Jorge Faljo
Un pensamiento positivo por la mañana puede cambiar tu día. Ve el lado bueno de la vida. Fuera el desaliento, toma un buen café, lee tu horóscopo y aléjate de las malas vibras. Si lo haces, oirás cantar a los pajaritos.
Mensajes similares inundan el Whatsapp, el face y el pizarrón de anuncios de muchas oficinas. No faltan amigos que buscan inspiración, o tranquilidad, en esta línea de pensamiento y los respeto. Pero cuando este enfoque se revela como filosofía presidencial, y del mensaje a la nación, la cosa toma otro cariz.
Hasta hace unos días me inquietaba el posible contenido del Informe Presidencial. La producción total, en particular la agropecuaria e industrial, se redujeron en el segundo trimestre. La deuda pública y el déficit en cuenta corriente se han disparado y ponen en duda tanto la solidez de las finanzas públicas como las del país.
Las promesas públicas de crecimiento económico y bienestar para la población se han hecho polvo. Desde la academia se cuestionan los intentos de maquillar aún más las cifras de pobreza.
La seguridad pública y el combate a la criminalidad no mejoran. A duras penas en el sexenio pasado se aceptó que entre las decenas de miles de muertos había víctimas inocentes. Ahora estamos en el trance de aceptar que el problema de la inseguridad, más allá de la mera incapacidad tiene que ver con pasividad, corrupción e incluso colusión de distintas autoridades.
Los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no dejan duda sobre la gravedad del problema de derechos humanos y la ausencia del imperio de la ley en México.
Del “momento de México” tan pregonado y celebrado hace unos años, cuando el presidente y alguno de sus secretarios aparecían en portadas internacionales, hemos pasado al desprestigio extremo.
Entonces, ¿Qué iba a informar el C. Presidente?
Muchos esperábamos que la ausencia generalizada de buenos datos daría lugar a algunas decisiones espectaculares en esta semana recién pasada. Tal vez hasta cambios de fondo en la conducción económica, la política industrial y agropecuaria; o en los derechos de los trabajadores y el salario mínimo; o en las relaciones comerciales con el exterior con el objetivo de proteger la producción interna.
Oportunidades de cambio abundan cuando casi nada marcha bien. Tal vez un simple cambio de caras en el gabinete presidencial que apuntara a una corrección del rumbo. Algo positivo o esperanzador, pues.
También estaba el temor a un golpe de mano represivo para presumir que se había impuesto la ley y el orden. Lo que afortunadamente queda descartado, creo, ante el anuncio de un encuentro con jóvenes, que no serán los dignos chicos de la Ibero al escuchar la justificación de Atenco, pero igual podrían reaccionar en contra de una mala presunción.
Pero la salida al problema de qué informar es otra, e inesperada. Para el presidente Peña Nieto lo que debe prevalecer son las buenas noticias y no las malas. Buenas noticias hay muchas, dice, y desde la presidencia se ha hecho una cuidadosa selección de ellas que, transformadas en spots publicitarios, se convierten en el eje del mensaje presidencial.
Gracias a la señora que recibió un crédito para vivienda olvidaremos a los 25.4 millones sin servicios básicos en la vivienda y a los 34 millones que viven en condiciones de hacinamiento.
El mensaje de la señora que recibió tratamiento médico apropiado puede hacernos creer que la atención es oportuna, sin largas filas ni meses de espera, con abasto de medicinas, que ninguna mujer muere de parto en el baño o en las puertas del hospital y, sobre todo, perder de vista que hay 22 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud.
La dama que tuvo la fortuna de alimentar a su familia en un comedor comunitario sustituirá en nuestras mentes a los 28 millones en carencia alimentaria. Los magníficos jóvenes campeones mundiales en robótica opacan el hecho de que 90 por ciento de los aspirantes son rechazados en las universidades públicas debido a décadas de abandono del sector.
Por el exitoso compa exportador de aguacate haremos caso omiso al incumplimiento de la promesa presidencial de que en 2018 el 75 por ciento del abasto de los seis principales granos básicos de la dieta nacional se producirían internamente.
La estrategia de difusión del cuarto informe eleva al pensamiento positivo al rango de política pública. Al mismo nivel que la manipulación estadística y las predicciones esperanzadoras, siempre incumplidas. Al tiempo queda si estas cortinas de humo pueden justificar la inacción; la falta de capacidad para corregir el rumbo.
Le atribuyen a Einstein haber dicho que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Está en duda que lo haya dicho, pero no por ello la frase es menos cierta. El caso es que esta administración no ha hecho sino repetir llevando al extremo las estrategias de las últimas tres y media décadas. Sus promesas de cambio desembocan a fin de cuentas en no más que el nuevo formato del mensaje a la nación: un encuentro y dialogo con jóvenes para, al parecer, explicarles las bondades del pensamiento positivo.
