Jorge Faljo
Preocupan los datos relativos a la desaceleración, que ya pinta para recesión, de la economía mexicana. La recaudación del IVA entre enero y agosto, respecto del mismo periodo en el año anterior, se redujo en un 7.9 por ciento. Refleja una fuerte caída en el consumo mayoritario y nos señala el empobrecimiento de amplios sectores que ya se encontraban al borde de la supervivencia. Recordemos que estamos en un país donde la mayoría es pobre y millones pasan hambre.
Otras fuentes de información confirman la caída del consumo, aunque por razones metodológicas aparezcan diferencias. INEGI, encargado de las estadísticas oficiales señala una reducción de las ventas al menudeo de 2.2 por ciento en agosto. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reporta una caída real de sus ventas de un 6.4 por ciento respecto del 2012; para Wal-Mart la baja fue de 7.8 por ciento.
Alarma en particular la caída de 4.5 por ciento en las ventas de alimentos, bebidas y tabaco; un rubro que usualmente es de los menos afectados incluso en situaciones recesivas. Ya que los últimos gastos que reduce la población son precisamente estos. Por otro lado en rubros más prescindibles como la venta de artículos de esparcimiento (digamos televisiones, por ejemplo) la caída fue de 7.6 por ciento.
Desde los sectores productivos y las organizaciones empresariales se corroboran estas señales y nos recuerdan que la baja del consumo se traduce en baja de la producción y del empleo de manera tal que se agrava la caída. Es decir que estamos entramos en una espiral negativa que golpea con múltiples rebotes las insuficiencias de consumo, producción y empleo.
Uno de los sectores más afectados es la producción de materiales de construcción donde las organizaciones empresariales hablan de una reducción de 25 a 30 por ciento en la venta de tabiques; de 30 a 40 por ciento en las de cemento y acero; de parálisis de la producción de las elaboradoras de concreto y de pérdidas de decenas de miles de empleos.
Lo cual sin duda se relaciona con las pésimas políticas de vivienda que han provocado que existan centenares de miles de viviendas no ocupadas y enormes problemas de infraestructura y calidad, asociados a corrupción, que se hicieron evidentes con las recientes lluvias torrenciales. Aun así lo que importa destacar es que las capacidades de producción existen y que con otras estrategias serían pudieran ser aprovechables.
Hay sectores importantes por su impacto en el empleo, la producción y el consumo en los que es difícil saber lo que ocurre. La industria textil, del vestido y confección es en buena parte informal y se constituye de un gran número de pequeños y micro talleres dispersos. Fuentes de información locales señalan el impacto negativo del cierre de centenares, tal vez miles, de estos talleres en varias zonas del país. Su impacto no se capta en las estadísticas oficiales; pero es muy real y afecta el empleo, la producción y el consumo de muchos mexicanos.
No cabría duda, en mi opinión, de que el problema fundamental del país es la caída del consumo mayoritario, la consecuente parálisis de capacidades productivas y de la ocupación. Urge romper el círculo vicioso que se empieza a configurar y que puede instalarse durante largo plazo.
Necesitamos, con urgencia, elevar las capacidades de compra de la población y que las empresas, sobre todo medianas y pequeñas (que son las mayores generadoras de empleo,) puedan vender. Lo anterior para levantar el consumo y la producción, haciendo uso de lo que ya tenemos; inactivo pero funcional.
Instrumentada en la magnitud necesaria la propuesta implica una seria modificación a la estrategia de modernización basada en importaciones, desnacionalización del aparato productivo, concesión de privilegios a unos cuantos y gobierno enano. Una política que anquilosa y empobrece al país.
Las capacidades de producción existentes son enormes y aprovecharlas nos puede permitir escapar del chantaje de los grandes capitales y su exigencia de privilegios. Se trata, en otras palabras, de reactivar la economía popular en lugar de denigrarla, con efectos inmediatos en empleo y bienestar.
Pero esto no será posible sin antes equilibrar las relaciones comerciales con el exterior y reconstruir un estado fuerte, a la altura de sus deberes constitucionales o, por lo menos, de un tamaño similar al de otras economías, sea que pensemos en América Latina o en los países de la OCDE.
No obstante lo más preocupante de la situación actual es la insuficiencia de atención a lo básico. Estamos más preocupados en las finanzas del gobierno que en la economía del país; más en preservar privilegios que en sostener el precario bienestar de la población; más en quedar bien con China que en reactivar nuestra industria.
