Faljoritmo
Jorge Faljo
El índice de Confianza del Consumidor se ubicó en enero de 2014 un 15.5 por ciento por abajo del nivel que tenía un año antes. Es un indicador oficial, generado por el INEGI, que presenta una caída persistente desde enero del 2013, al inicio de la actual administración. Además la baja se agudiza a partir de noviembre del año pasado y llega a su peor momento en enero de este año cuando en un solo mes se reduce en un 6.2 por ciento.
Lo llaman de confianza del consumidor porque de las cinco variables que lo integran la de mayor interés práctico son los planes de compra en los hogares. Concretamente se pregunta sobre las posibilidades actuales, comparadas con las de hace un año, de hacer compras de bienes duraderos (muebles, televisores, lavadoras y electrodomésticos). En este punto la baja es del 19.0 por ciento respecto a enero del 2013. Lo cual pone los pelos de punta al comercio.
El dato se confirma en otras fuentes. Waltmart reporta una caída de 3.8 por ciento en sus ventas en tiendas comparables, a pesar de que ha crecido su tajada del mercado. Es decir que a otros comercios les va peor.
Desde el sector empresarial distintas voces destacan la necesidad de reactivar el mercado interno. Todo un contrasentido porque mientras al comercio en su conjunto le interesa que los consumidores compren a cada empresa en particular le interesa pagar menos a sus empleados, despedir a otros y disminuir prestaciones y seguridad en el empleo. Aquí el enfrentamiento entre el interés general y el particular de los empresarios solo podría ser resuelto mediante la rectoría y liderazgo del gobierno para elevar los salarios de manera generalizada.
En mi opinión las variables más relevantes del Índice son las dos que muestran las peores caídas. Una es cómo se compara la situación económica del país hoy en día con la de hace doce meses; aquí la baja es de 20.3 por ciento. Otra es cómo se piensa que será la situación económica del país dentro de 12 meses, respecto a la situación actual; con una reducción de 19.3 por ciento.
Los resultados del Índice rebasan una mera percepción de consumidores para confrontarnos con lo que en el fondo es la tajante descalificación ciudadana del rumbo económico del país. Situación que creo que es entendida por nuestras elites que prontamente nos plantean soluciones (más de lo mismo), o nos piden paciencia (hasta que lleguen los supuestos efectos positivos de las reformas). Es decir que no saben qué hacer.
Salta al ruedo la subsecretaria de normatividad y competitividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz, para decir que el consumidor es errático, poco confiable. Lo importante, para ella, es que la inversión extranjera directa tendrá sus mejores años impulsada por las reformas estructurales. Es la misma señora que presume que la venta de la cervecería modelo y otras empresas superó la suma de 30 mil millones de dólares. Con ello alcanzó en un año el objetivo de todo un sexenio, y va por más. Pero, ¿acaso la venta del país crea empleos?
Otros se entusiasman con la actualización y ampliación del TLC por la vía del acuerdo transpacífico. Pero esos son acuerdos de elites en las que las grandes compañías de todos los países (aquí transnacionales y maquiladoras) se benefician a costa de la destrucción de las pequeñas y medianas empresas. Por ahí tampoco avanzará la creación de empleos y la recuperación de la dignidad laboral con ingresos adecuados y seguridad en el futuro.
A propósito de seguridad futura, resulta que los ahorros de los trabajadores en el Sistema de Ahorro para el Retiro tuvieron una caída “debido a la volatilidad de los mercados financieros”. Pocas cosas parecen más perversas que meter el ahorro de los trabajadores a la especulación financiera para el doble beneficio de los tiburones de las finanzas. Doble porque en lugar de que se empleen en desarrollo económico y social, y cuenten con la garantía del estado, el gobierno debe financiarse a altas tasas de interés. Pierden los trabajadores y el gobierno; ganan los intermediarios financieros.
Este pastel tiene dos cerezas. Por una parte la muy baja creación de empleo, en particular en el medio juvenil. Nuestros millones de “ninis” tienen cada vez menos posibilidades de empleo. En 2013, según el INEGI, se integraron al empleo formal 56.6 por ciento menos jóvenes que en el 2012.
La segunda cereza, tal vez ligada a la anterior, es que de acuerdo a un sondeo realizado por Banxico la inseguridad y situaciones como la de Michoacán han ascendido al primer lugar como factor limitante del desarrollo del país.
Aunque habría que preguntarse qué es primero, la gallina o el huevo. La inseguridad no se acabará sin empleo digno para todos. Y eso requiere un cambio fundamental de estrategia. Dejemos de competir con los que nos llevan enorme ventaja y de vender la casa para irla malpasando. Lo que hay que hacer es poner a producir a plena capacidad todos nuestros recursos y potencialidades; bastaría para ello darle plena prioridad a lo nuestro sobre lo extranjero.
Nuestras elites deben entender que el mensaje de desconfianza ciudadana va muy en serio y que son ellos los que tienen que cambiar.
domingo, 9 de febrero de 2014
martes, 4 de febrero de 2014
Recuperación y salarios en los Estados Unidos y México
Faljoritmo 02/02/14
Jorge Faljo
La economía norteamericana se encuentra en una notable recuperación. En el cuarto cuatrimestre del 2013 creció al 3.2 por ciento anualizado. Es decir que inicia el 2014 con un paso firme.
Esta recuperación de su dinamismo se explica sobre todo por la política monetaria flexible de la Reserva Federal, su banco central, que creó muy fuertes cantidades de dinero que utilizó para comprar deuda pública que se encontraba en manos de particulares. De este modo generó una abundancia de recursos financieros que abarató las tasas de interés a niveles cercanos a cero y en la práctica negativos; es decir, por debajo de la inflación. Esa política facilitó el pago de deudas por parte de la población y también evitó el ahorcamiento de las finanzas públicas.
La abundancia de dinero benefició sobre todo a los grandes capitales; se elevó el precio del oro y de las acciones en la bolsa de valores. Pero es innegable que la baja de las tasas de interés también benefició a los consumidores, sobre todo a los endeudados, y que parte de este dinero se filtró hacia el consumo. Otra parte salió de los Estados Unidos hacia los países emergentes donde sirvieron para comprar acciones y empresas, y prestarle a los gobiernos y al sector privado. Esto hizo que hubiera abundancia de dólares en los países periféricos –como México- y que hicieran mayores compras de productos norteamericanos.
Estados Unidos recupera el dinamismo de su economía; pero no marcha parejo. No es una recuperación creadora de empleos y el presidente Obama advierte la creciente disparidad de ingresos dentro de su país. De hecho en los últimos treinta años los salarios han perdido capacidad de compra; lo las familias han compensado mediante la entrada de las mujeres y adolescentes al mercado laboral. A pesar de trabajar más muchas familias se han empobrecido y otros muchos no encuentran empleo.
De hecho la crisis ha sido el pretexto para reducir salarios, disminuir la calidad laboral y lanzar una oleada legislativa que en los espacios estatales y municipales ha reducido los derechos de los trabajadores, limitado su capacidad para organizarse e incluso ha llegado a prohibir la negociación colectiva de condiciones laborales y salarios.
La caída de salarios ha llegado al punto de que el salario mínimo se ubica por abajo del nivel de pobreza y buena parte de los trabajadores con un empleo formal reciben ayuda pública nutricional y de otros tipos. Cuarenta siete millones de norteamericanos en 18 millones de hogares, reciben subsidio a su alimentación. Puede verse como un subsidio a los empleadores dado que el gobierno tiene que cubrir el déficit salarial para que las familias puedan comer, transportarse, atender una enfermedad. Frente a ello numerosas ciudades y algunos estados están creando sus propios “salarios de vida” obligatorios.
Estados Unidos se encuentra enfrascado en una ruda disputa ideológica que frena casi toda posibilidad de beneficiar a la mayoría. Ahora el presidente Obama ha declarado que si no puede llegar a acuerdos con el congreso va a actuar mediante acciones y órdenes ejecutivas.
