La Reforma Olvidada

Faljoritmo

Jorge Faljo

El mensaje presidencial de principios de mes estuvo dedicado a celebrar las reformas estructurales que, a decir del gobierno, sientan las bases para cambios profundos y positivos. Destacan entre las reformas la laboral, la fiscal y la energética que serían las puntas de lanza de la creación de empleos, inversión productiva y, en general, crecimiento económico.

Gracias al Pacto por México fue posible hacer esas reformas. Esa alianza entre los principales partidos políticos propuesta y armada desde el primer día de la actual administración ciertamente permitió dejar atrás el marasmo legislativo que caracterizó a las administraciones panistas. Ello permitió “concretar en tan solo 20 meses las reformas transformadoras que México necesitaba.” De esta manera el Presidente Peña Nieto cerró el ciclo transformador con declaraciones de triunfo político y legislativo.

Sin embargo hubo una reforma que no se concretó y para millones de mexicanos habría sido la principal de todas porque, bien llevada tendría un fuerte impacto positivo en generación de empleo, en la disminución del hambre y la miseria, en fortalecimiento de la cohesión social y la disminución de la violencia. Asuntos en los que no han logrado avanzar la reforma laboral, los programas asistencialistas ni la lucha contra el crimen.

Estoy hablando de la reforma del campo. Se empezó a hablar de ella con la publicación del programa sectorial agropecuario donde el gobierno se compromete a conseguir la seguridad alimentaria del país para el final de la actual administración. Esa seguridad se entiende como el conseguir que el 75 por ciento del consumo de los granos básicos de consumo humano y forrajero provengan del abasto interno. Es una meta ambiciosa que deriva de recomendaciones de la Organización Mundial de la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).

Tal compromiso alimentó el debate interno sobre cómo lograr cumplir con ese compromiso. Para la SAGARPA el esfuerzo consistiría en organizar a los productores en “clusters” agroindustriales y empresas privadas distribuidoras de insumos donde se volcarían los recursos públicos. Se trataba de otra vuelta de rosca a la privatización de la tierra, la desaparición de la propiedad social y el apoyo a la minoría de productores que considera “con potencial productivo”.

Sin embargo la respuesta campesina, en voz de líderes y organizaciones, fue prácticamente unánime. La producción agropecuaria del país creció notablemente en las décadas en las que el país crecía. Y creció gracias a la propiedad social, ejidos, comunidades y minifundio. El problema no es la forma de propiedad o su tamaño. Hay países del sureste asiático muy exitosos en la producción agropecuaria minifundista.

El problema, visto por los campesinos, ha sido el abandono del campo por parte del gobierno, la ausencia de una política de producción agropecuaria incluyente y dejar el mercado en manos de transnacionales y de los vaivenes del comercio y los precios mundiales.

Así que los campesinos elaboraron su propia propuesta. Esa fue también un notable triunfo político: cuarenta organizaciones de productores rurales presentaron el 23 de julio pasado una propuesta unificada ante cinco secretarios de Estado.

Dado que el Presidente de la República había convocado a la elaboración de la Reforma del Campo con amplia participación de todos los interesados, de manera democrática y buscando la construcción de consensos, todo parecía ir viento en popa. Pero en lugar de ello se le dejó de lado. Tal vez debido a que la propuesta de las organizaciones afecta profundamente a la operación burocrática actual, tan lejana del interés mayoritario.

¿Qué piden los campesinos? Presentan una visión muy distinta a la que impera actualmente; basada en dos conceptos clave: reactivación productiva y rentabilidad generalizada.

Por reactivación productiva se entiende el uso eficiente de los recursos que ya existen, los que tienen los productores y que hoy en día están subutilizados. Son recursos probados; generaban una producción importante hasta hace unos años.

Es posible reactivar la producción campesina mediante una política de rentabilidad generalizada. Lo cual requiere intervenciones directas del gobierno en apoyo a la producción y comercialización de los pequeños productores. Como en Europa, en Japón, en el sureste asiático.

Entre las demandas se encuentra crear una reserva nacional estratégica alimentaria mediante compras del gobierno a los productores sociales. Tendría una función reguladora; comprar en momentos de precios bajos y vender a los consumidores cuando los precios sean excesivos. De ese modo se controlaría el margen de intermediación excesivo y perjudicial para productores y consumidores.

Pidieron también que todas las compras públicas de productos agropecuarios y los apoyos alimentarios a millones de familias provengan de los pequeños productores organizados.

En paralelo habría supervisión de las importaciones y manejo de aranceles, en asociación con las organizaciones de productores. Justo como el acuerdo recientemente anunciado por el secretario de hacienda, Videgaray, para la industria del calzado. Si Estados Unidos impone aranceles a las importaciones de azúcar para defender su propia producción nuestras razones para hacerlo con los granos básicos son aún más contundentes.

No son medidas del otro mundo, sino aquellas que a muchos países les permiten contar con seguridad alimentaria y una evolución social armónica. Así que de momento quedamos en espera de esta la verdadera gran reforma, la del campo.