Lo que urge es cambiar prioridades.
lunes, 28 de octubre de 2013
lunes, 21 de octubre de 2013
Estados Unidos; esta batalla fue solo el principio
Jorge Faljo
Falló el intento de los republicanos para detener la instrumentación de la Ley de Salud de Obama. Para lograrlo recurrieron a un arma extrema: bloquear la votación del incremento del endeudamiento gubernamental.
El gobierno de los Estados Unidos, al no poder recurrir al financiamiento de sus gastos y al refinanciamiento de sus deudas, entró en parálisis parcial y días después estuvo a punto de cesar el pago de sus deudas. Las consecuencias habrían sido graves: elevación generalizada de las tasas de interés; recorte del gasto gubernamental y despido de empleados públicos; caída del consumo de la población; baja de la inversión y desempleo en el sector privado. Posiblemente peor que la gran recesión de la que todavía no logran recuperarse.
Afortunadamente no ocurrió porque, como en las películas, se logró apagar el explosivo segundos antes de que estallara.
Los republicanos no contaban con que Obama se negara a toda negociación bajo amenazas tan graves. Tampoco previeron que la población se inclinaría en su contra. Perdido el argumento en contra de la Ley, demandaron negociaciones para reducir el gasto público y finalmente aceptaron un par de concesiones simbólicas a cambio de votar un pequeño incremento presupuestal. Tan pequeño que solo alcanza para que el gobierno funcione hasta el 15 de enero y se pueda endeudar hasta el siete de febrero.
Así que ya se colocó el escenario de la siguiente batalla. Sin embargo tendrán que repensar su estrategia porque Obama ganó negándose a negociar bajo tan brutal amenaza. Lo paradójico es que hacer insolvente al gobierno es un arma tan poderosa que no solo daña al gobierno, sino al sector empresarial, los trabajadores y, a fin de cuentas a toda la nación y al mundo. Por eso no se atrevieron a dispararla.
Más allá de asuntos de estrategia el tema de fondo seguirá siendo el eje de muchas batallas. En las cinco décadas que van de 1953 a 2003 la deuda federal norteamericana se incrementó en 3.1 billones de dólares; en la última década, del 2003 al 2013 subió en 11.8 billones. Un ritmo 19 veces mayor en el último decenio que en los cinco anteriores. Lo cual preocupa a muchos.
Tal situación es vista desde dos perspectivas contradictorias. La primera es la financiera. Cualquier empresa que se endeuda porque sus costos son superiores a sus ingresos se encuentra en problemas y debe cambiar. El indicador de que endereza el rumbo es reducir o evitar el crecimiento de su deuda.
Si se equipara al gobierno con una empresa resulta inaceptable un endeudamiento desproporcionado y se temé que la deuda se convierta en una carga imposible de pagar por la siguiente generación.
La segunda perspectiva, que podemos llamar macroeconómica, pone la atención no en el gobierno, sino en el funcionamiento de la economía en su conjunto. Desde este punto de vista la función del gobierno es promover la mejor operación del aparato productivo, el empleo y el bienestar. Si mediante el endeudamiento se consigue que la economía crezca más, eso facilitará que se pague más adelante.
Habría que añadir un par de consideraciones. El fuerte incremento del gasto público federal, basado en endeudamiento, no fue inflacionario porque existía capacidad de respuesta productiva: trabajadores en busca de empleo y potencial de producción. La demanda gubernamental aprovechó e hizo funcionar ese potencial. Si no se hubiera dado ese gasto el trabajo y la producción se habrían desperdiciado.
Lo que hace el endeudamiento público es trasladar riqueza inactiva hacia la inversión y el consumo. Y lo hace en un nivel que es posibilitado precisamente por la enorme cantidad de riqueza inactiva de un lado y d potencial productivo del otro. De este modo ganan las empresas, los empleados y los prestamistas.
No obstante hay que aceptar que lo que hace racional este tremendo endeudamiento es precisamente la gran irracionalidad de la economía en su conjunto. Ejemplo: en los últimos tres años el ingreso del uno por ciento de los norteamericanos más ricos creció en un 31.4 por ciento; pero como de por si eran ricos su consumo prácticamente no subió. Por otro lado el ingreso del 99 por ciento creció apenas en un 0.4 por ciento y el del gobierno tampoco creció de manera relevante.
En estas condiciones de alta concentración de la riqueza lo que se necesita es trasladar la creciente riqueza de los que ya no van a consumir más hacia la mayoría que si desea y necesita elevar su consumo de todo tipo (vivienda, salud, alimentación, servicios y más). Hacerlo mediante préstamos de un lado y endeudamiento del otro no es la mejor manera posible; pero sería peor no hacerlo.