Ha ordenado que los contratistas del gobierno federal, básicamente proveedores de servicios de limpieza, alimentación, seguridad, jardinería y otros, paguen un mínimo de 10.10 dólares la hora a sus trabajadores. Es un incremento importante dado que el actual salario mínimo es de 7.25 dólares la hora. Sin embargo de los dos millones de empleados de empresas contratistas beneficia solo a unos 200 mil que ganan menos que esa cantidad. Por otra parte la medida se aplica solo a nuevos contratistas y cuando se modifiquen contratos vigentes. No es claro si se podrá aplicar a situaciones ya previstas de renovación automática de contratos.
Al mismo tiempo ha enviado una propuesta de ley al congreso para elevar el salario mínimo nacional a esos mismos 10.10 dólares la hora en un plazo de tres años y para indexarlo a la inflación.
Un asunto de fondo es si los salarios deben ser dejados en manos del libre mercado laboral o si la negociación debe ser de tipo político.
Recordemos que los grandes avances en tecnología y productividad están haciendo que se despida a mucha gente y se creen pocos empleos. Sobran trabajadores e incluso empresas con enormes ganancias han decidido pagar a sus trabajadores menos de lo necesario para que sus familias sobrevivan. Así es el mercado.
El presidente Obama reactiva la posición de que debe imperar una decisión política que atienda al interés social. La manera de instrumentarla es muy gradual y básicamente recurre al ejemplo y a crear conciencia social. Pero enfrenta enormes intereses que han implantado fuertemente la ideología darwiniana (la supervivencia del más apto) en la población norteamericana.
Visto desde la óptica mexicana nos encontramos ante una severa disyuntiva. La recuperación de la economía norteamericana se traduce ya en una disminución de la inyección de dinero y en una menor abundancia de liquidez. Eso puede elevar las tasas de interés en los Estados Unidos y disminuir la salida de capitales hacia nuestro país. Aquí ya se nos anuncia volatilidad; una posible apreciación del dólar que al elevar los precios de las importaciones generaría inflación.
Las maneras tradicionales de enfrentar un contexto de este tipo son dos. Elevar la tasa de interés interna para retener capitales especulativos; lo cual le pega a los inversionistas productivos y a los consumidores. Y castigar a los salarios para que sea una vez más la población la que pague la bonanza de los muy ricos.
En el lado positivo la recuperación norteamericana abre la expectativa de que las grandes transnacionales ubicadas en México incrementen sus exportaciones. Lo que no elevará el empleo. Por el lado negativo elevar intereses y castigar salarios disminuiría la demanda, generaría quiebras y pérdidas de empleo. Lo que necesitamos es una política contra cíclica que fortalezca la demanda interna.
Deberíamos seguir el ejemplo de Obama y asumir la real recuperación de los salarios en México como una prioridad social y política. Para evadir el embrollo de que suba todo lo indexado al salario mínimo habría que crear una alternativa: un salario de “vida digna”, obligatorio, que en la práctica eleve el salario mínimo un 12 por ciento real al año, cuando menos. Si lo elevamos a ese ritmo en algo más de una década los trabajadores recuperarían el nivel de ingreso que tenían hace 35 años (así de bajo hemos caído).
Un plan de este tipo es políticamente viable para un gobierno que parece poderlo todo.
Jorge Faljo
La economía norteamericana se encuentra en una notable recuperación. En el cuarto cuatrimestre del 2013 creció al 3.2 por ciento anualizado. Es decir que inicia el 2014 con un paso firme.
Esta recuperación de su dinamismo se explica sobre todo por la política monetaria flexible de la Reserva Federal, su banco central, que creó muy fuertes cantidades de dinero que utilizó para comprar deuda pública que se encontraba en manos de particulares. De este modo generó una abundancia de recursos financieros que abarató las tasas de interés a niveles cercanos a cero y en la práctica negativos; es decir, por debajo de la inflación. Esa política facilitó el pago de deudas por parte de la población y también evitó el ahorcamiento de las finanzas públicas.
La abundancia de dinero benefició sobre todo a los grandes capitales; se elevó el precio del oro y de las acciones en la bolsa de valores. Pero es innegable que la baja de las tasas de interés también benefició a los consumidores, sobre todo a los endeudados, y que parte de este dinero se filtró hacia el consumo. Otra parte salió de los Estados Unidos hacia los países emergentes donde sirvieron para comprar acciones y empresas, y prestarle a los gobiernos y al sector privado. Esto hizo que hubiera abundancia de dólares en los países periféricos –como México- y que hicieran mayores compras de productos norteamericanos.
Estados Unidos recupera el dinamismo de su economía; pero no marcha parejo. No es una recuperación creadora de empleos y el presidente Obama advierte la creciente disparidad de ingresos dentro de su país. De hecho en los últimos treinta años los salarios han perdido capacidad de compra; lo las familias han compensado mediante la entrada de las mujeres y adolescentes al mercado laboral. A pesar de trabajar más muchas familias se han empobrecido y otros muchos no encuentran empleo.
De hecho la crisis ha sido el pretexto para reducir salarios, disminuir la calidad laboral y lanzar una oleada legislativa que en los espacios estatales y municipales ha reducido los derechos de los trabajadores, limitado su capacidad para organizarse e incluso ha llegado a prohibir la negociación colectiva de condiciones laborales y salarios.
La caída de salarios ha llegado al punto de que el salario mínimo se ubica por abajo del nivel de pobreza y buena parte de los trabajadores con un empleo formal reciben ayuda pública nutricional y de otros tipos. Cuarenta siete millones de norteamericanos en 18 millones de hogares, reciben subsidio a su alimentación. Puede verse como un subsidio a los empleadores dado que el gobierno tiene que cubrir el déficit salarial para que las familias puedan comer, transportarse, atender una enfermedad. Frente a ello numerosas ciudades y algunos estados están creando sus propios “salarios de vida” obligatorios.
Estados Unidos se encuentra enfrascado en una ruda disputa ideológica que frena casi toda posibilidad de beneficiar a la mayoría. Ahora el presidente Obama ha declarado que si no puede llegar a acuerdos con el congreso va a actuar mediante acciones y órdenes ejecutivas.
Ha ordenado que los contratistas del gobierno federal, básicamente proveedores de servicios de limpieza, alimentación, seguridad, jardinería y otros, paguen un mínimo de 10.10 dólares la hora a sus trabajadores. Es un incremento importante dado que el actual salario mínimo es de 7.25 dólares la hora. Sin embargo de los dos millones de empleados de empresas contratistas beneficia solo a unos 200 mil que ganan menos que esa cantidad. Por otra parte la medida se aplica solo a nuevos contratistas y cuando se modifiquen contratos vigentes. No es claro si se podrá aplicar a situaciones ya previstas de renovación automática de contratos.
Al mismo tiempo ha enviado una propuesta de ley al congreso para elevar el salario mínimo nacional a esos mismos 10.10 dólares la hora en un plazo de tres años y para indexarlo a la inflación.
Un asunto de fondo es si los salarios deben ser dejados en manos del libre mercado laboral o si la negociación debe ser de tipo político.
Recordemos que los grandes avances en tecnología y productividad están haciendo que se despida a mucha gente y se creen pocos empleos. Sobran trabajadores e incluso empresas con enormes ganancias han decidido pagar a sus trabajadores menos de lo necesario para que sus familias sobrevivan. Así es el mercado.
El presidente Obama reactiva la posición de que debe imperar una decisión política que atienda al interés social. La manera de instrumentarla es muy gradual y básicamente recurre al ejemplo y a crear conciencia social. Pero enfrenta enormes intereses que han implantado fuertemente la ideología darwiniana (la supervivencia del más apto) en la población norteamericana.
