Jorge Faljo
No es fácil definir al populismo. Por etimología se trataría de una posición cercana a los intereses del pueblo. En la práctica se expresa como reproche a las elites y en propuestas de cambio radical de las estrategias que les han permitido beneficiarse de manera unilateral y en contra de los trabajadores y de los excluidos.
El populismo tiene expresiones diferente y hasta contradictorias. Bernie Sanders, que contendió con Hillary Clinton por la candidatura presidencial del partido demócrata, representa un populismo de izquierda. El de Donald Trump es de derecha. Ambas posiciones tienen puntos en común: critican a las elites por haber abandonado al pueblo norteamericano; a los tratados de libre comercio por la pérdida de empleos manufactureros; y el enriquecimiento desmedido del uno por ciento de la población, o sea la elite, en contraste al empobrecimiento de la mayoría.
Los populismos de Sanders y de Trump tienen un diagnóstico similar y ambos se oponen al libre comercio y enfatizan la defensa de su producción manufacturera y sus empleos. Sus diferencias principales radican en las políticas sociales y fiscales (salud, educación, impuestos). Noam Chomsky, un brillante analista norteamericano propone que después de estas elecciones podría configurarse un partido en el que puedan aliarse los seguidores de Sanders y los de Trump.
Trump tiene su base social en la clase trabajadora blanca sin estudios universitarios; un grupo que ha sufrido lo peor del deterioro salarial de los últimos cuarenta años más la pérdida de ocho millones de empleos manufactureros bien pagados. Es el grupo más afectado por la desindustrialización de las ciudades y empresas medias y pequeñas de los Estados Unidos.
Sanders por otra parte, tiene su base social sobre todo entre la juventud; los menores de cuarenta años, muchos de ellos estudiantes o recién graduados y sobre los que pesa una deuda colectiva de más de un billón de dólares (trillion en inglés). Pidieron crédito para pagar sus estudios y al salir de la universidad no encuentran un empleo que les permita hacerle frente. Las deudas de esta juventud educada se convierten en un obstáculo a la posibilidad de rentar una vivienda y formar una familia. Es un problema que reduce su perspectiva de bienestar por abajo de la de sus padres.
El populismo no es una expresión exclusiva de los Estados Unidos; se propaga en Europa con crecientes sectores de la población que se oponen a la integración económica global y reclaman soluciones controladas nacionalmente. Es el reclamo de una mayor capacidad para tomar decisiones locales, en contra de la tecnocracia que se apoderó de la conducción de Europa.
Hoy en día Jean Marie Le Pen, que preside un movimiento que desea recuperar una moneda nacional para Francia, se opone a la inmigración y es favorable al proteccionismo industrial, Jean Marie es dos veces más popular que François Hollande, el presidente de Francia. Bien podría conquistar la presidencia de su país en 2017.
En Austria un partido similar estuvo a punto de ganar las elecciones hace unas semanas y de hecho podría, aunque es improbable, ganarlas el próximo diciembre debido a que la votación será repetida en una pequeña región geográfica.
La importancia creciente del populismo en los Estados Unidos y Europa se manifiesta también en el diagnóstico, las medidas de prevención y el miedo que es ahora parte del discurso del Fondo Monetario Internacional.
En su último informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial, Maurice Obstfeld, economista jefe del FMI, destaca que tras ocho años de la Gran Recesión la recuperación sigue siendo precaria y amenaza convertirse en un estancamiento persistente, particularmente en las economías avanzadas. Es un contexto propicio, dice, para la adopción de medidas populistas a favor de restringir el comercio internacional. A las que, claro está, se opone.
Tal perspectiva está logrando introducir consideraciones inéditas al diagnóstico económico del FMI, ahora preocupado por la falta de crecimiento de los salarios y el aumento de la desigualdad que, dice Obstfeld, crearon la percepción de que se benefició en exceso a las elites y a los dueños del capital. Su uso de la palabra percepción intenta minimizar el hecho, pero al menos lo empieza a preocupar.
Ahora Christine Lagarde, directora general del Fondo, habla de la “transición inclusiva” de la economía y propone una distribución equitativa de los beneficios del crecimiento. Para ello hay que mitigar los efectos negativos de la globalización y conseguir que todos se beneficien.
Este giro de los planteamientos del FMI es loable, aunque llega a destiempo, cuando los impactos negativos son evidentes y eso que ocurrieron en condiciones de buen crecimiento económico. ¿Cómo plantear ahora el reparto equitativo de los beneficios en la nueva perspectiva de estancamiento generalizado?
Dos conclusiones derivo de las tendencias descritas: que el populismo llegó para quedarse y que el miedo no anda en burro.
sábado, 29 de octubre de 2016
sábado, 22 de octubre de 2016
Jaloneos presupuestales
Jorge Faljo
Se aprobó el paquete presupuestario público para el 2017 con un fuerte recorte al gasto público. Se responde así, lo dijo Hacienda, a la perspectiva negativa que le asestaron las calificadoras Moody´s y Fitch a la evolución de las finanzas públicas. Había que frenar el acelerado ritmo de endeudamiento de los primeros años de esta administración de manera que no se amenazara, ni con el pétalo de una rosa, pagarlo en el futuro.
El costo para los mexicanos será bastante alto. El deterioro en los servicios de salud, educación, transporte y otros básicos bajan los niveles de vida y empujan, a los que pueden, a servicios por su cuenta. Más allá de renglones específicos, el sector público es el principal generador de demanda de la economía y apretar sus inversiones, consumo y los salarios que paga tiene un efecto negativo en toda la economía. Al ajustarse el cinturón aprieta el de todos los demás.
La caída en la inversión pública desalienta a la privada. Esto en un contexto de larga y desesperante debilidad del mercado interno. Se han perdido millones de puestos de trabajo que pagan más de cinco salarios mínimos para ser substituidos, si bien nos va, por otros que pagan menos.
