Faljoritmo
Jorge Faljo
La relación entre el nivel de ingreso, el bienestar a lo largo de la vida y el tiempo que se puede vivir se ha modificado de manera substancial en el último siglo. La mayor parte de la población vive ahora mejor de lo que se vivía hace un siglo. Hoy hay mayor acceso a agua potable; la urbanización ha generalizado el alcantarillado y un mejor manejo de desechos; hay nuevas vacunas, antibióticos y atención básica en salud que nos protegen de enfermedades. Ha mejorado la alimentación de la mayoría.
Un bebé nacido en 2014 tiene la expectativa de una vida bastante más larga que si hubiera nacido en 1914. Esto en base a factores que influyen en la vida de todos. Además existen elementos solo al alcance de minorías que favorecen un estilo de vida más saludable, cuidados de salud sofisticados y otras ventajas. Así que aunque la mejora en bienestar y vida es general no es pareja. En adelante me referiré a datos norteamericanos para ilustrar este asunto.
En los últimos treinta y cinco años la población que alcanza los 65 años de edad ha elevado su expectativa de vida en seis años si se ubica dentro de la mitad de la población de mayor ingreso y tan solo en 1.3 años si es parte de la mitad de menos ingreso. Todos han elevado su expectativa de vida pero la tendencia es clara; los que están en mejor situación económica la están elevando mucho más rápido que los demás.
Es un asunto de creciente interés dentro de los Estados Unidos. Universidades, investigadores, gobiernos locales y hacedores de política se interesan en estudiar con mayor precisión este tema y en reflexionar sobre sus consecuencias para las políticas y programas públicos.
Una investigación reciente compara la situación de dos condados norteamericanos (similares a municipios). Fairfax, con un ingreso medio por hogar de 107 mil dólares anuales, entre los más altos de los Estados Unidos, tiene un alto nivel de empleo y educación y buena parte de la población trabaja para empresas de alta tecnología que son contratistas del ejército norteamericano.
McDowell es otro condado, entre los más pobres y con apenas la quinta parte del ingreso por hogar. Carece de industria y el declive de la producción de minas de carbón ha llevado a mucha gente al desempleo. Paradójicamente también vive del gasto público; solo que en este caso de las ayudas al desempleo, a la nutrición y a la vejez.
En el condado rico abundan los doctores, hospitales, supermercados, restaurantes, tiendas de frutas y verduras, centros de cuidados para adultos mayores, escuelas del más alto nivel, espacios deportivos y recreativos públicos y servicios gubernamentales de excelencia. La población vive con altos niveles de seguridad pública, económica y confianza en el futuro.
En el condado pobre hay carencias de todo tipo; la infraestructura es mala y el transporte público casi inexistente. La principal fuente de nutrición son las cadenas de comida rápida y la obesidad es endémica. Además los problemas de diabetes, tabaquismo, corazón o riñones son más altos. Cerca de la mitad de la población muere antes de los cincuenta años. A ello contribuye una situación de stress continuado en que vive su población.
Hoy en día los hombres de Fairfax tienen una expectativa de vida de 82 años y las mujeres de 85. Para los hombres de MacDowell la expectativa es de 64 años y para las mujeres de 73. Cifras que son uno y dos años menos, respectivamente, que en 1990. Es decir que mientras los primeros elevaron su rango de vida los segundos podrían haberlo disminuido. No se puede afirmar con seguridad debido a que muchos han emigrado y esto podría alterar los resultados si, por ejemplo, los que se fueron eran los más sanos.
Existen otros estudios que comparan nivel de ingreso y longevidad en grandes ciudades norteamericanas. Son más precisos en tanto que comparan áreas más delimitadas, en este caso zonas postales. Resulta que en estas grandes ciudades las diferencias de longevidad entre las zonas postales más ricas y las más pobres pueden ser de 18, 24, 30 o incluso 33 años.
Aunque no se cuenta todavía con la precisión deseable los indicios son contundentes. La población más rica ha mejorado notablemente su expectativa de vida en los últimos 30 años mientras que los más pobres la han mejorado poco. La diferencia es notable. Los más pobres viven no solo con menos bienestar, sino entre 15 y 25 años menos que los más ricos.
Estamos hablando de una perspectiva de la inequidad socioeconómica que debe ser considerada en el diseño de políticas públicas. Sería el colmo elevar la edad de retiro o posponer el derecho a alguna modesta pensión debido a que las cifras generales indican que vivimos y podemos trabajar hasta una mayor edad. Es tanto como pedir que los pobres trabajen más años debido a que los ricos viven más tiempo.
Hoy en día los más pobres tienen suerte si logran trabajar hasta morir a los 65 o 70 años. Mientras que los más ricos pueden disfrutar un par de décadas de retiro en buenas condiciones. La desigualdad es canija.
lunes, 31 de marzo de 2014
domingo, 23 de marzo de 2014
Desempleo: el miedo de todos
Jorge Faljo
El último informe emitido por la Organización Internacional del Trabajo –OIT, se titula “¿Recuperación sin empleos?”. Su mensaje es que existe una débil recuperación económica después de la gran recesión iniciada en el 2008 pero que esta no se traduce en creación de empleos y más que algo pasajero parece una tendencia permanente. En 2013 se alcanzó la cifra de 202 millones de personas en busca de trabajo sin poder encontrarlo. Otros 23 millones no se consideraron desempleados porque, desalentados, dejaron de buscar empleo.
Centenares de millones de trabajadores no ganan lo suficiente para satisfacer mínimos de bienestar. Cerca de 839 millones de trabajadores tuvieron que sobrevivir con menos de dos dólares al día en 2013 y otros 375 millones con menos de 1.25 dólares al día.
Christine Lagarde, Directora General del Fondo Monetario Internacional, señaló que Europa emerge lentamente de una profunda recesión. Pero 20 millones de europeos siguen desempleados y la mitad de ellos tienen más de un año en esa situación. Los más vulnerables son los jóvenes.
Janet Yellen, la presidenta del sistema de la reserva federal norteamericana, anunció que la política monetaria de bajas tasas de interés –cercanas a cero- continuará incluso después de que el desempleo norteamericano se reduzca al 6.5 por ciento. Esto se debe a que el desempleo norteamericano se reduce debido a que muchos dejan de buscar empleo y otros tienen empleos de tiempo parcial que no les satisfacen. Es decir que en el fondo no hay una real mejoría.
Estas fuentes comparten elementos de diagnóstico: El crecimiento económico, de por si bajo, no está generando empleos suficientes y adecuado. La razón de fondo es la insuficiencia de la demanda. No se crece más rápido porque la capacidad de compra está estancada o en deterioro.
Nos encontramos, en el planeta entero, en un círculo vicioso. Crece el desempleo y con ello el deterioro de las condiciones laborales y del ingreso. Esto a su vez implica poca capacidad de demanda, debilitamiento del mercado interno y dificultades para que las empresas coloquen su producción en el mercado. Lo que hace quebrar a las empresas que mayor empleo generan, agravando la situación.
