Afganistán. Hay de tragedias a tragedias

 

Jorge Faljo

Los medios de todo el planeta están enfocados en “la tragedia” de Afganistán. Por ello me parece oportuno hablar de las diversas tragedias que confluyen en ese país. Las llamaré la tragedia menor, la gigantesca tragedia que no ocurrió, la larga tragedia, la tragedia política norteamericana, y la tragedia que podría ocurrir.

Impactan las imágenes de miles de personas irrumpiendo en el último bastión norteamericano en ese país, el aeropuerto de Kabul. Masas de gente acicateada por el pánico y la posibilidad de ir a vivir en el primer mundo, hizo que miles invadieran hasta las pistas. Es triste que un joven integrante del equipo nacional de futbol, y otros más, se aferrasen a un avión en pleno despegue para luego caer y morir, o congelarse en el compartimento de las llantas.

Son sucesos muy lamentables que han provocado una docena de muertes. Me atrevo a llamar a estos hechos la tragedia menor por comparación a lo que afortunadamente no ocurrió.

Kabul, la capital de Afganistán cayó en manos de los talibanes sin un solo muerto, sin un disparo. Contra lo que el gobierno norteamericano esperaba, y no duda en reprochar amargamente, un ejército de 300 mil soldados bien entrenado y fuertemente armado se disolvió sin presentarle combate al tsunami talibán. No le falta razón al reproche de Biden porque Estados Unidos pagaba los sueldos de esos soldados. Eran sus soldados, pero estos a final de cuentas decidieron no defender un gobierno y un modelo de desarrollo que ya naufragaban.

Si ese ejercito hubiera combatido, en estos momentos en las noticias veríamos ciudades y pueblos arrasados, miles de muertos y cientos de miles, tal vez millones de afganos huyendo de la guerra en el mayor de los pánicos y desesperación. Esa habría sido una tragedia gigantesca, una hecatombe prepagada, esperada por occidente y que afortunadamente no ocurrió. Algo que celebrar.

No fue un hecho único en la historia; en las revueltas populares llamadas primaveras árabes, en Egipto y en Túnez ocurrieron rebeliones de sargentos que se negaron, en momentos clave, a acribillar a su propia población. En este caso los sargentos del ejército afgano no se volvieron contra el patrón, simplemente se disolvieron en el pueblo, o cambiaron de bando, con todo y sus muy costosas armas.  

Durante los últimos 20 años el gobierno norteamericano inyectó 145 mil millones de dólares en el ejército, las instituciones públicas, la economía y el apoyo a organismos civiles en Afganistán. Varios países y organizaciones, como el Banco Mundial, también contribuyeron con miles de millones. Los gastos de guerra consumieron otros 837 mil millones de dólares. Una guerra en la que murieron mil 144 soldados “aliados”, 66 mil soldados afganos y un número imposible de precisar de decenas de miles de muertos y heridos civiles, así como centenares de miles de refugiados que ya empiezan a regresar a su tierra.

Ese enorme flujo de recursos permitió crear y blindar enclaves que se presentaron al mundo como escaparates de modernidad, democracia, respeto a los derechos humanos y de las mujeres. Pero eran islotes urbanos en un mar rural en el que no mejoraba el bienestar de la población ni el de las mujeres. Se calcula que el 23 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, del país eran sobornos a las cupulas burocráticas que lograron apropiarse del grueso de los recursos externos. Una porción de los donativos externos permitió modernizar las ciudades y crear, junto a los muy pocos extremadamente ricos, una especie de clase media.

Pero Afganistán salía muy caro. En el 2009 la ayuda externa fue equivalente al 100 por ciento del PIB, es decir igual a toda la producción interna; pero esta ayuda iba en descenso y se redujo al 42.9 por ciento del PIB en 2020. Con menos donativos en dólares decayeron los servicios y ocurrió un importante deterioro del empleo y los ingresos urbanos.  

En noviembre de 2020 una conferencia de países donantes exigió, a cambio de seguir dando apoyos económicos, que el gobierno afgano combatiera la corrupción, redujera la pobreza y avanzara en las negociaciones de paz. También lo exigió Biden, y acaba de declarar que el gobierno afgano no cumplió.

La reducción de la ayuda externa no era el único problema. El modelo de desarrollo sí. En 2012 el 38 por ciento de los afganos eran pobres; es decir que tenían ingresos inferiores a un dólar con 90 centavos al día; en 2017 los pobres se incrementaron al 55 por ciento y el Banco Mundial calculaba que en el 2020 más del 70 por ciento de la población sería pobre. En los últimos cinco años, antes de la pandemia, la inseguridad alimentaria creció en 14 por ciento y el 41 por ciento de los niños menores de cinco años no alcanzan hoy en día la talla y peso que corresponde a su edad.

Podríamos hablar de una doble corrupción. Aquella evidente en los sobornos exigidos cotidianamente para todo servicio público, incluida la impartición de justicia. Y la corrupción de fondo que es la instauración de un modelo de inequidad extrema, en el que bajo la bandera del libre mercado muy pocos se enriquecían mucho, varios millones accedían a un consumo clasemediero y decenas de millones se empobrecían cada vez más. A esto es a lo que llamo la larga tragedia.

