La batalla de Detroit

La batalla de Detroit
Faljoritmo
Jorge Faljo

La ciudad norteamericana de Detroit lleva meses sin poder pagar sus deudas mientras cada vez más acreedores la asedian con demandas legales. Finalmente ha decidido acogerse a la ley de quiebras para dejar de pagar y reorganizar sus finanzas. Con ello ha abierto múltiples frentes de fuertes batallas legales cuyos resultados habrán de afectar los intereses de millones de norteamericanos en esa y muchas otras ciudades.

Detroit es una ciudad ubicada en la frontera norte de los Estados Unidos. Se conecta directamente al gran sistema fluvial navegable que incluye a los grandes lagos, llega al océano Atlántico y, por diversas vías, penetra profundamente el territorio norteamericano. Ello le dio una gran ventaja como centro de comercio y producción industrial.

En la segunda guerra mundial recibió un fuerte impulso para producir tanques, aviones y vehículos de combate. En 1950 era la cuarta ciudad más poblada de los Estados Unidos con 1.9 millones de habitantes.

Pero a partir de los años setenta, con la globalización del mercado automovilístico y la manufactura inició su deterioro. De un lado enfrentaba la competencia de los automóviles importados y del otro la decisión de las grandes empresas de reubicar sus plantas en el extranjero. La crisis reciente, del 2008 en adelante le pegó con fuerza a la industria automovilística de la ciudad. Es una ciudad que se desangra; en 2010 su población era de solo 710 mil habitantes; menos de la mitad que en sus tiempos de gloria.

Detroit simbolizó a la poderosa industria norteamericana y a su mercancía bandera, el automóvil familiar. Sus manufacturas eran producidas por obreros bien pagados que configuraban una fuerte y orgullosa clase media. Pero hoy en día un obrero industrial gana la mitad de lo que ganaba su padre, en el mismo empleo, hace treinta años. Con el declive de la manufactura y los salarios industriales huyó de la ciudad la población blanca anglosajona; de 816 mil en 1950 quedan unos 50 mil hoy en día. Ahora es una ciudad de minorías raciales, empleos de baja calidad y alta criminalidad.

Es una ciudad que muestra el impacto brutal de la globalización en términos de desindustrialización, caída del empleo manufacturero y baja de los salarios reales. Tiene 70 mil propiedades privadas abandonadas; está fundido el 40 por ciento del alumbrado público; no funcionan dos terceras partes de sus ambulancias. Una patrulla tarda una hora en llegar; el promedio norteamericano es de 11 minutos.



Con el deterioro productivo y la huida de población acomodada la ciudad ya no tiene ingresos para sostener servicios elementales. Pero el eje de la próxima disputa legal y mediática es la situación de los fondos de pensiones. De los 18.5 mil millones de dólares de deuda de largo plazo la mitad son obligaciones hacia sus pensionados actuales y futuros. La ciudad, como muchas otras tenía su propio sistema de pensiones y no inscribió a sus empleados en el seguro social norteamericano. Sus jubilados reciben un promedio de 1,600 dólares mensuales y ese es por lo general su único ingreso. Dado el costo de vida norteamericano es una pensión raquítica.

Al obtener una declaración legal de quiebra la ciudad se encontraría en posibilidad de pagar en montos y prioridades de su elección. Ya anunció que solo puede pagar el 10 por ciento de lo que debe y eso incluye a sus dos sistemas de pensiones. Lo que en la práctica significa simple y llanamente dejar a sus ex empleados en la calle.

Sin embargo la constitución del estado de Michigan establece que el gobierno no podrá disminuir los beneficios acordados en el sistema de pensiones. Con esa base legal una juez de distrito estableció que la solicitud de quiebra es ilegal y debe ser retirada. Sin embargo la ley de quiebras es federal y por eso muchos consideran que se superpone a la ley estatal. Lo que da pie a una primera batalla; la de que se decida en un juzgado superior si la solicitud de quiebra es legal y se acepte la posibilidad de no pagar las pensiones.

La ley de quiebras autoriza la designación de un administrador financiero especial para todos sus ingresos y egresos. Lo que equivale a establecer por decreto un gobierno de emergencia de facto, no democrático. Tal y como si fuera una empresa privada. Otro motivo de disputa legal.

Ahora se pondrán en juego de un lado las capacidades de los abogados de la ciudad y del otro lado los defensores de los dos grupos más afectados: los acreedores financieros privados y los trabajadores pensionados actuales y futuros.

Todo el país observa porque de acuerdo a estudios de Moody’s, una de las mayores empresas de calificación financiera, unos 8,500 gobiernos locales (estados, municipios, ciudades) tienen obligaciones por 2 billones de dólares (dos millones de millones) con 14 mil sistemas de pensión. Estos gobiernos han emitido deuda por 3.7 billones de dólares y es claro que los inversionistas se están poniendo nerviosos por lo que ocurre en Detroit. De rebajarse la calificación de deuda de los gobiernos locales les saldrá más caro refinanciarse y muchos quedarían contra la pared.

La derecha norteamericana ya se encuentra en campaña mediática para difundir que los sistemas de pensiones son excesivos, que no son intocables y que de hecho los primeros y tal vez únicos que deben ser pagados son los prestamistas privados.

Incluso mucho más nerviosos están millones de norteamericanos que ahora se dan cuenta de que las próximas batallas legales decidirán la suerte no solo de los pensionados de Detroit sino, posiblemente, de ellos mismos.