Huachicoleo y política social

Jorge Faljo

Para el combate al huachicoleo se ha retomado el control de los flujos del energético dentro de Pemex, con mejor vigilancia de ductos y pipas, con métodos de distribución alternativas, con mayor capacidad de respuesta inmediata de la fuerza pública. Además está la detección de manejos financieros irregulares, cierre y posible extinción de dominio de infraestructura asociada a la criminalidad. A esta lista no exhaustiva le falta el ingrediente principal.

En la perspectiva de la nueva administración se requiere una estrategia de desarrollo y bienestar. Al plan correspondiente ya se le ha asignado un presupuesto de 3.8 miles de millones de pesos y consiste en enfocar nueve programas sociales en beneficio de los pobladores de 91 municipios propensos al huachicoleo.

Al contrario de criminalizar a los de a pie, como se acostumbraba, para disimular el hacerse de la vista gorda con los de arriba, ahora el diagnóstico es que han sido las condiciones de pobreza y necesidad las que empujaron a estas poblaciones a las actividades ilegales.

Los apoyos planteados incluyen transferencias monetarias para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y jóvenes; también a pequeños productores agropecuarios y ejidatarios; becas de capacitación para el trabajo y para estudiantes del nivel básico al superior; créditos sin intereses para impulsar pequeños negocios. Proseguirá un censo para identificar beneficiarios y el eje de la instrumentación consistirá en entregar tarjetas que permitan transferir los apoyos de manera directa, sin intermediarios.

Lejos de ser un garbanzo de a libra la propuesta huachicolera aterriza un planteamiento central del nuevo régimen: el combate al crimen organizado requiere una estrategia de inclusión al desarrollo de la población marginada y vulnerable.

Hago dos señalamientos al respecto que lejos de ser contradictorios se complementan. Lo primero es que una nueva política social para el bienestar, el fortalecimiento del estado de derecho y el abatimiento de la violencia es lo mejor que se le puede ofrecer al país. Abrir oportunidades a la inclusión escolar y productiva de los jóvenes, apoyar a los productores, mitigar el desamparo de los más vulnerables nos permitirá construir bases para un desarrollo más equilibrado.

En una nueva política social apropiada a las nuevas orientaciones de este gobierno lo esencial será encontrarse con el pueblo, consultarlo, apelar a su sabiduría. Si de momento hay que cargar con la herencia de programas diseñados con otra visión, deben aplicarse con espíritu crítico. En los sexenios recientes los programas sociales fueron en ocasiones corruptos, en otras de baja o nula eficacia. Por lo menos en comparaciones internacionales el importante gasto social de México no tuvo ni de lejos los impactos positivos que programas similares consiguieron en otros países.

Lo que ocurrió es que los programas sociales no tuvieron real acompañamiento público y menos desde una perspectiva de conocimiento de lo social. De parte del gobierno ha ocurrido un desprecio inadmisible a las aportaciones de los sociólogos, antropólogos, politólogos o economistas con formación social. Los programas no tuvieron acompañamiento de ningún tipo. Se diseñaron para sembrar dinero como si se arrojara desde el aire y sin verdadero análisis de sus impactos.

Los pueblos, ejidos, comunidades y barrios no fueron verdaderos receptores de los programas. Lo fueron los individuos en calidad de beneficiarios pasivos. No se apoyaron, sino que se debilitaron las formas de organización, liderazgo y representación locales. Una estrategia asistencialista y debilitadora de la participación.

Tuve la oportunidad de preguntar de manera directa y en varias comunidades a mujeres beneficiadas de “Progresa – Oportunidades” cual fue el criterio para seleccionarlas. Invariablemente contestaban que no lo sabían; no podían entenderlo. Cuando yo daba la respuesta oficial correcta; que se beneficiaba a las más necesitadas, se armaba una buena discusión. No estaban de acuerdo.

El fondo del asunto es que los programas que se han presentado como sociales no son sentidos como propios de los pueblos y comunidades. Se aceptan porque a caballo regalado no se le ve el colmillo, pero no se les considera justos. En muchos casos, tal vez la mayoría, han sembrado discordias internas y han debilitado la gobernanza local. Operan a contrapelo de las autoridades y liderazgos formales e informales locales.

