Razones y sinrazones del libre comercio

 Jorge Faljo

Esto del libre comercio no es un asunto sencillo. Es un concepto que se refiere, en principio, a la posibilidad de venderle al que más pague y, en sentido contrario, la conveniencia de comprarle al productor que venda más barato y de mejor calidad. Hacerlo en el plano internacional requiere libertad para exportar e importar. En absoluta libertad de comercio bien podríamos hacer de cuenta, cuando menos en teoría, que no hay fronteras.

Para sus proponentes ortodoxos esa situación conduce al bienestar de todos: los productores más eficientes son los que mejor venden, reinvierten y crecen, mientras que los consumidores pueden comprar más barato y de mejor calidad. Y todos salen ganando.

A menos que… no todos. Porque mientras los productores más eficientes crecen y se apoderan del mercado los no tan eficientes son gradualmente expulsados del mercado y deben buscarse otro quehacer. O hacerse más eficientes; lo que es poco viable porque eficientes y no eficientes tienen que vender a precios similares y los menos capaces no tienen suficiente rentabilidad para invertir.   

Podría pensarse que si los productores no eficientes son substituidos por los más eficientes todos los consumidores se benefician con mejores productos a mejores precios.

Solo que aparece un problema cuando resulta que los productores menos capaces son también consumidores y viceversa; es decir que una porción importante de los consumidores son parte de los productores menos eficientes que están siendo gradualmente expulsados del mercado y en los hechos se están empobreciendo. Los consumidores que dejaron de producir son meramente pobres que buscan sobrevivir en actividades informales, que reciben transferencias sociales del gobierno, o parte de los que, aunque tienen un empleo formal no dejan de ser pobres.  

Para esa multitud de pobres, la mayoría de la población de México, por cierto, poco importa que exista una oferta de productos cada vez mejores y más baratos cuando ellos tienen cada vez menos ingresos y menos seguridad laboral.

En aras de la modernidad y los beneficios que traería el libre comercio este país sacrificó no solo al  campesinado sino, también, a gran parte de las medianas, pequeñas y microempresas orientadas a la producción para el mercado interno, dando preferencias a productos importados.

El pretexto fue que el libre comercio, particularmente el regulado en un tratado comercial con los Estados Unidos, abriría las puertas a la exportación hacia los consumidores norteamericanos asegurando así un moderno y acelerado crecimiento de la producción nacional. Hacer moderna la producción era compatible destruir lo que teníamos y substituirlo con inversión extranjera. Serían los grandes corporativos internacionales los que modernizarían la producción nacional.

En cuanto a lo del acelerado crecimiento de las exportaciones eso es algo más bien relativo. A lo largo de la existencia del “libre comercio regulado”, el TLCAN, lo que creció de manera realmente acelerada fue el libre comercio no regulado. Me refiero al comercio de México, los Estados Unidos y Canadá con China.

Fue hacia China que se fueron las grandes empresas, con sus inversiones y tecnologías modernas, hábilmente copiadas por la nación asiática hasta convertirse en potencia industrial y tecnológica. Fue con China que los tres países del TLCAN establecieron un gran comercio deficitario.

Desde esta perspectiva el TLCAN fue un gran fracaso; los tres países signatarios prefirieron a China para comprar, para invertir y… para pedir prestado.

Poco importa el libre comercio, regulado o no, cuando no se tiene, ni en México, ni en Estados Unidos, una estrategia de crecimiento, industrialización, empleo y fortalecimiento del mercado interno. En los dos países la población se ha empobrecido, la inequidad ha llegado a extremos inconcebibles y el mercado interno se debilita. Mientras los mega multimillonarios juegan a hacer vuelos espaciales que venderán a decenas de miles de dólares el minuto, parte de la población, allá y aquí, requiere ayuda alimentaria o de plano no tiene para comer.

Ahora los Estados Unidos han sorprendido a México y Canadá al interpretar que el 75 por ciento de un automóvil tiene que ser producido en cada país y no que ese 75 por ciento, aunque ensamblado en México, o Canadá, deba ser producido en la región tri nacional. La lectura del tratado no deja lugar a dudas, México podía alcanzar ese 75 por ciento con partes compradas en Estados Unidos o Canadá y de ese modo no pagar aranceles en Estados Unidos.

