La Intención de Gobernar

La Intención de Gobernar.

Jorge Faljo

Doce 12 años de ineptitud, corrupción y salvajismo darwiniano en el gobierno federal; un año de elecciones caracterizado por la superficialidad e irrelevancia política y mediática; y un día marcado por un tenebroso montaje de provocación y violencia, tan lejano al comportamiento cívico estudiantil y ciudadano de todo el año, parecían obscurecer cualquier perspectiva.

Afortunadamente el retroceso cívico – político en la ciudad de México parece haber sido cosa de un día gracias, en parte, a la clara denuncia de la arbitrariedad policíaca que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y muchos otros.

Con estos antecedentes inicié la lectura del Pacto por México sin esperar mucho. Pero ¡sorpresa! Es un documento muy bueno y esperanzador. De los 95 compromisos firmados por el nuevo presidente de México y los presidentes de los tres principales partidos políticos me propongo destacar algunos, sobre todo los de tipo social y económico que, de llevarse a la práctica, nos sacarían del marasmo sangriento en que nos ha dejado el panismo.

Primero lo social

El Pacto inicia proponiendo una sociedad de derechos y libertades desde la perspectiva de lo que importa: cobertura universal efectiva de servicios de salud (vía la reorganización del sector); combatir la obesidad prohibiendo alimentos chatarra en las escuelas; pensión a adultos mayores de 65 años; seguro de desempleo para los trabajadores del sector formal;  y seguro de vida a jefas (y jefes) de familia.

Destaca el gran compromiso de que ningún mexicano padezca hambre. Y recordemos que 20 millones de mexicanos se encuentran en esta situación.

Están los buenos compromisos para una mejor educación y hay que subrayar los que se refieren a la defensa de los derechos humanos. Estos últimos incluyen elementos tan esenciales, pero ausentes, como la reparación del daño, la atención a victimas y reglas claras sobre uso legitimo de la fuerza pública. Darían pie a otra relación entre el estado y los ciudadanos que substituiría 12 años de barbarie federal y un día de la capitalina.

El reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público les permitiría hacer planeación comunitaria de sus proyectos de desarrollo, incluyendo recursos públicos. También se facilitará su acceso a la justicia, a la educación y al mejoramiento económico.

Con estos bastaría para afirmar que se plantean cambios de enorme profundidad y consecuencias. Hay compromisos que parecerían de cumplimiento sencillo y otros que requieren transformaciones legales, fiscales, en capacidades públicas, en el modelo económico y en los acuerdos políticos. Tal vez por eso el horizonte de tiempos parece largo. O tal vez yo soy algo desesperado y no entiendo todas las dificultades.

Uno que me parece de cumplimiento sencillo es eliminar los alimentos chatarra de las escuelas. Debiera bastar una orden administrativa. Sin embargo se plantea una reforma legal que entraría en vigor en 2014 y cuya instrumentación se extiende hasta el 2018. Mucha vuelta para algo urgente.

En cualquier caso los planteamientos son claros y la palabra compromisos no deja dudas, sobre todo viniendo de quien se quiso distinguir por el “te lo firmo y te lo cumplo”.

Por otro lado, en el extremo de lo difícil esta el acabar con el hambre. Significa que por lo menos 20 millones de mexicanos habrán de consumir más y mejores alimentos. El cuadro de aterrizaje de los compromisos lo plantea como un asunto de cambios legales lo que parece muy superficial. Si hay aquí algo de ingenuidad espero que sobre la marcha se corrija y el compromiso se mantenga.  

Lo fundamental será que el incremento de la demanda alimenticia no se consigue mediante meras transferencias de poder de compra. Hay que asociar el incremento de la demanda nacional, regional y local con incrementos correlacionados en esos mismos tres niveles. De otro modo lo que se incrementarían serían las importaciones, la dependencia externa, la necesidad de dólares y un alto costo fiscal eterno y creciente. Sería suicida.

