la que se ocultan terroristas del medio oriente y todo tipo de malandrines. La otra es la que surge del trabajo periodístico en contacto directo con este grupo y que refleja la desesperación con la que huyen de la violencia, la extorsión de grupos criminales, la imposibilidad de trabajar y sobrevivir en sus países de origen. Sobre todo, Honduras, en este caso.
Lo novedoso, lo impactante, es que lo que antes era goteo continuo de pequeños grupos que se ocultaban y buscaban no hacer ruido se ha convertido en estruendoso relámpago. Tal vez no lo saben, pero ya han obtenido una importante victoria. Se han hecho visibles.
Hasta ahora podíamos, más o menos, ignorarlos y dejarlos a su suerte. A la buena suerte de que a lo largo de su marcha se les arrojaran botellas de agua y tortas al pasar trepados sobre trenes, o de encontrar algún refugio temporal a lo largo del camino y de recibir algunas monedas a su paso por nuestras ciudades. O a la mala suerte de ser secuestrados por pandillas criminales, en ocasiones coludidas con autoridades, para extorsionar a sus familiares, para esclavizarlos, prostituirlos, terminar asesinados o a no sobrevivir el paso por el desierto.
Ya no se les puede ignorar. Hemos entrado a otra fase del problema; ahora son visibles y habrá que decidir, México, Estados Unidos y el mundo que hacer al respecto.
No me refiero a los miles que integran esta caravana, y las que seguirán, porque no son en realidad una gran carga. Son muy pocos, sobre todo comparados con los muchos millones de mexicanos que también se han visto obligados a desarraigarse para sobrevivir. También comparados con los miles que ya recorrieron el mismo camino a escondidas y apoyados por la población mexicana. Ahora que son foco de atención cabe esperar que se encuentre una manera más institucional, con ayuda internacional, para atenderlos.
Encontrar soluciones de fondo será más difícil. Se requiere un nuevo diagnóstico del origen del problema; tomar la caravana como la señal de un modelo económico, político y militar fracasado.
Las raíces de esta caravana se remontan al 2009. En ese año el presidente de Honduras, Manuel Zelaya sufrió un golpe de estado y fue expulsado del país por las fuerzas militares que obedecieron una orden de la Corte Suprema controlada por la oligarquía local. La condena internacional fue unánime y la Organización de Estados Americanos –OEA-, exigió su regreso. Hillary Clinton, entonces secretaría de Estado norteamericana se negó a apoyar esa declaración. El líder del golpe fue un general graduado de los programas de formación militar norteamericanos.
Zelaya llegó a la presidencia en 2006 y lo primero que hizo fue aprobar una ley de participación ciudadana que permitía realizar consultas populares sobre asuntos nacionales. Incrementó de manera notable el salario mínimo de su país, 11 por ciento en 2007 y al final de 2008 en otro 40 por ciento. La mejoría para la población fue notoria debido a nuevos programas sociales e inversiones en salud y educación. Con Zelaya hubo programas de desayunos escolares gratuitos, leche para niños pequeños, pensiones para adultos mayores, becas escolares, nuevas escuelas, subsidios al transporte y así por el estilo.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina en esos años Honduras fue la nación de mayor crecimiento económico en la región. Entre 2006 y 2008 el PIB de Honduras creció al 5.7 por ciento anual; después del golpe de estado el ritmo se redujo notablemente.
Pero las cifras no reflejan la magnitud del desastre. Miles de dirigentes indígenas, campesinos, sindicales, ambientalistas, jueces, políticos de oposición, activistas en derechos humanos fueron asesinados tras el golpe de estado.
La destrucción de las organizaciones de base se asoció a la retracción del estado y eso dejó el campo libre a las organizaciones criminales. Estas últimas se nutren de la deportación de pandilleros repatriados tras cumplir sus sentencias en los Estados Unidos. Regresan a su país entrenados en las luchas callejeras de ciudades como Los Ángeles y Chicago y organizados en sus cárceles.
Trump amenaza con suspender lo que llama generosa ayuda a los países centroamericanos si no logran detener la emigración. En 2017 la ayuda a Honduras fue de 149.5 millones de dólares, en buena medida militar y para el funcionamiento del gobierno. Recordemos que Estados Unidos había apoyado con más de 7 mil millones de dólares la guerra contra la guerrilla salvadoreña a lo largo de diez años.
Honduras tiene ahora un presidente, graduado del liceo militar como subteniente de infantería, abogado y empresario. Se reeligió en un proceso en que supuestamente ganó por 50 mil votos y que la OEA calificó como plagado de irregularidades y errores por lo que recomendó hacer nuevas elecciones. Las evidencias de fraude generaron fuertes protestas duramente reprimidas con muertes que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos definió como ejecuciones extrajudiciales.
Hay que voltear la mirada al problema de fondo en Honduras: la ausencia de democracia, la represión de las organizaciones de base, el control oligárquico de la riqueza. Sin resolver esto no cabe esperar sino un éxodo continuo de aquellos que prefieren afrontar un terrible camino, muchas veces mortal, y un destino incierto.
Más de nueve mil mujeres, hombres y, entre ellos unos 2,300 niños, caminan bajo un sol abrasador, con los pies llagados, sedientos, hambrientos y dependientes de la ayuda que de buena voluntad les presta la población y las organizaciones sociales.
