Jorge Faljo
Agobiados como estamos por las malas noticias la semana pasada le urgía a la administración federal presentar un hecho positivo de importancia. Las malas noticias las conocemos: baja del dinamismo económico que nos ubica de frente a la recesión; caída neta de las exportaciones y de la producción manufacturera; datos duros del empobrecimiento mayoritario; incumplimiento de los pronósticos de generación de empleos y más.
La avalancha de noticias que muestran el fracaso de la estrategia económica y social requería, repito, de una contundente buena noticia. Así que al ruedo salió la Secretaría de Economía para decirnos, con bombo y platillo, que la venta del país va viento en popa.
Desde su Subsecretaría de Competitividad y Normatividad se nos anunció que en el primer semestre de año se recibieron casi 24 mil millones de dólares de inversión extranjera directa –IED. Lo que constituye un record en la historia económica del país, nos aclaran, para un primer semestre. Tal captación de divisas superó en ese periodo a los ingresos por exportaciones petroleras; fue más del doble de las remesas de los trabajadores en los Estados Unidos y el triple de los ingresos por turismo.
El tono de misión cumplida es muy claro en las declaraciones de la Lic. Rocío Ruiz, la señora subsecretaria, cuando declaró “conservamos como proyección lo que el Secretario de Economía (Ildefonso Guajardo) había dicho de 30 mil millones de dólares, cantidad que se dijo se tendría a finales del sexenio y la estamos logrando ahorita”.
No es poco que estén a punto de lograr su meta anual de 30 mil millones de dólares anuales (si se concreta la compra de la Comex por Sherwin Williams) en venta de empresas mexicanas con cinco años de adelanto. ¡Yupii!
Hay que recordar que la venta del patrimonio nacional es una característica esencial de la estrategia económica imperante desde el abandono del camino nacionalista que llegó hasta fines de los setentas. Ahora somos un gran país importador; y para importar necesitamos dólares. Y no bastan los dólares de exportaciones de maquiladoras, transnacionales, los que nos mandan los familiares en Chicago y anexas; los del petróleo y los ilícitos.
También hay que endeudarse y vender empresas. Subrayo que van juntos endeudarse y vender empresas porque en realidad no hay diferencia entre ambos. Cuando un país se endeuda se compromete a pagar los intereses de la deuda y en algún momento dado el capital. Cuando se vende una empresa al exterior se compromete a permitir la libre repatriación de las ganancias y, si la matriz decide vender, debemos estar dispuestos a permitirlo y dejar salir el capital.
En el caso de México el compromiso con las empresas vendidas va más allá de lo anterior. Cada nueva administración reitera su promesa de no establecer controles de capital, ratifica la autonomía de Banxico (al servicio del capital financiero) e incluso se compromete a endeudarse para que no lleguen a faltar los dólares que puedan requerir los grandes demandantes (blindaje financiero). Hasta tenemos una Secretaría de Economía sin más función relevante que promover y facilitar la venta de empresas nacionales al exterior. Que lo haga la Subsecretaría de Competitividad revela mucho de nuestra alta capacidad de simulación y doble lenguaje.
La venta marcha viento en popa. ¿Y eso que tiene de positivo?
Para el país nada. Pero si se publica como gran noticia es porque tiene un objetivo económico importante. Se trata de convencer a los grandes capitales de que no se salgan del país; de que México es atractivo a las grandes transnacionales.
Así que para preservar esta estrategia hay que vender empresas y cacaraquear la entrada de dólares. Eso simula el interés de negocio con nosotros. Es el lado bueno de la moneda; el problema es que tiene otra cara. Los grandes capitales productivos mexicanos no le ven perspectiva rentable y se están reconvirtiendo a capitales financieros. Prefieren el “cash” a la fábrica.
Esto los coloca en una gran flexibilidad para el caso de salida en tropel. Ahora pueden reconvertir sus fortunas a dólares con un par de teclazos en la computadora. Lo que nos hace recordar que todas las salidas de capitales en tropel en la historia de México han sido encabezadas por mexicanos. Sobre la salida a fines de 1994 en Estados Unidos se dijo que “los capitalistas mexicanos parecían saber algo que los demás desconocían”. Así que la pregunta es: ¿Qué saben, o sienten, los mexicanos que están vendiendo sus empresas?
jueves, 29 de agosto de 2013
domingo, 25 de agosto de 2013
Buenos pronósticos
Faljoritmo
Jorge Faljo
Vivimos en un país de buenos pronósticos. No quiere decir que sean de calidad, realizados con objetividad, por verdaderos expertos y que, a final de cuentas, pasan la prueba de fuego: es decir que son atinados. No, no es así. Simplemente quiere decir que en esta materia somos persistentes en pronosticar futuros sonrosados, buen crecimiento, generación de empleo, bienestar generalizado, exportaciones al alza. Incluso equidad, democracia, libertad, paz y felicidad. Como en navidad.
