Jorge Faljo
Faljoritmo
En una reciente reunión de dirigentes de bancos centrales de todo el mundo, el gobernador del Banco Central de Japón, Haruhiko Kuroda, explicó las causas del estancamiento económico, el deterioro salarial y la deflación en su país. Su planteamiento llamó la atención porque contraviene los razonamientos de aquellos que todavía pregonan que los trabajadores y el gobierno se amarren el cinturón para beneficio de las empresas.
También es notable porque, a la manera de los grandes economistas, su explicación es sencilla, comprensible y breve. En tan solo cinco cuartillas (más un anexo de gráficas) y sin recurrir a complejos modelos matemáticos lanza un mensaje de importancia no solo para Japón; bien podríamos decir que para el mundo. Para México.
Kuroda inicia su explicación con la ruptura de la burbuja financiera que ocurrió en Japón a principios de los años noventa. No muy distinta a lo que habría de ocurrir en los Estados Unidos en 2008, en este segundo caso con un impacto mundial.
En los años ochenta los precios de la propiedad inmobiliaria y de las acciones en la bolsa de valores de Japón se elevaron demasiado, sin sustento en la economía real. Al romperse aquella burbuja especulativa se produjo una contracción del mercado; es decir que se redujo la demanda de la población. La reducción de las ventas en un mercado mucho más competido generó excesos de oferta que presionaron a la reducción de los precios de los bienes y servicios.
Ante esa situación las empresas reaccionaron intentando elevar su competitividad y mantener su rentabilidad mediante el castigo a los ingresos de sus trabajadores permanentes. Estos últimos se vieron obligados a aceptar fuertes reducciones salariales a cambio de no perder sus empleos.
Además de lo anterior la creación de nuevos puestos de trabajo se caracterizó por nuevas condiciones laborales que no ofrecían permanencia en el empleo, ni las prestaciones o ingresos de los trabajadores regulares. Es decir que se amplió notablemente el estrato de trabajadores que podrían considerarse marginales o irregulares. Los trabajadores de tiempo parcial se incrementaron de un 15 por ciento en 1990 a casi el doble en 2014.
El deterioro de la masa salarial (el conjunto de los ingresos de los trabajadores) continuó obligando a la reducción de los precios y se generó una carrera a la baja en la que se reducían precios y salarios. Sin embargo en esta espiral negativa los salarios cayeron más que los precios.
Aun así podría considerarse que la estrategia seguida por las empresas fue aparentemente exitosa, para ellas pero no para el conjunto de la economía del país. Consiguieron sostener sus márgenes de rentabilidad o incluso elevarlos.
Si las empresas hubieran empleado sus ganancias en inversión productiva esta habría sido una fuente de demanda que posiblemente habría sacado al país del estancamiento y la deflación. Pero no fue así.
Ubicadas ante un mercado en contracción las empresas prefirieron no invertir. En lugar de ello crearon un importante ahorro financiero que, incluso en condiciones de bajas tasas de interés, les ofrecía la seguridad de una ganancia moderada.
Kuroda describe esta situación como la “paradoja del ahorro”. El notable ahorro financiero de las firmas japonesas, sumado a la reducción de la demanda de la población, se tradujo en un mercado más rudamente competido, bajas de precios y ganancias. Lo que llevó a las empresas a continuar su estrategia de reducción de salarios y, en consecuencia de contracción del mercado. A final de cuentas el incremento del ahorro significó menores ganancias.
El gobernador del Banco Central de Japón emplea otra frase de economistas para caracterizar lo ocurrido, habla de una “falacia de composición”. Lo cual ocurre cuando cada empresa reacciona de la manera que más le conviene en una perspectiva individual pero el efecto agregado de que todas hagan lo mismo es negativo para ellas. Y también para toda la población.
Para el señor Kuroda una parte importante del problema es que en estos últimos 25 años se ha modificado la manera en que se negocian y se fijan los salarios. Los trabajadores han perdido capacidad de negociación y se ha implantado una expectativa de estancamiento o incluso de reducciones salariales y deterioro de las condiciones laborales. Para este gobernador del Banco Central de Japón se requiere una “mano visible” (es decir contraria a la “mano invisible” del mercado) que impulse incrementos salariales generalizados.
Haruhiko Kuroda, gobernador de uno de los Bancos Centrales más importantes del planeta da un buen ejemplo al centrar su interés en la salud de la economía real, el empleo y el bienestar de los trabajadores. Señala que las empresas han descuidado su papel productor para convertirse en rentistas financieras. No duda en afirmar que la búsqueda del interés particular de cada empresa no es lo que les conviene como conjunto, ni a ellas, ni al país.
Finalmente señala claramente que no es la operación del mercado, ni las negociaciones salariales particulares las que lograrán resolver el problema de fondo. Se requiere una gran negociación de conjunto, liderada e impulsada por el estado, para el fortalecimiento del mercado interno.
lunes, 29 de septiembre de 2014
lunes, 22 de septiembre de 2014
Globalización y ruptura de naciones
Jorge Faljo
Faljoritmo
La globalización se impulsó como una gran transformación económica que generaría crecimiento y bienestar para todos. Sin embargo favoreció a pocos, empobreció a las periferias y ahora empobrece incluso a la población de los países industrializados.
Una parte importante de la oferta globalizadora es que generaría procesos de igualación de las condiciones económicas entre los distintos países y de equidad dentro de cada uno de ellos. Con ello se avanzaría hacia un planeta sin conflictos y donde predominarían las sociedades en paz consigo mismas, democráticas y estables.
