Jorge Faljo
El próximo será un año de grandes definiciones. Pensar en el que termina es más bien deprimente. Tanto que mejor no pensar, y entonces parece que somos indiferentes a los excesos a los que hemos llegado.
Sin embargo, estamos hartos de que haya nuevos records en las cifras de asesinatos, desapariciones, y criminalidad. Tampoco es aceptable la acumulación de casos de corrupción en los que los desvíos que antes eran de millones ahora lo son de miles de millones. O las promesas incumplidas de crecimiento, empleo y bienestar. O la insuficiencia de los servicios de salud; los hospitales saturados; las citas para dentro de seis meses.
Sin embargo, todavía podemos pensar con esperanza en el año que entra. Un optimismo que no nace de la indiferencia sino, por lo contrario, de la percepción de un creciente reclamo social. Nos tiene hartos el entramado político, económico y mediático que garantiza la impunidad personal y el reciclamiento continuo de una clase política sin raíces en nuestro pueblo y nuestra historia. Y la complicidad de una clase empresarial mezquina que controla los medios de comunicación para impedirles cumplir su función social.
No obstante, repito, existen señales positivas que apuntan a la búsqueda de una dirección contrapuesta a la que nos ha hecho olvidar quienes somos: un pueblo que en el pasado ha superado las mayores dificultades apelando a medidas audaces que han recompuesto los callejones sin salida en que nos han metido las elites. Independencia, reforma, revolución, distribución de la tierra, expropiación de la tierra, fueron todos en su momento cambios supuestamente imposibles.
Ahora uno de los ejes principales del reclamo de transformación es el fortalecimiento de las autonomías; es decir de espacios donde sea posible la participación personal en las decisiones. Dejar de ser manipulados.
Lo cual implica marchar contra la tendencia globalizadora de que las decisiones las toman los conocedores; los técnicos supuestamente despolitizados, aunque siempre al servicio del poder. O la de que la economía, una actividad esencialmente social, sea regida por un mercado caprichoso, pero intocable, que enmascara las decisiones de pocos y no se orienta a satisfacer las necesidades sociales. O el supuesto de que México no tiene más destino que bailar al son que se toca desde el exterior y temblar cada vez que Trump estornuda.
En sentido contrario al sometimiento a un destino tenebroso referiré tres experiencias sociales que desafían al sometimiento.
La primera experiencia se difundió a principios de diciembre. Hubo un encuentro de tres días en la Ciudad de México que conjuntó una docena de experiencias mexicanas de trueque y comercio solidario. Se llamó “1er tejido de monedas comunitarias” donde se intercambiaron experiencias prácticas y reflexiones entre grupos de “prosumidores”. Es decir, productores – consumidores que ya producen satisfactores diversos pero que se encuentran excluidos del mercado. Una exclusión que los daña no solo a ellos, sino a la sociedad y la economía y que podría, consideran, resolverse mediante el intercambio entre productores diversos.
El encuentro incluyó intercambio de vivencias de México, Argentina, España y otros países, combinando teoría y práctica. No faltaron las aportaciones espirituales, éticas, ecológicas y, claro está, económicas. En mi humilde opinión me permití recomendarles hablar de vales o cupones y no de monedas para no entrar en conflicto con Banxico. Además enfaticé la conveniencia de incluir en el reclamo el apoyo del gobierno para el fortalecimiento del sector social de la economía.
El segundo ejemplo surgió después de que un bien documentado artículo del periódico Le Monde me hizo entender mucho mejor la experiencia zapatista en el estado de Chiapas. En un territorio con una extensión cercana a la de Bélgica, entre 100 y 250 mil integrantes de las bases zapatistas llevan a cabo el más amplio y perdurable experimento de construcción de autonomía. Sin el menor apoyo público en ese espacio operan escuelas muy eficientes en la enseñanza de conocimientos prácticos adecuados a las circunstancias locales. También de saberes ciudadanos, es decir políticos, para una eficiente gobernabilidad local. Hay buenos servicios de salud básica con un enfoque preventivo. Lo esencial de la alimentación no falta, ni vivienda, ropa y calzado muy modestos.
El nivel de participación es muy fuerte y el cambio social y político impresionante. Funciona un buen sistema de justicia basado no en el castigo sino en la reparación del daño. El sistema funciona para aportar lo esencial a la vida personal, familiar y para la convivencia social pacífica (haciendo a un lado las agresiones externas). Además, evoluciona y se fortalece con la mayor participación de mujeres y jóvenes. Un ejemplo de cambio relevante fue abatir el alcoholismo.
Espero que el resto de los mexicanos le prestemos mayor atención a la gran experiencia de manejo autonómico que ahí se genera.
Menciono apretadamente un tercer caso que me parece de gran interés. Hablo de los menonitas. Un grupo cultural y religioso particular que destaca en el medio campesino mexicano por su alto nivel de bienestar en condiciones de mercado similares a las de muchos otros en fuertes dificultades. Su “secreto” se asocia a una cultura colectiva de solidaridad, austeridad y autonomía.