Luego, lamentablemente, se atraviesa la realidad que todo lo desmorona.
A principios de año la Secretaría de Hacienda le pronosticaba al país un crecimiento de 3.5 por ciento en este 2013. Luego lo bajó al 3.1 y ya transcurrido buena parte del año; es decir cuando del pronóstico tenemos que pasar a la constatación de hechos, nos dice que el crecimiento será del 1.8 por ciento en el año.
Podría decirse que no se trata de un error, sino de un estilo típico nacional.
Hace treinta años los chicos neoliberales decidieron que el país debía modernizarse y esa era la puerta de entrada al crecimiento, la productividad, el empleo, el bienestar, en fin, al primer mundo. Me refiero al primer mundo de hace treinta años, porque el de hoy en día está en la ruta contraria: estancamiento, cierre de empresas (el colmo de la improductividad), desempleo, empobrecimiento masivo, angustia y depresión.
Para ser modernos había que deshacerse de los pre-modernos, la pequeña producción manufacturera, el empresariado sin visión global, la producción campesina y los pequeños agricultores. Fueron estos los traicionados por los Chicago boys mexicanos que los condenaron a la quiebra y con ellos a decenas de millones que serían la carne de cañón de la emigración, la desintegración familiar, el desempleo y la violencia.
Falló ese pronóstico y como piezas de dominó se han venido cayendo todos los que le siguen. ¿Recuerdan que la reforma laboral generaría muchos empleos?
No se crea que este es un problema partidario. Las predicciones de Fox y de Calderón no se quedaron atrás. En cada caso se predijo un buen crecimiento y en el segundo que se crearían 900 mil empleos al año. Sin duda buenos pronósticos que alimentaron nuestras falsas esperanzas. Y nada tengo contra ellas. Las esperanzas, incluso las falsas, son importantes: nos permiten seguir adelante; perseverar así sea en el error; conservar el ánimo; creer que a nuestros hijos les irá tan bien como a nuestros padres; pensar que se ve la luz al final del túnel.
Los buenos pronósticos son un regalo para la población, y a caballo regalado no se le ve el colmillo. No es necesario responsabilizarse de ellos o pedir disculpas cuando fallan. Mucho menos renunciar. Son parte de la cultura del optimismo y la buena vibra, del piensa bien y estarás bien. Para entenderlos y ponerse a tono hay que tomar cursos intensivos de pensamiento positivo que están al alcance de todos, y se complementan perfectamente con lo poco o mucho que se sepa de economía, leyes o cualquier otra cosa. Nadie quiere malas noticias; ya la realidad es suficientemente fea.
Entre los mejores están los pronósticos piramidales. Un ejemplo. Hace dos semanas el economista en jefe de un importante banco internacional, con oficinas en México, calculaba que el efecto de la reforma energética elevaría el crecimiento de la economía del 3.5 “actual” (se publicó el 13 de agosto) al 5.8 por ciento. Un buen pronóstico al cuadrado.
Los buenos pronósticos substituyen con éxito a los cambios difíciles. Una modificación en la ley promete darnos buena educación; otra asegura la estabilidad financiera (la próxima crisis será anticonstitucional); la firma de un buen pacto desembocará en eliminar el hambre y el desempleo; la reformas elevarán la competitividad de la economía nacional.
No faltan los agoreros que señalan que se ha agotado el modelo de crecimiento vía exportaciones y la inversión productiva dependiente de la entrada de capitales externos; o que no se generarán suficientes empleos formales sin política industrial o no se reducirá la pobreza extrema sin autosuficiencia alimentaria. Pero… ¿a quién le gusta el pesimismo?
Mejor el optimismo irresponsable; al fin y al cabo que toda profecía que no se cumple es porque hubo algún choque transitorio proveniente del exterior. Es decir que se trata de problemas fuera de nuestro control y frente a ello no hay nada que hacer; porque adivinos no somos.
Cierto que buena parte de los problemas son prevenibles. Pero eso requeriría vaticinarlos; decir que algo irá mal. Lo que no es compatible con los buenos pronósticos y hasta podría llevarnos a tratar de hacer cosas complicadas. Como una reforma fiscal efectiva para que contribuyan los que tienen (y no los que ni a empleo llegan); eliminar el déficit manufacturero con China; que Banxico se ocupe del crecimiento y el empleo (como los bancos centrales de otros países); fortalecer el mercado interno por la vía de recuperar el poder adquisitivo de los salarios; emplear todas las capacidades productivas subutilizadas; imitar las políticas de los países exitosos. Todo ello en vez de flotar de muertito en las aguas de un libre mercado que en nuestro caso no llega a tianguis.