Sin embargo el final de los buenos tiempos de la globalización parece caracterizarse cada vez más por sociedades inestables en busca de cambios de rumbo. Lo cual puede darse de varias maneras: aprovechando vías democráticas ya existentes; mediante movilizaciones amplias que logran cambiar el encuadre institucional a un costo humano relativamente bajo, como en las primaveras árabes de Tunes y Egipto (no así la de Libia). En otros casos, infortunadamente, mediante expresiones de violencia creciente, sea organizada y con metas de cambio institucional, o mera descomposición criminal, desorganizada y brutalmente antisocial.
Llaman la atención las presiones en favor de la ruptura de varios estados nación; que puede hacernos sospechar de un problema de fondo y una tendencia en crecimiento.
Este pasado jueves se llevó a cabo un referéndum en Escocia donde la población habría de contestar a la pregunta ¿Debe Escocia ser un país independiente? No se trataba de una pregunta retórica sino de profundas consecuencias. En caso de que ganara el “si” se habría roto de manera efectiva la unión de 307 años con Inglaterra.
Un 55 por ciento de la población votó en contra de la independencia y 45 por ciento a favor. Este resultado final fue de película, no por lo estrecho del margen sino porque un par de semanas antes las encuestas señalaban una ligera mayoría para los independentistas. Si no ganaron fue porque a final de cuentas el sector de los que se declaraban indecisos terminó inclinándose por el “no”.
Hay que señalar que en el último minuto el primer ministro británico ofreció a Escocia “amplios poderes nuevos” entre los que destacan el decidir de forma autónoma sobre sus gastos de salud. Este era un asunto fundamental debido al temor de la población a la privatización y deterioro del sistema de salud con el que cuentan actualmente. Lo que ocurre es que el gobierno británico ha seguido políticas de austeridad, reducción del gasto público y privatizaciones bastante impopulares y los escoceses se distinguen por un voto político más hacia la izquierda que el de los ingleses.
Ahora sigue España. El gobierno catalán planea llevar a cabo un referéndum sobre la posible independencia de Cataluña el próximo 9 de noviembre. El gobierno español declara que es ilegal e intenta suspenderlo pero el parlamento regional acaba de aprobar de manera abrumadora una ley que autoriza realizar consultas populares no vinculantes. Es decir que incluso si la población vota a favor de la independencia no se procede de inmediato a la separación, pero si sería un paso enorme en esa dirección.
No solo España vio con alivio la decisión de los escoceses. También Bélgica, que se creó como un “país colchón” entre Francia y Holanda se encuentra desde hace años al borde de la ruptura entre los valones, los que hablan francés y los flamencos, los que hablan neerlandés. Son casos en los que la posible escisión se procesa de manera pacífica. Ucrania tal vez podría procesar algo similar sino fuera porque es un campo de lucha de las grandes potencias.
Las presiones separatistas en el Reino Unido (Escocia), España (Cataluña), Bélgica (Flandes) y Ucrania (las regiones de habla rusa) se originan en consideraciones económicas y de bienestar en un contexto en el que se han deteriorado los servicios públicos y los niveles de vida. En Escocia es relevante el sistema de salud y la riqueza petrolera; en Cataluña y Flandes el reparto de los costos de la crisis; en el sur de Ucrania la preservación de la estructura industrial asociada a la economía rusa.
Más allá de lo particular existe una tendencia generalizada que es determinante. La globalización ha implicado una creciente integración a la economía mundial que opera a contraflujo de la integración interna. Dentro de cada país las distintas regiones comercian cada vez más con el exterior y menos entre ellas mismas. La disminución del intercambio interno hace menos necesario y atractivo permanecer dentro del mismo país. Sobre todo en el caso europeo donde Escocia, Cataluña y Flandes esperarían seguir siendo parte de Europa.
Esto lleva a la situación históricamente paradójica de que ya no sean los países colonizados, pobres, explotados y oprimidos los que luchan por su independencia. Ahora les conviene separarse a los más globalizados, los más prósperos o menos pobres y que consideran que el resto de su país es un lastre para ellos. Caricaturizando podríamos decir que ahora son los exitosos los que buscan su independencia rompiendo los anteriores lazos de solidaridad nacional que, seamos prácticos, estaba asociada a una economía nacional que rápidamente deja de existir.
Triunfó el movimiento contra la independencia en Escocia. Pero podemos suponer que los procesos de desintegración nacional que induce la globalización permanecerán. Si dentro de cada país los ricos ya no les compran a los pobres y prefieren vender y comprar en el exterior; si los pobres no tienen donde vender y si el empobrecimiento de los excluidos de la globalización hace incomoda la convivencia o requiere fuertes gastos asistencialistas; entonces lo que empezamos a ver es la fuga de los exitosos.
La ruptura de un país es una etapa final de un proceso con múltiples pasos previos pero lo que resulta evidente es que integrarse al mundo y cohesión nacional son cada vez menos compatibles.
Faljoritmo
La globalización se impulsó como una gran transformación económica que generaría crecimiento y bienestar para todos. Sin embargo favoreció a pocos, empobreció a las periferias y ahora empobrece incluso a la población de los países industrializados.
Una parte importante de la oferta globalizadora es que generaría procesos de igualación de las condiciones económicas entre los distintos países y de equidad dentro de cada uno de ellos. Con ello se avanzaría hacia un planeta sin conflictos y donde predominarían las sociedades en paz consigo mismas, democráticas y estables.