Lo que ha faltado es una visión de fortalecimiento de la cohesión local.

En el otro extremo he tenido la suerte de participar, con un equipo de verdaderos expertos, en la formación de facilitadores de la planeación participativa. Procesos serios e intensivos de dos semanas de duración, con una docena de grupos trabajando simultáneamente. Dia a día describían su entorno territorial, actividades económicas, grupos y formas de relación social. A partir de un diagnóstico consensado definían problemas, prioridades y estrategias de acción expresadas en el método de marco lógico.

Fue fascinante ver como el conocimiento emanaba de abajo hacia arriba, con facilitadores cuya principal virtud era saber callarse cuando el pueblo hablaba. El resultado era la alegría por lo aprendido; no mero conocimiento, sino habilidades para hablar en público, de liderazgo, de dialogo y concertación. De los grupos emanaban proyectos innovadores con estrategias de instrumentación. Una reacción al conocimiento mutuo y de su entorno; sin haber recibido dadivas, becas, apoyos. Nada, aparentemente.

Lamentablemente la mayor cohesión comunitaria y la elevación de la autoestima son invisibles para la burocracia.

Si pensamos que el pueblo es sabio debiéramos facilitarle la palabra, la generación de consensos, su autodiagnóstico, y saber escuchar sus prioridades y proyectos. Y amoldar los programas para apoyar proyectos que unan, que fortalezcan su organización y gobernanza.

Ese es el gran reto para una política que cohesione, fortalezca y escuche a las bases sociales que harán posible encaminarnos hacia la inclusión y el bienestar.

Tiempos heroicos

Jorge Faljo

No ha sido fácil. Las filas para cargar gasolina alcanzaron en algunos lados cuadras de distancia y significaron largas horas de tiempo perdido. Algo tan deprimente como encontrarse con una tras otra gasolinera fuera de servicio.

La reacción ciudadana inicial ha sido de consternación y miedo. Miedo a que la situación empeorara al grado de que el impacto al transporte y al comercio pudiera generar desabastos secundarios. Ayudaron a crear esta sensación las oleadas de información falsa y tendenciosa.

Afortunadamente la situación no escaló y, por el contrario, ya son claras las señales de regularización de la situación. Sin embargo, ha sido un evento sísmico, de esos que nadie puede ignorar y que quedará grabado en la memoria. Pese a lo inesperado y desconcertante, este evento ha despertado en millones de mexicanos una mayor conciencia de la vulnerabilidad que heredamos tras décadas de erosión continuada del Estado.

El desmantelamiento del sector público se aceleró en los años noventa cuando la tecnocracia neoliberal se atrevió a repudiar abiertamente las raíces populares del Estado mexicano. Se trataba de alejarse de lo que se llamó paternalismo para enanizar y despojar de sus responsabilidades al gobierno.

Con el entusiasmo con que se rompe una piñata el salinismo puso a la venta centenares de empresas públicas cedidas a los cuates a precios de ganga; así empezó el saqueo a México al amparo de la ley. Se generó una nueva camada de enriquecidos que, en alianza con el capital externo, se hicieron cargo de la conducción del país.

Pero algunas grandes empresas e instituciones no eran fáciles de desmantelar. Sea porque eran pilares de las finanzas públicas, como Pemex y la CFE; porque operaban transferencias sociales indispensables a la convivencia social y a la gobernanza del país, como Diconsa, los programas sociales y el ejido; o porque no podían borrarse fácilmente de la memoria histórica del pueblo de México.

Para las empresas que no se pudieron rematar, la estrategia de desmantelamiento consistió en una labor de zapa, pudrirlas desde adentro. El resultado fue disparejo, Diconsa y el ejido resistieron algo mejor las presiones privatizadoras en la medida en que se vinculaban a comunidades organizadas.

El caso es que el desmantelamiento progresivo del Estado abrió el paso a una estrategia de globalización, privilegio a la producción exportable, venta de acervos nacionales al capital externo y ceder la conducción del país al libre mercado. Una estrategia que hoy sabemos fracasada; que a más del estancamiento económico significó empobrecer a México y a la mayoría de los mexicanos.