Jorge Faljo
Vivimos en un país de buenos pronósticos. No quiere decir que sean de calidad, realizados con objetividad, por verdaderos expertos y que, a final de cuentas, pasan la prueba de fuego: es decir que son atinados. No, no es así. Simplemente quiere decir que en esta materia somos persistentes en pronosticar futuros sonrosados, buen crecimiento, generación de empleo, bienestar generalizado, exportaciones al alza. Incluso equidad, democracia, libertad, paz y felicidad. Como en navidad.
Luego, lamentablemente, se atraviesa la realidad que todo lo desmorona.
A principios de año la Secretaría de Hacienda le pronosticaba al país un crecimiento de 3.5 por ciento en este 2013. Luego lo bajó al 3.1 y ya transcurrido buena parte del año; es decir cuando del pronóstico tenemos que pasar a la constatación de hechos, nos dice que el crecimiento será del 1.8 por ciento en el año.
Podría decirse que no se trata de un error, sino de un estilo típico nacional.
Hace treinta años los chicos neoliberales decidieron que el país debía modernizarse y esa era la puerta de entrada al crecimiento, la productividad, el empleo, el bienestar, en fin, al primer mundo. Me refiero al primer mundo de hace treinta años, porque el de hoy en día está en la ruta contraria: estancamiento, cierre de empresas (el colmo de la improductividad), desempleo, empobrecimiento masivo, angustia y depresión.
Para ser modernos había que deshacerse de los pre-modernos, la pequeña producción manufacturera, el empresariado sin visión global, la producción campesina y los pequeños agricultores. Fueron estos los traicionados por los Chicago boys mexicanos que los condenaron a la quiebra y con ellos a decenas de millones que serían la carne de cañón de la emigración, la desintegración familiar, el desempleo y la violencia.
Falló ese pronóstico y como piezas de dominó se han venido cayendo todos los que le siguen. ¿Recuerdan que la reforma laboral generaría muchos empleos?
No se crea que este es un problema partidario. Las predicciones de Fox y de Calderón no se quedaron atrás. En cada caso se predijo un buen crecimiento y en el segundo que se crearían 900 mil empleos al año. Sin duda buenos pronósticos que alimentaron nuestras falsas esperanzas. Y nada tengo contra ellas. Las esperanzas, incluso las falsas, son importantes: nos permiten seguir adelante; perseverar así sea en el error; conservar el ánimo; creer que a nuestros hijos les irá tan bien como a nuestros padres; pensar que se ve la luz al final del túnel.
Los buenos pronósticos son un regalo para la población, y a caballo regalado no se le ve el colmillo. No es necesario responsabilizarse de ellos o pedir disculpas cuando fallan. Mucho menos renunciar. Son parte de la cultura del optimismo y la buena vibra, del piensa bien y estarás bien. Para entenderlos y ponerse a tono hay que tomar cursos intensivos de pensamiento positivo que están al alcance de todos, y se complementan perfectamente con lo poco o mucho que se sepa de economía, leyes o cualquier otra cosa. Nadie quiere malas noticias; ya la realidad es suficientemente fea.
Entre los mejores están los pronósticos piramidales. Un ejemplo. Hace dos semanas el economista en jefe de un importante banco internacional, con oficinas en México, calculaba que el efecto de la reforma energética elevaría el crecimiento de la economía del 3.5 “actual” (se publicó el 13 de agosto) al 5.8 por ciento. Un buen pronóstico al cuadrado.
Los buenos pronósticos substituyen con éxito a los cambios difíciles. Una modificación en la ley promete darnos buena educación; otra asegura la estabilidad financiera (la próxima crisis será anticonstitucional); la firma de un buen pacto desembocará en eliminar el hambre y el desempleo; la reformas elevarán la competitividad de la economía nacional.
No faltan los agoreros que señalan que se ha agotado el modelo de crecimiento vía exportaciones y la inversión productiva dependiente de la entrada de capitales externos; o que no se generarán suficientes empleos formales sin política industrial o no se reducirá la pobreza extrema sin autosuficiencia alimentaria. Pero… ¿a quién le gusta el pesimismo?
Mejor el optimismo irresponsable; al fin y al cabo que toda profecía que no se cumple es porque hubo algún choque transitorio proveniente del exterior. Es decir que se trata de problemas fuera de nuestro control y frente a ello no hay nada que hacer; porque adivinos no somos.
