Prepararnos para las peleas comerciales
Jorge Faljo
Hace unos días, de manera expedita, el Juez 1 de Distrito de Coahuila, José Daniel Nogueira Ruiz, concedió el amparo definitivo al Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalúrgica y Sidero-Metalúrgica en contra de la decisión del gobierno federal de eliminar aranceles a las importaciones de acero chino.
La noticia tiene mucha mayor importancia de la que le han concedido los medios y bien podríamos considerarla histórica. Es la primera vez que un sindicato demanda, por este medio, justicia económica, en defensa de la industria y el empleo. Es la primera vez que un juez de distrito incursiona una decisión de política económica y comercial internacional de alto nivel.
El gobierno mexicano decidió eliminar los aranceles a las importaciones de acero chino y de otros países de Asia, por medio de un decreto publicado en febrero de 2010, con desgravación efectiva al empezar el 2012. Era la puntilla a un largo periodo de desindustrialización nacional y ocurría cuando la industria del acero aún no se recuperaba de la caída de un 50 por ciento de la producción de febrero del 2008 a febrero del 2009.
Aquellas dificultades asociadas al impacto en la demanda de la crisis financiera norteamericana se reproducen hoy en día en que Europa entera entra en recesión debido a su propia crisis. Es decir que de nuevo sobra acero en el mundo, están cerrando varios altos hornos en Europa y los precios caen.
De acuerdo a Tereso Medina, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica y Siderúrgica, la eliminación de aranceles coloca en riesgo 23,500 empleos directos en el estado de Coahuila y posiblemente varios cientos de miles de empleos en otros estados así como indirectos. Es en su opinión un primer paso para reconducir la relación comercial con China y otros países asiáticos.
Parte de la argumentación del sindicato es que México se encuentra obligado a aceptar importaciones sin aranceles de los países, como Estados Unidos y Canadá, con los que tiene acuerdos comerciales. Pero no de países con los que no ha firmado acuerdos. Recordemos, además, que México tiene un déficit comercial con China de alrededor de 41 mil millones de dólares.
Con frecuencia los sistemas de justicia de otros países han actuado como protectores de los intereses de sus ciudadanos, consumidores, trabajadores y empresas frente a su propio gobierno. Algún juez local norteamericano ordenó suspender las importaciones de atún de México. Otro detuvo la entrada de transportes mexicanos. Y palo dado ni dios lo quita. Esos puntos aún no se resuelven satisfactoriamente.
La decisión del juez Nogueira abre una importante posibilidad que podría igualarnos un poco en cuanto a las capacidades de justicia de ambos países y posibilita la lucha desde abajo a favor de la protección de la industria y los trabajadores mexicanos. Es particularmente importante si tomamos en cuenta lo que el representante sindical llama la “insensibilidad” del gobierno de México. Una manera delicada de referirse al dogmatismo neoliberal en el que creen como si fuera el catecismo.
Por otro lado hay muchas oportunidades desaprovechadas para la defensa de los intereses de los trabajadores, la industria y el campo mexicanos. No hemos creado una cultura de defensa de los intereses nacionales en los nuevos espacios donde se dan las controversias jurídicas y comerciales entre países. Pero cultura no es mera palabrería. Se necesita una subsecretaria o instituto con capacidades de investigación de las prácticas de comercio internacional y para interponer demandas y defensas jurídicas apropiadas y bien sustentadas.
No se trata de ser peleoneros sino de no chuparnos el dedo en el nuevo orden jurídico que hemos aceptado y para el que aún no estamos preparados. Sobre todo ahora en que nos llegan muchos dólares que abaratan las importaciones de mercancías que, debido a la recesión internacional en marcha, les sobran a todo mundo. Es un momento de grave riesgo para la producción y el empleo en México.
En el 2010 China impuso aranceles anti-dumping contra la importación de pollo norteamericano. Alegó que esas importaciones dañaban su producción interna y decidió cobrar entre 50.3 y 105.4 por ciento de impuestos (dependiendo de la empresa) a la entrada de pollo norteamericano. Más adelante estableció impuestos a las importaciones de diversos tipos de acero de los Estados Unidos y Rusia; a varios modelos de vehículos norteamericanos y a equipos de generación de energía eólica y solar. En todos estos casos su ministerio de comercio determinó que esas importaciones dañaban a su industria y sus empleos.
Así como imponen restricciones a las importaciones y deben defenderlas en tribunales internacionales, también ocurre el otro lado de la medalla. China es acusada en innumerables ocasiones de distorsionar el comercio internacional con medidas internas a favor de sus exportaciones; la principal de ellas su moneda muy subvaluada que le ha permitido crecer con rapidez, convertirse en una potencia y elevar de manera substancial los salarios de sus trabajadores y los niveles de vida de su población.
Lo que quiero señalar es que las disputas comerciales internacionales son un hecho cotidiano de los nuevos arreglos comerciales. China, Estados Unidos, Europa y muchos otros países preparan sus sistemas legales y de gobierno para pelear con eficacia estas batallas.
Requerimos de estructuras institucionales fuertes, con presupuesto adecuado y bien preparadas. Sobre todo con autentica vocación de patriotismo. ¿Sería mucho pedir que nuestro gobierno tuviera estas dos cosas? Entretanto es un buen avance el ejemplo que ha dado el juez Nogueira al que le sobran… elementos para tomar su decisión.
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