Hay dos versiones. La de Trump que afirma, más bien supone sin pruebas, que se trata de una horda peligrosa dentro de la que se ocultan terroristas del medio oriente y todo tipo de malandrines. La otra es la que surge del trabajo periodístico en contacto directo con este grupo y que refleja la desesperación con la que huyen de la violencia, la extorsión de grupos criminales, la imposibilidad de trabajar y sobrevivir en sus países de origen. Sobre todo, Honduras, en este caso.
Lo novedoso, lo impactante, es que lo que antes era goteo continuo de pequeños grupos que se ocultaban y buscaban no hacer ruido se ha convertido en estruendoso relámpago. Tal vez no lo saben, pero ya han obtenido una importante victoria. Se han hecho visibles.
Hasta ahora podíamos, más o menos, ignorarlos y dejarlos a su suerte. A la buena suerte de que a lo largo de su marcha se les arrojaran botellas de agua y tortas al pasar trepados sobre trenes, o de encontrar algún refugio temporal a lo largo del camino y de recibir algunas monedas a su paso por nuestras ciudades. O a la mala suerte de ser secuestrados por pandillas criminales, en ocasiones coludidas con autoridades, para extorsionar a sus familiares, para esclavizarlos, prostituirlos, terminar asesinados o a no sobrevivir el paso por el desierto.
Ya no se les puede ignorar. Hemos entrado a otra fase del problema; ahora son visibles y habrá que decidir, México, Estados Unidos y el mundo que hacer al respecto.
No me refiero a los miles que integran esta caravana, y las que seguirán, porque no son en realidad una gran carga. Son muy pocos, sobre todo comparados con los muchos millones de mexicanos que también se han visto obligados a desarraigarse para sobrevivir. También comparados con los miles que ya recorrieron el mismo camino a escondidas y apoyados por la población mexicana. Ahora que son foco de atención cabe esperar que se encuentre una manera más institucional, con ayuda internacional, para atenderlos.
Encontrar soluciones de fondo será más difícil. Se requiere un nuevo diagnóstico del origen del problema; tomar la caravana como la señal de un modelo económico, político y militar fracasado.
Las raíces de esta caravana se remontan al 2009. En ese año el presidente de Honduras, Manuel Zelaya sufrió un golpe de estado y fue expulsado del país por las fuerzas militares que obedecieron una orden de la Corte Suprema controlada por la oligarquía local. La condena internacional fue unánime y la Organización de Estados Americanos –OEA-, exigió su regreso. Hillary Clinton, entonces secretaría de Estado norteamericana se negó a apoyar esa declaración. El líder del golpe fue un general graduado de los programas de formación militar norteamericanos.
Zelaya llegó a la presidencia en 2006 y lo primero que hizo fue aprobar una ley de participación ciudadana que permitía realizar consultas populares sobre asuntos nacionales. Incrementó de manera notable el salario mínimo de su país, 11 por ciento en 2007 y al final de 2008 en otro 40 por ciento. La mejoría para la población fue notoria debido a nuevos programas sociales e inversiones en salud y educación. Con Zelaya hubo programas de desayunos escolares gratuitos, leche para niños pequeños, pensiones para adultos mayores, becas escolares, nuevas escuelas, subsidios al transporte y así por el estilo.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina en esos años Honduras fue la nación de mayor crecimiento económico en la región. Entre 2006 y 2008 el PIB de Honduras creció al 5.7 por ciento anual; después del golpe de estado el ritmo se redujo notablemente.
Pero las cifras no reflejan la magnitud del desastre. Miles de dirigentes indígenas, campesinos, sindicales, ambientalistas, jueces, políticos de oposición, activistas en derechos humanos fueron asesinados tras el golpe de estado.
La destrucción de las organizaciones de base se asoció a la retracción del estado y eso dejó el campo libre a las organizaciones criminales. Estas últimas se nutren de la deportación de pandilleros repatriados tras cumplir sus sentencias en los Estados Unidos. Regresan a su país entrenados en las luchas callejeras de ciudades como Los Ángeles y Chicago y organizados en sus cárceles.
Trump amenaza con suspender lo que llama generosa ayuda a los países centroamericanos si no logran detener la emigración. En 2017 la ayuda a Honduras fue de 149.5 millones de dólares, en buena medida militar y para el funcionamiento del gobierno. Recordemos que Estados Unidos había apoyado con más de 7 mil millones de dólares la guerra contra la guerrilla salvadoreña a lo largo de diez años.
Honduras tiene ahora un presidente, graduado del liceo militar como subteniente de infantería, abogado y empresario. Se reeligió en un proceso en que supuestamente ganó por 50 mil votos y que la OEA calificó como plagado de irregularidades y errores por lo que recomendó hacer nuevas elecciones. Las evidencias de fraude generaron fuertes protestas duramente reprimidas con muertes que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos definió como ejecuciones extrajudiciales.
Hay que voltear la mirada al problema de fondo en Honduras: la ausencia de democracia, la represión de las organizaciones de base, el control oligárquico de la riqueza. Sin resolver esto no cabe esperar sino un éxodo continuo de aquellos que prefieren afrontar un terrible camino, muchas veces mortal, y un destino incierto.
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