Luego viene la tragedia política norteamericana que básicamente consiste en los golpes de pecho y los reproches al gobierno del presidente Biden por no haber previsto el desmoronamiento acelerado del gobierno afgano, empezando por la huida de la cúpula política y la desaparición del ejército. Pero al interior de esta tragedia con olor a farsa existe otra que es la incapacidad norteamericana para enfrentar una revuelta campesina. No aprendieron de Vietnam, donde otra revuelta campesina los derrotó hace décadas. En ambos casos no entienden que su modelo americano de desarrollo no es exportable y puede ser incluso contraproducente.

Los “estudiantes”, que ese es el significado de Talibán, son el brazo armado de un campesinado esencialmente contrarrevolucionario; es decir opuesto a una modernización que los daña. Prefieren regresar al pasado. La derrota norteamericana es resultado del fracaso de un modelo de desarrollo que no le ofreció un camino de mejoría a la mayoría campesina; que no supo integrarla en condiciones de equidad a una modernidad de utilería… con pies de lodo.

En esa tragedia que es la incomprensión norteamericana ante lo campesino, pretendieron no darse cuenta de que las condiciones de la gran mayoría de las mujeres nunca cambiaron. El 80 por ciento de los matrimonios siguieron siendo forzados y de prácticamente niñas en el medio rural. Ahora el mundo se alista a exigir a los triunfadores que hagan lo que ellos mismos no hicieron fuera de los enclaves de modernidad.

Sorprende la colaboración de los talibanes en regular el flujo de los que quieren entrar al aeropuerto; dan preferencia de paso, sin cortapisas, a los extranjeros y sus barreras permitieron ordenar el interior del aeropuerto. El gobierno norteamericano amenaza con graves represalias si se ataca a sus militares. Pero los talibanes en otra demostración de sensatez, organización y disciplina no solo no han atacado, sino que no han permitido que algún descarriado lo haga.

No olvidamos que la rebelión campesina camboyana se convirtió en un espantoso auto genocidio. Por otro lado, la rebelión campesina vietnamita logró encaminar a su país en una ruta de paz y bienestar social. Entre esos dos extremos no sabemos que camino seguirán los campesinos talibanes.

De momento el fantasma de una posible tragedia futura no surge de los hechos y si como gritos de distracción con los que los Estados Unidos pretenden evadir su propia responsabilidad vaticinando que los talibanes se comportarán como monstruos. Podría ocurrir, pero no nos adelantemos, habrá que esperar y ver si lo que los talibanes ofrecen es, o no, mejor a los últimos veinte años de exclusión, guerra, empobrecimiento y hambre. Su tarea será difícil; heredan un país semidestruido y ya se instrumenta el aislamiento financiero y comercial, y las medidas de guerra fría para hacerlos fracasar. Pero a final de cuentas Estados Unidos tapa un barril sin fondo y Afganistán tiene la oportunidad de hacer una sociedad mas equitativa. Ojalá.

Razones y sinrazones del libre comercio

 Jorge Faljo

Esto del libre comercio no es un asunto sencillo. Es un concepto que se refiere, en principio, a la posibilidad de venderle al que más pague y, en sentido contrario, la conveniencia de comprarle al productor que venda más barato y de mejor calidad. Hacerlo en el plano internacional requiere libertad para exportar e importar. En absoluta libertad de comercio bien podríamos hacer de cuenta, cuando menos en teoría, que no hay fronteras.

Para sus proponentes ortodoxos esa situación conduce al bienestar de todos: los productores más eficientes son los que mejor venden, reinvierten y crecen, mientras que los consumidores pueden comprar más barato y de mejor calidad. Y todos salen ganando.

A menos que… no todos. Porque mientras los productores más eficientes crecen y se apoderan del mercado los no tan eficientes son gradualmente expulsados del mercado y deben buscarse otro quehacer. O hacerse más eficientes; lo que es poco viable porque eficientes y no eficientes tienen que vender a precios similares y los menos capaces no tienen suficiente rentabilidad para invertir.   

Podría pensarse que si los productores no eficientes son substituidos por los más eficientes todos los consumidores se benefician con mejores productos a mejores precios.

Solo que aparece un problema cuando resulta que los productores menos capaces son también consumidores y viceversa; es decir que una porción importante de los consumidores son parte de los productores menos eficientes que están siendo gradualmente expulsados del mercado y en los hechos se están empobreciendo. Los consumidores que dejaron de producir son meramente pobres que buscan sobrevivir en actividades informales, que reciben transferencias sociales del gobierno, o parte de los que, aunque tienen un empleo formal no dejan de ser pobres.  

Para esa multitud de pobres, la mayoría de la población de México, por cierto, poco importa que exista una oferta de productos cada vez mejores y más baratos cuando ellos tienen cada vez menos ingresos y menos seguridad laboral.

En aras de la modernidad y los beneficios que traería el libre comercio este país sacrificó no solo al  campesinado sino, también, a gran parte de las medianas, pequeñas y microempresas orientadas a la producción para el mercado interno, dando preferencias a productos importados.

El pretexto fue que el libre comercio, particularmente el regulado en un tratado comercial con los Estados Unidos, abriría las puertas a la exportación hacia los consumidores norteamericanos asegurando así un moderno y acelerado crecimiento de la producción nacional. Hacer moderna la producción era compatible destruir lo que teníamos y substituirlo con inversión extranjera. Serían los grandes corporativos internacionales los que modernizarían la producción nacional.