Cierto que buena parte de los problemas son prevenibles. Pero eso requeriría vaticinarlos; decir que algo irá mal. Lo que no es compatible con los buenos pronósticos y hasta podría llevarnos a tratar de hacer cosas complicadas. Como una reforma fiscal efectiva para que contribuyan los que tienen (y no los que ni a empleo llegan); eliminar el déficit manufacturero con China; que Banxico se ocupe del crecimiento y el empleo (como los bancos centrales de otros países); fortalecer el mercado interno por la vía de recuperar el poder adquisitivo de los salarios; emplear todas las capacidades productivas subutilizadas; imitar las políticas de los países exitosos. Todo ello en vez de flotar de muertito en las aguas de un libre mercado que en nuestro caso no llega a tianguis.
martes, 20 de agosto de 2013
Reforma petrolera: apuesta por la continuidad
Faljoritmo
Jorge Faljo
El Presidente Peña Nieto ha enviado a la cámara de senadores la tan esperada iniciativa de reforma energética. Comentaré lo referido al petróleo, su parte más importante y controvertida. El cambio propuesto a final de cuentas parece un esfuerzo, un poco desesperado, por mantener la continuidad de la estrategia económica básica mediante medidas parciales. No le critico a la reforma que sea insuficiente, que no lo es, sino que apunta en sentido distinto, en substitución de los cambios de fondo que el país necesita.
La iniciativa no podía ignorar el hecho de que es el tema petrolero se encuentra cargado de simbolismo histórico: el de la lucha nacional por afirmar nuestra soberanía frente a los grandes poderes transnacionales. Por eso la propuesta se arropa, dice, en el ideario del Presidente Lázaro Cárdenas. Lo menciona por su nombre once veces y tiene otras 23 referencias a la propuesta cardenista. Casi queda uno convencido de que la iniciativa salió de la propia mano del general.
Más allá de los simbolismos me parece importante entender la lógica que sustenta la propuesta y me aventuro a tratar de comprender, o de suponer, cual es la racionalidad que la sustenta. Cómo no me convencen los argumentos explícitos creo que existen otros, los verdaderos que no se ventilan abiertamente.
No me parece que la reforma se requiera por falta de recursos de financiamiento o por insuficiencia de capacidades tecnológicas internas o por la necesidad de compartir el riesgo. Por otra parte ya basta de futuros optimistas incumplidos. No va a generar un ritmo de crecimiento del 5.8 por ciento anual, o abaratar los energéticos, o hacernos competitivos y generar mucho empleo.
Lo que sí es evidente es que el gobierno enfrenta un fuerte problema de financiamiento generado por el bajo ritmo de crecimiento, la evasión de impuestos, la quiebra de empresas y la pérdida de empleos. Ante ello la reforma busca elevar el ritmo de extracción de crudo, una fuente esencial del financiamiento gubernamental, sin hacer uso de recursos públicos. Una manera indirecta de financiarse durante el proceso de inversión y posteriormente, con la extracción.
Buena parte de lo que se legaliza ya se hace. PEMEX contrata empresas, equipos (por ejemplo plataformas marinas) y transferencias tecnológicas privadas a las que paga generosamente. Pero la diferencia será que ahora el gobierno podrá contratar directamente a las empresas privadas sin intermediación de la gran empresa.
Esta administración considera que será más eficiente administrativamente incrementar la producción, las áreas de extracción y el uso de nuevas tecnologías contratando por fuera de PEMEX; una empresa gigantesca que es todo un poder en sí mismo y que intentar transformarla además de cuesta arriba conlleva serios riesgos políticos. No se le puede manejar como a la reforma educativa y al sindicato de maestros. Mejor crearle competidores que debiliten su influencia, y la de su sindicato.
La medida crea un nuevo campo de atracción e inversión de capitales internacionales que algunos calculan en unos 50 mil millones de dólares. Con ello se fortalecería el peso y, creen, se alejarían los nubarrones cada vez mayores de la volatilidad financiera.
Financiar al gobierno, sacarle la vuelta a PEMEX y atraer capitales externos parecen las tres razones de fondo de la reforma.
Lo preocupante de esta reforma es que impide ver otras opciones, de mayor fondo, más sustentables, aunque inicialmente traumáticas, y que tendrían mucho mayor impacto positivo en la competitividad de las empresas, la generación de empleo y el bienestar de la población.
Necesitamos una paridad competitiva, una política industrial y una balanza de cuenta corriente positiva. Esto se puede traducir de manera sencilla: eliminar el déficit comercial con China. Se trataría de aprovechar plenamente nuestras muchas capacidades productivas, manufactureras y de todo tipo, que actualmente se encuentran subutilizadas.
Esto es contrario a tratar de conseguir estabilidad financiera con una moneda sobrevaluada y un constante déficit comercial y de cuenta corriente.
Lo que se hace al financiar al gobierno con ingresos petroleros incrementados es posponer una reforma fiscal a fondo que por fin imponga contribuciones razonables a los muy altos ingresos, a las grandes fortunas y, sobre todo, a la ganancia financiera. Extraer más petróleo se convierte en una manera de evitar que paguen más impuestos los grandes privilegiados del modelo.
