Jorge Faljo
Trump declaró que los agricultores norteamericanos están mejor que nunca gracias a los 16 mil millones de dólares en subsidios que su gobierno acaba de otorgarles. Esta cantidad pretende compensar a los productores afectados por las represalias comerciales chinas que redujeron severamente las compras soya, carne de cerdo y otras mercancías provenientes de los Estados Unidos. Los productores señalan que los subsidios son buenos pero que no son más que una compensación parcial del impacto de menores ventas y la baja de precio de sus productos.
Los agricultores son el sector mayormente afectado por la guerra comercial establecida por Trump con el objetivo inicial, muy ambicioso, de eliminar el déficit comercial con China. El cual ascendió, en 2018, a casi 420 mil millones de dólares -mmd. Estados Unidos le hizo compras por casi 540 mmd y China a su vez solo le compró 120 mmd. Algo que empeora esta relación es que China se sitúa crecientemente como exportador de bienes manufacturados crecientemente sofisticados mientras que Estados Unidos tiende a ubicarse como proveedor de materias primas de baja complejidad.
Esta relación contribuye a que en 2018 la producción norteamericana creciera al 2.5 por ciento y la de China al 6.2 por ciento. No solo eso, el ingreso promedio chino crece aceleradamente mientras que el de la mayoría de los norteamericanos está estancado desde hace décadas.
Para Trump y sus principales asesores el tema no se limita a aspectos comerciales aislados y a la reubicación de millones de empleos industriales del otro lado del mar. Lo que no pudo ocurrir sin la entusiasta ayuda de los conglomerados norteamericanos. El asunto de fondo es que el rápido crecimiento del poderío industrial y tecnológico chino, incluso militar, amenaza suplantar a los Estados Unidos como primera potencia mundial para mediados de siglo.
Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio chino y pretende impedir su apropiación de tecnología norteamericana.
Para enfrentar la represalia china que perjudica al medio rural, que es una de sus más importantes bases políticas, el gobierno norteamericano absorberá el costo de las represalias. Es un enfrentamiento que altera el comercio mundial.
China reorientó sus compras en favor de Brasil y aumentó el precio de la soya de ese país mientras que se acumula sobreproducción y baja de precios en los Estados Unidos. Lo que llevó a Europa a cambiar su aprovisionamiento de los mismos productos en favor de los norteamericanos. Pero no ha sido suficiente; las compras europeas equivalen a la mitad de lo que dejó de comprar China.
La historia de los subsidios norteamericanos a su agricultura se remonta a más de un siglo, aunque ha empleado distintos mecanismos. Cuando la estrategia era apuntalar el precio de mercado incluso la producción mexicana se vio beneficiada. Pero la estrategia cambió a subsidios directos que generan excesos de producción y caída de precios. Lo que hace más competitiva a la agricultura norteamericana.
Los apoyos norteamericanos a su agricultura adoptan varias formas. La principal es un fuerte subsidio a los seguros agrícolas. Alrededor del 20 por ciento del aseguramiento previene impactos negativos originados en causas naturales, como sequía, inundaciones, heladas, plagas y similares.
Lo más importante es que el 80 por ciento del aseguramiento protege las bajas de cualquier origen en el ingreso de los productores, lo que incluye las fluctuaciones de precios en el mercado. Así se establece un piso mínimo de rentabilidad que se concentra en la producción de maíz, sorgo, trigo, algodón y arroz.
Algo parecido a lo que lograba CONASUPO en sus buenos tiempos, con precios de garantía de incidencia general que limitaban el margen de comercialización de los intermediarios en beneficio de productores y consumidores. En aquel entonces México era un importante exportador de granos.
La fuerza política de los productores agrícolas en Estados Unidos no es solo el voto rural; sus representantes han logrado que el subsidio a la alimentación que reciben 40 millones de norteamericanos se negocie siempre de manera simultánea, en el mismo decreto. Lo que constituye de hecho una alianza entre productores agropecuarios fuertes y ciudadanos pobres de sectores urbanos.
La preferencia de los productores agropecuarios es reanudar sus ventas a China. Tienen segundas opciones, tales como ampliar de manera substancial sus ventas en otros mercados. Es decir que en México no podremos simplemente ver los toros desde la barrera. Trump ha sido muy explícito, quiere que les compremos más.
En condiciones de libre mercado México no puede competir con los subsidios, el menor precio de combustibles y las tasas de interés que reciben los productores agrícolas norteamericanos. ¿Significa eso que sacrificaremos el objetivo de reducir nuestra dependencia alimentaria, crear empleo en el campo y reducir la emigración forzada?
Espero que no.
No viene al caso, pero… hace unos días, Trump, el presidente norteamericano número 45, hizo uno de sus shows políticos delante de una audiencia de fervientes jóvenes admiradores. Atrás de Trump se proyectó un escudo que simulaba ser el de la presidencia norteamericana solo que modificado. Con el águila bicéfala de la bandera rusa; en la pata izquierda en vez de trece flechas, trece palos de golf, en lugar de una rama de olivo en la derecha, un puñado de dólares y el mensaje en la banda superior decía en español “45 es un títere”.
