Faljoritmo
Jorge Faljo
Dudo que los británicos sepan lo realmente afortunados que son. Acaban de decidir en un referéndum con una participación históricamente alta si seguían siendo parte de la Unión Europea –UE-, o cortaban amarras. Una decisión extraordinariamente importante para su país, y también para el resto de Europa. Sabían que lo que decidieran habría de afectar a fondo y de manera, se dijo, irreversible, su relación con el mundo en términos financieros, económicos y políticos.
Una decisión fuerte que, precisamente por ello, decidieron tomar de manera democrática. No se trataba de que un grupo de tecnócratas decidiera por ellos; sino, precisamente de evitar que lo siguieran haciendo. Por ello para muchos, la mayoría ganadora, la decisión de salirse fue una declaración de independencia que refuerza su capacidad para tomar decisiones propias.
Lo que aquí subrayo en primer lugar es que para conseguir ese referéndum no hubo necesidad de ocupar calles, bloquear carreteras o refriegas con muertos y heridos. A los líderes de la oposición no se les inventaron delitos para encarcelarlos; no hubo presos políticos. Una decisión profunda que tomaron los británicos ampliamente informados de los argumentos a favor y en contra.
David Cameron, el primer ministro, renunció a su cargo, la que hará efectiva en tres meses, para dejar al frente al líder de la posición a favor de la salida.
Son afortunados, insisto, porque el proceso fue democrático, civilizado, con resultados incontrovertibles y dan lugar a lo más lógico en una democracia; el cambio de gobierno. Esto sin desgarrarse las vestiduras.
Desde esta perspectiva el referéndum Británico es un ejemplo del cual tendríamos mucho que aprender. Incluyendo el aceptar que esa es la mejor forma de tomar decisiones y con ello fortalecer la unidad nacional; saber escuchar y, cuando la población da su mensaje, perder con serenidad y renunciar con dignidad.
La población votó por salir de la UE a pesar de un intenso despliegue mediático, que incluyó la visita de Obama, para espantar con la catástrofe en caso de salida. Pero la población no se dejó intimidar. Las fantasías de un futuro mejor o el maquillaje de la situación no pudieron convencer a una población que vive día a día el deterioro de la educación y los servicios de salud, la reducción de la atención social a la población vulnerable y el deterioro generalizado del estado.
El empobrecimiento de la población europea desde el 2010 es evidente y generalizado. No se ha podido remontar aquella crisis y el desempleo sigue siendo muy alto, en algunos países superior al 25 por ciento de los trabajadores. Lo peor ha sido una política de austeridad que ha dado prioridad al pago a los grandes capitales amarrando el cinturón del gobierno y de la población. Lo paradójico es que esa disminución del consumo ha llevado al cierre de empresas y a un estancamiento económico que a su vez no ha podido liberar a Europa del endeudamiento y el fantasma del regreso de la crisis financiera.
Llama la atención que el 64 por ciento de los votantes jóvenes, de 18 a 24 años de edad, se inclinaron a favor de permanecer en la UE mientras que el 58 por ciento de los mayores de 64 años se inclinaron por la salida. Creo que la memoria histórica de los adultos abarca tiempos que fueron mejores, les permite comparar los efectos reales de las políticas ortodoxas y saben que existen alternativas.
Me atrevo a sugerir que los jóvenes han aprendido a vivir en un contexto de alto desempleo, de trabajo precario y sin puntos de comparación parecen aceptar mejor la nueva normalidad de una economía y un estado mediocres.
Todo cambio de rumbo es traumático; como lo sería una operación quirúrgica que provoca dolor y postración pasajeros, pero permite mejorar después. Los mercados financieros han reaccionado con pánico con su típico comportamiento de manada desbocada y eso es lo que puede provocar destrozos en la economía real y en la vida de las personas.
Sin embargo en los hechos todavía no cambia nada. El nuevo gobierno británico que entrará en tres meses tendrá que diseñar una estrategia de salida que incluya importantes definiciones sobre su economía interna. Si sigue atendiendo a las demandas de la población es posible que abandone la política de austeridad y pro financiera para diseñar una estrategia de refortalecimiento del estado, de los servicios públicos, del empleo y del bienestar de la población.
Es esta posibilidad, la del resquebrajamiento de la ortodoxia neoliberal, la que espanta a los capitales y los impulsa a buscar seguridad.
Decir que la población votó mal por ignorancia es un intento desesperado por no ver las razones del descontento. La globalización neoliberal ha impactado a los países periféricos, ha empobrecido a sus poblaciones y se encuentra en el trasfondo de los estados fallidos del medio oriente, de África y el empobrecimiento de miles de millones. Muchos de ellos buscan llegar a Europa justamente cuando su propia población se encuentra agobiada por la precarización del empleo y la incertidumbre sobre su futuro. Es decir que el fracaso neoliberal impacta también a las clases medias de los países centrales.
La reacción de la población británica se suma a la mayoría que en los mismos Estados Unidos cuestiona fuertemente la estrategia de tratados de libre comercio que les ha robado empleos.
Nos encontramos ante un ejemplo de democracia que se traduce en un nuevo importante retroceso de la globalización. Se abre una nueva ruta para el Reino Unido y el mundo que, ciertamente, plantea muchas incertidumbres. Una de ellas es la discrepancia creciente entre los intereses del gran capital financiero, de las bolsas de valores, y las decisiones de la población.
domingo, 26 de junio de 2016
jueves, 23 de junio de 2016
Participación y anticorrupción; demandas sociales
Faljoritmo
Jorge Faljo
La discusión política nacional se centra en lo más elemental; en el comportamiento básico de la administración pública. Dos son las grandes vertientes en que ahora se centra la demanda ciudadana para exigir cambios de fondo: participación social y combate a la corrupción.