La preocupación por el ritmo de endeudamiento de los estados sumado al rezago de la infraestructura social y los servicios públicos (salud, educación, transporte y graves errores de urbanización) e incluso la violencia nos señala la necesidad imperiosa de un estado promotor de la inclusión (producción, empleo y bienestar). Extraer más petróleo para substituir la baja de ingresos de una economía estancada no basta. Hay que solucionar el problema del país no el del gobierno.
Banco de México anuncia que se acabó la posibilidad de crecimiento mediante exportaciones. Ahora solo queda crecer hacia adentro y eso implica fortalecer la capacidad de compra de las mayorías. No es momento de gravar más al consumo mayoritario. Por lo contrario, hay que fortalecerlo asociándolo al consumo de producción interna. Esto implica un comercio externo administrado. Las transferencias sociales (“Oportunidades”) deben ser estrictamente para consumo de origen local.
Se apuesta a rejuvenecernos como país petrolero, a recuperar el tiempo perdido creando infraestructura de distribución e industria petroquímica. Suena bien, pero todo ello se finca en acelerar la extracción de petróleo cuando solo contamos con reservas probadas para diez años. De modo tal que el plan se basa en la confianza, pero no en la seguridad, de que iremos descubriendo nuevos yacimientos en zonas de extracción más compleja.
Es una apuesta arriesgada para darle bocanadas de aire a un modelo económico moribundo. Un riesgo que corre ya no digamos la siguiente generación, sino el siguiente sexenio. Y acabarnos el petróleo en ese esfuerzo parece la apuesta equivocada.
Mejor repensarnos desde ahora como una economía no petrolera que administra muy cuidadosamente, para que dure más tiempo, lo no renovable y pone el énfasis en hacer un uso eficiente de todos sus otros recursos y capacidades.
Jorge Faljo
El Presidente Peña Nieto ha enviado a la cámara de senadores la tan esperada iniciativa de reforma energética. Comentaré lo referido al petróleo, su parte más importante y controvertida. El cambio propuesto a final de cuentas parece un esfuerzo, un poco desesperado, por mantener la continuidad de la estrategia económica básica mediante medidas parciales. No le critico a la reforma que sea insuficiente, que no lo es, sino que apunta en sentido distinto, en substitución de los cambios de fondo que el país necesita.
La iniciativa no podía ignorar el hecho de que es el tema petrolero se encuentra cargado de simbolismo histórico: el de la lucha nacional por afirmar nuestra soberanía frente a los grandes poderes transnacionales. Por eso la propuesta se arropa, dice, en el ideario del Presidente Lázaro Cárdenas. Lo menciona por su nombre once veces y tiene otras 23 referencias a la propuesta cardenista. Casi queda uno convencido de que la iniciativa salió de la propia mano del general.
Más allá de los simbolismos me parece importante entender la lógica que sustenta la propuesta y me aventuro a tratar de comprender, o de suponer, cual es la racionalidad que la sustenta. Cómo no me convencen los argumentos explícitos creo que existen otros, los verdaderos que no se ventilan abiertamente.
No me parece que la reforma se requiera por falta de recursos de financiamiento o por insuficiencia de capacidades tecnológicas internas o por la necesidad de compartir el riesgo. Por otra parte ya basta de futuros optimistas incumplidos. No va a generar un ritmo de crecimiento del 5.8 por ciento anual, o abaratar los energéticos, o hacernos competitivos y generar mucho empleo.
Lo que sí es evidente es que el gobierno enfrenta un fuerte problema de financiamiento generado por el bajo ritmo de crecimiento, la evasión de impuestos, la quiebra de empresas y la pérdida de empleos. Ante ello la reforma busca elevar el ritmo de extracción de crudo, una fuente esencial del financiamiento gubernamental, sin hacer uso de recursos públicos. Una manera indirecta de financiarse durante el proceso de inversión y posteriormente, con la extracción.
Buena parte de lo que se legaliza ya se hace. PEMEX contrata empresas, equipos (por ejemplo plataformas marinas) y transferencias tecnológicas privadas a las que paga generosamente. Pero la diferencia será que ahora el gobierno podrá contratar directamente a las empresas privadas sin intermediación de la gran empresa.
Esta administración considera que será más eficiente administrativamente incrementar la producción, las áreas de extracción y el uso de nuevas tecnologías contratando por fuera de PEMEX; una empresa gigantesca que es todo un poder en sí mismo y que intentar transformarla además de cuesta arriba conlleva serios riesgos políticos. No se le puede manejar como a la reforma educativa y al sindicato de maestros. Mejor crearle competidores que debiliten su influencia, y la de su sindicato.
La medida crea un nuevo campo de atracción e inversión de capitales internacionales que algunos calculan en unos 50 mil millones de dólares. Con ello se fortalecería el peso y, creen, se alejarían los nubarrones cada vez mayores de la volatilidad financiera.
Financiar al gobierno, sacarle la vuelta a PEMEX y atraer capitales externos parecen las tres razones de fondo de la reforma.
