Faljoritmo
Jorge Faljo
De acuerdo a un reciente estudio británico en los últimos 30 años el porcentaje de personas con obesidad o sobrepeso creció del 23 al 34 por ciento en el planeta. Uno de cada tres humanos pesamos más de lo que nos conviene. Curiosamente el incremento del sobrepeso es más acelerado en los países pobres que en los ricos. El sobrepeso se multiplicó por 3.6 en los países subdesarrollados y por 1.7 en los industrializados. Hoy en día el porcentaje de gordos en América Latina, el norte de África y el Medio Oriente es similar al de Europa.
La humanidad entera transita, desde hace varias décadas, de los alimentos tradicionales a otros de mayor densidad calórica. En lugar de las dietas tradicionales basadas en granos enteros, vegetales y agua estamos consumiendo cada vez más azúcar, grasas y carne. Con cantidades similares en peso estamos consumiendo mucha más energía.
También ocurre que vivimos en ciudades, nuestros empleos son más sedentarios y nos transportamos sin hacer ejercicio.
Vamos en una dirección que hace encender la alarma sobre el futuro de la salud de la humanidad y el costo en bienestar y en gasto en salud que va a implicar el sobrepeso. Países como México, Brasil, China y la India ven crecer aceleradamente la población propensa a sufrir de diabetes, problemas del aparato circulatorio (corazón y cerebro sobre todo), así como de varios tipos de cáncer.
No podemos seguir viendo al sobrepeso como un simple asunto de decisiones individuales. Enfrentamos un cambio de estilos de vida y de consumo asociados a la modernidad, pero también inducidos por el dominio del interés de la ganancia en la orientación de los hábitos de consumo.
En el caso específico de nuestro país podemos definirnos como un país de gordos. Siete de cada diez mexicanos tiene sobrepeso; el 32.8 por ciento es obeso. Más que en los Estados Unidos. Y el problema tiende a empeorar en la medida en que dejamos atrás la dieta basada en maíz, frijol y arroz para substituirla por alimentos industrializados ricos en grasa y azúcar.
Uno de los aspectos más graves del problema es la dudosa gloria de ser campeones mundiales en consumo de refrescos; cada mexicano bebe, en promedio, 163 litros al año. Este consumo desmedido deja de ser algo meramente anecdótico para apuntarse como uno de los mayores enemigos de la salud y del bolsillo de los mexicanos.
No se trata tanto del gasto actual en refrescos sino del costo futuro en tratamiento de enfermedades y pérdida de bienestar, sobre todo para aquellos que cargan con este sobrepeso desde la infancia. La tendencia al incremento del sobrepeso podría llevarnos en unos años a vivir menos y con más achaques.
Sin embargo existen buenas noticias en otros frentes que podrían servir de ejemplo de lo que es posible lograr con medidas de política pública. El gran ejemplo es la lucha contra el tabaquismo.
Unas cien millones de personas murieron por causas relacionadas con el consumo de tabaco durante el siglo pasado en todo el mundo. Pero las campañas de salud pública han logrado reducir el porcentaje de fumadores norteamericanos del 42 por ciento a menos de la mitad, el 18 por ciento, en cincuenta años. De acuerdo a la asociación médica americana las personas que lo evitaron totalmente o lo dejaron tempranamente añadieron casi 20 años a su vida.
Prácticamente todos los países del mundo han adoptado medidas activas de control del tabaquismo. Se protege a los no fumadores del humo en lugares públicos; se hacen campañas contra ese hábito y en muchos casos se ofrece apoyo a quienes desean dejar de fumar. Tal vez lo más impactante son las feas imágenes de sus consecuencias en las misma cajetillas. Lo determinante fue el predominio del interés público por arriba del interés comercial de las grandes empresas.
Son cada vez más los países que empiezan a tomar medidas decisivas para orientar el consumo de la población. Muchos, como México recientemente, han creado impuestos al consumo de bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica. Otros desarrollan campañas de orientación exitosas que han logrado elevar el consumo de frutas y verduras frescas entre su población.
En el caso de México habría mucho por hacer. Entre ellas campañas verdaderamente fuertes sobre nutrición y salud; los niños deben aprender a leer las etiquetas para saber que están consumiendo. Y las etiquetas deben ser claras y no engañosas como lo son ahora en la mayoría de los casos. Convendría incluso pensar en la posible prohibición de la propaganda de alimentos de alta densidad calórica y de todo tipo de refrescos. ¿Qué tal incluir fotos de sus efectos en la salud?