Esta administración federal se engolosinó con el acuerdo de elites expresado en el Pacto por México para establecer con gran rapidez y sin consulta social las llamadas reformas estructurales. Ninguna de ellas puede ahora considerarse exitosa; un mejor diseño habría exigido un debate amplio e incluyente, sustentado con información de expertos, experiencias internacionales y aportaciones ciudadanas.
En un caso, el de la reforma laboral impuesta al sector educativo, la negativa gubernamental al dialogo más elemental llevó al abierto enfrentamiento entre las fuerzas federales y la población que apoya a los maestros. Ahora, más vale tarde que nunca, se ha abierto la posibilidad de un dialogo que deberá ser político, laboral y educativo. Esperemos, para bien de todos, que ocurra en el mayor nivel de civilidad posible; como si fuéramos una democracia plena.
La segunda vertiente en que se centran las expectativas ciudadanas es si esta administración pública está dispuesta a limpiarse de la corrupción, la impunidad y el cinismo que la invaden y que son causas fundamentales de su alto costo e ineficacia.
Fue contundente el mensaje de las recientes elecciones de 12 gobernadores donde los triunfos panistas se montaron en la exigencia ciudadana de investigar, transparentar y meter a la cárcel a varios de los gobernadores salientes. Ahora la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, se suma a esta línea al exigirle abiertamente a la titular de la PGR, Arely Gómez, que actúe contra el exmandatario Guillermo Padrés, acusado de corrupción.
Sin embargo, aunque limpiar y resarcir el impacto de administraciones deshonestas sea importante, lo es más contar con un marco jurídico apropiado al fin de la corrupción y la impunidad. Tal ha sido el sentido del movimiento ciudadano conocido como 3de3 que esencialmente pide que todos los servidores públicos hagan públicas una declaración patrimonial, sus declaraciones fiscales de los últimos años y una declaración de conflictos de interés.
Se trató en este caso de un movimiento nacido a principios del 2015 y promovido desde las cúpulas empresariales y posteriormente acogido por políticos sobre todo del PAN y PRD. Logró conjuntar y entregar en el senado las firmas y datos del IFE de algo más de 634 mil ciudadanos.
Diversos políticos y funcionarios hicieron pública su declaración tres de tres; entre ellos 11 diputados, 24 senadores, 12 gobernadores, además de otros funcionarios y políticos relevantes, hasta un total de 588 personas.
El empuje mediático de una propuesta impulsada sobre todo por voceros empresariales consiguió convertirla en eje, si bien controvertido de la discusión sobre la nueva legislación de combate a la corrupción.
Este pasado 14 de junio el senado recogió, de manera tibia, la propuesta al señalar que los servidores públicos deberán entregar a los órganos internos de control de cada institución las tres declaraciones (fiscal, patrimonial y de intereses). Sin embargo no es obligatorio hacerlas públicas. Tampoco se aceptó que el formato de la declaración, estableciendo los datos puntuales a revelar, fuera el propuesto por las organizaciones promotoras y, finalmente, no se obliga a la declaración de conyugues y consanguíneos. Por ello muchos consideran que no hay diferencia de fondo con lo que ya existía.
La verdadera sorpresa de lo aprobado en el senado es que obliga a todos aquellos que por cualquier motivo reciben recursos públicos a presentar su propia declaración tres de tres. Este añadido ha sido duramente rechazado por dos motivos: uno es que la mala redacción de la ley puede ser interpretado como que obliga hasta a los becarios, los receptores de apoyos sociales, a todo tipo de proveedores, a los accionistas de las empresas proveedoras y otros más. Algunos calculan, creo que con exageración, que obligaría a más de treinta millones de mexicanos.
Pero incluso si se corrige la mala redacción el asunto levanta ámpula. Imagine usted al dueño y socios de Higa revelando su situación patrimonial. ¿Incluiría lo de los Panamá Papers?
El caso es que el martes 21 el presidente Peña Nieto recibió a una delegación empresarial que básicamente le solicitó que vetará la nueva ley para eliminar la parte que los afecta. Ahí sí hubo dialogo.
Los promotores de la transparencia pública, pero no de la privada, señalan que más que una mera venganza, de lo que se trata es de un ardid para obstaculizar el decreto que hace efectiva la ley. Sin embargo la solución no es difícil; lo más probable es que Peña Nieto promulgue la ley para que de inmediato se proponga su modificación en el siguiente periodo ordinario. De momento la situación apunta a que tendremos una ley sin dientes.
Desde otro sector de las organizaciones sociales, pero no las empresariales, se propone en cambio un tres de tres empresarial: que los proveedores del sector público revelen el porcentaje de impuestos que pagan sobre sus ganancias; y que se certifiquen como patrones que pagan salarios dignos, cubren el seguro social a cabalidad y respetan el medio ambiente. Esta es una propuesta más ajustada a lo que sería viable que el sector público demande de sus proveedores.
Más allá de lo que ocurra en Gobernación y en el Congreso, en las tribunas la opinión pública se inclina cada vez más en contra de la clase política.
Jorge Faljo
La discusión política nacional se centra en lo más elemental; en el comportamiento básico de la administración pública. Dos son las grandes vertientes en que ahora se centra la demanda ciudadana para exigir cambios de fondo: participación social y combate a la corrupción.
Esta administración federal se engolosinó con el acuerdo de elites expresado en el Pacto por México para establecer con gran rapidez y sin consulta social las llamadas reformas estructurales. Ninguna de ellas puede ahora considerarse exitosa; un mejor diseño habría exigido un debate amplio e incluyente, sustentado con información de expertos, experiencias internacionales y aportaciones ciudadanas.
