Reorganizar los programas sociales

 Jorge Faljo

Varias noticias que me hacen reflexionar sobre el papel de los programas sociales en la presente administración y la oportunidad perdida. Se trata del cambio al frente de la Secretaría de la Función Pública y que el secretario técnico de la presidencia pasa a dirigir, simultáneamente, la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.

No son cambios menores. Una es la secretaría encargada del buen funcionamiento de la administración pública y la promoción de sus dos banderas principales; el combate a la corrupción y la austeridad. Una función en la que no ha destacado es la de normar y promover el impulso a la organización y la participación social en la operación de los programas de desarrollo. Tal participación, en forma de Contraloría Social, debería ser el eje de la exigencia ciudadana de transparencia y real rendición de cuentas.

Rendición de cuentas, del gobierno a la ciudadanía, implica transparencia y ambas podrían ser más efectivas en el combate a la corrupción si la Contraloría Social participara como un agente activo en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas.

El segundo cambio, el del coordinador de los programas para el desarrollo, es también un cambio mayor. Se trata del manejo de un presupuesto de más de 300 mil millones de pesos que el presidente quiere ampliar, tal vez duplicar, pidiendo a los gobiernos de los estados que aporten otro tanto.

El combate a la corrupción y la austeridad son las dos banderas ideológicas básicas de este gobierno; los programas sociales son el tercer gran propósito declarado, el mejoramiento del bienestar de los más pobres.

Un cuarto objetivo gubernamental entra en esta ecuación; el planteamiento de que los programas sociales serían los que atienden de manera eficaz al gravísimo problema de la violencia criminal desde sus causas raíz. Una violencia organizada que ha empeorado en los últimos años, al grado de que ya tiene pretensiones de representación política y que sume al país en el caos.

Pero no, los programas sociales no están siendo efectivos en disminuir la violencia criminal; las transferencias sociales no están abatiendo la pobreza, sobre todo en un contexto de crisis económica, agravada por la pandemia; tampoco se ha fortalecido la transparencia y mucho menos existe una base social que, desde abajo, reclame y reciba una verdadera rendición de cuentas.

Lamentablemente los cambios administrativos, en la Función Pública y en Presidencia, no se originan en un diagnóstico de desempeño que sustente una reorientación de fondo en los programas y transferencias sociales.

Es hora de aceptar que el simple reparto de dinero, más cuando México destaca por su bajo gasto social, asociado a un gobierno con vocación de pobre (austeridad le dicen), no mejora las condiciones de gobernanza en el país y por ello mismo el escaso incremento en bienestar amenaza con ser efímero.

Los cambios del marco legal; incluso el inscribir en la constitución a las transferencias sociales como derecho ciudadano y obligación gubernamental, no son garantía ni de permanencia ni de mejor desempeño. Un cambio normativo se revierte, modifica o incumple con la misma facilidad con la que los congresistas levantan la mano para seguir una instrucción presidencial, ahora y en el futuro.

Hace una tremenda falta la perspectiva sociológica en la operación de los programas; el elemento que de existir podría hacer que los programas y transferencias sociales pudieran realmente ser efectivos en elevar el bienestar, combatir la corrupción, mitigar la violencia criminal.

La tercera noticia es la declaración del C. Presidente en contra de un grupo de autodefensa de agricultores. Unos tres mil productores de aguacate, guayaba, caña, mango y zarzamora de cuatro municipios de Michoacán formaron un grupo armado para defenderse de narco extorsiones.

Ante ello el Presidente declaró que no deben existir autodefensas, porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, porque eso no da resultados, dijo.

La decisión de los productores es desesperada, obligados por las circunstancias, pero con ella subrayan la gran ausencia de los programas públicos: promoción de la organización social. Ellos se organizan para algo extremo; defenderse de los que sí están organizados para propósitos criminales.

Sin que de ninguna manera sea necesario llegar a ese extremo, …donde no hace falta, hay que señalar que solo la organización social puede sentar las bases de efectividad y permanencia de los programas llamados sociales.

Programas como Sembrando Vida tienen un diseño más inspirado en el control social que en la promoción de la organización para que ejidos, comunidades y productores se hagan cargo de sí mismos, de tomar decisiones sobre su vida, su producción, su autogobierno. Y para que entren en un dialogo parejo, no subordinado con el sector público.

