Jorge Faljo
Faljoritmo
Habría que suponer que el pasado 5 de marzo, cuando el Presidente Peña Nieto instruyó al titular de SAGARPA “para que convoque a foros y espacios de diálogo y de propuestas que hagan organizaciones campesinas”, su intención era escuchar y propiciar un acercamiento con los productores rurales. Y escuchar es distinto de echarles rollo.
Dijo que habrían de participar todos los productores bajo las tres modalidades de propiedad de un lado, y del otro no solo la Secretaría de Agricultura y la de Desarrollo Agrario y Territorial “sino cualquier otra dependencia que deba tener involucramiento en la actividad del campo”. Es decir que se trataría de una consulta con amplia participación tanto del lado de los productores como del sector público.
Señaló que se trataba de “realmente, emprender una reforma al campo, entendida como el acuerdo y el consenso necesario” para cambiar las políticas públicas y los ordenamientos legales a partir de la experiencia. Para el presidente aquella reunión marcaba el inicio de un amplio debate, de una discusión a fondo, que habría de continuar bajo el liderazgo del titular de SAGARPA.
Pero no. No se ha podido. Y es que las diferencias son muy profundas. Veamos.
Hace unos días Gerardo Sánchez García, el dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, declaró que a causa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.3 millones de campesinos han dejado sus tierras y otros 5 millones han abandonado la actividad. Considera alarmante el nivel de importación de alimentos y piensa que para ganarle la batalla a la pobreza extrema, la emigración y la intranquilidad social se requiere un estado fuerte y una profunda reforma del campo.
Al día siguiente el titular de SAGARPA dio su respuesta al reunirse con los secretarios de agricultura de Canadá y los Estados Unidos. Se comprometió a mantener las fronteras abiertas que, según él, propician el crecimiento económico y empleo. Pero, si hubiera invitado a ese dialogo al dirigente de la CNC y a los de otras organizaciones habría aprendido que la realidad es otra y habría estado a tono con lo que pidió el Presidente Peña.
El caso es que mientras SAGARPA promueve el libre comercio todas las organizaciones campesinas quieren una real reforma del campo que nos oriente hacia la seguridad alimentaria y aliente la producción interna.
Lo que SAGARPA llama libre mercado es el fruto de intensas negociaciones y reglas que favorecen a unos o a otros y son siempre interpretables. Si los productores de arroz de Japón, o los de granos de Europa, incluso los norteamericanos, son competitivos se debe a las intervenciones de sus respectivos gobiernos para configurar la manera en que operan sus mercados. No hay mercados “naturalitos”, todos son manipulados a favor o en contra.
Los productores mexicanos podrían ser competitivos de un día para otro; cosa de reconfigurar la manera en que opera el mercado. Sobre esa base de competitividad inmediata se emprendería el camino del incremento de la productividad. Así se ha hecho en otros lados y ha funcionado. Es una decisión de estado.
Pero los planes de los ministros de agricultura de Canadá y los Estados Unidos son otros: asegurar que México siga siendo un buen cliente de sus productores. Tienen, en este momento, dos poderosos motivos: maíz y azúcar.
Nuestros vecinos tuvieron una muy buena cosecha de maíz este año. Lo que provocó una caída del 33 por ciento del precio en esta temporada. Tienen mucho maíz que vender y bastante barato. Las puertas abiertas de México les van a permitir arrasar con la producción nacional. La publicación del programa sectorial de SAGARPA, donde se promete obtener la seguridad alimentaria para México para el fin de sexenio les ha preocupado. Pareciera que los ministros de agricultura de Canadá y Estados Unidos vinieron a asegurarse que eso quede en mera palabrería.
Justo en estos días en Estados Unidos se acusa a México de hacer dumping con un exceso de exportaciones de azúcar barata que daña a los productores norteamericanos. Sin embargo sus mismos analistas temen que si ellos cierran sus fronteras al azúcar mexicana, México podría cerrar las suyas a la fructosa norteamericana. Esos ministros vinieron a asegurarse que ellos si pueden proteger su producción y nosotros… como de costumbre.
Nuestro campo necesita una transformación profunda basada en el dialogo, en la discusión sin temor a las palabras fuertes. Estas siempre son mejores que la desintegración social, la violencia y el riesgo a la seguridad nacional que presenta la situación actual.
Pero lo que tenemos es un dialogo de sordo. Así, en singular, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni al de arriba ni a los de abajo.
Ante esta situación el Congreso Agrario Permanente, el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras y sectores del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas acordaron organizar foros paralelos para dialogar entre ellos y con otros sectores de la sociedad mexicana. Es un paso importante. Los foros de rollo mareador organizados por SAGARPA no les permitían hablar.
No se rehúsan a continuar en el dialogo con el gobierno sino todo lo contrario. Le piden a SAGARPA que no se agandalle el balón y sume a sus consultas a las secretarías de Medio Ambiente; de Desarrollo Agrario; de Desarrollo Social; de Economía y de Hacienda. La lógica es evidente: transformar al campo exige la participación de todos los que están del lado de la producción y la sociedad y, también, de todos los que desde el lado del gobierno diseñan la política pública.