Para la OIT, Lagarde y Yellen no habrá real recuperación en tanto que no se consiga reintegrar a los desempleados al trabajo formal, por lo menos al nivel existente antes del 2008. Tal objetivo requiere considerar la generación de empleos como un eje del diseño de las políticas macroeconómicas.
México no se encuentra fuera de este agujero negro. El mercado interno se encuentra deprimido. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística reporta una caída de 0.3 por ciento de las ventas al por menor en enero de este año comparado con el año anterior. Por su parte la asociación de tiendas departamentales reportó una caída de un 1.7 por ciento de sus ventas en enero. Los datos indican una reducción del consumo de la mayor parte de la población.
Nuestro sector privado le apuesta a demandar mayor rapidez en el desembolso del gasto público y el gobierno parece haber aprendido la lección. El presidente Peña Nieto le ha indicado a todas las dependencias públicas que aceleren el desembolso. Pero ¿es esa toda la respuesta posible? ¿Es suficiente?
La actual administración ha reconocido, en boca del secretario de Hacienda, Videgaray, que llevamos tres décadas de crecimiento insuficiente, inaceptable. Ya es hora de cuestionar aspectos de la estrategia económica de ese periodo que parecen permanecer por inercia más que racionalidad.
Para empezar es urgente revertir el proceso de empobrecimiento de la masa de trabajadores. Hay que empezar a elevar el ingreso real de la mayoría de manera substancial y sostenida. He dicho antes que si eleváramos el salario mínimo real en 12 por ciento anual tardaríamos quince años en llegar al nivel de ingreso real que existía en 1978. Es una meta realista.
Urge elevar el nivel de ingreso de la población, pero ello no es viable si se traduce en demanda de productos importados. Por lo contrario, debe hacerse en paralelo a la reactivación de las múltiples capacidades productivas que existen en el medio rural y manufacturero, de manera tal que el fortalecimiento del mercado interno se traduzca en fortalecimiento de la producción y viceversa.
Adicionalmente habría que combatir la intermediación excesiva y la ganancia monopólica. Para ello se requieren mecanismos legales e incluso intervenciones directas del estado o apoyos a las organizaciones de productores para participar y o crear nuevos canales de comercialización.
Un tercer eje estaría en la reactivación de capacidades productivas convencionales, medianas y pequeñas, como proveedores de los actuales programas de atención social a población vulnerable, pobres, tercera edad y otros. Lo que no implica ampliación del gasto sino su reorientación para que la demanda que genere el estado sea detonador de la reactivación productiva del sector social.
Debemos plantearnos una redistribución del ingreso que no reduzca el consumo de nadie (ni de los más ricos) pero que si transfiera recursos que hoy en día no se traducen en consumo o en inversión creadora de empleos para generar demanda. Un fortalecimiento de la demanda que se conecte a producción interna como eje generador de un empleo que incremente la equidad y, sobre todo, la paz y seguridad en nuestra sociedad.
El último informe emitido por la Organización Internacional del Trabajo –OIT, se titula “¿Recuperación sin empleos?”. Su mensaje es que existe una débil recuperación económica después de la gran recesión iniciada en el 2008 pero que esta no se traduce en creación de empleos y más que algo pasajero parece una tendencia permanente. En 2013 se alcanzó la cifra de 202 millones de personas en busca de trabajo sin poder encontrarlo. Otros 23 millones no se consideraron desempleados porque, desalentados, dejaron de buscar empleo.
Centenares de millones de trabajadores no ganan lo suficiente para satisfacer mínimos de bienestar. Cerca de 839 millones de trabajadores tuvieron que sobrevivir con menos de dos dólares al día en 2013 y otros 375 millones con menos de 1.25 dólares al día.
Christine Lagarde, Directora General del Fondo Monetario Internacional, señaló que Europa emerge lentamente de una profunda recesión. Pero 20 millones de europeos siguen desempleados y la mitad de ellos tienen más de un año en esa situación. Los más vulnerables son los jóvenes.
Janet Yellen, la presidenta del sistema de la reserva federal norteamericana, anunció que la política monetaria de bajas tasas de interés –cercanas a cero- continuará incluso después de que el desempleo norteamericano se reduzca al 6.5 por ciento. Esto se debe a que el desempleo norteamericano se reduce debido a que muchos dejan de buscar empleo y otros tienen empleos de tiempo parcial que no les satisfacen. Es decir que en el fondo no hay una real mejoría.
Estas fuentes comparten elementos de diagnóstico: El crecimiento económico, de por si bajo, no está generando empleos suficientes y adecuado. La razón de fondo es la insuficiencia de la demanda. No se crece más rápido porque la capacidad de compra está estancada o en deterioro.
Nos encontramos, en el planeta entero, en un círculo vicioso. Crece el desempleo y con ello el deterioro de las condiciones laborales y del ingreso. Esto a su vez implica poca capacidad de demanda, debilitamiento del mercado interno y dificultades para que las empresas coloquen su producción en el mercado. Lo que hace quebrar a las empresas que mayor empleo generan, agravando la situación.
Para la OIT, Lagarde y Yellen no habrá real recuperación en tanto que no se consiga reintegrar a los desempleados al trabajo formal, por lo menos al nivel existente antes del 2008. Tal objetivo requiere considerar la generación de empleos como un eje del diseño de las políticas macroeconómicas.
México no se encuentra fuera de este agujero negro. El mercado interno se encuentra deprimido. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística reporta una caída de 0.3 por ciento de las ventas al por menor en enero de este año comparado con el año anterior. Por su parte la asociación de tiendas departamentales reportó una caída de un 1.7 por ciento de sus ventas en enero. Los datos indican una reducción del consumo de la mayor parte de la población.
Nuestro sector privado le apuesta a demandar mayor rapidez en el desembolso del gasto público y el gobierno parece haber aprendido la lección. El presidente Peña Nieto le ha indicado a todas las dependencias públicas que aceleren el desembolso. Pero ¿es esa toda la respuesta posible? ¿Es suficiente?
La actual administración ha reconocido, en boca del secretario de Hacienda, Videgaray, que llevamos tres décadas de crecimiento insuficiente, inaceptable. Ya es hora de cuestionar aspectos de la estrategia económica de ese periodo que parecen permanecer por inercia más que racionalidad.
Para empezar es urgente revertir el proceso de empobrecimiento de la masa de trabajadores. Hay que empezar a elevar el ingreso real de la mayoría de manera substancial y sostenida. He dicho antes que si eleváramos el salario mínimo real en 12 por ciento anual tardaríamos quince años en llegar al nivel de ingreso real que existía en 1978. Es una meta realista.
Urge elevar el nivel de ingreso de la población, pero ello no es viable si se traduce en demanda de productos importados. Por lo contrario, debe hacerse en paralelo a la reactivación de las múltiples capacidades productivas que existen en el medio rural y manufacturero, de manera tal que el fortalecimiento del mercado interno se traduzca en fortalecimiento de la producción y viceversa.