La pregunta del título deriva de aquel famoso libro de Schumacher, “Lo Pequeño es Hermoso” donde proponía construir fábricas, comunidades, escuelas, hospitales, todo “a la medida de lo humano”. Es decir que debemos evitar perdernos en el gigantismo que nos masifica, nos vuelve desconocidos unos a los otros, y crea espacios en los que no podemos decidir.
Importa reconocer las experiencias que van en contra del gigantismo globalizador y construyen espacios de autonomía a la medida de lo humano y donde cada uno participe y cuente. Espacios de verdadera convivencia donde el ayudarnos los unos a los otros permitiría combatir a los depredadores sociales.
sábado, 30 de diciembre de 2017
viernes, 29 de diciembre de 2017
Los empujones del estilo imperial
Jorge Faljo
Los republicanos descorchan champaña en la Casa Blanca celebrando el mayor recorte de impuestos de los últimos 34 años en los Estados Unidos. Entretanto los demócratas hablan de un asalto al bolsillo de la mayoría para beneficio de la elite multimillonaria.
La reforma es la culminación de un proceso de mala calidad, según los estándares norteamericanos que fueron arrojados por la borda. No hubo audiencias públicas, consultas a expertos y centros de estudio; ni siquiera hubo información oportuna y dialogo con la oposición demócrata.
Una versión previa fue votada con correcciones escritas a mano, poco legibles, de la que se repartieron fotocopias. Otra versión, supuestamente final, se aprobó el martes y, tras descubrirse un par de errores, se invalidó la votación. Finalmente se aprobó el miércoles, ya sin errores evidentes. Y Trump la firmó el viernes 22.
Buena parte de los senadores republicanos votaron a favor por lealtad partidaria y sin haberla estudiado, ni siquiera leído. A lo que voy es que por las prisas es hasta los próximos días que se irán descubriendo sus detalles; posiblemente haya algunas sorpresas.
Lo que se critica de la reforma es que los pobres, trabajadores y clase media serán beneficiados con algunas migajas a lo largo de varios años. Los multimillonarios y sus grandes empresas se ahorrarán miles de millones de dólares en impuestos de manera permanente.
Entre los beneficiados con millones de dólares al año se encuentran Trump y su familia, la mayor parte de su gabinete y toda la elite política. También se redujo el impuesto a las herencias; ahora estarán exentas las de menos de 22 millones. Así que los herederos de los muy ricos están felices.
Cierto que la mayoría de los ciudadanos pagarán menos impuestos. El problema serán los impactos secundarios. El recorte fiscal obligará a la reducción del gasto en programas de beneficio social. Para muchos, los más viejos y enfermos, subirá el costo de sus seguros médicos. Estados Unidos es el único país industrializado sin seguro médico universal.
Lo más importante en el mediano plazo es que aumenta de manera substancial el déficit fiscal; más adelante será necesario reducir el gasto público. Y los republicanos regresarán a la batalla para decir que los ricos merecen más y los pobres no merecen tanto. Una descarnada lucha de clases; ricos contra pobres.
Para México la situación no pinta bien. Pero es difícil saber de qué tamaño será el impacto negativo. Hay analistas que predicen fuga de capitales volátiles y devaluación, sin que sea claro de qué tamaño. Otros, como de costumbre, se ubican en el “no pasa nada”.
El hecho es que, al mejorar las condiciones de la repatriación de las ganancias acumuladas por empresas norteamericanas en el exterior, se alienta el regreso de sus capitales volátiles. Y al elevar la rentabilidad dentro de los Estados Unidos se desalienta la inversión en exterior.
Sin embargo, para nosotros el verdadero gran tema no es el tamaño de la pedrada, sino la vulnerabilidad de nuestro sapo. Es decir, del modelo económico mexicano que depende de las inversiones externas, se orienta a exportación, y donde la competitividad depende de una mano de obra a la que no se le paga ni lo suficiente para que la familia se alimente bien.
Un riesgo fuerte es el de contaminación fiscal. Hay quienes dicen que para competir tenemos que reducir impuestos a las ganancias y a los grandes capitales y elevar el IVA a los consumidores. Es decir, favorecer más a los ricos y apretar el bolsillo de los ciudadanos de a pie. Seguir apostando a la exportación en un contexto de crisis de la globalización no es muy inteligente que digamos. Apretar el consumo mayoritario no solo es empobrecer y elevar la inequidad, sino renunciar a una vía de desarrollo con un mínimo de autonomía.
Otra idea arriesgada es atacar a la informalidad para hacerla pagar impuestos. Cierto que el profesionista independiente que oculta cuantiosos ingresos debe ser obligado a pagar. Pero el grueso de los informales opera en el micro comercio de chucherías y comida.