Ya había ejemplos de renegociaciones paralelas al tratado en los casos del tomate y el azúcar donde, para no ponerle aranceles a las exportaciones mexicanas el gobierno norteamericano hizo un trato, no con el gobierno de México, sino con los productores agrícolas para establecerle precios de referencia a esos productos. De ese modo protegió a sus productores internos contra los, en estos dos casos, más eficientes productores mexicanos

El T-MEC es muy claro en afirmar que México conserva su plena soberanía en materia energética. Pero desde Estados Unidos se levantan voces diciendo que las reformas en materia energética afectan el espíritu del tratado.

Y viene más. Un grupo de senadores demócratas acordaron proponer un impuesto sobre las importaciones de países que carecen de políticas agresivas contra el cambio climático. La propuesta es prácticamente simultánea a la de la Unión Europea para establecer un arancel a la generación de carbono. Es decir que en ambos casos las empresas que quieran vender acero, hierro y otros bienes industriales pagarían por el dióxido de carbono que emitan durante sus procesos de fabricación. Lo que obviamente favorecería a los más eficientes desde estándares establecidos en esos países.

No es casual que existen en el planeta excesos de producción de acero, hierro y, en general, manufacturas. Esta abundancia de capacidades enfrenta el debilitamiento de la demanda que ya era crónico y que se ha acentuado por los impactos económicos de la pandemia. Una situación que impulsa nuevas formas de protección a las industrias de los países centrales.

Atrapados en un juego que no da para más, el libre comercio se resquebraja y los tratados de libre comercio de México, que de poco han servido para el crecimiento del país, y menos para el bienestar de su población, pasan gradualmente a ser letra muerta con nuevos condicionamientos que debilitan aquello de libre y acentúan lo de regulado.

Los países industrializados son pragmáticos. Nosotros, en un mundo cambiante, debemos revisar a fondo lo que no nos ha funcionado y abandonar las ilusiones teóricas que nos han tenido atrapados durante décadas. Esa es la transformación que falta.

Con la recaudación, al baile vamos

 Jorge Faljo

Posiblemente el Sr. Presidente López Obrador se siente bastante presionado en cuanto al tema hacendario cuando por enésima ocasión ha salido al ruedo a afirmar que no habrá reforma fiscal porque no se necesita. Es cosa de continuar con el combate a la corrupción, de mantener la austeridad republicana y de esperar que el crecimiento económico ayude. Estos son los pilares de la ideología macroeconómica de la actual administración.

Estos dogmas al parecer necesitan ser repetidos con firmeza y cada vez mayor frecuencia debido a que son crecientemente cuestionados desde el exterior y el interior del país.

Se ha alterado radicalmente la visión imperante en las sociedades más ricas debido a la pandemia y su cola de empobrecimiento masivo, inequidad y una perspectiva de estancamiento económico con posibles deterioros en la estabilidad social.

La pandemia derrumbó el mito de que todo lo resuelve el mercado actuando en libertad y ahora, con una notable rapidez se entendió que los gobiernos tenían la responsabilidad de hacerle frente, no solo como enfermedad, sino en un segundo paso como mitigadores de sus consecuencias sociales y en un tercer paso, como impulsores de la reactivación económica.

De manera prácticamente simultanea el mundo entero está entendiendo que el problema del deterioro ambiental es un asunto de la mayor gravedad. El incremento de los huracanes, incendios, inundaciones, sequías han obligado a dejar atrás el desdén y tomar la cosa en serió. Como cereza de un mal pastel se encuentra el azote de altas temperaturas nunca antes vistas en algunas regiones de los Estados Unidos, Canadá, e incluso en Siberia en las colindancias del círculo polar.

Si antes el gobierno norteamericano ya reconocía el desastre climático en Centroamérica, con huracanes, inundaciones y sequías, en cruel sucesión, como un factor de la emigración hacia su frontera, estos días le está llegando la lumbre a los aparejos.

El cambio decisivo a nivel global lo encabeza la administración del presidente Biden con una política de decidido apoyo económico a las familias y a las pequeñas empresas y con una propuesta de fuerte gasto en inversión en infraestructura y servicios públicos que solo se equipara con la intervención gubernamental que sacó a los Estados Unidos de la Gran Depresión hace unos 80 años.

La economía mundial ya trastabillaba antes de la pandemia a causa del rezago en los ingresos y consumo de la población que contrastaban con los fuertes incrementos en producción asociados a tecnologías más productivas. Avances impresionantes y en principio positivos que, sin embargo, aceleraron la monopolización de la producción y provocaron una enorme destrucción de empresas que ya no pudieron competir, sobre todo en los países periféricos.