Adicionalmente habría que combatir la intermediación excesiva y la ganancia monopólica. Para ello se requieren mecanismos legales e incluso intervenciones directas del estado o apoyos a las organizaciones de productores para participar y o crear nuevos canales de comercialización.
Un tercer eje estaría en la reactivación de capacidades productivas convencionales, medianas y pequeñas, como proveedores de los actuales programas de atención social a población vulnerable, pobres, tercera edad y otros. Lo que no implica ampliación del gasto sino su reorientación para que la demanda que genere el estado sea detonador de la reactivación productiva del sector social.
Debemos plantearnos una redistribución del ingreso que no reduzca el consumo de nadie (ni de los más ricos) pero que si transfiera recursos que hoy en día no se traducen en consumo o en inversión creadora de empleos para generar demanda. Un fortalecimiento de la demanda que se conecte a producción interna como eje generador de un empleo que incremente la equidad y, sobre todo, la paz y seguridad en nuestra sociedad.
jueves, 20 de marzo de 2014
Crimea
Jorge Faljo
La anexión de la península de Crimea a Rusia es motivo de un severo conflicto diplomático entre los Estados Unidos y Europa de un lado y la federación rusa del otro. Amenaza el retorno de la guerra fría que por décadas asoló al planeta en un conflicto soterrado, plagado de presiones mutuas y siempre con el fantasma de una escalada de violencia que desde entonces, y más ahora, sería suicida.
Crimea es una península ubicada en el norte del mar negro y ocupa una posición estratégica para el acceso ruso no solo a este mar y al mediterráneo. Su historia es la de una zona fronteriza que ha sido el botín de los grupos que la rodeaban. En ella se ubicaron enclaves griegos, romanos, venecianos, mongoles, lituanos y otros. En un tiempo perteneció al imperio otomano, es decir turco, con una población mayoritariamente tártara, de religión musulmana. Desde ahí hacían redadas sobre las regiones norteñas para capturar pobladores eslavos, es decir rusos, ucranianos y afines. Ese es el origen de la palabra esclavo.
Hacia fines del siglo XVIII la decadencia del imperio otomano facilitó la expansión rusa sobre el área. Esto originó una guerra con Inglaterra y Francia (1853 – 1856) que buscaban fortalecer su influencia en la región. La victoria rusa originó la salida de buena parte de los tártaros y la llegada de rusos y ucranianos, entre otros.
Hay que recordar que Ucrania fue parte del imperio ruso y que no fue hasta la revolución soviética que se le permitió a este pueblo el uso público y literario de su propia lengua. No obstante para entonces el lenguaje dominante en las ciudades era ya el ruso.
En 1954 Rusia le cedió la península de Crimea a Ucrania a pesar de que su población era mayoritariamente rusa. El traspaso fue más bien simbólico debido a que una y otra eran parte de la Unión Soviética y el ruso seguiría siendo lengua oficial. Así que el cambio no era tan relevante; se trataba de celebrar la alianza entre los dos pueblos. Como dato curioso habría que decir que esta decisión fue impulsada por un premier soviético ucraniano: Nikita Krushev.
Ucrania ha sido en los últimos años, y sobre todo meses, un espacio de presiones conflictivas entre Europa y Rusia. Sin embargo el problema no es solo externo; de sus 44 millones de habitantes cerca del 34 por ciento tienen al ruso como lengua materna y son mayoría precisamente en Crimea y otras zonas fronterizas con Rusia. No todos son de origen ruso, cerca de la mitad son ucranianos que adoptaron esa lengua desde hace varias generaciones.
Un motivo de descontento muy reciente fue eliminar al ruso como lengua oficial. Otros son la fuerte caída de los niveles de vida y la concentración del ingreso ocurrida desde el abandono del comunismo. Por otra parte la población rusa, sobre todo en zonas fronterizas observa que del otro lado de la frontera viven mejor.
La población se ha dividido de acuerdo a lengua y origen; los rusos buscan un acercamiento a Rusia, los ucranianos a Europa. Múltiples manifestaciones masivas acaban de derribar a un gobierno pro ruso e imponer, aún sin formalidades democráticas a otro pro occidental y han sumido al país en el desorden.
En este contexto un 97 por ciento los habitantes de la península acaban de votar por anexar Crimea a Rusia. Votó un 83 por ciento de la población y aunque se ausentaron la mayor parte de los opositores no cabe duda de que la mayoría quiso “regresar” a lo que consideran su madre patria.
Estados Unidos y Europa no aceptan la legalidad de este referéndum y otros países vecinos temen que Rusia pretenda “proteger” e incluso anexarse otras regiones de mayoría rusa en los países vecinos.
Del lado ruso la historia ha sido cruel; rodeada de enemigos a las puertas de su casa se ha visto involucrada en guerras terribles y la supervivencia ha sido una lucha constante. Ahora está siendo cercada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar norteamericana – europea que ha ido incluyendo países que antes eran parte de la esfera soviética y de su área de influencia militar.
Para Rusia el riesgo de que Ucrania se integre a Europa y a la OTAN es un riesgo mayor. Así que antes de perder un bastión estratégico de manera definitiva Rusia ha realizado una jugada de fuerza que, en su propia visión no es distinta que las intervenciones norteamericanas en Kosovo (independizado de Serbia), Irak o Afganistán.
Ucrania no está en condiciones de inclinarse decididamente en favor de cualquiera de los dos bandos. Su región occidental, ucraniana, se inclina por Europa pero no puede olvidar que en su parte oriental tiene ciudades mayoritariamente rusófilas.
Para calmar la situación Rusia deberá asegurar que no busca una mayor expansión territorial. A cambio debería poder obtener la seguridad de la futura neutralidad militar de Ucrania. Estados Unidos y Europa tendrán que aceptar el hecho consumado de la anexión de Crimea a cambio de sanciones triviales. Así lo requiere la dependencia de Europa del gas ruso y la posibilidad de exportar a ese mercado. La convivencia internacional requiere de la convivencia de rusos y ucranianos dentro de Ucrania. El desgajamiento de ese país podría poner al mundo entero en peligro.
Estados Unidos debe entender que su situación es privilegiada; no tiene enemigos cercanos y, fuera de Pancho Villa, jamás ha sido invadido. Rusia por el contrario ha basado su sobrevivencia histórica en la existencia de un espacio de protección a su alrededor y luchará por él como una de sus prioridades.
La anexión de la península de Crimea a Rusia es motivo de un severo conflicto diplomático entre los Estados Unidos y Europa de un lado y la federación rusa del otro. Amenaza el retorno de la guerra fría que por décadas asoló al planeta en un conflicto soterrado, plagado de presiones mutuas y siempre con el fantasma de una escalada de violencia que desde entonces, y más ahora, sería suicida.