Por todos lados se contrae la demanda y esto es precisamente lo que en el mundo y en México está obstruyendo el funcionamiento de la producción. Cuando teníamos un estado fuerte crecíamos al seis o siete por ciento anual; en las últimas décadas, con un estado semiderruido apenas nos arrastramos.
El paquete fiscal se aprobó sin discusión. El mayoriteo progubernamental impidió revisar más de un centenar de propuestas. Tenemos un congreso sin la altura necesaria para darse el tiempo de reflexionar y analizar. ¿Importa que México tenga una captación fiscal de apenas la mitad del promedio de los países de la OCDE? Este país es, como lo dijo Alicia Barcena, mexicana dirigente de la CEPAL, un paraíso fiscal.
Lejos de lo relevante, los medios y parte de la oposición destacan que al presupuesto se le añadieron, de último minuto, 51 mil millones de pesos originados en modificaciones al cálculo del precio del dólar, la producción petrolera y la eficiencia recaudatoria. Pero el paquete económico establece ingresos por cuatro billones 888 mil 892 millones de pesos y en esa perspectiva el añadido no es más que un miserable 1.04 por ciento del total. Pero, sacado de la manga, consigue distraer del asunto de fondo: si el otro 99 por ciento es un presupuesto adecuado a los requerimientos del país en esta coyuntura.
Todas las voces parecen opinar que no; que el presupuesto no basta. Lo dicen los gobernadores estatales, las universidades, lo murmuran las distintas secretarías y entidades públicas. Lamentablemente cada uno de ellos se refiere a su propio sector y no asciende a la visión de conjunto. La Secretaría de Hacienda logró dividir a sus opositores y convertir la negociación, si así se le puede llamar, en un pleito de cobijas en el que cada uno jala para su lado y no logra ver lo evidente: que a todos les falta y que el presupuesto es insuficiente en su conjunto.
Si se unificaran en la discusión tendrían que haber derivado a ¿cómo elevar los ingresos públicos? Y al gran asunto de eliminar la opacidad y alta discrecionalidad con la que se maneja Hacienda. Recordemos que, contra la práctica habitual, este asunto fundamental es responsabilidad de la Cámara de Diputados. Función que rehúye y nos condena a una democracia de utilería.
Compararnos con otros países permitiría identificar lo que aquí no se grava y nos debilita. Es posible incrementar el ingreso sin disminuir el consumo de la población; eso solo endurecerá el estancamiento económico y el empobrecimiento mayoritario. En lugar de ello, cobrar, con estándares internacionales impuestos a la riqueza no productiva, la producción monopólica y las importaciones destructivas de la producción interna. Romper tabús. ¿Ignoran nuestros legisladores que Francia acaba de imponer altos aranceles a las importaciones de acero chino con la finalidad explicita de proteger su producción?
Otros países, y hablo de Estados Unidos, Japón y Europa, han sido pragmáticos y han seguido políticas monetarias de creación de dinero que han atenuado el yugo de la deuda pública y el pago de intereses.
Pero en esta discusión presupuestal no hubo visión crítica sobre un presupuesto en el que el ingreso gubernamental se salva por la vía del diferencial del precio de las gasolinas importadas y el precio al público. Si hemos llegado a esto, por qué no fincar impuestos a otras importaciones. No para seguir como estamos, sino para levantar a producción manufacturera interna.
El sabor amargo que deja este paquete económico, y los estragos que habrá de causar podrían, ojalá, acelerar el ambiente de transformación política que se empieza a respirar. Tenemos ya sobre la mesa propuestas concretas para encaminarnos hacia un sistema político parlamentario que elimine el autoritarismo de quienes no logran más de la tercera parte de los votos. Hay que obligar a los actores políticos a la negociación y la búsqueda de consensos, sobre todo cuando nos encaminamos al 2018 con un desprestigio masivo de los partidos y sus candidatos.
Por otra parte la decisión del EZLN de llevar a cabo una consulta indígena y popular para, posiblemente, presentar una candidata indígena en las presidenciales del 2018 es muy importante. Hace dos aportaciones al contexto político nacional: su vinculación indisoluble con los intereses de los marginados, y la experiencia del exitoso duelo de ingenio y substancia que le permitió sobrevivir y adquirir presencia internacional. Es desde abajo que puede surgir calidad en la discusión pública y en el proceso de selección de candidatos de los otros partidos. ¡Bienvenidos!
Se aprobó el paquete presupuestario público para el 2017 con un fuerte recorte al gasto público. Se responde así, lo dijo Hacienda, a la perspectiva negativa que le asestaron las calificadoras Moody´s y Fitch a la evolución de las finanzas públicas. Había que frenar el acelerado ritmo de endeudamiento de los primeros años de esta administración de manera que no se amenazara, ni con el pétalo de una rosa, pagarlo en el futuro.
El costo para los mexicanos será bastante alto. El deterioro en los servicios de salud, educación, transporte y otros básicos bajan los niveles de vida y empujan, a los que pueden, a servicios por su cuenta. Más allá de renglones específicos, el sector público es el principal generador de demanda de la economía y apretar sus inversiones, consumo y los salarios que paga tiene un efecto negativo en toda la economía. Al ajustarse el cinturón aprieta el de todos los demás.
La caída en la inversión pública desalienta a la privada. Esto en un contexto de larga y desesperante debilidad del mercado interno. Se han perdido millones de puestos de trabajo que pagan más de cinco salarios mínimos para ser substituidos, si bien nos va, por otros que pagan menos.
Por todos lados se contrae la demanda y esto es precisamente lo que en el mundo y en México está obstruyendo el funcionamiento de la producción. Cuando teníamos un estado fuerte crecíamos al seis o siete por ciento anual; en las últimas décadas, con un estado semiderruido apenas nos arrastramos.
El paquete fiscal se aprobó sin discusión. El mayoriteo progubernamental impidió revisar más de un centenar de propuestas. Tenemos un congreso sin la altura necesaria para darse el tiempo de reflexionar y analizar. ¿Importa que México tenga una captación fiscal de apenas la mitad del promedio de los países de la OCDE? Este país es, como lo dijo Alicia Barcena, mexicana dirigente de la CEPAL, un paraíso fiscal.