Esa ruta de inequidad y empobrecimiento fue enormemente acelerada por la pandemia y su consecuente paralización económica.

Los gobiernos de economías avanzadas han entrado al quite con, en primer lugar, un fuerte gasto en salud que, transferido a sus farmacéuticas, fue lo que consiguió el desarrollo de vacunas en tiempo record. A ese se han ido sumando los otros gastos que ya mencioné y para los cuales fue fundamental el apoyo de sus bancos centrales, que ni tardos ni perezosos echaron a andar la máquina de hacer dinero.

Las grandes economías ahora están dirigidas por gobiernos “desarrollistas” con una importante perspectiva social y con un nuevo componente que por fin se empieza a tomar en serio; el de combatir el deterioro ambiental. Y todo eso cuesta…y cuesta mucho.

El gasto inmediato se ha solventado en buena medida mediante endeudamiento a las muy bajas tasas de interés propiciadas en las economías desarrolladas por sus bancos centrales. Hay un siguiente paso ineludible. Ese endeudamiento, y el gasto que todavía falta por hacer y sostener por lo menos durante una década, obligan a incrementar los ingresos gubernamentales. Solo así podrán cumplir como líderes de la transformación social, económica y ambiental que requieren sus países y el mundo entero. 

Vemos los pasos en ese sentido: reformas fiscales para incrementar la captación tributaria en buena parte de los países del mundo, con nuestro vecino del norte dando el ejemplo y ahora, la aceptación de los principales líderes mundiales de una reforma tributaria global largamente cabildeada por la mayoría de los países.

Los mensajes del exterior son muy claros. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), nos dice que somos un paraíso fiscal y que es necesaria una recaudación progresiva, extender el alcance de los impuestos sobre la renta, la propiedad y el patrimonio. Es decir, impuestos a los que tienen más y no tocar la capacidad de demanda de la gran mayoría.

No es un asunto limitado a las finanzas públicas; esa sería una visión muy pequeña. El verdadero gran tema es el bienestar de la mayoría y la posibilidad de un desarrollo económico, ambientalmente sustentable, basado en la defensa e incremento de la capacidad de consumo del 90 por ciento de la población.

Así que si el presidente se siente presionado, tiene razones para estarlo. En el resto del planeta los gobiernos asumen una nueva visión en la que encabezan la transformación socioeconómica y ambiental a partir de su propio fortalecimiento. Dejaron atrás los dogmas que pregonaban la conveniencia de gobiernos pequeños, de no tocar a los dueños de las riquezas y de dejar el crecimiento en manos del libre mercado y sus tratados internacionales.

Esta administración enfrenta la posibilidad de dejar como herencia mayor inequidad; una población más pobre, desnutrida, obesa y con mayor proporción de enfermedades crónicas; sin recuperar el ingreso per cápita previo a la pandemia; con una menor proporción de empleo digno; con mayores niveles de desintegración social y violencia.

Ante esta perspectiva desoladora apenas es tiempo de aprender lo que hace el resto del mundo.  

Entusiasmo global por una reforma tributaria insuficiente.

 

Jorge Faljo

Un total de 130 países, que generan más del 90 por ciento del producto mundial acordaron reformar el marco fiscal internacional. Ocurre a menos de tres semanas después del encuentro donde los líderes del G7 consensuaron que para combatir la pandemia, recuperar la economía y proteger el medio ambiente era indispensable incrementar la captación tributaria global y de cada país.

No es que 130 países se sumen de inmediato a la propuesta del G7. El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, señaló que "tras años de intenso trabajo y negociaciones, este paquete histórico garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo".

La reforma tributaria global era ya parte del interés y del esfuerzo de la mayoría de los países del mundo desde hace años, pero no había logrado cuajar hasta que las potencias económicas le dieron su visto bueno formal. Ya con el permiso de los poderosos, por así decirlo, el resto de los países se sumó a una “iniciativa” que más que iniciar recogía una aspiración compartida pero anteriormente reprimida.

Los esfuerzos previos se hicieron sobre todo en el llamado proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), iniciado en 2013 y encaminado a combatir la erosión de la base fiscal y el traslado de utilidades a paraísos fiscales. Entre los mecanismos de traslado de las utilidades se encuentra ubicar el domicilio fiscal de un corporativo transnacional en un país que cobra impuestos muy bajos y ahí reportar sus ganancias.

