lunes, 11 de marzo de 2019

Primera andanada

Jorge Faljo

Cuando una de las antiguas fragatas, o buque de guerra, disparaba en preparación para un combate, esa primera andanada era con balas de salva y servía para calentar sus cañones. Era también una demostración de su potencia.

El cambio de perspectiva de estable a negativa que hizo Standard & Poor´s sobre la calificación crediticia del gobierno de México, de Pemex y de otras 89 empresas constituye el mayor desafío en el horizonte de la 4T, la cuarta transformación. Tanto que obligará a una reorientación que puede darse hacia la moderación o, por el contrario, hacia la profundización del cambio.

Standard & Poor’s -S&P- es, con Fitch y Moody´s, una de las tres principales agencias calificadoras de crédito en el mundo. Prestan un servicio fundamental a los grandes capitales financieros al evaluar el riesgo que representa la inversión en países, entidades financieras o empresas y emisiones de deuda específicas.

Sus incapacidades y sesgos han sido evidentes en el pasado. Fallaron en predecir algunas catástrofes financieras de grandes corporativos o, por ejemplo, la Gran Recesión del 2008 – 2010. No obstante, siguen siendo la principal guía en materia de inversiones.

Lo más importante para un inversionista, además de cobrar un interés, es tener la seguridad de que recobrará el capital invertido. Un cambio en la calificación de riesgo modifica la disposición a prestar de los inversionistas; si la calificación baja implica que el riesgo es mayor y exigirán un mayor pago; es decir una tasa de interés más alta.

Cuando S&P coloca en perspectiva negativa al gobierno, a Pemex y a otras casi 90 entidades, no alude a problemas puntuales de cada una, sino a un riesgo que podría verse como sistémico; todos serán afectados por los mismos factores.

A todos pegará un menor ritmo de crecimiento económico que ahora se calcula entre 1.5 y 2 por ciento. La perspectiva de un menor crecimiento global y norteamericano; más el riesgo de guerras comerciales inducen al pesimismo.

En México la transición parece crear dudas que desalientan la inversión y por otro lado la política de austeridad en el gasto corriente estaría impactando el consumo de los despedidos, también de los que ganan menos y de los que se sienten en riesgo.

Un menor crecimiento afectará la captación de impuestos y reducirá el papel dinamizador de la economía del gasto público.

Si a lo anterior se suma una baja de calificación crediticia el resultado será que vamos a tener que pagar un mayor interés sobre la deuda acumulada; lo que reducirá aún más el gasto público; el social, el de inversión y el corriente (salarios).

El incremento del riesgo en el gobierno y en Pemex es también visto como riesgo para sus acreedores y para las empresas cuya existencia depende de contratos públicos. Por eso la advertencia es sistémica.

Aquí conviene hacer algunas consideraciones sobre la 4T. El eje de esta propuesta es el combate a la corrupción y sus mecanismos más evidentes: el aeropuerto faraónico, las grandes compras amañadas, los contratos leoninos, las licitaciones petroleras.

Abatir la corrupción permitiría contar con recursos para pagar el otro gran eje de la 4T: elevar las transferencias sociales a grupos vulnerables: tercera edad, mujeres, jóvenes, niños, campesinos. Al mismo tiempo permitiría realizar inversiones substanciales.

Sin embargo, está en duda que sea sencillo abatir la corrupción y que de ahí surjan vayan a surgir recursos suficientes. Tal vez por ello la insistencia en una austeridad centrada en la disminución de salarios y personal público. Sin embargo, esto impacta a la clase media y hay señales, anecdóticas aún, de que se puede traducir en trabajo a desgano.

Lo que de momento no planteó la 4T fue la alteración de los grandes ejes del modelo anterior: No se propone que el Banco de México incluya entre sus objetivos los de crecimiento y empleo, como en los Estados Unidos, o el de una paridad competitiva, como en China; se hace un compromiso virtual con la defensa del peso fuerte y la atracción de capitales; se da el espaldarazo a un nuevo tratado de libre comercio similar al anterior sin salvaguardas para el desarrollo rural o una política industrial; no habrá nuevos impuestos durante tres años.

No se podría hacer todo a la vez y hay que empezar por la demanda popular más sentida. Pero esta estrategia sufre ahora una andanada en su calificación crediticia que, de hacerse efectiva, elevará el costo del endeudamiento acumulado y dará al traste con la estrategia social y de inversión. Frente a ello solo hay dos opciones.

Una es recuperar la confianza de los grandes inversionistas mexicanos y extranjeros. Volver a confiar en el mercado como el mecanismo que nos sacará adelante con inversiones, crecimiento y, tal vez, alguito de empleo. Atender las inquietudes del sector privado, entre ellas moderar el gasto público, desalentar las huelgas y contener los salarios. Es decir, regresar al modelo de los últimos 36 años. Esto sería inaceptable para los que votaron por el cambio.

La segunda opción es avanzar más rápido en la cuarta transformación. El eje del problema es la debilidad financiera y el riesgo de insolvencia del sector público. Aquí es necesario romper la cuerda que nos atrapa por lo más delgado. Hay que solucionar esa debilidad incumpliendo una promesa; hay que elevar los impuestos sin debilitar la demanda.