Los invito a reproducir con entera libertad y por cualquier medio los escritos de este blog. Solo espero que, de preferencia, citen su origen.
sábado, 27 de agosto de 2016
sábado, 20 de agosto de 2016
Ganancias acrobáticas
Jorge Faljo
La expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938 fue la culminación de una lucha obrera por el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. Posteriormente se transformó en un conflicto entre el gobierno y las empresas privadas extranjeras que llegó, por parte de estas últimas al desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando decidió en favor de los trabajadores.
Las empresas alegaban que elevar los salarios las llevaría a la quiebra. Sin embargo “El Águila”, subsidiaria de la petrolera Shell, holandesa, vendía el petróleo mexicano a su matriz a 1.96 dólares el barril cuando este se cotizaba a 3.19 dólares en el mercado internacional. De este modo las ganancias se escapaban del país sin tener que pagar impuestos en México. Se escapaba también el potencial de inversión y, a cambio se daba una supuesta atracción de capitales externos.
El truco está en el manejo de los precios de transferencia, aquellos que las empresas determinan para la compra - venta entre filiales. La empresa productora de un conglomerado puede venderle muy barato y comprarle muy caro a su filial ubicada en un paraíso fiscal. De este modo la productora tiene pérdidas mientras la no productora, tal vez ubicada en una oficinita sin empleados acapara las ganancias. Ni siquiera se requiere que la mercancía haya pasado físicamente por un paraíso fiscal y laboral como Luxemburgo, Panamá o las Islas Caimán.
Tales manejos han dado lugar a una acrobacia internacional de las ganancias en la que ya no se sabe dónde quedó la bolita. Esto afecta todos los países y en particular a los más pobres y menos vigilantes de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-, el club de los 34 países más ricos del planeta. Se trata de un esquema financiero que despoja a los países, ciudadanos y gobiernos (muchas veces complacientes) de recursos imprescindibles para el crecimiento económico y crea un sistema fiscal mundial tremendamente desigual.
Para enfrentar esta situación la OCDE propone “medidas fuertes” que ubiquen las ganancias y los impuestos correspondientes en los países donde realmente se genera la producción. Lo que sería posible si el trato entre matrices y filiales se hiciera a precios de mercado, como si fueran empresas distintas entre sí y no parte del mismo conglomerado.
De acuerdo a la OCDE los grandes conglomerados no se comportan de acuerdo a las reglas del mercado cuando les conviene. Forzarlos a ello requiere marcos legales apropiados y, sobre todo, fuerte supervisión gubernamental.
También a la Comisión Económica para la América Latina le preocupa el asunto. Alicia Barcena, esa estupenda mexicana que dirige la CEPAL, manifiesta que el sistema tributario internacional, arcaico y disfuncional, proporciona a las empresas y a los ricos amplias oportunidades para no pagar los impuestos que les corresponden en justicia. Cada año se escapan y se esconden cientos de miles de millones de dólares de América Latina en paraísos fiscales. Un pequeño botón de muestra fue el asunto de los “Panama Papers”.
Pero no se piense que el juego del escondite de las ganancias se limita a los conglomerados internacionales. Ya el presidente López Portillo había hablado de “empresarios ricos con empresas pobres”; es decir a la práctica empresarial de despojar a sus propias empresas para escabullir lo que le corresponde a gobierno y trabajadores. Un ejemplo es el caso de Mexicana de Aviación, que fue llevada a una quiebra que le dio grandes ganancias a su dueño y despojó a los trabajadores.
Y aunque no se trata de prácticas modernas lo cierto es que han adquirido barniz de legalidad en los últimos años. Me refiero en particular a la reforma laboral que legaliza la tercerización de la contratación de trabajadores, el llamado “outsourcing”. Bajo esta modalidad los trabajadores formalmente trabajan en empresas pantalla que no tienen bienes con los cuales responder a sus obligaciones laborales. Entretanto la empresa realmente productiva puede funcionar sin que tenga, a los ojos de la justicia cegatona, trabajadores.
Por cierto, para ser una outsourcing no se requiere colocar un letrero o señal legal que lo declare. Algunas de estas empresas evitan cuidadosamente llamar empleados o incluso trabajadores a los que ejercen sus tareas sustantivas. Son más bien “colaboradores” o “asociados” contratados por “otra” empresa que puede tener un nombre engañosamente parecido pero que no es legalmente la empresa productiva. Incluso podemos sospechar que muchos trabajadores no saben que trabajan para un patrón pantalla.
