Hurto Famélico en España

Hurto Famélico en España

Jorge Faljo

Dos asaltos a supermercados han conmocionado la discusión política en España. Lo peculiar es que ambos fueron dirigidos por los presidentes municipales de dos pequeños pueblos serranos y que los efectuaron, en cada caso, unas doscientas personas integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores.

En uno de los casos salieron con varios carritos cargados de alimentos básicos del supermercado y en el otro la guardia civil los detuvo en el área de cajas. Tras cuatro horas de negociación la gerencia del supermercado acordó donar 12 carritos cargados de víveres que fueron entregados en los servicios sociales de tres ayuntamientos que, en conjunto, no tienen más de 20 mil habitantes.

Pedro Romero, alcalde de Espera (4 mil habitantes) que dirigió el segundo asalto en beneficio de tres poblados, declaró que no era un robo sino una expropiación de productos de primera necesidad “porque la situación es dramática” en los pueblos serranos agobiados por el desempleo.

Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda (3 mil habitantes) y diputado regional, organizó primer asalto. Se defendió diciendo “un diputado no puede estar dando bendición a políticas de recortes que dejan a la gente en el hambre. La deuda que la paguen los que la han provocado” y “si los ricos roban se llama crisis; si robas una gallina eres un ladrón.”

Para los alcaldes lo fundamental es que en Andalucía 200 mil familias no tienen ningún ingreso porque ninguno de sus miembros encuentra empleo y no reciben ninguna ayuda social. En toda España hay 1.3 millones de familias en esta situación.

Lo importante es que los asaltos se convirtieron en un hecho político y noticioso dentro y fuera de España. Han originado una importante discusión con argumentos bastante encontrados. De un lado los que difunden escenarios de desorden e inseguridad futuras y se preocupan por la mala imagen de España en Europa.  

Del otro los que lo consideran un acto simbólico que permitió recolocar en la mesa de discusión la situación de las familias y sectores en mayor vulnerabilidad ante la crisis en España. Un eje de la discusión es el de las prioridades públicas, ¿rescatar banqueros o indigentes? Por cierto que el país ha entrado en recesión; es decir en proceso de disminución de la producción, cierre de empresas y mayor desempleo.

Un ejemplo de apoyos ha sido que docenas de personas de la región se han presentado a la justicia con documentos firmados en los que declaran ser los autores intelectuales o haber participado en los asaltos. Los arrestados finalmente han sido dejados libres; en parte porque el dirigente principal es diputado y, al no ser atrapado en el momento mismo tiene inmunidad.

Para algunos los asaltos se aproximan a lo que el código penal español considera “hurto famélico”. Para empezar hurto se define como una sustracción de bienes ajenos sin agresión y violencia; de otro modo es robo. Cuando el hurto es menor a 400 euros (unos 7 mil pesos) se le da un tratamiento administrativo inmediato que puede implicar multa y hasta 12 días de detención.

Por otro lado el hurto famélico es aquel que se comete en condiciones de gran necesidad y puede simplemente ser exculpado pues el código español señala que en una situación en que se enfrentan dos males hay que evitar el mal mayor.

El hurto famélico se define como un hurto necesario cuando se toman bienes ajenos para aliviar las más primarias y perentorias necesidades humanas, tales como alimentación, vestido, habitación y asistencia médico – farmaceutica y en los que el respeto a la propiedad ajena entra en pugna con los sufrimientos del hambre, la desnudez, la intemperie o la enfermedad desatendida.  Situaciones en que la justicia debe decidir entre dos males y, si se demuestra la necesidad, decidir que el hurto alivia el mal mayor.

La criminalidad en España ha cambiado de perfil; de los problemas asociados a la drogadicción y robos agresivos se ha pasado a una situación en la que la mayoría de las denuncias provienen de los supermercados en contra de sus “clientes”. Hay que señalar que en la discusión han surgido datos sobre el mayor gasto en vigilancia interna de los supermercados, el colocar tras vitrinas buena parte de la latería y, que en Cataluña se ha ordenado colocar bajo llave los contenedores de basura debido a la insalubridad asociada a que la gente rebuscaba en ellos.

Uno de los alcaldes, Sánchez Gordillo, de Marinaleda, ha saltado a la fama y es ahora invitado a foros internacionales sobre la crisis. Tal vez por su posición más agresiva y verbal. Insiste por ejemplo en declarar que continuará con las expropiaciones de alimentos básicos. Muchos de sus compañeros de partido y obviamente desde todos los sectores españoles lo condenan.

No sabemos que seguirá más adelante; pero sin duda estos asaltos han puesto el dedo en una llaga que muchos preferían ocultar.