Escopetazos de salud

 

Jorge Faljo

Le llamé a Rosa María hace como una semana y estaba llorando; el oxímetro le marcaba menos de 80 por ciento a su marido y ella sabía que eso era muy mala señal. Toda la familia estaba enferma por el virus, con resultados positivos en sus pruebas y síntomas clásicos: fiebre, dolores, náuseas, debilidad.  

No querían ir a un hospital; finalmente un doctor amigo la convenció de que no la retendrían o entubarían contra su voluntad. Tras un par de horas, con mucho miedo decidieron enfrentar lo peor en un hospital Covid cercano.

A su regreso dijo que los atendieron de inmediato, con mucha amabilidad en la revisión de cada uno y en la explicación de la receta que deberían surtir y los cuidados necesarios. Les abrieron expediente y les dijeron que tenían consulta abierta a cualquier hora y en cualquier día. Y que le cambiaran la pila al oxímetro porque estaba baja. De inmediato enviaron al hospital a las dos hijas también enfermas a que las valoraran.

Tal vez fuera un garbanzo de a libra; pero algunas señales nutren mi optimismo.

Los oxímetros, antes escasos y a más de mil pesos, ahora se encuentran desde los 280 pesos. Podría pensarse que aumentó la oferta, y también que ya muchos tienen el suyo y se están cuidando.

Científicos, médicos y curanderos están haciendo su tarea y han aprendido. Desde la ciencia nos dicen de la importancia de consumir buenas dosis de vitamina D y zinc hacen la diferencia entre hospitalización o cuidados en casa. Otra buena noticia es que el uso de tapabocas, y narices no lo olvidemos, reduce la carga viral primaria que se recibe y da lugar a infecciones menos graves, por lo que beneficia en alto grado al que lo porta. Eso hace que en todo el mundo el virus esté disminuyendo su agresividad.

Los médicos han aprendido y una consulta a tiempo reduce en mucho la probabilidad de hospitalización. Y hablando de curanderos es notable la cantidad de amigos, familiares, vecinos que, como cristianos en las catacumbas, a media voz revelan su experiencia directa en la que el dióxido de cloro les ayudó a salir delante de la enfermedad.

Se han desarrollado experiencias muy positivas en varios campos. Estados y municipios que reparten despensas, brigadas médicas comunitarias que en algunos lados tocan casa por casa para detectar casos y dar las recomendaciones correctas. Se han creado por lo menos dos universidades de la salud y se han contratado a varias decenas de miles de médicos y enfermeras en estructuras de atención que tienden a ser permanentes y crean la posibilidad de salir, o continuar, en esta epidemia con mejor atención a la que existía antes.

Todo ello contribuye a que los hospitales Covid ya no estén saturados y su porcentaje de camas ocupadas haya bajado a 28 por ciento y de 25 por ciento en camas con ventilador.

Una experiencia particularmente relevante fue la subrogación de la atención de 17 mil 413 derechohabientes en 226 hospitales privados de 29 estados del país. El acuerdo entre el gobierno y los empresarios privados fue para la subrogación de 7 procedimientos quirúrgicos. Así se podrían atender a derechohabientes y beneficiarios del IMSS, ISSSTE, Pemex, Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina durante la emergencia sanitaria.

De los derechohabientes atendidos el 86 por ciento fueron del IMSS, 11% del ISSSTE y 3% del Insabi, Sedena, Semar y Pemex. El 81 por ciento de las intervenciones fue para partos y cesáreas, y 17 por ciento cirugías generales, 2 por ciento para urológicas y endoscopías.

El jueves 24 de septiembre se celebró con bombo y platillo la alianza entre el gobierno y los privados. Se declaró que fue un éxito, y se la dio por terminada. Lo cual resulta paradójico y es necesario hilar más fino.

Si fue un éxito, pero también hay que tomarlo con una pisca de sal. Atender a más de 17 mil derechohabientes en hospitales privados es una buena cifra, para un experimento relativamente pequeño. El hecho es que ese dato podría haber sido varias veces mayor. El potencial era enorme y bien podrían haberse esperado incluso cientos de miles de pacientes referidos en un momento en que la pandemia saturó los servicios hospitalarios públicos sin que dejaran de existir las necesidades de atender las enfermedades y emergencias de siempre. Al mismo tiempo el temor ahuyentó de los hospitales privados a la clientela de procedimientos electivos no urgentes.

Estuvo bien esa alianza, pero no dio todo el ancho que cabía esperar debido a obstáculos creados por ambas partes. Del lado público la burocracia médica y administrativa se hizo la remolona para referir pacientes a los hospitales privados.