Lejos de lo relevante, los medios y parte de la oposición destacan que al presupuesto se le añadieron, de último minuto, 51 mil millones de pesos originados en modificaciones al cálculo del precio del dólar, la producción petrolera y la eficiencia recaudatoria. Pero el paquete económico establece ingresos por cuatro billones 888 mil 892 millones de pesos y en esa perspectiva el añadido no es más que un miserable 1.04 por ciento del total. Pero, sacado de la manga, consigue distraer del asunto de fondo: si el otro 99 por ciento es un presupuesto adecuado a los requerimientos del país en esta coyuntura.
Todas las voces parecen opinar que no; que el presupuesto no basta. Lo dicen los gobernadores estatales, las universidades, lo murmuran las distintas secretarías y entidades públicas. Lamentablemente cada uno de ellos se refiere a su propio sector y no asciende a la visión de conjunto. La Secretaría de Hacienda logró dividir a sus opositores y convertir la negociación, si así se le puede llamar, en un pleito de cobijas en el que cada uno jala para su lado y no logra ver lo evidente: que a todos les falta y que el presupuesto es insuficiente en su conjunto.
Si se unificaran en la discusión tendrían que haber derivado a ¿cómo elevar los ingresos públicos? Y al gran asunto de eliminar la opacidad y alta discrecionalidad con la que se maneja Hacienda. Recordemos que, contra la práctica habitual, este asunto fundamental es responsabilidad de la Cámara de Diputados. Función que rehúye y nos condena a una democracia de utilería.
Compararnos con otros países permitiría identificar lo que aquí no se grava y nos debilita. Es posible incrementar el ingreso sin disminuir el consumo de la población; eso solo endurecerá el estancamiento económico y el empobrecimiento mayoritario. En lugar de ello, cobrar, con estándares internacionales impuestos a la riqueza no productiva, la producción monopólica y las importaciones destructivas de la producción interna. Romper tabús. ¿Ignoran nuestros legisladores que Francia acaba de imponer altos aranceles a las importaciones de acero chino con la finalidad explicita de proteger su producción?
Otros países, y hablo de Estados Unidos, Japón y Europa, han sido pragmáticos y han seguido políticas monetarias de creación de dinero que han atenuado el yugo de la deuda pública y el pago de intereses.
Pero en esta discusión presupuestal no hubo visión crítica sobre un presupuesto en el que el ingreso gubernamental se salva por la vía del diferencial del precio de las gasolinas importadas y el precio al público. Si hemos llegado a esto, por qué no fincar impuestos a otras importaciones. No para seguir como estamos, sino para levantar a producción manufacturera interna.
El sabor amargo que deja este paquete económico, y los estragos que habrá de causar podrían, ojalá, acelerar el ambiente de transformación política que se empieza a respirar. Tenemos ya sobre la mesa propuestas concretas para encaminarnos hacia un sistema político parlamentario que elimine el autoritarismo de quienes no logran más de la tercera parte de los votos. Hay que obligar a los actores políticos a la negociación y la búsqueda de consensos, sobre todo cuando nos encaminamos al 2018 con un desprestigio masivo de los partidos y sus candidatos.
Por otra parte la decisión del EZLN de llevar a cabo una consulta indígena y popular para, posiblemente, presentar una candidata indígena en las presidenciales del 2018 es muy importante. Hace dos aportaciones al contexto político nacional: su vinculación indisoluble con los intereses de los marginados, y la experiencia del exitoso duelo de ingenio y substancia que le permitió sobrevivir y adquirir presencia internacional. Es desde abajo que puede surgir calidad en la discusión pública y en el proceso de selección de candidatos de los otros partidos. ¡Bienvenidos!
sábado, 15 de octubre de 2016
Dinero desde un helicóptero
Faljoritmo
Jorge Faljo
La economía mundial se encuentra estancada y sin perspectivas de mejora. Por lo contrario, todo hace prever que sus problemas de fondo se mantendrán. El mayor de ellos, en el que convergen los demás es lo que el Fondo Monetario Internacional ha llamado “demanda reprimida”; un asunto que abordé la semana pasada.
El hecho es que por una parte la población no cuenta con los medios para comprar todo lo que se puede producir y ofrecer en el mercado, mientras que, al mismo tiempo, la capacidad de demanda, es decir la riqueza se acumula en muy pocas manos. Lo cual genera una demanda muy sesgada.
No hay suficiente poder de compra para adquirir mercancías de consumo generalizado y por ello han bajado de precio los energéticos, metales y minerales, manufacturas y alimentos. En el otro extremo hay una alta inflación de bienes de consumo suntuario de muy alto nivel: obras de arte, viviendas o yates que valen decenas de millones de dólares.
La falta de consumo tiene un impacto negativo en la rentabilidad de la mayoría de las empresas y a muchas las lleva a la quiebra; en primer lugar, a aquellas que son las que emplean más mano de obra, mientras que sobreviven las de alta tecnología y robotizadas.
Es un problema de tal magnitud que está obligando a los economistas, incluso a los que se ubican en espacios de ortodoxia económica, a pensar en mecanismos novedosos para enfrentar el problema.
Una de estas formas fue, en los últimos años, la generación de dinero para recomprar deuda gubernamental y/o financiar directamente el gasto público. Se inyectaron grandes cantidades de dinero en los circuitos financieros y se facilitó el pago de los endeudados de los Estados Unidos, Europa y Japón.
Sin embargo, ese dinero fue “capturado” por los circuitos financieros y tuvo poco impacto permanente en la capacidad de consumo de la mayoría de la población. La mayoría siguió en la ruta del empobrecimiento. Al mismo tiempo los conglomerados empresariales se sentaron en sus fortunas sin tener la suficiente imaginación o ganas para invertir.
Ahora, poco a poco se difunde la idea de generar dinero para entregarlo directamente a la población. Para impulsar la idea se recurre a citar a uno de los apóstoles de la ortodoxia neoliberal, Milton Friedman, que por allá de 1968 expresó la idea de manera metafórica como la posibilidad de que desde un helicóptero se arrojaran billetes de mil dólares a la población.
