sábado, 18 de agosto de 2018

Gobernanza rural, un desastre provocado

Jorge Faljo

El uso de la palabra “gobernanza” se ha extendido por la diferencia, sutil pero importante, que tiene respecto a gobernabilidad. Gobernabilidad da a entender algo unilateral; un gobierno activo y una población pasiva en la que el buen ciudadano es esencialmente obediente. Gobernanza, en cambio, es un término más equilibrado que reconoce la necesidad de una buena interacción entre gobierno y sociedad. Se acerca más a la noción de gobernabilidad democrática.

La lista de desastres a lo largo de tres décadas es extensa: millones de migrantes y de familias desintegradas; empobrecimiento masivo; decenas de miles de muertos y desaparecidos. Y en este sexenio la violencia empeoró; llegamos a extremos de corrupción e impunidad, se perdió la tercera parte de los empleos que pagaban más de cinco salarios mínimos; se incumplió el compromiso de llegar a la seguridad alimentaria en 2018.

De este nivel de importancia y gravedad se encuentra otro desastre poco evidente: el deterioro de la gobernanza rural.

Lo que se afirma en adelante es que la manera de operar los programas de desarrollo social ha destruido las bases de lo que sería una gobernabilidad democrática en el medio rural. Lo ilustro con una experiencia personal y luego me referiré a las reglas de operación de un par de programas.

Varias veces pregunté a grupos de señoras beneficiadas por el programa Oportunidades, ahora Prospera, por qué fueron seleccionadas. No lo sabían. Cuándo yo decía lo oficialmente correcto, que se elegía a las más pobres, ellas invariablemente lo negaban. Inmediatamente me señalaban excepciones en ambos sentidos: pobres no elegidas y otras que fueron incluidas sin ser pobres.

Hay que decir Prospera es, por sus resultados en nutrición, salud y educación, un buen programa. No lo ataco.

Pero si afirmo que la comunidad no lo siente como justo, ni propio. La información y criterios locales llevaría a una selección diferente. Pero el pueblo, el ejido, las formas de representación locales, no participaron en el proceso. Cierto que beneficia, pero no empodera a sus beneficiarias que pasan a ser, en muchos casos, discriminadas por un entorno resentido. Su resultado es pérdida de cohesión y gobernanza local.

En general los programas de desarrollo social operan a contrapelo de las autoridades y la organización social rural. Esto es particularmente significativo en el caso de la propiedad social; más de 30 mil ejidos y comunidades (conocidos como núcleos agrarios) registradas detentan más de la mitad de la superficie nacional, unos 105 millones de hectáreas. Más del 80 por ciento de los bosques y selvas son propiedad social de 8,500 núcleos agrarios. Más del 60 por ciento de la superficie de las áreas naturales protegidas pertenecen a 3,359 núcleos agrarios.

Ejidos, comunidades, municipios, delegaciones y agencias municipales y, con asegunes, pueblos indígenas, son formas legalmente reconocidas de gobierno local. Tienen, en la mayoría de los casos, mayor cercanía e información relevante que los centros de decisión nacional de los programas públicos. Sin embargo, no participan en los procesos de acompañamiento, diseño, asignación de recursos, o evaluación de estos programas, que de hecho están diseñados no solo para ignorar estas instancias sino para socavarlas.

Por ejemplo, la Comisión Nacional Forestal define, para el grueso de sus apoyos, a una población objetivo en la que entran “dueños o poseedores” de terrenos forestales y “grupos participativos de interés común”. De este modo evade el trato con el dueño colectivo y no aborda un enfoque integral para el conjunto de la propiedad ejidal y comunitaria.

Si el 80 por ciento de los terrenos forestales (bosques y selvas) son ejidos, ¿por qué no mencionarlos por su nombre? ¿por qué no tratar con ellos? De esta malsana orientación derivan dos tendencias, una es a concentrar los apoyos en la propiedad privada, la segunda es a tratar con subgrupos que dentro de un ejido o comunidad se han apropiado, muchas veces de manera irregular, de una porción de la propiedad social. Esto se facilita porque el trato con la población se maneja por personas físicas y morales que “sin ser servidores públicos” están facultadas para instrumentar las reglas de operación. Es decir que en la práctica se deja en manos privadas la asignación de recursos.

La que tampoco hace malos quesos es la Secretaría de Agricultura, Sagarpa. Apoya con proyectos productivos a “grupos de productores”. Un grupo, define, es un conjunto de personas que se reúnen para lograr un objetivo común. “Organización rural” es un grupo de personas que unen esfuerzos para conseguir un fin común. Ambos se formalizan con “actas de asamblea” que son los acuerdos del grupo. Con esta palabrería abstracta crea grupos hechizos que substituyen a las entidades formales e históricas existentes y se facilita la corrupción.

Sagarpa, además, delega su operación en instancias ejecutoras que pueden ser, y de hecho son, sociedades anónimas, asociaciones civiles, institutos, y varios tipos de organismos auxiliares privados. Estas instancias a su vez subcontratan técnicos privados que son los que en campo se relacionan con la población. De este modo en la práctica desaparecen, para la Sagarpa, los ejidos y comunidades que detentan más de la mitad de la propiedad del país.

