Conflicto presupuestal norteamericano

Jorge Faljo

Una guerra presupuestal entre republicanos y demócratas llevó al cierre parcial del gobierno federal norteamericano el martes pasado. Cerca de 820 mil burócratas, de un total de 2.9 millones de empleados federales, dejaron de trabajar por tiempo indefinido y sin goce de sueldo. Otros cientos de miles continuarán laborando pero no podrán cobrar hasta que se apruebe el presupuesto.

El paro afecta de distinta forma a dependencias y empleados según se les considere más o menos esenciales. Por ejemplo: se colocó en paro al 91 por ciento de los empleados del departamento de impuestos y solo al 14 por ciento de la agencia de seguridad nacional.

La causa del paro se origina en la negativa de los representantes republicanos para ampliar el techo de endeudamiento federal, actualmente ubicado en los 16.7 billones (millones de millones) de dólares a menos que se posponga por un año la entrada en vigor de la nueva ley de salud pública que establece la obligación y otorga apoyos para que todos los ciudadanos cuenten con un seguro que les permita servicio médico. Se trata del legado histórico que desea dejar Obama y a ello se opone encarnizadamente la ultraderecha republicana.

La ley de salud fue aprobada por el congreso norteamericano en 2010. Fue denunciada por inconstitucional y la Suprema Corte declaró que no lo era. Con ella se pretende ampliar la cobertura de los seguros de salud a 20 millones de norteamericanos en 1914 y gradualmente a otros más. Hoy en día cerca de 50 millones de norteamericanos no cuenta con ningún tipo de seguro médico y están sujetos al riesgo de enfermedades o accidentes catastróficos que hunden a muchos en la miseria y falta de atención médica.

El seguro es obligatorio y la multa por no asegurarse será de 95 dólares en 2014 e irá creciendo año con año. Cada trabajador deberá adjuntar su comprobante de seguro médico en su declaración de impuestos o se le descontará la multa de la devolución de impuestos. Si no tiene derecho a una devolución de impuestos se le acumulará para el siguiente año. No hay otra penalización.

La nueva ley establece subsidios públicos para los grupos de menores ingresos. Pero la impopularidad de la ley se origina sobre todo en que impone cierto equilibrio de costos que en la práctica implica menores pagos a los grupos de mayor edad y riesgo y mayores a los jóvenes y sanos. Esto se debe a que se les prohíbe a las compañías aseguradoras rechazar clientes de alto riesgo o cobrar de manera diferenciada por el historial de salud de los clientes. También se impone como obligatorios ciertos rubros de riesgo que muchos eliminaban de sus seguros por considerarse a sí mismos como de bajo riesgo. Los seguros serán más integrales.

Debido a lo anterior los grupos de menor riesgo, por ejemplo las familias jóvenes con seguros privados y sin derecho al subsidio tendrán que ampliar sus coberturas y pagar más. El tope para todos es del 8 por ciento del ingreso de cada quien. El que no encuentre un seguro que cumpla los requisitos por debajo de esa cifra no está obligado a asegurarse.

El financiamiento de los subsidios que otorga la ley se basa en reducir las tarifas de servicios médicos, mayores impuestos a las ganancias de hospitales y fabricantes de equipos médicos y un impuesto a las ganancias financieras superiores a los 200 mil dólares al año.

La situación es muy conflictiva. Los republicanos, liderados en la práctica por la minoría conocida como el “tea party”, se oponen radicalmente a la nueva ley mientras que Obama sostiene que es esencial ampliar esa cobertura en beneficio de la población que ahora se encuentra desprotegida.

Podría pensarse que en la perspectiva de los anarquistas republicanos su oposición a la ley de salud les permite apuntar a varios pájaros con una sola pedrada. Se montan en primer lugar en el descontento de la fracción que tiene que aumentar su cobertura y costo y que no recibirá subsidio; la clase media acomodada. Además apuntan a disminuir el gasto social. Finalmente tratan de gobernar aún sin haber ganado las elecciones.

Los republicanos ofrecieron aprobar el endeudamiento necesario para dos meses de gobierno a cambio de posponer un año la entrada en vigor de la ley. Pero era claro que al cabo de esos dos meses tendrían otras exigencias. Los demócratas no aceptaron el chantaje.

Ahora que el gobierno se encuentra semiparalizado y la opinión pública se indigna sobre todo con los republicanos, ellos ofrecen autorizaciones presupuestales puntuales que operen los programas de mayor impacto mediático. Digamos, por ejemplo, la atención a niños enfermos graves. Solo que de nuevo los demócratas no aceptaron otra versión del juego poquitero y quieren dos cosas: aplicar la ley de salud y financiamiento de mayor plazo.

Un cierre parcial del gobierno, con 800 mil empleados en paro técnico, otros tantos en ahorro forzoso, y una severa disminución del gasto público, equivale a una austeridad forzada. No hay peor receta para una economía que no logra recuperarse plenamente de la crisis del 2008; que crece poco y no genera empleo. Es una situación que atemoriza a millones y los lleva a, también, reducir sus gastos.

Es un conflicto ideológico demasiado costoso que genera mucho malestar público. Pero falta que la ciudadanía elevé más su voz para exigir una solución inmediata.

Desde nuestro lado deberíamos ver lo que ocurre en los Estados Unidos como otro clavo en el ataúd de la estrategia económica exportadora. La esperanza de que haya una recuperación norteamericana y que esa se convierta en factor dinamizador de nuestra economía debe ser substituida por una recentralización de nuestros esfuerzos de producción y empleo. Hay que crecer para el mercado interno y eso necesariamente implica poner dinero en el bolsillo de los trabajadores y que este se gaste en producción nacional y no en importaciones.

Los primos del norte no nos sacarán del apuro; con dificultades saldrán del suyo.