No era en realidad la primera vez que se proponía algo así por parte de un economista de gran importancia. Keynes, otro renombrado economista, propuso hace más de medio siglo, y un poco en broma, que el gobierno enterrara dinero y la población trabajara en excavarlo para de ese modo crear empleo y demanda.
Claro que los que ahora retoman estas ideas proponen formas más serias de distribuirlo. Una sería regresar impuestos a los trabajadores; pero beneficia solo a los que ya tienen empleo. Otra forma sería instituir un ingreso ciudadano garantizado al que todos accederían por el simple hecho de existir, lo que garantizaría el derecho a mínimos de alimentación, vestido, transporte y vivienda.
Ya existen avances en ese sentido en la mayoría de los países. Transferencias monetarias en favor de la población en pobreza extrema, individuos de la tercera edad, madres solteras u otros grupos vulnerables.
Existen obviamente los férreos opositores a expandir este tipo apoyos. Unos lo hacen desde una perspectiva moral: el sustento debe ganarse con esfuerzo, sudor y lágrimas. Lo que me lleva a recordar que mientras un trabajador mexicano labora en promedio 2,200 horas al año, un alemán lo hace solo 1,600 horas.
Otros combaten la idea del reparto de ingreso con el fantasma de la inflación desatada. Idea incongruente cuando precisamente el problema de la economía mundial es la escasez de demanda frente a la abundancia de mercancías en las bodegas.
Otro argumento en contra es que debido a la incertidumbre la población preferiría ahorrar ese dinero en lugar de incrementar su consumo. Sin embargo, sería fácil evitar este riesgo. El dinero se puede repartir en forma de vales que caduquen en un par de meses, o colocarlo en tarjetas electrónicas que reduzcan el monto disponible cada semana. Si no se gasta se pierde.
Dejo para el último los dos principales argumentos a favor de la propuesta de generar dinero y distribuirlo directamente a la población. Un argumento es que las grandes empresas se resisten a reducir sus ganancias y acumulan riqueza a la que no le dan destino productivo; es más fácil crear dinero y repartirlo a la población que expropiárselo a los muy ricos mediante impuestos. Sería un mecanismo de redistribución del ingreso que fortalecería la equidad y la paz.
El segundo argumento es que el avance tecnológico lleva irremisiblemente al planeta hacia el desempleo mayoritario. El trabajo escasea cada vez más. Frente a ello debemos considerar reducir el número de horas de trabajo; para empezar, no trabajar más que los alemanes o los holandeses. Digamos semanas de 30 horas. Lo que se complementaría con el reparto de ingresos a toda la población para equilibrar la demanda con la oferta real y potencial que ya existe y está en espera de que la gente tenga el recurso para comprar.
La vida no tiene que ser un valle de lágrimas; avancemos en la construcción de un paraíso.
Jorge Faljo
La economía mundial se encuentra estancada y sin perspectivas de mejora. Por lo contrario, todo hace prever que sus problemas de fondo se mantendrán. El mayor de ellos, en el que convergen los demás es lo que el Fondo Monetario Internacional ha llamado “demanda reprimida”; un asunto que abordé la semana pasada.
El hecho es que por una parte la población no cuenta con los medios para comprar todo lo que se puede producir y ofrecer en el mercado, mientras que, al mismo tiempo, la capacidad de demanda, es decir la riqueza se acumula en muy pocas manos. Lo cual genera una demanda muy sesgada.
No hay suficiente poder de compra para adquirir mercancías de consumo generalizado y por ello han bajado de precio los energéticos, metales y minerales, manufacturas y alimentos. En el otro extremo hay una alta inflación de bienes de consumo suntuario de muy alto nivel: obras de arte, viviendas o yates que valen decenas de millones de dólares.
La falta de consumo tiene un impacto negativo en la rentabilidad de la mayoría de las empresas y a muchas las lleva a la quiebra; en primer lugar, a aquellas que son las que emplean más mano de obra, mientras que sobreviven las de alta tecnología y robotizadas.
Es un problema de tal magnitud que está obligando a los economistas, incluso a los que se ubican en espacios de ortodoxia económica, a pensar en mecanismos novedosos para enfrentar el problema.
Una de estas formas fue, en los últimos años, la generación de dinero para recomprar deuda gubernamental y/o financiar directamente el gasto público. Se inyectaron grandes cantidades de dinero en los circuitos financieros y se facilitó el pago de los endeudados de los Estados Unidos, Europa y Japón.
Sin embargo, ese dinero fue “capturado” por los circuitos financieros y tuvo poco impacto permanente en la capacidad de consumo de la mayoría de la población. La mayoría siguió en la ruta del empobrecimiento. Al mismo tiempo los conglomerados empresariales se sentaron en sus fortunas sin tener la suficiente imaginación o ganas para invertir.
Ahora, poco a poco se difunde la idea de generar dinero para entregarlo directamente a la población. Para impulsar la idea se recurre a citar a uno de los apóstoles de la ortodoxia neoliberal, Milton Friedman, que por allá de 1968 expresó la idea de manera metafórica como la posibilidad de que desde un helicóptero se arrojaran billetes de mil dólares a la población.
No era en realidad la primera vez que se proponía algo así por parte de un economista de gran importancia. Keynes, otro renombrado economista, propuso hace más de medio siglo, y un poco en broma, que el gobierno enterrara dinero y la población trabajara en excavarlo para de ese modo crear empleo y demanda.
Claro que los que ahora retoman estas ideas proponen formas más serias de distribuirlo. Una sería regresar impuestos a los trabajadores; pero beneficia solo a los que ya tienen empleo. Otra forma sería instituir un ingreso ciudadano garantizado al que todos accederían por el simple hecho de existir, lo que garantizaría el derecho a mínimos de alimentación, vestido, transporte y vivienda.