Las maromas contables, internacionales y nacionales, que deslindan la ganancia de la planta productiva, incluso del país de origen, se han convertido en un extenso mecanismo que defrauda al gobierno, a los trabajadores y a la sociedad toda al restarle posibilidades de desarrollo.
Ubicar las responsabilidades patronales, fiscales y laborales en la empresa que verdaderamente produce y genera las ganancias es un imperativo de justicia social, e incluso de desarrollo nacional. Del otro lado de la ecuación se requiere promover una verdadera democracia sindical. Y transparencia en ambos lados. Cambios que deberían estar en la agenda de un gobierno, y sobre todo de un legislativo, verdaderamente comprometidos con la nación.
La expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938 fue la culminación de una lucha obrera por el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. Posteriormente se transformó en un conflicto entre el gobierno y las empresas privadas extranjeras que llegó, por parte de estas últimas al desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando decidió en favor de los trabajadores.
Las empresas alegaban que elevar los salarios las llevaría a la quiebra. Sin embargo “El Águila”, subsidiaria de la petrolera Shell, holandesa, vendía el petróleo mexicano a su matriz a 1.96 dólares el barril cuando este se cotizaba a 3.19 dólares en el mercado internacional. De este modo las ganancias se escapaban del país sin tener que pagar impuestos en México. Se escapaba también el potencial de inversión y, a cambio se daba una supuesta atracción de capitales externos.
El truco está en el manejo de los precios de transferencia, aquellos que las empresas determinan para la compra - venta entre filiales. La empresa productora de un conglomerado puede venderle muy barato y comprarle muy caro a su filial ubicada en un paraíso fiscal. De este modo la productora tiene pérdidas mientras la no productora, tal vez ubicada en una oficinita sin empleados acapara las ganancias. Ni siquiera se requiere que la mercancía haya pasado físicamente por un paraíso fiscal y laboral como Luxemburgo, Panamá o las Islas Caimán.
Tales manejos han dado lugar a una acrobacia internacional de las ganancias en la que ya no se sabe dónde quedó la bolita. Esto afecta todos los países y en particular a los más pobres y menos vigilantes de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-, el club de los 34 países más ricos del planeta. Se trata de un esquema financiero que despoja a los países, ciudadanos y gobiernos (muchas veces complacientes) de recursos imprescindibles para el crecimiento económico y crea un sistema fiscal mundial tremendamente desigual.
Para enfrentar esta situación la OCDE propone “medidas fuertes” que ubiquen las ganancias y los impuestos correspondientes en los países donde realmente se genera la producción. Lo que sería posible si el trato entre matrices y filiales se hiciera a precios de mercado, como si fueran empresas distintas entre sí y no parte del mismo conglomerado.
De acuerdo a la OCDE los grandes conglomerados no se comportan de acuerdo a las reglas del mercado cuando les conviene. Forzarlos a ello requiere marcos legales apropiados y, sobre todo, fuerte supervisión gubernamental.
También a la Comisión Económica para la América Latina le preocupa el asunto. Alicia Barcena, esa estupenda mexicana que dirige la CEPAL, manifiesta que el sistema tributario internacional, arcaico y disfuncional, proporciona a las empresas y a los ricos amplias oportunidades para no pagar los impuestos que les corresponden en justicia. Cada año se escapan y se esconden cientos de miles de millones de dólares de América Latina en paraísos fiscales. Un pequeño botón de muestra fue el asunto de los “Panama Papers”.
Pero no se piense que el juego del escondite de las ganancias se limita a los conglomerados internacionales. Ya el presidente López Portillo había hablado de “empresarios ricos con empresas pobres”; es decir a la práctica empresarial de despojar a sus propias empresas para escabullir lo que le corresponde a gobierno y trabajadores. Un ejemplo es el caso de Mexicana de Aviación, que fue llevada a una quiebra que le dio grandes ganancias a su dueño y despojó a los trabajadores.
Y aunque no se trata de prácticas modernas lo cierto es que han adquirido barniz de legalidad en los últimos años. Me refiero en particular a la reforma laboral que legaliza la tercerización de la contratación de trabajadores, el llamado “outsourcing”. Bajo esta modalidad los trabajadores formalmente trabajan en empresas pantalla que no tienen bienes con los cuales responder a sus obligaciones laborales. Entretanto la empresa realmente productiva puede funcionar sin que tenga, a los ojos de la justicia cegatona, trabajadores.
Por cierto, para ser una outsourcing no se requiere colocar un letrero o señal legal que lo declare. Algunas de estas empresas evitan cuidadosamente llamar empleados o incluso trabajadores a los que ejercen sus tareas sustantivas. Son más bien “colaboradores” o “asociados” contratados por “otra” empresa que puede tener un nombre engañosamente parecido pero que no es legalmente la empresa productiva. Incluso podemos sospechar que muchos trabajadores no saben que trabajan para un patrón pantalla.