Pero sobre todo es urgente garantizar como un derecho ciudadano básico el acceso cómodo y gratuito a agua potable de alta calidad. No solo libre de gérmenes e impurezas, sino que tenga buen sabor. Deberá haberla no solo en las escuelas, sino en todo tipo de espacios públicos e incluso con la posibilidad de que la gente lleve contenedores de tamaño razonable (de uno a tres litros, digamos) para abastecerse.
El derecho al agua potable de calidad es un derecho humano básico; hay que instrumentarlo. La tarea exige el diseño de programas público que atiendan al abasto rural y urbano público, suficiente, de cómodo acceso y gratuito para todos.
Sobre todo hacer que en materia de agua y alimentos predomine el interés público sobre el de la ganancia.
martes, 21 de enero de 2014
jueves, 16 de enero de 2014
Estados Unidos e India. Ojo por ojo.
Faljoritmo
Jorge Faljo
En el último año han ocurrido dos conflictos entre la India y los Estados Unidos que llamaría substanciales y otro que podría parecer menor pero que es el que ha escalado de manera sorpresiva.
Primero fue, a mediados del 2013, la revelación del espionaje norteamericano sobre las embajadas y el personal de la India en Washington y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Fue un asunto seguido de cerca por la prensa de la India y muchos actores políticos y sociales expresaron su indignación y solicitaron una respuesta firme. No se dio. El gobierno de la India prefirió no hacer un reclamo público; tal vez para no afectar sus relaciones comerciales, o porque el mismo ejerce un intenso espionaje sobre los teléfonos y el internet de sus ciudadanos.
La segunda divergencia importante fue en torno al programa indio de apoyo a sus campesinos de subsistencia y de subsidios a su población desnutrida. Son programas que infringen las reglas de la Organización Mundial del Comercio y son materia de una creciente confrontación internacional entre el derecho humano a la alimentación y los intereses comerciales de las potencias exportadoras de granos.
En este caso India no dio marcha atrás y afirmó que no abandonaría a su población más desvalida. Finalmente el conflicto se zanjó con la aceptación norteamericana de una moratoria de cuatro años durante los cuales la India podrá instrumentar estos programas campesinos sin temor a sanciones comerciales.
Aquí México se anotó un punto favorable cuando el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, subrayó en la plenaria de la OMC que había un interés general en la seguridad alimentaria y que algunos países requieren soluciones especiales. Buena intervención sobre todo si más adelante nuestro país decide luchar contra el hambre en serio.
El tercer y más reciente conflicto muestra facetas muy contradictorias. Afecta directamente a una sola persona pero ha suscitado una enorme reacción del gobierno y la población de la India en defensa de la dignidad nacional.
Se originó cuando la cónsul general de la India, Devyani Khobragade, fue arrestada en Nueva York en diciembre pasado por haber dado información falsa en los papeles de inmigración de la nana de su hija. Declaró que le pagaría 9.75 dólares por hora de trabajo, pero le pagaba menos y la hacía trabajar horas extras.
Su arresto fue sorpresivo y en público, frente a la escuela de su hija. Incluyó ponerle esposas y más tarde tomarle muestras de ADN, desnudarla y revisar su cuerpo; finalmente estuvo en una celda donde había drogadictos durante unas horas. Al parecer su alegato de que tenía inmunidad diplomática empeoró el trato. Todo ello le provocó una crisis nerviosa. Pudo salir con una fianza de 250 mil dólares, pero le retuvieron el pasaporte y se encuentra pendiente de juicio con la posibilidad de ir a la cárcel.
Para el gobierno y la población de la India esto fue un trato humillante en público y una grave afrenta a la dignidad de alguien que representa a su país y tiene inmunidad diplomática. Para el gobierno norteamericano tiene una inmunidad limitada solo a sus actividades consulares y recibió el mismo trato que todo mundo.
La India respondió con fuerza. Rechazó cualquier disculpa y exigió su plena liberación y el retorno a su país.
Pero además tomó, de manera gradual, medidas que pueden verse como agresivas y, a la vez en estricto cumplimiento de sus propias leyes. Retiró las barreras de protección que defendían la embajada norteamericana de posibles coches bomba pero obstruían el tráfico; solicitó la devolución de identificaciones y pases de aeropuerto especiales a los diplomáticos norteamericanos; eliminó su permiso para importar licores y otros bienes sin pago de impuestos; se les aplicarán las multas de tráfico; la embajada no podrá exhibir películas que no pasen por los trámites de cualquier sala de cine.
