Faljoritmo
Jorge Faljo
La anunciada reforma del campo creó una gran inquietud entre la población rural y sus organizaciones. Afortunadamente en el encuentro del 5 de marzo el Presidente Peña Nieto aclaró que su gobierno no propondría modificaciones a las modalidades de propiedad. Más importante aún es que definió la reforma al campo como el producto de un gran acuerdo de todos los sectores e instruyó al titular de SAGARPA para convocar, de manera rápida, a foros de dialogo donde las organizaciones de productores rurales hagan sus propuestas.
Pero las cosas no son tan sencillas y la consulta no arranca debido a desacuerdos de fondo. SAGARPA parece haber entendido que se trataba de validar su Programa Sectorial. Las organizaciones de productores creen que se trata de una real consulta, de fondo, para corregir un rumbo profundamente equivocado en lo económico y social.
Un problema importante es que transformar el campo implica revisar las políticas, estructuras y reglamentos que tienen que ver con la comercialización de productos básicos; las importaciones y exportaciones; las concesiones mineras; el uso del agua; cuestiones ecológicas y forestales; crédito rural y otros. Y todas estas actividades corresponden a diversas entidades públicas.
El Presidente instruyó una consulta integral, “con toda transparencia y con toda apertura” donde participen los productores y las instancias de gobierno (así, en plural).
Sin embargo la consulta bien entendida obliga a algo muy difícil para la administración pública: coordinarse y concertar acciones entre sí. Peor aún, las organizaciones de productores no son un grupo de focas aplaudidoras. Su diagnóstico es contundente; el rumbo está equivocado y requiere correcciones de fondo.
Hay que decir con toda claridad, para que se empiece a digerir por los altos funcionarios: la transformación del campo pasa por la transformación del estado. No podrán ver los toros desde la barrera. La transformación del campo es en primer lugar la transformación del estado; de sus estructuras, normas y formas de operar.
Del lado de los productores hay signos muy positivos. En primer lugar tolerancia mutua; tal vez porque todos han sido muy golpeados, sobre todo en los últimos 12 años y porque se sienten solidarios al enfrentar cotidianamente una burocracia que en lo esencial sigue siendo panista.
Los primeros documentos que han presentado la Confederación Nacional Campesina, el Frente Autentico del Campo, el Congreso Agrario Permanente; el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros muestran que comparten el mismo diagnóstico esencial, el fracaso de las estrategias de las últimas décadas, e incluso propuestas muy similares.
Más que desacuerdos de fondo veo como riesgo la posibilidad de que la consulta desemboque en un número de propuestas excesivas entre las cuales la burocracia decida que puede atender las menos relevantes. Por ello si pudiera dar un consejo a las organizaciones rurales les diría que deben aprovechar la consulta para, en primer lugar, consensar entre ellos mismos un pequeño número de propuestas cada una de las cuales sea de gran capacidad transformadora.
Digo que conviene plantear muy pocas propuestas y, además, concentrarse en las que significan cambios de fondo en la forma de actuar de las instituciones. No se trata de pelear más presupuesto sino cambios de política.
Promover la pequeña producción implica que el estado establezca una relación directa, con sus propios técnicos, para cosas tan fundamentales como dar apoyo técnico y promover la organización para la comercialización. Esto significa que por lo menos para este sector los recursos no se deben asignar por concursos, convocatorias en internet y agentes privados porque esta estrategia solo conviene a los productores comerciales que pueden pagarse asesorías y están bien relacionados.
Hay que integrar la política social y la productiva. Nada más sencillo que otorgar los apoyos asistenciales en un nuevo sistema de cupones y vales que permitan consumir productos básicos comprados en las 22 mil tiendas del programa de abasto rural que hay en el país. Estas tiendas se abastecerían en el sector social y la pequeña producción de cada región reactivando recursos productivos que se encuentran subutilizados porque ya no pueden acceder a los canales de comercialización modernizados.
Debe crearse una red de reservas alimentarias en los planos nacional, regional y comunitario basadas en compras a los pequeños productores. Hay que promover la organización de productores y consumidores de formas que limiten los márgenes de comercialización abusivos.
Los productores agropecuarios deben salirse del huacal y opinar sobre el modelo de desarrollo en su conjunto para plantear alianzas con otros sectores. Deben señalar que no pueden competir con un peso sobrevaluado; con ello se estarían aliando a otros segmentos de la producción que tienen el mismo problema. O, por lo menos debe compensarse la sobrevaluación mediante aranceles a las importaciones hasta conseguir niveles de rentabilidad que permitan producir, invertir y mejorar la productividad de manera sostenida.
Elevar la rentabilidad agropecuaria habrá de enfrentar las afirmaciones de que va en contra de los trabajadores y los consumidores. Hay que aclarar que la baja del poder adquisitivo no es culpa de los productores agropecuarios; por el contrario, los ha dañado. Por eso deben proponer una inmediata recuperación del salario mínimo real. Los ingresos de los trabajadores del campo y la ciudad deben incrementarse de manera simultánea y ello es posible si se hace sin incrementar las importaciones y mediante la reactivación productiva.
Pero lejos de enfrentar a los trabajadores con el empresariado debe entenderse que requerimos de una política industrial que promueva la sustitución de importaciones y pueda construirse sobre la plataforma de un mercado interno en crecimiento vigoroso.
En fin, hay que abrir puertas a los cambios cualitativos y combatir las inercias. No es este un debate de pesos y centavos sino de cambio de rumbos.
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