La venta país fue un rasgo admitido, incluso presumido por los abanderados del modelo. Otros no tan dignos de elogio, como el deterioro salarial, el retroceso del empleo digno y la falta de crecimiento eran también conocidos.

Pero en estos días nos ha sorprendido la magnitud de la corrupción que ahora podemos ver como otra característica esencial del modelo. No una mera herida infortunada, sino una podredumbre de magnitud casi inimaginable que ha sido parte esencial de la estrategia de saqueo facilitada desde los más altos niveles gubernamentales.

En Pemex el huachicoleo hormiga, populachero, ha sido importante. Pero una visión amplia revela su importancia secundaria respecto del robo mucho mayor orquestado por personajes de traje y corbata del sector público y empresarial. Lo mismo ocurrió en la CFE donde la existencia de diablitos permitía disimular que eran en realidad los diablotes concertados con grandes empresas el principal canal de fuga de energía. Ahora se calcula que entre Pemex y la CFE se generaban pérdidas por más de 100 mil millones de pesos al año.

Los problemas generados por la escasez de gasolina en las últimas dos semanas hacen que muchos hablen de una mala planeación. Es posible que al jalar los primeros hilos los primeros sorprendidos por la magnitud de la madeja hayan sido los más altos funcionarios públicos. Como nos ha pasado a todos.

Sin embargo, a la movilización del ejército y la marina para la toma de instalaciones estratégicas se han sumado con rapidez otras entidades, como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria. Se ha redondeado una estrategia integral que incluye las operaciones sobre terreno y, tal vez lo más novedoso, un verdadero rastreo de operaciones financieras.

Están además los acuerdos con el sector privado y la compra de transportes para mejorar la distribución de gasolina al mismo tiempo que se combate no solo la apertura de ductos, sino el franco sabotaje.

Comparado con los tiempos usuales de reacción burocrática, este ha sido un periodo de aprendizaje intensivo. Primero sobre el verdadero tamaño de un problema disimulado durante décadas por una extensa madeja de complicidades que ahora ha quedado al descubierto. Un segundo aprendizaje es sobre el enfoque integral, incluido lo financiero y lo fiscal, que se requiere para combatir los crímenes sobre el terreno. Lo tercero es la movilización administrativa y la logística operativa necesaria para resolver el desabasto.

La nueva administración está mostrando una musculatura y coordinación que sus predecesores se habían negado a siquiera intentar. Algunos comparan la recuperación del control de la empresa y la distribución de gasolina con una nueva expropiación en favor del interés nacional.

Esta coyuntura puede y debe ser vista como uno de los primeros pasos hacia la recuperación del Estado como agente de la voluntad ciudadana. Ha empezado por una limpieza interna que fortalecerá sus capacidades para conducir la vida nacional en un nuevo sentido.

La lucha contra el viejo entramado corrupto ha sido apoyada por la mayoría de la ciudadanía. Es una actitud de virtud, valentía y capacidad de resistencia sobresaliente para enfrentar la adversidad en favor del bien colectivo. Precisamente la definición de heroísmo.

(Este artículo fue escrito antes de conocerse la terrible tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo).

El mundo en la cuesta de enero

Jorge Faljo

Tras las fiestas y regalos viene la resaca; aunque nadie nos quita lo bailado ahora hay que apretarse el cinturón y, sobre todo si nos pasamos de gastos, habrá que arreglárnoslas para pagar.

No estamos solos. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar nuevos datos sobre la deuda mundial y lo que revela es que el monto de las deudas es el mayor en la historia del mundo; alcanza los 184 billones de dólares. Una cantidad difícil de comprender. Es más que toda la producción del planeta en dos años y un trimestre. Puesto de otro modo: las deudas suman 86 mil dólares por cada ser humano.

Tal nivel de deuda no es un producto del descuido de los individuos o los gobiernos. Responde a una estrategia que debemos entender.

La “gran recesión” iniciada en 2008 se originó en que millones de familias norteamericanas no pudieron pagar sus deudas hipotecarias. El sistema financiero les prestó sin ton ni son para la compra de viviendas. En su lógica si un deudor dejaba de pagar siempre podrían cobrarse recuperando la casa y revendiéndola; era un negocio seguro. Así que le prestaron a empleados temporales y de bajos salarios; incluso a desempleados.