Las maromas contables, internacionales y nacionales, que deslindan la ganancia de la planta productiva, incluso del país de origen, se han convertido en un extenso mecanismo que defrauda al gobierno, a los trabajadores y a la sociedad toda al restarle posibilidades de desarrollo.
Ubicar las responsabilidades patronales, fiscales y laborales en la empresa que verdaderamente produce y genera las ganancias es un imperativo de justicia social, e incluso de desarrollo nacional. Del otro lado de la ecuación se requiere promover una verdadera democracia sindical. Y transparencia en ambos lados. Cambios que deberían estar en la agenda de un gobierno, y sobre todo de un legislativo, verdaderamente comprometidos con la nación.
sábado, 13 de agosto de 2016
Hora de cambiar
Faljoritmo
Jorge faljo
“Las perspectivas para el crecimiento de la economía mundial continuaron revisándose a la baja…
”
Así empieza el último comunicado del Banco de México, y a continuación detalla las malas noticias de las economías de Europa, Estados Unidos, Japón, China y otras economías emergentes. Es usual que estos reportes inicien con la situación internacional. Sirve sobre todo para decir que no estamos tan mal, o para justificar nuestro propio desempeño deficiente. Es cierto que somos muy vulnerables a la situación externa, pero también que podríamos serlo mucho menos, con una política económica adecuada.
Más adelante Banxico pasa a describir los riesgos y dificultades internos. Para empezar lo financiero, donde no descarta nuevos episodios de volatilidad, es decir que el dólar se encarezca debido, señala, a las incertidumbres que ha creado el proceso electoral en los Estados Unidos y a que, en caso de recuperación de su economía, eleven su tasa de interés.
No obstante, los datos verdaderamente malos se encuentran del lado de la economía real, la situación de la producción, el empleo y el consumo. Banxico recoge estimaciones del Instituto Nacional de Estadística –INEGI-, que indican una contracción del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 2016. Al estancamiento que ya existía en el sector industrial se añadió un freno al crecimiento del sector terciario (servicios). El consumo se desaceleró y las exportaciones manufactureras y la inversión mantuvieron un débil desempeño.
Estamos en el momento del año en el que las previsiones relativamente optimistas que se le habían atribuido al futuro se van desmoronando conforme se vuelven presente. Sin embargo la descripción que hace Banxico debiera preocupar a las elites sobre todo al gobierno. Su informe es escueto pero contundente, el panorama es oscuro. En particular por lo que implica para una población que ya sufre en demasía los errores del modelo.
De acuerdo al INEGI 24.8 millones de mexicanos tienen un ingreso inferior a dos salarios mínimos. De hecho 3.2 millones no tienen ingreso por su trabajo; otros 7.1 millones ganan menos de un salario mínimo y 14.6 millones reciben entre uno y dos salarios mínimos. La mitad de la mitad de la población se encuentra en esta precariedad laboral que no da ni para comer. Más de la mitad de los mexicanos, 55.3 millones están en la pobreza. Peor; el 23.4 por ciento de la población, 28 millones, tienen carencias alimentarias. Todos son datos oficiales.
¿Qué hacer? Lo típico sería sostener que el año que entra nos irá mejor; que tal vez la economía norteamericana se dinamice y sea la locomotora que nos jale en nuestra calidad de furgón de cola. Se puede aderezar con expectativas de buen crecimiento para el 2017; siempre advirtiendo que si no ocurre será culpa de la economía mundial, o la norteamericana que, tercamente, se niegan a crecer.
Sin embargo el discurso de futuros sonrosados es cada vez menos creíble y la situación social y política amenaza con desbordar algunas de las costuras que las contienen.
Datos de una encuesta de El Universal indican que 63 por ciento de la población reprueba la gestión presidencial y un 84 por ciento considera que los problemas lo rebasan. Este “malestar”, reconocido pero no entendido por el C. Presidente se expande a toda la clase política y fue evidente en las pasadas elecciones estatales. La incapacidad de dialogo autentico con actores sociales y políticos, a los que muchas veces no se reconoce, o se intenta destruir, se ha convertido generadora de graves problemas.
El mayor ejemplo de esta cerrazón fue la manera en que se impuso la reforma laboral del magisterio y que ha orillado a los maestros a la estrategia de lucha de los que no son escuchados: estorbar. Lo que exacerba las tensiones incluso entre el gobierno y un sector empresarial que demanda el uso de la fuerza sin medir consecuencias. Una de las cuales, aparte del descredito internacional ya bien ganado, sería darle puntos a Trump en el proceso electoral norteamericano.