Basta salir a la calle y ver donde comen los obreros, los Godínez del sector público y privado, los policías, los estudiantes. Comen vitamina T (tacos, tortas, tamales, tlayudas, tostadas), engordadora y barata. Comen barato gracias a los informales. Atacar fiscalmente a los informales obligaría a subirles salario a los empleados formales. También destruiría los refugios de millones de excluidos que no pueden ser incorporados por la economía formal. La informalidad nos salva; habría que formalizar sin destruir. Así que, si no saben, señores de Hacienda, más vale no exprimir a la verdadera informalidad.
Trump avanza inexorable haciendo gala de desprecio a todo el mundo. Se salió del acuerdo de París sobre cambio climático, contra la opinión de todos sus supuestos aliados. Proclamó a Jerusalén como capital de Israel y así avaló la estrategia de limpieza étnica y apartheid. Luego se enfurece por la votación en la ONU en la que 128 países se opusieron a su política y votaron por la legalidad internacional. Solo nueve estados lo apoyaron: Israel (of course), Togo, Guatemala, Nauru, Palau, Micronesia, las islas Marshall y Honduras. Otros, incluido México, se abstuvieron o tuvieron algo más importante que hacer en ese momento.
Su reforma fiscal no es excepción; la opinión pública estaba claramente en contra y no le importó. En cualquier momento Trump podría declarar su salida del TLCAN; o llevar a la expulsión de cientos de miles de jóvenes “dreamers”, los que entraron siendo niños a los Estados Unidos; o acusar a México de la epidemia de muertes por drogadicción; o cualquier otra ocurrencia.
Tal vez el impacto más inmediato sea que el incremento de la incertidumbre basta para hacer daño. Apena darnos cuenta de esta brutal dependencia del exterior cuando los Estados Unidos entran también en un periodo oscuro.
Aquí corremos el riesgo de una política espejo; de fortalecimiento de una autocracia que se atrinchere en la defensa a ultranza (¿o será ul-transa?) de los privilegiados en sus obligaciones fiscales, a costa del deterioro institucional, la impunidad y el incremento de la violencia.
Más que seguir a los gringos debemos fortalecer el estado de derecho y la equidad, para retomar el control de nuestro destino.
Los republicanos descorchan champaña en la Casa Blanca celebrando el mayor recorte de impuestos de los últimos 34 años en los Estados Unidos. Entretanto los demócratas hablan de un asalto al bolsillo de la mayoría para beneficio de la elite multimillonaria.
La reforma es la culminación de un proceso de mala calidad, según los estándares norteamericanos que fueron arrojados por la borda. No hubo audiencias públicas, consultas a expertos y centros de estudio; ni siquiera hubo información oportuna y dialogo con la oposición demócrata.
Una versión previa fue votada con correcciones escritas a mano, poco legibles, de la que se repartieron fotocopias. Otra versión, supuestamente final, se aprobó el martes y, tras descubrirse un par de errores, se invalidó la votación. Finalmente se aprobó el miércoles, ya sin errores evidentes. Y Trump la firmó el viernes 22.
Buena parte de los senadores republicanos votaron a favor por lealtad partidaria y sin haberla estudiado, ni siquiera leído. A lo que voy es que por las prisas es hasta los próximos días que se irán descubriendo sus detalles; posiblemente haya algunas sorpresas.
Lo que se critica de la reforma es que los pobres, trabajadores y clase media serán beneficiados con algunas migajas a lo largo de varios años. Los multimillonarios y sus grandes empresas se ahorrarán miles de millones de dólares en impuestos de manera permanente.
Entre los beneficiados con millones de dólares al año se encuentran Trump y su familia, la mayor parte de su gabinete y toda la elite política. También se redujo el impuesto a las herencias; ahora estarán exentas las de menos de 22 millones. Así que los herederos de los muy ricos están felices.
Cierto que la mayoría de los ciudadanos pagarán menos impuestos. El problema serán los impactos secundarios. El recorte fiscal obligará a la reducción del gasto en programas de beneficio social. Para muchos, los más viejos y enfermos, subirá el costo de sus seguros médicos. Estados Unidos es el único país industrializado sin seguro médico universal.
Lo más importante en el mediano plazo es que aumenta de manera substancial el déficit fiscal; más adelante será necesario reducir el gasto público. Y los republicanos regresarán a la batalla para decir que los ricos merecen más y los pobres no merecen tanto. Una descarnada lucha de clases; ricos contra pobres.
Para México la situación no pinta bien. Pero es difícil saber de qué tamaño será el impacto negativo. Hay analistas que predicen fuga de capitales volátiles y devaluación, sin que sea claro de qué tamaño. Otros, como de costumbre, se ubican en el “no pasa nada”.
El hecho es que, al mejorar las condiciones de la repatriación de las ganancias acumuladas por empresas norteamericanas en el exterior, se alienta el regreso de sus capitales volátiles. Y al elevar la rentabilidad dentro de los Estados Unidos se desalienta la inversión en exterior.
Sin embargo, para nosotros el verdadero gran tema no es el tamaño de la pedrada, sino la vulnerabilidad de nuestro sapo. Es decir, del modelo económico mexicano que depende de las inversiones externas, se orienta a exportación, y donde la competitividad depende de una mano de obra a la que no se le paga ni lo suficiente para que la familia se alimente bien.