México es un paraíso fiscal con una captación impositiva inferior al 17 por ciento, menos de la mitad que el promedio de los países de la OCDE. Las grandes empresas y el sector de muy altos ingreso no están aportando lo que debieran. Los ingresos de Pemex permitían no cobrar impuestos a los grandotes; pero eso ya se acabó.

Hay otras medidas salvadoras. Contamos con un gran potencial productivo disperso que ha sido inutilizado por una modernización mal entendida. Debemos crear las condiciones para reactivar estas capacidades dormidas, pero no destruidas.

Requerimos estrategias de producción alimentaria e industrial que aborden explícitamente la substitución de importaciones. Lo requiere el bienestar popular y la seguridad nacional.

La respuesta a las calificadoras es avanzar en la transformación.

lunes, 4 de marzo de 2019

¿Ayuda social?

Jorge Faljo

La globalización ha reorientado el consumo de todos, ricos y pobres, hacia la gran producción industrializada. No es un hecho “natural” y tampoco se trata de una expansión del consumo asociada a una mejora del bienestar. Es más bien una modernización con deterioro del bienestar.

El fenómeno es doble: Se abandona el consumo de lo que se produce localmente por micro y pequeñas empresas convencionales; y en contrapartida se brinca hacia el consumo generado por empresas gigantescas y distribuido por canales de comercialización que solo admiten la producción en masa, industrial o agropecuaria.

Se trata de una reorientación del consumo agresivamente dañina puesto que destruye las formas de producción locales, regionales e incluso gran parte de las nacionales. “Moderniza” el consumo al mismo tiempo que destruye a las principales generadoras de empleo. Satura el mercado laboral de buscadores de empleo y deteriora su capacidad de negociación; presiona a la reducción de salarios. Es un barniz de modernización que ha reducido el bienestar mayoritario.

Lo hemos vivido en México y ocurre en todo el mundo. Esta reorientación del consumo favorable a la gran producción se asocia a la globalización financiera. La exigencia neoliberal ha sido no tan solo abrir los mercados nacionales a las importaciones; sino abrir los países al financiamiento y la inversión externa; es decir al crédito. Se facilitó el acceso al crédito internacional y las elites locales lo aceptaron gustosas como una forma de modernización.

La entrada de dólares por endeudamiento, o por la venta país (otra forma de endeudamiento que se paga con salida de ganancias) ha sido muy exitosa en México; hemos presumido de nuestra capacidad de atraer inversión externa. Entran dólares que a final de cuentas se convierten en importaciones de bienes de consumo globales. A costa del decaimiento de la producción interna de textiles, calzado, alimentos y prácticamente todo lo demás.

Reorientamos incluso el consumo de los grupos populares a los que modernizamos y a la vez los empobrecemos en la misma jugada.

No creamos que la modernización del consumo que empobrece es solo asunto de la estrategia económica nacional. Ocurre a distintos niveles y por múltiples mecanismos. Uno de ellos es el bombardeo propagandístico en favor de los productos de las empresas globalizadas y de los grandes canales de distribución. Pero no es a esto a lo que quiero referirme en adelante.

Debe de preocuparnos la reorientación del consumo que se impulsa desde el gobierno y con el vestido de desarrollo social. No es peculiar a México, sino parte de la globalización. No necesitamos ir lejos para plantear un ejemplo.

El programa de pensión a los adultos mayores es un ejercicio de justicia social que da recursos, autoestima y dignidad ante su familia, a un sector que se encontraba muy desprotegido y vulnerable. Fue un notable acierto político que reprodujeron otras entidades; aunque la población recuerda quien fue su iniciador. Lo considero un éxito y estoy a su favor.

Pero… tiene un defectillo. Tomó una cita de internet: “Para algunos de mi edad, la tarjeta lo es todo pues están abandonados y ya no trabajan. Yo con la tarjeta de Andrés compro en WaltMart mi medicina”. Gloria, 81 años, beneficiaria del programa.

Ese programa ha reorientado parte del consumo familiar que se adquiría en los mercados populares quitándoles el ingreso, para canalizarlo en favor de los grandes centros comerciales y negocios que aceptan la tarjeta del programa. Con ello se impactó una cadena de producción y comercialización mucho más popular y generadora de empleo nacional, que el gran comercio.

La razón es sencilla; con la tarjeta bancaria en manos del viejito o viejita de la casa la familia va al gran centro comercial a realizar todo su gasto. Ni modo de comprar en un lado con tarjeta y luego regresar al viejo mercado a comprar en efectivo.

Acepto que esto es una caricatura; no puedo precisar porque no hay estudios estadísticamente adecuados. Sería interesante que los grandes centros comerciales, o el gobierno, nos dijeran que proporción del apoyo a la tercera edad se convirtió en consumo como el declarado por la señora Gloria, la de 81 años.

Y aquí llego a mi verdadera preocupación, la de hoy. Con la vista puesta en este programa urbano tan exitoso en lo social y político ahora el nuevo gobierno de López Obrador se plantea un gran incremento de las transferencias sociales en favor de mayores segmentos de población vulnerable.

Uno de ellos, por ejemplo, el de Sembrando Vida, habrá de darle cinco mil pesos mensuales a 400 mil productores campesinos. Sumados los contratos de técnicos y becarios, y si la calculadora no me falla, en un par de años se estarán inyectando ingresos en sector social rural por más de 2.5 billones de pesos al año.