Tal vez en sentido contrario, hay que admitirlo, marchó la reunión campesina del pasado lunes en el zócalo y los encuentros entre sus líderes y varios secretarios de estado. Un ejercicio de escucha que ojalá y no termine en nada, como ocurrió en 2014 cuando el propio gobierno convocó a reformar el campo y luego no le gustó el entusiasmo que despertó.
Los campesinos se mostraron duros. Exigen que no se les trate como pobres con medidas asistencialistas, incluyendo despensas con granos importados. Lo que quieren es una estrategia que los trate como productores que pueden hacerse cargo de su propia alimentación y la del país. Requieren un entorno institucional y un manejo de merado que recupere la rentabilidad de la producción de los pequeños productores.
El Plan Nacional de Desarrollo comprometió a esta administración a que en el 2018 el 75 por ciento del consumo de los seis granos principales del consumo básico se abastezca con producción nacional. El gobierno ni siquiera lo intenta y esperamos que cambie.
Del lado del empresariado productivo demandan una auténtica política industrial y no los remedos de zonas especiales, parques y tratos de privilegio a unos cuantos.
Los productores de calzado acaban de expresar su preocupación por la reciente compra de las tiendas Suburbia por Liverpool señalando que al reducirse el número de cadenas compradoras los productores quedan en manos de oligopolios que les imponen precios bajos que afectan su rentabilidad.
Urgen cambios de fondo para levantar al campo, reindustrializar al país, hacer que el comercio funcione en beneficio de la producción interna, hacer efectivos los derechos laborales a partir del fortalecimiento de las organizaciones laborales.
Hemos seguido una estrategia de apoyo a la ganancia financiera que supuestamente se traduciría en inversiones y empleos. Pero ha fracasado en México y en todo el mundo.
Algunas de las grandes instituciones internacionales proponen alternativas. Para la Comisión Económica para la América Latina –CEPAL-, el progreso económico requiere de disminuir la inequidad; para la Organización Internacional del Trabajo –OIT- se requiere inducir el crecimiento mediante la elevación de los salarios. Solo el fortalecimiento de la demanda podrá sacarnos del atolladero de una crisis de sobreproducción en la que las empresas quiebran porque no hay compradores.
Disminuir la pobreza puede ser la mejor inversión productiva.
Jorge faljo
“Las perspectivas para el crecimiento de la economía mundial continuaron revisándose a la baja…
”
Así empieza el último comunicado del Banco de México, y a continuación detalla las malas noticias de las economías de Europa, Estados Unidos, Japón, China y otras economías emergentes. Es usual que estos reportes inicien con la situación internacional. Sirve sobre todo para decir que no estamos tan mal, o para justificar nuestro propio desempeño deficiente. Es cierto que somos muy vulnerables a la situación externa, pero también que podríamos serlo mucho menos, con una política económica adecuada.
Más adelante Banxico pasa a describir los riesgos y dificultades internos. Para empezar lo financiero, donde no descarta nuevos episodios de volatilidad, es decir que el dólar se encarezca debido, señala, a las incertidumbres que ha creado el proceso electoral en los Estados Unidos y a que, en caso de recuperación de su economía, eleven su tasa de interés.
No obstante, los datos verdaderamente malos se encuentran del lado de la economía real, la situación de la producción, el empleo y el consumo. Banxico recoge estimaciones del Instituto Nacional de Estadística –INEGI-, que indican una contracción del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 2016. Al estancamiento que ya existía en el sector industrial se añadió un freno al crecimiento del sector terciario (servicios). El consumo se desaceleró y las exportaciones manufactureras y la inversión mantuvieron un débil desempeño.
Estamos en el momento del año en el que las previsiones relativamente optimistas que se le habían atribuido al futuro se van desmoronando conforme se vuelven presente. Sin embargo la descripción que hace Banxico debiera preocupar a las elites sobre todo al gobierno. Su informe es escueto pero contundente, el panorama es oscuro. En particular por lo que implica para una población que ya sufre en demasía los errores del modelo.
De acuerdo al INEGI 24.8 millones de mexicanos tienen un ingreso inferior a dos salarios mínimos. De hecho 3.2 millones no tienen ingreso por su trabajo; otros 7.1 millones ganan menos de un salario mínimo y 14.6 millones reciben entre uno y dos salarios mínimos. La mitad de la mitad de la población se encuentra en esta precariedad laboral que no da ni para comer. Más de la mitad de los mexicanos, 55.3 millones están en la pobreza. Peor; el 23.4 por ciento de la población, 28 millones, tienen carencias alimentarias. Todos son datos oficiales.
¿Qué hacer? Lo típico sería sostener que el año que entra nos irá mejor; que tal vez la economía norteamericana se dinamice y sea la locomotora que nos jale en nuestra calidad de furgón de cola. Se puede aderezar con expectativas de buen crecimiento para el 2017; siempre advirtiendo que si no ocurre será culpa de la economía mundial, o la norteamericana que, tercamente, se niegan a crecer.