Charles Leazott, el diseñador de ese escudo burlón declaró que no sabía si lo habían copiado de internet por brutal incompetencia o como una magnifica broma. En todo caso se declaró encantado.
domingo, 28 de julio de 2019
domingo, 21 de julio de 2019
Rebeldía rural
Jorge Faljo
Desde hace unos meses crecen las inquietudes de los productores rurales. Saltó primero el asunto de la distribución de fertilizantes en el estado de Guerrero. Hace 24 años se inició su entrega gratuita en cantidades suficientes para el cultivo de una a tres hectáreas de maíz para el autoconsumo de las familias campesinas de una de las regiones más pobres del país.
Sin el fertilizante aplicado oportunamente la cosecha se pierde. Tiene que ser con las lluvias y no después. Si no es así las consecuencias pueden llegar a la hambruna regional, la emigración temporal o definitiva de decenas de miles, y un descontento que puede expresarse de múltiples maneras en una zona brava.
La distribución del fertilizante en Guerrero es una transferencia social indispensable. Pero también tiene su lado oscuro. En manos de los municipios la manipulación del padrón de beneficiarios fue caldo de corrupción y de control político.
Al tomar en sus manos el reparto de fertilizantes el gobierno federal ha enfrentado una tarea que lo ha rebasado en una proporción que tomará un tiempo conocer. No es tan solo haber distribuido los cupones a los 233 mil beneficiarios de un padrón original, al parecer muy inflado, que para los municipios era de 400 mil. Falta saber que tantos consiguieron trasladarlo a sus parcelas antes de las lluvias y aplicarlo a tiempo.
El coordinador del programa federal de fertilizantes Jorge Gage Francois señaló que las experiencias buenas, y sobre todo las malas, dan lecciones sobre la complejidad de la tarea que serán aplicables a otras entidades. Bien dicho, en la medida en que se asume la necesidad de aprender y estar mejor preparados… para la próxima.
Pero existe en el campo un problema mucho mayor, es de orden nacional y no se le reconoce en su real magnitud. Esta semana centenares de productores agropecuarios hicieron bloqueos intermitentes en docenas de carreteras, casetas de cobro y otros puntos de 14 estados. Paradójicamente gran parte de los movilizados simpatizan con Morena y sus demandas se expresan también por legisladores de ese partido.
José Narro Céspedes y Eraclio Rodríguez Gómez son, el primero senador y el segundo diputado, y cada uno presidente de comisiones legislativas encargadas de asuntos del campo en sus respectivas cámaras. Ambos reclaman que tras un fuerte recorte de recursos ahora se retiene el presupuesto asignado al campo. Hay un rezago del gasto del orden de 8 mil millones de pesos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural –SADER.
José Narro apunta a que existe un desmantelamiento de las instituciones que tienen que ver con el campo por pérdida de personal operativo en tanto que SADER pierde capacidad para impulsar la producción y únicamente aplica políticas asistenciales. Eraclio Rodríguez recalcó que la retención de recursos pone en riesgo la comercialización de maíz, trigo, sorgo, soya, algodón y otros productos.
Ahora numerosas organizaciones rurales han convocado a una concentración el próximo 22 de julio en la CDMX para entregar una carta en Palacio Nacional buscando un dialogo respetuoso y propositivo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su convocatoria reconocen como un acto de justicia social positivo canalizar subsidios y apoyos a los campesinos e indígenas minifundistas más pobres del país, de manera directa y sin intermediarios. Aclaran que ellos, las organizaciones, no se proponen como intermediarios en la distribución de apoyos.
Piden que haya inversión productiva, recuperar el mercado interno, rescatar la soberanía alimentaria, fortalecer la economía social y el bienestar rural. Señalan que transformar el campo requiere la participación de todos, individuos, grupos, instituciones y organizaciones campesinas.
Al igual que la distribución de fertilizantes en Guerrero, el cambio en la operación de los programas rurales presenta problemas que deben reconocerse y corregirse. Con dialogo. Sobre todo, porque a nivel nacional se heredan décadas de abandono y destrucción rural. Y porque en el nivel gubernamental era conocido que el fuerte gasto público en desarrollo rural tenía muy bajo impacto positivo.
Hay mucho por avanzar. Para empezar, hay que evitar un distanciamiento entre este gobierno y su base social rural.
Uno de los asuntos a resolver es la contradicción naciente entre gasto productivo y asistencial. Aumentar el segundo es un acto de justicia social; pero quitarle al primero pone en riesgo parte de lo ya construido y obstruir el avance a la autosuficiencia alimentaria. La respuesta se encuentra en implementar soluciones novedosas.
El gasto asistencial, las transferencias sociales, pueden ser un motor de la rentabilidad y la inversión productiva si se garantiza que el incremento del consumo se amarre a la producción interna en forma solidaria. Esto requiere mayores capacidades institucionales y la organización de productores y consumidores.
En un plano superior será necesario cuestionar si los apoyos puntuales a productores individuales pueden seguir haciendo frente a las condiciones del mercado. O si, por lo contrario, hay que regular el mercado.
No se podrá levantar al conjunto de la producción agropecuaria y conseguir la prometida autosuficiencia alimentaria a partir de gasto público en un mercado adverso. Ni siquiera la agricultura comercial dejada a su suerte podría competir con la producción altamente subsidiada de los Estados Unidos. No en un mercado abierto, no con esta paridad cambiaria.