Se deben fortalecer las capacidades productivas locales con mecanismos que les aseguren la existencia de demanda específicamente asociada. Se puede fácilmente si nos inspiramos en programas gringos como el de “food stamps” o el de desayunos escolares con productos locales. Los programas sociales deben operar con cupones de alimentación que demanden productos locales y regionales en una estrategia de crecimiento simultáneo y acelerado de demanda y oferta.

Hay que recordar que gruesamente el 60 por ciento de las comunidades rurales del país son deficitarias en alimentos (20 por ciento tablas y solo el otro 20 por ciento superavitarias). Así que el esfuerzo deberá ser a la vez nacional y localizado.

Hará falta sobre todo mucha organización de los productores y consumidores. Para lo cual se necesitará un gobierno capaz de ir al campo con agentes propios. Es decir abandonando la estrategia de poltrona (que los campesinos vengan a mí y concursen para arrojarles migajas).

Lo Económico

Aplaudo la idea de reactivar el campo y “promover un sector de la economía que actualmente produce por debajo de su potencial”. Es una idea clave; hay que aprovechar plenamente todos nuestros recursos y capacidades.

Pero… faltó la industria. Decir que aquí también se produce por debajo de su potencial sería casi un sarcasmo. De hecho el país ha transitado por décadas de desindustrialización; ahora importamos hasta tornillos. Se ha destruido la mayor parte de las empresas que a finales del siglo pasado producían el grueso de los textiles y ropa, electrodomésticos, la metalmecánica, y otros. Buena parte de lo que queda trabaja a media capacidad o se ha vendido al extranjero.

En algunos casos la destrucción de empresas medianas y pequeñas fue compensada por la instalación de nuevas empresas tecnológicamente avanzadas. Pero lo que este país necesita es producir con todas sus capacidades, las avanzadas y las de hace quince años. TODAS.

No podemos ni debemos darnos el lujo de continuar arrojando por la borda el grueso del aparato productivo industrial concentrando la producción interna o incrementando el ya enorme déficit comercial con China.

Una política industrial que empiece por defender lo que existe sería la mejor plataforma para fortalecer y avanzar. Solo así sería creíble crecer por arriba del cinco por ciento anual y crear empleo suficiente.

Subir el nivel de inversión al 25 por ciento del PIB será muy bueno si al mismo tiempo abandonamos fantasías exportadoras (el planeta está en recesión). Hay que crecer para un mercado interno en expansión acelerada. De otro modo cada nueva empresa moderna lo que hace es destruir diez de las pre modernas y generar desempleo. Ese es el modelo que hay que abandonar.

La ausencia de política industrial es grave, pero no impide reconocer otros elementos positivos. Por ejemplo el compromiso de mantener en manos de la Nación la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de PEMEX como empresa pública.

Sin privatizarla se ofrece convertir a la principal empresa propiedad de los mexicanos en eficiente y transparente y promotora de una cadena de proveedores nacionales. Por otra parte se reforzará su papel en la producción nacional de fertilizantes; un complemento indispensable del desarrollo del campo. Habría sido bueno ampliar esa idea: basta de vender petróleo crudo, hay que vender todo tipo productos con el mayor valor agregado posible.

Cambiar la Ley Minera y revisar el esquema de concesiones para beneficiar al país, empezando por los municipios y comunidades donde se establecen las mineras es un gran paso. Los gobiernos panistas prácticamente regalaron la riqueza del subsuelo a entidades agresivas con su entorno social y ambiental.

Bueno también lo de crear una verdadera banca de desarrollo y regular la banca privada para que presten más y más barato. Excelente también la desarticulación de monopolios. 

Reflexión final.

Un mensaje claro del Pacto por México es la intención de gobernar. Esto ya marca una diferencia con el panismo cuya filosofía era nadar de muertito dejándose llevar por el mercado y los poderes fácticos. Ahora se reivindica la centralidad del Estado para dirigir la economía y la sociedad. Se plantea sin ambigüedades el reto a los poderes fácticos: háganse a un lado, ese es el mandato constitucional.

Si además se cumple el ofrecimiento de democratizar la economía y la política con los ciudadanos como actores fundamentales del diseño de las políticas públicas, entonces la situación apunta bien.