Faljoritmo
Jorge Faljo
El encuentro del presidente Enrique Peña Nieto con organizaciones nacionales de productores rurales no tuvo la difusión que merecía tal vez porque concluyó en lo que parecía una ausencia de novedad: el Presidente declaró que no se modificará el régimen de propiedad social ni las modalidades de propiedad existentes.
No obstante, creer que nada cambió sería un error. Por lo contrario, el encuentro hizo explicita las visiones contrapuestas entre, de un lado, los productores rurales y del otro la tecnocracia gubernamental. Para unos el fracaso de la política agropecuaria y rural implantada desde hace décadas en general ha sido rotundo. En la visión oficial el incremento del presupuesto es en sí mismo destacable, prácticamente un éxito de política.
En el encuentro participaron el Congreso Agrario Permanente, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros y, claro está, la Confederación Nacional Campesina. En su conjunto tienen una adecuada representación de los intereses rurales. Son conocidas las diferencias entre ellos y, no obstante, en el encuentro referido destacó la concordancia de sus planteamientos.
Para los productores la propiedad social acompañó con gran éxito las décadas de buen crecimiento en la primera mitad del siglo XX. No es la causa del fracaso de las últimas décadas sino una forma de propiedad avanzada que puede y debe ser revitalizada por razones económicas tanto como de justicia social e incluso de gobernabilidad y soberanía nacionales. Asocian el deterioro de la economía social al incremento de la violencia y el crimen organizado.
El problema de fondo es, en su perspectiva, el abandono por parte del estado de la producción campesina, minifundista y social y la concentración de los apoyos públicos en una élite de productores comerciales y transnacionales. Las reformas privatizadoras de 1992 tuvieron fuertes impactos negativos en la economía y el empleo en el campo. Insistir en ese camino ahora podría ser explosivo.
Una de las preocupaciones compartidas entre organizaciones campesinas es el carácter agresivo, saqueador y depredador del medio ambiente de los concesionarios mineros. Concesiones que se sobreponen a buena parte de la propiedad social del país y se han otorgado sin dialogo o acuerdos con las comunidades.
Por su parte el Secretario de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, destacó el crecimiento de las exportaciones agropecuarias y la disminución de las importaciones en el 2013, lo que redujo el déficit de la balanza agroalimentaria en más de dos mil millones de dólares. Habló de avances en la desregulación del exceso de leyes, reglamentos y reglas de operación que retardan las decisiones y señaló el crecimiento y la importancia del gasto agropecuario en la actual administración.
Para el Secretario de agricultura el camino de la productividad es la base del desarrollo del sector agroalimentario. Lo que se facilitará gracias a la reforma energética que se traducirá en la producción nacional de fertilizantes.
En su visión triunfa el optimismo sobre el futuro del sector porque productores, organizaciones, empresarios y gobierno, según él, están haciendo sinergia y porque los hombres y mujeres del campo producen con pasión, entrega y dedicación.
Son dos discursos, el de los productores y el de SAGARPA, de los que se desprende más la falta de un lenguaje común y de comunicación que la tal sinergia. El discurso oficial habla de buenas noticias en el presupuesto y la balanza comercial que benefician sobre todo a los grandes productores.
¿Que piden los pequeños productores? Una política nacionalista enfocada en la justicia social y la seguridad alimentaria liderada por estado que eche raíces en el campo mexicano. Y en este caso echar raíces significa una participación activa en la regulación de la intermediación comercial especulativa, en el almacenamiento y transporte de la producción campesina; en el acceso al crédito y a los insumos productivos a precios justos; en el apoyo a la organización y el fortalecimiento de ejidos y comunidades. Factores todos en los que fracasó el mercado privado o, peor aún, los empleo como instrumentos de explotación de productores y consumidores.
El encuentro subrayó algo que parece poco y sin embargo puede ser mucho. Se trata de la disposición del presidente de la república a escuchar a los productores; a detener el rumbo privatizador del ala más neoliberal de su gobierno y a plantear un proceso de diálogo abierto y transparente. Para ello instruyó a organizar foros y espacios en los que se puedan expresar los campesinos y sus organizaciones para diseñar una verdadera reforma al campo sustentada en acuerdos y consensos.
Dice el Presidente que hay que hacer un punto de inflexión. Ojalá y así sea. Conseguir la meta de seguridad alimentaria planteada por el gobierno para el fin del sexenio implica elevar notablemente los niveles de autosuficiencia y ello solo podrá lograrse con un estado fuerte que regule el funcionamiento del mercado e instrumente apoyos apropiados a los pequeños productores.
Ya no se trataría de que el campesinado tenga que ajustarse al traje sino de que el traje le quede al campesinado.
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