Un tercer pilar de un mercado que funcione para todos será ampliar la influencia de los precios de garantía a todos los productores de todo el país. CONASUPO nunca compró más del diez por ciento de la cosecha de trigo; pero la posibilidad de venderle lograba que los productores obtuvieran un mejor precio de los compradores privados.
Soy optimista y creo que pronto habrá un buen dialogo entre productores agropecuarios y el gobierno federal. Lo pienso porque hace apenas unos días se negaba el desabasto en el sistema de salud casi como conspiración de adversarios; hasta que AMLO hizo una gira por hospitales del sureste y pasó a denunciar el fuerte rezago heredado en infraestructura, equipos y personal médico.
Hay que pasar de la celebración prematura a reconocer que los problemas existentes son enormes y que apenas estamos empezando a reconocerlos en toda su magnitud.
Desde hace unos meses crecen las inquietudes de los productores rurales. Saltó primero el asunto de la distribución de fertilizantes en el estado de Guerrero. Hace 24 años se inició su entrega gratuita en cantidades suficientes para el cultivo de una a tres hectáreas de maíz para el autoconsumo de las familias campesinas de una de las regiones más pobres del país.
Sin el fertilizante aplicado oportunamente la cosecha se pierde. Tiene que ser con las lluvias y no después. Si no es así las consecuencias pueden llegar a la hambruna regional, la emigración temporal o definitiva de decenas de miles, y un descontento que puede expresarse de múltiples maneras en una zona brava.
La distribución del fertilizante en Guerrero es una transferencia social indispensable. Pero también tiene su lado oscuro. En manos de los municipios la manipulación del padrón de beneficiarios fue caldo de corrupción y de control político.
Al tomar en sus manos el reparto de fertilizantes el gobierno federal ha enfrentado una tarea que lo ha rebasado en una proporción que tomará un tiempo conocer. No es tan solo haber distribuido los cupones a los 233 mil beneficiarios de un padrón original, al parecer muy inflado, que para los municipios era de 400 mil. Falta saber que tantos consiguieron trasladarlo a sus parcelas antes de las lluvias y aplicarlo a tiempo.
El coordinador del programa federal de fertilizantes Jorge Gage Francois señaló que las experiencias buenas, y sobre todo las malas, dan lecciones sobre la complejidad de la tarea que serán aplicables a otras entidades. Bien dicho, en la medida en que se asume la necesidad de aprender y estar mejor preparados… para la próxima.
Pero existe en el campo un problema mucho mayor, es de orden nacional y no se le reconoce en su real magnitud. Esta semana centenares de productores agropecuarios hicieron bloqueos intermitentes en docenas de carreteras, casetas de cobro y otros puntos de 14 estados. Paradójicamente gran parte de los movilizados simpatizan con Morena y sus demandas se expresan también por legisladores de ese partido.
José Narro Céspedes y Eraclio Rodríguez Gómez son, el primero senador y el segundo diputado, y cada uno presidente de comisiones legislativas encargadas de asuntos del campo en sus respectivas cámaras. Ambos reclaman que tras un fuerte recorte de recursos ahora se retiene el presupuesto asignado al campo. Hay un rezago del gasto del orden de 8 mil millones de pesos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural –SADER.
José Narro apunta a que existe un desmantelamiento de las instituciones que tienen que ver con el campo por pérdida de personal operativo en tanto que SADER pierde capacidad para impulsar la producción y únicamente aplica políticas asistenciales. Eraclio Rodríguez recalcó que la retención de recursos pone en riesgo la comercialización de maíz, trigo, sorgo, soya, algodón y otros productos.
Ahora numerosas organizaciones rurales han convocado a una concentración el próximo 22 de julio en la CDMX para entregar una carta en Palacio Nacional buscando un dialogo respetuoso y propositivo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su convocatoria reconocen como un acto de justicia social positivo canalizar subsidios y apoyos a los campesinos e indígenas minifundistas más pobres del país, de manera directa y sin intermediarios. Aclaran que ellos, las organizaciones, no se proponen como intermediarios en la distribución de apoyos.
Piden que haya inversión productiva, recuperar el mercado interno, rescatar la soberanía alimentaria, fortalecer la economía social y el bienestar rural. Señalan que transformar el campo requiere la participación de todos, individuos, grupos, instituciones y organizaciones campesinas.
Al igual que la distribución de fertilizantes en Guerrero, el cambio en la operación de los programas rurales presenta problemas que deben reconocerse y corregirse. Con dialogo. Sobre todo, porque a nivel nacional se heredan décadas de abandono y destrucción rural. Y porque en el nivel gubernamental era conocido que el fuerte gasto público en desarrollo rural tenía muy bajo impacto positivo.
Hay mucho por avanzar. Para empezar, hay que evitar un distanciamiento entre este gobierno y su base social rural.
Uno de los asuntos a resolver es la contradicción naciente entre gasto productivo y asistencial. Aumentar el segundo es un acto de justicia social; pero quitarle al primero pone en riesgo parte de lo ya construido y obstruir el avance a la autosuficiencia alimentaria. La respuesta se encuentra en implementar soluciones novedosas.
El gasto asistencial, las transferencias sociales, pueden ser un motor de la rentabilidad y la inversión productiva si se garantiza que el incremento del consumo se amarre a la producción interna en forma solidaria. Esto requiere mayores capacidades institucionales y la organización de productores y consumidores.