Crimea es una península ubicada en el norte del mar negro y ocupa una posición estratégica para el acceso ruso no solo a este mar y al mediterráneo. Su historia es la de una zona fronteriza que ha sido el botín de los grupos que la rodeaban. En ella se ubicaron enclaves griegos, romanos, venecianos, mongoles, lituanos y otros. En un tiempo perteneció al imperio otomano, es decir turco, con una población mayoritariamente tártara, de religión musulmana. Desde ahí hacían redadas sobre las regiones norteñas para capturar pobladores eslavos, es decir rusos, ucranianos y afines. Ese es el origen de la palabra esclavo.
Hacia fines del siglo XVIII la decadencia del imperio otomano facilitó la expansión rusa sobre el área. Esto originó una guerra con Inglaterra y Francia (1853 – 1856) que buscaban fortalecer su influencia en la región. La victoria rusa originó la salida de buena parte de los tártaros y la llegada de rusos y ucranianos, entre otros.
Hay que recordar que Ucrania fue parte del imperio ruso y que no fue hasta la revolución soviética que se le permitió a este pueblo el uso público y literario de su propia lengua. No obstante para entonces el lenguaje dominante en las ciudades era ya el ruso.
En 1954 Rusia le cedió la península de Crimea a Ucrania a pesar de que su población era mayoritariamente rusa. El traspaso fue más bien simbólico debido a que una y otra eran parte de la Unión Soviética y el ruso seguiría siendo lengua oficial. Así que el cambio no era tan relevante; se trataba de celebrar la alianza entre los dos pueblos. Como dato curioso habría que decir que esta decisión fue impulsada por un premier soviético ucraniano: Nikita Krushev.
Ucrania ha sido en los últimos años, y sobre todo meses, un espacio de presiones conflictivas entre Europa y Rusia. Sin embargo el problema no es solo externo; de sus 44 millones de habitantes cerca del 34 por ciento tienen al ruso como lengua materna y son mayoría precisamente en Crimea y otras zonas fronterizas con Rusia. No todos son de origen ruso, cerca de la mitad son ucranianos que adoptaron esa lengua desde hace varias generaciones.
Un motivo de descontento muy reciente fue eliminar al ruso como lengua oficial. Otros son la fuerte caída de los niveles de vida y la concentración del ingreso ocurrida desde el abandono del comunismo. Por otra parte la población rusa, sobre todo en zonas fronterizas observa que del otro lado de la frontera viven mejor.
La población se ha dividido de acuerdo a lengua y origen; los rusos buscan un acercamiento a Rusia, los ucranianos a Europa. Múltiples manifestaciones masivas acaban de derribar a un gobierno pro ruso e imponer, aún sin formalidades democráticas a otro pro occidental y han sumido al país en el desorden.
En este contexto un 97 por ciento los habitantes de la península acaban de votar por anexar Crimea a Rusia. Votó un 83 por ciento de la población y aunque se ausentaron la mayor parte de los opositores no cabe duda de que la mayoría quiso “regresar” a lo que consideran su madre patria.
Estados Unidos y Europa no aceptan la legalidad de este referéndum y otros países vecinos temen que Rusia pretenda “proteger” e incluso anexarse otras regiones de mayoría rusa en los países vecinos.
Del lado ruso la historia ha sido cruel; rodeada de enemigos a las puertas de su casa se ha visto involucrada en guerras terribles y la supervivencia ha sido una lucha constante. Ahora está siendo cercada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar norteamericana – europea que ha ido incluyendo países que antes eran parte de la esfera soviética y de su área de influencia militar.
Para Rusia el riesgo de que Ucrania se integre a Europa y a la OTAN es un riesgo mayor. Así que antes de perder un bastión estratégico de manera definitiva Rusia ha realizado una jugada de fuerza que, en su propia visión no es distinta que las intervenciones norteamericanas en Kosovo (independizado de Serbia), Irak o Afganistán.
Ucrania no está en condiciones de inclinarse decididamente en favor de cualquiera de los dos bandos. Su región occidental, ucraniana, se inclina por Europa pero no puede olvidar que en su parte oriental tiene ciudades mayoritariamente rusófilas.
Para calmar la situación Rusia deberá asegurar que no busca una mayor expansión territorial. A cambio debería poder obtener la seguridad de la futura neutralidad militar de Ucrania. Estados Unidos y Europa tendrán que aceptar el hecho consumado de la anexión de Crimea a cambio de sanciones triviales. Así lo requiere la dependencia de Europa del gas ruso y la posibilidad de exportar a ese mercado. La convivencia internacional requiere de la convivencia de rusos y ucranianos dentro de Ucrania. El desgajamiento de ese país podría poner al mundo entero en peligro.
Estados Unidos debe entender que su situación es privilegiada; no tiene enemigos cercanos y, fuera de Pancho Villa, jamás ha sido invadido. Rusia por el contrario ha basado su sobrevivencia histórica en la existencia de un espacio de protección a su alrededor y luchará por él como una de sus prioridades.
lunes, 17 de marzo de 2014
Por un traje a la medida
Faljoritmo
Jorge Faljo
El encuentro del presidente Enrique Peña Nieto con organizaciones nacionales de productores rurales no tuvo la difusión que merecía tal vez porque concluyó en lo que parecía una ausencia de novedad: el Presidente declaró que no se modificará el régimen de propiedad social ni las modalidades de propiedad existentes.
No obstante, creer que nada cambió sería un error. Por lo contrario, el encuentro hizo explicita las visiones contrapuestas entre, de un lado, los productores rurales y del otro la tecnocracia gubernamental. Para unos el fracaso de la política agropecuaria y rural implantada desde hace décadas en general ha sido rotundo. En la visión oficial el incremento del presupuesto es en sí mismo destacable, prácticamente un éxito de política.
En el encuentro participaron el Congreso Agrario Permanente, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros y, claro está, la Confederación Nacional Campesina. En su conjunto tienen una adecuada representación de los intereses rurales. Son conocidas las diferencias entre ellos y, no obstante, en el encuentro referido destacó la concordancia de sus planteamientos.
Para los productores la propiedad social acompañó con gran éxito las décadas de buen crecimiento en la primera mitad del siglo XX. No es la causa del fracaso de las últimas décadas sino una forma de propiedad avanzada que puede y debe ser revitalizada por razones económicas tanto como de justicia social e incluso de gobernabilidad y soberanía nacionales. Asocian el deterioro de la economía social al incremento de la violencia y el crimen organizado.
El problema de fondo es, en su perspectiva, el abandono por parte del estado de la producción campesina, minifundista y social y la concentración de los apoyos públicos en una élite de productores comerciales y transnacionales. Las reformas privatizadoras de 1992 tuvieron fuertes impactos negativos en la economía y el empleo en el campo. Insistir en ese camino ahora podría ser explosivo.