Abasto rural, precios de garantía, reforestación, protección ambiental, las transferencias a la tercera edad, a las madres de familia, las becas, todo funcionaría mejor si los interesados, beneficiarios y excluidos, pudieran tener voz y voto en la operación de los mismos.

Es la organización de base, no las meras transferencias, las que pueden imprimirle continuidad a los programas sociales al generar la fuerza ciudadana que los haga efectivos ahora, y pueda exigir su permanencia en el futuro.

Hasta ahora esos programas operan, como en el pasado, desorganizando, a contrapelo y en contra de las organizaciones de base a las que extrañamente este gobierno no entiende y ve con gran desconfianza. Sobre este punto remito al lector a mi artículo del domingo 6 de julio (México, pasado y presente en su simulación social).

Solo cumpliendo con la obligación de la función pública de promover la organización social podrán cumplirse los objetivos de esta administración.

Reforma tributaria global. Sin que les tiemble la mano.

 Jorge Faljo

Los líderes del G7, el grupo que reúne las democracias más ricas y poderosas del planeta, es decir que excluye a China y Rusia, se reunieron durante tres días el fin de semana pasada. No fueron meras videoconferencias sino autentica convivencia de los jefes de estado de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Mas la Unión Europea como invitado permanente y con Australia, Corea del Sur, India y Sudáfrica como invitados de esta cumbre.

El encuentro fue para ponerse de acuerdo en cómo enfrentar los mayores desafíos del planeta y el avance se refleja en su comunicado final donde se proponen:

·         Combatir la pandemia y, aunque no suene muy optimista, preparar al mundo para las próximas pandemias. Lo primero se basará principalmente en mayores donaciones y ventas de vacunas y algo de transferencia de capacidades al resto del mundo. Lo segundo implica establecer un buen sistema de alerta temprana de futuros riesgos de salud y mejorar la capacidad tecnológica para desarrollar vacunas en 100 días en lugar de los 300 que tomaron las vacunas contra el Covid-19.

·         Recuperar la economía y promover el crecimiento mediante la creación de empleos, la inversión en infraestructura, el avance tecnológico y el apoyo al consumo y bienestar de las personas.

·         Proteger al planeta promoviendo una revolución ambiental que genere empleos, reduzca las emisiones de gases de invernadero y conserve o proteja por lo menos el 30 por ciento de tierras y mares.

El discurso, parecido al de otras “cumbres” y encuentros internacionales, incluye un par de elementos novedosos. Por un lado, asumen que los gobiernos, y no el mercado, son los responsables de lograr los objetivos anteriores.  

Aquí se refleja el liderazgo del gobierno del presidente Biden que se ha despojado de buena parte de los dogmas tradicionales para ponerse decididamente del lado de la protección social de la población y del impulso a la recuperación económica mediante un nivel de gasto que no se había visto desde hacía casi un siglo. No cabe duda que al romper el freno de la austeridad y apoyar el consumo de las familias está logrando una recuperación exitosa que se podrá acelerar si consigue que su congreso le apruebe el paquete de fuerte gasto en infraestructura que ha propuesto.

Lo segundo que plantea el G7 es que sus objetivos se financiarían con una gran reforma tributaria que afectará al planeta entero. Se trata de captar mayores impuestos y, por lo menos en parte, dejar de hacerle el juego a las grandes corporaciones de no cobrarles impuestos, pero si, indirectamente, pedirles prestado y pagarles intereses.

Lo esencial de la propuesta es establecer un impuesto mínimo de 15 por ciento a las ganancias de las empresas en todo el mundo. Es el piso más bajo y los países pueden aplicar impuestos superiores. Estados Unidos, Alemania y Francia se inclinan más por una tasa del 21 por ciento efectiva.

Todavía más importante es que las empresas paguen impuestos en sus lugares de operación y no de acuerdo a residencia fiscal normal. Las grandes transnacionales en particular escogen como residencia de sus casas matriz a los llamados paraísos fiscales en los que sus ganancias están prácticamente libres del pago de impuestos.