Un riesgo fuerte es el de contaminación fiscal. Hay quienes dicen que para competir tenemos que reducir impuestos a las ganancias y a los grandes capitales y elevar el IVA a los consumidores. Es decir, favorecer más a los ricos y apretar el bolsillo de los ciudadanos de a pie. Seguir apostando a la exportación en un contexto de crisis de la globalización no es muy inteligente que digamos. Apretar el consumo mayoritario no solo es empobrecer y elevar la inequidad, sino renunciar a una vía de desarrollo con un mínimo de autonomía.
Otra idea arriesgada es atacar a la informalidad para hacerla pagar impuestos. Cierto que el profesionista independiente que oculta cuantiosos ingresos debe ser obligado a pagar. Pero el grueso de los informales opera en el micro comercio de chucherías y comida.
Basta salir a la calle y ver donde comen los obreros, los Godínez del sector público y privado, los policías, los estudiantes. Comen vitamina T (tacos, tortas, tamales, tlayudas, tostadas), engordadora y barata. Comen barato gracias a los informales. Atacar fiscalmente a los informales obligaría a subirles salario a los empleados formales. También destruiría los refugios de millones de excluidos que no pueden ser incorporados por la economía formal. La informalidad nos salva; habría que formalizar sin destruir. Así que, si no saben, señores de Hacienda, más vale no exprimir a la verdadera informalidad.
Trump avanza inexorable haciendo gala de desprecio a todo el mundo. Se salió del acuerdo de París sobre cambio climático, contra la opinión de todos sus supuestos aliados. Proclamó a Jerusalén como capital de Israel y así avaló la estrategia de limpieza étnica y apartheid. Luego se enfurece por la votación en la ONU en la que 128 países se opusieron a su política y votaron por la legalidad internacional. Solo nueve estados lo apoyaron: Israel (of course), Togo, Guatemala, Nauru, Palau, Micronesia, las islas Marshall y Honduras. Otros, incluido México, se abstuvieron o tuvieron algo más importante que hacer en ese momento.
Su reforma fiscal no es excepción; la opinión pública estaba claramente en contra y no le importó. En cualquier momento Trump podría declarar su salida del TLCAN; o llevar a la expulsión de cientos de miles de jóvenes “dreamers”, los que entraron siendo niños a los Estados Unidos; o acusar a México de la epidemia de muertes por drogadicción; o cualquier otra ocurrencia.
Tal vez el impacto más inmediato sea que el incremento de la incertidumbre basta para hacer daño. Apena darnos cuenta de esta brutal dependencia del exterior cuando los Estados Unidos entran también en un periodo oscuro.
Aquí corremos el riesgo de una política espejo; de fortalecimiento de una autocracia que se atrinchere en la defensa a ultranza (¿o será ul-transa?) de los privilegiados en sus obligaciones fiscales, a costa del deterioro institucional, la impunidad y el incremento de la violencia.
Más que seguir a los gringos debemos fortalecer el estado de derecho y la equidad, para retomar el control de nuestro destino.
lunes, 18 de diciembre de 2017
¿Quién da más?
Jorge Faljo
Me dio verdadero gusto el arranque de precampaña del candidato arropado por el PRI, José Antonio Meade. No porque haya descalificado la idea de un ingreso ciudadano universal; es decir la propuesta central de la coalición “Por México al Frente” y su candidato Ricardo Anaya. También tundió las propuestas sociales del candidato de Morena, López Obrador. Antes de ser malinterpretado me apresuro a explicar el motivo de mi satisfacción.
Durante años se ha criticado que nuestras campañas electorales parecen concursos de personalidad, incluso de mera apariencia, y no ejercicios de reflexión nacional sobre los temas de importancia para el país.
En este caso es afortunado que Meade, al intentar descalificarlos, haya logrado lo contrario: subrayar cuales son los temas centrales de la contienda electoral. Hacerlos a un lado no será tan sencillo. López Obrador logró llevar a la práctica una política social de apoyo a la tercera edad, por ejemplo, que después tuvo que ser imitada en todo el país. Y lo propuesto por el Frente, el ingreso básico ciudadano, es hoy en día no solo una bandera social, sino una propuesta con fuerte sustento económico; más allá de lo corto de miras de la inercia financiera.
En opinión de Meade la propuesta de Anaya “refleja una falta brutal de comprensión de las finanzas públicas, o… es un intento real de engañar”. Tal critica se ubica en una perspectiva de estricta continuidad en el rumbo de las finanzas públicas. Aquí, o no quiere abordar o demuestra desconocimiento sobre un plano superior que se encuentra en crisis: el de una economía enfrentada al final de la globalización y una sociedad traumatizada por el empobrecimiento, la inequidad y la violencia salvaje.
Cabe recomendarle a Meade empaparse del tema. Y nada mejor que leer lo presentado en el seminario sobre ingreso básico ciudadano que organizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, aquí en México, en marzo pasado. En particular la presentación de Alicia Bárcena; la estupenda mexicana que dirige esa organización internacional.