Una de las preocupaciones compartidas entre organizaciones campesinas es el carácter agresivo, saqueador y depredador del medio ambiente de los concesionarios mineros. Concesiones que se sobreponen a buena parte de la propiedad social del país y se han otorgado sin dialogo o acuerdos con las comunidades.
Por su parte el Secretario de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, destacó el crecimiento de las exportaciones agropecuarias y la disminución de las importaciones en el 2013, lo que redujo el déficit de la balanza agroalimentaria en más de dos mil millones de dólares. Habló de avances en la desregulación del exceso de leyes, reglamentos y reglas de operación que retardan las decisiones y señaló el crecimiento y la importancia del gasto agropecuario en la actual administración.
Para el Secretario de agricultura el camino de la productividad es la base del desarrollo del sector agroalimentario. Lo que se facilitará gracias a la reforma energética que se traducirá en la producción nacional de fertilizantes.
En su visión triunfa el optimismo sobre el futuro del sector porque productores, organizaciones, empresarios y gobierno, según él, están haciendo sinergia y porque los hombres y mujeres del campo producen con pasión, entrega y dedicación.
Son dos discursos, el de los productores y el de SAGARPA, de los que se desprende más la falta de un lenguaje común y de comunicación que la tal sinergia. El discurso oficial habla de buenas noticias en el presupuesto y la balanza comercial que benefician sobre todo a los grandes productores.
¿Que piden los pequeños productores? Una política nacionalista enfocada en la justicia social y la seguridad alimentaria liderada por estado que eche raíces en el campo mexicano. Y en este caso echar raíces significa una participación activa en la regulación de la intermediación comercial especulativa, en el almacenamiento y transporte de la producción campesina; en el acceso al crédito y a los insumos productivos a precios justos; en el apoyo a la organización y el fortalecimiento de ejidos y comunidades. Factores todos en los que fracasó el mercado privado o, peor aún, los empleo como instrumentos de explotación de productores y consumidores.
El encuentro subrayó algo que parece poco y sin embargo puede ser mucho. Se trata de la disposición del presidente de la república a escuchar a los productores; a detener el rumbo privatizador del ala más neoliberal de su gobierno y a plantear un proceso de diálogo abierto y transparente. Para ello instruyó a organizar foros y espacios en los que se puedan expresar los campesinos y sus organizaciones para diseñar una verdadera reforma al campo sustentada en acuerdos y consensos.
Dice el Presidente que hay que hacer un punto de inflexión. Ojalá y así sea. Conseguir la meta de seguridad alimentaria planteada por el gobierno para el fin del sexenio implica elevar notablemente los niveles de autosuficiencia y ello solo podrá lograrse con un estado fuerte que regule el funcionamiento del mercado e instrumente apoyos apropiados a los pequeños productores.
Ya no se trataría de que el campesinado tenga que ajustarse al traje sino de que el traje le quede al campesinado.
Jorge Faljo
El encuentro del presidente Enrique Peña Nieto con organizaciones nacionales de productores rurales no tuvo la difusión que merecía tal vez porque concluyó en lo que parecía una ausencia de novedad: el Presidente declaró que no se modificará el régimen de propiedad social ni las modalidades de propiedad existentes.
No obstante, creer que nada cambió sería un error. Por lo contrario, el encuentro hizo explicita las visiones contrapuestas entre, de un lado, los productores rurales y del otro la tecnocracia gubernamental. Para unos el fracaso de la política agropecuaria y rural implantada desde hace décadas en general ha sido rotundo. En la visión oficial el incremento del presupuesto es en sí mismo destacable, prácticamente un éxito de política.
En el encuentro participaron el Congreso Agrario Permanente, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros y, claro está, la Confederación Nacional Campesina. En su conjunto tienen una adecuada representación de los intereses rurales. Son conocidas las diferencias entre ellos y, no obstante, en el encuentro referido destacó la concordancia de sus planteamientos.
Para los productores la propiedad social acompañó con gran éxito las décadas de buen crecimiento en la primera mitad del siglo XX. No es la causa del fracaso de las últimas décadas sino una forma de propiedad avanzada que puede y debe ser revitalizada por razones económicas tanto como de justicia social e incluso de gobernabilidad y soberanía nacionales. Asocian el deterioro de la economía social al incremento de la violencia y el crimen organizado.
El problema de fondo es, en su perspectiva, el abandono por parte del estado de la producción campesina, minifundista y social y la concentración de los apoyos públicos en una élite de productores comerciales y transnacionales. Las reformas privatizadoras de 1992 tuvieron fuertes impactos negativos en la economía y el empleo en el campo. Insistir en ese camino ahora podría ser explosivo.
Una de las preocupaciones compartidas entre organizaciones campesinas es el carácter agresivo, saqueador y depredador del medio ambiente de los concesionarios mineros. Concesiones que se sobreponen a buena parte de la propiedad social del país y se han otorgado sin dialogo o acuerdos con las comunidades.
Por su parte el Secretario de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, destacó el crecimiento de las exportaciones agropecuarias y la disminución de las importaciones en el 2013, lo que redujo el déficit de la balanza agroalimentaria en más de dos mil millones de dólares. Habló de avances en la desregulación del exceso de leyes, reglamentos y reglas de operación que retardan las decisiones y señaló el crecimiento y la importancia del gasto agropecuario en la actual administración.
Para el Secretario de agricultura el camino de la productividad es la base del desarrollo del sector agroalimentario. Lo que se facilitará gracias a la reforma energética que se traducirá en la producción nacional de fertilizantes.
En su visión triunfa el optimismo sobre el futuro del sector porque productores, organizaciones, empresarios y gobierno, según él, están haciendo sinergia y porque los hombres y mujeres del campo producen con pasión, entrega y dedicación.
Son dos discursos, el de los productores y el de SAGARPA, de los que se desprende más la falta de un lenguaje común y de comunicación que la tal sinergia. El discurso oficial habla de buenas noticias en el presupuesto y la balanza comercial que benefician sobre todo a los grandes productores.
¿Que piden los pequeños productores? Una política nacionalista enfocada en la justicia social y la seguridad alimentaria liderada por estado que eche raíces en el campo mexicano. Y en este caso echar raíces significa una participación activa en la regulación de la intermediación comercial especulativa, en el almacenamiento y transporte de la producción campesina; en el acceso al crédito y a los insumos productivos a precios justos; en el apoyo a la organización y el fortalecimiento de ejidos y comunidades. Factores todos en los que fracasó el mercado privado o, peor aún, los empleo como instrumentos de explotación de productores y consumidores.
El encuentro subrayó algo que parece poco y sin embargo puede ser mucho. Se trata de la disposición del presidente de la república a escuchar a los productores; a detener el rumbo privatizador del ala más neoliberal de su gobierno y a plantear un proceso de diálogo abierto y transparente. Para ello instruyó a organizar foros y espacios en los que se puedan expresar los campesinos y sus organizaciones para diseñar una verdadera reforma al campo sustentada en acuerdos y consensos.