De lado empresarial firmaron el acuerdo bajo el temor a perder el control de sus hospitales debido a la gravedad de la emergencia. Aceptaron cobrar precios muy bajos; solo los partos y cesáreas les dejaban alguna utilidad y en los otros procedimientos había hasta pérdidas. El acuerdo les permitía que en la práctica declararán que no tenían capacidad de atención para los procedimientos sin ganancias. Así que se concentraron en partos y cesáreas. Sin el estímulo de una mayor ganancia no presionaron para recibir muchos más derechohabientes referidos.

La experiencia fue buena y es rescatable, cosa de renegociar el acuerdo. Existen tablas de costos por tipo de paciente e intervención que deberían ser el referente de base y, me aseguran expertos, es posible determinar precios que dejen una ganancia atractiva a los empresarios hospitalarios y al mismo tiempo sean inferiores a los costos que tiene atender pacientes dentro de los hospitales públicos.

Los costos de la atención en el sector público son muy altos por dos motivos; la compra de muy costosos “servicios integrales” a proveedores privados y un manejo administrativo deficiente; mucha jerarquía y poco personal operativo.

Subrogar procedimientos quirúrgicos al sector privado en condiciones aceptables para ambos lados abriría un campo importante a la inversión privada en adecuar secciones, incluso abrir hospitales expresamente destinados a esta nueva vertiente de “atención social”. Renovar la alianza demanda renegociar precios y condiciones del servicio, adecuadamente supervisado, y asegurar la continuidad del trato en el largo plazo.

Lo que importa es acabar con las largas esperas de semanas para una cita, de meses para una intervención en un sistema hospitalario muy presionado, deprimente y con evidentes deterioros.

Inversión privada para la atención pública es la mejor, o única salida para asistir decentemente a la sociedad.

Recuperación sostenible… ¿Será?

 

Jorge Faljo

México refrendó su compromiso por una recuperación sostenible durante la Reunión Ministerial de Medio Ambiente del G-20, el grupo que incluye a los principales países del planeta. En esa videoreunión virtual la representante de México, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, señaló que debemos atender, urgentemente, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra y el cambio climático, al mismo tiempo que se combate la pobreza.

Tiene razón y su planteamiento estuvo en perfecta sintonía con el del documento final del encuentro. En ese documento se dice que cada año se pierden para la agricultura alrededor de 12 millones de hectáreas con un significativo daño ambiental y socioeconómico que impacta a miles de millones de personas.

Cuatro días antes una reunión similar del G-20 referente a agricultura y agua, se discutió cómo incrementar la sostenibilidad de la agricultura para un crecimiento incluyente, reducir el desperdicio de alimentos, que se acerca a la tercera parte de la producción total, y combatir la desnutrición.

Finalmente, los participantes de ambas reuniones acordaron continuar sus esfuerzos hacia el encuentro de soluciones. Como vienen haciéndolo desde hace décadas.

No falta diagnóstico, no faltan soluciones y podría pensarse que no falta sinceridad en el deseo de cambio. Pero no se avanza porque cambiar de rumbo implica enfrentar enormes barreras de intereses creados y la idea de que no hay otra manera. No es así.

El sistema alimentario en su conjunto es hoy en día el principal depredador y contaminante del medio ambiente, de la tierra, el agua y el aire. Un sistema guiado por el único objetivo de la mayor productividad de corto plazo produce al máximo a costa de la sobreexplotación de la tierra a la que agota, no le permite recuperarse y termina por desecharla, o usarla solo como piso exhausto. La implantación de monocultivos va en contra de la biodiversidad y la expansión de los mismos destruye bosques y selvas.

El uso excesivo de fertilizantes químicos contamina el agua dulce y millones de toneladas de fosfato y nitrógeno, arrastrados por los ríos, terminan en los océanos, fertilizando el crecimiento de algas que absorben el oxígeno disuelto que necesitan las poblaciones de peces. La agricultura ataca la vida marina.

Se estima que cerca de la tercera parte de los alimentos se pierde o desperdicia. En el mundo pobre sobre todo por instalaciones de almacenamiento y procesamiento inadecuadas. En el mundo rico por cada consumidor se desperdician unos 100 kilos al año de alimentos, entre otras cosas por una apariencia imperfecta, porque el tipo de alimentos es más delicado, o de plano porque se compra de más y la comida, siendo parte menor del gasto de tales familias, no se cuida en los hogares.

Lo central del problema es la producción de carne. Si se suman las tierras de pastoreo a las dedicadas a la producción de forrajes cerca del 70 por ciento de las tierras agrícolas se dedican a la producción de ganado. El incremento demográfico y de nuevas clases medias en algunos países, por ejemplo, China, llevan a un consumo excesivo de carne. Tan excesivo que se asocia a enfermedades crónicas, como obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares y cáncer.