En cuanto a lo del acelerado crecimiento de las exportaciones eso es algo más bien relativo. A lo largo de la existencia del “libre comercio regulado”, el TLCAN, lo que creció de manera realmente acelerada fue el libre comercio no regulado. Me refiero al comercio de México, los Estados Unidos y Canadá con China.

Fue hacia China que se fueron las grandes empresas, con sus inversiones y tecnologías modernas, hábilmente copiadas por la nación asiática hasta convertirse en potencia industrial y tecnológica. Fue con China que los tres países del TLCAN establecieron un gran comercio deficitario.

Desde esta perspectiva el TLCAN fue un gran fracaso; los tres países signatarios prefirieron a China para comprar, para invertir y… para pedir prestado.

Poco importa el libre comercio, regulado o no, cuando no se tiene, ni en México, ni en Estados Unidos, una estrategia de crecimiento, industrialización, empleo y fortalecimiento del mercado interno. En los dos países la población se ha empobrecido, la inequidad ha llegado a extremos inconcebibles y el mercado interno se debilita. Mientras los mega multimillonarios juegan a hacer vuelos espaciales que venderán a decenas de miles de dólares el minuto, parte de la población, allá y aquí, requiere ayuda alimentaria o de plano no tiene para comer.

Ahora los Estados Unidos han sorprendido a México y Canadá al interpretar que el 75 por ciento de un automóvil tiene que ser producido en cada país y no que ese 75 por ciento, aunque ensamblado en México, o Canadá, deba ser producido en la región tri nacional. La lectura del tratado no deja lugar a dudas, México podía alcanzar ese 75 por ciento con partes compradas en Estados Unidos o Canadá y de ese modo no pagar aranceles en Estados Unidos.

Ya había ejemplos de renegociaciones paralelas al tratado en los casos del tomate y el azúcar donde, para no ponerle aranceles a las exportaciones mexicanas el gobierno norteamericano hizo un trato, no con el gobierno de México, sino con los productores agrícolas para establecerle precios de referencia a esos productos. De ese modo protegió a sus productores internos contra los, en estos dos casos, más eficientes productores mexicanos

El T-MEC es muy claro en afirmar que México conserva su plena soberanía en materia energética. Pero desde Estados Unidos se levantan voces diciendo que las reformas en materia energética afectan el espíritu del tratado.

Y viene más. Un grupo de senadores demócratas acordaron proponer un impuesto sobre las importaciones de países que carecen de políticas agresivas contra el cambio climático. La propuesta es prácticamente simultánea a la de la Unión Europea para establecer un arancel a la generación de carbono. Es decir que en ambos casos las empresas que quieran vender acero, hierro y otros bienes industriales pagarían por el dióxido de carbono que emitan durante sus procesos de fabricación. Lo que obviamente favorecería a los más eficientes desde estándares establecidos en esos países.

No es casual que existen en el planeta excesos de producción de acero, hierro y, en general, manufacturas. Esta abundancia de capacidades enfrenta el debilitamiento de la demanda que ya era crónico y que se ha acentuado por los impactos económicos de la pandemia. Una situación que impulsa nuevas formas de protección a las industrias de los países centrales.

Atrapados en un juego que no da para más, el libre comercio se resquebraja y los tratados de libre comercio de México, que de poco han servido para el crecimiento del país, y menos para el bienestar de su población, pasan gradualmente a ser letra muerta con nuevos condicionamientos que debilitan aquello de libre y acentúan lo de regulado.

Los países industrializados son pragmáticos. Nosotros, en un mundo cambiante, debemos revisar a fondo lo que no nos ha funcionado y abandonar las ilusiones teóricas que nos han tenido atrapados durante décadas. Esa es la transformación que falta.

Con la recaudación, al baile vamos

 Jorge Faljo

Posiblemente el Sr. Presidente López Obrador se siente bastante presionado en cuanto al tema hacendario cuando por enésima ocasión ha salido al ruedo a afirmar que no habrá reforma fiscal porque no se necesita. Es cosa de continuar con el combate a la corrupción, de mantener la austeridad republicana y de esperar que el crecimiento económico ayude. Estos son los pilares de la ideología macroeconómica de la actual administración.

Estos dogmas al parecer necesitan ser repetidos con firmeza y cada vez mayor frecuencia debido a que son crecientemente cuestionados desde el exterior y el interior del país.

Se ha alterado radicalmente la visión imperante en las sociedades más ricas debido a la pandemia y su cola de empobrecimiento masivo, inequidad y una perspectiva de estancamiento económico con posibles deterioros en la estabilidad social.

La pandemia derrumbó el mito de que todo lo resuelve el mercado actuando en libertad y ahora, con una notable rapidez se entendió que los gobiernos tenían la responsabilidad de hacerle frente, no solo como enfermedad, sino en un segundo paso como mitigadores de sus consecuencias sociales y en un tercer paso, como impulsores de la reactivación económica.

De manera prácticamente simultanea el mundo entero está entendiendo que el problema del deterioro ambiental es un asunto de la mayor gravedad. El incremento de los huracanes, incendios, inundaciones, sequías han obligado a dejar atrás el desdén y tomar la cosa en serió. Como cereza de un mal pastel se encuentra el azote de altas temperaturas nunca antes vistas en algunas regiones de los Estados Unidos, Canadá, e incluso en Siberia en las colindancias del círculo polar.

Si antes el gobierno norteamericano ya reconocía el desastre climático en Centroamérica, con huracanes, inundaciones y sequías, en cruel sucesión, como un factor de la emigración hacia su frontera, estos días le está llegando la lumbre a los aparejos.