Otros países, Irlanda por ejemplo, han atraído a grandes transnacionales con un bajo nivel de impuestos. Obligar a estos países a dejar de ofrecer condiciones de paraíso fiscal para atraer algunos empleos e ingresos va en contra de sus estrategias.

La intención del G7 es revertir la competencia entre países para atraer empresas bajando cada vez más sus impuestos. Una competencia que lleva más de 40 años, dice el G7, y que acaba por hacer daño a todos.

El nuevo impuesto global de, por lo menos 15 por ciento se aplicaría, para empezar, a un centenar de grandes empresas, incluyendo a Amazon, Google y Facebook.

En México la Secretaría de Hacienda ya se apuntó y, de acuerdo a declaraciones del subsecretario Gabriel Yorio, este impuesto sería viable y se podría incluir en el Paquete Económico de 2022. Ya con el visto bueno de Biden podríamos cobrarles a los grandes por sus operaciones en México. En contrapartida corremos el riesgo de que más adelante México sea cuestionado por ser un paraíso fiscal.

El hecho es que la pandemia, con su carga de crisis económica y empobrecimiento masivo, mientras una minúscula minoría se enriquece al extremo, ha obligado a los gobiernos más poderosos a reaccionar de manera pragmática. Y para asumir su responsabilidad saben que necesitan fortalecerse. 

A grandes rasgos es lo que plantea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas, en su publicación “Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2021” al proponer una importante expansión recaudatoria que impulse una recuperación que al mismo tiempo sea transformadora. 

No se trata de cobrar más impuestos para fortalecer al gobierno, sino para que este apoye a las familias y su capacidad de consumo, al tiempo que apoya al empleo y la producción, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Se trata del doble papel que debe tener un gobierno: promover la equidad e impulsar una economía amigable con la mayoría. Bien combinadas configuran una espiral positiva de crecimiento y bienestar.

Esto no lo pueden hacer gobiernos débiles, con vocación de pequeñez. Y la CEPAL nos recuerda lo atrasados que estamos en toda América Latina en términos de recaudación tributaria. Mientras que la media de recaudación tributaria de los países de la OCDE es de 34 por ciento, la de América Latina es de solo 21 por ciento. México recauda un miserable 16 por ciento sin planes para un incremento significativo.

Lo peor es la calidad de la recaudación que predomina en América Latina; se trata sobre todo de impuestos indirectos, al consumo y no, como en las economías industrializadas, de impuestos al ingreso de las personas y a las ganancias de las empresas.

CEPAL ya no duda en hacer propuestas que hace un par de años serían consideradas de un radicalismo extremo. Por un lado, insiste en la conveniencia de un ingreso básico que, señala, traería beneficios macroeconómicos al reforzar la demanda. En el otro extremo propone impuestos a las grandes fortunas, herencias y donativos, así como mayor progresividad en el impuesto a la renta de las personas.   

El planeta gira hacia concientizar y vigorizar el papel de los gobiernos sobre la base de su fortalecimiento fiscal. Mientras nosotros seguimos como uno de los países más inequitativos y con menor gasto social y crecimiento económico.

 

¡Nuestra alimentación primero!

Jorge Faljo

El departamento del trabajo de los Estados Unidos señala que la inflación en ese país es la más alta de los últimos 13 años. El índice general de precios es un 5.4 por ciento superior al de hace un año. Entre los bienes que más se han encarecido se encuentra la gasolina que en mayo del año pasado costaba 1.88 dólares en promedio y en mayo de este año costó 2.97 dólares. Comparado con el año pasado el precio del pan subió 7 por ciento; comer en restaurante 6.1 por ciento; los autos usados 29.7 por ciento; muebles 8.9 por ciento; las frutas frescas en 4.2 por ciento.

Las autoridades financieras norteamericanas señalan que estos incrementos no son motivo de preocupación debido a que la comparación se establece con los peores momentos de la pandemia cuando el confinamiento y el miedo, sumados al desempleo y a la pérdida de ingresos llevaron la demanda a sus menores niveles. La gasolina llega ahora a niveles cercanos a lo usual y el fuerte incremento en los autos usados se debe a los que se reintegran al trabajo.