Si se impide el incremento del endeudamiento público lo que se hará es paralizar el mecanismo que genera lo que más necesita su economía elevar el consumo de la mayoría para echar a andar toda su maquinaria económica (empresas, producción, empleos).
Otra solución sería trasladar la riqueza que no consume o invierte (otra forma de consumo) mediante impuestos de un lado y servicios públicos del otro.
El caso es que hay una diferencia substancial entre la visión meramente financiera, centrada en el gobierno, a otra ocupada en hacer que funcione la economía para todos.
Te lo digo Johnny para que lo entiendas Luis.
Falló el intento de los republicanos para detener la instrumentación de la Ley de Salud de Obama. Para lograrlo recurrieron a un arma extrema: bloquear la votación del incremento del endeudamiento gubernamental.
El gobierno de los Estados Unidos, al no poder recurrir al financiamiento de sus gastos y al refinanciamiento de sus deudas, entró en parálisis parcial y días después estuvo a punto de cesar el pago de sus deudas. Las consecuencias habrían sido graves: elevación generalizada de las tasas de interés; recorte del gasto gubernamental y despido de empleados públicos; caída del consumo de la población; baja de la inversión y desempleo en el sector privado. Posiblemente peor que la gran recesión de la que todavía no logran recuperarse.
Afortunadamente no ocurrió porque, como en las películas, se logró apagar el explosivo segundos antes de que estallara.
Los republicanos no contaban con que Obama se negara a toda negociación bajo amenazas tan graves. Tampoco previeron que la población se inclinaría en su contra. Perdido el argumento en contra de la Ley, demandaron negociaciones para reducir el gasto público y finalmente aceptaron un par de concesiones simbólicas a cambio de votar un pequeño incremento presupuestal. Tan pequeño que solo alcanza para que el gobierno funcione hasta el 15 de enero y se pueda endeudar hasta el siete de febrero.
Así que ya se colocó el escenario de la siguiente batalla. Sin embargo tendrán que repensar su estrategia porque Obama ganó negándose a negociar bajo tan brutal amenaza. Lo paradójico es que hacer insolvente al gobierno es un arma tan poderosa que no solo daña al gobierno, sino al sector empresarial, los trabajadores y, a fin de cuentas a toda la nación y al mundo. Por eso no se atrevieron a dispararla.
Más allá de asuntos de estrategia el tema de fondo seguirá siendo el eje de muchas batallas. En las cinco décadas que van de 1953 a 2003 la deuda federal norteamericana se incrementó en 3.1 billones de dólares; en la última década, del 2003 al 2013 subió en 11.8 billones. Un ritmo 19 veces mayor en el último decenio que en los cinco anteriores. Lo cual preocupa a muchos.
Tal situación es vista desde dos perspectivas contradictorias. La primera es la financiera. Cualquier empresa que se endeuda porque sus costos son superiores a sus ingresos se encuentra en problemas y debe cambiar. El indicador de que endereza el rumbo es reducir o evitar el crecimiento de su deuda.
Si se equipara al gobierno con una empresa resulta inaceptable un endeudamiento desproporcionado y se temé que la deuda se convierta en una carga imposible de pagar por la siguiente generación.
La segunda perspectiva, que podemos llamar macroeconómica, pone la atención no en el gobierno, sino en el funcionamiento de la economía en su conjunto. Desde este punto de vista la función del gobierno es promover la mejor operación del aparato productivo, el empleo y el bienestar. Si mediante el endeudamiento se consigue que la economía crezca más, eso facilitará que se pague más adelante.
Habría que añadir un par de consideraciones. El fuerte incremento del gasto público federal, basado en endeudamiento, no fue inflacionario porque existía capacidad de respuesta productiva: trabajadores en busca de empleo y potencial de producción. La demanda gubernamental aprovechó e hizo funcionar ese potencial. Si no se hubiera dado ese gasto el trabajo y la producción se habrían desperdiciado.
Lo que hace el endeudamiento público es trasladar riqueza inactiva hacia la inversión y el consumo. Y lo hace en un nivel que es posibilitado precisamente por la enorme cantidad de riqueza inactiva de un lado y d potencial productivo del otro. De este modo ganan las empresas, los empleados y los prestamistas.