En un caso, el de la reforma laboral impuesta al sector educativo, la negativa gubernamental al dialogo más elemental llevó al abierto enfrentamiento entre las fuerzas federales y la población que apoya a los maestros. Ahora, más vale tarde que nunca, se ha abierto la posibilidad de un dialogo que deberá ser político, laboral y educativo. Esperemos, para bien de todos, que ocurra en el mayor nivel de civilidad posible; como si fuéramos una democracia plena.
La segunda vertiente en que se centran las expectativas ciudadanas es si esta administración pública está dispuesta a limpiarse de la corrupción, la impunidad y el cinismo que la invaden y que son causas fundamentales de su alto costo e ineficacia.
Fue contundente el mensaje de las recientes elecciones de 12 gobernadores donde los triunfos panistas se montaron en la exigencia ciudadana de investigar, transparentar y meter a la cárcel a varios de los gobernadores salientes. Ahora la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, se suma a esta línea al exigirle abiertamente a la titular de la PGR, Arely Gómez, que actúe contra el exmandatario Guillermo Padrés, acusado de corrupción.
Sin embargo, aunque limpiar y resarcir el impacto de administraciones deshonestas sea importante, lo es más contar con un marco jurídico apropiado al fin de la corrupción y la impunidad. Tal ha sido el sentido del movimiento ciudadano conocido como 3de3 que esencialmente pide que todos los servidores públicos hagan públicas una declaración patrimonial, sus declaraciones fiscales de los últimos años y una declaración de conflictos de interés.
Se trató en este caso de un movimiento nacido a principios del 2015 y promovido desde las cúpulas empresariales y posteriormente acogido por políticos sobre todo del PAN y PRD. Logró conjuntar y entregar en el senado las firmas y datos del IFE de algo más de 634 mil ciudadanos.
Diversos políticos y funcionarios hicieron pública su declaración tres de tres; entre ellos 11 diputados, 24 senadores, 12 gobernadores, además de otros funcionarios y políticos relevantes, hasta un total de 588 personas.
El empuje mediático de una propuesta impulsada sobre todo por voceros empresariales consiguió convertirla en eje, si bien controvertido de la discusión sobre la nueva legislación de combate a la corrupción.
Este pasado 14 de junio el senado recogió, de manera tibia, la propuesta al señalar que los servidores públicos deberán entregar a los órganos internos de control de cada institución las tres declaraciones (fiscal, patrimonial y de intereses). Sin embargo no es obligatorio hacerlas públicas. Tampoco se aceptó que el formato de la declaración, estableciendo los datos puntuales a revelar, fuera el propuesto por las organizaciones promotoras y, finalmente, no se obliga a la declaración de conyugues y consanguíneos. Por ello muchos consideran que no hay diferencia de fondo con lo que ya existía.
La verdadera sorpresa de lo aprobado en el senado es que obliga a todos aquellos que por cualquier motivo reciben recursos públicos a presentar su propia declaración tres de tres. Este añadido ha sido duramente rechazado por dos motivos: uno es que la mala redacción de la ley puede ser interpretado como que obliga hasta a los becarios, los receptores de apoyos sociales, a todo tipo de proveedores, a los accionistas de las empresas proveedoras y otros más. Algunos calculan, creo que con exageración, que obligaría a más de treinta millones de mexicanos.
Pero incluso si se corrige la mala redacción el asunto levanta ámpula. Imagine usted al dueño y socios de Higa revelando su situación patrimonial. ¿Incluiría lo de los Panamá Papers?
El caso es que el martes 21 el presidente Peña Nieto recibió a una delegación empresarial que básicamente le solicitó que vetará la nueva ley para eliminar la parte que los afecta. Ahí sí hubo dialogo.
Los promotores de la transparencia pública, pero no de la privada, señalan que más que una mera venganza, de lo que se trata es de un ardid para obstaculizar el decreto que hace efectiva la ley. Sin embargo la solución no es difícil; lo más probable es que Peña Nieto promulgue la ley para que de inmediato se proponga su modificación en el siguiente periodo ordinario. De momento la situación apunta a que tendremos una ley sin dientes.
Desde otro sector de las organizaciones sociales, pero no las empresariales, se propone en cambio un tres de tres empresarial: que los proveedores del sector público revelen el porcentaje de impuestos que pagan sobre sus ganancias; y que se certifiquen como patrones que pagan salarios dignos, cubren el seguro social a cabalidad y respetan el medio ambiente. Esta es una propuesta más ajustada a lo que sería viable que el sector público demande de sus proveedores.
Más allá de lo que ocurra en Gobernación y en el Congreso, en las tribunas la opinión pública se inclina cada vez más en contra de la clase política.
lunes, 20 de junio de 2016
Salarios: la simulación de las élites
Faljoritmo
Jorge Faljo
Me invitaron a un coloquio sobre la situación laboral en México. Participaron, en un elegante lugar, unas 14 personas provenientes de distintos medios: empresarial, sindical, académico, político y de organizaciones sociales.
Todos los participantes eran gente de expresión articulada y buen nivel de análisis. Un encuentro a lo largo de todo un día, entre gentes con distintas posiciones. Fue posible por la invitación de una fundación europea. Este tipo de coloquios corresponde mucho más a la cultura del dialogo de países democráticos que a nuestras propias costumbres políticas.
El encuentro fue valioso, claridoso, entusiasta y, sin embargo, algo frustrante por la magnitud de los problemas que sacó a flote. Hago un recuento de los principales.
Ante todo, lo raquítico del empleo formal y su precarización implacable a lo largo de tres y media décadas. En ese periodo la caída de ingresos salariales ha sido brutal al mismo tiempo que se han prolongado las jornadas de trabajo; las horas extras no pagadas, y se escabulle el reparto de utilidades. Un trabajador formal mexicano trabaja muchas horas más que un europeo y llega a su casa cansado y sin tiempo para la familia.