Más de la tercera parte de la producción mundial de cereales se usa como forraje. Eso reduce enormemente su capacidad para alimentar a más seres humanos. El consumo excesivo de carne no solo expande las superficies de cultivo, ataca la biodiversidad y contamina, sino que quita alimentos de la mesa de los pobres y contribuye a los cientos de millones de gentes que sufren hambre crónica.

Las cifras revelan incrementos de la producción agropecuaria superiores al crecimiento de la población. Pero estos ocurren sobre todo en forma de productos para el consumo de las clases medias y altas y estos incrementos no han disminuido el hambre y la mala nutrición. En este año de pandemia estas crecen no tanto por la menor ingestión de calorías, sino por una reducción de la ingestión de proteínas y micronutrientes. El tipo de hambre oculta y permanente que se traduce en obesidad. Este país ya es de gordos desnutridos.

Un asunto grave es que, en los países ricos, Estados Unidos y Europa en particular, existen altos subsidios a toda la cadena alimentaria que alientan la sobreproducción y las exportaciones a precios con los que no puede competir la producción de los países periféricos, como el nuestro. Lo cual desalienta la inversión en la agricultura local, excepto la de exportación y aquella que también recibe altos subsidios.

Se ha creado una situación paradójica; somos exportadores de alimentos de consumo suntuario, aguacates, camarón, cerveza entre otros, e importadores del consumo básico de la mayoría de la población.

En condiciones de libre comercio la inversión agropecuaria interna, la pública y la privada, se ha centrado en la agricultura productivista, depredadora y en buena medida exportadora. Al mismo tiempo a la mayoría de los productores, el campesinado, se le definió como sin potencial y se le abandonó. La liberalización del mercado alimentario se asoció a la disminución del estado y se dejó todo en manos de transnacionales.

La importación de alimentos baratos funcionó como compensación parcial de la estrategia de empobrecimiento de los asalariados. Se sacrificó al campesinado y nos hemos hecho adictos a las importaciones baratas.

En estas condiciones no puede funcionar lo que México propuso en la reunión del G-20, combatir la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra, el cambio climático, con una producción alimentaria incluyente y, al mismo tiempo, combatir la pobreza.

Cambiar a una alimentación sana implica que muchos coman menos carne, sobre todo vacuna, y que la mayoría coma alimentos más variados, con más proteínas y micronutrientes esenciales, lo que se puede lograr con leguminosas, plantas y complementar con productos animales.

Pero el verdadero gran tema es el del libre comercio alimentario. Superar la adicción a alimentos baratos importados, y apoyar una producción interna sostenible, que permita vivir con dignidad a la población rural y alimentar a la población, no es viable con el T-MEC que se acaba de firmar.

Antes que ese tratado México se comprometió en otros tratados, y en su constitución, a priorizar el derecho humano a la alimentación. Ahora la pandemia, más las evidencias de desastre climático, hacen imperativo que la recuperación sea efectivamente sostenible, no depredadora.

Esto no se logrará si no se empuja desde abajo para contrarrestar los poderosos intereses que siguen dominando el sistema alimentario.

¿Y si gana Biden?

 

Jorge Faljo

 

Falta poco, apenas 51 días para el martes 3 de noviembre, día de la elección presidencial norteamericana. Se enfrentan el presidente en funciones Donald Trump y Joe Biden, que acompañó como vicepresidente los ocho años de la presidencia de Barack Obama.

 

Estados Unidos no tiene una democracia ejemplar y sus principales defectos tienden a favorecer al candidato en el poder, Trump.

 

Entre sus defectos se encuentran que toda la maquinaria electoral es operada por partidarios de uno u otro partido. Son los gobiernos locales, de los condados, los estatales o el federal y en todos los niveles puede haber chanchullos. Un gobierno local puede limitar el número de casetas de votación y ponerlas en sitios a los que no se puede llegar a pie o en transporte público; de ese modo dificulta que puedan votar los de a pie.

 

Los gobiernos estatales, los congresos, con frecuencia delimitan los distritos electorales de maneras extravagantes haciendo concentraciones o mezclas de grupos de votantes, por barrios y secciones que les aseguren ganar un mayor número de distritos y, por tanto, de representantes de su partido en los congresos estatales y el federal.

 

A nivel federal es sonado el caso del donante multimillonario que Trump puso al frente del servicio postal y que lo empezó a sabotear quitando cajas receptoras de correos, máquinas para el manejo de paquetes, despidiendo personal o eliminando horas extras. Incluso avisó oficialmente a los gobiernos de los estados que los votos por correo muy probablemente no podrían ser manejados oportunamente.