El cambio decisivo a nivel global lo encabeza la administración del presidente Biden con una política de decidido apoyo económico a las familias y a las pequeñas empresas y con una propuesta de fuerte gasto en inversión en infraestructura y servicios públicos que solo se equipara con la intervención gubernamental que sacó a los Estados Unidos de la Gran Depresión hace unos 80 años.

La economía mundial ya trastabillaba antes de la pandemia a causa del rezago en los ingresos y consumo de la población que contrastaban con los fuertes incrementos en producción asociados a tecnologías más productivas. Avances impresionantes y en principio positivos que, sin embargo, aceleraron la monopolización de la producción y provocaron una enorme destrucción de empresas que ya no pudieron competir, sobre todo en los países periféricos.

Esa ruta de inequidad y empobrecimiento fue enormemente acelerada por la pandemia y su consecuente paralización económica.

Los gobiernos de economías avanzadas han entrado al quite con, en primer lugar, un fuerte gasto en salud que, transferido a sus farmacéuticas, fue lo que consiguió el desarrollo de vacunas en tiempo record. A ese se han ido sumando los otros gastos que ya mencioné y para los cuales fue fundamental el apoyo de sus bancos centrales, que ni tardos ni perezosos echaron a andar la máquina de hacer dinero.

Las grandes economías ahora están dirigidas por gobiernos “desarrollistas” con una importante perspectiva social y con un nuevo componente que por fin se empieza a tomar en serio; el de combatir el deterioro ambiental. Y todo eso cuesta…y cuesta mucho.

El gasto inmediato se ha solventado en buena medida mediante endeudamiento a las muy bajas tasas de interés propiciadas en las economías desarrolladas por sus bancos centrales. Hay un siguiente paso ineludible. Ese endeudamiento, y el gasto que todavía falta por hacer y sostener por lo menos durante una década, obligan a incrementar los ingresos gubernamentales. Solo así podrán cumplir como líderes de la transformación social, económica y ambiental que requieren sus países y el mundo entero. 

Vemos los pasos en ese sentido: reformas fiscales para incrementar la captación tributaria en buena parte de los países del mundo, con nuestro vecino del norte dando el ejemplo y ahora, la aceptación de los principales líderes mundiales de una reforma tributaria global largamente cabildeada por la mayoría de los países.

Los mensajes del exterior son muy claros. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), nos dice que somos un paraíso fiscal y que es necesaria una recaudación progresiva, extender el alcance de los impuestos sobre la renta, la propiedad y el patrimonio. Es decir, impuestos a los que tienen más y no tocar la capacidad de demanda de la gran mayoría.

No es un asunto limitado a las finanzas públicas; esa sería una visión muy pequeña. El verdadero gran tema es el bienestar de la mayoría y la posibilidad de un desarrollo económico, ambientalmente sustentable, basado en la defensa e incremento de la capacidad de consumo del 90 por ciento de la población.

Así que si el presidente se siente presionado, tiene razones para estarlo. En el resto del planeta los gobiernos asumen una nueva visión en la que encabezan la transformación socioeconómica y ambiental a partir de su propio fortalecimiento. Dejaron atrás los dogmas que pregonaban la conveniencia de gobiernos pequeños, de no tocar a los dueños de las riquezas y de dejar el crecimiento en manos del libre mercado y sus tratados internacionales.

Esta administración enfrenta la posibilidad de dejar como herencia mayor inequidad; una población más pobre, desnutrida, obesa y con mayor proporción de enfermedades crónicas; sin recuperar el ingreso per cápita previo a la pandemia; con una menor proporción de empleo digno; con mayores niveles de desintegración social y violencia.

Ante esta perspectiva desoladora apenas es tiempo de aprender lo que hace el resto del mundo.  

Entusiasmo global por una reforma tributaria insuficiente.

 

Jorge Faljo

Un total de 130 países, que generan más del 90 por ciento del producto mundial acordaron reformar el marco fiscal internacional. Ocurre a menos de tres semanas después del encuentro donde los líderes del G7 consensuaron que para combatir la pandemia, recuperar la economía y proteger el medio ambiente era indispensable incrementar la captación tributaria global y de cada país.

No es que 130 países se sumen de inmediato a la propuesta del G7. El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, señaló que "tras años de intenso trabajo y negociaciones, este paquete histórico garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo".

La reforma tributaria global era ya parte del interés y del esfuerzo de la mayoría de los países del mundo desde hace años, pero no había logrado cuajar hasta que las potencias económicas le dieron su visto bueno formal. Ya con el permiso de los poderosos, por así decirlo, el resto de los países se sumó a una “iniciativa” que más que iniciar recogía una aspiración compartida pero anteriormente reprimida.

Los esfuerzos previos se hicieron sobre todo en el llamado proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), iniciado en 2013 y encaminado a combatir la erosión de la base fiscal y el traslado de utilidades a paraísos fiscales. Entre los mecanismos de traslado de las utilidades se encuentra ubicar el domicilio fiscal de un corporativo transnacional en un país que cobra impuestos muy bajos y ahí reportar sus ganancias.