Lo preocupante de esta reforma es que impide ver otras opciones, de mayor fondo, más sustentables, aunque inicialmente traumáticas, y que tendrían mucho mayor impacto positivo en la competitividad de las empresas, la generación de empleo y el bienestar de la población.
Necesitamos una paridad competitiva, una política industrial y una balanza de cuenta corriente positiva. Esto se puede traducir de manera sencilla: eliminar el déficit comercial con China. Se trataría de aprovechar plenamente nuestras muchas capacidades productivas, manufactureras y de todo tipo, que actualmente se encuentran subutilizadas.
Esto es contrario a tratar de conseguir estabilidad financiera con una moneda sobrevaluada y un constante déficit comercial y de cuenta corriente.
Lo que se hace al financiar al gobierno con ingresos petroleros incrementados es posponer una reforma fiscal a fondo que por fin imponga contribuciones razonables a los muy altos ingresos, a las grandes fortunas y, sobre todo, a la ganancia financiera. Extraer más petróleo se convierte en una manera de evitar que paguen más impuestos los grandes privilegiados del modelo.
La preocupación por el ritmo de endeudamiento de los estados sumado al rezago de la infraestructura social y los servicios públicos (salud, educación, transporte y graves errores de urbanización) e incluso la violencia nos señala la necesidad imperiosa de un estado promotor de la inclusión (producción, empleo y bienestar). Extraer más petróleo para substituir la baja de ingresos de una economía estancada no basta. Hay que solucionar el problema del país no el del gobierno.
Banco de México anuncia que se acabó la posibilidad de crecimiento mediante exportaciones. Ahora solo queda crecer hacia adentro y eso implica fortalecer la capacidad de compra de las mayorías. No es momento de gravar más al consumo mayoritario. Por lo contrario, hay que fortalecerlo asociándolo al consumo de producción interna. Esto implica un comercio externo administrado. Las transferencias sociales (“Oportunidades”) deben ser estrictamente para consumo de origen local.
Se apuesta a rejuvenecernos como país petrolero, a recuperar el tiempo perdido creando infraestructura de distribución e industria petroquímica. Suena bien, pero todo ello se finca en acelerar la extracción de petróleo cuando solo contamos con reservas probadas para diez años. De modo tal que el plan se basa en la confianza, pero no en la seguridad, de que iremos descubriendo nuevos yacimientos en zonas de extracción más compleja.
Es una apuesta arriesgada para darle bocanadas de aire a un modelo económico moribundo. Un riesgo que corre ya no digamos la siguiente generación, sino el siguiente sexenio. Y acabarnos el petróleo en ese esfuerzo parece la apuesta equivocada.
Mejor repensarnos desde ahora como una economía no petrolera que administra muy cuidadosamente, para que dure más tiempo, lo no renovable y pone el énfasis en hacer un uso eficiente de todos sus otros recursos y capacidades.
domingo, 11 de agosto de 2013
Crisis de vivienda
Jorge Faljo
Nos estamos adentrando en una crisis de vivienda de grandes proporciones y que ya origina fuertes costos sociales, económicos y financieros.
La perspectiva financiera es la que está colocando el tema en las primeras planas de los medios especializados e incluso de otros de mayor divulgación. Las noticias que impactan son la enorme caída del valor de las constructoras de vivienda, y las pérdidas del sistema bancario público y privado. Pero antes de dar algunos datos al respecto parece necesario decir algo sobre cómo ha funcionado este negocio.
La construcción de vivienda masiva opera a la manera de una concesión pública en la que algunas empresas privadas fueron muy beneficiadas con importantes apoyos gubernamentales que han incluido subsidios, préstamos, trato privilegiado y apoyos a sus adquisiciones de terrenos urbanizables. Se configuró así un esquema en que unas cuantas empresas concentraron la ejecución de la política pública para dotar de viviendas a los mexicanos; en este caso digamos a las clases medias integradas por trabajadores formales afiliados al Infonavit.
Algunas de estas empresas han perdido el 90 por ciento de su valor bursátil en el último año. URBI se cotizaba en más de 11 mil millones de pesos hace un año y ahora no llega a los 1,500 millones; GEO ha caído en más de 7 mil millones; HOMEX cerca de 5 mil millones. Pero sus inversionistas no son los únicos que pierden.
Los ciudadanos estamos perdiendo en la banca de desarrollo unos cuatro mil millones de pesos en el primer semestre de este año y seis bancos privados acumulan pérdidas por 6,900 millones de pesos. ¿Por qué estas pérdidas? Para contestar hay que entender el esquema básico de lo que parecía un gran negocio.
El primer paso era comprar baldíos a precios de potrero, ponerles el letrero de desarrollos habitacionales y con el terreno revaluado obtener fuertes prestamos para hacer vivienda popular barata. Los compradores eran, con el apoyo del Infonavit, una clientela cautiva. Derechohabientes con ganas de hacerse de un pequeño patrimonio y sin alternativas; dispuestos a aceptar casi cualquier cosa.