Ya existen avances en ese sentido en la mayoría de los países. Transferencias monetarias en favor de la población en pobreza extrema, individuos de la tercera edad, madres solteras u otros grupos vulnerables.
Existen obviamente los férreos opositores a expandir este tipo apoyos. Unos lo hacen desde una perspectiva moral: el sustento debe ganarse con esfuerzo, sudor y lágrimas. Lo que me lleva a recordar que mientras un trabajador mexicano labora en promedio 2,200 horas al año, un alemán lo hace solo 1,600 horas.
Otros combaten la idea del reparto de ingreso con el fantasma de la inflación desatada. Idea incongruente cuando precisamente el problema de la economía mundial es la escasez de demanda frente a la abundancia de mercancías en las bodegas.
Otro argumento en contra es que debido a la incertidumbre la población preferiría ahorrar ese dinero en lugar de incrementar su consumo. Sin embargo, sería fácil evitar este riesgo. El dinero se puede repartir en forma de vales que caduquen en un par de meses, o colocarlo en tarjetas electrónicas que reduzcan el monto disponible cada semana. Si no se gasta se pierde.
Dejo para el último los dos principales argumentos a favor de la propuesta de generar dinero y distribuirlo directamente a la población. Un argumento es que las grandes empresas se resisten a reducir sus ganancias y acumulan riqueza a la que no le dan destino productivo; es más fácil crear dinero y repartirlo a la población que expropiárselo a los muy ricos mediante impuestos. Sería un mecanismo de redistribución del ingreso que fortalecería la equidad y la paz.
El segundo argumento es que el avance tecnológico lleva irremisiblemente al planeta hacia el desempleo mayoritario. El trabajo escasea cada vez más. Frente a ello debemos considerar reducir el número de horas de trabajo; para empezar, no trabajar más que los alemanes o los holandeses. Digamos semanas de 30 horas. Lo que se complementaría con el reparto de ingresos a toda la población para equilibrar la demanda con la oferta real y potencial que ya existe y está en espera de que la gente tenga el recurso para comprar.
La vida no tiene que ser un valle de lágrimas; avancemos en la construcción de un paraíso.
sábado, 8 de octubre de 2016
Montañas de lana
Jorge Faljo
El recién publicado “Panorama Económico Mundial” del Fondo Monetario Internacional –FMI-, está dedicado a la “Debilidad de la Demanda, Síntomas y Remedios”. Siguiendo lo que ya otras organizaciones internacionales habían señalado, ha colocado como eje analítico del estancamiento económico global a la insuficiencia de la demanda.
Porque capacidades para producir hay muchas y, dados los avances tecnológicos, estas siguen potenciándose en nuevos complejos industriales con tecnologías de punta. La digitalización de la información evoluciona ahora hacia la robótica y apunta a las fábricas de alta productividad sin trabajadores. Oferta sobra.
Lo que falla es la demanda. Con menor creación de puestos de trabajo por unidad de mercancía generada se ha creado una sobreoferta de trabajadores a los que se les puede pagar cada vez menos.
El secretario mexicano del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, acaba de decir, repitiendo lo señalado en Davós, que en los próximos cinco años aumentará entre 5 y 50 millones el número de desempleados en el mundo y que en un mediano plazo el 40 por ciento de la mano de obra en Estados Unidos será sustituida por robots.
Incrementar la oferta debilitando a los que pueden comprar es el signo de nuestros tiempos y se presume como incrementos de productividad que supuestamente darían paso al bienestar. Pero la realidad es otra y apunta a tragedia: una concentración de la producción y del dominio del mercado en grandes corporaciones transnacionales, asociada a una brutal concentración de la riqueza en algo así como la millonésima parte de la humanidad.
Lo que tenemos es un empobrecimiento generalizado que golpea incluso al empresariado medio y a los trabajadores ilustrados; el grueso de las llamadas clases medias.
Del otro lado de la moneda lo que existe es el exceso de ahorro corporativo; ganancias acumuladas que no encuentran destino para invertir y tienen crecientes dificultades para colocarse en instrumentos financieros rentables. Los grandes conglomerados transnacionales se encuentran sentados sobre fortunas gigantescas con las que literalmente no saben qué hacer.
Desde el año 2005 Bernanke, que habría de llegar a dirigir la reserva federal norteamericana, advirtió sobre el exceso de ahorro corporativo que abarataba a prácticamente cero el costo del dinero en los Estados Unidos. Solo que en esos años un novedoso, y trucado, esquema de financiamiento canalizó buena parte de ese ahorro hacia préstamos hipotecarios a las familias pobretonas norteamericanas. Pocos años después resultó que millones no pudieron seguir pagando estas hipotecas y perdieron sus casas en una de las peores crisis económicas de los países centrales en este siglo. La otra habría de ser las crisis de deudas soberanas (tipo Grecia, Islandia, Portugal, Irlanda y otros) cuando los gobiernos también enfrentaron problemas para pagar sus deudas.
Cierto que el problema más grave se localiza del lado de los que se endeudaron, los que pierden sus casas y los ciudadanos cuyos gobiernos les ajustan el cinturón. Pero los prestamistas, los ultra ricos también tienen sus preocupaciones. Traumados por esas experiencias donde perdieron parte de sus fortunas ahora simplemente acumulan sus ganancias en montañas de dinero que no le sirven a nadie. Ni a ellos mismos porque protegerlas les implica costos más que ganancias.
Prestarle al gobierno alemán en un bono a diez años significa aceptar una pérdida total del 29 por ciento. Se calcula que hay en el planeta 1.3 billones (millones de millones) de dólares que están depositados en cuentas que pagan intereses porque les cuiden su dinero. Los ultra ricos se compran mansiones, departamentos, yates, obras de arte de millones de dólares, pero no son sino pequeñeces comparadas con sus fortunas.
De un lado fortunas inmensas sin uso productivo; del otro una población mundial con enormes carencias, cientos de millones sin empleo, o con trabajos precarios e indignos y clases medias en deterioro. La situación y su tendencia asustan a los más claros analistas del sistema. El informe del FMI advierte del crecimiento de una inconformidad que ha rebasado al tercer mundo para instalarse como rechazo a esta forma de globalización en los mismos Estados Unidos y Europa.