Desde la reforma neoliberal de 1992, la propiedad social fue condenada a desaparecer. Los programas sociales han sido punta de lanza del deterioro de su cohesión social mediante la creación de grupos y organizaciones hechizos que son los únicos con los que acepta operar el sector público federal, mediante intermediarios privados. De este modo se envenena la gobernabilidad rural con presiones desintegradoras y se socava su capacidad para tomar decisiones colectivas e instrumentarlas.

Se dice que en política y en las expresiones de poder no hay vacíos; estos se llenan por otros agentes. Al deteriorar las formas de gobernanza local lo que se ha hecho es abrir el espacio sociopolítico a la corrupción, la ilegalidad y la violencia.

Necesitamos darle un giro de 180 grados a la política social de manera tal que refuerce la gobernanza local de los ejidos, comunidades, población indígena, delegaciones y agencias municipales y, en general, las formas auténticas de expresión colectiva. Esto es indispensable para conseguir los propósitos de bienestar y paz rurales que encabeza AMLO.

domingo, 12 de agosto de 2018

Salarios, transferencias sociales y paridad cambiaria

Jorge Faljo

Salarios, transferencias sociales y paridad cambiaria parecen en principio tres asuntos distintos y con baja relación entre ellos. Cada uno de ellos tiene fuerte incidencia en cuanto al modelo económico nacional y al tipo de sociedad que estamos construyendo. Estos tres elementos interactúan entre sí, por lo que no es conveniente verlos como separados e independientes.

Por otra parte, además de abordarlos en conjunto, tenemos que ubicarlos en un contexto complejo que no es el de la mera inercia de nuestra historia reciente. La perspectiva es distinta; dos motores o impulsos transformadores, uno interno y otro externo, nos obligarán a instrumentar cambios substanciales, incluso a nuestro pesar y al deseo de muchos de una evolución muy suave.

Un primer impulso transformador es la reciente decisión ciudadana, expresada en los mayores comicios de la historia del país, de dirigirnos decididamente a conseguir un estado de derecho, en paz interna, que corrija los extremos de riqueza y de miseria y priorice el crecimiento económico incluyente. Lo cual requiere, además una administración eficaz. Todo ello es una gran tarea.

El segundo impulso transformador nos lo impone el mundo. Este se expresa sobre todo como importantes avances tecnológicos y de productividad que desplazarán millones de ocupaciones en los próximos años; un planeta que ha entrado en un proceso de cambio climático que, por vez primera, parece causado por un ser humano confrontado con la naturaleza; condiciones de sobreproducción, rezago de la demanda y empobrecimiento generalizado que se traducen en convulsiones sociales que cuestionan los modelos políticos y el surgimiento de guerras comerciales en substitución del tradicional libre mercado.

Hemos entrado en un proceso de transformación inevitable que me trae a la mente la visión de una pequeña embarcación en la que sus tripulantes palean para sortear los remolinos y rocas de un rio embravecido.

Tomemos como primer hilo de esta madeja el asunto de los salarios. Pretendimos convertirnos en una potencia exportadora sustentada en el pago de bajos salarios, tan bajos que pueden calificarse como de hambre. Subir el salario mínimo a 102 pesos diarios como quiere la Coparmex, y se opone el gobierno peñista, no es suficiente para cumplir el precepto constitucional de un ingreso suficiente para el bienestar de la familia.

Una de las discrepancias no resueltas en la renegociación del TLCAN es precisamente el asunto salarial en México. Estados Unidos y Canadá no aceptan que México compita con salarios muy por debajo de los que se pagan en esos países.

Aceptar pagar mayores salarios de manera selectiva, en tan solo algunas industrias de exportación reduciría el margen de competitividad. Hay que ver que Incluso pagando tan mal a los trabajadores no conseguimos ser potencia exportadora. Los déficits crónicos, comercial y de cuenta corriente lo atestiguan.

Ajustar a la baja la competitividad salarial solo haría trastabillar más un esquema que ya no funciona ni para los sectores globalizados. Mucho menos para el resto de la economía y la gran mayoría de la población. Tendremos que buscar otro mecanismo y ese solo puede ser una paridad cambiaria competitiva.

Solo hay dos maneras de competir en el exterior: salarios bajos o una paridad c cambiaria que nos obligue a comprar menos en el exterior y a entrar en una ruta de substitución de importaciones. China lo aprendió de cuando este país crecía a tasas de seis por ciento anual y más. Habrá que reaprenderlo de nuestra propia experiencia histórica.

Una paridad competitiva nos ubicaría en posibilidad de desarrollarnos dentro y fuera del marco del TLCAN y conseguir algo que muchos proponen: diversificar mercados de exportación. Pero lo más importante es que permitiría elevar salarios y colocar la demanda interna como impulso central del crecimiento económico.