Lo segundo que se resaltó es la inexistencia de dialogo entre patrones y trabajadores pues los segundos no tienen medios de representación efectivos. Lo que existe es una gruesa maraña de simulación sindical. Se expusieron casos, por ejemplo el de una gran armadora transnacional, que firmaron convenios con sindicatos espurios incluso antes de inaugurar la planta y contratar trabajadores. Se trata de una corrupción apoyada desde el gobierno y posible por el marco jurídico e institucional anti laboral existente.
Esta simulación ocurre a todos los niveles de la supuesta representación de los trabajadores y culmina en los órganos de representación tripartita, integrados por representantes del gobierno, las empresas y los trabajadores. Queda claro que todos son parte de la misma elite y de la maraña de corrupción que ahoga al país.
Ante la pregunta de qué hacer con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la respuesta fue desaparecerla y que los salarios mínimos se fijen en una negociación política más transparente en la Cámara de Diputados, o con mayores fundamentos técnicos por el CONEVAL, de acuerdo a sus estudios de costos de la canasta básica y al mandato constitucional.
Me llamó la atención el testimonio sobre alguna empresa que pretendió pagar un salario superior a la media pero que no lo hizo por las fuertes presiones en contra de la cámara patronal de la región. Se sabe de otros casos en los que es el gobierno el que presiona para que ningún patrón se salga del huacal del límite salarial aceptable para el Banco de México. Esto revela lo que en otros espacios sería ilegal; acuerdos bajo el agua entre los agentes económicos para fijar el precio de una mercancía, en este caso el trabajo.
Tal vez el mayor punto de desacuerdo entre los participantes fue en torno a la posición empresarial de que los salarios no deben fijarse por decreto sino de acuerdo a los incrementos de la productividad de los trabajadores. Esto, alegan, sería lo más racional y, en cierto sentido, justo.
Por mi parte sostengo que para elevar la productividad es indispensable elevar de manera substancial y continuada los salarios.
En un mercado estancado, donde no crecen, o se deterioran los ingresos de la población, la entrada de una empresa moderna genera oferta adicional que, al no haber mayor demanda, compite con la producción de las empresas convencionales. La población no tiene para comprar más bienes y las empresas convencionales tienden a trabajar por debajo de su capacidad, o a cerrar.
Con ello la productividad general de la economía no crece; solo aumenta la del sector globalizado de la economía, mientras que se reduce la de la mayoría de las empresas no globalizadas. Se polariza la producción.
La propuesta de los voceros del sector empresarial moderno, no es elevar los salarios que pagan conforme a su propia productividad, lo que aplicado de manera honesta sería excelente. Pero a pesar de que su tecnología es tan avanzada como la mejor de Europa, Japón y los Estados Unidos, no pagan ni la décima parte de lo que pagan sus propias matrices en aquellos países.
Así que lo que en realidad propone la industria globalizada es subir salarios cuando los empresarios de enfrente, los pequeños y medianos productores históricos suban su productividad. Lo que es un contrasentido porque la modernización de muy pocos lo que está haciendo es deteriorar a los demás.
Por otro lado, podríamos hacer lo contrario. Elevar los salarios en, digamos un 12 por ciento anual, para que en 15 años recuperemos los niveles salariales de 1980. No es imposible; China ha elevado salarios un 17 por ciento anual en lo que va de este siglo.
Mejorar salarios permitiría elevar el consumo y haría reaccionar de inmediato a la oferta del sector “histórico” de la economía. Esto es lo que elevaría la productividad de la economía nacional.
El interés particular de cada empresa es pagar lo menos posible. El interés de la mayoría y de la nación es otro. Así que para elevar la productividad lo que urge es elevar los salarios, por decreto.
Jorge Faljo
Me invitaron a un coloquio sobre la situación laboral en México. Participaron, en un elegante lugar, unas 14 personas provenientes de distintos medios: empresarial, sindical, académico, político y de organizaciones sociales.
Todos los participantes eran gente de expresión articulada y buen nivel de análisis. Un encuentro a lo largo de todo un día, entre gentes con distintas posiciones. Fue posible por la invitación de una fundación europea. Este tipo de coloquios corresponde mucho más a la cultura del dialogo de países democráticos que a nuestras propias costumbres políticas.
El encuentro fue valioso, claridoso, entusiasta y, sin embargo, algo frustrante por la magnitud de los problemas que sacó a flote. Hago un recuento de los principales.
Ante todo, lo raquítico del empleo formal y su precarización implacable a lo largo de tres y media décadas. En ese periodo la caída de ingresos salariales ha sido brutal al mismo tiempo que se han prolongado las jornadas de trabajo; las horas extras no pagadas, y se escabulle el reparto de utilidades. Un trabajador formal mexicano trabaja muchas horas más que un europeo y llega a su casa cansado y sin tiempo para la familia.
Lo segundo que se resaltó es la inexistencia de dialogo entre patrones y trabajadores pues los segundos no tienen medios de representación efectivos. Lo que existe es una gruesa maraña de simulación sindical. Se expusieron casos, por ejemplo el de una gran armadora transnacional, que firmaron convenios con sindicatos espurios incluso antes de inaugurar la planta y contratar trabajadores. Se trata de una corrupción apoyada desde el gobierno y posible por el marco jurídico e institucional anti laboral existente.
Esta simulación ocurre a todos los niveles de la supuesta representación de los trabajadores y culmina en los órganos de representación tripartita, integrados por representantes del gobierno, las empresas y los trabajadores. Queda claro que todos son parte de la misma elite y de la maraña de corrupción que ahoga al país.
