Derecho a la alimentación

Derecho a la alimentación

Jorge Faljo

La sequía que afecta al norte de México ha tenido efectos devastadores. Según el presidente de la Confederación Nacional Ganadera, Osvaldo Cházaro, han muerto alrededor de un millón de cabezas de ganado bovino, así como innumerables caballos, burros y todo tipo de animales. Numerosos municipios y comunidades se encuentran asolados por la aridez y la población emigra hacia otros lados. Este golpe pudiera parecer geográficamente aislado pero ahora ha adquirido una nueva perspectiva igual o incluso más amenazadora.

Resulta que la misma sequía afectó fuertemente a la producción de maíz de los Estados Unidos y amenaza, si no llueve pronto, afectar también de manera importante la producción de soya. Como ellos son los principales productores y exportadores de maíz del mundo la situación impacta al alza los precios del maíz en el mercado mundial y eso mismo tiene un efecto carambola elevando los de otros granos. En los últimos dos meses los precios en contratos de entrega a futuro se han elevado en 50 por ciento para el maíz, 35 por ciento para la soya y 55 por ciento para el trigo.

Los periódicos norteamericanos advierten a la población de alzas en los precios de carne de cerdo, res y pollo, así como de leche y huevo hacia fines de este año y el siguiente. Otras instancias prevén una crisis de precios de los alimentos similar a la ocurrida en 2007 – 2008. Por cierto que estas elevaciones de precios algo tuvieron que ver con descontentos populares importantes en varios países del norte de África.

Para México significaría que a una situación crónicamente mala, en empeoramiento gradual, se le sume una crisis alimentaria ante la que habría que preguntarse ¿Cuál será la gota que derrame este vaso?

Y es que, de acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI-, cerca de 22 millones de mexicanos no cuentan con ingresos suficientes para adquirir una canasta alimentaria mínimamente adecuada. 

No se trata ya tan solo de la población rural y los desempleados. Una porción creciente de los trabajadores formales, digamos los que ganan 2.5 veces el salario mínimo o menos, no ganan lo suficiente para alimentar a sus familias. Recordemos que esos 2.5 salarios no son sino la mitad de un solo salario mínimo de 1978 - 1980, al que se había llegado después de tres décadas de buen crecimiento e incremento del bienestar mayoritario. Solo que los siguientes 30 años han sido de despojo progresivo del ingreso mayoritario.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social calcula que se necesitan 1,101 pesos mensuales para que una persona se alimente adecuadamente en el medio urbano; 783 pesos en el medio rural. Un trabajador necesita ganar 4,400 pesos, unos 2.5 salarios mínimos, tan solo para comprar los alimentos de una familia de cuatro. Eso sin pagar renta, electricidad, agua y demás. Se podía con un salario mínimo de 1978, no con uno de ahora.

Para el director del Centro de Investigación en Economía y Negocios –CIEN-, del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz Gallegos, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores sobre bienes de la canasta básica ha sido del 10 por ciento en los últimos diez años. Lo peor es que el CIEN advierte que el horizonte previsible es la continuidad, en los próximos años, de la continuación del deterioro de los ingresos, muy insuficiente creación de empleos y, ahora se aparece la elevación del precio de los alimentos.

Me recuerda el mensaje de un manifestante de los últimos días: “No hay situación, por grave que sea, que no pueda empeorar.” 

Ante esta realidad, que no es producto de la naturaleza sino de una política económica, social y de desarrollo rural francamente autodestructiva la actual administración dice que la situación no es realmente tan mala: subirán los precios pero no faltarán los alimentos. El hecho es para 22 millones de mexicanos ya falta y la elevación de precios ciertamente empeorará la situación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece ahora en su artículo primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos y en el cuarto que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Es obligación de todas las autoridades respetarlo, promoverlo y garantizarlo.

No hay medias tintas: es derecho de todos, sin excepciones ni prerrequisitos; no se trata de simple comida chatarra, sino de alimentación nutritiva suficiente y de calidad; y el Estado lo garantiza. Más adelante la constitución establece también el derecho de todos al acceso al agua potable.

Este derecho se asocia, en el artículo 27 a la promoción del desarrollo rural integral que tendrá como uno de sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.

Me resulta difícil entender: Uno, cómo es que estas modificaciones tan importantes fueron hechas el año pasado sin discusión de fondo y de manera prácticamente inadvertida para la mayor parte de la sociedad. Dos, cómo es que se inscribe en nuestro pacto social algo tan socialmente digno y avanzado y luego resulta que no se hace nada al respecto.

Uno de los más graves problemas de este país es, en mi opinión, la distancia entre una legalidad cada menos funcional y el país real. Urge recuperar la armonía entre legalidad y sociedad y no veo mejor manera de empezar que hacer efectivo el derecho a la alimentación.

Implica una estrategia de desarrollo integral  socialmente incluyente y conducente a la reconquista de la autosuficiencia alimentaria. No es con dólares sino con el trabajo de los productores rurales mexicanos, con su organización para la producción y la comercialización, que se puede hacer efectivo el mandato constitucional.