Sin embargo el final de los buenos tiempos de la globalización parece caracterizarse cada vez más por sociedades inestables en busca de cambios de rumbo. Lo cual puede darse de varias maneras: aprovechando vías democráticas ya existentes; mediante movilizaciones amplias que logran cambiar el encuadre institucional a un costo humano relativamente bajo, como en las primaveras árabes de Tunes y Egipto (no así la de Libia). En otros casos, infortunadamente, mediante expresiones de violencia creciente, sea organizada y con metas de cambio institucional, o mera descomposición criminal, desorganizada y brutalmente antisocial.
Llaman la atención las presiones en favor de la ruptura de varios estados nación; que puede hacernos sospechar de un problema de fondo y una tendencia en crecimiento.
Este pasado jueves se llevó a cabo un referéndum en Escocia donde la población habría de contestar a la pregunta ¿Debe Escocia ser un país independiente? No se trataba de una pregunta retórica sino de profundas consecuencias. En caso de que ganara el “si” se habría roto de manera efectiva la unión de 307 años con Inglaterra.
Un 55 por ciento de la población votó en contra de la independencia y 45 por ciento a favor. Este resultado final fue de película, no por lo estrecho del margen sino porque un par de semanas antes las encuestas señalaban una ligera mayoría para los independentistas. Si no ganaron fue porque a final de cuentas el sector de los que se declaraban indecisos terminó inclinándose por el “no”.
Hay que señalar que en el último minuto el primer ministro británico ofreció a Escocia “amplios poderes nuevos” entre los que destacan el decidir de forma autónoma sobre sus gastos de salud. Este era un asunto fundamental debido al temor de la población a la privatización y deterioro del sistema de salud con el que cuentan actualmente. Lo que ocurre es que el gobierno británico ha seguido políticas de austeridad, reducción del gasto público y privatizaciones bastante impopulares y los escoceses se distinguen por un voto político más hacia la izquierda que el de los ingleses.
Ahora sigue España. El gobierno catalán planea llevar a cabo un referéndum sobre la posible independencia de Cataluña el próximo 9 de noviembre. El gobierno español declara que es ilegal e intenta suspenderlo pero el parlamento regional acaba de aprobar de manera abrumadora una ley que autoriza realizar consultas populares no vinculantes. Es decir que incluso si la población vota a favor de la independencia no se procede de inmediato a la separación, pero si sería un paso enorme en esa dirección.
No solo España vio con alivio la decisión de los escoceses. También Bélgica, que se creó como un “país colchón” entre Francia y Holanda se encuentra desde hace años al borde de la ruptura entre los valones, los que hablan francés y los flamencos, los que hablan neerlandés. Son casos en los que la posible escisión se procesa de manera pacífica. Ucrania tal vez podría procesar algo similar sino fuera porque es un campo de lucha de las grandes potencias.
Las presiones separatistas en el Reino Unido (Escocia), España (Cataluña), Bélgica (Flandes) y Ucrania (las regiones de habla rusa) se originan en consideraciones económicas y de bienestar en un contexto en el que se han deteriorado los servicios públicos y los niveles de vida. En Escocia es relevante el sistema de salud y la riqueza petrolera; en Cataluña y Flandes el reparto de los costos de la crisis; en el sur de Ucrania la preservación de la estructura industrial asociada a la economía rusa.
Más allá de lo particular existe una tendencia generalizada que es determinante. La globalización ha implicado una creciente integración a la economía mundial que opera a contraflujo de la integración interna. Dentro de cada país las distintas regiones comercian cada vez más con el exterior y menos entre ellas mismas. La disminución del intercambio interno hace menos necesario y atractivo permanecer dentro del mismo país. Sobre todo en el caso europeo donde Escocia, Cataluña y Flandes esperarían seguir siendo parte de Europa.
Esto lleva a la situación históricamente paradójica de que ya no sean los países colonizados, pobres, explotados y oprimidos los que luchan por su independencia. Ahora les conviene separarse a los más globalizados, los más prósperos o menos pobres y que consideran que el resto de su país es un lastre para ellos. Caricaturizando podríamos decir que ahora son los exitosos los que buscan su independencia rompiendo los anteriores lazos de solidaridad nacional que, seamos prácticos, estaba asociada a una economía nacional que rápidamente deja de existir.
Triunfó el movimiento contra la independencia en Escocia. Pero podemos suponer que los procesos de desintegración nacional que induce la globalización permanecerán. Si dentro de cada país los ricos ya no les compran a los pobres y prefieren vender y comprar en el exterior; si los pobres no tienen donde vender y si el empobrecimiento de los excluidos de la globalización hace incomoda la convivencia o requiere fuertes gastos asistencialistas; entonces lo que empezamos a ver es la fuga de los exitosos.
La ruptura de un país es una etapa final de un proceso con múltiples pasos previos pero lo que resulta evidente es que integrarse al mundo y cohesión nacional son cada vez menos compatibles.
lunes, 15 de septiembre de 2014
La Reforma Olvidada
Faljoritmo
Jorge Faljo
El mensaje presidencial de principios de mes estuvo dedicado a celebrar las reformas estructurales que, a decir del gobierno, sientan las bases para cambios profundos y positivos. Destacan entre las reformas la laboral, la fiscal y la energética que serían las puntas de lanza de la creación de empleos, inversión productiva y, en general, crecimiento económico.
