Elecciones: Azúcar Amarga

Faljoritmo

Jorge Faljo

Los resultados de las pasadas elecciones dejan un sabor de boca agridulce. Por un lado, contra viento y marea, es decir a contracorriente de la compra de votos, las campañas de difamación, el control de medios y otras manipulaciones, se logró expresar el sentir de la población. Es un voto que ha cambiado, para bien, el panorama presente y futuro del país al enviar un mensaje al grupo gobernante de que no están solos. Hay otras voces que deben ser escuchadas. Para empezar la voz de una sociedad con la que han cortado comunicación.

El “malhumor social”, como lo llamó el Presidente Peña, se expresó en las urnas como hartazgo y rabia ante la corrupción, la impunidad y la inseguridad en su peor forma posible; la de la colusión frecuente entre los poderes del estado y la criminalidad. Batidillo al que bien podría añadirse la alianza turbia, de facto, con el poder económico.

Poco, tirando a nada, se debatió en las campañas electorales sobre la economía del país y la situación social. Brillaron por su ausencia temas como el de la generación de empleos dignos, el estancamiento económico y el retroceso en bienestar, la inequidad, el comercio exterior, la calidad de los servicios públicos, la necesidad de orientar las riquezas parasitarias a la inversión productiva y otros asuntos importantes. A esta ausencia de debate es a lo que llamo lo agrio del proceso electoral.

Y sin embargo en esa ausencia de propuestas, análisis y debate que caracterizan a las democracias maduras, en la nuestra resaltó lo elemental: la urgente necesidad de un estado de derecho. Es decir, el imperativo de reconstruir los fundamentos del estado, la política, la administración pública y la democracia.

Poco de esto parece haber entrado en la cabeza de la cúpula priista. Carolina Monroy, secretaria general del PRI, señaló que la sociedad expresó su molestia hacia la impunidad y los escándalos. Con lo que parece equiparar el problema de fondo, la impunidad, con su expresión mediática, los escándalos. Olvida que el sistema electoral, y de hecho el monopolio ideológico de los medios, está diseñado para impedir el debate serio de alternativas de política.

Así que la expresión ciudadana se fue a lo elemental, a la esperanza generada por las promesas de los candidatos triunfadores de limpiar la propia casa. En Quintana Roo fue la promesa del candidato ganador de investigar la deuda de 25 mil millones de pesos que deja el gobernador saliente. En Chihuahua, Javier Corral, no se retracta de su ofrecimiento de castigo a la corrupción y señala que la reconciliación política dentro del estado requiere pasar por el encarcelamiento del gobernador saliente.

En Veracruz Miguel Ángel Yunes reafirma que el gobernador actual y colaboradores irán a la cárcel por un enriquecimiento ilícito que está dejando al estado en situación de crisis social, en salud, educación y con enormes deudas. Hay un nuevo contexto que el Bronco, de Nuevo León, parece empezar a aprovechar para reactivar con hechos sus propias promesas de combate a los corruptos de la anterior administración.
El hecho es que la población votó para tener gobiernos honestos, no criminales. Lo cual indica la magnitud del problema que enfrentamos y que las recientes elecciones no resuelven por si solas. Marcan, cuando más, el camino a seguir. Pero este no será fácil de transitar. Se ha definido un campo de batalla que puede adquirir una intensidad imprevisible en varias vertientes entrelazadas.

Por un lado, el marco jurídico. Sabemos que este no es el más apropiado al combate a fondo a la corrupción. De ello atestigua el hecho de que se encuentren en discusión las leyes reglamentarias del Sistema Anticorrupción aprobado hace un año. Por otro lado, podría alegarse que si existen posibilidades de que los gobernadores electos puedan cumplir sus promesas con el marco legal vigente, si es que existe voluntad política para ello.

Voluntad que no es solo la de ellos, sino la de todo el sistema político mexicano. Evidentemente la apuesta es alta. Que los ganadores panistas, e independiente, cumplan sus promesas, los posicionaría muy alto en la opinión pública y rumbo al 2018. El no cumplir las promesas de campaña los dejaría expuestos a lo contrario, a ser considerados fraudulentos y su partido perdería la oportunidad de ser considerado abanderado de esta vital transformación. Por su parte el partido en el gobierno y gran parte de los gobernadores actuales saben que si la oposición cumple esa promesa pueden quedar desprotegidos en las próximas elecciones.

Los ciudadanos cruzamos los dedos porque esta disputa definitoria del futuro nacional se resuelva apelando a los restos de legalidad e institucionalidad que aún nos quedan, aplicando la ley para que hacer justicia. No como vendettas de carácter personal.

Una gran cualidad de las elecciones pasadas fue precisamente que no tuvieron la violencia que algunos temían. Se llevaron a cabo con serenidad y una alta participación ciudadana. Estas son las bases elementales de la reconstrucción sólida, institucional, de un estado de derecho señalado por el dialogo con la ciudadanía, sobre todo en sus formas de expresión organizada.