¿No es eso lo que pidió el Presidente?
domingo, 25 de mayo de 2014
lunes, 19 de mayo de 2014
¿Que le duele a Mr. Google?
Faljoritmo
Jorge Faljo
La Corte de Justicia de la Unión Europea, que no es cualquier juzgado, sino el máximo tribunal de Europa, tomó una decisión que está cimbrando al internet, empezando por google.
Resulta que un ciudadano español demandó “ser olvidado”, una expresión del derecho a la privacidad que ya existe en la ley europea. Concretamente pidió que google no presente en su servicio de búsqueda la información de que en 1998 tuvo dificultades financieras al grado de que se le embargó una propiedad luego subastada para cubrir un adeudo. Hoy en día cuando alguien teclea su nombre en google surge de manera prominente aquel fantasma del pasado que, en su opinión, lo desprestigia y le dificulta seguir adelante en sus negocios.
La suprema corte europea determinó que el derecho de esta persona a la privacidad es superior al derecho del público a conocer esa información. Para tomar esta decisión consideró que esa información era vieja y poco relevante a la situación presente del demandante.
De ese modo los jueces reafirman que incluso si los servidores y la empresa son norteamericanos, si prestan servicios en sus países tendrán que cumplir sus leyes. Tiene grandes implicaciones porque han abierto la puerta a que muchos otros, que pueden ser millones, le soliciten a google que elimine de su buscador información personal que estaría en una categoría similar: obsoleta y poco relevante para el público, pero de alguna manera ofensiva para la privacidad del afectado.
No es fácil plantear ese tipo de demanda; para empezar tiene que contratar un abogado. Sin embargo la idea es que más adelante google y similares diseñen un proceso automatizado para atender este tipo de solicitudes.
Ante ello han surgido los defensores del derecho a la información que se oponen a lo que consideran censura del internet. Sobre todo porque no se pone en duda que la información sea verdadera. No obstante el asunto de fondo es ¿hasta dónde llega el derecho a saber sobre las vidas ajenas? Se requiere una respuesta cuidadosa porque ahora es posible saber demasiado sobre cualquier persona y lo peor es que internet no olvida.
Un asunto paralelo al derecho a ser olvidado es, en mi opinión, el derecho a cambiar de opinión o a olvidarse uno mismo de lo que hizo antes. Centenares de millones, tal vez con algo de imprudencia, colocan en las redes sociales fotos y mensajes que revelan mucho de sí mismos en un momento dado de sus vidas. Datos que tienen el potencial cada vez mayor de ser vistos por quienes no imaginaban: la pareja, los amigos, los jefes y socios del futuro.
Creo que para todos debe existir el derecho a borrar la información que han colocado en Facebook, twitter o un blog. Cierto que lo hicieron de manera voluntaria pero eso no significa que no puedan cambiar de opinión y de manera también voluntaria desaparecerlo. Hasta un delincuente una vez cumplida su condena tiene derecho a una nueva vida.
Porque habría de guardarse y ser accesible a cualquiera con un poco de maña tecnológica las fotos de aquel loco viaje a Acapulco, o el mensaje de despecho al romper una relación amorosa. Yo lo comparo al derecho legal a no inculparse uno mismo.
Un estudio reciente sobre las políticas de privacidad de las empresas de internet acaba de informar sobre los contratos que aparecen en la pantalla antes de poder hacer uso de un programa y que detallan sus reglas de uso. Para empezar sirven para que la empresa se proteja haciendo que el usuario ceda el uso de su información. Google y otras muchas empresas adquieren el derecho a recopilar información sobre los sitios visitados en internet, las fotos o videos vistos; incluso acceder a la cámara de video de la computadora, a conocer la imagen de la pantalla, a saber la ubicación precisa del usuario, las redes que emplea, su calendario de eventos y docenas de cosas más. Todas ellas relacionables con los datos personales del usuario.
La reciente noticia del hackeo por un periodista de los mensajes telefónicos de un príncipe inglés, de su novia y de sus amigos, revela lo que es posible hacerle a cualquiera en el marco de las nuevas tecnologías.
La pérdida de privacidad se facilita porque la gran mayoría de los usuarios acepta sin leer, de un solo teclazo, cualquier cosa que digan las reglas de la empresa. El estudio mencionado dice que el norteamericano promedio tendría que emplear unas 180 horas para leer todos los permisos originales y las modificaciones que acepta en el curso de un año. Peor; tendría que saber derecho para entender los alcances de lo que acepta.
Algunos de esas reglas son divertidas, o espeluznantes. Una compañía de internet puso en sus reglas que el primero en enviar un mensaje a cierto correo recibiría mil dólares. El premio lo reclamó un usuario cuatro meses después; lo que le sirvió para asegurarse que sus usuarios no leen las reglas.