No obstante hay que aceptar que lo que hace racional este tremendo endeudamiento es precisamente la gran irracionalidad de la economía en su conjunto. Ejemplo: en los últimos tres años el ingreso del uno por ciento de los norteamericanos más ricos creció en un 31.4 por ciento; pero como de por si eran ricos su consumo prácticamente no subió. Por otro lado el ingreso del 99 por ciento creció apenas en un 0.4 por ciento y el del gobierno tampoco creció de manera relevante.
En estas condiciones de alta concentración de la riqueza lo que se necesita es trasladar la creciente riqueza de los que ya no van a consumir más hacia la mayoría que si desea y necesita elevar su consumo de todo tipo (vivienda, salud, alimentación, servicios y más). Hacerlo mediante préstamos de un lado y endeudamiento del otro no es la mejor manera posible; pero sería peor no hacerlo.
Si se impide el incremento del endeudamiento público lo que se hará es paralizar el mecanismo que genera lo que más necesita su economía elevar el consumo de la mayoría para echar a andar toda su maquinaria económica (empresas, producción, empleos).
Otra solución sería trasladar la riqueza que no consume o invierte (otra forma de consumo) mediante impuestos de un lado y servicios públicos del otro.
El caso es que hay una diferencia substancial entre la visión meramente financiera, centrada en el gobierno, a otra ocupada en hacer que funcione la economía para todos.
Te lo digo Johnny para que lo entiendas Luis.
domingo, 13 de octubre de 2013
De la sartén ¿a dónde?
Jorge Faljo
La negativa del partido republicano a ampliar el techo de su deuda llevó al cierre parcial y gobierno federal norteamericano hace unos días y ahora amenaza con incapacitarlo para pagar sus deudas. En palabras de Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, lo primero es bastante malo pero lo segundo sería mucho peor, una catástrofe con repercusiones internacionales.
El despido temporal de 800 mil trabajadores, (aunque finalmente acordaron que se les pagará cuando haya presupuesto), y el cierre de servicios públicos tienen un efecto aún pequeño, pero creciente, de piedrita en el zapato del bienestar social y de la operación de la economía norteamericana. Muchos servicios públicos son ejecutados por gobiernos estatales y municipales y otras agencias intermedias que apenas empiezan a agotar sus recursos federales. Esto afecta sobre todo a la población más vulnerable.
No pagar por otro lado destruiría la confianza en uno de los más grandes, y seguros, deudores del planeta y podría conducir a una fuerte recesión.
Hasta el momento el gobierno norteamericano está autorizado a endeudarse por 16.7 billones (millones de millones) de dólares y ese límite se alcanza la semana que entra. Como para la mayoría de los deudores la deuda es recurrente; se pagan los intereses y parte del capital, pero al mismo tiempo se contraen nuevas deudas. En los últimos años la abundante impresión de dólares de su banco central generó mucha liquidez y, en consecuencia, muy bajas tasas de interés. El gobierno y los bancos podían endeudarse a tasas cercanas a cero. Lo que alentó la poca recuperación del consumo y la producción posterior a la llamada gran recesión del 2008-2009.
Si se llegara al incumplimiento de pagos la pérdida de confianza llevaría a un incremento de las tasas de interés que impactarían fuertemente el costo del financiamiento del gasto federal, y también del consumo y la inversión. Eso bajaría la captación de impuestos y se reduciría aún más el gasto público en una espiral negativa equiparable a la recesión de hace poco.
Y recordemos que por eso cayó en un 6.1 por ciento el PIB mexicano en 2009.
La amenaza de suspender pagos no ha sido creída por muchos bajo el sencillo argumento de que sus políticos no pueden estar tan deschavetados. Sin embargo el descontento y la tensión aumentan a pesar de que ya hay señales de una posible salida… temporal.
Boehner, el líder republicano del congreso se negó a convocar a la votación que permitiría elevar el techo de deuda a menos que se pospusiera la entrada en vigor de la nueva ley de salud. Su posición se ha suavizado, en parte por la caída de su partido en las encuestas de opinión. Ahora los republicanos ofrecen una ampliación del endeudamiento suficiente para que el gobierno pague sus deudas por unas semanas más, pero sin permitirle reabrir su operación. Eso a cambio de una negociación para reducir gastos sociales.
El fondo de la cuestión es que los políticos y el pueblo no se han dado cuenta de que quieran o no se encuentran en una transición de modelo económico de gran magnitud. La crisis del 2008 señaló el final del crecimiento de la demanda sustentado en el endeudamiento creciente de la población y del gobierno (incluyendo federación, estados y ciudades).