Exportar como eje del crecimiento no dio para más allá de una evolución raquítica, sobre una base productiva altamente concentrada y sacrificando sectores y regiones no globalizables.

La exigencia ahora es crecer de manera generalizada y eso demanda un mercado interno en crecimiento. Pero no basta. No se trata tan solo de que todos consuman más y así abatir la inequidad y revertir el empobrecimiento de las últimas décadas. Es imprescindible que todos produzcan más, que el fortalecimiento del mercado implique demanda sobre todos los sectores y regiones.

Para empezar las transferencias sociales, que crecerán en importancia deberán ser la semilla de una administración del consumo en favor de la producción de los rezagados. La propuesta es sencilla; que las transferencias se otorguen en cupones para consumir productos locales, regionales y nacionales. Será una manera para que, desde el Estado, en su papel constitucional de rector de la economía, se organice un gran esfuerzo de inclusión productiva de los rezagados.

Mejores salarios, paridad competitiva y transferencias sociales generadoras de demanda sobre la producción no globalizable parecen ser los ejes de la transformación que ha decidido emprender la nación.

sábado, 4 de agosto de 2018

Guerra comercial en puerta

Jorge Faljo

El gobierno norteamericano, con Trump a la cabeza, se ha embarcado en una guerra comercial con los países con los cuales tiene déficits comerciales importantes. Estados Unidos le compró al resto del mundo mercancías por 2.34 billones de dólares en 2017 y le vendió 1.55 billones. Compró 795 mil millones de dólares más de lo que vendió. Para financiar el déficit tuvo que endeudarse.

Obtener ese nivel de financiamiento externo no ha sido un problema para los Estados Unidos; en el resto del mundo hay mucho interés por guardar sus ahorros en dólares. Si Ud. ahorra en un banco de hecho le está prestando dinero; si Ud. ahorra en dólares le está prestando a los Estados Unidos. Ser el país emisor de la moneda internacional en que se guarda la mayor parte de las reservas, es decir ahorros, del planeta, le proporciona mucho financiamiento muy barato.

Lo anterior favorece que los norteamericanos sean buenos consumidores de los bienes y servicios que ofrece el resto del mundo. Desde la perspectiva financiera esta situación le funcionó bien a ese país; inversionistas y consumidores obtienen crédito barato y productos importados a buen precio.

Pero… algo falló. No en la perspectiva financiera, sino en la economía real. Desde hace décadas los salarios se estancaron y fueron substituidos por crédito fácil y barato. Hasta que se llegó al límite de endeudamiento y ocurrió la Gran Recesión de 2008 – 2010 donde millones ya no pudieron pagar sus casas.

Otro factor fue que los grandes consorcios trasladaron la producción a países de bajos salarios.

Así que la población del país que pregonaba que la globalización traería prosperidad para todos, ahora enfrenta la pérdida de millones de empleos y el deterioro salarial generalizado. Las familias están endeudadas y para sostenerse tienen que trabajar dos o tres de sus integrantes en lugar de uno solo. O un jefe de familia con dos o tres empleos.

En los Estados Unidos, y en el mundo, se ha llegado al límite. Crecen los movimientos sociales y la rebeldía política en los países industrializados. En los demás países en desarrollo, apenas se soporta la inequidad, la descomposición social y la violencia creciente, de la que decenas de millones tratan de escapar.

Trump y los políticos de su estilo han logrado encausar el descontento de sus empobrecidos hacia las víctimas más vulnerables: los marginados de la economía, las minorías raciales y religiosas, los migrantes, los pobres y desempleados. Pregonan cínicamente que estos son los malos, los ineptos, los criminales; los culpables de la tragedia neoliberal.

Pero este discurso no basta y para no tocar a las elites hay que hacer otra cosa. La respuesta al problema que encabeza Trump es equilibrar la balanza comercial norteamericana abandonando el libre comercio para exigir que los demás le compren más o, mediante intervenciones en el comercio, substituir importaciones con producción interna. Su promesa es que de esa manera millones de trabajadores encontrarán empleo digno.

No lo conseguirá porque el problema de fondo es que, desde hace décadas, la nueva riqueza creada por el avance tecnológico se la quedan los ultra ricos, el uno por ciento de la población. Para empeorar la perspectiva está anunciada una revolución tecnológica que destruirá millones de empleos. Una tendencia que empeora el principal problema de la economía planetaria: el exceso de producción que no encuentra compradores.

Se empiezan a generar oleadas de destrucción de empresas sobrantes mientras que las sobrevivientes se consolidan como conglomerados gigantescos de enorme poder económico y con capacidad para comprarse decisiones políticas favorables.

Trump ha sabido, con sus desplantes, encabezar la furia de una población a la que le prometió tres cosas principales: golpear a un gobierno y un sistema político en el que no se sienten representados; poner un muro en la frontera sur repeliendo a los migrantes, y reconstruir la base industrial norteamericana atacando a todos los países que, dice, se han aprovechado de los norteamericanos.