Otra compañía estableció su derecho a inspeccionar la máquina del usuario en cualquier momento y en cualquier lugar donde se encontrara. Lo que ciertamente no hace; y el fundamento legal es más que dudoso. Las hay que prohíben el uso inmoral de su programa; sin que sea claro que es moral o inmoral desde su punto de vista. No faltan en esas reglas errores de “corta y pega”; un programa prohibía a sus usuarios transportar su computadora en avión; otros deslizan frases absurdas. Lo que significa que no solo los usuarios no los leen; al parecer tampoco sus ejecutivos.
El derecho a la privacidad no puede existir en el contexto de miles de contratos de uso hechos a modo; se requieren leyes de tipo general que sean irrenunciables.
Borrar información personal que no es de interés público no será fácil. Implica rediseñar programas, contar con procedimientos automatizados y personal que atienda esas demandas. Se afectaría un mercado de datos personales calculado en 250 mil millones de dólares anuales.
Pero tal vez lo más importante para muchos de nosotros sea nuestro derecho a la privacidad. Afortunadamente la corte europea ha decidido que el derecho al olvido es importante y debe hacerse efectivo.
Jorge Faljo
La Corte de Justicia de la Unión Europea, que no es cualquier juzgado, sino el máximo tribunal de Europa, tomó una decisión que está cimbrando al internet, empezando por google.
Resulta que un ciudadano español demandó “ser olvidado”, una expresión del derecho a la privacidad que ya existe en la ley europea. Concretamente pidió que google no presente en su servicio de búsqueda la información de que en 1998 tuvo dificultades financieras al grado de que se le embargó una propiedad luego subastada para cubrir un adeudo. Hoy en día cuando alguien teclea su nombre en google surge de manera prominente aquel fantasma del pasado que, en su opinión, lo desprestigia y le dificulta seguir adelante en sus negocios.
La suprema corte europea determinó que el derecho de esta persona a la privacidad es superior al derecho del público a conocer esa información. Para tomar esta decisión consideró que esa información era vieja y poco relevante a la situación presente del demandante.
De ese modo los jueces reafirman que incluso si los servidores y la empresa son norteamericanos, si prestan servicios en sus países tendrán que cumplir sus leyes. Tiene grandes implicaciones porque han abierto la puerta a que muchos otros, que pueden ser millones, le soliciten a google que elimine de su buscador información personal que estaría en una categoría similar: obsoleta y poco relevante para el público, pero de alguna manera ofensiva para la privacidad del afectado.
No es fácil plantear ese tipo de demanda; para empezar tiene que contratar un abogado. Sin embargo la idea es que más adelante google y similares diseñen un proceso automatizado para atender este tipo de solicitudes.
Ante ello han surgido los defensores del derecho a la información que se oponen a lo que consideran censura del internet. Sobre todo porque no se pone en duda que la información sea verdadera. No obstante el asunto de fondo es ¿hasta dónde llega el derecho a saber sobre las vidas ajenas? Se requiere una respuesta cuidadosa porque ahora es posible saber demasiado sobre cualquier persona y lo peor es que internet no olvida.
Un asunto paralelo al derecho a ser olvidado es, en mi opinión, el derecho a cambiar de opinión o a olvidarse uno mismo de lo que hizo antes. Centenares de millones, tal vez con algo de imprudencia, colocan en las redes sociales fotos y mensajes que revelan mucho de sí mismos en un momento dado de sus vidas. Datos que tienen el potencial cada vez mayor de ser vistos por quienes no imaginaban: la pareja, los amigos, los jefes y socios del futuro.
Creo que para todos debe existir el derecho a borrar la información que han colocado en Facebook, twitter o un blog. Cierto que lo hicieron de manera voluntaria pero eso no significa que no puedan cambiar de opinión y de manera también voluntaria desaparecerlo. Hasta un delincuente una vez cumplida su condena tiene derecho a una nueva vida.
Porque habría de guardarse y ser accesible a cualquiera con un poco de maña tecnológica las fotos de aquel loco viaje a Acapulco, o el mensaje de despecho al romper una relación amorosa. Yo lo comparo al derecho legal a no inculparse uno mismo.
Un estudio reciente sobre las políticas de privacidad de las empresas de internet acaba de informar sobre los contratos que aparecen en la pantalla antes de poder hacer uso de un programa y que detallan sus reglas de uso. Para empezar sirven para que la empresa se proteja haciendo que el usuario ceda el uso de su información. Google y otras muchas empresas adquieren el derecho a recopilar información sobre los sitios visitados en internet, las fotos o videos vistos; incluso acceder a la cámara de video de la computadora, a conocer la imagen de la pantalla, a saber la ubicación precisa del usuario, las redes que emplea, su calendario de eventos y docenas de cosas más. Todas ellas relacionables con los datos personales del usuario.