Mientras el uno por ciento de la población, que acapara todo incremento del ingreso, le prestaba al gobierno y a los demás norteamericanos era posible que creciera la demanda, la producción y el empleo. Crecer de esa manera no era lo mejor; pero lo que se avecina puede ser mucho peor. La economía norteamericana opera muy por abajo de sus capacidades instaladas; desperdicia el potencial de millones de ciudadanos capaces y deseosos de empleos; su juventud enfrenta un horizonte sin perspectivas aceptables; la mayoría se empobrece.
Pero el uno por ciento prestamista exige la seguridad de que podrá cobrar lo que presta, y en caso de incertidumbre demanda mayores intereses por riesgo incrementado. No obstante las oportunidades de inversión productiva, o financiera, se estrechan debido al bajo consumo y a que la población ha llegado a los límites de su solvencia. Ahora los republicanos exigen que el gobierno se comporte de manera similar.
Lo que hay de fondo es que el uno por ciento cree que la mejor manera de asegurar sus capitales prestados es que el gobierno norteamericano se recorte substancialmente; que reduzca sus programas sociales y las transferencias a los más pobres y vulnerables. Pero vetan un posible equilibrio financiero basado en cobrar más impuestos.
Están logrando su propósito pero eso mismo hunde a la economía, el empleo y el bienestar. Algún día su triunfo podría revertirse; cuando el 99 por ciento de la población exija poder consumir al nivel que se lo permite el enorme potencial de su aparato productivo y sin endeudarse.
De momento la capacidad de demanda esta acaparada en muy pocas manos que la sueltan a cuentagotas pagando bajos salarios, bajos impuestos y que temen no poder cobrar lo que prestan.
La negativa del partido republicano a ampliar el techo de su deuda llevó al cierre parcial y gobierno federal norteamericano hace unos días y ahora amenaza con incapacitarlo para pagar sus deudas. En palabras de Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, lo primero es bastante malo pero lo segundo sería mucho peor, una catástrofe con repercusiones internacionales.
El despido temporal de 800 mil trabajadores, (aunque finalmente acordaron que se les pagará cuando haya presupuesto), y el cierre de servicios públicos tienen un efecto aún pequeño, pero creciente, de piedrita en el zapato del bienestar social y de la operación de la economía norteamericana. Muchos servicios públicos son ejecutados por gobiernos estatales y municipales y otras agencias intermedias que apenas empiezan a agotar sus recursos federales. Esto afecta sobre todo a la población más vulnerable.
No pagar por otro lado destruiría la confianza en uno de los más grandes, y seguros, deudores del planeta y podría conducir a una fuerte recesión.
Hasta el momento el gobierno norteamericano está autorizado a endeudarse por 16.7 billones (millones de millones) de dólares y ese límite se alcanza la semana que entra. Como para la mayoría de los deudores la deuda es recurrente; se pagan los intereses y parte del capital, pero al mismo tiempo se contraen nuevas deudas. En los últimos años la abundante impresión de dólares de su banco central generó mucha liquidez y, en consecuencia, muy bajas tasas de interés. El gobierno y los bancos podían endeudarse a tasas cercanas a cero. Lo que alentó la poca recuperación del consumo y la producción posterior a la llamada gran recesión del 2008-2009.
Si se llegara al incumplimiento de pagos la pérdida de confianza llevaría a un incremento de las tasas de interés que impactarían fuertemente el costo del financiamiento del gasto federal, y también del consumo y la inversión. Eso bajaría la captación de impuestos y se reduciría aún más el gasto público en una espiral negativa equiparable a la recesión de hace poco.
Y recordemos que por eso cayó en un 6.1 por ciento el PIB mexicano en 2009.
La amenaza de suspender pagos no ha sido creída por muchos bajo el sencillo argumento de que sus políticos no pueden estar tan deschavetados. Sin embargo el descontento y la tensión aumentan a pesar de que ya hay señales de una posible salida… temporal.
Boehner, el líder republicano del congreso se negó a convocar a la votación que permitiría elevar el techo de deuda a menos que se pospusiera la entrada en vigor de la nueva ley de salud. Su posición se ha suavizado, en parte por la caída de su partido en las encuestas de opinión. Ahora los republicanos ofrecen una ampliación del endeudamiento suficiente para que el gobierno pague sus deudas por unas semanas más, pero sin permitirle reabrir su operación. Eso a cambio de una negociación para reducir gastos sociales.