Gracias al Pacto por México fue posible hacer esas reformas. Esa alianza entre los principales partidos políticos propuesta y armada desde el primer día de la actual administración ciertamente permitió dejar atrás el marasmo legislativo que caracterizó a las administraciones panistas. Ello permitió “concretar en tan solo 20 meses las reformas transformadoras que México necesitaba.” De esta manera el Presidente Peña Nieto cerró el ciclo transformador con declaraciones de triunfo político y legislativo.
Sin embargo hubo una reforma que no se concretó y para millones de mexicanos habría sido la principal de todas porque, bien llevada tendría un fuerte impacto positivo en generación de empleo, en la disminución del hambre y la miseria, en fortalecimiento de la cohesión social y la disminución de la violencia. Asuntos en los que no han logrado avanzar la reforma laboral, los programas asistencialistas ni la lucha contra el crimen.
Estoy hablando de la reforma del campo. Se empezó a hablar de ella con la publicación del programa sectorial agropecuario donde el gobierno se compromete a conseguir la seguridad alimentaria del país para el final de la actual administración. Esa seguridad se entiende como el conseguir que el 75 por ciento del consumo de los granos básicos de consumo humano y forrajero provengan del abasto interno. Es una meta ambiciosa que deriva de recomendaciones de la Organización Mundial de la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).
Tal compromiso alimentó el debate interno sobre cómo lograr cumplir con ese compromiso. Para la SAGARPA el esfuerzo consistiría en organizar a los productores en “clusters” agroindustriales y empresas privadas distribuidoras de insumos donde se volcarían los recursos públicos. Se trataba de otra vuelta de rosca a la privatización de la tierra, la desaparición de la propiedad social y el apoyo a la minoría de productores que considera “con potencial productivo”.
Sin embargo la respuesta campesina, en voz de líderes y organizaciones, fue prácticamente unánime. La producción agropecuaria del país creció notablemente en las décadas en las que el país crecía. Y creció gracias a la propiedad social, ejidos, comunidades y minifundio. El problema no es la forma de propiedad o su tamaño. Hay países del sureste asiático muy exitosos en la producción agropecuaria minifundista.
El problema, visto por los campesinos, ha sido el abandono del campo por parte del gobierno, la ausencia de una política de producción agropecuaria incluyente y dejar el mercado en manos de transnacionales y de los vaivenes del comercio y los precios mundiales.
Así que los campesinos elaboraron su propia propuesta. Esa fue también un notable triunfo político: cuarenta organizaciones de productores rurales presentaron el 23 de julio pasado una propuesta unificada ante cinco secretarios de Estado.
Dado que el Presidente de la República había convocado a la elaboración de la Reforma del Campo con amplia participación de todos los interesados, de manera democrática y buscando la construcción de consensos, todo parecía ir viento en popa. Pero en lugar de ello se le dejó de lado. Tal vez debido a que la propuesta de las organizaciones afecta profundamente a la operación burocrática actual, tan lejana del interés mayoritario.
¿Qué piden los campesinos? Presentan una visión muy distinta a la que impera actualmente; basada en dos conceptos clave: reactivación productiva y rentabilidad generalizada.
Por reactivación productiva se entiende el uso eficiente de los recursos que ya existen, los que tienen los productores y que hoy en día están subutilizados. Son recursos probados; generaban una producción importante hasta hace unos años.
Es posible reactivar la producción campesina mediante una política de rentabilidad generalizada. Lo cual requiere intervenciones directas del gobierno en apoyo a la producción y comercialización de los pequeños productores. Como en Europa, en Japón, en el sureste asiático.
Entre las demandas se encuentra crear una reserva nacional estratégica alimentaria mediante compras del gobierno a los productores sociales. Tendría una función reguladora; comprar en momentos de precios bajos y vender a los consumidores cuando los precios sean excesivos. De ese modo se controlaría el margen de intermediación excesivo y perjudicial para productores y consumidores.
Pidieron también que todas las compras públicas de productos agropecuarios y los apoyos alimentarios a millones de familias provengan de los pequeños productores organizados.
En paralelo habría supervisión de las importaciones y manejo de aranceles, en asociación con las organizaciones de productores. Justo como el acuerdo recientemente anunciado por el secretario de hacienda, Videgaray, para la industria del calzado. Si Estados Unidos impone aranceles a las importaciones de azúcar para defender su propia producción nuestras razones para hacerlo con los granos básicos son aún más contundentes.
No son medidas del otro mundo, sino aquellas que a muchos países les permiten contar con seguridad alimentaria y una evolución social armónica. Así que de momento quedamos en espera de esta la verdadera gran reforma, la del campo.
Jorge Faljo
El mensaje presidencial de principios de mes estuvo dedicado a celebrar las reformas estructurales que, a decir del gobierno, sientan las bases para cambios profundos y positivos. Destacan entre las reformas la laboral, la fiscal y la energética que serían las puntas de lanza de la creación de empleos, inversión productiva y, en general, crecimiento económico.
Gracias al Pacto por México fue posible hacer esas reformas. Esa alianza entre los principales partidos políticos propuesta y armada desde el primer día de la actual administración ciertamente permitió dejar atrás el marasmo legislativo que caracterizó a las administraciones panistas. Ello permitió “concretar en tan solo 20 meses las reformas transformadoras que México necesitaba.” De esta manera el Presidente Peña Nieto cerró el ciclo transformador con declaraciones de triunfo político y legislativo.
