¿Y si los campesinos existen?

Faljoritmo

Jorge Faljo

De nueva cuenta, como hace cien años, nuestra sociedad se empieza a cimbrar por el conflicto en torno a las grandes definiciones sobre la posesión y el uso de la tierra. Afortunadamente en esta ocasión la batalla ocurre dentro de los cauces de la institucionalidad y el dialogo. Pero no por ello habría que minimizar el tamaño, enorme, de lo que se encuentra en juego y lo divergente de las posiciones enfrentadas.

Cuando el 5 de marzo pasado el Presidente Peña Nieto hizo el compromiso de una reforma al campo para “liberar el potencial, la fortaleza y el crecimiento de la actividad del campo” y hacerlo un espacio de vida digna llamó a una gran consulta a todos los interesados. Aclaró que el gobierno “ni ha propuesto, ni propondrá, iniciativa alguna que modifique el régimen de propiedad social que hay en el país”. Se trata, dijo de construir un gran acuerdo para reformar a fondo al campo.

Nadie pareció darse cuenta en ese momento que la liebre saltaría por un lado inesperado; no el de la reforma del campo, sino el de la reforma energética. Pero, ¿qué tiene que ver la reforma energética con los campesinos?

Pues todo, porque afecta a lo principal: la posesión efectiva y el usufructo de la tierra. Resulta que la Reforma Constitucional en materia energética tiene agazapado pero amenazante, un artículo octavo que dice que la extracción de hidrocarburos (petróleo) es de interés social y orden público por lo que tendrá preferencia sobre cualquier otro aprovechamiento de la superficie y del subsuelo. Añade que la ley preverá la contraprestación o indemnización por la “ocupación de la superficie” para esas actividades.

Es decir que sin expropiación ni cambio de propiedad la tierra puede ser “ocupada” por los empresarios privados para actividades de extracción de hidrocarburos, durante el tiempo que sea necesario. Habrá un nuevo esquema de resolución ultrarrápida de estos litigios que se podría traducir en la pérdida casi inmediata de las tierras reclamadas por el sector privado (transnacional en buena medida). A cambio de una compensación negociada, y si la negociación fracasa la fija el gobierno.

La amenaza de estas ocupaciones legales por tiempo indefinido está levantando ámpula entre las comunidades campesinas, trátese de ejidos o de pequeños propietarios. Algunos dicen que tras la extracción de hidrocarburos se les devolverían tierras contaminadas e inservibles.

Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética en la Edificación (AEAEE) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) previenen sobre los riesgos de las nuevas tecnologías de fracturación hidráulica, por la enorme cantidad de agua que necesitan y por los riesgos de contaminación de mantos acuíferos. Consideran que el derecho legal a un medio ambiente sano es prioritario.

Otros consideran prioritarios los derechos humanos a la alimentación, a la producción y la subsistencia, a la integridad comunitaria y familiar (que se verían todavía más fracturadas) y a la dignidad, tan duramente conquistada, de la clase campesina.

La diferencia de posiciones hace prever una situación conflictiva que se dirimirá tanto mediante recursos legales como mediante acciones pragmáticas. Simplemente recordemos el intento de expropiar las tierras de Atenco para hacer un aeropuerto; solo que ahora la magnitud sería tamaño bestia.

Vale preguntarse ¿porque nuestras elites establecen legalmente que la extracción de hidrocarburos tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad? Petróleo no nos falta; tan nos sobra que seguimos exportando. Alimentos si faltan y el compromiso del gobierno es incrementar su producción hasta conseguir la soberanía alimentaria.

La única respuesta que se me ocurre es que nuestras elites no creen en la producción nacional, y menos en la pobretona; lo que quieren son empresas transnacionales. Piensan que la inversión externa modernizará al país y se apresuran a promover la venta de las empresas nacionales. Una parte de la industria se destruyó, otra parte se vendió al exterior, quedan migajas y esas no importan. A menos que también se puedan vender.

También están preocupadas porque el país no exporta lo suficiente para pagar nuestra adicción a las importaciones y los intereses que adeudamos. Nos advierten que la estabilidad se encuentra en riesgo por un potencial reflujo de capitales hacia el exterior. El riesgo existe y bien puede concretarse antes del fin de sexenio. Sostener esta paridad cambiaria sobrevaluada y los valores de las acciones es lo prioritario, y para eso se requiere la entrada de muchos dólares.

Así que ahora se pone a remate la propiedad o posesión efectiva de la tierra. Pero, ¿y si, contra lo que piensan las elites, los campesinos si existen?