Nunca tantas familias norteamericanas habían tenido una casa propia como en 2007. Nunca había funcionado tan bien la industria de la construcción y de accesorios como cocinas, salas, electrónicos y demás. Las ganancias eran substanciales.

Pero algo falló. Una elevación de las tasas de interés hizo que cientos de miles dejaran de pagar. Y cuando se recuperaron esas casas para revenderlas no había compradores porque ya se les había prestado a todos los candidatos posibles.

La situación llevó a una caída brutal en el precio de las viviendas y a la parálisis de la industria de la construcción. Millones debían más de lo que valía su casa y ni vendiéndola saldaban su deuda. Al caer la construcción cayó la venta accesorios, se perdieron muchos empleos y bajaron los salarios.

Se generaron otras oleadas de deudores insolventes hasta que millones de familias perdieron sus casas en los Estados Unidos.

Las repercusiones de esta recesión fueron mundiales. En México en 2009 la producción se redujo entre 6 y 4 por ciento según uno lea las cifras oficiales iniciales o las corregidas posteriormente.

Prestar a los consumidores no es novedoso; pero el neoliberalismo lo ha llevado a niveles nunca vistos. Se explica porque en las últimas décadas la producción se elevó notablemente, los salarios se estancaron y las ganancias subieron a los cielos. Creció la inequidad y con ello la amenaza de no poder vender gran parte de lo producido. El neoliberalismo crea un desencuentro creciente entre mucha oferta de un lado y bajos salarios del otro.

Hubo una solución, hacer que la ganancia empresarial sirviera para financiar el consumo. Algo que fortaleció, temporalmente, a la demanda y a las empresas les permitió seguir vendiendo. Con otra gran ventaja. En un mercado de baja demanda las oportunidades de inversión escasean, y al destinar la riqueza acumulada a prestarle a los consumidores se fortaleció también la ganancia financiera.

Visto así el endeudamiento excesivo de los consumidores no es sino un substituto de los salarios que debieron haberse incrementado.

Endeudar a las familias, lo que ocurre sobre todo en los países y grupos económicos más globalizados, no solo es un mal substituto de una mayor equidad en la distribución del ingreso. Tiende a fallar y a generar crisis cada varios años. Eso pasó en 2008 y llevó a la quiebra a muchas empresas. Lo que nos lleva a un segundo gran factor del endeudamiento.

Se trata de los grandes rescates a los que se prestan los gobiernos neoliberales. Ocurrieron en casi todas partes. En México tenemos el recuerdo amargo, y la deuda casi eterna del Fobaproa, la del rescate carretero y la de las grandes constructoras de vivienda. Rescates cargados de penumbra y corrupción.

Otro factor de deuda es que el gobierno construya, preste servicios públicos o transfiera recursos a grupos vulnerables, todo ello indispensable a la convivencia social y el desarrollo económico. Debemos verlo además como una forma de generación de demanda indispensable para que el sector privado pueda vender.

México en particular destaca como paraíso fiscal en el que las grandes empresas y fortunas pagan impuestos muy por debajo de lo que prevalece en el resto del mundo.

Con la deuda externa la situación es peor. Promueve un desequilibrio en el que compramos más al exterior de lo que vendemos en claro detrimento de la producción interna. Aquí también destaca México, sobre todo en su relación con China, en un intercambio que de aquel lado genera industrialización y empleo, y de nuestro lado lo contrario.

Las deudas más devastadoras se originan en las substituciones artificiosas que crea el neoliberalismo: prestar a los consumidores en lugar de elevar salarios; prestar a los gobiernos en lugar de pagar impuestos; prestar a los países periféricos en lugar de un comercio equilibrado favorable al desarrollo de ambas partes.

Cuando estos esquemas truenan, y lo hacen cada pocos años, no lo pagan todos por igual. La crisis destruye a los productores más débiles y permite a los más fuertes avanzar en su mayor dominio del mercado global.

Escapar de esta cuesta de enero permanente no será fácil pero ahora en México podemos dar pasos en esa dirección. No fallemos.