Ante la pregunta de qué hacer con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la respuesta fue desaparecerla y que los salarios mínimos se fijen en una negociación política más transparente en la Cámara de Diputados, o con mayores fundamentos técnicos por el CONEVAL, de acuerdo a sus estudios de costos de la canasta básica y al mandato constitucional.
Me llamó la atención el testimonio sobre alguna empresa que pretendió pagar un salario superior a la media pero que no lo hizo por las fuertes presiones en contra de la cámara patronal de la región. Se sabe de otros casos en los que es el gobierno el que presiona para que ningún patrón se salga del huacal del límite salarial aceptable para el Banco de México. Esto revela lo que en otros espacios sería ilegal; acuerdos bajo el agua entre los agentes económicos para fijar el precio de una mercancía, en este caso el trabajo.
Tal vez el mayor punto de desacuerdo entre los participantes fue en torno a la posición empresarial de que los salarios no deben fijarse por decreto sino de acuerdo a los incrementos de la productividad de los trabajadores. Esto, alegan, sería lo más racional y, en cierto sentido, justo.
Por mi parte sostengo que para elevar la productividad es indispensable elevar de manera substancial y continuada los salarios.
En un mercado estancado, donde no crecen, o se deterioran los ingresos de la población, la entrada de una empresa moderna genera oferta adicional que, al no haber mayor demanda, compite con la producción de las empresas convencionales. La población no tiene para comprar más bienes y las empresas convencionales tienden a trabajar por debajo de su capacidad, o a cerrar.
Con ello la productividad general de la economía no crece; solo aumenta la del sector globalizado de la economía, mientras que se reduce la de la mayoría de las empresas no globalizadas. Se polariza la producción.
La propuesta de los voceros del sector empresarial moderno, no es elevar los salarios que pagan conforme a su propia productividad, lo que aplicado de manera honesta sería excelente. Pero a pesar de que su tecnología es tan avanzada como la mejor de Europa, Japón y los Estados Unidos, no pagan ni la décima parte de lo que pagan sus propias matrices en aquellos países.
Así que lo que en realidad propone la industria globalizada es subir salarios cuando los empresarios de enfrente, los pequeños y medianos productores históricos suban su productividad. Lo que es un contrasentido porque la modernización de muy pocos lo que está haciendo es deteriorar a los demás.
Por otro lado, podríamos hacer lo contrario. Elevar los salarios en, digamos un 12 por ciento anual, para que en 15 años recuperemos los niveles salariales de 1980. No es imposible; China ha elevado salarios un 17 por ciento anual en lo que va de este siglo.
Mejorar salarios permitiría elevar el consumo y haría reaccionar de inmediato a la oferta del sector “histórico” de la economía. Esto es lo que elevaría la productividad de la economía nacional.
El interés particular de cada empresa es pagar lo menos posible. El interés de la mayoría y de la nación es otro. Así que para elevar la productividad lo que urge es elevar los salarios, por decreto.
domingo, 12 de junio de 2016
Elecciones: Azúcar Amarga
Faljoritmo
Jorge Faljo
Los resultados de las pasadas elecciones dejan un sabor de boca agridulce. Por un lado, contra viento y marea, es decir a contracorriente de la compra de votos, las campañas de difamación, el control de medios y otras manipulaciones, se logró expresar el sentir de la población. Es un voto que ha cambiado, para bien, el panorama presente y futuro del país al enviar un mensaje al grupo gobernante de que no están solos. Hay otras voces que deben ser escuchadas. Para empezar la voz de una sociedad con la que han cortado comunicación.
El “malhumor social”, como lo llamó el Presidente Peña, se expresó en las urnas como hartazgo y rabia ante la corrupción, la impunidad y la inseguridad en su peor forma posible; la de la colusión frecuente entre los poderes del estado y la criminalidad. Batidillo al que bien podría añadirse la alianza turbia, de facto, con el poder económico.
Poco, tirando a nada, se debatió en las campañas electorales sobre la economía del país y la situación social. Brillaron por su ausencia temas como el de la generación de empleos dignos, el estancamiento económico y el retroceso en bienestar, la inequidad, el comercio exterior, la calidad de los servicios públicos, la necesidad de orientar las riquezas parasitarias a la inversión productiva y otros asuntos importantes. A esta ausencia de debate es a lo que llamo lo agrio del proceso electoral.
Y sin embargo en esa ausencia de propuestas, análisis y debate que caracterizan a las democracias maduras, en la nuestra resaltó lo elemental: la urgente necesidad de un estado de derecho. Es decir, el imperativo de reconstruir los fundamentos del estado, la política, la administración pública y la democracia.
Poco de esto parece haber entrado en la cabeza de la cúpula priista. Carolina Monroy, secretaria general del PRI, señaló que la sociedad expresó su molestia hacia la impunidad y los escándalos. Con lo que parece equiparar el problema de fondo, la impunidad, con su expresión mediática, los escándalos. Olvida que el sistema electoral, y de hecho el monopolio ideológico de los medios, está diseñado para impedir el debate serio de alternativas de política.
Así que la expresión ciudadana se fue a lo elemental, a la esperanza generada por las promesas de los candidatos triunfadores de limpiar la propia casa. En Quintana Roo fue la promesa del candidato ganador de investigar la deuda de 25 mil millones de pesos que deja el gobernador saliente. En Chihuahua, Javier Corral, no se retracta de su ofrecimiento de castigo a la corrupción y señala que la reconciliación política dentro del estado requiere pasar por el encarcelamiento del gobernador saliente.