Sin embargo el discurso de futuros sonrosados es cada vez menos creíble y la situación social y política amenaza con desbordar algunas de las costuras que las contienen.
Datos de una encuesta de El Universal indican que 63 por ciento de la población reprueba la gestión presidencial y un 84 por ciento considera que los problemas lo rebasan. Este “malestar”, reconocido pero no entendido por el C. Presidente se expande a toda la clase política y fue evidente en las pasadas elecciones estatales. La incapacidad de dialogo autentico con actores sociales y políticos, a los que muchas veces no se reconoce, o se intenta destruir, se ha convertido generadora de graves problemas.
El mayor ejemplo de esta cerrazón fue la manera en que se impuso la reforma laboral del magisterio y que ha orillado a los maestros a la estrategia de lucha de los que no son escuchados: estorbar. Lo que exacerba las tensiones incluso entre el gobierno y un sector empresarial que demanda el uso de la fuerza sin medir consecuencias. Una de las cuales, aparte del descredito internacional ya bien ganado, sería darle puntos a Trump en el proceso electoral norteamericano.
Tal vez en sentido contrario, hay que admitirlo, marchó la reunión campesina del pasado lunes en el zócalo y los encuentros entre sus líderes y varios secretarios de estado. Un ejercicio de escucha que ojalá y no termine en nada, como ocurrió en 2014 cuando el propio gobierno convocó a reformar el campo y luego no le gustó el entusiasmo que despertó.
Los campesinos se mostraron duros. Exigen que no se les trate como pobres con medidas asistencialistas, incluyendo despensas con granos importados. Lo que quieren es una estrategia que los trate como productores que pueden hacerse cargo de su propia alimentación y la del país. Requieren un entorno institucional y un manejo de merado que recupere la rentabilidad de la producción de los pequeños productores.
El Plan Nacional de Desarrollo comprometió a esta administración a que en el 2018 el 75 por ciento del consumo de los seis granos principales del consumo básico se abastezca con producción nacional. El gobierno ni siquiera lo intenta y esperamos que cambie.
Del lado del empresariado productivo demandan una auténtica política industrial y no los remedos de zonas especiales, parques y tratos de privilegio a unos cuantos.
Los productores de calzado acaban de expresar su preocupación por la reciente compra de las tiendas Suburbia por Liverpool señalando que al reducirse el número de cadenas compradoras los productores quedan en manos de oligopolios que les imponen precios bajos que afectan su rentabilidad.
Urgen cambios de fondo para levantar al campo, reindustrializar al país, hacer que el comercio funcione en beneficio de la producción interna, hacer efectivos los derechos laborales a partir del fortalecimiento de las organizaciones laborales.
Hemos seguido una estrategia de apoyo a la ganancia financiera que supuestamente se traduciría en inversiones y empleos. Pero ha fracasado en México y en todo el mundo.
Algunas de las grandes instituciones internacionales proponen alternativas. Para la Comisión Económica para la América Latina –CEPAL-, el progreso económico requiere de disminuir la inequidad; para la Organización Internacional del Trabajo –OIT- se requiere inducir el crecimiento mediante la elevación de los salarios. Solo el fortalecimiento de la demanda podrá sacarnos del atolladero de una crisis de sobreproducción en la que las empresas quiebran porque no hay compradores.
Disminuir la pobreza puede ser la mejor inversión productiva.
sábado, 6 de agosto de 2016
TLC: el menor de los males.
Jorge Faljo
Cerré mi artículo de hace una semana con un “Tratado de Libre Comercio si, Acuerdo Transpacífico no” y al parecer algunos piensan que me contradigo. No puedo, me dicen, estar en favor de un tratado de libre comercio y en contra de otro.
Los lectores que leen mis artículos con regularidad saben que no soy “fan” del TLC. A más de veinte años de su entrada en vigor ha contribuido, por una parte, al crecimiento de sectores productivos como las maquiladoras, la industria automovilística y las exportaciones industriales concentradas en pocas grandes empresas, en general extranjeras. De hecho todo el sector exportador opera como maquiladora; es una industria de ensamble de partes importadas. El valor que aquí se incorpora es el consumo de agua, electricidad y otros servicios; además de una muy mal pagada mano de obra.
A cambio de este remedo de industrialización se sacrificaron los avances alcanzados previamente en la agricultura y la manufactura. La destrucción no fue total pero si masiva; en el campo se hundió a la agricultura familiar y campesina; en la industria, a la mediana y pequeña manufactura convencional. El modelo abanderado por el TLC no se planteó una estrategia de coexistencia y construcción sobre la base de lo que ya existía. Por lo contrario, las nuevas reglas determinaron que aquel aparato productivo que tanto esfuerzo le costó al país, fuera inutilizado.