Otro mecanismo recurrente es la manipulación de las cuentas entre filiales de una misma transnacional. Digamos, para ejemplificar, que la transnacional A, produce en su filial A1, y exporta sus mercancías al costo, o incluso por debajo, a su filial A2 ubicada en la isla (ficticia) Gran Lagartija, que cobra muy pocos impuestos. Esta a su vez le revende a un alto precio a sus filiales A3, A4, A5 ubicadas en países consumidores. De este modo resulta que la unidad productora A1 tiene muy poca rentabilidad, hasta posiblemente pérdidas, al igual que sus filiales A3, A4 y A5. Pero resulta que la intermediaria A2 se hincha con las utilidades. Pero las declara en un paraíso fiscal donde no tiene empleados, no realiza actividades productivas y no tiene consumidores.

Estos son parte de los mecanismos de traslado de utilidades que se propone combatir el proyecto BEPS y que ahora, por fin, se abrió una rendija para hacerlo.  

La oportunidad consta de dos pilares. El primero es que las grandes empresas multinacionales paguen impuestos en donde tienen operaciones productivas y comerciales reales, incluso sin su presencia física.  Esto es posible en la economía moderno donde las empresas digitales, tipo Netflix, Facebook y similares, pueden tener presencia comercial y ganancias por su operación en internet sin que tengan oficinas, dispositivos o empleados en el país.

El segundo pilar pone un límite a la competencia entre países que, mediante la reducción de impuestos, tratos privilegiados e incluso normas laborales contrarias a los trabajadores, intentan atraer capitales transnacionales. Durante décadas las transnacionales consiguieron que los países bailaran al son de este juego perverso que precipitó a la baja la captación tributaria mundial y contribuyó al empobrecimiento de la población. Incluso la de los países industriales del primer mundo.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen declaró hace poco que durante décadas lo predominante ha sido reducir y limitar el tamaño del gobierno como porcentaje de la economía. Un enfoque que tuvo un profundo efecto en el país y su gente. No se dio mantenimiento a la infraestructura y mucho menos se modernizó; no se apoyó la investigación y el desarrollo; no se invirtió en educación y formación para el cambio tecnológico y no se crearon sistemas de apoyo a las familias para mejorar la sanidad infantil, la educación y el bienestar, explicó Yellen.

Y si ese recuento de carencias se dio allá, aquí en este paraíso fiscal mexicano, donde el empobrecimiento de la población ha corrido al parejo con el empobrecimiento del gobierno, el recuento de carencias y rezagos sería exponencialmente mayor.

Se abrió dije, una rendija, a la transformación tributaria global. Pero es notoriamente insuficiente. Joseph Stiglitz, ganador del premio nobel, Thomas Piketty y Gabriel Zucman notables economistas de fama internacional la califican de “oportunidad perdida” debido a que solo abarca a un número reducido de multinacionales con un porcentaje de impuesto mínimo, al nivel de paraíso fiscal. Unas 100 compañías digitales y unas 4 mil corporaciones que facturan más de 750 millones de dólares.

Los gobiernos de Argentina, India, el Foro Africano de Administración Tributaria, con 37 países miembros que han sido actores centrales en estos largos años de negociación del BEPS consideran que el acuerdo tiene múltiples fallas y favorece a los países desarrollados.

Si lo critican, ¿porque son parte de los 130 países que apoyaron la propuesta? El motivo es que su única opción era aceptar todo o rechazarlo todo y lo más sensato fue aceptar esta primera reforma seria de la situación fiscal de las transnacionales, así fuera insuficiente.

La reforma, podemos concluir, es un giro de gran importancia ideológica en la dirección correcta; pero su impacto efectivo será limitado.

Para México podría significar unos 30 mil millones de pesos –mdp-, de recaudación adicional. Menos que las remesas que reciben las familias de trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Si estos 30 mdp se suman a la perspectiva planteada por la directora del SAT de recaudar 200 mdp adicionales en 2022, se aumentaría la captación tributaria en casi un punto porcentual del PIB. Lo que nos llevaría a captar casi la mitad del promedio de tributación de los países de la OCDE.

Insuficiente para dejar de ser un paraíso fiscal y empezar a saldar carencias y rezagos. Pero la idea parece ser que a caballo regalado no se le ve el colmillo.

Reorganizar los programas sociales

 Jorge Faljo

Varias noticias que me hacen reflexionar sobre el papel de los programas sociales en la presente administración y la oportunidad perdida. Se trata del cambio al frente de la Secretaría de la Función Pública y que el secretario técnico de la presidencia pasa a dirigir, simultáneamente, la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.

No son cambios menores. Una es la secretaría encargada del buen funcionamiento de la administración pública y la promoción de sus dos banderas principales; el combate a la corrupción y la austeridad. Una función en la que no ha destacado es la de normar y promover el impulso a la organización y la participación social en la operación de los programas de desarrollo. Tal participación, en forma de Contraloría Social, debería ser el eje de la exigencia ciudadana de transparencia y real rendición de cuentas.

Rendición de cuentas, del gobierno a la ciudadanía, implica transparencia y ambas podrían ser más efectivas en el combate a la corrupción si la Contraloría Social participara como un agente activo en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas.

El segundo cambio, el del coordinador de los programas para el desarrollo, es también un cambio mayor. Se trata del manejo de un presupuesto de más de 300 mil millones de pesos que el presidente quiere ampliar, tal vez duplicar, pidiendo a los gobiernos de los estados que aporten otro tanto.

El combate a la corrupción y la austeridad son las dos banderas ideológicas básicas de este gobierno; los programas sociales son el tercer gran propósito declarado, el mejoramiento del bienestar de los más pobres.