Dice el Presidente que hay que hacer un punto de inflexión. Ojalá y así sea. Conseguir la meta de seguridad alimentaria planteada por el gobierno para el fin del sexenio implica elevar notablemente los niveles de autosuficiencia y ello solo podrá lograrse con un estado fuerte que regule el funcionamiento del mercado e instrumente apoyos apropiados a los pequeños productores.
Ya no se trataría de que el campesinado tenga que ajustarse al traje sino de que el traje le quede al campesinado.
lunes, 10 de marzo de 2014
El jamelgo que soñó ser pura sangre
Faljoritmo
Jorge Faljo
En estos últimos días la administración pública federal ha recibido dos duros golpes que ponen en duda su eficacia. El de mayor impacto mediático fue la nota de primera plana de El Financiero del pasado 3 de marzo donde señala que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social –CONEVAL-, el 85 por ciento de los programas sociales no cumplen sus metas o se desconocen sus resultados.
Por otro otro lado, de manera casi inadvertida, la Auditoría Superior de la Federación –ASF- entregó a la Cámara de Diputados su documento de análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño de la administración pública federal. En este se señala que no se ha logrado construir una cultura administrativa enfocada en el logro de resultados; que los programas no definen claramente sus metas ni su población objetivo, que sus actividades con frecuencia no corresponden a lo que dicen que quieren obtener y que sus impactos no se miden. Finalmente dice que el dinero no se gasta donde da buenos resultados sino que se asigna por mera inercia.
Ojalá y estas muy serias apreciaciones contribuyan a que la cúpula del actual gobierno se dé cuenta de que heredó una estructura administrativa sumamente deteriorada por las estrategias seguidas durante los pasados doce años. La Administración Pública Federal está lejos de ser un brioso caballo pura sangre y es más bien un jamelgo que no da resultados.
Varias son las estrategias que explican la actual situación. Desde el 2002 se instrumentó una política de reducción de personal operativo mediante programas de retiro voluntario donde las plazas abandonadas fueron canceladas. El sector público quedó como queso gruyere. En cambio sí se crearon muchos puestos directivos muy bien pagados.
Se lanzó un combate contra la corrupción que en estos días queda claro que no era más que membrete y que se tradujo en la creación masiva de normas y trámites. Según la ASF en 2009 existían 46 mil normas internas que debía cumplir la burocracia y el número de trámites creció también de manera exponencial. Fue como echarle arena a la maquinaria. Con más normas y menos empleados cada uno de ellos centró la atención en cumplir rituales burocráticos y no en atender a la población.
En el medio rural el personal de campo desapareció y se subcontrataron servicios privados que tenían su propia agenda a la hora de asignar recursos. Con el objeto de asegurar la gobernabilidad a nivel federal se transfirieron a los estados enormes recursos sin control alguno, sin seguimiento. Se privilegiaron alianzas con el sector privado y con los gobiernos estatales y municipales sin que nadie realmente se interesara en el impacto social.
El Estado continuó haciéndose cada vez más pequeño y con menos transparencia y rendición de cuentas.
En México los ingresos tributarios del 2011 fueron del 19.7 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que en el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- fueron del 34.1 por ciento, los de Argentina del 34.7 por ciento y los de Brasil del 34.9 por ciento. Tenemos, en suma, un estado que hace poco y no lo hace bien.
Dos puntos preocupan en particular. Uno es que para mejorar la calidad e impacto del gasto social se requiere fortalecer a la administración pública, sobre todo en los niveles de contacto y atención a la ciudadanía. Buenas escuelas, buenos servicios de salud, buenos programas de desarrollo rural requieren personal especializado del lado del gobierno para trabajar bien con la población. El segundo punto es que, sobre todo en condiciones de debilidad del mercado interno, poca demanda y gran potencial productivo, el estado debe operar como un mecanismo de transferencia de recursos hacia los sectores consumidores.
Es decir que el estado debe fortalecerse, crecer, y para ello tiene que cobrar más impuestos sin afectar negativamente las capacidades de consumo de la mayoría de la población.
Lamentablemente no vamos por ese rumbo. En 2012 el peso del gobierno en el PIB fue menor que el año anterior y en el 2013 se redujo el gasto corriente gubernamental un 0.3 por ciento en términos reales. Como estos datos se presentan como positivos queda claro que estamos ubicados en la ideología del estado pequeño y no en la del estado eficaz y que se responsabiliza del bienestar general.
Gobierno no es empresa; su austeridad importa menos que el desempeño de la economía nacional. Y en el 2013 la austeridad del gobierno les costó muy caro a los mexicanos en cuanto a crecimiento, empleo y bienestar.
Lo peor es que se acaba de anunciar un “Acuerdo de Certidumbre Tributaria” en el que el gobierno se compromete a que durante el resto del sexenio no propondrá nuevos impuestos, ni aumentará las tasas a los impuestos existentes y no reducirá los beneficios y exenciones existentes. Después de una reforma fiscal que si pega al grueso de la población se compromete a no poner impuestos donde si debiera hacerlo; al capital especulativo y la riqueza improductiva; a las importaciones destructoras de la producción interna; a los ingresos muy altos.
Por este camino se enaniza al jamelgo.
Jorge Faljo
En estos últimos días la administración pública federal ha recibido dos duros golpes que ponen en duda su eficacia. El de mayor impacto mediático fue la nota de primera plana de El Financiero del pasado 3 de marzo donde señala que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social –CONEVAL-, el 85 por ciento de los programas sociales no cumplen sus metas o se desconocen sus resultados.
Por otro otro lado, de manera casi inadvertida, la Auditoría Superior de la Federación –ASF- entregó a la Cámara de Diputados su documento de análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño de la administración pública federal. En este se señala que no se ha logrado construir una cultura administrativa enfocada en el logro de resultados; que los programas no definen claramente sus metas ni su población objetivo, que sus actividades con frecuencia no corresponden a lo que dicen que quieren obtener y que sus impactos no se miden. Finalmente dice que el dinero no se gasta donde da buenos resultados sino que se asigna por mera inercia.
Ojalá y estas muy serias apreciaciones contribuyan a que la cúpula del actual gobierno se dé cuenta de que heredó una estructura administrativa sumamente deteriorada por las estrategias seguidas durante los pasados doce años. La Administración Pública Federal está lejos de ser un brioso caballo pura sangre y es más bien un jamelgo que no da resultados.
Varias son las estrategias que explican la actual situación. Desde el 2002 se instrumentó una política de reducción de personal operativo mediante programas de retiro voluntario donde las plazas abandonadas fueron canceladas. El sector público quedó como queso gruyere. En cambio sí se crearon muchos puestos directivos muy bien pagados.
Se lanzó un combate contra la corrupción que en estos días queda claro que no era más que membrete y que se tradujo en la creación masiva de normas y trámites. Según la ASF en 2009 existían 46 mil normas internas que debía cumplir la burocracia y el número de trámites creció también de manera exponencial. Fue como echarle arena a la maquinaria. Con más normas y menos empleados cada uno de ellos centró la atención en cumplir rituales burocráticos y no en atender a la población.