De nueva cuenta manifiesto todo mi apoyo a este programa. Por su impacto en el bienestar de los directamente beneficiados y por lo que se esperaría en resultados productivos y de manejo ambiental.

Pero tiene el mismo defectillo que señalé anteriormente. El dinero se transfiere de manera moderna, en tarjetas electrónicas que solo serán redimibles en establecimientos comerciales del tipo de Elektra, u Oxxo, que serán los grandes ganadores. Una reorientación del consumo que lo alejará de la producción popular y convencional. Lo globalizará en detrimento del bienestar general; con excepción de los directamente beneficiados.

Otorgar así los recursos amenaza crear una ruptura en ejidos y comunidades. La única manera de evitar este impacto negativo, y convertirlo en positivo, es que ese beneficio se ejerza en una alta proporción en consumo de producción local y regional y así termine por favorecer a todos.

En contraposición al consumo bancarizado, globalizado y, por ende, de origen externo, hay que canalizar ese beneficio como consumo social. El procedimiento consistiría en otorgarlo en forma de vales de circulación local y redimibles en las 30 mil tiendas Diconsa. Estas ya apoyan el consumo de decenas de millones de mexicanos del campo; hay que fortalecer su potencial de apoyo a la producción del conjunto del sector que se quiere beneficiar. Y no hay mejor apoyo que la demanda.

Hacerlo requiere fortalecer esa gran cadena de distribución; ¿qué mejor y más práctico ejemplo de la firme alianza entre gobierno y actores sociales que debe guiar el nuevo rumbo?

domingo, 24 de febrero de 2019

Dinero público a los ricos

Jorge Faljo

Jeff Bezos es el hombre más rico del planeta. Sorprende el ritmo al que se ha incrementado su riqueza. En julio de 2017 su fortuna se calculaba en 90 mil millones de dólares; en marzo de 2018 llegó a los 112 mil millones y cuatro meses más tarde en 150 mil millones de dólares. Tan solo en 2018 su fortuna creció más de 64 mil millones de dólares. Es un indicador de como unos cuantos se han apoderado de prácticamente toda la nueva riqueza que se genera en el mundo.

Bezos es el dueño de Amazon, la gran empresa que empezó como vendedora de libros por internet y luego de todo tipo de mercancías. También es dueño de una empresa aeroespacial, de un periódico de gran prestigio, el Washington Post, y de otras muchas inversiones.

Una de sus empresas, Amazon Web Services, tiene grandes contratos con el gobierno norteamericano para crear y venderle, por ejemplo, el sistema más avanzado de reconocimiento facial. Se abre así la posibilidad de identificar a toda persona en cualquier espacio, incluso al simplemente circular en la calle o colocar fotos en internet. Esto ha creado revuelo en las organizaciones de derechos humanos, los empleados de Amazon, e incluso inversionistas, preocupados por el espionaje sobre las personas.

Bezos pertenece al club de los súper ricos que buscan ser vistos como grandes filántropos… pero no les gusta pagar impuestos. Como filántropo ha comprometido dos mil millones de dólares en donaciones a organizaciones que apoyan a familias sin hogar y para la educación de los niños.
Pero su empresa pago cero impuestos en 2017 sobre ganancias de 5.6 mil millones de dólares y, de nuevo cero impuestos en 2018, sobre ganancias el doble de las anteriores. Su equipo de contadores sabe aprovechar todos los resquicios de un sistema impositivo no solo favorable a los muy ricos, sino diseñado por políticos que reciben sus apoyos. Un esquema fundamentalmente corrupto y crecientemente cuestionado.

Bezos llamó mucho la atención cuando decidió ubicar el segundo gran cuartel de oficinas de Amazon en el barrio Queens de Nueva York. Se trataba de una inversión de 2 mil 500 millones de dólares que crearía 25 mil empleos bien pagados. Pero el escandalo se desató cuando se supo que Amazon recibiría incentivos fiscales por alrededor de 3 mil millones de dólares en el curso de los siguientes años. Parte del truco es que recibiría apoyos destinados a la inversión en áreas pobres.

Además, los directivos de Amazon indicaron que se opondrían, como siempre, a cualquier intento de sindicalización de su personal, de mejora salarial y/o cambios en las pesadas condiciones de trabajo en sus centros de distribución.

El plan de ubicar ese cuartel de Amazon en Nueva York provocó una fuerte reacción en contra, encabezada por Alexandria Ocasio Cortez, la más joven demócrata de la Cámara de Representantes norteamericana. Ante el escándalo Amazon canceló sus planes. Pero la controversia sigue. De un lado se encuentran los que acusan a Ocasio de impedir el progreso y ser una analfabeta en materia económica. Del otro lado los que celebran el triunfo popular contra una empresa explotadora y contra la práctica extendida de que los estados y ciudades compitan ofreciendo grandes beneficios a las empresas gigantes a cambio de sus inversiones.

Para la gente del barrio la amenaza era contundente. Tal inversión elevaría el precio de las propiedades… y de las rentas. El aburguesamiento de la zona terminaría por deteriorar a la clase media y expulsar a los pobres.