Bárcena habló sobre todo de la historia del ingreso básico ciudadano. Sorprende saber que uno de sus primeros antecedentes fue una propuesta de Richard Nixon que en 1969 abogó por garantizar un ingreso incondicional a las familias pobres por un monto anual equivalente a unos 10 mil dólares actuales. Un año antes más de mil economistas norteamericanos habían suscrito un manifiesto publicado en la portada del New York Times pidiendo asegurar un ingreso no menor a la definición oficial de pobreza para todos. Entre ellos economistas que todavía son leídos y estudiados. Incluso en el ITAM.
Entre otros antecedentes interesantes se encuentra uno proveniente del PRI. Bárcena nos recuerda que en 2011 el entonces precandidato presidencial, Manlio Fabio Beltrones, propuso el establecimiento en México de un ingreso mínimo universal.
Más recientemente, en la propuesta original del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para la Constitución de la Ciudad de México se establecía que “toda persona desde su nacimiento tiene derecho a un ingreso básico universal y la ciudad garantizará su cumplimiento de manera progresiva”. Obtuvo un 56 por ciento de votos a favor, pero no los dos tercios necesarios para aprobarla. Finalmente quedó una versión más ligera que apunta claramente en la misma dirección.
Para la CEPAL la gran recesión del 2008 marca un fuerte incremento del interés internacional en esta propuesta. No se la puede ignorar en todo debate sobre equidad y reducción de la pobreza. Tareas estas lamentablemente desatendidas en México debido sobre todo a la ortodoxia financiera.
Incluso el Fondo Monetario Internacional se ha sumado a los llamados al gobierno de México para avanzar en favor de una mayor equidad y del reforzamiento en honestidad y cobertura de los programas sociales. Para hacerlo se requiere solucionar otra deficiencia señalada por el Fondo y la CEPAL: la muy baja recaudación fiscal de México.
Pensar como economistas con visión de país abriría las puertas a resolver el tema del financiamiento del ingreso básico universal. México tiene una captación fiscal de alrededor de 11 puntos porcentuales del PIB; menos de la tercera parte de la media de países de la OCDE que asciende a 34 por ciento. Lo que ocurre, según el Fondo, es que muchas empresas simplemente no pagan impuestos.
Si se resuelve ese asunto y se aumentara la recaudación al 21 por ciento del PIB, aún por debajo del promedio mencionado, habría recursos para garantizar a cada mexicano un ingreso de mil 200 pesos mensuales.
No obstante, sería una solución a medias. El mero incremento del consumo sería inflacionario e incrementaría el déficit comercial. Lo importante es asociar el incremento gradual del consumo al aumento de la producción en condiciones de muy baja inversión pública y privada. La salida es crear las condiciones en que la inversión histórica ya existente, a la que le dimos la espalda en los últimos treinta años, se encargue de generar el grueso del incremento del consumo popular.
Para que los pobres incrementen su consumo se requiere que los pobres eleven su producción. Poner en juego lo que la gente sabe y puede hacer con los equipos, herramientas y capacidades que ya tiene. La clave es la demanda; si la demanda se orienta en favor de estos productores, ellos responderán.
Pasar del pensamiento financiero centrado en el sector público, para repensar al país es urgente. La discusión apenas ha empezado; ojalá y se profundice desde todas las propuestas electorales.
En todo caso a Meade le conviene actualizarse; entender las nuevas corrientes del pensamiento económico y social para competir con Anaya y López que ya ofrecen mucho más.
¿Quién da más?
Me dio verdadero gusto el arranque de precampaña del candidato arropado por el PRI, José Antonio Meade. No porque haya descalificado la idea de un ingreso ciudadano universal; es decir la propuesta central de la coalición “Por México al Frente” y su candidato Ricardo Anaya. También tundió las propuestas sociales del candidato de Morena, López Obrador. Antes de ser malinterpretado me apresuro a explicar el motivo de mi satisfacción.
Durante años se ha criticado que nuestras campañas electorales parecen concursos de personalidad, incluso de mera apariencia, y no ejercicios de reflexión nacional sobre los temas de importancia para el país.
En este caso es afortunado que Meade, al intentar descalificarlos, haya logrado lo contrario: subrayar cuales son los temas centrales de la contienda electoral. Hacerlos a un lado no será tan sencillo. López Obrador logró llevar a la práctica una política social de apoyo a la tercera edad, por ejemplo, que después tuvo que ser imitada en todo el país. Y lo propuesto por el Frente, el ingreso básico ciudadano, es hoy en día no solo una bandera social, sino una propuesta con fuerte sustento económico; más allá de lo corto de miras de la inercia financiera.