En un plano superior será necesario cuestionar si los apoyos puntuales a productores individuales pueden seguir haciendo frente a las condiciones del mercado. O si, por lo contrario, hay que regular el mercado.
No se podrá levantar al conjunto de la producción agropecuaria y conseguir la prometida autosuficiencia alimentaria a partir de gasto público en un mercado adverso. Ni siquiera la agricultura comercial dejada a su suerte podría competir con la producción altamente subsidiada de los Estados Unidos. No en un mercado abierto, no con esta paridad cambiaria.
Un tercer pilar de un mercado que funcione para todos será ampliar la influencia de los precios de garantía a todos los productores de todo el país. CONASUPO nunca compró más del diez por ciento de la cosecha de trigo; pero la posibilidad de venderle lograba que los productores obtuvieran un mejor precio de los compradores privados.
Soy optimista y creo que pronto habrá un buen dialogo entre productores agropecuarios y el gobierno federal. Lo pienso porque hace apenas unos días se negaba el desabasto en el sistema de salud casi como conspiración de adversarios; hasta que AMLO hizo una gira por hospitales del sureste y pasó a denunciar el fuerte rezago heredado en infraestructura, equipos y personal médico.
Hay que pasar de la celebración prematura a reconocer que los problemas existentes son enormes y que apenas estamos empezando a reconocerlos en toda su magnitud.
lunes, 15 de julio de 2019
Migración, la solución en sus orígenes
Jorge Faljo
La foto del papá y su niña ahogados en el rio Bravo impactó las conciencias norteamericanas. El padre, Oscar de 25 años, la madre, Tania de 21 años y la niña, Valeria de 23 meses, venían de El Salvador, habían solicitado asilo en los Estados Unidos y llevaban meses esperando respuesta en Matamoros. Hasta que se desesperaron y decidieron cruzar el rio. A los tres se los llevó la corriente y a Tania otras personas la ayudaron a salir. El padre y la niña fallecieron.
Para muchos norteamericanos, educados en la ilusión de su alto comportamiento ético como nación, esa foto fue impactante. Como lo son muchas otras fotos de los miles de hacinados en centros de detención de migrantes. Sobre todo cuando se trata de niños que no se pueden lavar los dientes o bañarse durante semanas, que en esas jaulas hay infestaciones de piojos, que reciben una pésima alimentación y que ha habido muertos por falta de atención médica. Muchos de estos niños han sido clasificados como menores no acompañados, cuando en realidad llegaron con una tía, un abuelo o un amigo de la familia que los llevaba a reunirse con su padre o madre.
Miles de norteamericanos se han unido a protestas que piden que se cierren los campos. Una palabra ominosa que recuerda lo mismo a la Alemania nazi que al encierro de norteamericanos de ascendencia japonesa durante la segunda guerra mundial. No se encerró en cambio a los de ascendencia alemana.
Otros norteamericanos han llevado alimentos y artículos sanitarios a los centros de detención y estos son rechazados por las autoridades. Porque todo apunta a que la crueldad no es accidente o descuido; es una estrategia disuasiva de la migración. Interrogado al respecto Trump declara que de cualquier modo están mejor que en sus lugares de origen.
Ahora Trump anuncia una amplia cacería de indocumentados con la intención de expulsar hasta un millón de inmigrantes. Se sabe que es una cifra inalcanzable y que la verdadera meta es de varios miles. Pero el temor a que la policía llegue en la madrugada, de que incluso asesine ante la menor percepción de resistencia, real o inventada, o a que los padres no regresen del trabajo, es muy real. Las noticias de brutalidad policiaca son frecuentes y recientemente se ha descubierto una red social en la que muchos policías se manifestaban con mensajes claramente racistas y agresivos.
¿Es que el destino de los migrantes son campos de concentración y familias destruidas? ¿O esperas interminables dentro de México en contextos de rechazo y malas condiciones de vida?
La solución se encuentra muy lejos de la frontera. El gobierno de México ha encabezado la propuesta de hacer vivibles los lugares de origen de los migrantes convocando a la coordinación entre naciones, en particular México, El Salvador, Guatemala y Honduras. A esta iniciativa se han sumado oferentes de apoyo de otros países y de organismos internacionales como la ONU y la FAO. Brilla por su ausencia el gobierno norteamericano.
Lo primero a entender es que la migración jugaba el papel de válvula de escape para los excluidos de la estrategia económica en estos cuatro países.
Consideremos que las remesas de 12 millones de mexicanos en los Estados Unidos benefician a millones de familiares. Esas remesas representaron alrededor del 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto –PIB-, de México en 2017. Una proporción moderada si se compara con el 10 por ciento del PIB que alcanzaron en Guatemala, el 17 por ciento en El Salvador y el 20 por ciento en Honduras, en el mismo año. Son ahora una fuente vital para la supervivencia de buena parte de la población de esos países. Pero no bastan ante el deterioro sostenido de las condiciones de vida.
Graziano Da Silva, el director general del Fondo para la Agricultura y la Alimentación ubica al incremento reciente de la emigración centroamericana como resultado directo del cambio climático. En 2018 la sequía en El Salvador, Guatemala y Honduras destruyó el 70 por ciento de las primeras cosechas, maíz, sobre todo, y el 50 por ciento del segundo ciclo agrícola. Lo que deriva en que ahora dos millones de personas necesitan ayuda alimentaria. La concentración de las lluvias en periodos de tiempo más cortos genera a la vez sequía e inundaciones.