Visto desde la óptica mexicana nos encontramos ante una severa disyuntiva. La recuperación de la economía norteamericana se traduce ya en una disminución de la inyección de dinero y en una menor abundancia de liquidez. Eso puede elevar las tasas de interés en los Estados Unidos y disminuir la salida de capitales hacia nuestro país. Aquí ya se nos anuncia volatilidad; una posible apreciación del dólar que al elevar los precios de las importaciones generaría inflación.
Las maneras tradicionales de enfrentar un contexto de este tipo son dos. Elevar la tasa de interés interna para retener capitales especulativos; lo cual le pega a los inversionistas productivos y a los consumidores. Y castigar a los salarios para que sea una vez más la población la que pague la bonanza de los muy ricos.
En el lado positivo la recuperación norteamericana abre la expectativa de que las grandes transnacionales ubicadas en México incrementen sus exportaciones. Lo que no elevará el empleo. Por el lado negativo elevar intereses y castigar salarios disminuiría la demanda, generaría quiebras y pérdidas de empleo. Lo que necesitamos es una política contra cíclica que fortalezca la demanda interna.
Deberíamos seguir el ejemplo de Obama y asumir la real recuperación de los salarios en México como una prioridad social y política. Para evadir el embrollo de que suba todo lo indexado al salario mínimo habría que crear una alternativa: un salario de “vida digna”, obligatorio, que en la práctica eleve el salario mínimo un 12 por ciento real al año, cuando menos. Si lo elevamos a ese ritmo en algo más de una década los trabajadores recuperarían el nivel de ingreso que tenían hace 35 años (así de bajo hemos caído).
Un plan de este tipo es políticamente viable para un gobierno que parece poderlo todo.
Davos. Riesgos globales del 2014
Faljoritmo 26/01/14
Jorge Faljo
De nueva cuenta se han reunido en Davos las elites del planeta con motivo del Foro Económico Mundial. El lugar es un pueblito suizo donde se puede ofrecer buena seguridad para un par de miles de figuras prominentes de la política, la economía y los negocios.
Aunque los costos de asistir son muy altos el foro es una oportunidad para establecer contactos, ponerse de acuerdo, planear negocios. Así que cada asistente programa su propio maratón de encuentros y diálogos.
A los participantes se les propone previamente un documento de reflexión que se constituye en guía del encuentro. El escrito se llama Riesgos Globales 2014 y este año se preparó a partir de una encuesta a 700 figuras destacadas que señalaron los riesgos que más les preocupan. Para considerarse un riesgo global un evento tendría que impactar a varios países y sectores productivos durante varios años, tendría un efecto sistémico o de contagio y sería difícil recuperarse de su impacto.
Los riesgos abordados son de todo tipo: economía, ecología, sociedad y demografía, política, salud y alimentación, y tecnología. Se definió un total de 31 riesgos que cubren aspectos diversos. Por ejemplo problemas relacionados con el cambio climático y el agua, el desarrollo de enfermedades contagiosas resistentes a los antibióticos, o la creciente inseguridad y desconfianza del internet.
Señalar los riesgos planetarios y sus interconexiones, la probabilidad de que ocurran y sus posibles impactos es algo valioso. Para empezar presiona a políticos y líderes acostumbrados a “dorar la píldora” y fingir que todo marcha bien y que no habrá problemas. Darse cuenta del riesgo es mejor que construir fantasías de futuros promisorios que, cuando fallan, nos toman desprevenidos y sin saber qué hacer.
Davos es, en esta perspectiva, un foro que llama a hacer lo necesario para cambiar el rumbo o, por lo menos, prepararnos para el mal probable. Lo que no quiere decir que todos vayan con la misma actitud; hay quienes van a decir que todo marcha bien en casa y atraer capitales.
Los principales riesgos identificados por los líderes planetarios fueron económicos y se encuentran claramente relacionados entre sí. Como riesgo número uno se identificó la posibilidad de otras crisis fiscales en economías importantes; el número dos fue el desempleo y el subempleo; el cuarto fue la severa disparidad del ingreso y el décimo una profunda inestabilidad política y social. Dentro de este último un factor central es la no integración de la juventud a la economía, incluso aquella muy capacitada a un alto costo. Todos estos riesgos, recordemos la definición, con posibilidades de contagio internacional, impactos prolongados y difícil recuperación.
El documento define así un conjunto de inquietudes que, en mi opinión, muestran la desconfianza creciente en la actual estrategia económica mundial y en sus capacidades para resolver los problemas que ha contribuido a crear.
La posibilidad de crisis fiscales en economías clave se refiere al alto nivel de endeudamiento público. El gobierno norteamericano adeuda más del 100 por ciento del producto interno bruto del país; es decir más de lo que producen todas las empresas y trabajadores del país en un año. El gobierno japonés adeuda el 230 por ciento de su PIB. Lo cual crea el riesgo de que los inversionistas que les han prestado a estos y otros gobiernos eleven los intereses para el refinanciamiento recurrente de esas deudas y eso mismo dificulte la posibilidad de pagar.
Si una de estas economías no pagara sus deudas, lo que estuvo cercano a ocurrir en los Estados Unidos, los acreedores (bancos y fondos de inversión) entrarían también en insolvencia para pagar a sus inversionistas y ahorradores (como ocurrió en Chipre, Grecia, Islandia y otros). Este problema financiero impactaría, como ya lo ha hecho, a la economía real.
La situación no es sencilla porque el segundo riesgo señalado es el desempleo y enfrentarlo requiere un aparato productivo fuerte y dinámico. Y para ello es necesario un estado que convierte los préstamos de ricos en demanda de bienes y servicios. Cuando el gobierno, para controlar su endeudamiento, se aprieta el cinturón, incrementa impuestos a los consumidores o reduce sus servicios, disminuye su demanda y la población. Entonces las empresas quiebran u operan por debajo de sus capacidades instaladas, se genera desempleo y se presiona a la baja los salarios. Hay, lo hemos visto, empobrecimiento generalizado.
El tercer riesgo económico es la severa disparidad del ingreso y creo que aquí se encuentra el factor que explica a los dos anteriores. Las grandes empresas y capitales no generan la demanda necesaria para vender lo que producen; crean poco empleo y pagan poco. Eso permite que acumulen riquezas gigantescas en pocas manos al mismo tiempo que deterioran la economía.
Porque los muy ricos no son buenos consumidores, ya tienen demasiados bienes y usan su dinero sobre todo para prestar. Es el gobierno el que convierte su riqueza improductiva en el consumo que impulsa la producción y el empleo.
El documento señala, sin desearlo, la creciente debilidad de toda la estrategia económica mundial. Y la única solución viable es incrementar el papel del estado y su gasto. Pero lo debe hacer sin endeudarse y sin dañar el consumo mayoritario. Lo cual sólo es posible gravando la riqueza usurera y convertirla directamente en demanda mayoritaria. Esto solucionaría los riesgos mencionados más el de inestabilidad social.
martes, 21 de enero de 2014
Explosión mundial de obesidad
Faljoritmo
Jorge Faljo
De acuerdo a un reciente estudio británico en los últimos 30 años el porcentaje de personas con obesidad o sobrepeso creció del 23 al 34 por ciento en el planeta. Uno de cada tres humanos pesamos más de lo que nos conviene. Curiosamente el incremento del sobrepeso es más acelerado en los países pobres que en los ricos. El sobrepeso se multiplicó por 3.6 en los países subdesarrollados y por 1.7 en los industrializados. Hoy en día el porcentaje de gordos en América Latina, el norte de África y el Medio Oriente es similar al de Europa.
La humanidad entera transita, desde hace varias décadas, de los alimentos tradicionales a otros de mayor densidad calórica. En lugar de las dietas tradicionales basadas en granos enteros, vegetales y agua estamos consumiendo cada vez más azúcar, grasas y carne. Con cantidades similares en peso estamos consumiendo mucha más energía.