Ofrecer exenciones de impuestos y otros donativos a las súper empresas es práctica habitual. General Electric recibió 25 millones de dólares en incentivos por invertir en Boston; General Motors obtuvo 115 millones por invertir en Baltimore; a Foxconn, un gigante de la electrónica, Wisconsin le ofreció cuatro mil millones en incentivos y Donald Trump celebró su inversión como un gran triunfo.

Hay estudios que indican que las empresas no cumplen lo que ofrecen. La creación de empleos es inferior a lo prometido y las condiciones de trabajo y los sueldos no mejoran el bienestar de la población local. Incluso resulta que con tal de aprovechar los incentivos hacen inversiones mal planeadas que con frecuencia terminan mal.

México no se queda atrás. En 2016 el gobierno de Nuevo León ofreció 5,286 millones de pesos en incentivos a la empresa coreana Kia para que ubicara una planta automotriz en el estado. Solo que el siguiente gobernador dijo que era un exceso, quiso renegociar y la empresa canceló su inversión. Como colofón Ikea, fabricante de muebles también se retiró por falta de certidumbre en cuanto a los incentivos que deseaba.

En San Luis Potosí, también en 2016, el gobierno del Estado compró un terreno de 280 hectáreas para donárselo a la Ford, más los incentivos fiscales y de infraestructura habituales. Pero la empresa cambió de idea con la llegada de Trump a la presidencia norteamericana.

Este no es un recuento exhaustivo porque con frecuencia este tipo de información no se difunde.

El problema de fondo radica en una concepción del desarrollo que favorece las grandes inversiones a costa del gasto público. Es el momento, con este nuevo gobierno, de revisar si es el tipo de evolución que deseamos: la que favorece a los gigantes, la producción de exportación, con poca generación de empleo y mal pagado.

Tales incentivos, si ocurren, debieran reorientarse a la reactivación de las empresas pequeñas y medianas importantes para el consumo interno. Deben ser parte de una estrategia de autosuficiencia nacional que observe no solo la alimentación sino toda una canasta de consumo que incluya, como me decían en la primaria, techo, vestido y sustento.

lunes, 18 de febrero de 2019

Ciudadanización antisocial; o colectividad

Jorge Faljo

Allá por 2002 el gobierno de Vicente Fox realizó una reforma administrativa de gran calado pero que pasó casi inadvertida. En el primer año de su sexenio, 2001, predominó la inercia administrativa; pero al segundo se instrumentaron cambios de apariencia meramente administrativa pero cuyas consecuencias fueron radicales. Por ellos se redujo a un mínimo el dialogo con la ciudadanía y se limitó severamente la rendición de cuentas. Esa revolución burocrática fue un catálogo para la incomunicación entre pueblo y gobierno.

Para entender lo que ocurrió tenemos que recordar el momento histórico. Tras 70 años de hegemonía priista, durante todo el periodo post revolucionario, por primera vez ganó la presidencia de la república el candidato de un partido de oposición, el PAN. Un partido cuya principal propuesta electoral era luchar contra la corrupción. Un cáncer que asociaba al sistema de partido hegemónico.

Al triunfo panista siguió un adelgazamiento del gobierno. Este se tradujo en el despido de buena parte del personal operativo en particular de los programas sociales y las entidades orientadas al desarrollo rural, social y de preservación ambiental.

El nuevo personal panista acomodado en los puestos de dirigencia de las instituciones y programas desconfiaba fuertemente de su propio personal al que identificaban como priista. A esta generalización le siguió otra. El hecho de que el personal operativo de campo estuviera en contacto con organizaciones locales se definió como algo corrupto. Había que arrebatarle a ese personal operativo la posibilidad de asignar recursos a proyectos y grupos de beneficiarios.

Para quitarles esa capacidad se hizo una limpia de personal operativo y se privatizó el contacto con la población.

Los extensionistas rurales, es decir los trabajadores del gobierno que salían a campo a dar asistencia técnica in situ, fueron substituidos por “prestadores de servicios técnicos” cuyos ingresos fueron cubiertos como parte del costo de los proyectos. Pero en lugar de operar como verdaderos apoyos técnicos al servicio de los productores sus tareas se reorientaron al llenado de formularios y al papeleo burocrático. Substituyeron una burocracia diezmada. Ese cambio le permitió al gobierno foxista no solo adelgazar la burocracia sino reclasificar el gasto corriente de los salarios de empleados públicos como gasto de “inversión” en asesoría técnica.

Si recordamos, en paralelo se satanizó a las autoridades y a las organizaciones locales y regionales bajo la consideración de que todas eran corruptas. Lo que realmente se creía en la óptica panista es que todas ellas eran expresión política del priismo.

El gasto público tenía que ser “purificado” evitando toda colusión entre el personal operativo y las organizaciones locales. Se substituyó al personal operativo o se le quitó hasta la posibilidad de salir a campo negándole los recursos para ellos. Se decidió evitar todo trato con organizaciones y autoridades locales (ejidales, comunales, por ejemplo).

La última medida se tenía que expresar en positivo y para ello se recurrió al concepto de “ciudadanización” de la atención. Es decir que solo el ciudadano directamente interesado podía realizar una solicitud, trámite, petición o critica a un programa público.

Por ejemplo, en los pueblos y comunidades rurales los afectados que querían arreglar alguna irregularidad de los programas sociales, agropecuarios, ambientales o similares tenían que viajar a la capital del estado con sus propios medios.