Con esa furia respaldándolo el presidente norteamericano ataca con aranceles la producción de Canadá, Europa, Japón y, sobre todo China. Con esta última, la segunda potencia económica del planeta, Estados Unidos tuvo un déficit de 375 mil millones de dólares en 2017. Para disminuirlo les impuso aranceles a 34 mil millones de dólares de exportaciones chinas. China respondió con impuestos a una cantidad similar de productos norteamericanos que le pegan sobre todo a la base política rural (cerdo, soya) del presidente Trump.

Ahora Estados Unidos habla de un segundo round en el que impondría aranceles de 25 por ciento a 200 mil millones de dólares de mercancías chinas y podrían, dice Trump llegar a gravar el total de los 505 mil millones de dólares de importaciones chinas.

Los aranceles no son la única arma de una guerra comercial. Trump se queja de que China ha devaluado su moneda un 10 por ciento desde que entró a la presidencia; y critica a su propio banco central por elevar la tasa de interés y fortalece al dólar. Son factores que reducen la efectividad de los aranceles.

México, o más precisamente, AMLO disfruta de un corto respiro. Pero la nueva administración federal tendrá que negociar apenas llegue con un adversario sin escrúpulos que ya amenazó con “tomar otras medidas” si no consigue lo que quiere.

En su carta a Trump, López Obrador ofreció una estrategia de crecimiento que haga innecesaria la emigración. Para ello tendrá que tomar medidas no ortodoxas (precios de garantía, rectoría estatal de la economía). Queda pendiente la exigencia gringa de equilibrar el comercio.

Fue Marcelo Ebrard el que mencionó algo que era tabú para la administración de Peña Nieto: reducir el déficit comercial de México con China que en 2017 fue de 67.4 mil millones de dólares. Es decir que prácticamente todo el superávit con Estados Unidos se usa para comprarle a China. Eso es lo que no acepta el gobierno norteamericano.

Parece inevitable que México entre a una guerra comercial. Puede ser con los Estados Unidos intentando, como lo hizo Peña Nieto, que no haya cambios importantes. Solo que bastaría que Trump le ponga impuestos a la compra de automóviles hechos en México para descuadrarnos el modelo económico.

O podemos reducir las importaciones de China en una estrategia doble: en parte para comprarles más a los gringos y en parte para substituirlas con producción interna. Esto último abriría espacio a una política industrial que podría hacerse compatible con la estrategia norteamericana.

AMLO tendrá que decidir.

sábado, 28 de julio de 2018

El fracaso de la política social

Jorge Faljo

En el artículo de la semana pasada comenté que la próxima administración de SAGARPA empezaría por tirar a la basura sus actuales reglas de operación. Muy bien. Esto porque el fracaso de la política agropecuaria, además de las de reforestación, de protección ambiental y el conjunto de las políticas de desarrollo social se explican por sus malas estrategias de operación.

No siempre fueron tan malas. La actual situación se remonta a principios de este siglo cuando la entonces nueva administración panista, con una gran desconfianza de la burocracia que heredaba. Su diagnóstico implícito fue que la relación entre burocracia y organizaciones, ambas consideradas priistas y antagónicas, constituían un fuerte riesgo político. Por ello se propuso limitar los contactos directos entre el personal medio y operativo con grupos, organizaciones, ejidos, comunidades y demás.

Para ello adelgazó la burocracia, en particular los puestos de contacto directo con la sociedad, restringió los gastos de salida a campo (gasolina, viáticos y demás), colocó la asignación de recursos de desarrollo social en concursos en internet y una red de intermediarios privados que jamás se alejó de las carreteras, y creó una intrincada normatividad que impedía cualquier aplicación del criterio profesional de un mando medio en la asignación de recursos. La contraloría pasaría a vigilar el estricto cumplimiento de rituales burocráticos sin ocuparse del cumplimiento de objetivos, del desempeño y de la eficacia del gasto.

Hasta aquí el recuento de mi artículo anterior. Sin embargo, se quedaron un par de cosas en el tintero que quisiera añadir.

Una de ellas es la política de ciudadanización de la atención pública. Esta se aplicó de manera tal que solo se atendían las solicitudes, peticiones, quejas y demás planteados por el directamente afectado. Con ello se invalidó la mayoría de las formas de representación social.

Por ejemplo: Un comisario ejidal del sureste me explicó que él no podía interceder cuando algunas señoras dejaron de recibir la asignación del programa Oportunidades (más tarde Prospera) porque en la oficina correspondiente señalaban que no era el ciudadano afectado. Para este y otros trámites debían acudir, a las oficinas municipales, y las más de las veces a las ubicadas en la capital del estado. Pero resulta que en general los beneficiarios y otros interesados en los programas de desarrollo no tienen el tiempo y los recursos para los gastos de viaje, comidas y demás, y si logran presentarse en las oficinas son fácilmente manejables y se sujetan a dilación burocrática en el mejor de los casos.

De ahí que ciudadanizar fuera en realidad romper el contacto y desprestigiar a las autoridades ejidales, comunitarias y sociales.

