Jorge Faljo
El escándalo de Seguridad Alimentaria Mexicana -Segalmex-, es mayúsculo. Desde julio de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera investiga anomalías al interior de Segalmex y sus filiales, Diconsa y Liconsa. En enero de este año la Secretaría de la Función Pública -SFP-, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República -FGR- que, a la fecha tiene abiertas unas 20 carpetas de investigación en contra de la triada de instituciones alimentarias. Las denuncias de productores y supuestos beneficiarios abundan desde 2019.
La Auditoría Superior de la Federación le echa números al asunto y señala irregularidades por más de 8 mil 600 millones de pesos en la revisión de la cuenta pública de 2020.
No obstante, aunque toda la atención se centra en la corrupción esta no es el problema mayor; se queda chiquita ante la magnitud del daño que el mal manejo de Segalmex le infligió a la nación, a su población y al desempeño de la administración pública.
Segalmex debe promover la seguridad alimentaria del país, la buena nutrición de la población, fomentar la producción, en particular la campesina, y fomentar la producción mediante, sobre todo, un acopio y distribución eficiente de alimentos básicos. Es el instrumento para hacer efectivo el derecho humano, establecido en la Constitución a una alimentación nutritiva y de calidad. También es el mecanismo para cumplir con el objetivo de “Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo” al que la actual administración federal se comprometió en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Nada de lo anterior avanzó durante la existencia de Segalmex. Éramos, y seguimos siendo una población mal alimentada donde lo mismo hay niños que no tienen el desarrollo físico y mental adecuado como la población con mayor sobrepeso del mundo. Lo que se asocia a fuertes incidencias de diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras que les restan a los mexicanos un promedio de más de cuatro años de vida.
Estábamos mal… y llegó la pandemia. Y Segalmex, en medio del deterioro nutricional de la población en los últimos dos años no ha contribuido al incremento de la producción ni a la mejoría, o por lo menos a mitigar el empeoramiento nutricional.
En 2021 México fue el principal importador de maíz del mundo al mismo tiempo que la superficie sembrada de todo tipo de cultivos sigue decreciendo.
Los problemas de Segalmex no son solo corrupción sino una estrategia operativa equivocada.
En noviembre de 2019 la Coordinadora Nacional de Consejos Comunitarios de Abasto, la organización que en la práctica opera las 30 mil tiendas de Diconsa (que son propiedad comunitaria) dirigió una carta a los diputados de todos los partidos manifestando su preocupación por el alarmante y crítico desabasto de las tiendas rurales.
La Coordinadora señaló que productos como carnes en conserva, frutas deshidratadas, concentrados de sabores y medicamentos no se vendían. Pedían incorporar a la canasta básica manteca vegetal, harina de trigo, cereales, café soluble, alimentos para aves y cerdos, machetes, clavos, limas, alambre de púas, entre otros. Pidió además ofrecer canastas de consumo regionalizadas.
El esquema de adquisiciones y distribución determinado de manera participativa había sido substituido por otro decidido por la burocracia central que llevó a un fuerte inventario invendible que paralizó el capital de trabajo de la institución.
En 2019 Segalmex vendió como chatarra el parque vehicular que manejaban choferes de las comunidades para la distribución de mercancías y contrató, por alrededor de 4 mil 500 millones de pesos el alquiler y distribución de mercancías durante cuatro años con empresas privadas. Habría sido mucho más barato reparar y comprarle llantas a los vehículos existentes.
Segalmex siguió una estrategia de alquiler, contratar en comodato y/o construir centros de acopio de granos en vez de aprovechar la infraestructura existente en el Programa de Abasto, miles de tiendas y almacenes.
El promedio de compras de granos a precios de garantía linda los 70 mil pesos; es decir que compra a grandes productores o intermediarios y no a pequeños productores campesinos. Tampoco adquiere variedades locales.
Segalmex se negó a instrumentar una estrategia de integración creciente de productos locales y regionales a la canasta de consumo.
Esta estrategia operativa anti campesina, incluso sin corrupción habría sido extremadamente irresponsable. Implicó que en plena pandemia Segalmex no tuvo recursos para cumplir con sus objetivos institucionales. Esta es la verdadera tragedia.
Ahora las sanciones aplicadas a Rusia y el conflicto en Ucrania amenazan dificultar la salida y venta de casi el 30 por ciento de las exportaciones de trigo cuyos futuros se han elevado ya en 40 por ciento en este año.
El riesgo es enorme para nuestro país que importa cerca del 57 por ciento de los alimentos que consume.
Urge rescatar a Segalmex, recapitalizarla y ponerla en manos de un consejo de administración con alta representación de sus consumidores y productores campesinos. Urge vocación de servicio, compromiso con el medio rural, honestidad supervisada desde abajo y, sobre todo, democracia participativa.
O seguiremos en el retroceso del objetivo de autosuficiencia y rescate del campo. Al tiempo que el mercado global se convierte en una grave amenaza por irresponsabilidad interna.
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