Acapulco; utopía

 Jorge Faljo

La destrucción causada por el huracán Otis sobre la infraestructura de Acapulco es monstruosa. Hubo cerca de 200 fallecimientos, sobre todo en embarcaciones de recreo y pesqueras, incluso las amarradas a los muelles. Pero es posible que lo peor lo estemos viendo ahora: el deterioro masivo de las viviendas de la mayor parte de la población; la pérdida de empleos, en buena medida informales; las dificultades del aprovisionamiento básico, agua y alimentos; el mal funcionamiento de servicios públicos; y la mayor inseguridad.

No obstante Acapulco era, y tiene el potencial de volver a ser un gigante del turismo. En 2022 los hoteles de la ciudad registraron la llegada de 7.7 millones de turistas, de los que el 92 por ciento fueron de origen nacional. Más difícil de calcular, pero también importantes, son el turismo que llega a estancias de corta duración en alojamientos privados, los llamados B&B, y el turismo que se aloja en viviendas propias ocupadas de manera estacional.

La idea imperante es reconstruirlo y el reto es gigantesco dada la magnitud de los daños. Los impactos sobre la población son diferenciados y reflejan la situación de un territorio en el que ha imperado la más contrastante desigualdad económica y social.

Los vientos se llevaron las fachadas, recubrimientos, ventanería, divisiones internas y el amueblado de los grandes hoteles. Los dejaron en obra negra, pero no dañaron su integridad estructural. Se pueden reparar de aquí a la próxima principal temporada turística de los últimos meses de 2024. El 80 por ciento de los 36 mil negocios formales afiliados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo enfrenta daños importantes y en su mayoría no cuentan con un seguro que cubra, así sea parcialmente los costos de reparación.

La Cámara mexicana de la Industria de la Construcción asegura que el huracán dañó todos los inmuebles de Acapulco, ocasionando desde daños menores hasta pérdidas totales. Estas últimas se localizan en viviendas que no fueron planeadas o diseñadas por algún arquitecto o ingeniero y fueron autoconstruidas en zonas de alto riesgo, no aptas para la edificación. Gran parte de la población de Acapulco vive así.

Una primera reacción ante el desastre ha sido buscar al culpable inmediato. Un absurdo porque el evento era imprevisible. El modelo de riesgos es siempre una extrapolación del pasado y este no contemplaba, hasta ahora, lo que ocasiona el cambio climático. Además, porque lo más probable es que incluso un aviso oportuno, de apenas un día, no habría provocado movimientos o precauciones significativas de la población. Por temor al pillaje, por falta de albergues, porque movilizar a cientos de miles requiere mucho más tiempo y credibilidad en la posibilidad del alto riesgo.

Pero lo verdaderamente erróneo es que buscar al culpable inmediato desvía la atención del o de los culpables históricos. El sistema que durante décadas permitió que Acapulco se convirtiera en un desastre ecológico, territorial, jurídico, económico y social. Es decir en una zona de alto riesgo ambiental, de inseguridad jurídica, de carencias profundas, de corrupción y criminalidad.

Se calcula que el 65 por ciento de las propiedades de Acapulco no cuentan con escrituras. Eso se debe a que buena parte de su urbanización es irregular, producto, para decirlo claro, de invasiones. Las cuales son de dos tipos. Las que, usando el vocabulario del régimen, son “fifís”, comandadas por empresas que se han apoderado de reservas naturales, en particular zonas de manglares a orillas de las codiciadas costas o zonas con buena vista a la bahía.

Estas invasiones han sido amparadas, incluso propiciadas, desde el poder público local. Durante décadas se ha denunciado a presidente tras presidente municipal que se han hecho de la vista gorda para terminar regularizando el uso de suelos con alto riesgo de desastres cuya urbanización desemboca en la necesidad recurrente del uso de recursos públicos para mitigarlos.

Lo segundo son las invasiones tierra adentro; algunas hechas por gente que necesita un espacio para vivir; que trabaja en la informalidad y cuyos ingresos son muy bajos. Población que ha invadido cerros, barrancas, canales, cauces, zonas de filtrado de torrentes. Algunos de estos espacios pueden dar la impresión de ser habitables durante meses o años, pero en casos de tormentas terminan en desastre para las familias. Son, además, espacios prácticamente inaccesibles para la dotación de servicios públicos esenciales como tuberías de agua y alcantarillado, cuya ausencia no opera en favor de la higiene de la bahía.