Cierto que en las comunidades se aparecían agentes usualmente llamados técnicos que hablaban de esos programas, recogían información y llenaban formularios. Pero estos eran, y son, en realidad agentes privados con funciones limitadas, al servicio de la burocracia, pero no de transmitir las inquietudes de la gente.

Se me puede criticar diciendo que si se establecen relaciones entre las instituciones y programas y grupos organizados. Cierto. Pero son en general grupos y organizaciones a modo; creados específicamente para interactuar con un programa.

De hecho, los programas sociales generan una enorme cantidad de organizaciones. Cada programa junta 10 o 20 beneficiarios y los declara organización y es con sus integrantes, estrictamente beneficiarios directos, con los que se va a comunicar en el futuro. De este modo se brincan a las formas de representación históricas, tradicionales o de auténtica raigambre social.

Es mucho más fácil operar los programas públicos con organizaciones hechizas y a modo, que tratar con verdaderas representaciones del interés colectivo de la comunidad, el ejido, el pueblo o el grupo indígena. Además, como solo entran los beneficiarios, y estos por poco y mal que se les de algún recurso, siempre son agradecidos.

Sea a propósito o no, esta estrategia imprime en cada localidad la desorganización propia de múltiples programas que llegan sin una visión integral de los intereses de la población. Al armar grupúsculos de beneficiarios introducen en la comunidad diferencias, rivalidades, desconfianzas y envidias. Es decir que el sector público con sus programas genera activamente deterioro de la cohesión social.

Valgan dos anécdotas. En alguna comunidad después de una tormenta varias familias acudieron a reparar el tejado de una vecina, pero no de otra. El motivo es que la segunda recibía dinero del gobierno, por lo tanto, que se las arregle como pueda.

La segunda anécdota es la de una señora que en los alrededores de Cuetzalan, Puebla, comentó que ella se salió del programa Oportunidades y perdió el apoyo correspondiente. Al preguntarle el motivo me dijo, para mi sorpresa, que lo hizo porque la nombraron representante del programa en su localidad. Como no entendí me explicó que si era representante tendría que asignarles tareas a las demás, las calles, lavarle la ropa a la enfermera de la clínica, recordarles que fueran a las juntas de información y cosas por el estilo. Si hacía eso perdería a sus amigas; así que mejor renunció.

Lo cuento para señalar que las organizaciones a modo, sin raíz local y creadas por los programas, tienden a operar de manera vertical como representantes burocráticos y no como medios democráticos de participación social.

El deterioro de la cohesión social y la dispersión organizacional generada por los programas públicos en el medio rural crea las condiciones del fracaso de esos programas. Impide un verdadero dialogo con la población y evita enfoques integrales para tomar decisiones de conjunto e instrumentarlas.

¿Resultados? La reforestación es un éxito, pero avanza la desertificación. Prospera es excelente, pero 20 millones de mexicanos no acceden a una nutrición suficiente y adecuada. El gasto en desarrollo rural es fuerte pero la mitad de la población es pobre. El gasto en fomento agropecuario supera el promedio latinoamericano, pero importamos el 40 por ciento de los granos básicos. Abundan las organizaciones, pero crece la ingobernabilidad y la violencia.

La oferta social, económica y de pacificación de la próxima administración federal demanda dejar atrás esta manera de operar de los programas públicos y restablecer el dialogo, respetar los verdaderos mecanismos de participación y rendir cuentas hacia la población vulnerable de este país.

domingo, 22 de julio de 2018

A la basura la reforma administrativa prianista

Jorge Faljo

Víctor Villalobos, propuesto por AMLO para dirigir la SAGARPA, dice que empezará por tirar a la basura las actuales reglas de operación. Esto, se entiende, para crear otras nuevas.

Conviene remontarnos al origen de las actuales normas que rigen la operación, no solo de SAGARPA, sino de plano de toda la administración pública. Para saber qué rumbo tomar, debemos saber de dónde partimos.

Con el cambio de administración de principios de este siglo, panistas y personajes provenientes del sector privado llegaron con la espada desenvainada a la cúpula de cada una de las secretarías, organismos y entidades gubernamentales. Los enemigos eran… sus empleados; su personal medio y operativo al que, velada o abiertamente, acusaban de priistas y corruptos. Los nuevos jefazos no confiaban en su propia estructura burocrática pero tampoco podían simplemente echarla a la calle. Así que había que controlarla.

Es desde esta situación que se instrumenta, a la chita callando, de manera sigilosa y disimulada, una profunda reforma administrativa cuya expresión más dura se dio en las entidades y programas de mayor contacto ciudadano.

¿Cuál fue el sentido de la reforma administrativa foxista? En primer lugar el adelgazamiento del Estado, la centralización de la asignación de recursos por concurso y el cambio normativo sin consulta.