En el medio rural el personal de campo desapareció y se subcontrataron servicios privados que tenían su propia agenda a la hora de asignar recursos. Con el objeto de asegurar la gobernabilidad a nivel federal se transfirieron a los estados enormes recursos sin control alguno, sin seguimiento. Se privilegiaron alianzas con el sector privado y con los gobiernos estatales y municipales sin que nadie realmente se interesara en el impacto social.
El Estado continuó haciéndose cada vez más pequeño y con menos transparencia y rendición de cuentas.
En México los ingresos tributarios del 2011 fueron del 19.7 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que en el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- fueron del 34.1 por ciento, los de Argentina del 34.7 por ciento y los de Brasil del 34.9 por ciento. Tenemos, en suma, un estado que hace poco y no lo hace bien.
Dos puntos preocupan en particular. Uno es que para mejorar la calidad e impacto del gasto social se requiere fortalecer a la administración pública, sobre todo en los niveles de contacto y atención a la ciudadanía. Buenas escuelas, buenos servicios de salud, buenos programas de desarrollo rural requieren personal especializado del lado del gobierno para trabajar bien con la población. El segundo punto es que, sobre todo en condiciones de debilidad del mercado interno, poca demanda y gran potencial productivo, el estado debe operar como un mecanismo de transferencia de recursos hacia los sectores consumidores.
Es decir que el estado debe fortalecerse, crecer, y para ello tiene que cobrar más impuestos sin afectar negativamente las capacidades de consumo de la mayoría de la población.
Lamentablemente no vamos por ese rumbo. En 2012 el peso del gobierno en el PIB fue menor que el año anterior y en el 2013 se redujo el gasto corriente gubernamental un 0.3 por ciento en términos reales. Como estos datos se presentan como positivos queda claro que estamos ubicados en la ideología del estado pequeño y no en la del estado eficaz y que se responsabiliza del bienestar general.
Gobierno no es empresa; su austeridad importa menos que el desempeño de la economía nacional. Y en el 2013 la austeridad del gobierno les costó muy caro a los mexicanos en cuanto a crecimiento, empleo y bienestar.
Lo peor es que se acaba de anunciar un “Acuerdo de Certidumbre Tributaria” en el que el gobierno se compromete a que durante el resto del sexenio no propondrá nuevos impuestos, ni aumentará las tasas a los impuestos existentes y no reducirá los beneficios y exenciones existentes. Después de una reforma fiscal que si pega al grueso de la población se compromete a no poner impuestos donde si debiera hacerlo; al capital especulativo y la riqueza improductiva; a las importaciones destructoras de la producción interna; a los ingresos muy altos.
Por este camino se enaniza al jamelgo.
domingo, 2 de marzo de 2014
Diez en servicios; cero en economía
Faljoritmo
Jorge Faljo
Venezuela es un país bendecido por la naturaleza. Con 916 mil kilómetros cuadrados, algo menos de la mitad de la superficie de México, tiene una cantidad similar de tierras cultivables, unos 27 millones de hectáreas. De las montañas del sur descienden ríos caudalosos que atraviesan sus grandes planicies centrales aptas para la agricultura. Tiene tierra y agua en abundancia.
Es rico en minerales, como hierro y aluminio. Pero sobre todo cuenta con las mayores reservas de petróleo del planeta. Superiores a las de Arabia Saudita. Sus 3 mil 700 kilómetros de costas de las que mil 700 son playas de arena en clima tropical tienen un gran potencial turístico.
Pero Venezuela se encuentra asolada por apasionadas manifestaciones en favor y en contra del gobierno chavista. En ellas han muerto unas cincuenta personas; algunas a manos de fuerzas policiacas. Lo que por cierto ha llevado a la cárcel, acusados de estos crímenes a varios funcionarios públicos de alto nivel.
Las partes en conflicto se atrincheran en posiciones extremas. Una minoría asociada a grupos sociales de buena posición económica se radicaliza planteando la salida, es decir el derrocamiento, del chavismo. Exigen en la calle lo que no pueden ganar en las urnas. Porque si algo tiene el chavismo es que ha ganado 18 de las últimas 19 elecciones. Son triunfos con reconocimiento internacional, por ejemplo del centro Jimmy Carter de los Estados Unidos, por su transparencia.
Es indudable, hasta el momento, que el chavismo tiene el apoyo de la mayoría de la población por muy buenas razones. Dentro de América Latina es el país que más ha disminuido la pobreza y extendido los servicios públicos a la población más pobre. Ahora todos tienen educación y salud gratuitas; así como un sistema de pensiones que permite jubilarse incluso a los trabajadores informales.
Pero también hay muy buenas razones para las manifestaciones furiosas en contra del chavismo. No hay leche, papel higiénico, aceite comestible y otros productos básicos. La escasez se generaliza y la gente hace largas colas cuando se entera de que algunos de estos productos llegaron al supermercado cercano, mientras que la policía armada tiene que cuidar que no haya saqueos. Las compras están racionadas; la gente tiene dinero y no hay que comprar.
Esto, por cierto, es una situación frecuente en economías socialistas en las que se genera mayor capacidad de demanda que el abasto existente. Lo contrario de una economía como la nuestra caracterizada por la insuficiencia de la demanda.
Venezuela es una fuerte democracia y su población deberá encontrar la salida a sus problemas sin interferencias externas y mediante el dialogo interno. Dicho esto me permito señalar que su política económica está equivocada.
La mayor desgracia de Venezuela es su petróleo que le permitió convertirse en una economía rentista e importadora. El 95 por ciento de sus exportaciones son por petróleo y buena parte del resto son de otras riquezas minerales.
Venezuela no produce; todo lo importa. Es una afirmación algo exagerada pero refleja lo esencial de su realidad. Importa sus alimentos mientras que solo cultiva 3.5 millones de los 27 millones de hectáreas mencionados; en el resto se pasean las vacas en una producción extensiva de baja productividad.
No ha logrado desarrollar sino deteriorar su producción manufacturera. Los venezolanos importan ropa y vestido, así como electrodomésticos. La poca industria tiene que traer de fuera equipos y herramientas y todos sus insumos estratégicos.
Si escasean las mercancías en los supermercados es porque todo viene de afuera y para comprarlo se necesitan dólares. Y en esta situación extrema no hay riqueza petrolera que alcance para todos. De hecho Venezuela se ha endeudado fuertemente, por ejemplo con China y ha comprometido buena parte de su producción futura para pagar estos préstamos.
Se trata de una economía rentista de orientación populista. Es decir que el chavismo ha empleado la riqueza petrolera para beneficio de la mayoría; pero al hacerlo descobija a las clases medias en un juego suma cero en el que para que unos ganen otros necesariamente tienen que perder.