También ocurre que vivimos en ciudades, nuestros empleos son más sedentarios y nos transportamos sin hacer ejercicio.
Vamos en una dirección que hace encender la alarma sobre el futuro de la salud de la humanidad y el costo en bienestar y en gasto en salud que va a implicar el sobrepeso. Países como México, Brasil, China y la India ven crecer aceleradamente la población propensa a sufrir de diabetes, problemas del aparato circulatorio (corazón y cerebro sobre todo), así como de varios tipos de cáncer.
No podemos seguir viendo al sobrepeso como un simple asunto de decisiones individuales. Enfrentamos un cambio de estilos de vida y de consumo asociados a la modernidad, pero también inducidos por el dominio del interés de la ganancia en la orientación de los hábitos de consumo.
En el caso específico de nuestro país podemos definirnos como un país de gordos. Siete de cada diez mexicanos tiene sobrepeso; el 32.8 por ciento es obeso. Más que en los Estados Unidos. Y el problema tiende a empeorar en la medida en que dejamos atrás la dieta basada en maíz, frijol y arroz para substituirla por alimentos industrializados ricos en grasa y azúcar.
Uno de los aspectos más graves del problema es la dudosa gloria de ser campeones mundiales en consumo de refrescos; cada mexicano bebe, en promedio, 163 litros al año. Este consumo desmedido deja de ser algo meramente anecdótico para apuntarse como uno de los mayores enemigos de la salud y del bolsillo de los mexicanos.
No se trata tanto del gasto actual en refrescos sino del costo futuro en tratamiento de enfermedades y pérdida de bienestar, sobre todo para aquellos que cargan con este sobrepeso desde la infancia. La tendencia al incremento del sobrepeso podría llevarnos en unos años a vivir menos y con más achaques.
Sin embargo existen buenas noticias en otros frentes que podrían servir de ejemplo de lo que es posible lograr con medidas de política pública. El gran ejemplo es la lucha contra el tabaquismo.
Unas cien millones de personas murieron por causas relacionadas con el consumo de tabaco durante el siglo pasado en todo el mundo. Pero las campañas de salud pública han logrado reducir el porcentaje de fumadores norteamericanos del 42 por ciento a menos de la mitad, el 18 por ciento, en cincuenta años. De acuerdo a la asociación médica americana las personas que lo evitaron totalmente o lo dejaron tempranamente añadieron casi 20 años a su vida.
Prácticamente todos los países del mundo han adoptado medidas activas de control del tabaquismo. Se protege a los no fumadores del humo en lugares públicos; se hacen campañas contra ese hábito y en muchos casos se ofrece apoyo a quienes desean dejar de fumar. Tal vez lo más impactante son las feas imágenes de sus consecuencias en las misma cajetillas. Lo determinante fue el predominio del interés público por arriba del interés comercial de las grandes empresas.
Son cada vez más los países que empiezan a tomar medidas decisivas para orientar el consumo de la población. Muchos, como México recientemente, han creado impuestos al consumo de bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica. Otros desarrollan campañas de orientación exitosas que han logrado elevar el consumo de frutas y verduras frescas entre su población.
En el caso de México habría mucho por hacer. Entre ellas campañas verdaderamente fuertes sobre nutrición y salud; los niños deben aprender a leer las etiquetas para saber que están consumiendo. Y las etiquetas deben ser claras y no engañosas como lo son ahora en la mayoría de los casos. Convendría incluso pensar en la posible prohibición de la propaganda de alimentos de alta densidad calórica y de todo tipo de refrescos. ¿Qué tal incluir fotos de sus efectos en la salud?
Pero sobre todo es urgente garantizar como un derecho ciudadano básico el acceso cómodo y gratuito a agua potable de alta calidad. No solo libre de gérmenes e impurezas, sino que tenga buen sabor. Deberá haberla no solo en las escuelas, sino en todo tipo de espacios públicos e incluso con la posibilidad de que la gente lleve contenedores de tamaño razonable (de uno a tres litros, digamos) para abastecerse.
El derecho al agua potable de calidad es un derecho humano básico; hay que instrumentarlo. La tarea exige el diseño de programas público que atiendan al abasto rural y urbano público, suficiente, de cómodo acceso y gratuito para todos.
Sobre todo hacer que en materia de agua y alimentos predomine el interés público sobre el de la ganancia.
Jorge Faljo
De acuerdo a un reciente estudio británico en los últimos 30 años el porcentaje de personas con obesidad o sobrepeso creció del 23 al 34 por ciento en el planeta. Uno de cada tres humanos pesamos más de lo que nos conviene. Curiosamente el incremento del sobrepeso es más acelerado en los países pobres que en los ricos. El sobrepeso se multiplicó por 3.6 en los países subdesarrollados y por 1.7 en los industrializados. Hoy en día el porcentaje de gordos en América Latina, el norte de África y el Medio Oriente es similar al de Europa.
La humanidad entera transita, desde hace varias décadas, de los alimentos tradicionales a otros de mayor densidad calórica. En lugar de las dietas tradicionales basadas en granos enteros, vegetales y agua estamos consumiendo cada vez más azúcar, grasas y carne. Con cantidades similares en peso estamos consumiendo mucha más energía.
También ocurre que vivimos en ciudades, nuestros empleos son más sedentarios y nos transportamos sin hacer ejercicio.
Vamos en una dirección que hace encender la alarma sobre el futuro de la salud de la humanidad y el costo en bienestar y en gasto en salud que va a implicar el sobrepeso. Países como México, Brasil, China y la India ven crecer aceleradamente la población propensa a sufrir de diabetes, problemas del aparato circulatorio (corazón y cerebro sobre todo), así como de varios tipos de cáncer.
No podemos seguir viendo al sobrepeso como un simple asunto de decisiones individuales. Enfrentamos un cambio de estilos de vida y de consumo asociados a la modernidad, pero también inducidos por el dominio del interés de la ganancia en la orientación de los hábitos de consumo.
En el caso específico de nuestro país podemos definirnos como un país de gordos. Siete de cada diez mexicanos tiene sobrepeso; el 32.8 por ciento es obeso. Más que en los Estados Unidos. Y el problema tiende a empeorar en la medida en que dejamos atrás la dieta basada en maíz, frijol y arroz para substituirla por alimentos industrializados ricos en grasa y azúcar.
Uno de los aspectos más graves del problema es la dudosa gloria de ser campeones mundiales en consumo de refrescos; cada mexicano bebe, en promedio, 163 litros al año. Este consumo desmedido deja de ser algo meramente anecdótico para apuntarse como uno de los mayores enemigos de la salud y del bolsillo de los mexicanos.
No se trata tanto del gasto actual en refrescos sino del costo futuro en tratamiento de enfermedades y pérdida de bienestar, sobre todo para aquellos que cargan con este sobrepeso desde la infancia. La tendencia al incremento del sobrepeso podría llevarnos en unos años a vivir menos y con más achaques.
Sin embargo existen buenas noticias en otros frentes que podrían servir de ejemplo de lo que es posible lograr con medidas de política pública. El gran ejemplo es la lucha contra el tabaquismo.
Unas cien millones de personas murieron por causas relacionadas con el consumo de tabaco durante el siglo pasado en todo el mundo. Pero las campañas de salud pública han logrado reducir el porcentaje de fumadores norteamericanos del 42 por ciento a menos de la mitad, el 18 por ciento, en cincuenta años. De acuerdo a la asociación médica americana las personas que lo evitaron totalmente o lo dejaron tempranamente añadieron casi 20 años a su vida.