Pero resulta que el esquema enfrentó dos problemas; uno es la baja calidad de esos desarrollos inmobiliarios y el otro es el contexto económico y laboral.
La mala calidad es evidente. Hablamos de miniviviendas, muchas de ellas de 45 metros cuadrados en las que difícilmente se puede acomodar una pareja y para una familia significaban nada menos que hacinamiento. Casitas con una calidad de construcción que se acerca y en algunos casos llega a lo fraudulento. Hay demandas por construcciones hechas sin castillos, con paredes rellenas de cartón, poco resistentes a la intemperie, en unidades habitacionales cuyo alcantarillado no tiene la capacidad necesaria para servir al total de su población.
Además, buena parte de estas unidades habitacionales se encuentran alejadas de los centros urbanos y laborales y con un mal servicio de transporte; los camiones tardan en pasar, van abarrotados, y son caros. No se pensó y no se previeron los servicios educativos para niños y jóvenes, los espacios comerciales, sociales y deportivos necesarios. En algunos casos ni la recolección de basura funciona. Y para colmo la inseguridad.
Se trató, repito, de un gran negocio en el que la población no ha sido tomada en cuenta. Incluso en un negocio privado es frecuente consultar al cliente y tomar en cuenta sus deseos. Aquí no importaba porque a final de cuentas el verdadero cliente era la burocracia con la que los constructores se ponen de acuerdo. Entre el Infonavit, el gobierno, la banca de desarrollo, la banca comercial y los constructores privados hicieron una gran fiesta y luego llegó la cruda.
Muchos aceptaron el crédito, se fueron a la unidad habitacional y en pocos meses descubrieron que era imposible vivir en ella. No valía la pena apretarse el cinturón por treinta años para vivir hacinados de por vida, haciendo cuatro o más horas diarias en el camión y gastándose la mitad del sueldo en transporte.
Los datos son espeluznantes aunque dispares. El INEGI señala que existen en el país 5 millones de viviendas deshabitadas. Del 1.3 millones de viviendas construidas en los 18 meses que van de julio de 2010 a diciembre de 2001 se calcula que más de 600 mil están deshabitadas. Infonavit registra 290 mil viviendas abandonadas que está recuperando y que planea reciclar. Finalmente hay que considerar otras 240 mil viviendas en cartera vencida.
A final de cuentas el problema fundamental es el contexto económico. La economía no crece, el empleo se precariza y el salario real se deteriora. Las estadísticas del Infonavit señalan que un trabajador cambia de trabajo 17 veces antes de los cuarenta años de edad. Muchos de estos cambios son forzados por las empresas y no por decisión del trabajador; y en estos casos lo más probable es que entre un empleo y el siguiente se pierdan meses de ingresos.
Cientos de miles fueron en su momento calificados como trabajadores solventes con empleo estable y un ingreso real seguro. Pero en realidad la economía, las empresas y el marco jurídico y de seguridad social ya no ofrecen una estabilidad razonable ni siquiera para dos o tres años; mucho menos para 20 o 30.
Lo que necesitamos es política social en dialogo con la población. Una estrategia de vivienda que sea parte de la atención a un conjunto de derechos inseparables entre sí: vivienda digna y adecuada a la vida familiar, salud, educación, servicios básicos, espacios de convivencia social, organización colectiva. Todo ello requiere planeación participativa y verdadero compromiso social por parte del estado.
El negocio fracasó y nos deja con un enorme lastre: el que un país pobre, con enormes carencias, se haya gastado cientos de miles de millones de pesos en construir viviendas e infraestructuras absurdas, inútiles, deshumanizantes y finalmente impagables. Si no hacemos un cambio de fondo seguiremos empobreciéndonos de una manera muy cara.
Nos estamos adentrando en una crisis de vivienda de grandes proporciones y que ya origina fuertes costos sociales, económicos y financieros.
La perspectiva financiera es la que está colocando el tema en las primeras planas de los medios especializados e incluso de otros de mayor divulgación. Las noticias que impactan son la enorme caída del valor de las constructoras de vivienda, y las pérdidas del sistema bancario público y privado. Pero antes de dar algunos datos al respecto parece necesario decir algo sobre cómo ha funcionado este negocio.
La construcción de vivienda masiva opera a la manera de una concesión pública en la que algunas empresas privadas fueron muy beneficiadas con importantes apoyos gubernamentales que han incluido subsidios, préstamos, trato privilegiado y apoyos a sus adquisiciones de terrenos urbanizables. Se configuró así un esquema en que unas cuantas empresas concentraron la ejecución de la política pública para dotar de viviendas a los mexicanos; en este caso digamos a las clases medias integradas por trabajadores formales afiliados al Infonavit.