Lo verdaderamente grave fue que el declive y el callejón sin salida en que se colocó a estos sectores obligó a emigrar a millones de mexicanos. El costo en sufrimiento familiar, desintegración comunitaria, ruptura en la transmisión de valores personales y sociales a las nuevas generaciones, y la pérdida de gobernabilidad, ha sido gigantesco. Solo que un hecho social de esta magnitud no entra en la contabilidad numérica de los economistas antisociales.
Definitivamente no defiendo a este TLC. Sin embargo la exigencia de la población norteamericana para cambiarlo, sumado a su rechazo a los inmigrantes mexicanos, impone la necesidad de cambiar a fondo no solo el tratado, sino toda la estrategia económica de México.
En algún momento tuve la oportunidad de escuchar a muy altos funcionarios mexicanos quejándose de haber sido traicionados. Del TLC esperaban, como muchos lo pensábamos, que por lo menos garantizaba una clara preferencia de los Estados Unidos a las importaciones mexicanas. Sin embargo, tras la firma del TLC, los Estados Unidos siguieron una estrategia de libre comercio abierta a todos. México hizo lo mismo. Podría decirse que la ideología neoliberal rebasó al TLC al grado de invalidarlo.
En la práctica no se instrumentó una verdadera preferencia mutua entre los tres países firmantes. Por lo contrario, se favorecieron las importaciones de China, con la que los tres tienen fuertes déficits comerciales. Y esto sin que ninguno haya firmado con esta potencia un tratado similar al TLC.
Desde la perspectiva de México habría que decir que hoy en día lo que más daña nuestras posibilidades de desarrollo es el déficit de más de 50 mil millones de dólares anuales con China y no el superávit de similar tamaño con los Estados Unidos.
Por su parte el Acuerdo Transpacífico –TPP, por sus siglas en inglés-, aunque también sea un tratado de libre comercio, tiene un sentido muy distinto al TLC. De acuerdo al Banco Mundial no tiene nada que ofrecer a México porque ya estamos totalmente abiertos.
Peor, mientras que el TLC suponía un acuerdo entre economías complementarias, el TPP incluye a países como Chile, Malasia, Perú, Vietnam y potencialmente a Cambodia, Colombia, Bangla Desh, Filipinas, India, Indonesia y varios más. Abriría más el mercado norteamericano a países netamente competidores con México; resentiríamos en nuestro mercado la importación, por ejemplo, de café de Vietnam, o de textiles del sureste asiático. El TPP amenaza crear en México un impacto destructivo en sectores de alto impacto social.
Afortunadamente el rechazo de la población norteamericana al TPP es fuerte, sobre todo por la pérdida de soberanía que les implicaría someterse a tribunales privados internacionales. También rechazan al TLC porque les genera un déficit de más de 50 mil millones de dólares al año. Lo que ocurre porque México en vez de comprar producción industrial norteamericana se la compramos a China.
Estamos ante la oportunidad de montarnos en la exigencia de cambio de la población norteamericana y hacerles una buena propuesta de renegociación del TLC. Esta sería sencilla: comprometer a México, los Estados Unidos y Canadá a darse verdadera preferencia mutua en las importaciones industriales. Lo cual podría hacerse únicamente a costa de limitar severamente las importaciones de China, y subordinar las de la cuenca del Pacífico al TLC.
A cambio de la decidida preferencia mexicana por las manufacturas hechas por los trabajadores norteamericanos ellos deberán permitirnos una estrategia de desarrollo rural orientado a la autosuficiencia, así como un desarrollo industrial que preserve lo ya construido y pueda fortalecerse en sectores acordados. En este último punto lo fundamental será mantener una cuenta corriente equilibrada; es decir que las importaciones se paguen con exportaciones y no con la venta país.
Lo que verdaderamente ofreceríamos a los norteamericanos es algo que les interesa; de este lado habría tranquilidad social, gobernabilidad y la posibilidad de que los mexicanos tengan una vida digna sin necesidad de emigrar.
Cerré mi artículo de hace una semana con un “Tratado de Libre Comercio si, Acuerdo Transpacífico no” y al parecer algunos piensan que me contradigo. No puedo, me dicen, estar en favor de un tratado de libre comercio y en contra de otro.
Los lectores que leen mis artículos con regularidad saben que no soy “fan” del TLC. A más de veinte años de su entrada en vigor ha contribuido, por una parte, al crecimiento de sectores productivos como las maquiladoras, la industria automovilística y las exportaciones industriales concentradas en pocas grandes empresas, en general extranjeras. De hecho todo el sector exportador opera como maquiladora; es una industria de ensamble de partes importadas. El valor que aquí se incorpora es el consumo de agua, electricidad y otros servicios; además de una muy mal pagada mano de obra.