El club americano de Nueva Delhi ya no podrá vender hamburguesas, sodas, abarrotes o cualquier cosa. Debido a que hacía ventas a personal no diplomático el gobierno de la India señala que es un establecimiento comercial que no ha pagado impuestos. Por la misma razón se suspende el uso de su boliche. Se trata de un golpe importante para el esparcimiento y los encuentros sociales de la comunidad norteamericana en esa capital. Se investiga que la escuela norteamericana patrocinada por la embajada contrató a esposas de diplomáticos sin visa de trabajo y sin pagar impuestos. Además se pidió a todo el personal norteamericano que detalle las condiciones laborales y salariales de su personal doméstico.
Han ocurrido manifestaciones en las calles y los medios de la India piden firmeza y dignidad. La reacción del gobierno y la población de la India solo parecen explicables en la lógica de la gota que derrama el vaso y en un conflicto transformado en asunto de honor nacional. Señalan que ellos también podrían hacer cumplir sus leyes a rajatabla. Lo que afectaría fuertemente el bienestar del cuerpo diplomático norteamericano en su país.
El conflicto ha durado 20 días con ambas partes atrincheradas. Del lado norteamericano señalando la independencia de su sistema de justicia y la parte india exigiendo respeto a sus representantes.
Finalmente se acaba de resolver mediante medidas de ambos lados. India le tramitó a Khobragade un pasaporte diplomático con mayor inmunidad. Estados Unidos se tardó más de lo normal en concederlo e inmediatamente le pidió que renunciara voluntariamente a esa protección para someterse a juicio. La respuesta fue negativa y los norteamericanos exigieron su inmediata salida del país.
Ahora la India exige que para quedar a mano también salga de la India un diplomático norteamericano. Con ello puede considerar a salvo su dignidad y los dos pueden regresar a una situación que reconoce la conveniencia de aplicar sus leyes con flexibilidad y tratarse con respeto.
Jorge Faljo
En el último año han ocurrido dos conflictos entre la India y los Estados Unidos que llamaría substanciales y otro que podría parecer menor pero que es el que ha escalado de manera sorpresiva.
Primero fue, a mediados del 2013, la revelación del espionaje norteamericano sobre las embajadas y el personal de la India en Washington y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Fue un asunto seguido de cerca por la prensa de la India y muchos actores políticos y sociales expresaron su indignación y solicitaron una respuesta firme. No se dio. El gobierno de la India prefirió no hacer un reclamo público; tal vez para no afectar sus relaciones comerciales, o porque el mismo ejerce un intenso espionaje sobre los teléfonos y el internet de sus ciudadanos.
La segunda divergencia importante fue en torno al programa indio de apoyo a sus campesinos de subsistencia y de subsidios a su población desnutrida. Son programas que infringen las reglas de la Organización Mundial del Comercio y son materia de una creciente confrontación internacional entre el derecho humano a la alimentación y los intereses comerciales de las potencias exportadoras de granos.
En este caso India no dio marcha atrás y afirmó que no abandonaría a su población más desvalida. Finalmente el conflicto se zanjó con la aceptación norteamericana de una moratoria de cuatro años durante los cuales la India podrá instrumentar estos programas campesinos sin temor a sanciones comerciales.
Aquí México se anotó un punto favorable cuando el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, subrayó en la plenaria de la OMC que había un interés general en la seguridad alimentaria y que algunos países requieren soluciones especiales. Buena intervención sobre todo si más adelante nuestro país decide luchar contra el hambre en serio.
El tercer y más reciente conflicto muestra facetas muy contradictorias. Afecta directamente a una sola persona pero ha suscitado una enorme reacción del gobierno y la población de la India en defensa de la dignidad nacional.
Se originó cuando la cónsul general de la India, Devyani Khobragade, fue arrestada en Nueva York en diciembre pasado por haber dado información falsa en los papeles de inmigración de la nana de su hija. Declaró que le pagaría 9.75 dólares por hora de trabajo, pero le pagaba menos y la hacía trabajar horas extras.