Otro mecanismo recurrente es la manipulación de las cuentas entre filiales de una misma transnacional. Digamos, para ejemplificar, que la transnacional A, produce en su filial A1, y exporta sus mercancías al costo, o incluso por debajo, a su filial A2 ubicada en la isla (ficticia) Gran Lagartija, que cobra muy pocos impuestos. Esta a su vez le revende a un alto precio a sus filiales A3, A4, A5 ubicadas en países consumidores. De este modo resulta que la unidad productora A1 tiene muy poca rentabilidad, hasta posiblemente pérdidas, al igual que sus filiales A3, A4 y A5. Pero resulta que la intermediaria A2 se hincha con las utilidades. Pero las declara en un paraíso fiscal donde no tiene empleados, no realiza actividades productivas y no tiene consumidores.

Estos son parte de los mecanismos de traslado de utilidades que se propone combatir el proyecto BEPS y que ahora, por fin, se abrió una rendija para hacerlo.  

La oportunidad consta de dos pilares. El primero es que las grandes empresas multinacionales paguen impuestos en donde tienen operaciones productivas y comerciales reales, incluso sin su presencia física.  Esto es posible en la economía moderno donde las empresas digitales, tipo Netflix, Facebook y similares, pueden tener presencia comercial y ganancias por su operación en internet sin que tengan oficinas, dispositivos o empleados en el país.

El segundo pilar pone un límite a la competencia entre países que, mediante la reducción de impuestos, tratos privilegiados e incluso normas laborales contrarias a los trabajadores, intentan atraer capitales transnacionales. Durante décadas las transnacionales consiguieron que los países bailaran al son de este juego perverso que precipitó a la baja la captación tributaria mundial y contribuyó al empobrecimiento de la población. Incluso la de los países industriales del primer mundo.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen declaró hace poco que durante décadas lo predominante ha sido reducir y limitar el tamaño del gobierno como porcentaje de la economía. Un enfoque que tuvo un profundo efecto en el país y su gente. No se dio mantenimiento a la infraestructura y mucho menos se modernizó; no se apoyó la investigación y el desarrollo; no se invirtió en educación y formación para el cambio tecnológico y no se crearon sistemas de apoyo a las familias para mejorar la sanidad infantil, la educación y el bienestar, explicó Yellen.

Y si ese recuento de carencias se dio allá, aquí en este paraíso fiscal mexicano, donde el empobrecimiento de la población ha corrido al parejo con el empobrecimiento del gobierno, el recuento de carencias y rezagos sería exponencialmente mayor.

Se abrió dije, una rendija, a la transformación tributaria global. Pero es notoriamente insuficiente. Joseph Stiglitz, ganador del premio nobel, Thomas Piketty y Gabriel Zucman notables economistas de fama internacional la califican de “oportunidad perdida” debido a que solo abarca a un número reducido de multinacionales con un porcentaje de impuesto mínimo, al nivel de paraíso fiscal. Unas 100 compañías digitales y unas 4 mil corporaciones que facturan más de 750 millones de dólares.

Los gobiernos de Argentina, India, el Foro Africano de Administración Tributaria, con 37 países miembros que han sido actores centrales en estos largos años de negociación del BEPS consideran que el acuerdo tiene múltiples fallas y favorece a los países desarrollados.

Si lo critican, ¿porque son parte de los 130 países que apoyaron la propuesta? El motivo es que su única opción era aceptar todo o rechazarlo todo y lo más sensato fue aceptar esta primera reforma seria de la situación fiscal de las transnacionales, así fuera insuficiente.

La reforma, podemos concluir, es un giro de gran importancia ideológica en la dirección correcta; pero su impacto efectivo será limitado.

Para México podría significar unos 30 mil millones de pesos –mdp-, de recaudación adicional. Menos que las remesas que reciben las familias de trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Si estos 30 mdp se suman a la perspectiva planteada por la directora del SAT de recaudar 200 mdp adicionales en 2022, se aumentaría la captación tributaria en casi un punto porcentual del PIB. Lo que nos llevaría a captar casi la mitad del promedio de tributación de los países de la OCDE.

Insuficiente para dejar de ser un paraíso fiscal y empezar a saldar carencias y rezagos. Pero la idea parece ser que a caballo regalado no se le ve el colmillo.