La solución, señalan, es diseñar el puente que lleve la riqueza acumulada a financiar un gigantesco programa de inversión en infraestructura. El Banco Mundial señala que 1,200 millones de personas no tienen acceso a la electricidad; 663 millones no cuentan con agua potable. Mil millones no cuentan con buenos caminos, lo que los aleja de los centros de educación, salud, comercio y empleos. Cuatro mil millones no tienen acceso al internet. Lo que se necesita, dice, es diseñar proyectos atractivos a los inversionistas. Ahí está lo difícil.
Las corporaciones crecen, como depredadores, comiéndose o destruyendo a las empresas medianas y pequeñas y acrecientan el problema. Carentes de respuestas innovadoras y temerosos del riesgo, los grandes capitales buscan que los gobiernos les creen espacios de inversión con garantías públicas de ganancia. Asociaciones público privadas, pues. Pero son disfraces del endeudamiento que no resisten la radiografía de las calificadoras que colocan a los gobiernos, como al de México, al filo de su capacidad de endeudamiento.
En estas condiciones empiezan a surgir las ideas impensables, revolucionarias, incluso en los centros del pensamiento financiero mundial. Si no se encuentra como dirigir el ahorro corporativo hacia la inversión será necesario hacerlo cambiar de manos. No a sangre y fuego, sino mediante una modificación canija de la estructura fiscal que lo consiga.
Eso antes de que el atrincheramiento parasitario del gran capital se traduzca en algo peor, estallidos sociales o revoluciones políticas no controladas por el poder financiero.
El recién publicado “Panorama Económico Mundial” del Fondo Monetario Internacional –FMI-, está dedicado a la “Debilidad de la Demanda, Síntomas y Remedios”. Siguiendo lo que ya otras organizaciones internacionales habían señalado, ha colocado como eje analítico del estancamiento económico global a la insuficiencia de la demanda.
Porque capacidades para producir hay muchas y, dados los avances tecnológicos, estas siguen potenciándose en nuevos complejos industriales con tecnologías de punta. La digitalización de la información evoluciona ahora hacia la robótica y apunta a las fábricas de alta productividad sin trabajadores. Oferta sobra.
Lo que falla es la demanda. Con menor creación de puestos de trabajo por unidad de mercancía generada se ha creado una sobreoferta de trabajadores a los que se les puede pagar cada vez menos.
El secretario mexicano del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, acaba de decir, repitiendo lo señalado en Davós, que en los próximos cinco años aumentará entre 5 y 50 millones el número de desempleados en el mundo y que en un mediano plazo el 40 por ciento de la mano de obra en Estados Unidos será sustituida por robots.
Incrementar la oferta debilitando a los que pueden comprar es el signo de nuestros tiempos y se presume como incrementos de productividad que supuestamente darían paso al bienestar. Pero la realidad es otra y apunta a tragedia: una concentración de la producción y del dominio del mercado en grandes corporaciones transnacionales, asociada a una brutal concentración de la riqueza en algo así como la millonésima parte de la humanidad.
Lo que tenemos es un empobrecimiento generalizado que golpea incluso al empresariado medio y a los trabajadores ilustrados; el grueso de las llamadas clases medias.
Del otro lado de la moneda lo que existe es el exceso de ahorro corporativo; ganancias acumuladas que no encuentran destino para invertir y tienen crecientes dificultades para colocarse en instrumentos financieros rentables. Los grandes conglomerados transnacionales se encuentran sentados sobre fortunas gigantescas con las que literalmente no saben qué hacer.
Desde el año 2005 Bernanke, que habría de llegar a dirigir la reserva federal norteamericana, advirtió sobre el exceso de ahorro corporativo que abarataba a prácticamente cero el costo del dinero en los Estados Unidos. Solo que en esos años un novedoso, y trucado, esquema de financiamiento canalizó buena parte de ese ahorro hacia préstamos hipotecarios a las familias pobretonas norteamericanas. Pocos años después resultó que millones no pudieron seguir pagando estas hipotecas y perdieron sus casas en una de las peores crisis económicas de los países centrales en este siglo. La otra habría de ser las crisis de deudas soberanas (tipo Grecia, Islandia, Portugal, Irlanda y otros) cuando los gobiernos también enfrentaron problemas para pagar sus deudas.
Cierto que el problema más grave se localiza del lado de los que se endeudaron, los que pierden sus casas y los ciudadanos cuyos gobiernos les ajustan el cinturón. Pero los prestamistas, los ultra ricos también tienen sus preocupaciones. Traumados por esas experiencias donde perdieron parte de sus fortunas ahora simplemente acumulan sus ganancias en montañas de dinero que no le sirven a nadie. Ni a ellos mismos porque protegerlas les implica costos más que ganancias.
Prestarle al gobierno alemán en un bono a diez años significa aceptar una pérdida total del 29 por ciento. Se calcula que hay en el planeta 1.3 billones (millones de millones) de dólares que están depositados en cuentas que pagan intereses porque les cuiden su dinero. Los ultra ricos se compran mansiones, departamentos, yates, obras de arte de millones de dólares, pero no son sino pequeñeces comparadas con sus fortunas.
De un lado fortunas inmensas sin uso productivo; del otro una población mundial con enormes carencias, cientos de millones sin empleo, o con trabajos precarios e indignos y clases medias en deterioro. La situación y su tendencia asustan a los más claros analistas del sistema. El informe del FMI advierte del crecimiento de una inconformidad que ha rebasado al tercer mundo para instalarse como rechazo a esta forma de globalización en los mismos Estados Unidos y Europa.
La solución, señalan, es diseñar el puente que lleve la riqueza acumulada a financiar un gigantesco programa de inversión en infraestructura. El Banco Mundial señala que 1,200 millones de personas no tienen acceso a la electricidad; 663 millones no cuentan con agua potable. Mil millones no cuentan con buenos caminos, lo que los aleja de los centros de educación, salud, comercio y empleos. Cuatro mil millones no tienen acceso al internet. Lo que se necesita, dice, es diseñar proyectos atractivos a los inversionistas. Ahí está lo difícil.