Se trata del juego equivocado porque la prioridad debería estar en incrementar la producción interna en una economía de trabajo. Solo que para ello se requiere evitar que las importaciones destruyan la producción interna. También se necesita la colaboración de una pequeña y mediana burguesía productiva; es decir de propietarios privados a los que se les permita prosperar a cambio de generar empleos y aprovechar los enormes potenciales productivos del país.
Pero el chavismo emplea un lenguaje sumamente agresivo y promueve el conflicto social enfrentando a sus fuertes bases sociales contra el empresariado. Esto solo agrava los problemas de la producción interna y de abasto. Es un gobierno que intenta manejar la economía mediante decretos burocráticos de un viejo tipo que han fallado en todo el planeta. Y su burocracia tiene fama de corrupta.
Venezuela requiere un estado fuerte, con el corazón puesto del lado del pueblo, pero con una estrategia distinta al rentismo populista burocrático. Vive un conflicto social que señala los límites de la abundante riqueza petrolera. No puede repartir en dinero lo que no existe en producción.
Nos enseña que la salida solo podrá darse en una economía de trabajo productivo, disciplinado y al mismo tiempo digno. Necesita continuar el sendero de la justicia social; pero basado en el incremento de la producción en beneficio de todos y no como rebatinga entre grupos antagónicos. Y esto implica darle un espacio de acción y prosperidad al empresariado que sepa liderar y organizar los innumerables procesos productivos que su potencial le ofrece en el campo y las ciudades.
Jorge Faljo
Venezuela es un país bendecido por la naturaleza. Con 916 mil kilómetros cuadrados, algo menos de la mitad de la superficie de México, tiene una cantidad similar de tierras cultivables, unos 27 millones de hectáreas. De las montañas del sur descienden ríos caudalosos que atraviesan sus grandes planicies centrales aptas para la agricultura. Tiene tierra y agua en abundancia.
Es rico en minerales, como hierro y aluminio. Pero sobre todo cuenta con las mayores reservas de petróleo del planeta. Superiores a las de Arabia Saudita. Sus 3 mil 700 kilómetros de costas de las que mil 700 son playas de arena en clima tropical tienen un gran potencial turístico.
Pero Venezuela se encuentra asolada por apasionadas manifestaciones en favor y en contra del gobierno chavista. En ellas han muerto unas cincuenta personas; algunas a manos de fuerzas policiacas. Lo que por cierto ha llevado a la cárcel, acusados de estos crímenes a varios funcionarios públicos de alto nivel.
Las partes en conflicto se atrincheran en posiciones extremas. Una minoría asociada a grupos sociales de buena posición económica se radicaliza planteando la salida, es decir el derrocamiento, del chavismo. Exigen en la calle lo que no pueden ganar en las urnas. Porque si algo tiene el chavismo es que ha ganado 18 de las últimas 19 elecciones. Son triunfos con reconocimiento internacional, por ejemplo del centro Jimmy Carter de los Estados Unidos, por su transparencia.
Es indudable, hasta el momento, que el chavismo tiene el apoyo de la mayoría de la población por muy buenas razones. Dentro de América Latina es el país que más ha disminuido la pobreza y extendido los servicios públicos a la población más pobre. Ahora todos tienen educación y salud gratuitas; así como un sistema de pensiones que permite jubilarse incluso a los trabajadores informales.
Pero también hay muy buenas razones para las manifestaciones furiosas en contra del chavismo. No hay leche, papel higiénico, aceite comestible y otros productos básicos. La escasez se generaliza y la gente hace largas colas cuando se entera de que algunos de estos productos llegaron al supermercado cercano, mientras que la policía armada tiene que cuidar que no haya saqueos. Las compras están racionadas; la gente tiene dinero y no hay que comprar.
Esto, por cierto, es una situación frecuente en economías socialistas en las que se genera mayor capacidad de demanda que el abasto existente. Lo contrario de una economía como la nuestra caracterizada por la insuficiencia de la demanda.
Venezuela es una fuerte democracia y su población deberá encontrar la salida a sus problemas sin interferencias externas y mediante el dialogo interno. Dicho esto me permito señalar que su política económica está equivocada.
La mayor desgracia de Venezuela es su petróleo que le permitió convertirse en una economía rentista e importadora. El 95 por ciento de sus exportaciones son por petróleo y buena parte del resto son de otras riquezas minerales.
Venezuela no produce; todo lo importa. Es una afirmación algo exagerada pero refleja lo esencial de su realidad. Importa sus alimentos mientras que solo cultiva 3.5 millones de los 27 millones de hectáreas mencionados; en el resto se pasean las vacas en una producción extensiva de baja productividad.
No ha logrado desarrollar sino deteriorar su producción manufacturera. Los venezolanos importan ropa y vestido, así como electrodomésticos. La poca industria tiene que traer de fuera equipos y herramientas y todos sus insumos estratégicos.
Si escasean las mercancías en los supermercados es porque todo viene de afuera y para comprarlo se necesitan dólares. Y en esta situación extrema no hay riqueza petrolera que alcance para todos. De hecho Venezuela se ha endeudado fuertemente, por ejemplo con China y ha comprometido buena parte de su producción futura para pagar estos préstamos.
Se trata de una economía rentista de orientación populista. Es decir que el chavismo ha empleado la riqueza petrolera para beneficio de la mayoría; pero al hacerlo descobija a las clases medias en un juego suma cero en el que para que unos ganen otros necesariamente tienen que perder.
Se trata del juego equivocado porque la prioridad debería estar en incrementar la producción interna en una economía de trabajo. Solo que para ello se requiere evitar que las importaciones destruyan la producción interna. También se necesita la colaboración de una pequeña y mediana burguesía productiva; es decir de propietarios privados a los que se les permita prosperar a cambio de generar empleos y aprovechar los enormes potenciales productivos del país.
Pero el chavismo emplea un lenguaje sumamente agresivo y promueve el conflicto social enfrentando a sus fuertes bases sociales contra el empresariado. Esto solo agrava los problemas de la producción interna y de abasto. Es un gobierno que intenta manejar la economía mediante decretos burocráticos de un viejo tipo que han fallado en todo el planeta. Y su burocracia tiene fama de corrupta.
Venezuela requiere un estado fuerte, con el corazón puesto del lado del pueblo, pero con una estrategia distinta al rentismo populista burocrático. Vive un conflicto social que señala los límites de la abundante riqueza petrolera. No puede repartir en dinero lo que no existe en producción.
Nos enseña que la salida solo podrá darse en una economía de trabajo productivo, disciplinado y al mismo tiempo digno. Necesita continuar el sendero de la justicia social; pero basado en el incremento de la producción en beneficio de todos y no como rebatinga entre grupos antagónicos. Y esto implica darle un espacio de acción y prosperidad al empresariado que sepa liderar y organizar los innumerables procesos productivos que su potencial le ofrece en el campo y las ciudades.
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