La reciente noticia del hackeo por un periodista de los mensajes telefónicos de un príncipe inglés, de su novia y de sus amigos, revela lo que es posible hacerle a cualquiera en el marco de las nuevas tecnologías.
La pérdida de privacidad se facilita porque la gran mayoría de los usuarios acepta sin leer, de un solo teclazo, cualquier cosa que digan las reglas de la empresa. El estudio mencionado dice que el norteamericano promedio tendría que emplear unas 180 horas para leer todos los permisos originales y las modificaciones que acepta en el curso de un año. Peor; tendría que saber derecho para entender los alcances de lo que acepta.
Algunos de esas reglas son divertidas, o espeluznantes. Una compañía de internet puso en sus reglas que el primero en enviar un mensaje a cierto correo recibiría mil dólares. El premio lo reclamó un usuario cuatro meses después; lo que le sirvió para asegurarse que sus usuarios no leen las reglas.
Otra compañía estableció su derecho a inspeccionar la máquina del usuario en cualquier momento y en cualquier lugar donde se encontrara. Lo que ciertamente no hace; y el fundamento legal es más que dudoso. Las hay que prohíben el uso inmoral de su programa; sin que sea claro que es moral o inmoral desde su punto de vista. No faltan en esas reglas errores de “corta y pega”; un programa prohibía a sus usuarios transportar su computadora en avión; otros deslizan frases absurdas. Lo que significa que no solo los usuarios no los leen; al parecer tampoco sus ejecutivos.
El derecho a la privacidad no puede existir en el contexto de miles de contratos de uso hechos a modo; se requieren leyes de tipo general que sean irrenunciables.
Borrar información personal que no es de interés público no será fácil. Implica rediseñar programas, contar con procedimientos automatizados y personal que atienda esas demandas. Se afectaría un mercado de datos personales calculado en 250 mil millones de dólares anuales.
Pero tal vez lo más importante para muchos de nosotros sea nuestro derecho a la privacidad. Afortunadamente la corte europea ha decidido que el derecho al olvido es importante y debe hacerse efectivo.
lunes, 12 de mayo de 2014
Economía: prohibidos los videntes
Faljoritmo
Jorge Faljo
Durante los últimos meses, y arreciando en los últimos días, se ha dado una intensa discusión sobre las expectativas de crecimiento económico para este año. Todo empezó con la Secretaría de Hacienda afirmando que este año vamos a crecer un 3.9 por ciento. Desde el principio pareció una afirmación optimista pero conforme avanza el año parece cada vez más fuera de lugar.
Hace unas semanas la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio revelaba una caída neta del consumo del orden del 5.4 por ciento en las ventas (en tiendas comparables). Estos y otros datos de fuentes privadas fueron descalificados por Hacienda para insistir en que mantenía su previsión de crecimiento.
Desde el sector privado se hacen otros cálculos, inferiores a los de Hacienda. Los economistas de varios bancos y agentes financieros (Banorte, HSBC, Scotiabank, Moody´s, Base y otros) hablan de debilidad de sectores como el de la construcción y de un impacto negativo de las medidas fiscales. Prácticamente todos ajustaron sus previsiones de crecimiento cercanas al 3.3 por ciento a cifras entre el 2.7 y el 2.9 por ciento.
Entretanto los analistas del sector privado encuestados por el Banco de México recortaron su previsión de crecimiento del 3.09 al 3.01 por ciento. Resaltaron en este caso la debilidad del mercado interno, la inseguridad, la política fiscal que se está instrumentando y el elevado costo del financiamiento, entre otros.
El Fondo Monetario Internacional calcula el crecimiento de México para este año en un tres por ciento. El Banco de México acaba de reducir su expectativa del rango del 3 al 4 por ciento al rango del 2 al 3 por ciento.
Hacienda entretanto sostiene su previsión del 3.9 por ciento en una especie de apuesta en la que se juega su credibilidad ya algo deteriorada porque el año pasado dijo que creceríamos un 3.4 por ciento y terminamos en un mísero 1.2 por ciento.
Dicen que predecir es difícil; sobre todo el futuro. Pero todos parecen entrarle alegremente a un juego que cada vez parece más… bizantino.
Se dice que cuando los turcos rodeaban Constantinopla, la capital del imperio bizantino, el emperador, los obispos y la elite se ocupaban en discutir cuanto pesaba un ángel, si eran o no hermafroditas y cuántos de estos seres espirituales cabían parados en la punta de un alfiler. Ahora se habla de discusiones bizantinas cuando se pierde el tiempo en asuntos sin sentido y no se atienden los peligros inminentes.
Predecir cuanto vamos a crecer es como dejar el asunto en manos del destino; además se limita la discusión a un asunto meramente cuantitativo. Lo que habría que discutir son los cambios de fondo, cualitativos, que requiere la economía. Banco de México fue claro al decir que incluso si se crece al 3 por ciento eso no será suficiente para generar empleos y bienestar.