Lo primero fue disminuir al personal. Mediante campañas de “retiro voluntario” se promovieron las renuncias y las vacantes desaparecían, en lugar de recontratar personal. Este esquema levantó protestas de las entidades porque todo dependía de los que decidían renunciar. Lo que llevo a la creación errática y aleatoria de “agujeros” en las estructuras administrativas. Esencialmente se debilitó a la operación institucional. Lo cual en el fondo era coherente con la filosofía de reducir y debilitar al Estado.

En otros casos la reducción de personal llevó a la desaparición completa de áreas y tipos de personal. Por ejemplo, los promotores de programas de desarrollo rural, social y ambiental; es decir los de contacto directo con la población. El extensionismo rural, apoyar con personal en campo el mejoramiento tecnológico y el acceso a servicios, se redujo significativamente.

Uno de los objetivos de la reforma foxista fue impedir que el personal operativo y medio, de contacto directo con grupos, comunidades y organizaciones de la población pudiera determinar el destino de los recursos. Toda forma de organización era vista como priista y todo contacto con ellas era sospechoso de una especie de colusión política o de corrupción.

No diré que se trataba de percepciones totalmente infundadas. Pero sí que el esfuerzo de cortar la comunicación, y la asignación de apoyos y recursos por parte del personal operativo en contacto con grupos sociales, se tradujo en creciente incomunicación. Se tiró al niño junto con el agua de la bañera.

Lo más evidente fue la centralización de la asignación de recursos en los programas de fomento agropecuario, reforestación, ambientales y de desarrollo social. Se pasó a las convocatorias por internet para que las comunidades, grupos y organizaciones presentaran solicitudes y proyectos que serían analizados centralmente. Una estrategia “de poltrona” asociada a minimizar las salidas de campo y los encuentros de personal público con los grupos interesados.

El efecto ha sido hasta la fecha de doble detrimento del dialogo entre gobierno y ciudadanía. Por una parte el personal medio y operativo regional ya no incide en el destino de los recursos a pesar de con frecuencia cuenta con información más relevante que la incluida en los formatos de solicitudes y proyectos.

Pero lo peor ha sido el impacto organizacional. El esquema asegura la generación y recepción de muchos más proyectos y solicitudes de los que busca apoyar. Se arma un concurso para elegir a los “mejores”. La gran mayoría de los proyectos serán rechazados, por diseño institucional. Todos implicaron esfuerzos de organización, costos de diseño y tramitación, y liderazgos comprometidos que, ante el fracaso se desprestigian.

En esta óptica la idea de que un burócrata medio, ubicado en la región y en contacto con la población objetivo de los programas pueda aplicar su criterio en la asignación de recursos es tabú. El concepto mismo se ha convertido en mala palabra; se le llama discrecionalidad y ahora es casi sinónimo de corrupción.

La consigna del cambio fue que la creación de reglas era responsabilidad central y la operación se descentralizaba. Nuevas normas generadas sin consulta alguna con el personal operativo porque su finalidad era controlarlo. El tramite más sencillo se convirtió en una pesadilla.

Los organismos de contraloría de las instituciones se orientaron a la verificación estricta del cumplimiento de cada uno de los pasos establecidos en la nueva y compleja normatividad; sin mayor interés en los impactos socioeconómicos.

Estas orientaciones se han mantenido en lo fundamental a lo largo de tres sexenios de gobiernos prianistas y se tradujeron en un mínimo contacto con la población. Por eso la afirmación de Villalobos parece un buen primer paso.

domingo, 15 de julio de 2018

Precios de garantía; lo que ofreció AMLO

Jorge Faljo

En febrero pasado 26 agricultores fueron detenidos en una caseta de peaje de Chihuahua por intentar vender su producción de frijol a los automovilistas. En ese mismo estado un grupo de productores de leche bloquearon durante varios días las vías del ferrocarril de Delicias para demandar que Liconsa les compre a 8 pesos el litro. Los productores de frijol piden que el gobierno les compre su producción a 17 pesos el kilo. Y los maiceros se quejan de que los intermediarios les ofrecen apenas tres mil pesos por tonelada.

Los tres grupos, productores de frijol, maíz y leche, dicen que el pago que reciben no cubre sus costos de producción. También señalan que las importaciones los dañan. O sea que están ahorcados.

Miguel Ángel Colunga, presidente del Sistema Producto Frijol y líder del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, señaló el pasado mes de marzo que el TLCAN ha desmantelado la capacidad productiva del campo. Beneficia a los exportadores de aguacate y tomate, pero perjudica a los productores de granos y semillas.

En el otro extremo del país, Ariosto Ramírez Gómez, presidente de la Unión de Ejidos del municipio de Villaflores, Chiapas, señaló que además de frenar la importación de maíz, este sector requiere establecer un precio de garantía. Quieren un precio justo y estable, y que las autoridades no permitan la entrada de grano de otro lado hasta que se consuma lo que ellos producen.

No es de extrañar entonces que, en abril pasado, en su gira proselitista un grupo de productores de frijol del norte de Nayarit le solicitaron a Andrés Manuel López Obrador detenerse en la carretera entre Tepic y Mazatlán para exponerle su situación. Aseguraron que solo les pagan ocho pesos por kilo del frijol que producen, el que llega al consumidor final hasta a 40 pesos.