En la reciente reunión de representantes de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, donde habló Da Silva, el asunto central fue el desarrollo rural y la seguridad alimentaria en las zonas de expulsión de migrantes.
Existen respuestas tecnológicas de resistencia al cambio. Para Da Silva las principales son la construcción de multitud de micro reservas de agua, incluso en cada casa, escuela y, por supuesto en el campo, que permitan almacenarla en la época de lluvias; la protección de los suelos amenazados por los torrentes de agua y de hecho ya bastante dañados por la deforestación y sobreexplotación, y tercera, generar cadenas cortas de producción consumo.
La última se refiere a que los programas de apoyo alimentario hagan uso de alimentos de producción local. Lo que para el permitiría también contrarrestar la epidemia de obesidad que se extiende en esos países.
Su propuesta alude a un problema económico y social fundamental. Los pequeños productores campesinos de los tres países centroamericanos, lo mismo que en México, perdieron el acceso a sus mercados nacionales crecientemente globalizados. Datos de CEPAL indican que les ha ocurrido lo mismo que a México, un notable incremento de la dependencia alimentaria, sobre todo de maíz procedente de los Estados Unidos. En paralelo la población cambió su alimentación en favor de productos chatarra industrializados.
No dejan de existir otros problemas graves, como la mayor inseguridad. En México la tasa de homicidios subió de 13 por cada 100 mil habitantes en 2008 y a 25 en 2017. En Guatemala, para este último año la cifra fue de 26; en Honduras de 43 y en El Salvador de 60. Son indicadores de la expansión del crimen organizado, la extorsión y el cobro de derechos de piso, elementos que obstaculizan severamente cualquier posible mejoría de la pequeña agricultura, negocios y talleres.
Por eso Da Silva colocó como primera condición del cambio la voluntad política de los gobernantes. Otra condición sería participación social efectiva, es decir organizada, para el ejercicio de derechos ciudadanos. Lo que pide en pocas palabras es democracia efectiva. Un verdadero reto que requeriría presiones externas. En particular la norteamericana; pero lamentablemente la posición norteamericana ha sido históricamente contraria a un cambio de este tipo; al grado de propiciar golpes de estado cuando surge la amenaza de gobiernos de izquierda. Y a Trump no le gustaría perder clientes agropecuarios.
Resolver el problema migratorio demanda ubicar la mirada en sus orígenes y plantearse un cambio radical, es decir profundo, de las causas que lo originan. El diagnóstico es correcto; llevarlo a cabo no será fácil. Pero la alternativa sería más costosa en términos económicos, sociales y humanitarios.
La foto del papá y su niña ahogados en el rio Bravo impactó las conciencias norteamericanas. El padre, Oscar de 25 años, la madre, Tania de 21 años y la niña, Valeria de 23 meses, venían de El Salvador, habían solicitado asilo en los Estados Unidos y llevaban meses esperando respuesta en Matamoros. Hasta que se desesperaron y decidieron cruzar el rio. A los tres se los llevó la corriente y a Tania otras personas la ayudaron a salir. El padre y la niña fallecieron.
Para muchos norteamericanos, educados en la ilusión de su alto comportamiento ético como nación, esa foto fue impactante. Como lo son muchas otras fotos de los miles de hacinados en centros de detención de migrantes. Sobre todo cuando se trata de niños que no se pueden lavar los dientes o bañarse durante semanas, que en esas jaulas hay infestaciones de piojos, que reciben una pésima alimentación y que ha habido muertos por falta de atención médica. Muchos de estos niños han sido clasificados como menores no acompañados, cuando en realidad llegaron con una tía, un abuelo o un amigo de la familia que los llevaba a reunirse con su padre o madre.
Miles de norteamericanos se han unido a protestas que piden que se cierren los campos. Una palabra ominosa que recuerda lo mismo a la Alemania nazi que al encierro de norteamericanos de ascendencia japonesa durante la segunda guerra mundial. No se encerró en cambio a los de ascendencia alemana.
Otros norteamericanos han llevado alimentos y artículos sanitarios a los centros de detención y estos son rechazados por las autoridades. Porque todo apunta a que la crueldad no es accidente o descuido; es una estrategia disuasiva de la migración. Interrogado al respecto Trump declara que de cualquier modo están mejor que en sus lugares de origen.
Ahora Trump anuncia una amplia cacería de indocumentados con la intención de expulsar hasta un millón de inmigrantes. Se sabe que es una cifra inalcanzable y que la verdadera meta es de varios miles. Pero el temor a que la policía llegue en la madrugada, de que incluso asesine ante la menor percepción de resistencia, real o inventada, o a que los padres no regresen del trabajo, es muy real. Las noticias de brutalidad policiaca son frecuentes y recientemente se ha descubierto una red social en la que muchos policías se manifestaban con mensajes claramente racistas y agresivos.
¿Es que el destino de los migrantes son campos de concentración y familias destruidas? ¿O esperas interminables dentro de México en contextos de rechazo y malas condiciones de vida?