Su arresto fue sorpresivo y en público, frente a la escuela de su hija. Incluyó ponerle esposas y más tarde tomarle muestras de ADN, desnudarla y revisar su cuerpo; finalmente estuvo en una celda donde había drogadictos durante unas horas. Al parecer su alegato de que tenía inmunidad diplomática empeoró el trato. Todo ello le provocó una crisis nerviosa. Pudo salir con una fianza de 250 mil dólares, pero le retuvieron el pasaporte y se encuentra pendiente de juicio con la posibilidad de ir a la cárcel.
Para el gobierno y la población de la India esto fue un trato humillante en público y una grave afrenta a la dignidad de alguien que representa a su país y tiene inmunidad diplomática. Para el gobierno norteamericano tiene una inmunidad limitada solo a sus actividades consulares y recibió el mismo trato que todo mundo.
La India respondió con fuerza. Rechazó cualquier disculpa y exigió su plena liberación y el retorno a su país.
Pero además tomó, de manera gradual, medidas que pueden verse como agresivas y, a la vez en estricto cumplimiento de sus propias leyes. Retiró las barreras de protección que defendían la embajada norteamericana de posibles coches bomba pero obstruían el tráfico; solicitó la devolución de identificaciones y pases de aeropuerto especiales a los diplomáticos norteamericanos; eliminó su permiso para importar licores y otros bienes sin pago de impuestos; se les aplicarán las multas de tráfico; la embajada no podrá exhibir películas que no pasen por los trámites de cualquier sala de cine.
El club americano de Nueva Delhi ya no podrá vender hamburguesas, sodas, abarrotes o cualquier cosa. Debido a que hacía ventas a personal no diplomático el gobierno de la India señala que es un establecimiento comercial que no ha pagado impuestos. Por la misma razón se suspende el uso de su boliche. Se trata de un golpe importante para el esparcimiento y los encuentros sociales de la comunidad norteamericana en esa capital. Se investiga que la escuela norteamericana patrocinada por la embajada contrató a esposas de diplomáticos sin visa de trabajo y sin pagar impuestos. Además se pidió a todo el personal norteamericano que detalle las condiciones laborales y salariales de su personal doméstico.
Han ocurrido manifestaciones en las calles y los medios de la India piden firmeza y dignidad. La reacción del gobierno y la población de la India solo parecen explicables en la lógica de la gota que derrama el vaso y en un conflicto transformado en asunto de honor nacional. Señalan que ellos también podrían hacer cumplir sus leyes a rajatabla. Lo que afectaría fuertemente el bienestar del cuerpo diplomático norteamericano en su país.
El conflicto ha durado 20 días con ambas partes atrincheradas. Del lado norteamericano señalando la independencia de su sistema de justicia y la parte india exigiendo respeto a sus representantes.
Finalmente se acaba de resolver mediante medidas de ambos lados. India le tramitó a Khobragade un pasaporte diplomático con mayor inmunidad. Estados Unidos se tardó más de lo normal en concederlo e inmediatamente le pidió que renunciara voluntariamente a esa protección para someterse a juicio. La respuesta fue negativa y los norteamericanos exigieron su inmediata salida del país.
Ahora la India exige que para quedar a mano también salga de la India un diplomático norteamericano. Con ello puede considerar a salvo su dignidad y los dos pueden regresar a una situación que reconoce la conveniencia de aplicar sus leyes con flexibilidad y tratarse con respeto.
miércoles, 8 de enero de 2014
Mota legal
Faljoritmo
Jorge Faljo
Miles de personas soportaron el intenso frio de este dos de enero haciendo filas de horas de duración a las afueras de los dispensarios de mariguana en Colorado, Estados Unidos. Era el primer día en que era posible comprar la yerba de manera legal y para fines recreativos, es decir, para divertirse, desde 1937, el año en que fue prohibida por nuestros vecinos del norte.
No es exagerado decir que los ojos del mundo y los del resto de los Estados Unidos prestan gran atención a este experimento. Así lo confirman las notas de primera plana en periódicos de todo el planeta. El primer comprador, un veterano norteamericano de la guerra de Irak con síndrome de estrés postraumático, obtuvo su momento de fama al exhibir ante los medios su histórico recibo de compra.
Varias docenas de dispensarios pudieron operar desde el dos de enero; otros centenares de permisos se encuentran en procesamiento y se espera que en las próximas semanas y meses se vaya aclarando la relación entre oferta y demanda y la tendencia del precio de la substancia legal.
