Sismos; las otras replicas

Jorge Faljo

Los sismos causaron, además de muertes y traumatismos físicos y emocionales, daños a más de 150 mil viviendas, la tercera parte como destrucción total. Algunos cálculos oficiales acercan el número de gentes con daños a su vivienda al millón de personas, de las que más de 250 mil se quedaron sin casa. Son, en la mayoría de los casos, familias de clase media cuya pérdida las reduce a una situación de pobreza patrimonial.

Además, ocurrieron daños a la infraestructura pública, desde escuelas hasta las redes de distribución de agua y el alcantarillado. Daños que se concentran en zonas que ya se caracterizaban por su vulnerabilidad económica: Oaxaca, Chiapas, Morelos, y barrios de la ciudad de México.

Tras los sismos de septiembre ocurrieron miles de réplicas. Movimientos telúricos adicionales que han mantenido en vilo a la población del sureste.

Ahora, tras de los impactos más traumáticos, empiezan a ocurrir otro tipo de réplicas. Las que se asocian al sanamiento social y económico, sobre todo en lo que se refiere a la cantidad y distribución de recursos para el apoyo a damnificados y la reconstrucción en general.

Una primera reacción, prácticamente instintiva en esta administración, fue convocar a los cuates, a las grandes empresas constructoras, a hacerse cargo de la reconstrucción en una estrategia de desarrollos habitacionales estandarizados. La firme negativa social obligó a un giro fundamental; pasar a una estrategia de autoconstrucción con apoyo económico, asistencia técnica y acceso a materiales a costos accesibles. Bien llevada esta nueva línea significaría que la reconstrucción ya no estaría abierta al gran negocio privado, con tajada burocrática, sino al verdadero apoyo a la población.

Pero no todo está resuelto, ni mucho menos.

Se detuvo, por homicidio doloso, al responsable de obra y copropietario de la empresa que construyó uno de los edificios derrumbados en la ciudad de México. En la revisión de escombros se pudo comprobar que la construcción no fue realizada conforme a lo reportado oficialmente, además de otras irregularidades.

Esta detención marca el inicio de una investigación más general sobre otros derrumbes. No es un asunto sencillo. La procuraduría de justicia capitalina informó que las delegaciones han incumplido con la entrega de planos estructurales de 162 inmuebles. Aquí hay mucho que escarbar y transparentar.

No habría que detenerse en los edificios dañados; la población necesita, para su tranquilidad, conocer que vive en un lugar seguro, incluso si no se dañó. Será una tarea prolongada.

Mucho de lo dañado son construcciones públicas; escuelas, hospitales, infraestructura en general. Aquí la revisión debe ser particularmente exhaustiva; por seguridad y para saber si la corrupción fue un factor importante del daño a la nación, porque a final de cuentas todas esas inversiones salieron de nuestros bolsillos.

El sistema de justicia será puesto a prueba en los próximos meses, tal vez años. Su lentitud, ineficacia y falta de transparencia habituales debe ser corregida.

En otro plano el alcalde de Nezahualcóyotl, municipio declarado zona de desastre, consideró una burla del gobierno federal que se le hayan asignado 700 mil pesos del Fondo Nacional de Desastres para las necesarias reparaciones a la red hidráulica. Dijo que se requieren por lo menos 380 millones para esas y otras reparaciones y aprovechó para exigir que se transparente el monto y distribución de los donativos internacionales y empresariales recibidos.

Por su parte la Ciudad de México reclamó que el criterio de atención preferente a la población más pobre no toma en consideración que aquellos que perdieron su patrimonio quedaron en situación de pobreza y deben ser incluidos entre la población que debe ser apoyada.

Sn ejemplos del jaloneo de cobijas entre municipios, estados y federación por la distribución de los recursos ya asignados, y todo apunta a que estos no serán suficientes.

Desde la Cámara de Diputados un órgano técnico, la Unidad de Evaluación y Control –UEC-, propone que los ingresos por aprovechamientos que resulten adicionales a lo ya previsto en el presupuesto de ingresos de la federación, se destinen a fortalecer los apoyos a los damnificados y la reconstrucción.

No es un asunto menor. Estos ingresos que superan las previsiones presentadas a la Cámara por la Secretaría de Hacienda ascenderán este año a unos 38 mil millones de pesos, según el cálculo de la UEC. El año que entra serán de un monto similar.

Anteriormente la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el uso de estos recursos es discrecional y no transparente por parte de Hacienda. Así que si el Congreso les asigna un destino se elevaría la transparencia y habría una fuente adicional, muy substancial, de recursos para el creciente jaloneo de cobijas en torno a la reconstrucción.

En un artículo anterior, “tarda en doler”, dije que el impacto de los sismos se prolongaría por años. Apenas estamos empezando a ver cuáles son sus réplicas sociales, legales, económicas. De su adecuado manejo dependerá en buena medida la percepción sobre la honestidad y eficacia de un gobierno que no tiene buena calificación popular y quién sabe si alcance a dar otra imagen más favorable.