En opinión de Meade la propuesta de Anaya “refleja una falta brutal de comprensión de las finanzas públicas, o… es un intento real de engañar”. Tal critica se ubica en una perspectiva de estricta continuidad en el rumbo de las finanzas públicas. Aquí, o no quiere abordar o demuestra desconocimiento sobre un plano superior que se encuentra en crisis: el de una economía enfrentada al final de la globalización y una sociedad traumatizada por el empobrecimiento, la inequidad y la violencia salvaje.
Cabe recomendarle a Meade empaparse del tema. Y nada mejor que leer lo presentado en el seminario sobre ingreso básico ciudadano que organizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, aquí en México, en marzo pasado. En particular la presentación de Alicia Bárcena; la estupenda mexicana que dirige esa organización internacional.
Bárcena habló sobre todo de la historia del ingreso básico ciudadano. Sorprende saber que uno de sus primeros antecedentes fue una propuesta de Richard Nixon que en 1969 abogó por garantizar un ingreso incondicional a las familias pobres por un monto anual equivalente a unos 10 mil dólares actuales. Un año antes más de mil economistas norteamericanos habían suscrito un manifiesto publicado en la portada del New York Times pidiendo asegurar un ingreso no menor a la definición oficial de pobreza para todos. Entre ellos economistas que todavía son leídos y estudiados. Incluso en el ITAM.
Entre otros antecedentes interesantes se encuentra uno proveniente del PRI. Bárcena nos recuerda que en 2011 el entonces precandidato presidencial, Manlio Fabio Beltrones, propuso el establecimiento en México de un ingreso mínimo universal.
Más recientemente, en la propuesta original del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para la Constitución de la Ciudad de México se establecía que “toda persona desde su nacimiento tiene derecho a un ingreso básico universal y la ciudad garantizará su cumplimiento de manera progresiva”. Obtuvo un 56 por ciento de votos a favor, pero no los dos tercios necesarios para aprobarla. Finalmente quedó una versión más ligera que apunta claramente en la misma dirección.
Para la CEPAL la gran recesión del 2008 marca un fuerte incremento del interés internacional en esta propuesta. No se la puede ignorar en todo debate sobre equidad y reducción de la pobreza. Tareas estas lamentablemente desatendidas en México debido sobre todo a la ortodoxia financiera.
Incluso el Fondo Monetario Internacional se ha sumado a los llamados al gobierno de México para avanzar en favor de una mayor equidad y del reforzamiento en honestidad y cobertura de los programas sociales. Para hacerlo se requiere solucionar otra deficiencia señalada por el Fondo y la CEPAL: la muy baja recaudación fiscal de México.
Pensar como economistas con visión de país abriría las puertas a resolver el tema del financiamiento del ingreso básico universal. México tiene una captación fiscal de alrededor de 11 puntos porcentuales del PIB; menos de la tercera parte de la media de países de la OCDE que asciende a 34 por ciento. Lo que ocurre, según el Fondo, es que muchas empresas simplemente no pagan impuestos.
Si se resuelve ese asunto y se aumentara la recaudación al 21 por ciento del PIB, aún por debajo del promedio mencionado, habría recursos para garantizar a cada mexicano un ingreso de mil 200 pesos mensuales.
No obstante, sería una solución a medias. El mero incremento del consumo sería inflacionario e incrementaría el déficit comercial. Lo importante es asociar el incremento gradual del consumo al aumento de la producción en condiciones de muy baja inversión pública y privada. La salida es crear las condiciones en que la inversión histórica ya existente, a la que le dimos la espalda en los últimos treinta años, se encargue de generar el grueso del incremento del consumo popular.
Para que los pobres incrementen su consumo se requiere que los pobres eleven su producción. Poner en juego lo que la gente sabe y puede hacer con los equipos, herramientas y capacidades que ya tiene. La clave es la demanda; si la demanda se orienta en favor de estos productores, ellos responderán.
Pasar del pensamiento financiero centrado en el sector público, para repensar al país es urgente. La discusión apenas ha empezado; ojalá y se profundice desde todas las propuestas electorales.
En todo caso a Meade le conviene actualizarse; entender las nuevas corrientes del pensamiento económico y social para competir con Anaya y López que ya ofrecen mucho más.
¿Quién da más?
domingo, 3 de diciembre de 2017
El gran reto electoral
Jorge Faljo
Hay veces que las campañas electorales se han parecido demasiado a concursos de apariencias; tener una cara agradable, dientes refulgentes, juventud y buen porte parecen contribuir a obtener votos. Eso sin menospreciar la compra de votos; es decir la distribución de despensas, tinacos, laminas, televisores y más recientemente, tarjetas electrónicas precargadas de algunos pesos o que constituyen una promesa de que si gana X candidato tendrán un depósito electrónico.
El campo de lucha en los medios tradicionales, televisión y radio, sigue siendo importante, aunque en declive. Aquí cuenta la propaganda que no se avergüenza de su nombre y, tanto o más, la información supuestamente neutra y objetiva de noticieros y espacios de análisis. También cuentan las toneladas de plástico y, en el caso de candidatos más ecológicos, de cartón, con la efigie y los colores del partido correspondiente.