 

Otro defecto mayor es que cada candidato y cada campaña se mueve con dinero que se obtiene de donantes voluntarios. Hay de hecho dos campañas simultaneas; la política, que incluye viajes, decenas de miles de activistas, miles de millones de dólares gastados en anuncios en todos los medios.

 

La otra es la campaña para obtener fondos de donantes voluntarios, directamente a la campaña o a organizaciones afines que también promueven a los candidatos. Día con día los medios suman cuánto dinero ha recibido cada candidato y esto se convierte en uno de los mejores pronósticos de su posible éxito o, por el contrario de que tendrá que abandonar la carrera por falta de fondos.

 

Trump, que ha regalado miles de millones de dólares en reducciones de impuestos y oportunidades de negocios a los más ricos de su país, es el candidato con una mayor bolsa de fondos. Al 21 de agosto pasado Biden había recibido 699 millones y Trump 1,210 millones de dólares para sus respectivas campañas. En el mes de julio Biden consiguió 66 y Trump 127 millones de dólares.

 

Claro que el dinero no lo es todo. Pero pesa mucho. Trump puede gastar mucho más en anuncios y tiene, además, la mayor atención que le prestan los medios por ser el presidente y porque sabe llamar la atención.

 

Un tercer defecto de esa seudo democracia es que no todos los votos pesan lo mismo. Por ejemplo, el estado de Wyoming con 563 mil habitantes elige dos senadores; California, con 40 millones de habitantes también elige dos senadores. Algo similar, aunque no tan extremo ocurre en el llamado colegio electoral. Hay estados en los que 200 mil votantes tienen un representante en el colegio electoral, en otros estados hay un representante para 700 mil votantes.

 

En 2016 Hillary Clinton tuvo tres millones más de votos que Trump; Trump ganó porque tuvo más apoyo en estados rurales de poca población, pero mayor peso electoral relativo.

 

Pese a tantos sesgos a su favor hay fuertes indicadores de que Trump va a perder la elección presidencial. Para empezar prácticamente todas las encuestas favorecen a Biden, aunque igual en 2016 favorecían a Hillary.

 

Trump es su propio enemigo y hay que recordar que el pez por su boca muere. Así que bien puede ganar Biden.

 

Y, si gana Biden ¿qué pasaría?

 

Estados Unidos iniciaría un profundo proceso de transformación. No tanto porque Biden sea un candidato muy progresista, liberal dirían los norteamericanos. Lo que pienso es que la población lo empujaría a cambios profundos.

 

Por ejemplo, una de las mayores controversias entre republicanos y demócratas ha sido el tema de la salud. Los republicanos han atacado fuertemente al llamado Obamacare y a todo intento de “socializar” la medicina. Tienen un sistema de salud privado extremadamente caro y no muy eficiente en comparación con otros países industrializados. Hasta ahora los que estaban fuera del sistema y en malas condiciones de acceso eran sectores relativamente marginados y sin peso político.

 

Pero la pandemia ha hecho que más de 38 millones de norteamericanos pierdan sus empleos y, como resultado cerca de 27 millones pueden perder el seguro de salud que pagaba su empleador; muchos pueden saltar a un seguro subsidiado por el gobierno, pero millones se quedarán sin seguro en un país donde la salud es extremadamente cara.

 

Esta situación se convierte en el mejor argumento para que la población impulse en los próximos años y si gana Biden la creación de un sistema de salud pública universal. Algo que tienen ya el resto de los países industrializados.

 

Los devastadores incendios en la costa oeste y la mayor fuerza de los huracanes que llegan a la costa este, más las noticias del rápido deshielo de los polos y el cambio climático evidente, son argumentos convincentes en favor de una nueva política ecológica.

 

Millones han salido a denunciar en las calles y los medios las múltiples discriminaciones e inequidades de su sociedad. Primero fue la exigencia de un trato diferente a las mujeres y en las últimas semanas la exigencia de poner alto a la brutalidad policiaca en contra de la población de afrodescendientes. Estados Unidos es un estado policiaco con la mayor tasa mundial de población en la cárcel.

 

Lo que se demanda es menos policía y más servicios sociales, de vivienda, de salud mental, de mediación de conflictos domésticos, entre otros.

 

Millones de estudiantes han salido de las universidades con deudas que posteriormente descubren que son impagables con los empleos de bajos sueldos a los que pueden acceder. Educación gratuita es una nueva gran demanda de los jóvenes.

 

Gran parte de los empleos perdidos no regresarán. El gobierno norteamericano tendrá que generar empleos en grandes programas de obra pública y/o establecer un ingreso básico universal.

 

Si Biden gana será empujado a la izquierda por un pueblo que demuestra una alta capacidad de movilización.