Un cuarto objetivo gubernamental entra en esta ecuación; el planteamiento de que los programas sociales serían los que atienden de manera eficaz al gravísimo problema de la violencia criminal desde sus causas raíz. Una violencia organizada que ha empeorado en los últimos años, al grado de que ya tiene pretensiones de representación política y que sume al país en el caos.

Pero no, los programas sociales no están siendo efectivos en disminuir la violencia criminal; las transferencias sociales no están abatiendo la pobreza, sobre todo en un contexto de crisis económica, agravada por la pandemia; tampoco se ha fortalecido la transparencia y mucho menos existe una base social que, desde abajo, reclame y reciba una verdadera rendición de cuentas.

Lamentablemente los cambios administrativos, en la Función Pública y en Presidencia, no se originan en un diagnóstico de desempeño que sustente una reorientación de fondo en los programas y transferencias sociales.

Es hora de aceptar que el simple reparto de dinero, más cuando México destaca por su bajo gasto social, asociado a un gobierno con vocación de pobre (austeridad le dicen), no mejora las condiciones de gobernanza en el país y por ello mismo el escaso incremento en bienestar amenaza con ser efímero.

Los cambios del marco legal; incluso el inscribir en la constitución a las transferencias sociales como derecho ciudadano y obligación gubernamental, no son garantía ni de permanencia ni de mejor desempeño. Un cambio normativo se revierte, modifica o incumple con la misma facilidad con la que los congresistas levantan la mano para seguir una instrucción presidencial, ahora y en el futuro.

Hace una tremenda falta la perspectiva sociológica en la operación de los programas; el elemento que de existir podría hacer que los programas y transferencias sociales pudieran realmente ser efectivos en elevar el bienestar, combatir la corrupción, mitigar la violencia criminal.

La tercera noticia es la declaración del C. Presidente en contra de un grupo de autodefensa de agricultores. Unos tres mil productores de aguacate, guayaba, caña, mango y zarzamora de cuatro municipios de Michoacán formaron un grupo armado para defenderse de narco extorsiones.

Ante ello el Presidente declaró que no deben existir autodefensas, porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, porque eso no da resultados, dijo.

La decisión de los productores es desesperada, obligados por las circunstancias, pero con ella subrayan la gran ausencia de los programas públicos: promoción de la organización social. Ellos se organizan para algo extremo; defenderse de los que sí están organizados para propósitos criminales.

Sin que de ninguna manera sea necesario llegar a ese extremo, …donde no hace falta, hay que señalar que solo la organización social puede sentar las bases de efectividad y permanencia de los programas llamados sociales.

Programas como Sembrando Vida tienen un diseño más inspirado en el control social que en la promoción de la organización para que ejidos, comunidades y productores se hagan cargo de sí mismos, de tomar decisiones sobre su vida, su producción, su autogobierno. Y para que entren en un dialogo parejo, no subordinado con el sector público.

Abasto rural, precios de garantía, reforestación, protección ambiental, las transferencias a la tercera edad, a las madres de familia, las becas, todo funcionaría mejor si los interesados, beneficiarios y excluidos, pudieran tener voz y voto en la operación de los mismos.

Es la organización de base, no las meras transferencias, las que pueden imprimirle continuidad a los programas sociales al generar la fuerza ciudadana que los haga efectivos ahora, y pueda exigir su permanencia en el futuro.

Hasta ahora esos programas operan, como en el pasado, desorganizando, a contrapelo y en contra de las organizaciones de base a las que extrañamente este gobierno no entiende y ve con gran desconfianza. Sobre este punto remito al lector a mi artículo del domingo 6 de julio (México, pasado y presente en su simulación social).

Solo cumpliendo con la obligación de la función pública de promover la organización social podrán cumplirse los objetivos de esta administración.

Reforma tributaria global. Sin que les tiemble la mano.

 Jorge Faljo

Los líderes del G7, el grupo que reúne las democracias más ricas y poderosas del planeta, es decir que excluye a China y Rusia, se reunieron durante tres días el fin de semana pasada. No fueron meras videoconferencias sino autentica convivencia de los jefes de estado de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Mas la Unión Europea como invitado permanente y con Australia, Corea del Sur, India y Sudáfrica como invitados de esta cumbre.

El encuentro fue para ponerse de acuerdo en cómo enfrentar los mayores desafíos del planeta y el avance se refleja en su comunicado final donde se proponen:

·         Combatir la pandemia y, aunque no suene muy optimista, preparar al mundo para las próximas pandemias. Lo primero se basará principalmente en mayores donaciones y ventas de vacunas y algo de transferencia de capacidades al resto del mundo. Lo segundo implica establecer un buen sistema de alerta temprana de futuros riesgos de salud y mejorar la capacidad tecnológica para desarrollar vacunas en 100 días en lugar de los 300 que tomaron las vacunas contra el Covid-19.

·         Recuperar la economía y promover el crecimiento mediante la creación de empleos, la inversión en infraestructura, el avance tecnológico y el apoyo al consumo y bienestar de las personas.

·         Proteger al planeta promoviendo una revolución ambiental que genere empleos, reduzca las emisiones de gases de invernadero y conserve o proteja por lo menos el 30 por ciento de tierras y mares.