Prácticamente todos los países del mundo han adoptado medidas activas de control del tabaquismo. Se protege a los no fumadores del humo en lugares públicos; se hacen campañas contra ese hábito y en muchos casos se ofrece apoyo a quienes desean dejar de fumar. Tal vez lo más impactante son las feas imágenes de sus consecuencias en las misma cajetillas. Lo determinante fue el predominio del interés público por arriba del interés comercial de las grandes empresas.
Son cada vez más los países que empiezan a tomar medidas decisivas para orientar el consumo de la población. Muchos, como México recientemente, han creado impuestos al consumo de bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica. Otros desarrollan campañas de orientación exitosas que han logrado elevar el consumo de frutas y verduras frescas entre su población.
En el caso de México habría mucho por hacer. Entre ellas campañas verdaderamente fuertes sobre nutrición y salud; los niños deben aprender a leer las etiquetas para saber que están consumiendo. Y las etiquetas deben ser claras y no engañosas como lo son ahora en la mayoría de los casos. Convendría incluso pensar en la posible prohibición de la propaganda de alimentos de alta densidad calórica y de todo tipo de refrescos. ¿Qué tal incluir fotos de sus efectos en la salud?
Pero sobre todo es urgente garantizar como un derecho ciudadano básico el acceso cómodo y gratuito a agua potable de alta calidad. No solo libre de gérmenes e impurezas, sino que tenga buen sabor. Deberá haberla no solo en las escuelas, sino en todo tipo de espacios públicos e incluso con la posibilidad de que la gente lleve contenedores de tamaño razonable (de uno a tres litros, digamos) para abastecerse.
El derecho al agua potable de calidad es un derecho humano básico; hay que instrumentarlo. La tarea exige el diseño de programas público que atiendan al abasto rural y urbano público, suficiente, de cómodo acceso y gratuito para todos.
Sobre todo hacer que en materia de agua y alimentos predomine el interés público sobre el de la ganancia.
jueves, 16 de enero de 2014
Estados Unidos e India. Ojo por ojo.
Faljoritmo
Jorge Faljo
En el último año han ocurrido dos conflictos entre la India y los Estados Unidos que llamaría substanciales y otro que podría parecer menor pero que es el que ha escalado de manera sorpresiva.
Primero fue, a mediados del 2013, la revelación del espionaje norteamericano sobre las embajadas y el personal de la India en Washington y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Fue un asunto seguido de cerca por la prensa de la India y muchos actores políticos y sociales expresaron su indignación y solicitaron una respuesta firme. No se dio. El gobierno de la India prefirió no hacer un reclamo público; tal vez para no afectar sus relaciones comerciales, o porque el mismo ejerce un intenso espionaje sobre los teléfonos y el internet de sus ciudadanos.
La segunda divergencia importante fue en torno al programa indio de apoyo a sus campesinos de subsistencia y de subsidios a su población desnutrida. Son programas que infringen las reglas de la Organización Mundial del Comercio y son materia de una creciente confrontación internacional entre el derecho humano a la alimentación y los intereses comerciales de las potencias exportadoras de granos.
En este caso India no dio marcha atrás y afirmó que no abandonaría a su población más desvalida. Finalmente el conflicto se zanjó con la aceptación norteamericana de una moratoria de cuatro años durante los cuales la India podrá instrumentar estos programas campesinos sin temor a sanciones comerciales.
Aquí México se anotó un punto favorable cuando el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, subrayó en la plenaria de la OMC que había un interés general en la seguridad alimentaria y que algunos países requieren soluciones especiales. Buena intervención sobre todo si más adelante nuestro país decide luchar contra el hambre en serio.
El tercer y más reciente conflicto muestra facetas muy contradictorias. Afecta directamente a una sola persona pero ha suscitado una enorme reacción del gobierno y la población de la India en defensa de la dignidad nacional.
Se originó cuando la cónsul general de la India, Devyani Khobragade, fue arrestada en Nueva York en diciembre pasado por haber dado información falsa en los papeles de inmigración de la nana de su hija. Declaró que le pagaría 9.75 dólares por hora de trabajo, pero le pagaba menos y la hacía trabajar horas extras.
Su arresto fue sorpresivo y en público, frente a la escuela de su hija. Incluyó ponerle esposas y más tarde tomarle muestras de ADN, desnudarla y revisar su cuerpo; finalmente estuvo en una celda donde había drogadictos durante unas horas. Al parecer su alegato de que tenía inmunidad diplomática empeoró el trato. Todo ello le provocó una crisis nerviosa. Pudo salir con una fianza de 250 mil dólares, pero le retuvieron el pasaporte y se encuentra pendiente de juicio con la posibilidad de ir a la cárcel.
Para el gobierno y la población de la India esto fue un trato humillante en público y una grave afrenta a la dignidad de alguien que representa a su país y tiene inmunidad diplomática. Para el gobierno norteamericano tiene una inmunidad limitada solo a sus actividades consulares y recibió el mismo trato que todo mundo.
La India respondió con fuerza. Rechazó cualquier disculpa y exigió su plena liberación y el retorno a su país.
Pero además tomó, de manera gradual, medidas que pueden verse como agresivas y, a la vez en estricto cumplimiento de sus propias leyes. Retiró las barreras de protección que defendían la embajada norteamericana de posibles coches bomba pero obstruían el tráfico; solicitó la devolución de identificaciones y pases de aeropuerto especiales a los diplomáticos norteamericanos; eliminó su permiso para importar licores y otros bienes sin pago de impuestos; se les aplicarán las multas de tráfico; la embajada no podrá exhibir películas que no pasen por los trámites de cualquier sala de cine.
El club americano de Nueva Delhi ya no podrá vender hamburguesas, sodas, abarrotes o cualquier cosa. Debido a que hacía ventas a personal no diplomático el gobierno de la India señala que es un establecimiento comercial que no ha pagado impuestos. Por la misma razón se suspende el uso de su boliche. Se trata de un golpe importante para el esparcimiento y los encuentros sociales de la comunidad norteamericana en esa capital. Se investiga que la escuela norteamericana patrocinada por la embajada contrató a esposas de diplomáticos sin visa de trabajo y sin pagar impuestos. Además se pidió a todo el personal norteamericano que detalle las condiciones laborales y salariales de su personal doméstico.
Han ocurrido manifestaciones en las calles y los medios de la India piden firmeza y dignidad. La reacción del gobierno y la población de la India solo parecen explicables en la lógica de la gota que derrama el vaso y en un conflicto transformado en asunto de honor nacional. Señalan que ellos también podrían hacer cumplir sus leyes a rajatabla. Lo que afectaría fuertemente el bienestar del cuerpo diplomático norteamericano en su país.
El conflicto ha durado 20 días con ambas partes atrincheradas. Del lado norteamericano señalando la independencia de su sistema de justicia y la parte india exigiendo respeto a sus representantes.
Finalmente se acaba de resolver mediante medidas de ambos lados. India le tramitó a Khobragade un pasaporte diplomático con mayor inmunidad. Estados Unidos se tardó más de lo normal en concederlo e inmediatamente le pidió que renunciara voluntariamente a esa protección para someterse a juicio. La respuesta fue negativa y los norteamericanos exigieron su inmediata salida del país.
Ahora la India exige que para quedar a mano también salga de la India un diplomático norteamericano. Con ello puede considerar a salvo su dignidad y los dos pueden regresar a una situación que reconoce la conveniencia de aplicar sus leyes con flexibilidad y tratarse con respeto.
Jorge Faljo
En el último año han ocurrido dos conflictos entre la India y los Estados Unidos que llamaría substanciales y otro que podría parecer menor pero que es el que ha escalado de manera sorpresiva.
Primero fue, a mediados del 2013, la revelación del espionaje norteamericano sobre las embajadas y el personal de la India en Washington y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Fue un asunto seguido de cerca por la prensa de la India y muchos actores políticos y sociales expresaron su indignación y solicitaron una respuesta firme. No se dio. El gobierno de la India prefirió no hacer un reclamo público; tal vez para no afectar sus relaciones comerciales, o porque el mismo ejerce un intenso espionaje sobre los teléfonos y el internet de sus ciudadanos.