Entretenidos en las adivinanzas causó impacto que el INEGI diera cifras reales de lo que si ocurre. Cifras que casi todos interpretan como señales de que estamos en recesión económica. Al parecer ya solo Hacienda no lo cree.
Por mi parte le doy mucho más peso a los datos firmes del pasado que a las adivinanzas. Llevamos décadas de estancamiento y empobrecimiento debido a políticas que no se modifican. La Comisión Económica para América Latina señala que somos uno de los dos únicos países en los que el salario mínimo del 2012 fue menor al del 2007.
Las reformas estructurales primero prometieron bienestar inmediato y ahora dicen que siempre no; que se tardará y a fin de cuentas dependerá de otras cosas. El asunto es que la economía no marcha y la sociedad se ve cada vez más maltratada y empobrecida. Habría que reconsiderar el diagnóstico y plantearse otro tipo de discusión, ya no de meros números sino de cambios cualitativos mucho más efectivos.
Desde la trinchera del Distrito Federal el jefe de gobierno, Miguel Mancera, convoca a un debate nacional sobre la política de salarios mínimos. Señala que la estrategia de devaluarlos para conseguir competitividad internacional ha fallado y que tal vez lo que se requiere es elevarlos substancialmente para crear un mercado interno fuerte. Incluso se discute ahora la posibilidad de que mediante un nuevo marco jurídico el Distrito Federal pueda determinar su propio salario mínimo local. Una idea que se expresó en esta columna tal vez por vez primera.
Aprovecho para repetir propuestas. Hay que imitar las políticas de creación monetaria de otros países. Imprimir más dinero y que con eso el Banco de México compre la deuda pública interna del gobierno de México (Fobaproa y otras) y nos libere de ese yugo. Como le hacen los Estados Unidos, Japón y recién lo aceptó Europa.
Urge diseñar una política industrial que puede ser únicamente nacional o en el contexto del TLC. En cualquiera caso el cambio de fondo sería equilibrar el comercio con China; podemos hacerlo solos o invitar a acompañarnos a los Estados Unidos y Canadá. Sería una oportunidad para que México les haga una propuesta que sin duda encontrará aliados entre muchos ciudadanos de esos países.
Hay que reactivar todo el aparato productivo; esto puede ser una fuente de riqueza y bienestar inmediata, movilizadora del trabajo de millones y con muy bajos requerimientos de inversión. Es un enorme potencial productivo que puede volver a operar en un contexto de mercado redefinido por el estado.
Dado el fracaso ya innegable de la globalización hay que volver la mirada a lo que funcionó bien antes de este periodo nefasto. Hay que reconstruir un estado fuerte, que sea verdadero rector de la economía y reasuma sus responsabilidades constitucionales en relación a garantizar el bienestar de la población. Un ejemplo sería tomar en serio el derecho humano a la alimentación.
Es mejor abandonar dogmas, regular el intercambio externo y el mercado interno y fortalecer la base social del estado que observar cómo se desmorona la gobernabilidad, la economía y la sociedad.
Jorge Faljo
Durante los últimos meses, y arreciando en los últimos días, se ha dado una intensa discusión sobre las expectativas de crecimiento económico para este año. Todo empezó con la Secretaría de Hacienda afirmando que este año vamos a crecer un 3.9 por ciento. Desde el principio pareció una afirmación optimista pero conforme avanza el año parece cada vez más fuera de lugar.
Hace unas semanas la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio revelaba una caída neta del consumo del orden del 5.4 por ciento en las ventas (en tiendas comparables). Estos y otros datos de fuentes privadas fueron descalificados por Hacienda para insistir en que mantenía su previsión de crecimiento.
Desde el sector privado se hacen otros cálculos, inferiores a los de Hacienda. Los economistas de varios bancos y agentes financieros (Banorte, HSBC, Scotiabank, Moody´s, Base y otros) hablan de debilidad de sectores como el de la construcción y de un impacto negativo de las medidas fiscales. Prácticamente todos ajustaron sus previsiones de crecimiento cercanas al 3.3 por ciento a cifras entre el 2.7 y el 2.9 por ciento.
Entretanto los analistas del sector privado encuestados por el Banco de México recortaron su previsión de crecimiento del 3.09 al 3.01 por ciento. Resaltaron en este caso la debilidad del mercado interno, la inseguridad, la política fiscal que se está instrumentando y el elevado costo del financiamiento, entre otros.
El Fondo Monetario Internacional calcula el crecimiento de México para este año en un tres por ciento. El Banco de México acaba de reducir su expectativa del rango del 3 al 4 por ciento al rango del 2 al 3 por ciento.
Hacienda entretanto sostiene su previsión del 3.9 por ciento en una especie de apuesta en la que se juega su credibilidad ya algo deteriorada porque el año pasado dijo que creceríamos un 3.4 por ciento y terminamos en un mísero 1.2 por ciento.
Dicen que predecir es difícil; sobre todo el futuro. Pero todos parecen entrarle alegremente a un juego que cada vez parece más… bizantino.