Sin embargo hubo una reforma que no se concretó y para millones de mexicanos habría sido la principal de todas porque, bien llevada tendría un fuerte impacto positivo en generación de empleo, en la disminución del hambre y la miseria, en fortalecimiento de la cohesión social y la disminución de la violencia. Asuntos en los que no han logrado avanzar la reforma laboral, los programas asistencialistas ni la lucha contra el crimen.
Estoy hablando de la reforma del campo. Se empezó a hablar de ella con la publicación del programa sectorial agropecuario donde el gobierno se compromete a conseguir la seguridad alimentaria del país para el final de la actual administración. Esa seguridad se entiende como el conseguir que el 75 por ciento del consumo de los granos básicos de consumo humano y forrajero provengan del abasto interno. Es una meta ambiciosa que deriva de recomendaciones de la Organización Mundial de la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).
Tal compromiso alimentó el debate interno sobre cómo lograr cumplir con ese compromiso. Para la SAGARPA el esfuerzo consistiría en organizar a los productores en “clusters” agroindustriales y empresas privadas distribuidoras de insumos donde se volcarían los recursos públicos. Se trataba de otra vuelta de rosca a la privatización de la tierra, la desaparición de la propiedad social y el apoyo a la minoría de productores que considera “con potencial productivo”.
Sin embargo la respuesta campesina, en voz de líderes y organizaciones, fue prácticamente unánime. La producción agropecuaria del país creció notablemente en las décadas en las que el país crecía. Y creció gracias a la propiedad social, ejidos, comunidades y minifundio. El problema no es la forma de propiedad o su tamaño. Hay países del sureste asiático muy exitosos en la producción agropecuaria minifundista.
El problema, visto por los campesinos, ha sido el abandono del campo por parte del gobierno, la ausencia de una política de producción agropecuaria incluyente y dejar el mercado en manos de transnacionales y de los vaivenes del comercio y los precios mundiales.
Así que los campesinos elaboraron su propia propuesta. Esa fue también un notable triunfo político: cuarenta organizaciones de productores rurales presentaron el 23 de julio pasado una propuesta unificada ante cinco secretarios de Estado.
Dado que el Presidente de la República había convocado a la elaboración de la Reforma del Campo con amplia participación de todos los interesados, de manera democrática y buscando la construcción de consensos, todo parecía ir viento en popa. Pero en lugar de ello se le dejó de lado. Tal vez debido a que la propuesta de las organizaciones afecta profundamente a la operación burocrática actual, tan lejana del interés mayoritario.
¿Qué piden los campesinos? Presentan una visión muy distinta a la que impera actualmente; basada en dos conceptos clave: reactivación productiva y rentabilidad generalizada.
Por reactivación productiva se entiende el uso eficiente de los recursos que ya existen, los que tienen los productores y que hoy en día están subutilizados. Son recursos probados; generaban una producción importante hasta hace unos años.
Es posible reactivar la producción campesina mediante una política de rentabilidad generalizada. Lo cual requiere intervenciones directas del gobierno en apoyo a la producción y comercialización de los pequeños productores. Como en Europa, en Japón, en el sureste asiático.
Entre las demandas se encuentra crear una reserva nacional estratégica alimentaria mediante compras del gobierno a los productores sociales. Tendría una función reguladora; comprar en momentos de precios bajos y vender a los consumidores cuando los precios sean excesivos. De ese modo se controlaría el margen de intermediación excesivo y perjudicial para productores y consumidores.
Pidieron también que todas las compras públicas de productos agropecuarios y los apoyos alimentarios a millones de familias provengan de los pequeños productores organizados.
En paralelo habría supervisión de las importaciones y manejo de aranceles, en asociación con las organizaciones de productores. Justo como el acuerdo recientemente anunciado por el secretario de hacienda, Videgaray, para la industria del calzado. Si Estados Unidos impone aranceles a las importaciones de azúcar para defender su propia producción nuestras razones para hacerlo con los granos básicos son aún más contundentes.
No son medidas del otro mundo, sino aquellas que a muchos países les permiten contar con seguridad alimentaria y una evolución social armónica. Así que de momento quedamos en espera de esta la verdadera gran reforma, la del campo.
lunes, 8 de septiembre de 2014
Mensaje presidencial futurista
Faljoritmo
Jorge Faljo
El Mensaje del Presidente Peña Nieto con motivo de su Segundo Informe de Gobierno se enfocó más en el futuro que en el pasado reciente. De algún modo es una contradicción porque por informe entendemos una relación de resultados obtenidos más que la elaboración de planes y esperanzas.
Tal vez se nos dijo lo que la mayoría quería escuchar, que tenemos por delante un futuro prometedor. Lo que suena mucho mejor que un recuento de problemas. Sin embargo creo que entre ambos extremos se podría haber dado otro tipo de informe, uno centrado en el país, enfocado en resultados y mucho más analítico. Me explico.
El Sr. Presidente dijo que su gobierno trabaja para que nuestro país logre un crecimiento elevado, sostenido y sustentable. En este sentido se hace un buen recuento de acciones. Sin embargo el crecimiento de los dos primeros años estuvo muy por debajo de lo esperado. La capacidad de predicción de esta administración no ha sido buena.
No se trata de que el gobierno se de una puñalada en el vientre. Pero si de que comparta su análisis para que los mexicanos sepamos, no que se equivocó, sino cuál será el correctivo.
Las acciones son numerosas. Por ejemplo, se han establecido más de cuatro mil comedores comunitarios; repartido 595 mil tarjetas Sin Hambre para obtener descuentos en la compra de alimentos y creado otras mil 945 tiendas Diconsa.