La alimentación en casa presentó en 2020 una situación particular; no bajó de precio, sino que se elevó en un 3.5 por ciento; así que no tiene un rebote sino un incremento, no alto, pero si redoblado.  

La reactivación de la demanda enfrenta en los Estados Unidos una recuperación de la producción que en algunos casos no es tan ágil y presenta costos más altos en algunos insumos, transporte y mano de obra.

Una queja común de los empresarios es que no hay suficientes trabajadores y tienen que pagarles mayores salarios. Inciden dos factores, uno positivo es que los apoyos al ingreso que proporcionó el gobierno norteamericano fueron tan efectivos que muchos trabajadores no están en una situación desesperada como para mendigar y aceptar cualquier empleo.

Pero ese no es el motivo principal. Multitud de papás, en este caso más bien mayoría de mamás, todavía tienen que estar cuidando de sus hijos que no se han reincorporado a sus escuelas.  

A final de cuentas el reencuentro entre las ofertas y demandas de mano de obra mercancías va en la ruta correcta, pero el camino tiene baches.   

Posiblemente el mayor costo de la mano de obra sea permanente. Los que regresan primero al trabajo tienen posibilidad de elegir y están sentando el precedente de mejores salarios.

Además, el gobierno de Biden se manifiesta claramente en favor de la sindicalización y la elevación salarial. Algo que por cierto fue claro en la reciente visita de la vicepresidente Kamala Harris al interesarse por los avances en la implementación de la reforma laboral y en temas como democracia sindical y justicia laboral efectiva.

El caso es que la inflación norteamericana es considerada como algo natural y pasajero por sus autoridades financieras. No les preocupa.

Pero, ¿debiera preocuparnos a nosotros? ¿a los mexicanos de a pie? Tal vez sí.

No cabe duda que la reactivación norteamericana es algo positivo para México. El 80 por ciento de nuestras exportaciones van hacia el norte y eso favorece a la producción y al empleo de nuestro lado.

Solo que la recuperación de la demanda apunta a ser notoriamente desigual entre los trabajadores norteamericanos y los mexicanos. De nuestro lado las cifras del Coneval señalan un importante empobrecimiento de la población en general; lo peor es que más de cinco millones se sumaron a la pobreza laboral; es decir personas que trabajan, pero no ganan lo suficiente para cubrir las necesidades alimentarias de sus familias. Más de 50 millones de trabajadores mexicanos están en esa terrible condición.

Paralelo al Covid sufrimos una epidemia de desnutrición; ya existía, pero empeoró. En el último año se redujo aún más la calidad de la nutrición; menos proteínas y menos consumo de verduras y frutas y mucho mayor ingestión de pastas.

Esta situación puede ser agravada si ahora resulta que los consumidores pobres mexicanos van a tener que competir por los alimentos de mayor calidad con los consumidores norteamericanos en pleno resurgimiento de sus ingresos.

No lo digo solamente yo; lo dice, con otras palabras, el Banco de México al señalar que cada vez que aumentan las exportaciones de un producto a los Estados Unidos el precio se eleva en México. Esto impacta en particular los precios de las frutas y verduras.

Un estudio elaborado por Banxico concluye que los choques de demanda en los Estados Unidos se traspasan a los precios al consumidor de las frutas y verduras en México. Por ejemplo, al elevarse en 1 por ciento la exportación de jitomate su precio sube en 1.4 por ciento en México. En el caso del plátano sube 2.1 por ciento; 1.8 para el limón; 1.7 para la cebolla, entre otros.

A Banxico le preocupa que las exportaciones tengan un impacto inflacionario en México y se presente una elevada volatilidad. A los demás debiera preocuparnos que nuestra población pueda recuperar no solo su nivel nutricional pre pandemia, sino elevar su resistencia inmunológica sobre la base de una dieta sana; enriquecida con más de los nutrientes que aportan las verduras y frutas.

Convendría pensar en un trato desigual a desiguales favorable a los consumidores mexicanos ante los norteamericanos con mayor poder de compra. En ese sentido funcionaria un impuesto a las ganancias por la exportación de algunas verduras y frutas. Hay margen para ello; los exportadores agropecuarios se han beneficiado de la devaluación del peso de los últimos años y mantener un buen equilibrio entre la exportación y las ventas en el mercado interno debe ser una prioridad nacional.