El discurso, parecido al de otras “cumbres” y encuentros internacionales, incluye un par de elementos novedosos. Por un lado, asumen que los gobiernos, y no el mercado, son los responsables de lograr los objetivos anteriores.  

Aquí se refleja el liderazgo del gobierno del presidente Biden que se ha despojado de buena parte de los dogmas tradicionales para ponerse decididamente del lado de la protección social de la población y del impulso a la recuperación económica mediante un nivel de gasto que no se había visto desde hacía casi un siglo. No cabe duda que al romper el freno de la austeridad y apoyar el consumo de las familias está logrando una recuperación exitosa que se podrá acelerar si consigue que su congreso le apruebe el paquete de fuerte gasto en infraestructura que ha propuesto.

Lo segundo que plantea el G7 es que sus objetivos se financiarían con una gran reforma tributaria que afectará al planeta entero. Se trata de captar mayores impuestos y, por lo menos en parte, dejar de hacerle el juego a las grandes corporaciones de no cobrarles impuestos, pero si, indirectamente, pedirles prestado y pagarles intereses.

Lo esencial de la propuesta es establecer un impuesto mínimo de 15 por ciento a las ganancias de las empresas en todo el mundo. Es el piso más bajo y los países pueden aplicar impuestos superiores. Estados Unidos, Alemania y Francia se inclinan más por una tasa del 21 por ciento efectiva.

Todavía más importante es que las empresas paguen impuestos en sus lugares de operación y no de acuerdo a residencia fiscal normal. Las grandes transnacionales en particular escogen como residencia de sus casas matriz a los llamados paraísos fiscales en los que sus ganancias están prácticamente libres del pago de impuestos.

Otros países, Irlanda por ejemplo, han atraído a grandes transnacionales con un bajo nivel de impuestos. Obligar a estos países a dejar de ofrecer condiciones de paraíso fiscal para atraer algunos empleos e ingresos va en contra de sus estrategias.

La intención del G7 es revertir la competencia entre países para atraer empresas bajando cada vez más sus impuestos. Una competencia que lleva más de 40 años, dice el G7, y que acaba por hacer daño a todos.

El nuevo impuesto global de, por lo menos 15 por ciento se aplicaría, para empezar, a un centenar de grandes empresas, incluyendo a Amazon, Google y Facebook.

En México la Secretaría de Hacienda ya se apuntó y, de acuerdo a declaraciones del subsecretario Gabriel Yorio, este impuesto sería viable y se podría incluir en el Paquete Económico de 2022. Ya con el visto bueno de Biden podríamos cobrarles a los grandes por sus operaciones en México. En contrapartida corremos el riesgo de que más adelante México sea cuestionado por ser un paraíso fiscal.

El hecho es que la pandemia, con su carga de crisis económica y empobrecimiento masivo, mientras una minúscula minoría se enriquece al extremo, ha obligado a los gobiernos más poderosos a reaccionar de manera pragmática. Y para asumir su responsabilidad saben que necesitan fortalecerse. 

A grandes rasgos es lo que plantea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas, en su publicación “Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2021” al proponer una importante expansión recaudatoria que impulse una recuperación que al mismo tiempo sea transformadora. 

No se trata de cobrar más impuestos para fortalecer al gobierno, sino para que este apoye a las familias y su capacidad de consumo, al tiempo que apoya al empleo y la producción, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Se trata del doble papel que debe tener un gobierno: promover la equidad e impulsar una economía amigable con la mayoría. Bien combinadas configuran una espiral positiva de crecimiento y bienestar.

Esto no lo pueden hacer gobiernos débiles, con vocación de pequeñez. Y la CEPAL nos recuerda lo atrasados que estamos en toda América Latina en términos de recaudación tributaria. Mientras que la media de recaudación tributaria de los países de la OCDE es de 34 por ciento, la de América Latina es de solo 21 por ciento. México recauda un miserable 16 por ciento sin planes para un incremento significativo.

Lo peor es la calidad de la recaudación que predomina en América Latina; se trata sobre todo de impuestos indirectos, al consumo y no, como en las economías industrializadas, de impuestos al ingreso de las personas y a las ganancias de las empresas.

CEPAL ya no duda en hacer propuestas que hace un par de años serían consideradas de un radicalismo extremo. Por un lado, insiste en la conveniencia de un ingreso básico que, señala, traería beneficios macroeconómicos al reforzar la demanda. En el otro extremo propone impuestos a las grandes fortunas, herencias y donativos, así como mayor progresividad en el impuesto a la renta de las personas.   

El planeta gira hacia concientizar y vigorizar el papel de los gobiernos sobre la base de su fortalecimiento fiscal. Mientras nosotros seguimos como uno de los países más inequitativos y con menor gasto social y crecimiento económico.

 

¡Nuestra alimentación primero!

Jorge Faljo

El departamento del trabajo de los Estados Unidos señala que la inflación en ese país es la más alta de los últimos 13 años. El índice general de precios es un 5.4 por ciento superior al de hace un año. Entre los bienes que más se han encarecido se encuentra la gasolina que en mayo del año pasado costaba 1.88 dólares en promedio y en mayo de este año costó 2.97 dólares. Comparado con el año pasado el precio del pan subió 7 por ciento; comer en restaurante 6.1 por ciento; los autos usados 29.7 por ciento; muebles 8.9 por ciento; las frutas frescas en 4.2 por ciento.