Pero habría sido útil colocarlo en el contexto nacional e incluso internacional. De acuerdo a Coneval hay cerca de 20 millones de mexicanos con hambre e incluso los trabajadores formales tienen problemas para alimentar a la familia. La lucha contra la pobreza en México ha sido un fracaso; más aún si se le compara con el resto de Latinoamérica.
Es bueno que el gobierno nos diga lo que ha hecho; pero sería mejor si lo ubicara en la perspectiva de las necesidades del país. Aunque visto así el esfuerzo que parecía notable puede resultar insuficiente y hasta fracasado.
Llama la atención el cambio de nombre del Programa Oportunidades para convertirse en Prospera. Al anunciarlo el Presidente reconoció su insuficiencia y que la proporción de la pobreza no disminuyó en treinta años. Sin embargo no hay diagnóstico de fondo que nos diga que millones de mexicanos pobres han visto inutilizados sus “activos productivos” debido entre otras cosas a la apertura comercial y al abandono institucional.
Prospera amplía el carácter asistencialista del programa, le añade becas y acceso preferencial al sistema de salud y a la enorme cola de solicitantes de empleo. Pero la infraestructura educativa está rezagada, el sistema de salud semidestruido y sin medicamentos y en las filas de empleo los jóvenes educados de la clase media no consiguen empleo. ¿Lo van a conseguir los becarios campesinos?
Un diagnóstico de fondo nos diría que más que asistencialismo y ayudas puntuales se requiere una reactivación generalizada de la producción rural e industrial de este país. Habría sido mejor atender la propuesta campesina que solicita que los comedores, el ejército, las guarderías públicas y los apoyos alimentarios a millones de mexicanos se den con alimentos y productos del sector social y campesino. Eso garantizaría proyectos productivos exitosos, empleo y mejoría del bienestar.
Tal vez lo principal del Mensaje presidencial es cuando se pregunta, y se responde: ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue es poner las reformas en acción. Lograr que los cambios a la Constitución y a las leyes se reflejen en beneficios para la población.
Esta no es la definición de un país en movimiento; es el anuncio de que nuestra clase política, oposiciones incluidas, le apostó todo a las reformas y de que espera que estas funcionen. Se dice que con ellas habrá crecimiento, empleo digno y bienestar. Tal vez hasta mejor educación, salud, transporte y otros servicios públicos. Incluso seguridad pública.
Hasta ahora la propuesta gubernamental reformadora ha sido una especie de “blitzkrieg” (“guerra relámpago” con fuertes bombardeos y uso de tanques; basada en la sorpresa y velocidad que impide al enemigo llevar a cabo una defensa coherente) que con gran apoyo mediático le ha permitido al gobierno aplastar toda oposición y obtener un gran triunfo político; así sea sin resultados positivos reales a la fecha. Todo parece resumirse en los muy bonitos planos del futuro aeropuerto para las elites y en los también bonitos planes para todo lo demás.
La actitud de los mexicanos no es de entusiasmo, sino de paciencia y simple espera. La prueba de fuego se dará cuando las reformas se empiecen a instrumentar. Entonces, tal vez el año que entra, tendremos un real informe sobre el estado del país y los resultados de esta administración.
Jorge Faljo
El Mensaje del Presidente Peña Nieto con motivo de su Segundo Informe de Gobierno se enfocó más en el futuro que en el pasado reciente. De algún modo es una contradicción porque por informe entendemos una relación de resultados obtenidos más que la elaboración de planes y esperanzas.
Tal vez se nos dijo lo que la mayoría quería escuchar, que tenemos por delante un futuro prometedor. Lo que suena mucho mejor que un recuento de problemas. Sin embargo creo que entre ambos extremos se podría haber dado otro tipo de informe, uno centrado en el país, enfocado en resultados y mucho más analítico. Me explico.
El Sr. Presidente dijo que su gobierno trabaja para que nuestro país logre un crecimiento elevado, sostenido y sustentable. En este sentido se hace un buen recuento de acciones. Sin embargo el crecimiento de los dos primeros años estuvo muy por debajo de lo esperado. La capacidad de predicción de esta administración no ha sido buena.
No se trata de que el gobierno se de una puñalada en el vientre. Pero si de que comparta su análisis para que los mexicanos sepamos, no que se equivocó, sino cuál será el correctivo.
Las acciones son numerosas. Por ejemplo, se han establecido más de cuatro mil comedores comunitarios; repartido 595 mil tarjetas Sin Hambre para obtener descuentos en la compra de alimentos y creado otras mil 945 tiendas Diconsa.
Pero habría sido útil colocarlo en el contexto nacional e incluso internacional. De acuerdo a Coneval hay cerca de 20 millones de mexicanos con hambre e incluso los trabajadores formales tienen problemas para alimentar a la familia. La lucha contra la pobreza en México ha sido un fracaso; más aún si se le compara con el resto de Latinoamérica.
Es bueno que el gobierno nos diga lo que ha hecho; pero sería mejor si lo ubicara en la perspectiva de las necesidades del país. Aunque visto así el esfuerzo que parecía notable puede resultar insuficiente y hasta fracasado.
Llama la atención el cambio de nombre del Programa Oportunidades para convertirse en Prospera. Al anunciarlo el Presidente reconoció su insuficiencia y que la proporción de la pobreza no disminuyó en treinta años. Sin embargo no hay diagnóstico de fondo que nos diga que millones de mexicanos pobres han visto inutilizados sus “activos productivos” debido entre otras cosas a la apertura comercial y al abandono institucional.