El fondo de la cuestión es que los políticos y el pueblo no se han dado cuenta de que quieran o no se encuentran en una transición de modelo económico de gran magnitud. La crisis del 2008 señaló el final del crecimiento de la demanda sustentado en el endeudamiento creciente de la población y del gobierno (incluyendo federación, estados y ciudades).
Mientras el uno por ciento de la población, que acapara todo incremento del ingreso, le prestaba al gobierno y a los demás norteamericanos era posible que creciera la demanda, la producción y el empleo. Crecer de esa manera no era lo mejor; pero lo que se avecina puede ser mucho peor. La economía norteamericana opera muy por abajo de sus capacidades instaladas; desperdicia el potencial de millones de ciudadanos capaces y deseosos de empleos; su juventud enfrenta un horizonte sin perspectivas aceptables; la mayoría se empobrece.
Pero el uno por ciento prestamista exige la seguridad de que podrá cobrar lo que presta, y en caso de incertidumbre demanda mayores intereses por riesgo incrementado. No obstante las oportunidades de inversión productiva, o financiera, se estrechan debido al bajo consumo y a que la población ha llegado a los límites de su solvencia. Ahora los republicanos exigen que el gobierno se comporte de manera similar.
Lo que hay de fondo es que el uno por ciento cree que la mejor manera de asegurar sus capitales prestados es que el gobierno norteamericano se recorte substancialmente; que reduzca sus programas sociales y las transferencias a los más pobres y vulnerables. Pero vetan un posible equilibrio financiero basado en cobrar más impuestos.
Están logrando su propósito pero eso mismo hunde a la economía, el empleo y el bienestar. Algún día su triunfo podría revertirse; cuando el 99 por ciento de la población exija poder consumir al nivel que se lo permite el enorme potencial de su aparato productivo y sin endeudarse.
De momento la capacidad de demanda esta acaparada en muy pocas manos que la sueltan a cuentagotas pagando bajos salarios, bajos impuestos y que temen no poder cobrar lo que prestan.
lunes, 7 de octubre de 2013
Conflicto presupuestal norteamericano
Jorge Faljo
Una guerra presupuestal entre republicanos y demócratas llevó al cierre parcial del gobierno federal norteamericano el martes pasado. Cerca de 820 mil burócratas, de un total de 2.9 millones de empleados federales, dejaron de trabajar por tiempo indefinido y sin goce de sueldo. Otros cientos de miles continuarán laborando pero no podrán cobrar hasta que se apruebe el presupuesto.
El paro afecta de distinta forma a dependencias y empleados según se les considere más o menos esenciales. Por ejemplo: se colocó en paro al 91 por ciento de los empleados del departamento de impuestos y solo al 14 por ciento de la agencia de seguridad nacional.
La causa del paro se origina en la negativa de los representantes republicanos para ampliar el techo de endeudamiento federal, actualmente ubicado en los 16.7 billones (millones de millones) de dólares a menos que se posponga por un año la entrada en vigor de la nueva ley de salud pública que establece la obligación y otorga apoyos para que todos los ciudadanos cuenten con un seguro que les permita servicio médico. Se trata del legado histórico que desea dejar Obama y a ello se opone encarnizadamente la ultraderecha republicana.
La ley de salud fue aprobada por el congreso norteamericano en 2010. Fue denunciada por inconstitucional y la Suprema Corte declaró que no lo era. Con ella se pretende ampliar la cobertura de los seguros de salud a 20 millones de norteamericanos en 1914 y gradualmente a otros más. Hoy en día cerca de 50 millones de norteamericanos no cuenta con ningún tipo de seguro médico y están sujetos al riesgo de enfermedades o accidentes catastróficos que hunden a muchos en la miseria y falta de atención médica.
El seguro es obligatorio y la multa por no asegurarse será de 95 dólares en 2014 e irá creciendo año con año. Cada trabajador deberá adjuntar su comprobante de seguro médico en su declaración de impuestos o se le descontará la multa de la devolución de impuestos. Si no tiene derecho a una devolución de impuestos se le acumulará para el siguiente año. No hay otra penalización.
La nueva ley establece subsidios públicos para los grupos de menores ingresos. Pero la impopularidad de la ley se origina sobre todo en que impone cierto equilibrio de costos que en la práctica implica menores pagos a los grupos de mayor edad y riesgo y mayores a los jóvenes y sanos. Esto se debe a que se les prohíbe a las compañías aseguradoras rechazar clientes de alto riesgo o cobrar de manera diferenciada por el historial de salud de los clientes. También se impone como obligatorios ciertos rubros de riesgo que muchos eliminaban de sus seguros por considerarse a sí mismos como de bajo riesgo. Los seguros serán más integrales.