Se dice que cuando los turcos rodeaban Constantinopla, la capital del imperio bizantino, el emperador, los obispos y la elite se ocupaban en discutir cuanto pesaba un ángel, si eran o no hermafroditas y cuántos de estos seres espirituales cabían parados en la punta de un alfiler. Ahora se habla de discusiones bizantinas cuando se pierde el tiempo en asuntos sin sentido y no se atienden los peligros inminentes.
Predecir cuanto vamos a crecer es como dejar el asunto en manos del destino; además se limita la discusión a un asunto meramente cuantitativo. Lo que habría que discutir son los cambios de fondo, cualitativos, que requiere la economía. Banco de México fue claro al decir que incluso si se crece al 3 por ciento eso no será suficiente para generar empleos y bienestar.
Entretenidos en las adivinanzas causó impacto que el INEGI diera cifras reales de lo que si ocurre. Cifras que casi todos interpretan como señales de que estamos en recesión económica. Al parecer ya solo Hacienda no lo cree.
Por mi parte le doy mucho más peso a los datos firmes del pasado que a las adivinanzas. Llevamos décadas de estancamiento y empobrecimiento debido a políticas que no se modifican. La Comisión Económica para América Latina señala que somos uno de los dos únicos países en los que el salario mínimo del 2012 fue menor al del 2007.
Las reformas estructurales primero prometieron bienestar inmediato y ahora dicen que siempre no; que se tardará y a fin de cuentas dependerá de otras cosas. El asunto es que la economía no marcha y la sociedad se ve cada vez más maltratada y empobrecida. Habría que reconsiderar el diagnóstico y plantearse otro tipo de discusión, ya no de meros números sino de cambios cualitativos mucho más efectivos.
Desde la trinchera del Distrito Federal el jefe de gobierno, Miguel Mancera, convoca a un debate nacional sobre la política de salarios mínimos. Señala que la estrategia de devaluarlos para conseguir competitividad internacional ha fallado y que tal vez lo que se requiere es elevarlos substancialmente para crear un mercado interno fuerte. Incluso se discute ahora la posibilidad de que mediante un nuevo marco jurídico el Distrito Federal pueda determinar su propio salario mínimo local. Una idea que se expresó en esta columna tal vez por vez primera.
Aprovecho para repetir propuestas. Hay que imitar las políticas de creación monetaria de otros países. Imprimir más dinero y que con eso el Banco de México compre la deuda pública interna del gobierno de México (Fobaproa y otras) y nos libere de ese yugo. Como le hacen los Estados Unidos, Japón y recién lo aceptó Europa.
Urge diseñar una política industrial que puede ser únicamente nacional o en el contexto del TLC. En cualquiera caso el cambio de fondo sería equilibrar el comercio con China; podemos hacerlo solos o invitar a acompañarnos a los Estados Unidos y Canadá. Sería una oportunidad para que México les haga una propuesta que sin duda encontrará aliados entre muchos ciudadanos de esos países.
Hay que reactivar todo el aparato productivo; esto puede ser una fuente de riqueza y bienestar inmediata, movilizadora del trabajo de millones y con muy bajos requerimientos de inversión. Es un enorme potencial productivo que puede volver a operar en un contexto de mercado redefinido por el estado.
Dado el fracaso ya innegable de la globalización hay que volver la mirada a lo que funcionó bien antes de este periodo nefasto. Hay que reconstruir un estado fuerte, que sea verdadero rector de la economía y reasuma sus responsabilidades constitucionales en relación a garantizar el bienestar de la población. Un ejemplo sería tomar en serio el derecho humano a la alimentación.
Es mejor abandonar dogmas, regular el intercambio externo y el mercado interno y fortalecer la base social del estado que observar cómo se desmorona la gobernabilidad, la economía y la sociedad.
domingo, 4 de mayo de 2014
Para un nuevo campo hay que salirse del huacal
Faljoritmo
Jorge Faljo
La anunciada reforma del campo creó una gran inquietud entre la población rural y sus organizaciones. Afortunadamente en el encuentro del 5 de marzo el Presidente Peña Nieto aclaró que su gobierno no propondría modificaciones a las modalidades de propiedad. Más importante aún es que definió la reforma al campo como el producto de un gran acuerdo de todos los sectores e instruyó al titular de SAGARPA para convocar, de manera rápida, a foros de dialogo donde las organizaciones de productores rurales hagan sus propuestas.
Pero las cosas no son tan sencillas y la consulta no arranca debido a desacuerdos de fondo. SAGARPA parece haber entendido que se trataba de validar su Programa Sectorial. Las organizaciones de productores creen que se trata de una real consulta, de fondo, para corregir un rumbo profundamente equivocado en lo económico y social.
Un problema importante es que transformar el campo implica revisar las políticas, estructuras y reglamentos que tienen que ver con la comercialización de productos básicos; las importaciones y exportaciones; las concesiones mineras; el uso del agua; cuestiones ecológicas y forestales; crédito rural y otros. Y todas estas actividades corresponden a diversas entidades públicas.