Prospera amplía el carácter asistencialista del programa, le añade becas y acceso preferencial al sistema de salud y a la enorme cola de solicitantes de empleo. Pero la infraestructura educativa está rezagada, el sistema de salud semidestruido y sin medicamentos y en las filas de empleo los jóvenes educados de la clase media no consiguen empleo. ¿Lo van a conseguir los becarios campesinos?
Un diagnóstico de fondo nos diría que más que asistencialismo y ayudas puntuales se requiere una reactivación generalizada de la producción rural e industrial de este país. Habría sido mejor atender la propuesta campesina que solicita que los comedores, el ejército, las guarderías públicas y los apoyos alimentarios a millones de mexicanos se den con alimentos y productos del sector social y campesino. Eso garantizaría proyectos productivos exitosos, empleo y mejoría del bienestar.
Tal vez lo principal del Mensaje presidencial es cuando se pregunta, y se responde: ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue es poner las reformas en acción. Lograr que los cambios a la Constitución y a las leyes se reflejen en beneficios para la población.
Esta no es la definición de un país en movimiento; es el anuncio de que nuestra clase política, oposiciones incluidas, le apostó todo a las reformas y de que espera que estas funcionen. Se dice que con ellas habrá crecimiento, empleo digno y bienestar. Tal vez hasta mejor educación, salud, transporte y otros servicios públicos. Incluso seguridad pública.
Hasta ahora la propuesta gubernamental reformadora ha sido una especie de “blitzkrieg” (“guerra relámpago” con fuertes bombardeos y uso de tanques; basada en la sorpresa y velocidad que impide al enemigo llevar a cabo una defensa coherente) que con gran apoyo mediático le ha permitido al gobierno aplastar toda oposición y obtener un gran triunfo político; así sea sin resultados positivos reales a la fecha. Todo parece resumirse en los muy bonitos planos del futuro aeropuerto para las elites y en los también bonitos planes para todo lo demás.
La actitud de los mexicanos no es de entusiasmo, sino de paciencia y simple espera. La prueba de fuego se dará cuando las reformas se empiecen a instrumentar. Entonces, tal vez el año que entra, tendremos un real informe sobre el estado del país y los resultados de esta administración.
lunes, 1 de septiembre de 2014
Un Paso Positivo
Faljoritmo
Jorge Faljo
Esta vez el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, llegó a la Feria del Calzado, en León Guanajuato, bien preparado. Anunció que habría nuevas reglas de importación destinadas a restringir la importación indiscriminada de zapatos; millones de los cuales entran al país en condiciones de dumping.
Ahora, en lugar de la desgravación unilateral en marcha, es decir a cambio de nada, el Secretario anunció que se aplicará un arancel del 25 al 30 por ciento a las importaciones. Esto le dará, esperemos, un respiro a un sector semidestruido, como prácticamente toda la manufactura en México.
Lo más interesante son las medidas no arancelarias de control de las importaciones. Todas las entradas de calzado deberán notificarse con cinco días de anticipación; presentando documentos de embarque, facturas de compra, pago de fletes y seguros. Los introductores deberán estar inscritos en un padrón sectorial de importadores de calzado y en el Servicio de Administración Tributaria. Solo se podrá introducir esta mercancía en nueve aduanas seleccionadas y no en la actuales 33.
Tal vez lo más importante es que el calzado que llegue será revisado por observadores expertos, pagados por los industriales del sector, que se encargarán de determinar los costos reales de producción para evitar la entrada de mercancía subvaluada. Las contribuciones se causarán sobre el precio estimado por los observadores y no sobre el reportado por el importador.
Se tardaron en instrumentar estas medidas. Hace 14 años entraron al país tres millones de zapatos chinos. Ahora, solo en el primer semestre llegaron 36 millones.
Esta avalancha llevó a la quiebra a miles de pequeños y micro productores de calzado; otros miles trabajan a media capacidad y a un nivel de subsistencia empresarial que imposibilita el ahorro y la inversión y, por tanto, el avance en productividad. En tales condiciones es también inviable todo aumento salarial e incluso los productores en pequeños talleres familiares, que son muchos, se han tenido que apretar el cinturón.
Más vale tarde que nunca. Sin embargo las medidas podrían haber sido más contundente. El arancel podría ser de hasta 50 por ciento, de acuerdo a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, con los países con los que no tenemos tratados comerciales. Y con los que si tenemos tratados, pero sostenemos un intercambio desequilibrado, sería el momento de revisarlos.
De cualquier manera las nuevas medidas constituyen una buena señal, sobre todo porque se presentan con un lenguaje innovador.
Videgaray dijo que el Gobierno de la República debía decidir entre dos visiones opuestas. Una, abrir irrestrictamente las fronteras sin importar las consecuencias para productores y empleo; otra, vincular la estrategia industrial a su impacto social. También criticó la política de apertura y desgravación indiscriminada del sector en los últimos años; lo que desde el punto de vista de la política industrial implicó el abandono del sector.
Quiero ver en estas palabras la señal de un cambio relevante. Sobre todo por lo siguiente: el anuncio lo hace el secretario de Hacienda y no el de Economía; inscribe la medida en el contexto de una política industrial; considera relevante el impacto social para determinar estrategias comerciales y establece un dialogo que atiende a los intereses del empresariado nacional. A diferencia de cómo le ha ido últimamente esta vez el Sr. Secretario fue muy aplaudido por el sector empresarial.