Debido a lo anterior los grupos de menor riesgo, por ejemplo las familias jóvenes con seguros privados y sin derecho al subsidio tendrán que ampliar sus coberturas y pagar más. El tope para todos es del 8 por ciento del ingreso de cada quien. El que no encuentre un seguro que cumpla los requisitos por debajo de esa cifra no está obligado a asegurarse.
El financiamiento de los subsidios que otorga la ley se basa en reducir las tarifas de servicios médicos, mayores impuestos a las ganancias de hospitales y fabricantes de equipos médicos y un impuesto a las ganancias financieras superiores a los 200 mil dólares al año.
La situación es muy conflictiva. Los republicanos, liderados en la práctica por la minoría conocida como el “tea party”, se oponen radicalmente a la nueva ley mientras que Obama sostiene que es esencial ampliar esa cobertura en beneficio de la población que ahora se encuentra desprotegida.
Podría pensarse que en la perspectiva de los anarquistas republicanos su oposición a la ley de salud les permite apuntar a varios pájaros con una sola pedrada. Se montan en primer lugar en el descontento de la fracción que tiene que aumentar su cobertura y costo y que no recibirá subsidio; la clase media acomodada. Además apuntan a disminuir el gasto social. Finalmente tratan de gobernar aún sin haber ganado las elecciones.
Los republicanos ofrecieron aprobar el endeudamiento necesario para dos meses de gobierno a cambio de posponer un año la entrada en vigor de la ley. Pero era claro que al cabo de esos dos meses tendrían otras exigencias. Los demócratas no aceptaron el chantaje.
Ahora que el gobierno se encuentra semiparalizado y la opinión pública se indigna sobre todo con los republicanos, ellos ofrecen autorizaciones presupuestales puntuales que operen los programas de mayor impacto mediático. Digamos, por ejemplo, la atención a niños enfermos graves. Solo que de nuevo los demócratas no aceptaron otra versión del juego poquitero y quieren dos cosas: aplicar la ley de salud y financiamiento de mayor plazo.
Un cierre parcial del gobierno, con 800 mil empleados en paro técnico, otros tantos en ahorro forzoso, y una severa disminución del gasto público, equivale a una austeridad forzada. No hay peor receta para una economía que no logra recuperarse plenamente de la crisis del 2008; que crece poco y no genera empleo. Es una situación que atemoriza a millones y los lleva a, también, reducir sus gastos.
Es un conflicto ideológico demasiado costoso que genera mucho malestar público. Pero falta que la ciudadanía elevé más su voz para exigir una solución inmediata.
Desde nuestro lado deberíamos ver lo que ocurre en los Estados Unidos como otro clavo en el ataúd de la estrategia económica exportadora. La esperanza de que haya una recuperación norteamericana y que esa se convierta en factor dinamizador de nuestra economía debe ser substituida por una recentralización de nuestros esfuerzos de producción y empleo. Hay que crecer para el mercado interno y eso necesariamente implica poner dinero en el bolsillo de los trabajadores y que este se gaste en producción nacional y no en importaciones.
Los primos del norte no nos sacarán del apuro; con dificultades saldrán del suyo.
Una guerra presupuestal entre republicanos y demócratas llevó al cierre parcial del gobierno federal norteamericano el martes pasado. Cerca de 820 mil burócratas, de un total de 2.9 millones de empleados federales, dejaron de trabajar por tiempo indefinido y sin goce de sueldo. Otros cientos de miles continuarán laborando pero no podrán cobrar hasta que se apruebe el presupuesto.
El paro afecta de distinta forma a dependencias y empleados según se les considere más o menos esenciales. Por ejemplo: se colocó en paro al 91 por ciento de los empleados del departamento de impuestos y solo al 14 por ciento de la agencia de seguridad nacional.
La causa del paro se origina en la negativa de los representantes republicanos para ampliar el techo de endeudamiento federal, actualmente ubicado en los 16.7 billones (millones de millones) de dólares a menos que se posponga por un año la entrada en vigor de la nueva ley de salud pública que establece la obligación y otorga apoyos para que todos los ciudadanos cuenten con un seguro que les permita servicio médico. Se trata del legado histórico que desea dejar Obama y a ello se opone encarnizadamente la ultraderecha republicana.
