Las propuestas de la OCDE

Faljoritmo

Jorge Faljo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-, que agrupa a las 34 principales economías industriales del planeta, fue líder en la organización del foro “México: Políticas Públicas para un Desarrollo Incluyente”. El evento duró dos días, fue inaugurado por el Presidente de la República y contó con la participación de altos funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la propia OCDE y, naturalmente, el gobierno de México.

Con gran oportunidad estas grandes organizaciones internacionales dieron a conocer su visión para nuestro país. Es decir sus propuestas de política para nuestra joven administración, aún en proceso de definición en algunas vertientes substantivas.

Independientemente de las múltiples participaciones y mensajes, todas ellas selectas, de alto nivel y en lenguaje diplomático, el eje central de las propuestas fue la presentación del documento con el mismo nombre del foro. Un título por demás prometedor; ¿Qué mejor que un “desarrollo incluyente”?

El prólogo del documento, firmado por el mexicano Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE (diseñador del FOBAPROA), principia con una frase brillante, digna del realismo fantástico de García Márquez: “Si en realidad la oportunidad florece en la incertidumbre, hemos entrado en una fase de oportunidades. La economía mundial atraviesa por el quinto año de crisis…”.

O sea que no sabemos qué va a pasar. Eso no le impide a la OCDE hacer propuestas… y a nosotros discutirlas. El documento aborda múltiples sectores y niveles; centraré estos comentarios en lo esencial de tres de ellos: el potencial de crecimiento, la relación con el exterior y la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Desde la perspectiva del potencial de crecimiento la OCDE señala que la convergencia de México con el nivel de vida promedio de sus miembros ha sido lenta. No los estamos alcanzando. Sin embargo me permito señalar que es posible que al ritmo en que se empobrecen sean ellos los que nos alcancen a nosotros. Convergencia que es parte de la crisis de cinco años que menciona el documento y que conviene recordar, aunque no nos ayuda en nada. Excepto recordar sus propias incapacidades y una mejor valoración de sus propuestas.

Para esta organización la brecha entre México y los otros miembros proviene de nuestra menor productividad laboral. Esto, como es previsible, desemboca en la propuesta de reformas estructurales de gran calado para elevar la productividad. Hay que revisar, dicen, la excesivamente restrictiva legislación sobre empleo y disminuir los costos de contratación y de despido mediante contratos de menor plazo y simplificar los litigios laborales.

O sea que si no crecemos es por culpa de los costos laborales y lo poco que queda de capacidad de defensa de los trabajadores. Al parecer no basta haber reducido el salario mínimo real en un 75 por ciento en los últimos 30 años y que, de acuerdo al CONEVAL, una buena parte de los trabajadores formales no tengan el suficiente ingreso para alimentar a la familia.

El potencial de crecimiento y la relación con el exterior convergen en un mensaje reiterado: una mayor integración a la economía mundial mediante el comercio y la inversión extranjera directa -IED. “El país necesita atraer más inversión extranjera para apuntalar el empleo y el desarrollo”. Para la OCDE “claramente se aprecia el gran potencial de México para atraer mucha más IED. Para ello, el país debe reducir las restricciones a la IED y al mismo tiempo mejorar el entorno empresarial para aprovechar al máximo este potencial”.

La propuesta es acelerar el proceso de venta de empresas internas (ya no me atrevo a decir “mexicanas”) al capital externo. No basta haber vendido los bancos, acereras, cerveceras, de paquetería, pinturas, lácteos y demás. Ahora piden en particular que se abra a la venta el sector transporte y de telecomunicaciones y permitir la movilidad en el sector de servicios profesionales (supongo que para traer a sus administradores).

Finalmente está el gran tema de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. La OCDE señala que la pobreza repunta y el empleo formal cae desde el año 2000 (cuando se acabó, digo yo, el periodo de peso barato y dólar caro originado, sin proponérnoslo en el 94). México ocupa el segundo lugar en desigualdad de los países de la OCDE, después de Chile. Es decir que competimos con la herencia de Pinochet.

Pero la OCDE tiene una propuesta: “aumentar las transferencias sociales a los más pobres” y “fortalecer las redes de seguridad social”. Para financiarlo propone eliminar “subsidios” a los energéticos (a la producción y el consumo) y focalizar con mayor precisión los beneficios de salud, educación y transferencias (el programa Oportunidades, por ejemplo). Al mismo tiempo propone “revisar la eficacia”, es decir desaparecer a DICONSA y LICONSA y reconvertir sus beneficios en dinero en efectivo.

En pocas palabras la OCDE propone fortalecer la estrategia económica vigente: apertura a la inversión externa como eje de la nueva inversión; abaratamiento de la mano de obra para competir en el exterior y caridad social para los excluidos. Me parece que ya sabemos a dónde conduce esta estrategia.

Todo ello en lugar del uso eficiente de las capacidades productivas con las que contamos (total o parcialmente inutilizadas); en vez de fortalecer el mercado interno y orientarlo al consumo de lo que podemos producir nosotros mismos; y sin perspectivas de ocupación productiva y empleo formal para las mayorías.

Si la incertidumbre es oportunidad, como lo dice Gurría, han visto la posibilidad de vendernos otra vuelta de tuerca; más de lo mismo que ya no funciona en el planeta entero.

Debemos responder al mensaje de la OCDE aprovechando el mandato constitucional que establece (artículo 26): “El Estado organizará un sistema de planeación democrática (si, democrática) del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación”

Esto es particularmente pertinente y oportuno porque la Ley de Planeación señala (art. 21) que “El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República”. También (art. 20) que habrá participación y consulta de los diversos grupos sociales y menciona específicamente a obreros, campesinos, pueblos, grupos populares, instituciones académicas, profesionales, de investigación, organismos empresariales y otras.

Hay que tomarle la palabra al Pacto por México cuando ofrece “la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas”. Y para ello nada mejor, en este momento, que cumplir con la Constitución.

Será la mejor manera de responderle a la OCDE. Destaco finalmente la ausencia del Fondo Monetario Internacional de este foro, lo que no me parece un punto menor. Los mensajes de la Lagarde (mis respetos) han ido en sentido contrario, pero ese es otro tema.