Por otra reforma
laboral
Jorge Faljo
La reforma estructural laboral que el todavía
presidente Calderón envió a la Cámara de Diputados pone a prueba un
procedimiento novedoso que obliga a discutirla, reformarla y finalmente aprobarla
o rechazarla en el curso de 30 días naturales. Es un método de marcha forzada
que al parece logrará cumplir, al menos parcialmente, un acuerdo entre el
gobierno saliente y el entrante.
A pesar de ello la iniciativa fue
rápidamente rechazada por las dirigencias de las mayores organizaciones de
trabajadores del país, afiliadas al priismo, simulando entender que la reforma
era netamente calderonista. Ello obligó a la cúpula de su propio partido, el
PRI, a ser bastante claros y promover abiertamente su aprobación.
El interés de los líderes del Congreso
del Trabajo, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, y otros de similar
calibre, es doble. Por un lado se suponen representantes y defensores de los
derechos de los trabajadores y, por otro, en los hechos se representan sobre
todo a sí mismos. Lo digo así de claro porque ante las fuertes presiones que
están recibiendo para aprobar la reforma laboral pareciera que su única salida
es aprobar las partes del mayor interés patronal siempre y cuando no toquen las
bases de su poder personal.
De modo tal que tanto en las partes que
se transforman como en las que se mantienen es muy posible que salgan perdiendo
los trabajadores. Perderían derechos sin que se avance en democracia y
transparencia sindicales.
Un punto central de la reforma que muy
posiblemente será aprobado (ojalá me equivoque) se refiere a limitar el cobro
de salarios caídos a un año máximo en caso de despidos injustificados. El argumento,
aparentemente válido, es que es común que estos juicios se prolonguen durante
5, 7 o más años y para cuando se resuelve a favor del trabajador el costo es
muy alto para las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas. No obstante me
parece que este argumento parte de una visión muy limitada y que una autentica
reforma estructural laboral debiera proponer cambios de fondo, ambiciosos y no
meros parches superficiales.
El argumento olvida en primer lugar que
buena parte de los despidos son legalmente injustificados y que si el juicio se
prolonga durante años la víctima es el trabajador y no el patrón. Aquí lo que
debió haberse abordado es la manera de agilizar los juicios laborales para que
nunca duren más de un año. Supongo que si se puede obligar legalmente al Congreso,
diputados y senadores, a resolver sobre un asunto central a la vida nacional en
treinta días, debería ser posible forzar a las partes, jueces incluidos, a
resolver sobre el despido de Juan Pérez en el curso de un año o menos.
Lo que las partes pelean es la
indemnización por despido injustificado. Y aquí nuestra ley laboral es
cavernaria. El trabajador tiene derecho a una suma sólo cuando es despedido por
la empresa pero no cuando él decide salirse. Este es un derecho muy parcial y
sometido a la decisión patronal. Para no despedir y no pagar es frecuente que
los patrones opten por hacerle la vida imposible al trabajador hasta que se ve
obligado a salir, así sea por salud mental, con una mano adelante y otra atrás.
Se requiere y existe en otros países con
legislaturas modernas establecer un ahorro al que el trabajador tenga derecho
cuando sale de la empresa, cualquiera que sea la causa de su salida. Este
ahorro debería ser parte del salario y permitiría llegado el caso despidos o
salidas sin conflictos. Todo lo contrario de una legislación que amarra a
trabajadores y patrones incluso cuando ambas partes odian esa relación y se
tratan de hacer la vida imposible.
Un efecto práctico de limitar los
salarios caídos a un año, cuando no se agiliza la impartición de justicia es
que se va a despojar a los trabajadores de sus abogados defensores. Hoy en día
el abogado defensor de los trabajadores confía en ganar el juicio aunque sea
después de varios años y en que será pagado gracias a esos salarios caídos. La
limitación a un año en salarios caídos, mientras los juicios siguen durando
años, llevará en la práctica a que los trabajadores no cuenten con abogados
dispuestos a acompañarlos en ese largo trayecto. Llevará a más despidos
injustificados a sabiendas de que el costo será menor y mucho mayores las
posibilidades de que el trabajador y su abogado se desistan después de un par
de años de juicio tortuoso.
Se requiere una reforma laboral integral
que, primero, modifique el concepto de indemnización a la de un pago de salida que
acolchone la transición a otro empleo en una economía en la que la movilidad se
incrementa notablemente. Segundo, es fundamental agilizar el sistema legal
laboral. Recordemos que justicia demorada es justicia denegada.
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