No todas las invasiones son de personas simplemente necesitadas. Algunas son empresas criminales o amparadas en la corrupción, bien orquestadas al grado de llegar a levantar barrios fantasmas cercados, con viviendas de mera apariencia, deshabitadas, con el objeto de apoderarse y especular con terrenos de alto, mediano o bajo valor. Pero siempre un buen negocio.

El costo de la reconstrucción de Acapulco es motivo de fuerte discusión. De los 61 mil millones de pesos que declara el gobierno federal a los 300 mil millones que calcula la CONCANACO. Y la rebatinga es fuerte. Algunos privados hablan de créditos a fondo perdido, es decir donativos a su favor. Por otra parte la población reclama servicios, seguridad, apoyo a la reconstrucción de sus viviendas.

Lo que predomina en la visión pública es la idea de una mera y cosmética reparación de lo destruido por el huracán; simplemente regresar al desastre previo. ¿Vale la pena ese modelo de reconstrucción? En el mejor de los casos deja las cosas como antes; en el peor regulariza un modelo de urbanización inaceptable y propicio a otros futuros desastres.

Para Acapulco hay que plantear algo mucho más ambicioso. Aprovechar el desastre para recrear otro modelo urbano: socialmente más equitativo; compatible con la naturaleza; seguro ante eventos climatológicos extremos; adecuado para la dotación de servicios públicos; propicio a la convivencia pacífica de sus pobladores. Esto no se consigue con transferencias para la supervivencia inmediata y la reparación hechiza de viviendas de viviendas autoconstruidas en zonas de riesgo.  

Lo que se requiere es un plan mucho más ambicioso, de cuatro pasos: expropiación, regularización, empleo y construcción.

Una gran expropiación que abra espacio a la construcción de unidades habitacionales densas, con departamentos dignos y el aprovisionamiento de servicios públicos, agua, alcantarillado, escuelas, clínicas, comercios. Una expropiación que libere los espacios que requiere la ecología: manglares, cañadas, cauces. Una expropiación que regularice y corrija el desorden acumulado en favor de la población trabajadora, así como del Acapulco turístico y recreativo al que sirve.

Lo siguiente es un amplio programa de empleo en la construcción de un nuevo modelo urbano moderno, con seguridad jurídica a sus habitantes, con acceso al agua, electricidad, alcantarillado, transporte, escuelas, comercios, servicios de salud.  

Hay que aprovechar la oportunidad que brinda la destrucción para no regresar a un pasado que era en si mismo un desastre de enormes proporciones.

Nearshoring. Anverso y reverso

Jorge Faljo

Anverso

El nearshoring es el nombre en inglés, ahora muy empleado en México, de la relocalización de empresas globales hacia nuestro país debido a variaciones en las condiciones del comercio internacional. Lo que ha cambiado en los últimos años es sencillo de explicar.

Por una parte la guerra en Ucrania encareció notablemente el abasto energético de las empresas e hizo que, en particular Alemania perdiera competitividad en su producción industrial. La ruptura de las cadenas de producción previas al inicio de esa guerra ha provocado que algunos de los bienes comercializados tengan que ser transportados en circuitos mucho más extensos y a costos más elevados. Es el caso claro de los energéticos, granos y fertilizantes que ahora recorren caminos tortuosos para llegar a nuevos puntos de destino y procesamiento. Esto ha provocado mayor demanda y el consecuente encarecimiento del transporte marítimo a nivel global.

Un segundo factor importante es que Estados Unidos ha entrado en una creciente disputa comercial con China, incluso con tonos de militarización en torno a Taiwán, una isla que paradójicamente reconocen formalmente como parte de China. Pero el asunto de fondo es que en las últimas décadas los grandes conglomerados norteamericanos establecieron buena parte de su capacidad de manufactura en China. Producir en ese país resultaba muy atractivo debido a su mano de obra barata, su moneda también barata y un gobierno fuerte garante del orden público.

Empresas como Apple, Nike, Tesla, General Motors, Ford, Gerber, Heinz, Amway, Audi, para listar algunos nombres de los más conocidos, más otros centenares de todo tamaño y tipo de manufactura, trasladaron su producción a China al tiempo que desmantelaban sus instalaciones en Estados Unidos. Esta relocalización favorable a China provocó la pérdida de los empleos manufactureros que sustentaban buenos niveles de vida para la población de trabajadores sin estudios universitarios.