La solución se encuentra muy lejos de la frontera. El gobierno de México ha encabezado la propuesta de hacer vivibles los lugares de origen de los migrantes convocando a la coordinación entre naciones, en particular México, El Salvador, Guatemala y Honduras. A esta iniciativa se han sumado oferentes de apoyo de otros países y de organismos internacionales como la ONU y la FAO. Brilla por su ausencia el gobierno norteamericano.
Lo primero a entender es que la migración jugaba el papel de válvula de escape para los excluidos de la estrategia económica en estos cuatro países.
Consideremos que las remesas de 12 millones de mexicanos en los Estados Unidos benefician a millones de familiares. Esas remesas representaron alrededor del 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto –PIB-, de México en 2017. Una proporción moderada si se compara con el 10 por ciento del PIB que alcanzaron en Guatemala, el 17 por ciento en El Salvador y el 20 por ciento en Honduras, en el mismo año. Son ahora una fuente vital para la supervivencia de buena parte de la población de esos países. Pero no bastan ante el deterioro sostenido de las condiciones de vida.
Graziano Da Silva, el director general del Fondo para la Agricultura y la Alimentación ubica al incremento reciente de la emigración centroamericana como resultado directo del cambio climático. En 2018 la sequía en El Salvador, Guatemala y Honduras destruyó el 70 por ciento de las primeras cosechas, maíz, sobre todo, y el 50 por ciento del segundo ciclo agrícola. Lo que deriva en que ahora dos millones de personas necesitan ayuda alimentaria. La concentración de las lluvias en periodos de tiempo más cortos genera a la vez sequía e inundaciones.
En la reciente reunión de representantes de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, donde habló Da Silva, el asunto central fue el desarrollo rural y la seguridad alimentaria en las zonas de expulsión de migrantes.
Existen respuestas tecnológicas de resistencia al cambio. Para Da Silva las principales son la construcción de multitud de micro reservas de agua, incluso en cada casa, escuela y, por supuesto en el campo, que permitan almacenarla en la época de lluvias; la protección de los suelos amenazados por los torrentes de agua y de hecho ya bastante dañados por la deforestación y sobreexplotación, y tercera, generar cadenas cortas de producción consumo.
La última se refiere a que los programas de apoyo alimentario hagan uso de alimentos de producción local. Lo que para el permitiría también contrarrestar la epidemia de obesidad que se extiende en esos países.
Su propuesta alude a un problema económico y social fundamental. Los pequeños productores campesinos de los tres países centroamericanos, lo mismo que en México, perdieron el acceso a sus mercados nacionales crecientemente globalizados. Datos de CEPAL indican que les ha ocurrido lo mismo que a México, un notable incremento de la dependencia alimentaria, sobre todo de maíz procedente de los Estados Unidos. En paralelo la población cambió su alimentación en favor de productos chatarra industrializados.
No dejan de existir otros problemas graves, como la mayor inseguridad. En México la tasa de homicidios subió de 13 por cada 100 mil habitantes en 2008 y a 25 en 2017. En Guatemala, para este último año la cifra fue de 26; en Honduras de 43 y en El Salvador de 60. Son indicadores de la expansión del crimen organizado, la extorsión y el cobro de derechos de piso, elementos que obstaculizan severamente cualquier posible mejoría de la pequeña agricultura, negocios y talleres.
Por eso Da Silva colocó como primera condición del cambio la voluntad política de los gobernantes. Otra condición sería participación social efectiva, es decir organizada, para el ejercicio de derechos ciudadanos. Lo que pide en pocas palabras es democracia efectiva. Un verdadero reto que requeriría presiones externas. En particular la norteamericana; pero lamentablemente la posición norteamericana ha sido históricamente contraria a un cambio de este tipo; al grado de propiciar golpes de estado cuando surge la amenaza de gobiernos de izquierda. Y a Trump no le gustaría perder clientes agropecuarios.
Resolver el problema migratorio demanda ubicar la mirada en sus orígenes y plantearse un cambio radical, es decir profundo, de las causas que lo originan. El diagnóstico es correcto; llevarlo a cabo no será fácil. Pero la alternativa sería más costosa en términos económicos, sociales y humanitarios.
domingo, 7 de julio de 2019
Problemas de la redistribución del ingreso
Jorge Faljo
Décadas de política pública subordinada al pillaje, el remate de empresas públicas, la desindustrialización y desnacionalización nos heredan una población empobrecida y un gobierno altamente endeudado. Un legado complicado.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social –CONEVAL- el 38.7 por ciento de los trabajadores formales tienen ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria. Incluye una mejora del ingreso laboral de 3.3 por ciento en el primer trimestre del año. El mayor incremento desde el 2005. ¡Qué bueno que empiece a revertirse la tendencia al empobrecimiento salarial!
Falta considerar la peor situación en la que se encuentra la mayoría de los trabajadores: los informales y la población rural, campesina e indígena. Estos son el objetivo de una ambiciosa estrategia redistributiva que beneficiará a millones.
Entre ellos 7.5 millones de adultos mayores; 610 mil personas con discapacidad; 10 millones de estudiantes (pobres, de educación media y universitarios); 600 mil aprendices que antes eran ninis; 1.2 millones de comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios; 224 mil pequeños propietarios en el programa Sembrando Vida. Se planea ampliar estos apoyos hasta llegar a unos 22 millones de personas. Aparte está el subsidio a 40 productos básicos; los precios de garantía, las micro universidades y varios más.