Algunas de estas empresas han perdido el 90 por ciento de su valor bursátil en el último año. URBI se cotizaba en más de 11 mil millones de pesos hace un año y ahora no llega a los 1,500 millones; GEO ha caído en más de 7 mil millones; HOMEX cerca de 5 mil millones. Pero sus inversionistas no son los únicos que pierden.
Los ciudadanos estamos perdiendo en la banca de desarrollo unos cuatro mil millones de pesos en el primer semestre de este año y seis bancos privados acumulan pérdidas por 6,900 millones de pesos. ¿Por qué estas pérdidas? Para contestar hay que entender el esquema básico de lo que parecía un gran negocio.
El primer paso era comprar baldíos a precios de potrero, ponerles el letrero de desarrollos habitacionales y con el terreno revaluado obtener fuertes prestamos para hacer vivienda popular barata. Los compradores eran, con el apoyo del Infonavit, una clientela cautiva. Derechohabientes con ganas de hacerse de un pequeño patrimonio y sin alternativas; dispuestos a aceptar casi cualquier cosa.
Pero resulta que el esquema enfrentó dos problemas; uno es la baja calidad de esos desarrollos inmobiliarios y el otro es el contexto económico y laboral.
La mala calidad es evidente. Hablamos de miniviviendas, muchas de ellas de 45 metros cuadrados en las que difícilmente se puede acomodar una pareja y para una familia significaban nada menos que hacinamiento. Casitas con una calidad de construcción que se acerca y en algunos casos llega a lo fraudulento. Hay demandas por construcciones hechas sin castillos, con paredes rellenas de cartón, poco resistentes a la intemperie, en unidades habitacionales cuyo alcantarillado no tiene la capacidad necesaria para servir al total de su población.
Además, buena parte de estas unidades habitacionales se encuentran alejadas de los centros urbanos y laborales y con un mal servicio de transporte; los camiones tardan en pasar, van abarrotados, y son caros. No se pensó y no se previeron los servicios educativos para niños y jóvenes, los espacios comerciales, sociales y deportivos necesarios. En algunos casos ni la recolección de basura funciona. Y para colmo la inseguridad.
Se trató, repito, de un gran negocio en el que la población no ha sido tomada en cuenta. Incluso en un negocio privado es frecuente consultar al cliente y tomar en cuenta sus deseos. Aquí no importaba porque a final de cuentas el verdadero cliente era la burocracia con la que los constructores se ponen de acuerdo. Entre el Infonavit, el gobierno, la banca de desarrollo, la banca comercial y los constructores privados hicieron una gran fiesta y luego llegó la cruda.
Muchos aceptaron el crédito, se fueron a la unidad habitacional y en pocos meses descubrieron que era imposible vivir en ella. No valía la pena apretarse el cinturón por treinta años para vivir hacinados de por vida, haciendo cuatro o más horas diarias en el camión y gastándose la mitad del sueldo en transporte.
Los datos son espeluznantes aunque dispares. El INEGI señala que existen en el país 5 millones de viviendas deshabitadas. Del 1.3 millones de viviendas construidas en los 18 meses que van de julio de 2010 a diciembre de 2001 se calcula que más de 600 mil están deshabitadas. Infonavit registra 290 mil viviendas abandonadas que está recuperando y que planea reciclar. Finalmente hay que considerar otras 240 mil viviendas en cartera vencida.
A final de cuentas el problema fundamental es el contexto económico. La economía no crece, el empleo se precariza y el salario real se deteriora. Las estadísticas del Infonavit señalan que un trabajador cambia de trabajo 17 veces antes de los cuarenta años de edad. Muchos de estos cambios son forzados por las empresas y no por decisión del trabajador; y en estos casos lo más probable es que entre un empleo y el siguiente se pierdan meses de ingresos.
Cientos de miles fueron en su momento calificados como trabajadores solventes con empleo estable y un ingreso real seguro. Pero en realidad la economía, las empresas y el marco jurídico y de seguridad social ya no ofrecen una estabilidad razonable ni siquiera para dos o tres años; mucho menos para 20 o 30.
Lo que necesitamos es política social en dialogo con la población. Una estrategia de vivienda que sea parte de la atención a un conjunto de derechos inseparables entre sí: vivienda digna y adecuada a la vida familiar, salud, educación, servicios básicos, espacios de convivencia social, organización colectiva. Todo ello requiere planeación participativa y verdadero compromiso social por parte del estado.
El negocio fracasó y nos deja con un enorme lastre: el que un país pobre, con enormes carencias, se haya gastado cientos de miles de millones de pesos en construir viviendas e infraestructuras absurdas, inútiles, deshumanizantes y finalmente impagables. Si no hacemos un cambio de fondo seguiremos empobreciéndonos de una manera muy cara.
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