No se aceptaba que la autoridad local (comisario ejidal, presidente de bienes comunales) o el, o la dirigente de una organización acudiera en representación de un grupo de afectados. Esto elevó el costo de plantear cualquier queja hasta hacerlo imposible. Tampoco podía tramitarse nada con intermediación de los prestadores de servicios técnicos ya que estos eran esencialmente personal privado, así estuvieran al servicio del programa más que de los propios campesinos.

La tal ciudadanización sin personal público en campo implicó darle la espalda a las demandas rurales y sociales en general negándoles las asesorías y actualizaciones técnicas, los productores tendrían que pagar por esos servicios. Al no aceptar atender demandas colectivas y dialogar con representantes colectivos se eleva también exponencialmente el costo de una buena atención a ciudadanos individuales; al grado de que simplemente no se puede hacer.

Para redondear la incomunicación el trato a la contraloría social consistió en limitar la participación a los beneficiarios y no como espacios de ejercicio del derecho de todos a exigirle transparencia y rendición de cuentas a los programas. Se siguió una estrategia de dispersión extrema, la que le permitió a Peña Nieto afirmar que se habían creado 322 mil comités de contraloría social. Ninguno de ellos con capacidad de dialogo relevante con el sector público.

La reforma foxista tuvo como objetivo debilitar a las organizaciones y liderazgos sociales y disminuir su capacidad de demanda de recursos públicos y exigencia de rendición de cuentas.

Era lo contrario a lo que en otro momento histórico representó el cardenismo de los años treinta; el esfuerzo de un gobierno revolucionario para fomentar la organización obrera y campesina; crear gobernanza local en ejidos y comunidades y sentar las bases de la cohesión social y la fuerza que impidió la desaparición de la propiedad social ante la embestida neoliberal.

Hablar de la reforma foxista viene a cuento porque dentro de la nueva administración por la que con entusiasmo votamos la mayoría de los mexicanos hay algunos que no tienen clara la opción correcta.

Destruir o ignorar a las autoridades y organizaciones del campo para dar paso a decisiones autoritarias. O, por lo contrario, aterrizar en la operación cotidiana el ofrecimiento de que este será un gobierno basado en la consulta, el dialogo, la participación y el respeto a los derechos de un pueblo que lejos de la ciudadanización individualista, manifiesta su verdadero carácter en la expresión colectiva. Al final, esperamos que así sea.

domingo, 10 de febrero de 2019

Programa Sembrando Vida; cómo mejorarlo

Jorge Faljo

El programa Sembrando Vida se inscribe en la estrategia general de rescate del campo que plantea la nueva administración. La idea es que mediante un crecimiento económico más equitativo, con justicia social, se elevará el bienestar de la población y se avanzará en pacificar el país.

El tamaño es enorme, Sembrando Vida dará 5 mil pesos mensuales a 400 mil productores agrícolas. Lo plantea como una inversión en productividad que revertirá la degradación ambiental y dinamizará la economía regional.

En lo esencial, a la producción para el consumo familiar propone añadirle el cultivo de frutales como fuente de ingresos en el mediano plazo y de maderables para generar ingresos en un plazo más largo. Es una tecnología agroforestal que ya ha probado tener efectos positivos.

Sembrando Vida se enfoca en los sectores sociales más vulnerables, víctimas de una exclusión que se tradujo en la emigración de millones, en destrozar familias y comunidades y en la pérdida de la autosuficiencia alimentaria del país.

Hasta aquí este es el tipo de programa que muchos esperábamos. Sin embargo, en el diseño normativo se han colado herencias negativas. En ellas se enfoca este artículo.

Los Lineamientos de Operación –LOP-, del programa en algún punto hablan de que se aprenderá de la sabiduría campesina. Una mera expresión de labios para afuera en realidad sus lineamientos plantean un rígido proceso de capacitación de los campesinos y de control de sus actividades.

Se integrarán grupos de 25 beneficiados en “Comunidades de Aprendizaje Campesino” –CAC-, para favorecer la capacitación por parte de los técnicos. La Secretaría del Bienestar, apoyándose en instituciones educativas, elaborará centralmente el programa de formación. Se acordarán entre técnico y campesino un plan de trabajo detallado.

Ambas, capacitación y actividades son obligatorias. No tiene sentido establecer obligaciones si no se sanciona su incumplimiento. Para vigilar el cumplimiento de los campesinos los técnicos se auxiliarán de becarios. Las sanciones van de una amonestación inicial, a la suspensión temporal del apoyo, o a la expulsión del programa. Lo que será decidido por los técnicos y el coordinador local.
Es un enfoque que contrasta con otra decisión de estos días; la suspensión del financiamiento a las instancias infantiles. En ese caso la asignación directa del apoyo a las mamás busca empoderarlas para que elijan el mejor servicio disponible, incluyendo el que podrían darles sus familiares.

En Sembrando Vida se marcha en dirección opuesta. Se paga para que los productores apliquen una tecnología definida y reciban capacitación, herramientas e insumos todo centralmente determinado, con proveedores únicos.

Sus reglas que no propician el “intercambio” parejo entre campesinos y técnicos.