En ese encuentro el ahora futuro presidente de México se comprometió a rescatar al campo y señaló que hoy en día “los productores tienen que vender barato todo lo que producen y comprar caro todo lo que necesitan”. Por ello, dijo, se van a fijar precios de garantía que lleguen directamente a los productores y se va a lograr la autosuficiencia en maíz y frijol.

Ahora este compromiso de López Obrador es un campo de batalla ideológica y política. Por un lado, los productores piden estabilidad y la seguridad de un precio mínimo para una producción plagada de incertidumbres naturales. Pero además enfrentan estructuras de intermediación y comercialización poderosas ante las que tienen poca capacidad de negociación.

Lo que ofreció el entonces candidato se enmarca en este contexto preciso y en la función histórica de los precios de garantía. Su objetivo ha sido el de regular y acotar el margen de intermediación para elevar la parte que recibe el productor.

Ejemplifiquemos dando por ciertos los datos de los productores de Nayarit. Si ellos tienen que vender a 8 pesos el kilo un producto que puede alcanzar los, digamos, 32 a 40 pesos, quiere decir que reciben entre el 20 y el 25 por ciento del precio al consumidor. Entre tanto los intermediarios y el valor añadido (limpieza, transporte, empaque) se quedan con el 75 a 80 por ciento.

El problema es que este reparto no depende de un “cálculo justiciero” en términos de esfuerzo de cada parte. Tiene que ver más bien con una correlación de fuerzas en las que un lado tiene los medios de transporte, los centros de acopio, el acceso a las cadenas y puntos de comercialización. En muchos casos, sobre todo en zonas campesinas, los intermediarios son también dueños de las tiendas locales, pueden facilitar créditos a la palabra en situaciones de emergencia y dominan el poder político local.

Si el gobierno interviene, como piden los productores, para comprar a 17 pesos el kilo, lo que hace en la práctica es ofrecer un canal de comercialización adicional que obliga a los compradores a ofrecer un precio similar. Entonces en lugar de pagar 8 pesos el kilo tendrá que pagar los mismos 17, o tal vez 16 o 15, si ofrece un mejor servicio que el del gobierno, por ejemplo, ir a orilla de la parcela. En ese caso el productor en lugar del 25 por ciento del precio al consumidor podría recibir, digamos, el 50 por ciento.

Establecer un precio de garantía no significa que el gobierno compra toda la producción. Conasupo tenía una participación histórica de tan solo un 10 por ciento de la comercialización del trigo; pero con esa intervención lograba el objetivo de que los molineros del norte dieran un mejor pago a los productores.

Pero el grado de intervención necesario depende del tipo de productor, el producto y la región. En el caso de los productores más pequeños, campesinos, la presencia del programa público tiene que ser más cercana, con puntos de acopio más cercanos y disposición a comprar en cantidades menores. Conasupo llegó a comprar por sacos de maíz, es decir kilos y no toneladas.

Elevar el nivel de vida rural, acabar con la emigración forzada, elevar la producción interna y conseguir la autosuficiencia alimentaria, requiere que los productores agropecuarios eleven su capacidad de negociación y la parte que reciben del precio al consumidor. Para ello lo ideal sería la configuración de asociaciones de productores con capacidades de acopio y distribución para conseguir mejores precios en la venta y en la compra. Tal es el esquema de organización en otros países.

En México se requiere partir de la intervención reguladora del Estado, aliada a los productores, para procurar que sus ventas cubran costos, una mejora del nivel de vida y un margen de rentabilidad que permita invertir en el avance tecnológico y la mejora de la productividad.

Solo con un campo fortalecido podremos abatir las carencias alimentarias de 20 millones de mexicanos, evitar la emigración forzada y la destrucción de las familias. También implica que, en un mundo complejo, sujeto a imprevistos, en el que la globalización es substituida por guerras comerciales, México cuente con un abasto seguro pagadero en moneda nacional y no en dólares.

Es un asunto que toca temas de seguridad nacional, de ejercicio real del derecho humano a la alimentación, de fortalecimiento del mercado interno, de cohesión familiar y social, e incluso de abatimiento

sábado, 7 de julio de 2018

Riesgos de la estabilidad

Riesgos de la estabilidad

Jorge Faljo

En el último número de su publicación La Voz de la Industria, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, A. C. –IDIC-, afirma, “El marco institucional no cuenta con los pilares del crecimiento económico, predominan los de la estabilización.”

Desde esta reflexión empresarial el objetivo del momento debe ser acelerar rápidamente el crecimiento económico asociado al fortalecimiento del mercado interno. Suponen que pasando “de la obsesión por la estabilidad a la obsesión por el crecimiento” podrá superarse el estancamiento de las últimas décadas.