Las autoridades financieras norteamericanas señalan que estos incrementos no son motivo de preocupación debido a que la comparación se establece con los peores momentos de la pandemia cuando el confinamiento y el miedo, sumados al desempleo y a la pérdida de ingresos llevaron la demanda a sus menores niveles. La gasolina llega ahora a niveles cercanos a lo usual y el fuerte incremento en los autos usados se debe a los que se reintegran al trabajo.

La alimentación en casa presentó en 2020 una situación particular; no bajó de precio, sino que se elevó en un 3.5 por ciento; así que no tiene un rebote sino un incremento, no alto, pero si redoblado.  

La reactivación de la demanda enfrenta en los Estados Unidos una recuperación de la producción que en algunos casos no es tan ágil y presenta costos más altos en algunos insumos, transporte y mano de obra.

Una queja común de los empresarios es que no hay suficientes trabajadores y tienen que pagarles mayores salarios. Inciden dos factores, uno positivo es que los apoyos al ingreso que proporcionó el gobierno norteamericano fueron tan efectivos que muchos trabajadores no están en una situación desesperada como para mendigar y aceptar cualquier empleo.

Pero ese no es el motivo principal. Multitud de papás, en este caso más bien mayoría de mamás, todavía tienen que estar cuidando de sus hijos que no se han reincorporado a sus escuelas.  

A final de cuentas el reencuentro entre las ofertas y demandas de mano de obra mercancías va en la ruta correcta, pero el camino tiene baches.   

Posiblemente el mayor costo de la mano de obra sea permanente. Los que regresan primero al trabajo tienen posibilidad de elegir y están sentando el precedente de mejores salarios.

Además, el gobierno de Biden se manifiesta claramente en favor de la sindicalización y la elevación salarial. Algo que por cierto fue claro en la reciente visita de la vicepresidente Kamala Harris al interesarse por los avances en la implementación de la reforma laboral y en temas como democracia sindical y justicia laboral efectiva.

El caso es que la inflación norteamericana es considerada como algo natural y pasajero por sus autoridades financieras. No les preocupa.

Pero, ¿debiera preocuparnos a nosotros? ¿a los mexicanos de a pie? Tal vez sí.

No cabe duda que la reactivación norteamericana es algo positivo para México. El 80 por ciento de nuestras exportaciones van hacia el norte y eso favorece a la producción y al empleo de nuestro lado.

Solo que la recuperación de la demanda apunta a ser notoriamente desigual entre los trabajadores norteamericanos y los mexicanos. De nuestro lado las cifras del Coneval señalan un importante empobrecimiento de la población en general; lo peor es que más de cinco millones se sumaron a la pobreza laboral; es decir personas que trabajan, pero no ganan lo suficiente para cubrir las necesidades alimentarias de sus familias. Más de 50 millones de trabajadores mexicanos están en esa terrible condición.

Paralelo al Covid sufrimos una epidemia de desnutrición; ya existía, pero empeoró. En el último año se redujo aún más la calidad de la nutrición; menos proteínas y menos consumo de verduras y frutas y mucho mayor ingestión de pastas.

Esta situación puede ser agravada si ahora resulta que los consumidores pobres mexicanos van a tener que competir por los alimentos de mayor calidad con los consumidores norteamericanos en pleno resurgimiento de sus ingresos.

No lo digo solamente yo; lo dice, con otras palabras, el Banco de México al señalar que cada vez que aumentan las exportaciones de un producto a los Estados Unidos el precio se eleva en México. Esto impacta en particular los precios de las frutas y verduras.

Un estudio elaborado por Banxico concluye que los choques de demanda en los Estados Unidos se traspasan a los precios al consumidor de las frutas y verduras en México. Por ejemplo, al elevarse en 1 por ciento la exportación de jitomate su precio sube en 1.4 por ciento en México. En el caso del plátano sube 2.1 por ciento; 1.8 para el limón; 1.7 para la cebolla, entre otros.

A Banxico le preocupa que las exportaciones tengan un impacto inflacionario en México y se presente una elevada volatilidad. A los demás debiera preocuparnos que nuestra población pueda recuperar no solo su nivel nutricional pre pandemia, sino elevar su resistencia inmunológica sobre la base de una dieta sana; enriquecida con más de los nutrientes que aportan las verduras y frutas.

Convendría pensar en un trato desigual a desiguales favorable a los consumidores mexicanos ante los norteamericanos con mayor poder de compra. En ese sentido funcionaria un impuesto a las ganancias por la exportación de algunas verduras y frutas. Hay margen para ello; los exportadores agropecuarios se han beneficiado de la devaluación del peso de los últimos años y mantener un buen equilibrio entre la exportación y las ventas en el mercado interno debe ser una prioridad nacional.

Estaríamos lejos de llegar a la medida que acaba de tomar el gobierno argentino de prohibir la exportación de carne por 30 días para mitigar la elevación en el precio y una escasez interna provocada por el exceso de ventas al exterior.

Un impuesto moderado, flexible ante cambios en la coyuntura, que no se deje llevar por fines recaudatorios, sería suficiente para atender la advertencia de Banxico y prevenir un impacto negativo en la nutrición de los mexicanos de la reactivación tan diferenciada en el poder de compra norteamericano y el nuestro.    

Mantener e incluso hacer más accesible el consumo interno de frutas y verduras iría a favor, sin ser suficiente, del derecho humano a la alimentación suficiente y nutritiva que la Constitución establece como obligación gubernamental.