Vamos a Bali a recuperar nuestra soberanía alimentaria.

Faljoritmo
Jorge Faljo

Los ministros encargados del comercio internacional de numerosos países se reunirán en Bali, Indonesia, del 3 al 6 de diciembre. Se trata de otra de las reuniones interministeriales que ocurren cada dos años en el marco de las negociaciones “Ronda de Doha” de la Organización Mundial del Comercio.

No se espera mucho de esta reunión y la mayoría se conformaría con muy poco simplemente para mostrar que este tipo de reuniones sirven para algo. Lo que ocurre es que no se han dado cambios en las reglas del comercio internacional desde el 2001. Algunos esperarían ver avances a favor de la mayor liberalización comercial mundial; pero lo cierto es que muchos, arrepentidos de algunos compromisos hechos en el pasado, intentan conseguir lo que los más neoliberales llamarían retrocesos.

Las negociaciones previas y el encuentro de la siguiente semana giran en torno a un desacuerdo profundo en cuanto a lo que significa y simboliza la nueva ley de seguridad alimentaria de la India. Es el eje de una estrategia de lucha contra el hambre que eleva notablemente el monto de los subsidios destinados a centenares de millones de sus ciudadanos.

Este país asiático sostiene que debido a que su agricultura se configura sobre todo por pequeños productores en condiciones de subsistencia, la apertura de su mercado tiene que estar cuidadosamente calibrada para proteger los medios de vida de estos productores pobres y sus familias. Es más, se plantea que este sector de la pequeña producción campesina sea la fuente de los alimentos que serán subsidiados para el consumo del resto de su población pobre; alrededor de 800 millones de ciudadanos indios.

Su estrategia incluye compras directas a los pequeños productores y prevé crear reservas públicas de alimentos como un mecanismo de regulación del abasto y los precios. Para funcionar requiere administrar e imponer aranceles a las importaciones agropecuarias para evitar que su exceso o sus bajos precios dañen a los productores internos.

Hace un año la India encabezó la propuesta del G-33, un grupo que a pesar de su nombre cuenta ya con 46 países que demandan cambios en las reglas del comercio relativas a la producción, comercialización y políticas alimentarias. Incluye en América Latina, por ejemplo, a Cuba, Belice, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

La crisis de alimentos del 2008 cimbró la conciencia de muchos de estos gobiernos y creó el interés por proteger a productores y consumidores de los altibajos creados en parte por lo imprevisible del clima y también, en mucho, por la especulación financiera de los productos agropecuarios y sus precios.

Pero ocurre que los Estados Unidos se encuentran opuestos a estas medidas y que los tratados de la Organización Mundial del Comercio anteriormente firmados por todos estos países, prohíben las medidas que quiere instrumentar la India. Las reglas internacionales no permiten que más del 10 por ciento de la producción interna sea subsidiada, que el gobierno participe en la comercialización y sobre todo se oponen a la creación de reservas y al control de importaciones.

Algunos países se limitan a solicitar que la OMC autorice subsidiar hasta el 15 por ciento de la producción interna; otros quieren que de plano no haya limitaciones.

Estados Unidos ha aceptado una “cláusula de paz” que permitiría a la India llevar a cabo su estrategia de combate al hambre durante un máximo de cuatro años y luego tendría que sujetarse a las reglas del comercio internacional. La India no acepta esta limitación pero podría preferirla a que se la considere en falta y se vea sometida a represalias. Indonesia, el país anfitrión y muchos de los 46 mencionados podrían considerar que un armisticio temporal les podría permitir ampliarlo más adelante.

México no es parte de los 46 países y no muestra interés en una política de combate al hambre que incluya medidas de fondo como las que instrumenta la India. Sin embargo ante la disputa internacional no es posible la neutralidad; si no apoyamos en este momento el derecho de todos a la soberanía alimentaria estaremos de hecho apoyando a los Estados Unidos y los grandes exportadores en su exigencia de que todos abran sus fronteras y acepten la destrucción de sus productores. Lo peor es que nos estaríamos amarrando las manos para más adelante instrumentar una política de apoyo al campo y de lucha contra el hambre de mayor potencial.

Lo absurdo del momento es que en la práctica se improvisan subsidios para los productores cuando estos tienen la capacidad para presionar a sus gobiernos locales y estatales, incluso al federal. De este modo de repente resulta que si hay subsidios al precio del frijol o del maíz en algunos estados y para los afiliados a algunas organizaciones. Es una política no nacional, no integral y francamente incoherente.

Todo parece indicar que la India logrará salirse con la suya; podrá instrumentar su política de lucha contra el hambre durante, por lo menos, cuatro años sin riesgo de represalias. Es evidente que otros países demandarán un trato similar con lo que se contribuirá a revertir algunas de las clausulas más infames de la OMC y se podrá avanzar en la recuperación de la soberanía alimentaria. Con esa soberanía podrán instrumentarse estrategias que eleven los niveles de autosuficiencia nacionales de manera asociada a la protección de los productores campesinos.

¿Cuál será la posición de México en Bali a lo largo de la semana que entra? Ojalá y abandone la posición de esquirol que lo ha caracterizado y aproveche esta ventana de oportunidad para, con otros muchos países, recuperar su soberanía plena en el campo de la producción agropecuaria y la alimentación de su población.