Estaríamos lejos de llegar a la medida que acaba de tomar el gobierno argentino de prohibir la exportación de carne por 30 días para mitigar la elevación en el precio y una escasez interna provocada por el exceso de ventas al exterior.

Un impuesto moderado, flexible ante cambios en la coyuntura, que no se deje llevar por fines recaudatorios, sería suficiente para atender la advertencia de Banxico y prevenir un impacto negativo en la nutrición de los mexicanos de la reactivación tan diferenciada en el poder de compra norteamericano y el nuestro.    

Mantener e incluso hacer más accesible el consumo interno de frutas y verduras iría a favor, sin ser suficiente, del derecho humano a la alimentación suficiente y nutritiva que la Constitución establece como obligación gubernamental.

México, pasado y presente en su simulación social.

 

Jorge Faljo

El proceso electoral que culmina hoy domingo ha estado marcado por la violencia. Alrededor de 80 asesinatos de los que 34 víctimas eran candidatos a cargos de elección popular. Un total de por lo menos 476 delitos contra políticos en funciones, candidatos y personas cercanas al proceso electoral. El recuento de datos es imposible; la síntesis es, en palabras del periódico español El País que se trata de la campaña más violenta de la que se tiene registro.

El asunto no es menor. Así lo reconoce la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al decir que existe un claro riesgo de gobernabilidad en muchas regiones del país y afecta principalmente a candidatos a cargos en ayuntamientos. La violencia no es nueva, pero se exacerba por las mil 907 administraciones municipales que van a ser renovadas y que constituyen un gran saco de futuros recursos en disputa. Por las buenas o por las malas.

Ante la inseguridad la actual administración ofreció un nuevo paradigma; una estrategia que rebasaba lo meramente policiaco y militar, para atender a las raíces socioeconómicas: pacificación, justicia y reconciliación nacional. Suena utópico, pero reconoce que existe en el país un enorme caldo de cultivo favorable a la violencia que demanda una estrategia socialmente informada.

Pero del dicho al hecho… hay que profundizar el diagnóstico para instrumentar las acciones correctivas. Vamos pues a las muy profundas raíces del problema.

En las últimas dos décadas del siglo pasado la estrategia de crecimiento giró hacia el abandono, más bien la franca destrucción, de los pequeños y medianos productores rurales y urbanos que producían para el mercado interno. Los campesinos (así llamaré a este amplio grupo rural y urbano para simplificar el lenguaje), pasaron a ser tratados como obstáculo a la instrumentación de modernización básicamente importada.

Lo primero fue arrebatar a los campesinos su mercado, su clientela nacional. Con la apertura indiscriminada a las importaciones los mexicanos pasamos a consumir importado en vez de nacional y campesino.

Conasupo, la gran empresa acopiadora de granos a precios de garantía, que contribuyó a que fuéramos importantes exportadores, pasó a funcionar en reversa: a comprar granos en el extranjero. Me tocó ver como distribuía arroz filipino en Morelos; contribuyendo a la destrucción de la producción nacional. Luego la desaparecieron con sus bodegas, la comercialización de materiales de construcción y todo el entramado de entidades de apoyo al medio rural: Inmecafé, Tabamex, la banca de crédito ejidal y rural, Fertimex y demás.

Quedaron las tiendas de Diconsa, que desde entonces se niega a comprar productos regionales y locales para, en cambio llevar productos industrializados que los sustituyeran. Como dije, Conasupo en reversa.

Más de diez millones de mexicanos en plena capacidad productiva fueron forzados a emigrar o sufrir desocupación y hambre, ellos y sus familias. Irse al norte no fue solo válvula de escape; también contribuyeron involuntariamente a afianzar al nuevo modelo al seguir haciéndose cargo de otros muchos millones de sus familiares que permanecieron en el país.

Pero no bastaba destruir ese sector socioeconómico. Era necesario impedir que reaccionara, que se organizara y elevara su voz.  