La técnica agroforestal de Milpa Intercalada con Frutales se ha promocionado antes en zonas indígenas similares a las del programa. Y lo que ocurrió es que los campesinos hicieron una adopción selectiva de la tecnología y la adaptaron a sus condiciones productivas y socioculturales. Es algo natural, y lo deseable es que el programa sea flexible.

Algo que facilitaría la flexibilidad sería establecer normativamente que los campesinos calificarán y podrán, en determinadas circunstancias, deponer a sus técnicos y coordinadores. Que desde abajo se evalúe al programa y no al revés.

Quitar el diseño autoritario abriría la puerta a un aprendizaje por convencimiento. Y este requeriría de materiales de excelencia, con una estrategia de experimentación y expansión paulatina sobre la base de resultados.

Pero Sembrando Vida está diseñado para entrar a ejidos y comunidades sin un verdadero dialogo con sus representantes y organizaciones. Moverá el tapete, pero no dialogará con los afectados. Beneficiará a unos al tiempo que suscitará envidias y retribuciones del resto. Lo hemos visto en otros programas y el resultado no fue generar cohesión social ni fortalecer la gobernanza local.

Hay núcleos agrarios muy bien organizados que podrán negociar la aplicación del programa. Otros lo tendrán que acatar sin más. Y en estos últimos casos, la mayoría, el programa va a crear un polo de poder alternativo en manos de técnicos y coordinadores. A espaldas de la gobernanza local. Lejos de propiciar la democracia generará inclinaciones autoritarias en su estructura tecnocrática.

Un problema no menor es que en el sector social rural se han acumulado cambios informales en la propiedad de la tierra. Hoy en día la estructura de posesión no es igual a la de propiedad. Eso lo dan por hecho los diseñadores del programa. Pero no prevén que una parcela de 2.5 hectáreas de tierras de baja productividad ahora va a generar un ingreso de 60 mil pesos al año, con lo que se inducen transformaciones relevantes.

Será fuerte la presión para modificar los tratos informales previos. Por ejemplo, en tierras rentadas a empresarios se cambiará el trato por un mejor precio o para recuperar la posesión rentada. Sin duda se intentará introducir al programa tierras en uso rentable; así sea forzando las definiciones del programa.

Viene una dinámica que generará conflictos y para resolverlos lo mejor será recurrir al apoyo de las autoridades ejidales y comunitarias.

Cierto que hay desconfianza justificada en buena parte de las autoridades locales. La solución no es evadir el problema. Para acabar con el sindicalismo corrupto se propone democracia sindical. ¿Porque no algo similar para ejidos y comunidades? Sembrar democracia y participación ciudadana es tan valioso para el futuro del campo como el avance tecnológico.

Sembrando Vida plantea crear Comités de Contraloría Social integrados por beneficiados. Esta es la peor herencia de la vieja SEDESOL. Una contraloría acotada a los beneficiados; que son precisamente los que no van a poner en riesgo sus cinco mil pesos mensuales, o más si su terreno da para más de una parcela que se pueden ceder a la esposa, los hijos o un vecino.

La exclusión de los representantes sociales puede acompañarse de otras viejas prácticas como operar cientos de comités de poca monta y establecerlos como canales únicos para toda observación referida al programa.

Podría ser distinto. Una Contraloría Social organizada a nivel nacional para el conjunto del programa. Abierta a incluir la representación de autoridades ejidales, comunitarias y organizaciones relevantes. Una Contraloría que pueda dialogar en un plano parejo con la institución.

Integrar el dialogo, la consulta y la participación a Sembrando Vida es darle fuerza y futuro al programa bandera de esta administración.

lunes, 4 de febrero de 2019

Trump; cercado y peligroso

Jorge Faljo

A Trump le está llegando la lumbre a los aparejos en dos frentes. En lo personal por ser objeto de una investigación criminal. Y en lo político porque el partido demócrata domina ahora la cámara de representantes y hace propuestas que no les gustan a los republicanos.

Refiriéndonos al problema personal de Trump, la investigación criminal la realiza el Departamento de Justicia y la conduce Robert Mueller, un republicano que fue director del FBI. El método de investigación es muy peculiar y lo describo a mi manera.

Supongamos que se sospecha que el dueño de un restaurante hace lavado de dinero. La investigación puede empezar vigilando y descubriendo delitos tal vez menores de los meseros. Se les acusa y al mismo tiempo se hace un trato con ellos: podrán evitar cárcel o multas si proporcionar información o pistas sobre actividades delictivas del capitán de meseros y el cocinero.

A estos, el capitán de meseros y el cocinero, también se les descubre algo y se les propone inmunidad si informan sobre el administrador y el contador del restaurante. Y en la escalada también se les concede un trato muy favorable si a su vez brindan información valiosa sobre malos pasos del dueño del restaurante.

Se investiga como desgajando las capas de una cebolla hasta llegar al centro de la actividad delictiva. Con cada implicado fue posible un trato duro o suave dependiendo de su colaboración.

Ejemplo, Muller tenía pruebas en contra de un alto funcionario (Michael Flynn) y consiguió su colaboración, en parte, porque tenía pruebas de la complicidad de su hijo. Para ninguno se propuso ir a la cárcel.

El margen de negociación de los investigadores es muy amplio. Las sentencias pueden ir de días a décadas según el grado de colaboración del acusado menor. Lo que se quiere es alcanzar a los peces gordos.