La ley de salud fue aprobada por el congreso norteamericano en 2010. Fue denunciada por inconstitucional y la Suprema Corte declaró que no lo era. Con ella se pretende ampliar la cobertura de los seguros de salud a 20 millones de norteamericanos en 1914 y gradualmente a otros más. Hoy en día cerca de 50 millones de norteamericanos no cuenta con ningún tipo de seguro médico y están sujetos al riesgo de enfermedades o accidentes catastróficos que hunden a muchos en la miseria y falta de atención médica.
El seguro es obligatorio y la multa por no asegurarse será de 95 dólares en 2014 e irá creciendo año con año. Cada trabajador deberá adjuntar su comprobante de seguro médico en su declaración de impuestos o se le descontará la multa de la devolución de impuestos. Si no tiene derecho a una devolución de impuestos se le acumulará para el siguiente año. No hay otra penalización.
La nueva ley establece subsidios públicos para los grupos de menores ingresos. Pero la impopularidad de la ley se origina sobre todo en que impone cierto equilibrio de costos que en la práctica implica menores pagos a los grupos de mayor edad y riesgo y mayores a los jóvenes y sanos. Esto se debe a que se les prohíbe a las compañías aseguradoras rechazar clientes de alto riesgo o cobrar de manera diferenciada por el historial de salud de los clientes. También se impone como obligatorios ciertos rubros de riesgo que muchos eliminaban de sus seguros por considerarse a sí mismos como de bajo riesgo. Los seguros serán más integrales.
Debido a lo anterior los grupos de menor riesgo, por ejemplo las familias jóvenes con seguros privados y sin derecho al subsidio tendrán que ampliar sus coberturas y pagar más. El tope para todos es del 8 por ciento del ingreso de cada quien. El que no encuentre un seguro que cumpla los requisitos por debajo de esa cifra no está obligado a asegurarse.
El financiamiento de los subsidios que otorga la ley se basa en reducir las tarifas de servicios médicos, mayores impuestos a las ganancias de hospitales y fabricantes de equipos médicos y un impuesto a las ganancias financieras superiores a los 200 mil dólares al año.
La situación es muy conflictiva. Los republicanos, liderados en la práctica por la minoría conocida como el “tea party”, se oponen radicalmente a la nueva ley mientras que Obama sostiene que es esencial ampliar esa cobertura en beneficio de la población que ahora se encuentra desprotegida.
Podría pensarse que en la perspectiva de los anarquistas republicanos su oposición a la ley de salud les permite apuntar a varios pájaros con una sola pedrada. Se montan en primer lugar en el descontento de la fracción que tiene que aumentar su cobertura y costo y que no recibirá subsidio; la clase media acomodada. Además apuntan a disminuir el gasto social. Finalmente tratan de gobernar aún sin haber ganado las elecciones.
Los republicanos ofrecieron aprobar el endeudamiento necesario para dos meses de gobierno a cambio de posponer un año la entrada en vigor de la ley. Pero era claro que al cabo de esos dos meses tendrían otras exigencias. Los demócratas no aceptaron el chantaje.
Ahora que el gobierno se encuentra semiparalizado y la opinión pública se indigna sobre todo con los republicanos, ellos ofrecen autorizaciones presupuestales puntuales que operen los programas de mayor impacto mediático. Digamos, por ejemplo, la atención a niños enfermos graves. Solo que de nuevo los demócratas no aceptaron otra versión del juego poquitero y quieren dos cosas: aplicar la ley de salud y financiamiento de mayor plazo.
Un cierre parcial del gobierno, con 800 mil empleados en paro técnico, otros tantos en ahorro forzoso, y una severa disminución del gasto público, equivale a una austeridad forzada. No hay peor receta para una economía que no logra recuperarse plenamente de la crisis del 2008; que crece poco y no genera empleo. Es una situación que atemoriza a millones y los lleva a, también, reducir sus gastos.
Es un conflicto ideológico demasiado costoso que genera mucho malestar público. Pero falta que la ciudadanía elevé más su voz para exigir una solución inmediata.
Desde nuestro lado deberíamos ver lo que ocurre en los Estados Unidos como otro clavo en el ataúd de la estrategia económica exportadora. La esperanza de que haya una recuperación norteamericana y que esa se convierta en factor dinamizador de nuestra economía debe ser substituida por una recentralización de nuestros esfuerzos de producción y empleo. Hay que crecer para el mercado interno y eso necesariamente implica poner dinero en el bolsillo de los trabajadores y que este se gaste en producción nacional y no en importaciones.
Los primos del norte no nos sacarán del apuro; con dificultades saldrán del suyo.
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