De momento la principal crítica de los consumidores fue el alto precio de la mota que llegó en algunas tiendas a los 70 dólares por 3.5 gramos. De momento los principales perdedores fueron los consumidores autorizados para emplearla por razones médicas. Para ellos se triplicó el precio cuando llegaron las hordas de fumadores recreativos.
Muchos consumidores viajaron miles de kilómetros, solos o en grupos, para comprar mariguana en un acto que era a la vez mercantil, festivo y político. Algunos señalaron que la calidad era mejor que la que podían comprar de manera ilegal. Otros dijeron que preferían pagar el 25 por ciento de impuestos al gobierno y favorecer a productores y tiendas legales que fortalecer la economía subterránea. Para todos era una especie de voto ciudadano; una oportunidad de mostrar su acuerdo y su deseo de que la medida sea adoptada en el resto de su país.
En general hubo calma. Diversos medios habían vaticinado disturbios y conflictos originados en un abasto insuficiente. Pero triunfo la paciencia y el orden. Un pequeño disturbio fue ocasionado por un borrachín. La policía patrullaba los entornos de las tiendas y se repartieron miles de impresos para recordarles a los compradores que no podían fumar en la calle, en los transportes públicos, de manera ostentosa (excepto en espacios privados), que no debían pasar la mota a menores de 21 años ni llevarla a otros estados.
Las tiendas se encontraban preparadas con productos pre empaquetados de una onza (28 gramos), el máximo de venta permitido a los consumidores del estado y de 3.5 gramos, el máximo por visita permitido a los consumidores de fuera. Otros productos demandados fueron galletas y pastelillos de chocolate con la substancia activa, así como concentrados líquidos para hacer pastelería en casa.
Con ello el consumo de mariguana ha entrado en los Estados Unidos a una zona legal intermedia. Todavía se encuentra prohibida por las leyes federales. Solo que el gobierno federal norteamericano declaró que hacer cumplir las leyes anti mariguana sería responsabilidad de los Estados; su policía solo vigilaría que no hay comercio de un estado a otro, ni consumo de menores.
Así que el consumo de mota en Colorado es ahora similar al del alcohol. No se permite a menores, ni manejar drogado, ni en oficinas o transportes públicos, ni en parques y monumentos federales.
Esta legalización va más allá de la mera despenalización y tolerancia que se practica en Holanda, Portugal y otros países. Al darse primero le tiende un paraguas de protección internacional a la legalización ya aprobada en Uruguay y que será instrumentada en el segundo semestre del año. Solo que en el país del sur en lugar de mercado libre habrá monopolio del gobierno en la producción, distribución y consumo de la cannabis.
Todo apunta a un éxito financiero para las tiendas, los productores y el gobierno. Hay centenares de permisos en procesamiento y las acciones de las empresas norteamericanas que venden instrumentos para la producción casera han subido de manera importante. Colorado le da la vuelta a la moneda y en lugar de seguir metiendo a la cárcel a sus consumidores, pretende ahora convertirlos en ciudadanos que paguen impuestos y así contribuyan a mejorar sus escuelas.
Son los primeros pasos de un experimento que marcará la pauta a seguir dentro de los Estados Unidos e incluso el mundo. Por fin se podrá contar con información confiable sobre los efectos de un uso legal para las personas, las familias, los espacios públicos e incluso las finanzas de los gobiernos. Ahora se podrá comparar realmente el consumo de mota con el de alcohol, tabaco, cocaína y drogas sintéticas. Una primera gran pregunta es si el consumo de cannabis incrementa o substituye el de las otras drogas.
Aquí en México no podremos seguir ignorando lo que está ocurriendo en otros lados. Por lo contrario; le tenemos que dar seguimiento y decidir cómo vamos a reaccionar. Una manera posible sería también nosotros consultar a los ciudadanos mediante un referéndum.
Jorge Faljo
Miles de personas soportaron el intenso frio de este dos de enero haciendo filas de horas de duración a las afueras de los dispensarios de mariguana en Colorado, Estados Unidos. Era el primer día en que era posible comprar la yerba de manera legal y para fines recreativos, es decir, para divertirse, desde 1937, el año en que fue prohibida por nuestros vecinos del norte.
No es exagerado decir que los ojos del mundo y los del resto de los Estados Unidos prestan gran atención a este experimento. Así lo confirman las notas de primera plana en periódicos de todo el planeta. El primer comprador, un veterano norteamericano de la guerra de Irak con síndrome de estrés postraumático, obtuvo su momento de fama al exhibir ante los medios su histórico recibo de compra.