La investigación de Muller ha sido exitosa; tiene en su haber docenas de acusados, múltiples admisiones de culpabilidad sin necesidad de haber llegado a juicio y la colaboración de la mayoría de ellos. En este esquema que alguien sea condenado a cárcel 15 días no revela la debilidad de las pruebas sino su aporte a las indagatorias.

Poco a poco la investigación cierra el círculo en torno a Trump, su familia y sus más allegados.

El segundo cerco es en lo político. El triunfo demócrata les permite avanzar en propuestas de fondo que inquietan a los republicanos. Entre sus propuestas se encuentra la de un sistema de salud universal. Lo que permitiría abaratar, hacer más eficientes y extender los cuidados de salud a todos sus ciudadanos.

Otra propuesta es ofrecer educación pública gratuita hasta el nivel universitario. En lugar de la proliferación de universidades patito, muy caras, que dejan a los estudiantes altamente endeudados y fuera del mercado laboral.

Es típico de los republicanos rebajar los impuestos a los más ricos. Ahora desde la trinchera demócrata surgen dos propuestas que los escaldan. Una es que los ingresos personales por arriba de los diez millones de dólares paguen un impuesto sobre la renta del 70 por ciento. En los años sesenta, los de mayor crecimiento y prosperidad compartida en los Estados Unidos, ese impuesto llegaba al 91 por ciento. Otra propuesta fiscal es gravar a las grandes riquezas, las superiores a los 50 millones de dólares, con un impuesto anual del 2 por ciento; del tres por ciento en fortunas mayores a los 100 millones de dólares.

Esos impuestos no tocarían a los ingresos inferiores a los diez millones o a las fortunas de menos de 50 millones de dólares. Así que las pocas docenas de miles de familias afectadas no verían trastocado su bienestar.

También proponen darles la ciudadanía norteamericana a los “dreamers”, aquellos que llegaron a ese país siendo niños.

Trump es un gran distractor y tiene una enorme habilidad para imponer temáticas distintas en la discusión política y en la opinión pública. De eso se trata el haber paralizado parcialmente al gobierno norteamericano y más recientemente su ataque a Venezuela.

Al paralizar parcialmente su propio gobierno dejó temporalmente sin trabajo ni sueldo a unos 400 mil empleados y obligó a trabajar temporalmente sin sueldo a algo menos de otros 400 mil. Lo que hizo fue vetar en diciembre pasado un presupuesto aprobado por unanimidad de republicanos y demócratas debido a que no incluía el dinero para un muro en la frontera sur de Estados Unidos. Si, el mismo muro que dijo que pagaría México.

A lo largo de 35 días de parálisis gubernamental parcial dejaron de cobrar sobre todo agentes de seguridad: la guardia costera y fronteriza, los revisores de equipajes en los aeropuertos, el personal del FBI, los cuidadores de parques nacionales. Las noticias de las fuertes dificultades de estos empleados públicos tuvieron sin cuidado al presidente.

Trump termino por ceder cuando un grupo pequeño pero estratégico de los obligados a trabajar sin sueldo se empezó a reportar masivamente como enfermos; fueron los controladores aéreos. Su ausencia obligó a suspender vuelos en los principales aeropuertos norteamericanos. Era evidente que el problema se agrandaría rápidamente.

Trump tuvo que recular y aceptar un presupuesto que reabrió el gobierno norteamericano hasta mediados de febrero. Se espera que en ese tiempo se negocie algo que todos acepten. Pero Trump amenaza con que volverá a cerrar el gobierno si no se incluye el dinero para el muro. Habrá que ver que hace realmente porque este señor es imprevisible.

Trump no ha conseguido el dinero para el muro. Y sin embargo conviene no perder la vista lo que si ganó. Consiguió que durante 35 días la discusión se centrara en un muro que pocos quieren y no en lo verdaderamente importante: salud, educación, impuestos y ciudadanía a los “dreamers”.

No bien se empieza a apagar alguno de los escándalos que provoca Trump cuando lanza otro. En este caso, el último, es el ataque a la yugular del gobierno venezolano.

Lo que digo es que Trump, cercado judicial y políticamente, es cada vez más peligroso; está dispuesto a acciones extremas. De momento ha disminuido substancialmente sus ataques a México porque sabe que el nuevo gobierno mexicano cuenta con un apoyo histórico de sus ciudadanos. Igual o tal vez más importante, sabe que ese apoyo se extiende a la población norteamericana de ascendencia mexicana. Y estos últimos votan. Hace que su actitud reservada es un cálculo político.

No obstante, tenemos que ser previsores y resanar nuestras principales debilidades: debemos blindarnos en alimentos y energía. Si vemos las barbas del vecino cortar…

domingo, 27 de enero de 2019

Huachicoleo y política social

Jorge Faljo

Para el combate al huachicoleo se ha retomado el control de los flujos del energético dentro de Pemex, con mejor vigilancia de ductos y pipas, con métodos de distribución alternativas, con mayor capacidad de respuesta inmediata de la fuerza pública. Además está la detección de manejos financieros irregulares, cierre y posible extinción de dominio de infraestructura asociada a la criminalidad. A esta lista no exhaustiva le falta el ingrediente principal.