El Presidente instruyó una consulta integral, “con toda transparencia y con toda apertura” donde participen los productores y las instancias de gobierno (así, en plural).
Sin embargo la consulta bien entendida obliga a algo muy difícil para la administración pública: coordinarse y concertar acciones entre sí. Peor aún, las organizaciones de productores no son un grupo de focas aplaudidoras. Su diagnóstico es contundente; el rumbo está equivocado y requiere correcciones de fondo.
Hay que decir con toda claridad, para que se empiece a digerir por los altos funcionarios: la transformación del campo pasa por la transformación del estado. No podrán ver los toros desde la barrera. La transformación del campo es en primer lugar la transformación del estado; de sus estructuras, normas y formas de operar.
Del lado de los productores hay signos muy positivos. En primer lugar tolerancia mutua; tal vez porque todos han sido muy golpeados, sobre todo en los últimos 12 años y porque se sienten solidarios al enfrentar cotidianamente una burocracia que en lo esencial sigue siendo panista.
Los primeros documentos que han presentado la Confederación Nacional Campesina, el Frente Autentico del Campo, el Congreso Agrario Permanente; el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros muestran que comparten el mismo diagnóstico esencial, el fracaso de las estrategias de las últimas décadas, e incluso propuestas muy similares.
Más que desacuerdos de fondo veo como riesgo la posibilidad de que la consulta desemboque en un número de propuestas excesivas entre las cuales la burocracia decida que puede atender las menos relevantes. Por ello si pudiera dar un consejo a las organizaciones rurales les diría que deben aprovechar la consulta para, en primer lugar, consensar entre ellos mismos un pequeño número de propuestas cada una de las cuales sea de gran capacidad transformadora.
Digo que conviene plantear muy pocas propuestas y, además, concentrarse en las que significan cambios de fondo en la forma de actuar de las instituciones. No se trata de pelear más presupuesto sino cambios de política.
Promover la pequeña producción implica que el estado establezca una relación directa, con sus propios técnicos, para cosas tan fundamentales como dar apoyo técnico y promover la organización para la comercialización. Esto significa que por lo menos para este sector los recursos no se deben asignar por concursos, convocatorias en internet y agentes privados porque esta estrategia solo conviene a los productores comerciales que pueden pagarse asesorías y están bien relacionados.
Hay que integrar la política social y la productiva. Nada más sencillo que otorgar los apoyos asistenciales en un nuevo sistema de cupones y vales que permitan consumir productos básicos comprados en las 22 mil tiendas del programa de abasto rural que hay en el país. Estas tiendas se abastecerían en el sector social y la pequeña producción de cada región reactivando recursos productivos que se encuentran subutilizados porque ya no pueden acceder a los canales de comercialización modernizados.
Debe crearse una red de reservas alimentarias en los planos nacional, regional y comunitario basadas en compras a los pequeños productores. Hay que promover la organización de productores y consumidores de formas que limiten los márgenes de comercialización abusivos.
Los productores agropecuarios deben salirse del huacal y opinar sobre el modelo de desarrollo en su conjunto para plantear alianzas con otros sectores. Deben señalar que no pueden competir con un peso sobrevaluado; con ello se estarían aliando a otros segmentos de la producción que tienen el mismo problema. O, por lo menos debe compensarse la sobrevaluación mediante aranceles a las importaciones hasta conseguir niveles de rentabilidad que permitan producir, invertir y mejorar la productividad de manera sostenida.
Elevar la rentabilidad agropecuaria habrá de enfrentar las afirmaciones de que va en contra de los trabajadores y los consumidores. Hay que aclarar que la baja del poder adquisitivo no es culpa de los productores agropecuarios; por el contrario, los ha dañado. Por eso deben proponer una inmediata recuperación del salario mínimo real. Los ingresos de los trabajadores del campo y la ciudad deben incrementarse de manera simultánea y ello es posible si se hace sin incrementar las importaciones y mediante la reactivación productiva.
Pero lejos de enfrentar a los trabajadores con el empresariado debe entenderse que requerimos de una política industrial que promueva la sustitución de importaciones y pueda construirse sobre la plataforma de un mercado interno en crecimiento vigoroso.
En fin, hay que abrir puertas a los cambios cualitativos y combatir las inercias. No es este un debate de pesos y centavos sino de cambio de rumbos.
Jorge Faljo
La anunciada reforma del campo creó una gran inquietud entre la población rural y sus organizaciones. Afortunadamente en el encuentro del 5 de marzo el Presidente Peña Nieto aclaró que su gobierno no propondría modificaciones a las modalidades de propiedad. Más importante aún es que definió la reforma al campo como el producto de un gran acuerdo de todos los sectores e instruyó al titular de SAGARPA para convocar, de manera rápida, a foros de dialogo donde las organizaciones de productores rurales hagan sus propuestas.