En Veracruz Miguel Ángel Yunes reafirma que el gobernador actual y colaboradores irán a la cárcel por un enriquecimiento ilícito que está dejando al estado en situación de crisis social, en salud, educación y con enormes deudas. Hay un nuevo contexto que el Bronco, de Nuevo León, parece empezar a aprovechar para reactivar con hechos sus propias promesas de combate a los corruptos de la anterior administración.
El hecho es que la población votó para tener gobiernos honestos, no criminales. Lo cual indica la magnitud del problema que enfrentamos y que las recientes elecciones no resuelven por si solas. Marcan, cuando más, el camino a seguir. Pero este no será fácil de transitar. Se ha definido un campo de batalla que puede adquirir una intensidad imprevisible en varias vertientes entrelazadas.
Por un lado, el marco jurídico. Sabemos que este no es el más apropiado al combate a fondo a la corrupción. De ello atestigua el hecho de que se encuentren en discusión las leyes reglamentarias del Sistema Anticorrupción aprobado hace un año. Por otro lado, podría alegarse que si existen posibilidades de que los gobernadores electos puedan cumplir sus promesas con el marco legal vigente, si es que existe voluntad política para ello.
Voluntad que no es solo la de ellos, sino la de todo el sistema político mexicano. Evidentemente la apuesta es alta. Que los ganadores panistas, e independiente, cumplan sus promesas, los posicionaría muy alto en la opinión pública y rumbo al 2018. El no cumplir las promesas de campaña los dejaría expuestos a lo contrario, a ser considerados fraudulentos y su partido perdería la oportunidad de ser considerado abanderado de esta vital transformación. Por su parte el partido en el gobierno y gran parte de los gobernadores actuales saben que si la oposición cumple esa promesa pueden quedar desprotegidos en las próximas elecciones.
Los ciudadanos cruzamos los dedos porque esta disputa definitoria del futuro nacional se resuelva apelando a los restos de legalidad e institucionalidad que aún nos quedan, aplicando la ley para que hacer justicia. No como vendettas de carácter personal.
Una gran cualidad de las elecciones pasadas fue precisamente que no tuvieron la violencia que algunos temían. Se llevaron a cabo con serenidad y una alta participación ciudadana. Estas son las bases elementales de la reconstrucción sólida, institucional, de un estado de derecho señalado por el dialogo con la ciudadanía, sobre todo en sus formas de expresión organizada.
Jorge Faljo
Los resultados de las pasadas elecciones dejan un sabor de boca agridulce. Por un lado, contra viento y marea, es decir a contracorriente de la compra de votos, las campañas de difamación, el control de medios y otras manipulaciones, se logró expresar el sentir de la población. Es un voto que ha cambiado, para bien, el panorama presente y futuro del país al enviar un mensaje al grupo gobernante de que no están solos. Hay otras voces que deben ser escuchadas. Para empezar la voz de una sociedad con la que han cortado comunicación.
El “malhumor social”, como lo llamó el Presidente Peña, se expresó en las urnas como hartazgo y rabia ante la corrupción, la impunidad y la inseguridad en su peor forma posible; la de la colusión frecuente entre los poderes del estado y la criminalidad. Batidillo al que bien podría añadirse la alianza turbia, de facto, con el poder económico.
Poco, tirando a nada, se debatió en las campañas electorales sobre la economía del país y la situación social. Brillaron por su ausencia temas como el de la generación de empleos dignos, el estancamiento económico y el retroceso en bienestar, la inequidad, el comercio exterior, la calidad de los servicios públicos, la necesidad de orientar las riquezas parasitarias a la inversión productiva y otros asuntos importantes. A esta ausencia de debate es a lo que llamo lo agrio del proceso electoral.
Y sin embargo en esa ausencia de propuestas, análisis y debate que caracterizan a las democracias maduras, en la nuestra resaltó lo elemental: la urgente necesidad de un estado de derecho. Es decir, el imperativo de reconstruir los fundamentos del estado, la política, la administración pública y la democracia.
Poco de esto parece haber entrado en la cabeza de la cúpula priista. Carolina Monroy, secretaria general del PRI, señaló que la sociedad expresó su molestia hacia la impunidad y los escándalos. Con lo que parece equiparar el problema de fondo, la impunidad, con su expresión mediática, los escándalos. Olvida que el sistema electoral, y de hecho el monopolio ideológico de los medios, está diseñado para impedir el debate serio de alternativas de política.
Así que la expresión ciudadana se fue a lo elemental, a la esperanza generada por las promesas de los candidatos triunfadores de limpiar la propia casa. En Quintana Roo fue la promesa del candidato ganador de investigar la deuda de 25 mil millones de pesos que deja el gobernador saliente. En Chihuahua, Javier Corral, no se retracta de su ofrecimiento de castigo a la corrupción y señala que la reconciliación política dentro del estado requiere pasar por el encarcelamiento del gobernador saliente.
En Veracruz Miguel Ángel Yunes reafirma que el gobernador actual y colaboradores irán a la cárcel por un enriquecimiento ilícito que está dejando al estado en situación de crisis social, en salud, educación y con enormes deudas. Hay un nuevo contexto que el Bronco, de Nuevo León, parece empezar a aprovechar para reactivar con hechos sus propias promesas de combate a los corruptos de la anterior administración.
El hecho es que la población votó para tener gobiernos honestos, no criminales. Lo cual indica la magnitud del problema que enfrentamos y que las recientes elecciones no resuelven por si solas. Marcan, cuando más, el camino a seguir. Pero este no será fácil de transitar. Se ha definido un campo de batalla que puede adquirir una intensidad imprevisible en varias vertientes entrelazadas.