Desde los noventas del siglo pasado se instrumentaron acciones que, en conjunto, configuran una política de disolución social, no encuentro mejor manera de llamarla, aunque recuerde una infamia jurídica. Sembrar la desorganización y el enfrentamiento en las familias, ejidos, comunidades y organizaciones ha sido la estrategia. Para evitar el dialogo con un campesinado cohesionado se le segmentó en miles de pedazos.

Cierto que se llevaron migajas a los campesinos, pero sin negociar con sus representaciones a nivel de ejidos, comunidades y organizaciones auténticas. Se sembraron centenares de miles de pequeños proyectos productivos claramente inviables porque les faltaba lo esencial: un mercado de consumo apropiado. Y en torno a cada proyecto – dadiva, se armó una micro organización a modo.

En las comunidades las mujeres que entraron a Progresa-Oportunidades-Prospera se pelearon con las que no lo recibían. Ningún lado entendía porque unas eran beneficiadas y otras no. Había sido decisión de las trabajadoras sociales sin asambleas, sin participación social y/o de las autoridades locales.

Para seguir recibiendo ese estipendio el maestro certificaba que el hijo acudía a la escuela y la enfermera que la señora acudió a las pláticas de salud o se hizo el Papanicolaou. Hubo beneficios, y al mismo tiempo se fue restando poder a lo local para entregárselo a agentes externos.

El campo ha sido atendido por muy diversas entidades (y sus antecesoras) que operan cada una, e incluso cada programa, de manera no coordinada. Cada programa, si se acerca a la comunidad, promueve la creación de un pequeño grupo, una micro organización con la cual va a tratar en adelante, dándole la espalda al resto del ejido o comunidad y toda real representación colectiva. 

Pero gran parte de los recursos, tal vez el grueso de ellos, simplemente se concursan por medio de convocatorias en internet que son dadas a conocer a la comunidad por agentes privados que venden sus servicios de asesoría, supuestamente técnica; en realidad especialistas en llenado de formatos. Si la comunidad, o un grupo dentro de ella, se engancha, tendrá que pagarle un adelanto al prestador de servicios técnicos, más otros gastos asociados.

Cada programa presume que recibió un gran número de proyectos de los que seleccionó los mejores. Tal vez recibió mil propuestas y finalmente le dio recursos a 100. En el camino se desprestigiaron 900 líderes comunitarios que apoyaron entrar al concurso, convencieron a sus vecinos, recogieron el dinero para pagar la elaboración de una propuesta fracasada. Una buena manera en que los programas públicos han sembrado desaliento y desorganización.

Una de las joyas de la corona es la operación de la contraloría social en los programas de desarrollo social. En su quinto informe de gobierno Peña Nieto presumió el registro de 321 mil 826 Comités de Contraloría Social con un millón, 257 mil 718 beneficiarios; casi 4 personas por comité. Se había llevado al extremo la desintegración de los beneficiarios de los programas sociales en micro comités en los que se impide la participación de líderes locales. Sin ninguna capacidad de negociación se convierten con frecuencia en el único mecanismo de dialogo aceptado por los funcionarios. ¡Vaya al comité de contraloría! le dicen a cualquier inconforme.  

La política social y productiva en el medio rural ha creado un gran entramado de micro organizaciones hechizas, a modo, volátiles y sin poder mediante las que el Estado simula el dialogo con los interlocutores rurales.

En 2002 Vicente Fox lanzó la “ciudadanización” de la atención pública. Es decir que solo se atendería al beneficiario o interesado directo. Implicó desconocer la capacidad de representación de las autoridades comunitarias, ejidales y a las organizaciones. Pero los interesados son usualmente pobres que no pueden pagarse transporte, comida, alojamiento, y se intimidan ante la perspectiva de acudir a una ventanilla en la cabecera municipal o capital del estado. La ciudadanización cerró el dialogo con el campesinado. Un paso más ha sido declarar que toda intermediación es corrupta.

La violencia florece donde ha sido destruida la organización social; en las familias, comunidades y ejidos desintegrados, en la imposibilidad de la gobernanza local y en la ausencia de dialogo efectivo con una administración que ha ofrecido ser su aliada. Este caldo de cultivo lo sazonaron los gobiernos de México. Y ese pasado sigue siendo presente.