Existe otra arena de batalla que emerge con tremenda importancia. Los millones de mensajes que se emiten y retrasmiten en las redes sociales, wasap, twitter, facebook y similares, y que dan la apariencia de que son generados por gente como uno. Frente al desprestigio de los medios tradicionales tendemos a atribuirles una confianza totalmente inmerecida y la prueba es que con gran facilidad los retrasmitimos a parientes, amigos y conocidos. Son un espacio en que predominan las “fake news”, la información falsa o desvirtuada. Aquí se habrá de librar una brutal contienda electoral fuertemente influenciada, sin dar la cara, por un nuevo tipo de expertos y estrategas de la desinformación.
Y, ¿en dónde queda el debate racional, informado y factual, sobre asuntos de fondo? Este prácticamente no ha existido en el pasado. Lo que constituye un grave riesgo. Cualquiera que rememore las pasadas elecciones presidenciales encontrará que el candidato ganador, Peña Nieto, nunca nos reveló sus verdaderos planes de fondo. No mencionó las reformas estructurales: la privatización del subsuelo, la reforma educativa, las estrategias contra la inseguridad y la corrupción, la continuidad de la contención salarial y demás. En lugar de comunicar los hechos, los planes y estrategias que tenían en mente, se hicieron promesas: crecimiento acelerado, empleo y bienestar, honestidad y seguridad pública.
Otra cosa hubiera sido conocer el sustento y los detalles de esas promesas que ahora sabemos incumplidas. Por eso es de la mayor importancia exigir que en este nuevo magno ciclo electoral, en el que se ponen en juego no solo la presidencia sino gubernaturas estatales y municipales y la composición del Congreso, seamos tratados como adultos pensantes. Es un derecho ciudadano.
Rechacemos las promesas que no van acompañadas del conocimiento factual de nuestras realidades y de estrategias creíbles. Tenemos la oportunidad de que ahora las elecciones no sean concursos de belleza sino de inteligencias, en las que dejemos de ser meros espectadores para exigir interlocución efectiva entre ciudadanos y candidatos.
Quienquiera que gane la elección más importante, la presidencial, recibirá un país en graves problemas. Apostamos a la globalización extrema y nos hemos quedado colgados de la brocha. Despreciamos el mercado interno y seguimos una estrategia de exclusión económica y social que requirió la expulsión de millones de mexicanos que en su propio país no tenían oportunidades de empleo y vida digna. Confiamos en las transnacionales y vendimos activos estratégicos del patrimonio nacional.
Ahora resulta que la globalización sufre de sobreproducción o, vista desde el otro lado de la misma moneda, de insuficiencia de la demanda. El mismo Fondo Monetario Internacional cuestiona en sus publicaciones los excesos del neoliberalismo conducentes a la inequidad extrema. Una desembocadura muy distinta a lo prometido que en lo económico se ha convertido en el principal obstáculo al crecimiento y en lo político está colocando al mundo de cabeza. Esto incluye a las democracias industriales amenazadas por una rabia ciudadana que no encuentra, o no la dejan encontrar, cauces racionales a su profundo descontento.
La última evaluación de la economía mexicana hecha por el Fondo Monetario Internacional señala textualmente que las reformas estructurales no se han traducido en algún incremento significativo al crecimiento económico. De hecho la economía crecerá en 2017 menos que el año anterior y esta caída seguirá en 2018.
El Fondo dice que lo que se requiere para que las reformas bandera de este régimen tengan un efecto positivo son avances efectivos en cuatro vertientes: combate a la corrupción, seguridad pública, equidad e inclusión y eficiencia administrativa. Son vertientes en las que este sexenio ha fracasado.
Será prácticamente imposible corregir el rumbo en esas cuatro vertientes sin un notorio fortalecimiento de las capacidades de acción gubernamental. Un punto en el que el Fondo Monetario apunta que tenemos la recaudación fiscal más baja entre los países de la OCDE y una de las menores de América Latina. Y aquí esta institución no se muerde la lengua al decir que esto se debe, en parte, a que “muchas empresas no pagan impuestos”.
Imposible no correlacionar la baja sostenida del ritmo de crecimiento de 2015 a 2018 sin considerar la fuerte caída en la inversión pública que se redujo en 11.8 por ciento en 2015 respecto al año anterior. Con otra baja de 9 por ciento en 2016 y otra de 12.2 en 2017. En lugar de invertir el régimen se aprieta el cinturón, y el de los mexicanos, para incrementar su solvencia ante los acreedores. Un rumbo autodestructivo del que solo podemos escapar dejando de ser un paraíso fiscal.
Hay veces que las campañas electorales se han parecido demasiado a concursos de apariencias; tener una cara agradable, dientes refulgentes, juventud y buen porte parecen contribuir a obtener votos. Eso sin menospreciar la compra de votos; es decir la distribución de despensas, tinacos, laminas, televisores y más recientemente, tarjetas electrónicas precargadas de algunos pesos o que constituyen una promesa de que si gana X candidato tendrán un depósito electrónico.