Pero las cosas no son tan sencillas y la consulta no arranca debido a desacuerdos de fondo. SAGARPA parece haber entendido que se trataba de validar su Programa Sectorial. Las organizaciones de productores creen que se trata de una real consulta, de fondo, para corregir un rumbo profundamente equivocado en lo económico y social.
Un problema importante es que transformar el campo implica revisar las políticas, estructuras y reglamentos que tienen que ver con la comercialización de productos básicos; las importaciones y exportaciones; las concesiones mineras; el uso del agua; cuestiones ecológicas y forestales; crédito rural y otros. Y todas estas actividades corresponden a diversas entidades públicas.
El Presidente instruyó una consulta integral, “con toda transparencia y con toda apertura” donde participen los productores y las instancias de gobierno (así, en plural).
Sin embargo la consulta bien entendida obliga a algo muy difícil para la administración pública: coordinarse y concertar acciones entre sí. Peor aún, las organizaciones de productores no son un grupo de focas aplaudidoras. Su diagnóstico es contundente; el rumbo está equivocado y requiere correcciones de fondo.
Hay que decir con toda claridad, para que se empiece a digerir por los altos funcionarios: la transformación del campo pasa por la transformación del estado. No podrán ver los toros desde la barrera. La transformación del campo es en primer lugar la transformación del estado; de sus estructuras, normas y formas de operar.
Del lado de los productores hay signos muy positivos. En primer lugar tolerancia mutua; tal vez porque todos han sido muy golpeados, sobre todo en los últimos 12 años y porque se sienten solidarios al enfrentar cotidianamente una burocracia que en lo esencial sigue siendo panista.
Los primeros documentos que han presentado la Confederación Nacional Campesina, el Frente Autentico del Campo, el Congreso Agrario Permanente; el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros muestran que comparten el mismo diagnóstico esencial, el fracaso de las estrategias de las últimas décadas, e incluso propuestas muy similares.
Más que desacuerdos de fondo veo como riesgo la posibilidad de que la consulta desemboque en un número de propuestas excesivas entre las cuales la burocracia decida que puede atender las menos relevantes. Por ello si pudiera dar un consejo a las organizaciones rurales les diría que deben aprovechar la consulta para, en primer lugar, consensar entre ellos mismos un pequeño número de propuestas cada una de las cuales sea de gran capacidad transformadora.
Digo que conviene plantear muy pocas propuestas y, además, concentrarse en las que significan cambios de fondo en la forma de actuar de las instituciones. No se trata de pelear más presupuesto sino cambios de política.
Promover la pequeña producción implica que el estado establezca una relación directa, con sus propios técnicos, para cosas tan fundamentales como dar apoyo técnico y promover la organización para la comercialización. Esto significa que por lo menos para este sector los recursos no se deben asignar por concursos, convocatorias en internet y agentes privados porque esta estrategia solo conviene a los productores comerciales que pueden pagarse asesorías y están bien relacionados.
Hay que integrar la política social y la productiva. Nada más sencillo que otorgar los apoyos asistenciales en un nuevo sistema de cupones y vales que permitan consumir productos básicos comprados en las 22 mil tiendas del programa de abasto rural que hay en el país. Estas tiendas se abastecerían en el sector social y la pequeña producción de cada región reactivando recursos productivos que se encuentran subutilizados porque ya no pueden acceder a los canales de comercialización modernizados.
Debe crearse una red de reservas alimentarias en los planos nacional, regional y comunitario basadas en compras a los pequeños productores. Hay que promover la organización de productores y consumidores de formas que limiten los márgenes de comercialización abusivos.
Los productores agropecuarios deben salirse del huacal y opinar sobre el modelo de desarrollo en su conjunto para plantear alianzas con otros sectores. Deben señalar que no pueden competir con un peso sobrevaluado; con ello se estarían aliando a otros segmentos de la producción que tienen el mismo problema. O, por lo menos debe compensarse la sobrevaluación mediante aranceles a las importaciones hasta conseguir niveles de rentabilidad que permitan producir, invertir y mejorar la productividad de manera sostenida.
Elevar la rentabilidad agropecuaria habrá de enfrentar las afirmaciones de que va en contra de los trabajadores y los consumidores. Hay que aclarar que la baja del poder adquisitivo no es culpa de los productores agropecuarios; por el contrario, los ha dañado. Por eso deben proponer una inmediata recuperación del salario mínimo real. Los ingresos de los trabajadores del campo y la ciudad deben incrementarse de manera simultánea y ello es posible si se hace sin incrementar las importaciones y mediante la reactivación productiva.
Pero lejos de enfrentar a los trabajadores con el empresariado debe entenderse que requerimos de una política industrial que promueva la sustitución de importaciones y pueda construirse sobre la plataforma de un mercado interno en crecimiento vigoroso.
En fin, hay que abrir puertas a los cambios cualitativos y combatir las inercias. No es este un debate de pesos y centavos sino de cambio de rumbos.
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