Varias docenas de dispensarios pudieron operar desde el dos de enero; otros centenares de permisos se encuentran en procesamiento y se espera que en las próximas semanas y meses se vaya aclarando la relación entre oferta y demanda y la tendencia del precio de la substancia legal.
De momento la principal crítica de los consumidores fue el alto precio de la mota que llegó en algunas tiendas a los 70 dólares por 3.5 gramos. De momento los principales perdedores fueron los consumidores autorizados para emplearla por razones médicas. Para ellos se triplicó el precio cuando llegaron las hordas de fumadores recreativos.
Muchos consumidores viajaron miles de kilómetros, solos o en grupos, para comprar mariguana en un acto que era a la vez mercantil, festivo y político. Algunos señalaron que la calidad era mejor que la que podían comprar de manera ilegal. Otros dijeron que preferían pagar el 25 por ciento de impuestos al gobierno y favorecer a productores y tiendas legales que fortalecer la economía subterránea. Para todos era una especie de voto ciudadano; una oportunidad de mostrar su acuerdo y su deseo de que la medida sea adoptada en el resto de su país.
En general hubo calma. Diversos medios habían vaticinado disturbios y conflictos originados en un abasto insuficiente. Pero triunfo la paciencia y el orden. Un pequeño disturbio fue ocasionado por un borrachín. La policía patrullaba los entornos de las tiendas y se repartieron miles de impresos para recordarles a los compradores que no podían fumar en la calle, en los transportes públicos, de manera ostentosa (excepto en espacios privados), que no debían pasar la mota a menores de 21 años ni llevarla a otros estados.
Las tiendas se encontraban preparadas con productos pre empaquetados de una onza (28 gramos), el máximo de venta permitido a los consumidores del estado y de 3.5 gramos, el máximo por visita permitido a los consumidores de fuera. Otros productos demandados fueron galletas y pastelillos de chocolate con la substancia activa, así como concentrados líquidos para hacer pastelería en casa.
Con ello el consumo de mariguana ha entrado en los Estados Unidos a una zona legal intermedia. Todavía se encuentra prohibida por las leyes federales. Solo que el gobierno federal norteamericano declaró que hacer cumplir las leyes anti mariguana sería responsabilidad de los Estados; su policía solo vigilaría que no hay comercio de un estado a otro, ni consumo de menores.
Así que el consumo de mota en Colorado es ahora similar al del alcohol. No se permite a menores, ni manejar drogado, ni en oficinas o transportes públicos, ni en parques y monumentos federales.
Esta legalización va más allá de la mera despenalización y tolerancia que se practica en Holanda, Portugal y otros países. Al darse primero le tiende un paraguas de protección internacional a la legalización ya aprobada en Uruguay y que será instrumentada en el segundo semestre del año. Solo que en el país del sur en lugar de mercado libre habrá monopolio del gobierno en la producción, distribución y consumo de la cannabis.
Todo apunta a un éxito financiero para las tiendas, los productores y el gobierno. Hay centenares de permisos en procesamiento y las acciones de las empresas norteamericanas que venden instrumentos para la producción casera han subido de manera importante. Colorado le da la vuelta a la moneda y en lugar de seguir metiendo a la cárcel a sus consumidores, pretende ahora convertirlos en ciudadanos que paguen impuestos y así contribuyan a mejorar sus escuelas.
Son los primeros pasos de un experimento que marcará la pauta a seguir dentro de los Estados Unidos e incluso el mundo. Por fin se podrá contar con información confiable sobre los efectos de un uso legal para las personas, las familias, los espacios públicos e incluso las finanzas de los gobiernos. Ahora se podrá comparar realmente el consumo de mota con el de alcohol, tabaco, cocaína y drogas sintéticas. Una primera gran pregunta es si el consumo de cannabis incrementa o substituye el de las otras drogas.
Aquí en México no podremos seguir ignorando lo que está ocurriendo en otros lados. Por lo contrario; le tenemos que dar seguimiento y decidir cómo vamos a reaccionar. Una manera posible sería también nosotros consultar a los ciudadanos mediante un referéndum.
Y ahora, el campo
Faljoritmo
Jorge Faljo
Desde hace tres décadas las reformas de fondo para el desarrollo del país apuntan más al fracaso que al éxito. Se suscribió el TLC con los Estados Unidos, y otros más con docenas de países, lo que nos llevaría de la mano al primer mundo, con gran crecimiento de la producción, el empleo y el bienestar. Cierto que con ello se fortaleció un espacio productivo moderno y competitivo; pero el costo fue la destrucción masiva de la producción y el empleo convencionales.