En la perspectiva de la nueva administración se requiere una estrategia de desarrollo y bienestar. Al plan correspondiente ya se le ha asignado un presupuesto de 3.8 miles de millones de pesos y consiste en enfocar nueve programas sociales en beneficio de los pobladores de 91 municipios propensos al huachicoleo.

Al contrario de criminalizar a los de a pie, como se acostumbraba, para disimular el hacerse de la vista gorda con los de arriba, ahora el diagnóstico es que han sido las condiciones de pobreza y necesidad las que empujaron a estas poblaciones a las actividades ilegales.

Los apoyos planteados incluyen transferencias monetarias para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y jóvenes; también a pequeños productores agropecuarios y ejidatarios; becas de capacitación para el trabajo y para estudiantes del nivel básico al superior; créditos sin intereses para impulsar pequeños negocios. Proseguirá un censo para identificar beneficiarios y el eje de la instrumentación consistirá en entregar tarjetas que permitan transferir los apoyos de manera directa, sin intermediarios.

Lejos de ser un garbanzo de a libra la propuesta huachicolera aterriza un planteamiento central del nuevo régimen: el combate al crimen organizado requiere una estrategia de inclusión al desarrollo de la población marginada y vulnerable.

Hago dos señalamientos al respecto que lejos de ser contradictorios se complementan. Lo primero es que una nueva política social para el bienestar, el fortalecimiento del estado de derecho y el abatimiento de la violencia es lo mejor que se le puede ofrecer al país. Abrir oportunidades a la inclusión escolar y productiva de los jóvenes, apoyar a los productores, mitigar el desamparo de los más vulnerables nos permitirá construir bases para un desarrollo más equilibrado.

En una nueva política social apropiada a las nuevas orientaciones de este gobierno lo esencial será encontrarse con el pueblo, consultarlo, apelar a su sabiduría. Si de momento hay que cargar con la herencia de programas diseñados con otra visión, deben aplicarse con espíritu crítico. En los sexenios recientes los programas sociales fueron en ocasiones corruptos, en otras de baja o nula eficacia. Por lo menos en comparaciones internacionales el importante gasto social de México no tuvo ni de lejos los impactos positivos que programas similares consiguieron en otros países.

Lo que ocurrió es que los programas sociales no tuvieron real acompañamiento público y menos desde una perspectiva de conocimiento de lo social. De parte del gobierno ha ocurrido un desprecio inadmisible a las aportaciones de los sociólogos, antropólogos, politólogos o economistas con formación social. Los programas no tuvieron acompañamiento de ningún tipo. Se diseñaron para sembrar dinero como si se arrojara desde el aire y sin verdadero análisis de sus impactos.

Los pueblos, ejidos, comunidades y barrios no fueron verdaderos receptores de los programas. Lo fueron los individuos en calidad de beneficiarios pasivos. No se apoyaron, sino que se debilitaron las formas de organización, liderazgo y representación locales. Una estrategia asistencialista y debilitadora de la participación.

Tuve la oportunidad de preguntar de manera directa y en varias comunidades a mujeres beneficiadas de “Progresa – Oportunidades” cual fue el criterio para seleccionarlas. Invariablemente contestaban que no lo sabían; no podían entenderlo. Cuando yo daba la respuesta oficial correcta; que se beneficiaba a las más necesitadas, se armaba una buena discusión. No estaban de acuerdo.

El fondo del asunto es que los programas que se han presentado como sociales no son sentidos como propios de los pueblos y comunidades. Se aceptan porque a caballo regalado no se le ve el colmillo, pero no se les considera justos. En muchos casos, tal vez la mayoría, han sembrado discordias internas y han debilitado la gobernanza local. Operan a contrapelo de las autoridades y liderazgos formales e informales locales.

Lo que ha faltado es una visión de fortalecimiento de la cohesión local.

En el otro extremo he tenido la suerte de participar, con un equipo de verdaderos expertos, en la formación de facilitadores de la planeación participativa. Procesos serios e intensivos de dos semanas de duración, con una docena de grupos trabajando simultáneamente. Dia a día describían su entorno territorial, actividades económicas, grupos y formas de relación social. A partir de un diagnóstico consensado definían problemas, prioridades y estrategias de acción expresadas en el método de marco lógico.

Fue fascinante ver como el conocimiento emanaba de abajo hacia arriba, con facilitadores cuya principal virtud era saber callarse cuando el pueblo hablaba. El resultado era la alegría por lo aprendido; no mero conocimiento, sino habilidades para hablar en público, de liderazgo, de dialogo y concertación. De los grupos emanaban proyectos innovadores con estrategias de instrumentación. Una reacción al conocimiento mutuo y de su entorno; sin haber recibido dadivas, becas, apoyos. Nada, aparentemente.

Lamentablemente la mayor cohesión comunitaria y la elevación de la autoestima son invisibles para la burocracia.

Si pensamos que el pueblo es sabio debiéramos facilitarle la palabra, la generación de consensos, su autodiagnóstico, y saber escuchar sus prioridades y proyectos. Y amoldar los programas para apoyar proyectos que unan, que fortalezcan su organización y gobernanza.

Ese es el gran reto para una política que cohesione, fortalezca y escuche a las bases sociales que harán posible encaminarnos hacia la inclusión y el bienestar.