Por un lado, el marco jurídico. Sabemos que este no es el más apropiado al combate a fondo a la corrupción. De ello atestigua el hecho de que se encuentren en discusión las leyes reglamentarias del Sistema Anticorrupción aprobado hace un año. Por otro lado, podría alegarse que si existen posibilidades de que los gobernadores electos puedan cumplir sus promesas con el marco legal vigente, si es que existe voluntad política para ello.
Voluntad que no es solo la de ellos, sino la de todo el sistema político mexicano. Evidentemente la apuesta es alta. Que los ganadores panistas, e independiente, cumplan sus promesas, los posicionaría muy alto en la opinión pública y rumbo al 2018. El no cumplir las promesas de campaña los dejaría expuestos a lo contrario, a ser considerados fraudulentos y su partido perdería la oportunidad de ser considerado abanderado de esta vital transformación. Por su parte el partido en el gobierno y gran parte de los gobernadores actuales saben que si la oposición cumple esa promesa pueden quedar desprotegidos en las próximas elecciones.
Los ciudadanos cruzamos los dedos porque esta disputa definitoria del futuro nacional se resuelva apelando a los restos de legalidad e institucionalidad que aún nos quedan, aplicando la ley para que hacer justicia. No como vendettas de carácter personal.
Una gran cualidad de las elecciones pasadas fue precisamente que no tuvieron la violencia que algunos temían. Se llevaron a cabo con serenidad y una alta participación ciudadana. Estas son las bases elementales de la reconstrucción sólida, institucional, de un estado de derecho señalado por el dialogo con la ciudadanía, sobre todo en sus formas de expresión organizada.
domingo, 5 de junio de 2016
Migración a Europa: la ironía mortal
Jorge Faljo
A pesar de que varias naves acudieron al encuentro de la patera que se hundía, avistada por mera casualidad, solo pudieron rescatar a 340 de sus pasajeros. Se cree que más de otros 300 se ahogaron. Esto ocurrió este pasado jueves en aguas intermedias entre Egipto y Grecia por donde hasta ahora no habían intentado cruzar los refugiados con rumbo a Europa.
Otras 700 personas murieron el 27 de mayo en tres naufragios frente a las costas de Libia. Las olas llevaron a la playa a 117 cadáveres, en su mayoría de mujeres y niños.
Ha sido una semana de horror paradójicamente causada por el buen tiempo y lo calmado del oleaje. Esto dio la señal de arranque a miles de refugiados en espera de atravesar el mediterráneo a partir de las costas de África. Lo hacen en embarcaciones hechizas, sobrecargadas en extremo. Cientos de traficantes se dedican a comprar barcos de mala muerte en los que embarcan hasta el tope a los desesperados, y muchas son familias, que pagan miles de dólares por una travesía de muy alto riesgo.
Europa aceptó prestarle 3 mil millones de euros a Turquía, además de otras importantes concesiones, para que cierre el paso a millones de refugiados provenientes de Siria e Iraq. Hace unos días el embajador turco ante la Unión Europea declaró que “es una ironía de la historia que seamos nosotros los que debamos detener la oleada (de refugiados), somos nosotros los que salvaremos a la Unión Europea”.
Esto es cierto más allá de lo que piensa el mismo embajador. Europa colaboró muy activamente al derrocamiento del régimen Iraquí y a la desestabilización de Siria. Demostró, con los Estados Unidos, que pueden destruir a sus enemigos pero no construir amigos. Lo hizo con la justificación de luchar contra dictaduras. La ironía es que ahora tiene que hacer la vista gorda ante los desplantes dictatoriales y sangrientos de Turquía (por ejemplo en su lucha contra los kurdos). La nueva situación pega directamente en la imagen ética de Europa.
Merkel, la canciller alemana propuso el año pasado recibir a 800 mil refugiados. Cómo motor industrial de Europa, con bajo desempleo, consideró que la medida daría el mismo buen resultado de integrar a su fuerza de trabajo a millones de turcos y a los alemanes empobrecidos provenientes de la antigua Alemania comunista. De ese modo la industria alemana abarató la fuerza de trabajo de sus propios obreros y, sumada a su papel de prestamista internacional, le permitió convertirse en la potencia industrial de Europa. Abrir sus puertas a los refugiados, en su mayoría jóvenes, reforzaría su modelo económico.
En esa dirección Merkel pretendió arrastrar a toda Europa; lo que no calculó bien fue que en los países de su periferia, en general deficitarios, en crisis, y con alto desempleo, la entrada masiva de refugiados crearía fuerte malestar. Más adelante, calibrando mejor la magnitud de esa marejada humana Alemania fue de los primeros países en cerrar sus fronteras.
El problema es que cerrar unas rutas lleva a que se abran otras de mayor riesgo, costo en vidas, y en dinero pagado a los traficantes. Cerrar la ruta turca aumenta fuertemente el sufrimiento de millones de desplazados sirios, iraquíes y afganos. Pero es sobre todo la imagen de un bebe muerto, rescatado de las aguas, lo que más tiende a sacudir la conciencia europea y a alimentar la disensión interna entre aquellos que prefieren atrincherarse y otros, como la intendente de París que ha decidido crear un “campo humanitario” en esa gran capital.
Más allá del derrumbe de las caretas morales el problema no es meramente político, sino económico. No solo son refugiados que huyen de la guerra sino otros que escapan de multitud de países en los que la población no encuentra medios de sobrevivencia. No porque en tiempos pasados no los hubiera, sino sobre todo porque sus medios de desarrollo han sido destruidos.
Las potencias industriales y las grandes empresas globales han exigido, para abrir paso a su producción, la apertura de los mercados nacionales propiciando la destrucción de los no competitivos. De esos espacios de destrucción de capacidades locales y regionales, o de rapiña para apropiarse de los recursos naturales, surgen los millones de mexicanos que han emigrado, los centroamericanos que cruzan nuestras tierras y los millones de africanos que intentan escapar de las zonas arrasadas.
