Jorge Faljo
Un total de 130 países, que generan más del 90 por ciento del producto mundial acordaron reformar el marco fiscal internacional. Ocurre a menos de tres semanas después del encuentro donde los líderes del G7 consensuaron que para combatir la pandemia, recuperar la economía y proteger el medio ambiente era indispensable incrementar la captación tributaria global y de cada país.
No es que 130 países se sumen de inmediato a la propuesta del G7. El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, señaló que "tras años de intenso trabajo y negociaciones, este paquete histórico garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo".
La reforma tributaria global era ya parte del interés y del esfuerzo de la mayoría de los países del mundo desde hace años, pero no había logrado cuajar hasta que las potencias económicas le dieron su visto bueno formal. Ya con el permiso de los poderosos, por así decirlo, el resto de los países se sumó a una “iniciativa” que más que iniciar recogía una aspiración compartida pero anteriormente reprimida.
Los esfuerzos previos se hicieron sobre todo en el llamado proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), iniciado en 2013 y encaminado a combatir la erosión de la base fiscal y el traslado de utilidades a paraísos fiscales. Entre los mecanismos de traslado de las utilidades se encuentra ubicar el domicilio fiscal de un corporativo transnacional en un país que cobra impuestos muy bajos y ahí reportar sus ganancias.
Otro mecanismo recurrente es la manipulación de las cuentas entre filiales de una misma transnacional. Digamos, para ejemplificar, que la transnacional A, produce en su filial A1, y exporta sus mercancías al costo, o incluso por debajo, a su filial A2 ubicada en la isla (ficticia) Gran Lagartija, que cobra muy pocos impuestos. Esta a su vez le revende a un alto precio a sus filiales A3, A4, A5 ubicadas en países consumidores. De este modo resulta que la unidad productora A1 tiene muy poca rentabilidad, hasta posiblemente pérdidas, al igual que sus filiales A3, A4 y A5. Pero resulta que la intermediaria A2 se hincha con las utilidades. Pero las declara en un paraíso fiscal donde no tiene empleados, no realiza actividades productivas y no tiene consumidores.
Estos son parte de los mecanismos de traslado de utilidades que se propone combatir el proyecto BEPS y que ahora, por fin, se abrió una rendija para hacerlo.
La oportunidad consta de dos pilares. El primero es que las grandes empresas multinacionales paguen impuestos en donde tienen operaciones productivas y comerciales reales, incluso sin su presencia física. Esto es posible en la economía moderno donde las empresas digitales, tipo Netflix, Facebook y similares, pueden tener presencia comercial y ganancias por su operación en internet sin que tengan oficinas, dispositivos o empleados en el país.
El segundo pilar pone un límite a la competencia entre países que, mediante la reducción de impuestos, tratos privilegiados e incluso normas laborales contrarias a los trabajadores, intentan atraer capitales transnacionales. Durante décadas las transnacionales consiguieron que los países bailaran al son de este juego perverso que precipitó a la baja la captación tributaria mundial y contribuyó al empobrecimiento de la población. Incluso la de los países industriales del primer mundo.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen declaró hace poco que durante décadas lo predominante ha sido reducir y limitar el tamaño del gobierno como porcentaje de la economía. Un enfoque que tuvo un profundo efecto en el país y su gente. No se dio mantenimiento a la infraestructura y mucho menos se modernizó; no se apoyó la investigación y el desarrollo; no se invirtió en educación y formación para el cambio tecnológico y no se crearon sistemas de apoyo a las familias para mejorar la sanidad infantil, la educación y el bienestar, explicó Yellen.
Y si ese recuento de carencias se dio allá, aquí en este paraíso fiscal mexicano, donde el empobrecimiento de la población ha corrido al parejo con el empobrecimiento del gobierno, el recuento de carencias y rezagos sería exponencialmente mayor.
Se abrió dije, una rendija, a la transformación tributaria global. Pero es notoriamente insuficiente. Joseph Stiglitz, ganador del premio nobel, Thomas Piketty y Gabriel Zucman notables economistas de fama internacional la califican de “oportunidad perdida” debido a que solo abarca a un número reducido de multinacionales con un porcentaje de impuesto mínimo, al nivel de paraíso fiscal. Unas 100 compañías digitales y unas 4 mil corporaciones que facturan más de 750 millones de dólares.
Los gobiernos de Argentina, India, el Foro Africano de Administración Tributaria, con 37 países miembros que han sido actores centrales en estos largos años de negociación del BEPS consideran que el acuerdo tiene múltiples fallas y favorece a los países desarrollados.
Si lo critican, ¿porque son parte de los 130 países que apoyaron la propuesta? El motivo es que su única opción era aceptar todo o rechazarlo todo y lo más sensato fue aceptar esta primera reforma seria de la situación fiscal de las transnacionales, así fuera insuficiente.
La reforma, podemos concluir, es un giro de gran importancia ideológica en la dirección correcta; pero su impacto efectivo será limitado.
Para México podría significar unos 30 mil millones de pesos –mdp-, de recaudación adicional. Menos que las remesas que reciben las familias de trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Si estos 30 mdp se suman a la perspectiva planteada por la directora del SAT de recaudar 200 mdp adicionales en 2022, se aumentaría la captación tributaria en casi un punto porcentual del PIB. Lo que nos llevaría a captar casi la mitad del promedio de tributación de los países de la OCDE.
Insuficiente para dejar de ser un paraíso fiscal y empezar a saldar carencias y rezagos. Pero la idea parece ser que a caballo regalado no se le ve el colmillo.
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