Todo lo anterior es novedad y refleja un nuevo criterio en la toma de decisiones: el político. Es decir el abandono del dogmatismo feroz aprendido en alguna universidad norteamericana para, en cambio, escuchar a un sector productivo importante por su generación de empleo y por generar un producto indispensable al bienestar general.
Me parece que las medidas tomadas debieran todavía afinarse más para incluir acuerdos con los empresarios que beneficien a los trabajadores. Terminaría de redondear la nueva estrategia. Sobre todo cuando sabemos que gran parte de los trabajadores formales no tienen un ingreso suficiente ni para alimentar bien a su familia.
La decisión gubernamental, aunque aislada, nos muestra una alternativa importante. Es una medida pública que no requirió cambios legales, tan solo de mentalidad. Que modifica situaciones dentro del margen de acción posible al gobierno; solo se requería la voluntad de hacerlo. Lo principal es que genera de inmediato condiciones de competitividad, uso eficiente de la capacidad instalada y rentabilidad que pueden ser la base para la inversión y el avance tecnológico.
Es un cambio que inspira la posibilidad de empezar a diseñar una real política industrial aplicable a toda la manufactura.
Jorge Faljo
Esta vez el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, llegó a la Feria del Calzado, en León Guanajuato, bien preparado. Anunció que habría nuevas reglas de importación destinadas a restringir la importación indiscriminada de zapatos; millones de los cuales entran al país en condiciones de dumping.
Ahora, en lugar de la desgravación unilateral en marcha, es decir a cambio de nada, el Secretario anunció que se aplicará un arancel del 25 al 30 por ciento a las importaciones. Esto le dará, esperemos, un respiro a un sector semidestruido, como prácticamente toda la manufactura en México.
Lo más interesante son las medidas no arancelarias de control de las importaciones. Todas las entradas de calzado deberán notificarse con cinco días de anticipación; presentando documentos de embarque, facturas de compra, pago de fletes y seguros. Los introductores deberán estar inscritos en un padrón sectorial de importadores de calzado y en el Servicio de Administración Tributaria. Solo se podrá introducir esta mercancía en nueve aduanas seleccionadas y no en la actuales 33.
Tal vez lo más importante es que el calzado que llegue será revisado por observadores expertos, pagados por los industriales del sector, que se encargarán de determinar los costos reales de producción para evitar la entrada de mercancía subvaluada. Las contribuciones se causarán sobre el precio estimado por los observadores y no sobre el reportado por el importador.
Se tardaron en instrumentar estas medidas. Hace 14 años entraron al país tres millones de zapatos chinos. Ahora, solo en el primer semestre llegaron 36 millones.
Esta avalancha llevó a la quiebra a miles de pequeños y micro productores de calzado; otros miles trabajan a media capacidad y a un nivel de subsistencia empresarial que imposibilita el ahorro y la inversión y, por tanto, el avance en productividad. En tales condiciones es también inviable todo aumento salarial e incluso los productores en pequeños talleres familiares, que son muchos, se han tenido que apretar el cinturón.
Más vale tarde que nunca. Sin embargo las medidas podrían haber sido más contundente. El arancel podría ser de hasta 50 por ciento, de acuerdo a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, con los países con los que no tenemos tratados comerciales. Y con los que si tenemos tratados, pero sostenemos un intercambio desequilibrado, sería el momento de revisarlos.
De cualquier manera las nuevas medidas constituyen una buena señal, sobre todo porque se presentan con un lenguaje innovador.
Videgaray dijo que el Gobierno de la República debía decidir entre dos visiones opuestas. Una, abrir irrestrictamente las fronteras sin importar las consecuencias para productores y empleo; otra, vincular la estrategia industrial a su impacto social. También criticó la política de apertura y desgravación indiscriminada del sector en los últimos años; lo que desde el punto de vista de la política industrial implicó el abandono del sector.
Quiero ver en estas palabras la señal de un cambio relevante. Sobre todo por lo siguiente: el anuncio lo hace el secretario de Hacienda y no el de Economía; inscribe la medida en el contexto de una política industrial; considera relevante el impacto social para determinar estrategias comerciales y establece un dialogo que atiende a los intereses del empresariado nacional. A diferencia de cómo le ha ido últimamente esta vez el Sr. Secretario fue muy aplaudido por el sector empresarial.
Todo lo anterior es novedad y refleja un nuevo criterio en la toma de decisiones: el político. Es decir el abandono del dogmatismo feroz aprendido en alguna universidad norteamericana para, en cambio, escuchar a un sector productivo importante por su generación de empleo y por generar un producto indispensable al bienestar general.
Me parece que las medidas tomadas debieran todavía afinarse más para incluir acuerdos con los empresarios que beneficien a los trabajadores. Terminaría de redondear la nueva estrategia. Sobre todo cuando sabemos que gran parte de los trabajadores formales no tienen un ingreso suficiente ni para alimentar bien a su familia.
La decisión gubernamental, aunque aislada, nos muestra una alternativa importante. Es una medida pública que no requirió cambios legales, tan solo de mentalidad. Que modifica situaciones dentro del margen de acción posible al gobierno; solo se requería la voluntad de hacerlo. Lo principal es que genera de inmediato condiciones de competitividad, uso eficiente de la capacidad instalada y rentabilidad que pueden ser la base para la inversión y el avance tecnológico.
Es un cambio que inspira la posibilidad de empezar a diseñar una real política industrial aplicable a toda la manufactura.
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