Las corporaciones crecen, como depredadores, comiéndose o destruyendo a las empresas medianas y pequeñas y acrecientan el problema. Carentes de respuestas innovadoras y temerosos del riesgo, los grandes capitales buscan que los gobiernos les creen espacios de inversión con garantías públicas de ganancia. Asociaciones público privadas, pues. Pero son disfraces del endeudamiento que no resisten la radiografía de las calificadoras que colocan a los gobiernos, como al de México, al filo de su capacidad de endeudamiento.
En estas condiciones empiezan a surgir las ideas impensables, revolucionarias, incluso en los centros del pensamiento financiero mundial. Si no se encuentra como dirigir el ahorro corporativo hacia la inversión será necesario hacerlo cambiar de manos. No a sangre y fuego, sino mediante una modificación canija de la estructura fiscal que lo consiga.
Eso antes de que el atrincheramiento parasitario del gran capital se traduzca en algo peor, estallidos sociales o revoluciones políticas no controladas por el poder financiero.
domingo, 2 de octubre de 2016
No lancen piedras
Jorge Faljo
La corrupción es un problema grave en todo el mundo que en México se asocia a la impunidad generalizada. Los hechos de corrupción no se han visto atemperados con algunos casos de grandes corruptos que se vean enjuiciados y lleguen a la cárcel. Tal vez esto cambie pronto, pero de momento el camino es pedregoso.
Enfrentamos un marco legal lleno de agujeros y una operación institucional deficiente. Podría hasta sospecharse que ambos tienen defectos de diseño que pudieran ser intencionales. La idea no es tan extraña si pensamos en la palabra inglesa “loophole”, referida a una ambigüedad, un punto oscuro colocado en las leyes para darle una escapatoria a unos cuantos.
Vivimos días de intensa lucha política que amenaza llevar a varios exgobernadores (o cercanos a serlo) a rendir cuentas ante la justicia. Lo que implicaría romper la barrera de la impunidad histórica que ha protegido a la alta clase política. Sin embargo el proceso deja mucho que desear desde la perspectiva de verdadera lucha contra la corrupción.
Tal vez se entienda mejor esta crítica si pensamos en el caso de Brasil donde las acusaciones de corrupción a Dilma Roussef, la ex presidente recién depuesta y, ahora a Lula Da Silva, el ex presidente anterior, son mero pretexto para destruir la estrategia económica que representan. Lo paradójico es que sus acusadores son notoriamente corruptos.
En aquel gran país sus contrincantes decidieron que eran culpables y luego buscaron con lupa de que acusarlos. Se trata de una contaminación política de la lucha contra la corrupción que la convierte en mero instrumento de conflictos entre grupos políticos.
Lo mismo, de alguna manera, está ocurriendo en México. De ningún modo estoy diciendo que los aquí acusados de corrupción son inocentes; en todo caso sabemos que son notoriamente sospechosos.
Las elecciones del pasado cinco de junio resultaron en un duro revés al PRI que terminó de perder el control de los gobiernos locales en los que vive la mayoría de los mexicanos. El triunfo de varios de los gobernadores de oposición electos se puede atribuir al hecho de que prometieron investigar, demandar y llevar a la cárcel a sus antecesores, por corruptos. Ahora el asunto nodal es si eso ocurrirá.
Veracruz es el caso paradigmático. El 26 de septiembre la Comisión de Justicia Partidaria del PRI nacional suspendió los derechos de militante del aún gobernador, Javier Duarte. Con ello se le descobija políticamente y el partido se intenta colocar ante la opinión pública como un agente anticorrupción activo.
Sin embargo, en lo que parece ser un entramado de complicidades, veinte diputados federales de Veracruz reaccionaron en apoyo de su gobernador. Firmaron un manifiesto en el que declaran su apoyo incondicional al gobernador y refutan las acusaciones que provienen de un adversario político (el gobernador entrante).
Se trata de una rebelión de graves consecuencias, sobre todo si se extiende a otros estados. Podría destruir el control del PRI en el Congreso nacional y llevaría a perder las elecciones presidenciales del 2018. También contribuiría a agravar las tensiones y el encono dentro de los estados afectados.
Pero lo que importa destacar es que las acusaciones provienen, como en otros casos, de un contrincante de alto nivel y los defensores del acusado actúan en estrictas líneas partidarias. Es decir que el asunto no surge y no transcurre dentro del actuar institucional de las agencias encargadas de vigilar, disuadir y, en su caso, sancionar la corrupción.
En Quintana Roo se acaba de conocer que el ex gobernador Borge gastó durante su gestión más de mil millones de pesos en el alquiler de aviones y helicópteros. La nota surge ahora tras el cambio de gobierno; como han surgido muchas otras y cabe sospechar que surgirán cochineros y se sacudirán avisperos en otras entidades.
Lo más preocupante es que las acusaciones de corrupción surgen a destiempo. No de la manera oportuna en que deberían conocerse si funcionaran como deben ser las instituciones anticorrupción y, en particular, las legislaturas locales.
Por el contrario, en los estados se establecen virreinatos de poder unipersonal concentrado, altamente corrosivos de una institucionalidad que debiera funcionar con contrapesos y equilibrios entre poderes que evitaran el exceso de cualquiera de ellos. Esto es lo que hay que corregir a fondo y para ello no bastan brotes esporádicos de combate a la corrupción que sean meros instrumentos de la lucha política.
El presidente Peña Nieto acaba de hacer una declaración controvertida. Dijo “Si hablamos de corrupción, no hay nadie que pueda aventar la primera piedra”. “Porque este tema que tanto lacera, la corrupción, lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos”.
¿Qué quiso decir? La primera interpretación es una aceptación lastimosa de lo extendido de la corrupción. Pero más allá revela preocupación porque los conflictos políticos amenazan con desbordarse y poner en riesgo a toda la clase política. Se trata entonces de un llamado a no lanzarse piedras porque todos tendrían cola que les pisen.