Para el medio rural se impulsó la transformación de la propiedad social en privada y fue destruido el conjunto de instituciones de apoyo del tipo de la CONASUPO, INMECAFÉ, TABAMEX, FERTIMEX, o BANRURAL. El resultado es un campo de extremos. De un lado el grueso de los empobrecidos, crecientemente excluidos de la comercialización y por ende de la producción. Cierto que también se fortaleció un subsector dinámico e incluso exportador. No obstante el país en su conjunto se volvió deficitario en su balanza comercial y altamente dependiente de las importaciones de alimentos básicos.
Se abandonó toda política industrial y una fuerte alianza entre gobierno y empresas impuso el deterioro continuado de los salarios y el enflaquecimiento del mercado interno. No obstante, el empobrecimiento permanente no nos hizo competitivos y grandes exportadores, aunque no faltaron loas internacionales a nuestros héroes del mercado libre.
La autonomía del Banco de México constituyó en la práctica una forma de privatización donde se le cedió al gran capital financiero nacional e internacional la conducción de nuestra política macroeconómica en detrimento de los intereses de la empresa productiva y los trabajadores. Su punto culminante fue el Fobaproa, el salvamento de los cuates y una deuda impagable.
Privatizar los ferrocarriles no mejoró el transporte del mismo modo que privatizar los bancos no expandió el crédito a la producción.
Ahora la reforma educativa y la financiera prometen mucho, aunque de momento lo que hacen es incomodar a tirios y troyanos. La reforma energética es la cereza del pastel cargada de promesas de abaratamiento de la energía, atracción de inversiones productivas, creación de empleos y bienestar. Difícil decir que sería mejor: su fracaso (que en realidad no haya petróleo submarino) nos obligaría a reorientar la estrategia económica hacia la producción, el trabajo y el fortalecimiento del mercado interno. Su éxito podría beneficiar a pocos y reforzarnos como país importador, caracterizado por el desempleo y la inequidad.
En esencia estas reformas cambiaron el rumbo que seguía el país en los primeros ochenta años del siglo pasado. De una estrategia económica nacionalista que, a pesar de sus defectos permitía crecer, crear empleos y ampliar el mercado interno, pasamos a un largo bache económico que cada reforma parece profundizar.
Ahora el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013 – 2018 nos anuncia la siguiente transformación: la reforma del campo. Las razones que plantea el documento son contundentes: el sector se encuentra estancado; la participación del PIB primario era de 16.1 por ciento en 1950 y de solo 3.4 por ciento en el 2012. Esto se traduce en pobreza y debilidad productiva.
En el 2012 se importó el 79 por ciento del consumo doméstico de arroz, 93 por ciento de oleaginosas, 58 por ciento de trigo y 82 por ciento de maíz amarillo. En paralelo más del 20 por ciento de la población rural vive en pobreza extrema; sin alimentación suficiente.
Finalmente el documento considera que la salida de la pobreza y el mejoramiento de la alimentación en países como China, la India y Brasil elevarán la demanda y el precio de los alimentos. Es decir que si no hacemos algo la situación va a empeorar.
El Programa Sectorial plantea como meta, para el 2018, producir el 75 por ciento del consumo nacional de granos básicos y oleaginosos.
El diagnóstico es correcto y la meta pertinente. No obstante los instrumentos de la política agropecuaria no parecen rebasar el marco convencional neoliberal. Propone, por ejemplo, elevar la productividad del minifundio a través de modelos de asociatividad bajo liderazgo gerencial; promover la producción nacional de fertilizantes y agroquímicos; manejo de riesgos de mercado; un nuevo extensionismo; financiamiento oportuno y competitivo. Las propuestas suenan bien excepto que el papel del estado parece limitarse a promover al sector privado sin meter las manos en la masa.
Lo que se requiere es mucho más: reconstruir el andamiaje institucional para la participación del estado en la comercialización de la producción, el abasto de insumos y la difusión tecnológica. Todo ello aterrizado en cada región con los productores.
No sería aceptable otro fracaso en un sector estratégico para la seguridad nacional.