El resultado de esta globalización ha sido catastrófico; la población blanca no universitaria redujo su esperanza de vida debido a la pérdida de empleos, al deterioro salarial y al incremento de sus adicciones. El enojo de este grupo de la población ha forzado a la elite política norteamericana a reconsiderar su apego a la doctrina del libre comercio y a ofrecer un retorno a los buenos viejos tiempos mediante la reconstrucción de su infraestructura, el desaliento e incluso reversión de la localización de empresas en China y la imposición de tarifas a las importaciones de este país que en múltiples productos ascienden hasta un 25 por ciento.

La pérdida generalizada de competitividad de la producción en Europa y las tarifas a las importaciones chinas provocan que los grandes conglomerados norteamericanos, europeos e incluso chinos consideren relocalizar parte de su producción en otros espacios; entre ellos México.

Se entreabre la puerta del nearshoring a favor de México, pero esta posibilidad demanda un importante fortalecimiento inmediato de la infraestructura pública a cambio de inversiones que tardarán varios años en convertirse en una realidad relevante para la economía y los empleos en el país. Y el asunto de la inversión pública, que ya era difícil para un gobierno pobre, se ha complicado enormemente con el desastre de Acapulco cuyo impacto rebasará lo meramente regional.

Reverso

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, que favorece una futura relocalización de empresas en México, al mismo tiempo ha provocado un incremento acentuado de la entrada de mercancías chinas. Entre 2019 y 2022 las importaciones de productos chinos crecieron en un 42 por ciento y un incremento notable del déficit comercial. En 2022 México le vendió a China mercancías por casi 11 mil millones de dólares; pero le compró más de 118 mil millones de dólares. El desequilibrio no es solo cuantitativo, sino cualitativo. Mientras que China sigue una política de importar básicamente materias primas y productos poco elaborados; México le compra sobre todo bienes de consumo final.

Tal invasión de productos chinos está golpeando duramente a la producción y al empleo nacionales en particular en sectores como el textil y de la confección, el del calzado, la industria del juguete, y no se diga en sectores que ya agonizaban como la fabricación de electrodomésticos.

Según el INEGI en el primer semestre de este año se redujo el consumo de bienes nacionales en un 0.3 por ciento mientras que aumentó el de productos importados en un 18.7 por ciento. Si bien el mayor déficit del país es con China en realidad ocurre con todo tipo y lugar de origen de las importaciones. Lo que no se origina tanto en cambios en la geopolítica global sino en una política interna de combate a la inflación basada tanto en la apertura a las importaciones como en el abaratamiento del dólar.

Predomina una visión de corto plazo favorable en lo inmediato a los consumidores, pero destructora del aparato productivo nacional en sus segmentos de mayor creación de empleo.

Recuerdo que, en los años de la globalización salinista, por allá de los primeros años noventa del siglo pasado, se decía con descaro los no competitivos no sobrevivirán. Eran años en los que hubo una fuerte atracción de capitales, algunos productivos, la mayoría para comprar empresas ya existentes, paraestatales o privadas, o para inversión especulativa aprovechando el encarecimiento del peso. El discurso de la modernización a ultranza parecía justificar el abandono que se le dió al campo y la emigración de millones y la destrucción del aparato industrial convencional orientado al mercado interno y construido a lo largo de décadas.

Parece que vivimos un nuevo deslumbramiento globalizador que nos hace perder de vista un aún mayor abandono del campo y otra oleada destructora de la industria nacional convencional, orientada al mercado interno. Solo que ahora el discurso justifica el modelo como algo favorable a los pobres y suaviza el golpe mediante transferencias sociales crecientes. Es, de nueva cuenta, un gigante de utilería y con pies de barro, que no promueve, o promueve poco y defiende menos, a la empresa que pueda generar riqueza nacional.

Hay que reconsiderar la estrategia para, desde una visión de mediano y largo plazo, plantearnos un México en el que puedan coexistir la globalización con el fortalecimiento de la producción convencional. No sería difícil esta coexistencia que le daría sustentabilidad social y económica a un modelo dual. El fortalecimiento político que le darían estas medidas a la siguiente administración sería inconmensurable.

Para ello habría que imitar a los Estados Unidos e imponerles aranceles a las importaciones chinas y devolverle viabilidad a los sectores productivos que están siendo más afectados. En paralelo habría que orientar la enorme demanda que generan las transferencias sociales hacia el consumo de una amplia variedad de productos nacionales y regionales. Las transferencias, en cupones o tarjetas plásticas, ejercerían su capacidad de demanda en el sistema de distribución Conasupo – Diconsa ampliado y orientado crecientemente a la compra de productos nacionales y regionales. De este modo se levantaría una gran parte de las capacidades de producción interna paralizadas por la falta de un mercado popular apropiado.

Son las dos medidas más viables para un gobierno sin recursos.