Faljoritmo
Jorge Faljo
La discusión política nacional se centra en lo más elemental; en el comportamiento básico de la administración pública. Dos son las grandes vertientes en que ahora se centra la demanda ciudadana para exigir cambios de fondo: participación social y combate a la corrupción.
Esta administración federal se engolosinó con el acuerdo de elites expresado en el Pacto por México para establecer con gran rapidez y sin consulta social las llamadas reformas estructurales. Ninguna de ellas puede ahora considerarse exitosa; un mejor diseño habría exigido un debate amplio e incluyente, sustentado con información de expertos, experiencias internacionales y aportaciones ciudadanas.
En un caso, el de la reforma laboral impuesta al sector educativo, la negativa gubernamental al dialogo más elemental llevó al abierto enfrentamiento entre las fuerzas federales y la población que apoya a los maestros. Ahora, más vale tarde que nunca, se ha abierto la posibilidad de un dialogo que deberá ser político, laboral y educativo. Esperemos, para bien de todos, que ocurra en el mayor nivel de civilidad posible; como si fuéramos una democracia plena.
La segunda vertiente en que se centran las expectativas ciudadanas es si esta administración pública está dispuesta a limpiarse de la corrupción, la impunidad y el cinismo que la invaden y que son causas fundamentales de su alto costo e ineficacia.
Fue contundente el mensaje de las recientes elecciones de 12 gobernadores donde los triunfos panistas se montaron en la exigencia ciudadana de investigar, transparentar y meter a la cárcel a varios de los gobernadores salientes. Ahora la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, se suma a esta línea al exigirle abiertamente a la titular de la PGR, Arely Gómez, que actúe contra el exmandatario Guillermo Padrés, acusado de corrupción.
Sin embargo, aunque limpiar y resarcir el impacto de administraciones deshonestas sea importante, lo es más contar con un marco jurídico apropiado al fin de la corrupción y la impunidad. Tal ha sido el sentido del movimiento ciudadano conocido como 3de3 que esencialmente pide que todos los servidores públicos hagan públicas una declaración patrimonial, sus declaraciones fiscales de los últimos años y una declaración de conflictos de interés.
Se trató en este caso de un movimiento nacido a principios del 2015 y promovido desde las cúpulas empresariales y posteriormente acogido por políticos sobre todo del PAN y PRD. Logró conjuntar y entregar en el senado las firmas y datos del IFE de algo más de 634 mil ciudadanos.
Diversos políticos y funcionarios hicieron pública su declaración tres de tres; entre ellos 11 diputados, 24 senadores, 12 gobernadores, además de otros funcionarios y políticos relevantes, hasta un total de 588 personas.
El empuje mediático de una propuesta impulsada sobre todo por voceros empresariales consiguió convertirla en eje, si bien controvertido de la discusión sobre la nueva legislación de combate a la corrupción.
Este pasado 14 de junio el senado recogió, de manera tibia, la propuesta al señalar que los servidores públicos deberán entregar a los órganos internos de control de cada institución las tres declaraciones (fiscal, patrimonial y de intereses). Sin embargo no es obligatorio hacerlas públicas. Tampoco se aceptó que el formato de la declaración, estableciendo los datos puntuales a revelar, fuera el propuesto por las organizaciones promotoras y, finalmente, no se obliga a la declaración de conyugues y consanguíneos. Por ello muchos consideran que no hay diferencia de fondo con lo que ya existía.
La verdadera sorpresa de lo aprobado en el senado es que obliga a todos aquellos que por cualquier motivo reciben recursos públicos a presentar su propia declaración tres de tres. Este añadido ha sido duramente rechazado por dos motivos: uno es que la mala redacción de la ley puede ser interpretado como que obliga hasta a los becarios, los receptores de apoyos sociales, a todo tipo de proveedores, a los accionistas de las empresas proveedoras y otros más. Algunos calculan, creo que con exageración, que obligaría a más de treinta millones de mexicanos.
Pero incluso si se corrige la mala redacción el asunto levanta ámpula. Imagine usted al dueño y socios de Higa revelando su situación patrimonial. ¿Incluiría lo de los Panamá Papers?
El caso es que el martes 21 el presidente Peña Nieto recibió a una delegación empresarial que básicamente le solicitó que vetará la nueva ley para eliminar la parte que los afecta. Ahí sí hubo dialogo.
Los promotores de la transparencia pública, pero no de la privada, señalan que más que una mera venganza, de lo que se trata es de un ardid para obstaculizar el decreto que hace efectiva la ley. Sin embargo la solución no es difícil; lo más probable es que Peña Nieto promulgue la ley para que de inmediato se proponga su modificación en el siguiente periodo ordinario. De momento la situación apunta a que tendremos una ley sin dientes.
Desde otro sector de las organizaciones sociales, pero no las empresariales, se propone en cambio un tres de tres empresarial: que los proveedores del sector público revelen el porcentaje de impuestos que pagan sobre sus ganancias; y que se certifiquen como patrones que pagan salarios dignos, cubren el seguro social a cabalidad y respetan el medio ambiente. Esta es una propuesta más ajustada a lo que sería viable que el sector público demande de sus proveedores.
Más allá de lo que ocurra en Gobernación y en el Congreso, en las tribunas la opinión pública se inclina cada vez más en contra de la clase política.
Estimado Jorge Faljo:
ResponderEliminarMe gusto mucho su artículo y al respecto agrego algunos datos a esto.
El movimiento ciudadano de 3de3 que pide que todos los servidores públicos hagan públicas su declaración patrimonial, sus declaraciones fiscales de los últimos años y una declaración de conflictos de interés, en mi opinión es una iniciativa de movimiento complejo, impractico y riesgozo para quien publique estas declaraciones, aunque ya algunos lo hayan hecho. Verá,
Primero, cualquiera de las declaraciones solicitadas se puede dar el encubrimiento; hay contadores (muy buenos y caros por cierto) que saben tan bien esconder su patrimonio, en la que en sus propias narices de quien fiscalice no podrá ver más de lo pueda o quiera esconder su cliente.
Segundo, se requiere la convergencia de leyes y mayor actuación de la fiscalización hacendaría (que permita investigar hasta por debajo de las piedras de su casa) para cercar a quien supuestamente sea sospechoso de un acto ilícito.
Tercero, el publicar en Internet sus declaraciones para hacerlas publicas corren el peligro de asedios por parte de "malandrines" que se dedican a fastidiar sin querer trabajar, y lo peor de esto es que hay un trafico de información de la información personal de las gentes. Por ejemplo los bancos le proporcionan tarjetas de crédito vía telefónica sin que usted haya dado sus datos.
Las personas que pregonan este tipo de movimientos, no miden el alcance de lo que puede ocurrir con esto, como siempre el voz populi es el que mueve a las masas.
Mi propuesta sería por dar un ejemplo (sin querer ir a más de los muchos problemas que existen):
En las licitaciones publicas convocadas por el gobierno que son verdaderos problemas de corrupción, porqué necesariamente tienen que participar el personal de quien convoca sabemos que de ahí se desprende una buena parte de la corrupción mexicana; porque mejor no se hace con un ente calificador externo que decida quien sea el convocante ganador. Un órgano calificador de reconocido prestigio que participará totalmente ajeno, tanto a lo que se concursa como a la dependencia de gobierno que requiere los servicios.
Saludos cordiales