El campo de lucha en los medios tradicionales, televisión y radio, sigue siendo importante, aunque en declive. Aquí cuenta la propaganda que no se avergüenza de su nombre y, tanto o más, la información supuestamente neutra y objetiva de noticieros y espacios de análisis. También cuentan las toneladas de plástico y, en el caso de candidatos más ecológicos, de cartón, con la efigie y los colores del partido correspondiente.
Existe otra arena de batalla que emerge con tremenda importancia. Los millones de mensajes que se emiten y retrasmiten en las redes sociales, wasap, twitter, facebook y similares, y que dan la apariencia de que son generados por gente como uno. Frente al desprestigio de los medios tradicionales tendemos a atribuirles una confianza totalmente inmerecida y la prueba es que con gran facilidad los retrasmitimos a parientes, amigos y conocidos. Son un espacio en que predominan las “fake news”, la información falsa o desvirtuada. Aquí se habrá de librar una brutal contienda electoral fuertemente influenciada, sin dar la cara, por un nuevo tipo de expertos y estrategas de la desinformación.
Y, ¿en dónde queda el debate racional, informado y factual, sobre asuntos de fondo? Este prácticamente no ha existido en el pasado. Lo que constituye un grave riesgo. Cualquiera que rememore las pasadas elecciones presidenciales encontrará que el candidato ganador, Peña Nieto, nunca nos reveló sus verdaderos planes de fondo. No mencionó las reformas estructurales: la privatización del subsuelo, la reforma educativa, las estrategias contra la inseguridad y la corrupción, la continuidad de la contención salarial y demás. En lugar de comunicar los hechos, los planes y estrategias que tenían en mente, se hicieron promesas: crecimiento acelerado, empleo y bienestar, honestidad y seguridad pública.
Otra cosa hubiera sido conocer el sustento y los detalles de esas promesas que ahora sabemos incumplidas. Por eso es de la mayor importancia exigir que en este nuevo magno ciclo electoral, en el que se ponen en juego no solo la presidencia sino gubernaturas estatales y municipales y la composición del Congreso, seamos tratados como adultos pensantes. Es un derecho ciudadano.
Rechacemos las promesas que no van acompañadas del conocimiento factual de nuestras realidades y de estrategias creíbles. Tenemos la oportunidad de que ahora las elecciones no sean concursos de belleza sino de inteligencias, en las que dejemos de ser meros espectadores para exigir interlocución efectiva entre ciudadanos y candidatos.
Quienquiera que gane la elección más importante, la presidencial, recibirá un país en graves problemas. Apostamos a la globalización extrema y nos hemos quedado colgados de la brocha. Despreciamos el mercado interno y seguimos una estrategia de exclusión económica y social que requirió la expulsión de millones de mexicanos que en su propio país no tenían oportunidades de empleo y vida digna. Confiamos en las transnacionales y vendimos activos estratégicos del patrimonio nacional.
Ahora resulta que la globalización sufre de sobreproducción o, vista desde el otro lado de la misma moneda, de insuficiencia de la demanda. El mismo Fondo Monetario Internacional cuestiona en sus publicaciones los excesos del neoliberalismo conducentes a la inequidad extrema. Una desembocadura muy distinta a lo prometido que en lo económico se ha convertido en el principal obstáculo al crecimiento y en lo político está colocando al mundo de cabeza. Esto incluye a las democracias industriales amenazadas por una rabia ciudadana que no encuentra, o no la dejan encontrar, cauces racionales a su profundo descontento.
La última evaluación de la economía mexicana hecha por el Fondo Monetario Internacional señala textualmente que las reformas estructurales no se han traducido en algún incremento significativo al crecimiento económico. De hecho la economía crecerá en 2017 menos que el año anterior y esta caída seguirá en 2018.
El Fondo dice que lo que se requiere para que las reformas bandera de este régimen tengan un efecto positivo son avances efectivos en cuatro vertientes: combate a la corrupción, seguridad pública, equidad e inclusión y eficiencia administrativa. Son vertientes en las que este sexenio ha fracasado.
Será prácticamente imposible corregir el rumbo en esas cuatro vertientes sin un notorio fortalecimiento de las capacidades de acción gubernamental. Un punto en el que el Fondo Monetario apunta que tenemos la recaudación fiscal más baja entre los países de la OCDE y una de las menores de América Latina. Y aquí esta institución no se muerde la lengua al decir que esto se debe, en parte, a que “muchas empresas no pagan impuestos”.
Imposible no correlacionar la baja sostenida del ritmo de crecimiento de 2015 a 2018 sin considerar la fuerte caída en la inversión pública que se redujo en 11.8 por ciento en 2015 respecto al año anterior. Con otra baja de 9 por ciento en 2016 y otra de 12.2 en 2017. En lugar de invertir el régimen se aprieta el cinturón, y el de los mexicanos, para incrementar su solvencia ante los acreedores. Un rumbo autodestructivo del que solo podemos escapar dejando de ser un paraíso fiscal.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)