Jorge Faljo
Recién me preguntaron en una entrevista en Radio Educación (programa Ecosol) la opinión que tenía sobre las medidas del nuevo gobierno de López Obrador. Mi respuesta fue que el aterrizaje de muchas propuestas aún está por definirse. Lo que no le resta importancia a lo difundido ampliamente, que son los grandes objetivos y una forma de hacer política centrada en la participación social.
Entre los objetivos generales los estandartes son acabar con la corrupción; atención prioritaria al bienestar de los más pobres, en particular indígenas, población rural y grupos vulnerables; e impulso a la pequeña producción campesina, del sector social y pesquera.
De lo político pregona la intención de escuchar a la población; un estilo de democracia participativa que ofrece instrumentarse mediante consultas, referéndums y otras formas de dialogo.
La gran consulta será la que se haga en tres años para una posible revocación del mandato. Habrá la posibilidad de pedir la dimisión de AMLO. Proponerla implica un compromiso de enormes consecuencias y en el que la respuesta popular se limitaría a los extremos: aprobación o rechazo.
No se trataría meramente de tener más votos que algún rival, como en una elección normal. Tendrá que refrendar su triunfo electoral con más del 50 por ciento de la votación. Una prueba que no habría superado ninguno de los últimos seis presidentes de la república: un riesgo que nadie antes ha tomado.
Ya no sería una controvertida consulta callejera, con los inevitables defectos de la improvisación y la escasez de recursos para enviar un fuerte mensaje a los poderes fácticos.
Un referéndum de revocación de mandato asociado a las próximas elecciones legislativas implica aparecer entre las boletas electorales para elegir diputados y otros puestos de representación. Sería organizado por el máximo órgano electoral y tendría la mayor formalidad institucional. A prueba de críticas y chanchullos.
Este riesgo solo puede asumirse si AMLO está convencido de que, lejos del deterioro habitual de todo gobierno en funciones, conseguirá incrementar su popularidad. La que ya no se basaría en el rechazo al desastre previo, más esperanzas y expectativas. Ya no se votaría sobre grandes objetivos intachables y el carisma personal del líder - presidente, sino sobre los resultados concretos de su gobierno y su impacto en el bienestar de la población.
La eficacia de las medidas que se tomen será esencial. Algunas, muy importantes, se han enunciado sin mucho detalle. Habrá, por ejemplo, precios de garantía que aseguren la rentabilidad de la micro y pequeña producción de granos básicos. Solo que para ser efectiva requiere una amplia estructura de acopio de granos, de almacenamiento y de distribución. Pero lo más importante será cuidar que la producción adquirida se conecte a la demanda de la población que ahora presenta deficiencias alimentarias. Es decir, toda una red paralela a la comercialización existente que requerirá promover la organización de los consumidores y productores vulnerables.
La clave del éxito de medidas de esta magnitud será que la consulta permanente con la población se instrumente de manera efectiva en la operación de los programas públicos.
Se trata de un cambio revolucionario. Hoy en día las estructuras de los programas públicos operan transmitiendo decisiones y mensajes de arriba hacia abajo; sin que los operadores locales en contacto con la población se atrevan a sugerir nada a sus jefes. En parte porque no consultan con la población y no tienen nada que transmitir a sus jefes.
López mandó un fuerte mensaje a los poderes fácticos privados; en adelante se escuchará a la población. ¿Podrá enviar este mismo mensaje a los jerarcas burocráticos? Difícil, casi imposible, después de décadas de decisiones tomadas de manera unilateral por virreyes que promovían proyectos de zarzamoras, setas o tomates enanos destinados a “nichos de mercado”. Esquemas en los que la transferencia tecnológica era mera estrategia de mercadotecnia al servicio privado; con compras centralizadas de mercancías sobrevaluadas. Así se sembró el campo de elefantes y ratones blancos; de fracasos.
Hay que transformar a los técnicos privados que se emplean en los programas públicos, convertirlos de meros agentes de ventas a “técnicos descalzos”. Sin capacidad para imponer proyectos, pero bien dispuestos a aprender de los campesinos, indígenas y pequeños productores. Es a partir de su comprensión de las realidades locales que podrán acompañar procesos de mejora productiva.
Reubicarlos como verdaderos servidores públicos implica empoderarlos a partir del dialogo y consulta permanente con la población, como lo propone AMLO. Lo que no servirá de nada si la estructura jerárquica no acepta guiarse en función de los intereses y orientaciones que emanen de la población, las comunidades y sus organizaciones.
Política en lugar de tecnocracia; lo que los gobiernos anteriores definieron como corrupto para instrumentar una administración autista, basada en convocatorias en internet y en el concurso de los recursos públicos para que siempre ganaran los productores modernos.
La eficacia no se logra con mera honestidad, si se sigue la misma lógica y operación instrumental. Necesitamos combatir la corrupción barriendo las escaleras también de abajo hacia arriba.
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