Europa recibió, a regañadientes, a más de un millón de refugiados el año pasado. Lo que no tendría mucho problema si sus ciudadanos estuvieran satisfechos y boyantes. Pero llevan años de caída en sus niveles de vida, con incapacidad de dar empleo a su juventud, y con deterioro evidente de los servicios públicos. En esas condiciones no están dispuestos a compartir.
Lo que está en juego va mucho más allá de la frágil unidad de Europa y de las tragedias de migrantes. Habrá que encontrar soluciones de vida para los millones que permanecen en sus lugares de origen. Y estas solo pueden basarse en fortalecerlos, aún y cuando el mercado globalizado exija su sacrificio.
A pesar de que varias naves acudieron al encuentro de la patera que se hundía, avistada por mera casualidad, solo pudieron rescatar a 340 de sus pasajeros. Se cree que más de otros 300 se ahogaron. Esto ocurrió este pasado jueves en aguas intermedias entre Egipto y Grecia por donde hasta ahora no habían intentado cruzar los refugiados con rumbo a Europa.
Otras 700 personas murieron el 27 de mayo en tres naufragios frente a las costas de Libia. Las olas llevaron a la playa a 117 cadáveres, en su mayoría de mujeres y niños.
Ha sido una semana de horror paradójicamente causada por el buen tiempo y lo calmado del oleaje. Esto dio la señal de arranque a miles de refugiados en espera de atravesar el mediterráneo a partir de las costas de África. Lo hacen en embarcaciones hechizas, sobrecargadas en extremo. Cientos de traficantes se dedican a comprar barcos de mala muerte en los que embarcan hasta el tope a los desesperados, y muchas son familias, que pagan miles de dólares por una travesía de muy alto riesgo.
Europa aceptó prestarle 3 mil millones de euros a Turquía, además de otras importantes concesiones, para que cierre el paso a millones de refugiados provenientes de Siria e Iraq. Hace unos días el embajador turco ante la Unión Europea declaró que “es una ironía de la historia que seamos nosotros los que debamos detener la oleada (de refugiados), somos nosotros los que salvaremos a la Unión Europea”.
Esto es cierto más allá de lo que piensa el mismo embajador. Europa colaboró muy activamente al derrocamiento del régimen Iraquí y a la desestabilización de Siria. Demostró, con los Estados Unidos, que pueden destruir a sus enemigos pero no construir amigos. Lo hizo con la justificación de luchar contra dictaduras. La ironía es que ahora tiene que hacer la vista gorda ante los desplantes dictatoriales y sangrientos de Turquía (por ejemplo en su lucha contra los kurdos). La nueva situación pega directamente en la imagen ética de Europa.
Merkel, la canciller alemana propuso el año pasado recibir a 800 mil refugiados. Cómo motor industrial de Europa, con bajo desempleo, consideró que la medida daría el mismo buen resultado de integrar a su fuerza de trabajo a millones de turcos y a los alemanes empobrecidos provenientes de la antigua Alemania comunista. De ese modo la industria alemana abarató la fuerza de trabajo de sus propios obreros y, sumada a su papel de prestamista internacional, le permitió convertirse en la potencia industrial de Europa. Abrir sus puertas a los refugiados, en su mayoría jóvenes, reforzaría su modelo económico.
En esa dirección Merkel pretendió arrastrar a toda Europa; lo que no calculó bien fue que en los países de su periferia, en general deficitarios, en crisis, y con alto desempleo, la entrada masiva de refugiados crearía fuerte malestar. Más adelante, calibrando mejor la magnitud de esa marejada humana Alemania fue de los primeros países en cerrar sus fronteras.
El problema es que cerrar unas rutas lleva a que se abran otras de mayor riesgo, costo en vidas, y en dinero pagado a los traficantes. Cerrar la ruta turca aumenta fuertemente el sufrimiento de millones de desplazados sirios, iraquíes y afganos. Pero es sobre todo la imagen de un bebe muerto, rescatado de las aguas, lo que más tiende a sacudir la conciencia europea y a alimentar la disensión interna entre aquellos que prefieren atrincherarse y otros, como la intendente de París que ha decidido crear un “campo humanitario” en esa gran capital.
Más allá del derrumbe de las caretas morales el problema no es meramente político, sino económico. No solo son refugiados que huyen de la guerra sino otros que escapan de multitud de países en los que la población no encuentra medios de sobrevivencia. No porque en tiempos pasados no los hubiera, sino sobre todo porque sus medios de desarrollo han sido destruidos.
Las potencias industriales y las grandes empresas globales han exigido, para abrir paso a su producción, la apertura de los mercados nacionales propiciando la destrucción de los no competitivos. De esos espacios de destrucción de capacidades locales y regionales, o de rapiña para apropiarse de los recursos naturales, surgen los millones de mexicanos que han emigrado, los centroamericanos que cruzan nuestras tierras y los millones de africanos que intentan escapar de las zonas arrasadas.
Europa recibió, a regañadientes, a más de un millón de refugiados el año pasado. Lo que no tendría mucho problema si sus ciudadanos estuvieran satisfechos y boyantes. Pero llevan años de caída en sus niveles de vida, con incapacidad de dar empleo a su juventud, y con deterioro evidente de los servicios públicos. En esas condiciones no están dispuestos a compartir.
Lo que está en juego va mucho más allá de la frágil unidad de Europa y de las tragedias de migrantes. Habrá que encontrar soluciones de vida para los millones que permanecen en sus lugares de origen. Y estas solo pueden basarse en fortalecerlos, aún y cuando el mercado globalizado exija su sacrificio.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)