En nombre de la estabilidad y de combatir la inflación, el Banco de México se ha colocado continuamente en contra de las elevaciones salariales. El continuo rezago de los salarios respecto a los otros precios empobreció a los trabajadores y generó una profunda inequidad. Asunto que en la perspectiva de López Obrador se asocia directamente a la criminalidad y violencia que tanto nos hieren.

Solo a otro sector social le fue peor que a los trabajadores; y fue a los campesinos. El abandono de la promoción del desarrollo rural, y la destrucción del entramado institucional de asistencia para la producción y comercialización, también se vio dañado por una política de atracción de capitales, venta de empresas y endeudamiento, que fueron las verdaderas causas de la inflación. La entrada de dólares fáciles abarató la compra de granos, y de otros alimentos, en el exterior, despojando al sector campesino de su razón de ser y empujándolo a emigrar.

Millones de mexicanos, verdaderos refugiados económicos en los Estados Unidos, pasaron, muy a su pesar, a apoyar doblemente la continuidad del modelo que los obligó a emigrar. Por un lado, sus remesas abaratan el dólar y favorecen las importaciones de alimentos; además constituyen un enorme apoyo al consumo de millones de sus familiares en México. Sin embargo, a pesar de ese dinero, imperó la destrucción de la unidad familiar, se deterioró la producción y se debilitaron las estructuras de gobierno y la cohesión social local. Todo lo cual contribuyó a romper la transmisión de valores a millones de niños y adolescentes dejados atrás.

La llegada de López Obrador a la presidencia de la República ha sido calificada de tsunami; una ola arrolladora que va más allá de pedir el cambio de personajes políticos para exigir mejoras tangibles en salarios, empleo digno, producir y vivir bien en el campo. Se pide un sector público eficaz en la promoción del crecimiento y con servicios verdaderamente amigables y eficientes sobre todo en salud, educación, acceso al agua potable, transporte y demás.

Lo que ha ocurrido en el espacio político es un triunfo popular que la mayoría celebra. Pero podría pensarse que solo redefine, para bien, la arena de la contienda económica que se avecina. Porque la transformación real no se conseguirá sin presión social y sobresaltos económicos. Para cambiar hay que cimbrar lo existente. Y cimbrar es lo contrario a estabilizar.

La nueva administración que se avecina ofrece, por ejemplo, que los mexicanos ya no tendrán necesidad de emigrar y que habrá precios de garantía para la producción de granos. Lo que está implícito es que los nuevos precios permitirán que los campesinos produzcan y vivan mejor. Eso no se logra sin subir el costo urbano de los alimentos. Lo que tendrá que ser compensado con mejores salarios que cubran el costo superior de los alimentos más el de una real mejoría en sus niveles de vida.

Muy lejos estamos de los ingresos reales de 1976 - 1980; para eso habría que multiplicar por cuatro el salario mínimo. No ocurrirá de la noche a la mañana. Pero recuperar ingresos urbanos y campesinos, debe ser el objetivo.

Sin embargo, no se puede elevar el consumo de la mayoría si esto repercute en incremento de las importaciones. Únicamente es posible si se cumple otra promesa; la de producir más de lo que consumimos. Lo que apunta a la conveniencia de contar con una paridad competitiva de la moneda, una en donde el dólar sea más caro para gastar más en lo nuestro. Solo es posible competir en el comercio internacional mediante una moneda competitiva, o salarios de hambre. Una moneda competitiva es la mejor vía para la elevación de ingresos de los trabajadores, asegurando que su consumo provenga del interior. Eso cimbra el modelo.

Reorientar el gasto gubernamental hacia la reconstrucción de la infraestructura de acopio que debe acompañar los precios de garantía, más hospitales y escuelas dignas, agua potable accesible para todos, capacitación técnica de la juventud son las nuevas prioridades que obligan al abandono de las obras faraónicas sobre preciadas. Y eso cimbra el modelo.

Entre los que se suman a la celebración del cambio están los que desde el dominio de los medios de comunicación lo hacen con exigencias que parecen inocentes, pero son definitorias. Se exige que se mantenga la estrategia de atracción de capitales y un peso fuerte.

Ya los medios califican a la futura administración según el comportamiento de la bolsa de valores. Con esa vara resulta que no habría mejor calificación que la que se obtiene vendiendo empresas al exterior, atrayendo capital volátil y endeudándonos en dólares.

La victoria del cambio de rumbo es hasta este momento solo política; ya están puestas sobre la mesa las exigencias de estabilidad de las elites; con más estancamiento e inequidad, lo que de manera contundente se rechazó el pasado 1 de julio.

La nueva administración debe evadir esa trampa, sobre todo cuando la inestabilidad acecha desde afuera, en particular desde los Estados Unidos. Se acaban los tiempos del gran crecimiento del comercio internacional y sobrevienen los de las guerras comerciales; se acaba el financiamiento muy barato y acecha la reversión de flujos de capitales.

Las fuerzas externas cimbran el modelo, el hartazgo de la mayoría también.

No se trata de ningún modo de proponer la inestabilidad como positiva en sí misma. Pero es hasta cierto punto inevitable si se va a cambiar el modelo económico.