Se trata de una fuerte estrategia de redistribución del ingreso. Cabe acotar que las estrategias distributivas han sido propuestas por agencia internacionales como la CEPAL, la OCDE y el Banco Mundial. Incluso el Fondo Monetario Internacional modificó su postura tradicional y en 2017 se manifestó a favor. Recomiendan que la redistribución se base en una política fiscal muy progresiva; es decir que los muy grandes ingresos, fortunas, ganancias y herencias paguen altos impuestos. Lo que afectaría tan solo a una minoría ultra rica sin impactar los niveles de consumo.
Sin embargo la estrategia redistributiva que sigue este gobierno tiene un financiamiento distinto. No se basa en mayores impuestos a los muy ricos sino en una combinación de combate a la corrupción y austeridad.
De ese modo se ataca un grave problema de injusticia y rezago social; es una exigencia ética, y política, que corresponde al mandato popular. No obstante, esta estrategia pronto enfrentará dos importantes limitaciones.
Redistribuir el ingreso en un contexto de bajo crecimiento económico y de gobierno con baja capacidad de gasto implica dar a unos quitándoles a otros. Mientras se trate de impedir que siga el robo de cientos o miles de millones parece muy positivo. Pero la austeridad impacta negativamente a muchos más; a trabajadores y empresarios honestos.
Es decir que la redistribución dispara un jaloneo de cobijas cada vez más conflictivo. Ya se ven descobijados decenas de miles de burócratas, unos despedidos y otros con reducciones salariales; e instituciones de todo tipo con dificultades para cumplir adecuadamente sus funciones. Se generan conflictos que podrían llegar a implicar un alto costo político, social y económico. ¿Qué tanto puede seguirse ampliando la estrategia redistributiva de esta manera?
El segundo límite es productivo. Redistribuir el ingreso modifica cadenas de producción y distribución. No es lo mismo lo que consume un rico con 100 millones de pesos (proporcionalmente muy poco) que 100 mil pobres con ese mismo dinero (se lo gastarían de inmediato en consumo rezagado). Así que el asunto es ¿de dónde saldrá la producción para este consumo incrementado?
Una experiencia interesante por su doble cara, buena y mala, fue la del apoyo a los viejitos en la ciudad de México. Mucho se puede decir a favor del ingreso a personas de la tercera edad; fue un acto de justicia social y apoyo a su bienestar y dignidad. El lado negativo es que al otorgarlo en forma de tarjetas electrónicas reorientó el consumo familiar hacia las grandes cadenas comerciales y descobijó a los mercados populares.
Todo apunta a que ahora puede repetirse esa experiencia en escala mayúscula. Si las transferencias sociales globalizan el consumo de decenas de millones se favorecerá la producción comercial de gran escala, e incluso las importaciones. Y se golpeará a los productores sociales.
SEGALMEX, que abastece a las 30 mil tiendas Diconsa anuncia que hará compras locales. Eso no basta porque la producción campesina seguiría compitiendo con la globalizada. Ni siquiera los agricultores comerciales pueden competir con las importaciones.
Se requiere que las transferencias se “amarren” a la producción local en nuevo mercado social paralelo al globalizado. Habrá quienes digan que eso limita la libertad de los consumidores y los obligaría a comprar más caro. Cierto, pero hay dos argumentos a favor de hacerlo así.
El primero es que el Plan Nacional de Desarrollo se compromete a impulsar una economía social y solidaria. Las transferencias no son salario y pueden entregarse bajo un compromiso de solidaridad; que con ese ingreso se compre a los vecinos, a productores locales, regionales y nacionales. Es decir que los pobres les compren a los pobres.
Hay que entender que esos pobres son esencialmente productores. Ejemplo: de 1982 a 1991 el país perdió 13.9 millones de reses; 7.8 millones de cerdos; 3.5 millones de cabras; 2.7 millones de borregos y decenas de miles de granjas avícolas. Este hato ganadero lo perdieron los campesinos y fue substituido por producción comercial en gran escala … y por importaciones.
Se pueden volver a levantar, con mínima inversión, estas capacidades y otras que ya existían como materiales de construcción, vestido y calzado, muebles, enseres domésticos y muchas más. Lo que los pobres perderían como consumidores lo ganarían con creces como productores.
Este efecto “secundario” se convertiría en unos cuantos años en el impacto principal del gasto social. Levantar la producción rural y de la pequeña industria haría que este sector saliera de la exclusión por sí mismo y no como una carga imposible de soportar para la economía privada. Se evitaría lo peor de un pleito de cobijas.
Las transferencias sociales pueden ser la mecha de arranque del verdadero motor del cambio, del bienestar mayoritario y de la base política de la 4T.
Décadas de política pública subordinada al pillaje, el remate de empresas públicas, la desindustrialización y desnacionalización nos heredan una población empobrecida y un gobierno altamente endeudado. Un legado complicado.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social –CONEVAL- el 38.7 por ciento de los trabajadores formales tienen ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria. Incluye una mejora del ingreso laboral de 3.3 por ciento en el primer trimestre del año. El mayor incremento desde el 2005. ¡Qué bueno que empiece a revertirse la tendencia al empobrecimiento salarial!