La segunda divergencia importante fue en torno al programa indio de apoyo a sus campesinos de subsistencia y de subsidios a su población desnutrida. Son programas que infringen las reglas de la Organización Mundial del Comercio y son materia de una creciente confrontación internacional entre el derecho humano a la alimentación y los intereses comerciales de las potencias exportadoras de granos.
En este caso India no dio marcha atrás y afirmó que no abandonaría a su población más desvalida. Finalmente el conflicto se zanjó con la aceptación norteamericana de una moratoria de cuatro años durante los cuales la India podrá instrumentar estos programas campesinos sin temor a sanciones comerciales.
Aquí México se anotó un punto favorable cuando el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, subrayó en la plenaria de la OMC que había un interés general en la seguridad alimentaria y que algunos países requieren soluciones especiales. Buena intervención sobre todo si más adelante nuestro país decide luchar contra el hambre en serio.
El tercer y más reciente conflicto muestra facetas muy contradictorias. Afecta directamente a una sola persona pero ha suscitado una enorme reacción del gobierno y la población de la India en defensa de la dignidad nacional.
Se originó cuando la cónsul general de la India, Devyani Khobragade, fue arrestada en Nueva York en diciembre pasado por haber dado información falsa en los papeles de inmigración de la nana de su hija. Declaró que le pagaría 9.75 dólares por hora de trabajo, pero le pagaba menos y la hacía trabajar horas extras.
Su arresto fue sorpresivo y en público, frente a la escuela de su hija. Incluyó ponerle esposas y más tarde tomarle muestras de ADN, desnudarla y revisar su cuerpo; finalmente estuvo en una celda donde había drogadictos durante unas horas. Al parecer su alegato de que tenía inmunidad diplomática empeoró el trato. Todo ello le provocó una crisis nerviosa. Pudo salir con una fianza de 250 mil dólares, pero le retuvieron el pasaporte y se encuentra pendiente de juicio con la posibilidad de ir a la cárcel.
Para el gobierno y la población de la India esto fue un trato humillante en público y una grave afrenta a la dignidad de alguien que representa a su país y tiene inmunidad diplomática. Para el gobierno norteamericano tiene una inmunidad limitada solo a sus actividades consulares y recibió el mismo trato que todo mundo.
La India respondió con fuerza. Rechazó cualquier disculpa y exigió su plena liberación y el retorno a su país.
Pero además tomó, de manera gradual, medidas que pueden verse como agresivas y, a la vez en estricto cumplimiento de sus propias leyes. Retiró las barreras de protección que defendían la embajada norteamericana de posibles coches bomba pero obstruían el tráfico; solicitó la devolución de identificaciones y pases de aeropuerto especiales a los diplomáticos norteamericanos; eliminó su permiso para importar licores y otros bienes sin pago de impuestos; se les aplicarán las multas de tráfico; la embajada no podrá exhibir películas que no pasen por los trámites de cualquier sala de cine.
El club americano de Nueva Delhi ya no podrá vender hamburguesas, sodas, abarrotes o cualquier cosa. Debido a que hacía ventas a personal no diplomático el gobierno de la India señala que es un establecimiento comercial que no ha pagado impuestos. Por la misma razón se suspende el uso de su boliche. Se trata de un golpe importante para el esparcimiento y los encuentros sociales de la comunidad norteamericana en esa capital. Se investiga que la escuela norteamericana patrocinada por la embajada contrató a esposas de diplomáticos sin visa de trabajo y sin pagar impuestos. Además se pidió a todo el personal norteamericano que detalle las condiciones laborales y salariales de su personal doméstico.
Han ocurrido manifestaciones en las calles y los medios de la India piden firmeza y dignidad. La reacción del gobierno y la población de la India solo parecen explicables en la lógica de la gota que derrama el vaso y en un conflicto transformado en asunto de honor nacional. Señalan que ellos también podrían hacer cumplir sus leyes a rajatabla. Lo que afectaría fuertemente el bienestar del cuerpo diplomático norteamericano en su país.
El conflicto ha durado 20 días con ambas partes atrincheradas. Del lado norteamericano señalando la independencia de su sistema de justicia y la parte india exigiendo respeto a sus representantes.
Finalmente se acaba de resolver mediante medidas de ambos lados. India le tramitó a Khobragade un pasaporte diplomático con mayor inmunidad. Estados Unidos se tardó más de lo normal en concederlo e inmediatamente le pidió que renunciara voluntariamente a esa protección para someterse a juicio. La respuesta fue negativa y los norteamericanos exigieron su inmediata salida del país.
Ahora la India exige que para quedar a mano también salga de la India un diplomático norteamericano. Con ello puede considerar a salvo su dignidad y los dos pueden regresar a una situación que reconoce la conveniencia de aplicar sus leyes con flexibilidad y tratarse con respeto.
miércoles, 8 de enero de 2014
Mota legal
Faljoritmo
Jorge Faljo
Miles de personas soportaron el intenso frio de este dos de enero haciendo filas de horas de duración a las afueras de los dispensarios de mariguana en Colorado, Estados Unidos. Era el primer día en que era posible comprar la yerba de manera legal y para fines recreativos, es decir, para divertirse, desde 1937, el año en que fue prohibida por nuestros vecinos del norte.
No es exagerado decir que los ojos del mundo y los del resto de los Estados Unidos prestan gran atención a este experimento. Así lo confirman las notas de primera plana en periódicos de todo el planeta. El primer comprador, un veterano norteamericano de la guerra de Irak con síndrome de estrés postraumático, obtuvo su momento de fama al exhibir ante los medios su histórico recibo de compra.
Varias docenas de dispensarios pudieron operar desde el dos de enero; otros centenares de permisos se encuentran en procesamiento y se espera que en las próximas semanas y meses se vaya aclarando la relación entre oferta y demanda y la tendencia del precio de la substancia legal.
De momento la principal crítica de los consumidores fue el alto precio de la mota que llegó en algunas tiendas a los 70 dólares por 3.5 gramos. De momento los principales perdedores fueron los consumidores autorizados para emplearla por razones médicas. Para ellos se triplicó el precio cuando llegaron las hordas de fumadores recreativos.
Muchos consumidores viajaron miles de kilómetros, solos o en grupos, para comprar mariguana en un acto que era a la vez mercantil, festivo y político. Algunos señalaron que la calidad era mejor que la que podían comprar de manera ilegal. Otros dijeron que preferían pagar el 25 por ciento de impuestos al gobierno y favorecer a productores y tiendas legales que fortalecer la economía subterránea. Para todos era una especie de voto ciudadano; una oportunidad de mostrar su acuerdo y su deseo de que la medida sea adoptada en el resto de su país.
En general hubo calma. Diversos medios habían vaticinado disturbios y conflictos originados en un abasto insuficiente. Pero triunfo la paciencia y el orden. Un pequeño disturbio fue ocasionado por un borrachín. La policía patrullaba los entornos de las tiendas y se repartieron miles de impresos para recordarles a los compradores que no podían fumar en la calle, en los transportes públicos, de manera ostentosa (excepto en espacios privados), que no debían pasar la mota a menores de 21 años ni llevarla a otros estados.
Las tiendas se encontraban preparadas con productos pre empaquetados de una onza (28 gramos), el máximo de venta permitido a los consumidores del estado y de 3.5 gramos, el máximo por visita permitido a los consumidores de fuera. Otros productos demandados fueron galletas y pastelillos de chocolate con la substancia activa, así como concentrados líquidos para hacer pastelería en casa.
Con ello el consumo de mariguana ha entrado en los Estados Unidos a una zona legal intermedia. Todavía se encuentra prohibida por las leyes federales. Solo que el gobierno federal norteamericano declaró que hacer cumplir las leyes anti mariguana sería responsabilidad de los Estados; su policía solo vigilaría que no hay comercio de un estado a otro, ni consumo de menores.