Tal vez la situación demanda este peculiar llamado a la calma. Pero se queda demasiado corto. Urge no solo combatir la corrupción sino restablecer una gobernabilidad democrática mediante una transparencia cotidiana del actuar público basada en la destrucción del poder unipersonal. Se requiere recrear equilibrios y contrapesos entre los distintos poderes estatales, que las instancias anticorrupción funcionen con real independencia y alerten con oportunidad sobre todo exceso.
Hay que democratizar desde abajo Sr. Presidente. O se hunde el bote.
La corrupción es un problema grave en todo el mundo que en México se asocia a la impunidad generalizada. Los hechos de corrupción no se han visto atemperados con algunos casos de grandes corruptos que se vean enjuiciados y lleguen a la cárcel. Tal vez esto cambie pronto, pero de momento el camino es pedregoso.
Enfrentamos un marco legal lleno de agujeros y una operación institucional deficiente. Podría hasta sospecharse que ambos tienen defectos de diseño que pudieran ser intencionales. La idea no es tan extraña si pensamos en la palabra inglesa “loophole”, referida a una ambigüedad, un punto oscuro colocado en las leyes para darle una escapatoria a unos cuantos.
Vivimos días de intensa lucha política que amenaza llevar a varios exgobernadores (o cercanos a serlo) a rendir cuentas ante la justicia. Lo que implicaría romper la barrera de la impunidad histórica que ha protegido a la alta clase política. Sin embargo el proceso deja mucho que desear desde la perspectiva de verdadera lucha contra la corrupción.
Tal vez se entienda mejor esta crítica si pensamos en el caso de Brasil donde las acusaciones de corrupción a Dilma Roussef, la ex presidente recién depuesta y, ahora a Lula Da Silva, el ex presidente anterior, son mero pretexto para destruir la estrategia económica que representan. Lo paradójico es que sus acusadores son notoriamente corruptos.
En aquel gran país sus contrincantes decidieron que eran culpables y luego buscaron con lupa de que acusarlos. Se trata de una contaminación política de la lucha contra la corrupción que la convierte en mero instrumento de conflictos entre grupos políticos.
Lo mismo, de alguna manera, está ocurriendo en México. De ningún modo estoy diciendo que los aquí acusados de corrupción son inocentes; en todo caso sabemos que son notoriamente sospechosos.
Las elecciones del pasado cinco de junio resultaron en un duro revés al PRI que terminó de perder el control de los gobiernos locales en los que vive la mayoría de los mexicanos. El triunfo de varios de los gobernadores de oposición electos se puede atribuir al hecho de que prometieron investigar, demandar y llevar a la cárcel a sus antecesores, por corruptos. Ahora el asunto nodal es si eso ocurrirá.
Veracruz es el caso paradigmático. El 26 de septiembre la Comisión de Justicia Partidaria del PRI nacional suspendió los derechos de militante del aún gobernador, Javier Duarte. Con ello se le descobija políticamente y el partido se intenta colocar ante la opinión pública como un agente anticorrupción activo.
Sin embargo, en lo que parece ser un entramado de complicidades, veinte diputados federales de Veracruz reaccionaron en apoyo de su gobernador. Firmaron un manifiesto en el que declaran su apoyo incondicional al gobernador y refutan las acusaciones que provienen de un adversario político (el gobernador entrante).
Se trata de una rebelión de graves consecuencias, sobre todo si se extiende a otros estados. Podría destruir el control del PRI en el Congreso nacional y llevaría a perder las elecciones presidenciales del 2018. También contribuiría a agravar las tensiones y el encono dentro de los estados afectados.
Pero lo que importa destacar es que las acusaciones provienen, como en otros casos, de un contrincante de alto nivel y los defensores del acusado actúan en estrictas líneas partidarias. Es decir que el asunto no surge y no transcurre dentro del actuar institucional de las agencias encargadas de vigilar, disuadir y, en su caso, sancionar la corrupción.
En Quintana Roo se acaba de conocer que el ex gobernador Borge gastó durante su gestión más de mil millones de pesos en el alquiler de aviones y helicópteros. La nota surge ahora tras el cambio de gobierno; como han surgido muchas otras y cabe sospechar que surgirán cochineros y se sacudirán avisperos en otras entidades.
Lo más preocupante es que las acusaciones de corrupción surgen a destiempo. No de la manera oportuna en que deberían conocerse si funcionaran como deben ser las instituciones anticorrupción y, en particular, las legislaturas locales.
Por el contrario, en los estados se establecen virreinatos de poder unipersonal concentrado, altamente corrosivos de una institucionalidad que debiera funcionar con contrapesos y equilibrios entre poderes que evitaran el exceso de cualquiera de ellos. Esto es lo que hay que corregir a fondo y para ello no bastan brotes esporádicos de combate a la corrupción que sean meros instrumentos de la lucha política.
El presidente Peña Nieto acaba de hacer una declaración controvertida. Dijo “Si hablamos de corrupción, no hay nadie que pueda aventar la primera piedra”. “Porque este tema que tanto lacera, la corrupción, lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos”.
¿Qué quiso decir? La primera interpretación es una aceptación lastimosa de lo extendido de la corrupción. Pero más allá revela preocupación porque los conflictos políticos amenazan con desbordarse y poner en riesgo a toda la clase política. Se trata entonces de un llamado a no lanzarse piedras porque todos tendrían cola que les pisen.
Tal vez la situación demanda este peculiar llamado a la calma. Pero se queda demasiado corto. Urge no solo combatir la corrupción sino restablecer una gobernabilidad democrática mediante una transparencia cotidiana del actuar público basada en la destrucción del poder unipersonal. Se requiere recrear equilibrios y contrapesos entre los distintos poderes estatales, que las instancias anticorrupción funcionen con real independencia y alerten con oportunidad sobre todo exceso.
Hay que democratizar desde abajo Sr. Presidente. O se hunde el bote.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)