A cambio de este remedo de industrialización se sacrificaron los avances alcanzados previamente en la agricultura y la manufactura. La destrucción no fue total pero si masiva; en el campo se hundió a la agricultura familiar y campesina; en la industria, a la mediana y pequeña manufactura convencional. El modelo abanderado por el TLC no se planteó una estrategia de coexistencia y construcción sobre la base de lo que ya existía. Por lo contrario, las nuevas reglas determinaron que aquel aparato productivo que tanto esfuerzo le costó al país, fuera inutilizado.
Lo verdaderamente grave fue que el declive y el callejón sin salida en que se colocó a estos sectores obligó a emigrar a millones de mexicanos. El costo en sufrimiento familiar, desintegración comunitaria, ruptura en la transmisión de valores personales y sociales a las nuevas generaciones, y la pérdida de gobernabilidad, ha sido gigantesco. Solo que un hecho social de esta magnitud no entra en la contabilidad numérica de los economistas antisociales.
Definitivamente no defiendo a este TLC. Sin embargo la exigencia de la población norteamericana para cambiarlo, sumado a su rechazo a los inmigrantes mexicanos, impone la necesidad de cambiar a fondo no solo el tratado, sino toda la estrategia económica de México.
En algún momento tuve la oportunidad de escuchar a muy altos funcionarios mexicanos quejándose de haber sido traicionados. Del TLC esperaban, como muchos lo pensábamos, que por lo menos garantizaba una clara preferencia de los Estados Unidos a las importaciones mexicanas. Sin embargo, tras la firma del TLC, los Estados Unidos siguieron una estrategia de libre comercio abierta a todos. México hizo lo mismo. Podría decirse que la ideología neoliberal rebasó al TLC al grado de invalidarlo.
En la práctica no se instrumentó una verdadera preferencia mutua entre los tres países firmantes. Por lo contrario, se favorecieron las importaciones de China, con la que los tres tienen fuertes déficits comerciales. Y esto sin que ninguno haya firmado con esta potencia un tratado similar al TLC.
Desde la perspectiva de México habría que decir que hoy en día lo que más daña nuestras posibilidades de desarrollo es el déficit de más de 50 mil millones de dólares anuales con China y no el superávit de similar tamaño con los Estados Unidos.
Por su parte el Acuerdo Transpacífico –TPP, por sus siglas en inglés-, aunque también sea un tratado de libre comercio, tiene un sentido muy distinto al TLC. De acuerdo al Banco Mundial no tiene nada que ofrecer a México porque ya estamos totalmente abiertos.
Peor, mientras que el TLC suponía un acuerdo entre economías complementarias, el TPP incluye a países como Chile, Malasia, Perú, Vietnam y potencialmente a Cambodia, Colombia, Bangla Desh, Filipinas, India, Indonesia y varios más. Abriría más el mercado norteamericano a países netamente competidores con México; resentiríamos en nuestro mercado la importación, por ejemplo, de café de Vietnam, o de textiles del sureste asiático. El TPP amenaza crear en México un impacto destructivo en sectores de alto impacto social.
Afortunadamente el rechazo de la población norteamericana al TPP es fuerte, sobre todo por la pérdida de soberanía que les implicaría someterse a tribunales privados internacionales. También rechazan al TLC porque les genera un déficit de más de 50 mil millones de dólares al año. Lo que ocurre porque México en vez de comprar producción industrial norteamericana se la compramos a China.
Estamos ante la oportunidad de montarnos en la exigencia de cambio de la población norteamericana y hacerles una buena propuesta de renegociación del TLC. Esta sería sencilla: comprometer a México, los Estados Unidos y Canadá a darse verdadera preferencia mutua en las importaciones industriales. Lo cual podría hacerse únicamente a costa de limitar severamente las importaciones de China, y subordinar las de la cuenca del Pacífico al TLC.
A cambio de la decidida preferencia mexicana por las manufacturas hechas por los trabajadores norteamericanos ellos deberán permitirnos una estrategia de desarrollo rural orientado a la autosuficiencia, así como un desarrollo industrial que preserve lo ya construido y pueda fortalecerse en sectores acordados. En este último punto lo fundamental será mantener una cuenta corriente equilibrada; es decir que las importaciones se paguen con exportaciones y no con la venta país.
Lo que verdaderamente ofreceríamos a los norteamericanos es algo que les interesa; de este lado habría tranquilidad social, gobernabilidad y la posibilidad de que los mexicanos tengan una vida digna sin necesidad de emigrar.
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