Así que el consumo de mota en Colorado es ahora similar al del alcohol. No se permite a menores, ni manejar drogado, ni en oficinas o transportes públicos, ni en parques y monumentos federales.
Esta legalización va más allá de la mera despenalización y tolerancia que se practica en Holanda, Portugal y otros países. Al darse primero le tiende un paraguas de protección internacional a la legalización ya aprobada en Uruguay y que será instrumentada en el segundo semestre del año. Solo que en el país del sur en lugar de mercado libre habrá monopolio del gobierno en la producción, distribución y consumo de la cannabis.
Todo apunta a un éxito financiero para las tiendas, los productores y el gobierno. Hay centenares de permisos en procesamiento y las acciones de las empresas norteamericanas que venden instrumentos para la producción casera han subido de manera importante. Colorado le da la vuelta a la moneda y en lugar de seguir metiendo a la cárcel a sus consumidores, pretende ahora convertirlos en ciudadanos que paguen impuestos y así contribuyan a mejorar sus escuelas.
Son los primeros pasos de un experimento que marcará la pauta a seguir dentro de los Estados Unidos e incluso el mundo. Por fin se podrá contar con información confiable sobre los efectos de un uso legal para las personas, las familias, los espacios públicos e incluso las finanzas de los gobiernos. Ahora se podrá comparar realmente el consumo de mota con el de alcohol, tabaco, cocaína y drogas sintéticas. Una primera gran pregunta es si el consumo de cannabis incrementa o substituye el de las otras drogas.
Aquí en México no podremos seguir ignorando lo que está ocurriendo en otros lados. Por lo contrario; le tenemos que dar seguimiento y decidir cómo vamos a reaccionar. Una manera posible sería también nosotros consultar a los ciudadanos mediante un referéndum.
Jorge Faljo
Miles de personas soportaron el intenso frio de este dos de enero haciendo filas de horas de duración a las afueras de los dispensarios de mariguana en Colorado, Estados Unidos. Era el primer día en que era posible comprar la yerba de manera legal y para fines recreativos, es decir, para divertirse, desde 1937, el año en que fue prohibida por nuestros vecinos del norte.
No es exagerado decir que los ojos del mundo y los del resto de los Estados Unidos prestan gran atención a este experimento. Así lo confirman las notas de primera plana en periódicos de todo el planeta. El primer comprador, un veterano norteamericano de la guerra de Irak con síndrome de estrés postraumático, obtuvo su momento de fama al exhibir ante los medios su histórico recibo de compra.
Varias docenas de dispensarios pudieron operar desde el dos de enero; otros centenares de permisos se encuentran en procesamiento y se espera que en las próximas semanas y meses se vaya aclarando la relación entre oferta y demanda y la tendencia del precio de la substancia legal.
De momento la principal crítica de los consumidores fue el alto precio de la mota que llegó en algunas tiendas a los 70 dólares por 3.5 gramos. De momento los principales perdedores fueron los consumidores autorizados para emplearla por razones médicas. Para ellos se triplicó el precio cuando llegaron las hordas de fumadores recreativos.
Muchos consumidores viajaron miles de kilómetros, solos o en grupos, para comprar mariguana en un acto que era a la vez mercantil, festivo y político. Algunos señalaron que la calidad era mejor que la que podían comprar de manera ilegal. Otros dijeron que preferían pagar el 25 por ciento de impuestos al gobierno y favorecer a productores y tiendas legales que fortalecer la economía subterránea. Para todos era una especie de voto ciudadano; una oportunidad de mostrar su acuerdo y su deseo de que la medida sea adoptada en el resto de su país.
En general hubo calma. Diversos medios habían vaticinado disturbios y conflictos originados en un abasto insuficiente. Pero triunfo la paciencia y el orden. Un pequeño disturbio fue ocasionado por un borrachín. La policía patrullaba los entornos de las tiendas y se repartieron miles de impresos para recordarles a los compradores que no podían fumar en la calle, en los transportes públicos, de manera ostentosa (excepto en espacios privados), que no debían pasar la mota a menores de 21 años ni llevarla a otros estados.
Las tiendas se encontraban preparadas con productos pre empaquetados de una onza (28 gramos), el máximo de venta permitido a los consumidores del estado y de 3.5 gramos, el máximo por visita permitido a los consumidores de fuera. Otros productos demandados fueron galletas y pastelillos de chocolate con la substancia activa, así como concentrados líquidos para hacer pastelería en casa.
Con ello el consumo de mariguana ha entrado en los Estados Unidos a una zona legal intermedia. Todavía se encuentra prohibida por las leyes federales. Solo que el gobierno federal norteamericano declaró que hacer cumplir las leyes anti mariguana sería responsabilidad de los Estados; su policía solo vigilaría que no hay comercio de un estado a otro, ni consumo de menores.
Así que el consumo de mota en Colorado es ahora similar al del alcohol. No se permite a menores, ni manejar drogado, ni en oficinas o transportes públicos, ni en parques y monumentos federales.
Esta legalización va más allá de la mera despenalización y tolerancia que se practica en Holanda, Portugal y otros países. Al darse primero le tiende un paraguas de protección internacional a la legalización ya aprobada en Uruguay y que será instrumentada en el segundo semestre del año. Solo que en el país del sur en lugar de mercado libre habrá monopolio del gobierno en la producción, distribución y consumo de la cannabis.
Todo apunta a un éxito financiero para las tiendas, los productores y el gobierno. Hay centenares de permisos en procesamiento y las acciones de las empresas norteamericanas que venden instrumentos para la producción casera han subido de manera importante. Colorado le da la vuelta a la moneda y en lugar de seguir metiendo a la cárcel a sus consumidores, pretende ahora convertirlos en ciudadanos que paguen impuestos y así contribuyan a mejorar sus escuelas.
Son los primeros pasos de un experimento que marcará la pauta a seguir dentro de los Estados Unidos e incluso el mundo. Por fin se podrá contar con información confiable sobre los efectos de un uso legal para las personas, las familias, los espacios públicos e incluso las finanzas de los gobiernos. Ahora se podrá comparar realmente el consumo de mota con el de alcohol, tabaco, cocaína y drogas sintéticas. Una primera gran pregunta es si el consumo de cannabis incrementa o substituye el de las otras drogas.
Aquí en México no podremos seguir ignorando lo que está ocurriendo en otros lados. Por lo contrario; le tenemos que dar seguimiento y decidir cómo vamos a reaccionar. Una manera posible sería también nosotros consultar a los ciudadanos mediante un referéndum.
Y ahora, el campo
Faljoritmo
Jorge Faljo
Desde hace tres décadas las reformas de fondo para el desarrollo del país apuntan más al fracaso que al éxito. Se suscribió el TLC con los Estados Unidos, y otros más con docenas de países, lo que nos llevaría de la mano al primer mundo, con gran crecimiento de la producción, el empleo y el bienestar. Cierto que con ello se fortaleció un espacio productivo moderno y competitivo; pero el costo fue la destrucción masiva de la producción y el empleo convencionales.
Para el medio rural se impulsó la transformación de la propiedad social en privada y fue destruido el conjunto de instituciones de apoyo del tipo de la CONASUPO, INMECAFÉ, TABAMEX, FERTIMEX, o BANRURAL. El resultado es un campo de extremos. De un lado el grueso de los empobrecidos, crecientemente excluidos de la comercialización y por ende de la producción. Cierto que también se fortaleció un subsector dinámico e incluso exportador. No obstante el país en su conjunto se volvió deficitario en su balanza comercial y altamente dependiente de las importaciones de alimentos básicos.