Falta considerar la peor situación en la que se encuentra la mayoría de los trabajadores: los informales y la población rural, campesina e indígena. Estos son el objetivo de una ambiciosa estrategia redistributiva que beneficiará a millones.
Entre ellos 7.5 millones de adultos mayores; 610 mil personas con discapacidad; 10 millones de estudiantes (pobres, de educación media y universitarios); 600 mil aprendices que antes eran ninis; 1.2 millones de comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios; 224 mil pequeños propietarios en el programa Sembrando Vida. Se planea ampliar estos apoyos hasta llegar a unos 22 millones de personas. Aparte está el subsidio a 40 productos básicos; los precios de garantía, las micro universidades y varios más.
Se trata de una fuerte estrategia de redistribución del ingreso. Cabe acotar que las estrategias distributivas han sido propuestas por agencia internacionales como la CEPAL, la OCDE y el Banco Mundial. Incluso el Fondo Monetario Internacional modificó su postura tradicional y en 2017 se manifestó a favor. Recomiendan que la redistribución se base en una política fiscal muy progresiva; es decir que los muy grandes ingresos, fortunas, ganancias y herencias paguen altos impuestos. Lo que afectaría tan solo a una minoría ultra rica sin impactar los niveles de consumo.
Sin embargo la estrategia redistributiva que sigue este gobierno tiene un financiamiento distinto. No se basa en mayores impuestos a los muy ricos sino en una combinación de combate a la corrupción y austeridad.
De ese modo se ataca un grave problema de injusticia y rezago social; es una exigencia ética, y política, que corresponde al mandato popular. No obstante, esta estrategia pronto enfrentará dos importantes limitaciones.
Redistribuir el ingreso en un contexto de bajo crecimiento económico y de gobierno con baja capacidad de gasto implica dar a unos quitándoles a otros. Mientras se trate de impedir que siga el robo de cientos o miles de millones parece muy positivo. Pero la austeridad impacta negativamente a muchos más; a trabajadores y empresarios honestos.
Es decir que la redistribución dispara un jaloneo de cobijas cada vez más conflictivo. Ya se ven descobijados decenas de miles de burócratas, unos despedidos y otros con reducciones salariales; e instituciones de todo tipo con dificultades para cumplir adecuadamente sus funciones. Se generan conflictos que podrían llegar a implicar un alto costo político, social y económico. ¿Qué tanto puede seguirse ampliando la estrategia redistributiva de esta manera?
El segundo límite es productivo. Redistribuir el ingreso modifica cadenas de producción y distribución. No es lo mismo lo que consume un rico con 100 millones de pesos (proporcionalmente muy poco) que 100 mil pobres con ese mismo dinero (se lo gastarían de inmediato en consumo rezagado). Así que el asunto es ¿de dónde saldrá la producción para este consumo incrementado?
Una experiencia interesante por su doble cara, buena y mala, fue la del apoyo a los viejitos en la ciudad de México. Mucho se puede decir a favor del ingreso a personas de la tercera edad; fue un acto de justicia social y apoyo a su bienestar y dignidad. El lado negativo es que al otorgarlo en forma de tarjetas electrónicas reorientó el consumo familiar hacia las grandes cadenas comerciales y descobijó a los mercados populares.
Todo apunta a que ahora puede repetirse esa experiencia en escala mayúscula. Si las transferencias sociales globalizan el consumo de decenas de millones se favorecerá la producción comercial de gran escala, e incluso las importaciones. Y se golpeará a los productores sociales.
SEGALMEX, que abastece a las 30 mil tiendas Diconsa anuncia que hará compras locales. Eso no basta porque la producción campesina seguiría compitiendo con la globalizada. Ni siquiera los agricultores comerciales pueden competir con las importaciones.
Se requiere que las transferencias se “amarren” a la producción local en nuevo mercado social paralelo al globalizado. Habrá quienes digan que eso limita la libertad de los consumidores y los obligaría a comprar más caro. Cierto, pero hay dos argumentos a favor de hacerlo así.
El primero es que el Plan Nacional de Desarrollo se compromete a impulsar una economía social y solidaria. Las transferencias no son salario y pueden entregarse bajo un compromiso de solidaridad; que con ese ingreso se compre a los vecinos, a productores locales, regionales y nacionales. Es decir que los pobres les compren a los pobres.
Hay que entender que esos pobres son esencialmente productores. Ejemplo: de 1982 a 1991 el país perdió 13.9 millones de reses; 7.8 millones de cerdos; 3.5 millones de cabras; 2.7 millones de borregos y decenas de miles de granjas avícolas. Este hato ganadero lo perdieron los campesinos y fue substituido por producción comercial en gran escala … y por importaciones.
Se pueden volver a levantar, con mínima inversión, estas capacidades y otras que ya existían como materiales de construcción, vestido y calzado, muebles, enseres domésticos y muchas más. Lo que los pobres perderían como consumidores lo ganarían con creces como productores.
Este efecto “secundario” se convertiría en unos cuantos años en el impacto principal del gasto social. Levantar la producción rural y de la pequeña industria haría que este sector saliera de la exclusión por sí mismo y no como una carga imposible de soportar para la economía privada. Se evitaría lo peor de un pleito de cobijas.
Las transferencias sociales pueden ser la mecha de arranque del verdadero motor del cambio, del bienestar mayoritario y de la base política de la 4T.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)