Jorge Faljo
Desde hace tres décadas las reformas de fondo para el desarrollo del país apuntan más al fracaso que al éxito. Se suscribió el TLC con los Estados Unidos, y otros más con docenas de países, lo que nos llevaría de la mano al primer mundo, con gran crecimiento de la producción, el empleo y el bienestar. Cierto que con ello se fortaleció un espacio productivo moderno y competitivo; pero el costo fue la destrucción masiva de la producción y el empleo convencionales.
Para el medio rural se impulsó la transformación de la propiedad social en privada y fue destruido el conjunto de instituciones de apoyo del tipo de la CONASUPO, INMECAFÉ, TABAMEX, FERTIMEX, o BANRURAL. El resultado es un campo de extremos. De un lado el grueso de los empobrecidos, crecientemente excluidos de la comercialización y por ende de la producción. Cierto que también se fortaleció un subsector dinámico e incluso exportador. No obstante el país en su conjunto se volvió deficitario en su balanza comercial y altamente dependiente de las importaciones de alimentos básicos.
Se abandonó toda política industrial y una fuerte alianza entre gobierno y empresas impuso el deterioro continuado de los salarios y el enflaquecimiento del mercado interno. No obstante, el empobrecimiento permanente no nos hizo competitivos y grandes exportadores, aunque no faltaron loas internacionales a nuestros héroes del mercado libre.
La autonomía del Banco de México constituyó en la práctica una forma de privatización donde se le cedió al gran capital financiero nacional e internacional la conducción de nuestra política macroeconómica en detrimento de los intereses de la empresa productiva y los trabajadores. Su punto culminante fue el Fobaproa, el salvamento de los cuates y una deuda impagable.
Privatizar los ferrocarriles no mejoró el transporte del mismo modo que privatizar los bancos no expandió el crédito a la producción.
Ahora la reforma educativa y la financiera prometen mucho, aunque de momento lo que hacen es incomodar a tirios y troyanos. La reforma energética es la cereza del pastel cargada de promesas de abaratamiento de la energía, atracción de inversiones productivas, creación de empleos y bienestar. Difícil decir que sería mejor: su fracaso (que en realidad no haya petróleo submarino) nos obligaría a reorientar la estrategia económica hacia la producción, el trabajo y el fortalecimiento del mercado interno. Su éxito podría beneficiar a pocos y reforzarnos como país importador, caracterizado por el desempleo y la inequidad.
En esencia estas reformas cambiaron el rumbo que seguía el país en los primeros ochenta años del siglo pasado. De una estrategia económica nacionalista que, a pesar de sus defectos permitía crecer, crear empleos y ampliar el mercado interno, pasamos a un largo bache económico que cada reforma parece profundizar.
Ahora el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013 – 2018 nos anuncia la siguiente transformación: la reforma del campo. Las razones que plantea el documento son contundentes: el sector se encuentra estancado; la participación del PIB primario era de 16.1 por ciento en 1950 y de solo 3.4 por ciento en el 2012. Esto se traduce en pobreza y debilidad productiva.
En el 2012 se importó el 79 por ciento del consumo doméstico de arroz, 93 por ciento de oleaginosas, 58 por ciento de trigo y 82 por ciento de maíz amarillo. En paralelo más del 20 por ciento de la población rural vive en pobreza extrema; sin alimentación suficiente.
Finalmente el documento considera que la salida de la pobreza y el mejoramiento de la alimentación en países como China, la India y Brasil elevarán la demanda y el precio de los alimentos. Es decir que si no hacemos algo la situación va a empeorar.
El Programa Sectorial plantea como meta, para el 2018, producir el 75 por ciento del consumo nacional de granos básicos y oleaginosos.
El diagnóstico es correcto y la meta pertinente. No obstante los instrumentos de la política agropecuaria no parecen rebasar el marco convencional neoliberal. Propone, por ejemplo, elevar la productividad del minifundio a través de modelos de asociatividad bajo liderazgo gerencial; promover la producción nacional de fertilizantes y agroquímicos; manejo de riesgos de mercado; un nuevo extensionismo; financiamiento oportuno y competitivo. Las propuestas suenan bien excepto que el papel del estado parece limitarse a promover al sector privado sin meter las manos en la masa.
Lo que se requiere es mucho más: reconstruir el andamiaje institucional para la participación del estado en la comercialización de la producción, el abasto de insumos y la difusión tecnológica. Todo ello aterrizado en cada región con los productores.
No sería aceptable otro fracaso en un sector estratégico para la seguridad nacional.
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