Se abandonó toda política industrial y una fuerte alianza entre gobierno y empresas impuso el deterioro continuado de los salarios y el enflaquecimiento del mercado interno. No obstante, el empobrecimiento permanente no nos hizo competitivos y grandes exportadores, aunque no faltaron loas internacionales a nuestros héroes del mercado libre.
La autonomía del Banco de México constituyó en la práctica una forma de privatización donde se le cedió al gran capital financiero nacional e internacional la conducción de nuestra política macroeconómica en detrimento de los intereses de la empresa productiva y los trabajadores. Su punto culminante fue el Fobaproa, el salvamento de los cuates y una deuda impagable.
Privatizar los ferrocarriles no mejoró el transporte del mismo modo que privatizar los bancos no expandió el crédito a la producción.
Ahora la reforma educativa y la financiera prometen mucho, aunque de momento lo que hacen es incomodar a tirios y troyanos. La reforma energética es la cereza del pastel cargada de promesas de abaratamiento de la energía, atracción de inversiones productivas, creación de empleos y bienestar. Difícil decir que sería mejor: su fracaso (que en realidad no haya petróleo submarino) nos obligaría a reorientar la estrategia económica hacia la producción, el trabajo y el fortalecimiento del mercado interno. Su éxito podría beneficiar a pocos y reforzarnos como país importador, caracterizado por el desempleo y la inequidad.
En esencia estas reformas cambiaron el rumbo que seguía el país en los primeros ochenta años del siglo pasado. De una estrategia económica nacionalista que, a pesar de sus defectos permitía crecer, crear empleos y ampliar el mercado interno, pasamos a un largo bache económico que cada reforma parece profundizar.
Ahora el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013 – 2018 nos anuncia la siguiente transformación: la reforma del campo. Las razones que plantea el documento son contundentes: el sector se encuentra estancado; la participación del PIB primario era de 16.1 por ciento en 1950 y de solo 3.4 por ciento en el 2012. Esto se traduce en pobreza y debilidad productiva.
En el 2012 se importó el 79 por ciento del consumo doméstico de arroz, 93 por ciento de oleaginosas, 58 por ciento de trigo y 82 por ciento de maíz amarillo. En paralelo más del 20 por ciento de la población rural vive en pobreza extrema; sin alimentación suficiente.
Finalmente el documento considera que la salida de la pobreza y el mejoramiento de la alimentación en países como China, la India y Brasil elevarán la demanda y el precio de los alimentos. Es decir que si no hacemos algo la situación va a empeorar.
El Programa Sectorial plantea como meta, para el 2018, producir el 75 por ciento del consumo nacional de granos básicos y oleaginosos.
El diagnóstico es correcto y la meta pertinente. No obstante los instrumentos de la política agropecuaria no parecen rebasar el marco convencional neoliberal. Propone, por ejemplo, elevar la productividad del minifundio a través de modelos de asociatividad bajo liderazgo gerencial; promover la producción nacional de fertilizantes y agroquímicos; manejo de riesgos de mercado; un nuevo extensionismo; financiamiento oportuno y competitivo. Las propuestas suenan bien excepto que el papel del estado parece limitarse a promover al sector privado sin meter las manos en la masa.
Lo que se requiere es mucho más: reconstruir el andamiaje institucional para la participación del estado en la comercialización de la producción, el abasto de insumos y la difusión tecnológica. Todo ello aterrizado en cada región con los productores.
No sería aceptable otro fracaso en un sector estratégico para la seguridad nacional.
Jorge Faljo
Desde hace tres décadas las reformas de fondo para el desarrollo del país apuntan más al fracaso que al éxito. Se suscribió el TLC con los Estados Unidos, y otros más con docenas de países, lo que nos llevaría de la mano al primer mundo, con gran crecimiento de la producción, el empleo y el bienestar. Cierto que con ello se fortaleció un espacio productivo moderno y competitivo; pero el costo fue la destrucción masiva de la producción y el empleo convencionales.
Para el medio rural se impulsó la transformación de la propiedad social en privada y fue destruido el conjunto de instituciones de apoyo del tipo de la CONASUPO, INMECAFÉ, TABAMEX, FERTIMEX, o BANRURAL. El resultado es un campo de extremos. De un lado el grueso de los empobrecidos, crecientemente excluidos de la comercialización y por ende de la producción. Cierto que también se fortaleció un subsector dinámico e incluso exportador. No obstante el país en su conjunto se volvió deficitario en su balanza comercial y altamente dependiente de las importaciones de alimentos básicos.
Se abandonó toda política industrial y una fuerte alianza entre gobierno y empresas impuso el deterioro continuado de los salarios y el enflaquecimiento del mercado interno. No obstante, el empobrecimiento permanente no nos hizo competitivos y grandes exportadores, aunque no faltaron loas internacionales a nuestros héroes del mercado libre.
La autonomía del Banco de México constituyó en la práctica una forma de privatización donde se le cedió al gran capital financiero nacional e internacional la conducción de nuestra política macroeconómica en detrimento de los intereses de la empresa productiva y los trabajadores. Su punto culminante fue el Fobaproa, el salvamento de los cuates y una deuda impagable.
Privatizar los ferrocarriles no mejoró el transporte del mismo modo que privatizar los bancos no expandió el crédito a la producción.
Ahora la reforma educativa y la financiera prometen mucho, aunque de momento lo que hacen es incomodar a tirios y troyanos. La reforma energética es la cereza del pastel cargada de promesas de abaratamiento de la energía, atracción de inversiones productivas, creación de empleos y bienestar. Difícil decir que sería mejor: su fracaso (que en realidad no haya petróleo submarino) nos obligaría a reorientar la estrategia económica hacia la producción, el trabajo y el fortalecimiento del mercado interno. Su éxito podría beneficiar a pocos y reforzarnos como país importador, caracterizado por el desempleo y la inequidad.
En esencia estas reformas cambiaron el rumbo que seguía el país en los primeros ochenta años del siglo pasado. De una estrategia económica nacionalista que, a pesar de sus defectos permitía crecer, crear empleos y ampliar el mercado interno, pasamos a un largo bache económico que cada reforma parece profundizar.
Ahora el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013 – 2018 nos anuncia la siguiente transformación: la reforma del campo. Las razones que plantea el documento son contundentes: el sector se encuentra estancado; la participación del PIB primario era de 16.1 por ciento en 1950 y de solo 3.4 por ciento en el 2012. Esto se traduce en pobreza y debilidad productiva.
En el 2012 se importó el 79 por ciento del consumo doméstico de arroz, 93 por ciento de oleaginosas, 58 por ciento de trigo y 82 por ciento de maíz amarillo. En paralelo más del 20 por ciento de la población rural vive en pobreza extrema; sin alimentación suficiente.
Finalmente el documento considera que la salida de la pobreza y el mejoramiento de la alimentación en países como China, la India y Brasil elevarán la demanda y el precio de los alimentos. Es decir que si no hacemos algo la situación va a empeorar.
El Programa Sectorial plantea como meta, para el 2018, producir el 75 por ciento del consumo nacional de granos básicos y oleaginosos.
El diagnóstico es correcto y la meta pertinente. No obstante los instrumentos de la política agropecuaria no parecen rebasar el marco convencional neoliberal. Propone, por ejemplo, elevar la productividad del minifundio a través de modelos de asociatividad bajo liderazgo gerencial; promover la producción nacional de fertilizantes y agroquímicos; manejo de riesgos de mercado; un nuevo extensionismo; financiamiento oportuno y competitivo. Las propuestas suenan bien excepto que el papel del estado parece limitarse a promover al sector privado sin meter las manos en la masa.
Lo que se requiere es mucho más: reconstruir el andamiaje institucional para la participación del estado en la comercialización de la producción, el abasto de insumos y la difusión tecnológica. Todo ello aterrizado en cada región con los productores.
No sería aceptable otro fracaso en un sector estratégico para la seguridad nacional.
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