Cruzada contra el hambre

Cruzada contra el hambre

Jorge Faljo

El Presidente Peña Nieto fue a Chiapas a dar el banderazo de salida del Sistema Nacional contra el Hambre (Sinhambre). Lo hizo acompañado de la plana mayor de la política: casi todos los gobernadores y varios secretarios de estado. El programa ha originado críticas tanto por su contenido, estrategia de instrumentación como por el hecho de “ocupar” el espacio zapatista para darle mayor impacto.

Las dudas surgen sobre si es o no “clientelista”; es decir compra-votos. Apela a múltiples estructuras burocráticas que en el pasado reciente han sido poco capaces de actuar de manera coordinada y menos de tener en cuenta los intereses de la población. No cuenta con presupuesto propio adicional. Se le da el banderazo de salida en el corazón de la región que se insubordinó contra el modelo neoliberal y con un conflicto “parchado” pero no resuelto.

Lo fundamental de la controversia revela una gran carga de desconfianza que parece incrementarse cuando el gobierno anuncia la intención de beneficiar a los más pobres. Hay razones históricas para esta desconfianza e irla superando requerirá dar resultados lo más pronto posible. Esto será lo que permitirá obtener lo que se propone, una amplia coincidencia de grupos y fuerzas sociales.

El Pacto México dio un paso importante al establecer a nivel de compromiso que  “La erradicación de la pobreza extrema debe garantizar un mínimo fundamental: la alimentación. Por eso, la más alta prioridad la tendrá el garantizar que ningún mexicano padezca hambre.”

La Cruzada contra el hambre no es un programa integrado y adolece de los defectos de una administración no diseñada para el dialogo, la participación y el trabajo con la población más vulnerable; una herencia de la docena trágica.

Lo que si hace y es un buen paso es focalizar la atención de los diversos programas públicos y niveles de gobierno en la población objetivo, los 7.4 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema y carencia alimentaria severa.

Se empieza a trabajar con lo que se tiene, con lo que se ha heredado y en ausencia de recursos adicionales lo fundamental es empezar por redirigir los existentes y abrir espacios de coordinación interinstitucional y de concertación con la población. Gobernar no es tan solo lanzar instrucciones vía oficio; es proponer y promover objetivos y convocar a cumplirlos, cada quien desde su trinchera o escritorio.

Es decir que creo que esto es lo que lo hace una “cruzada” y que el mensaje es doble: por un lado a la población y por el otro a la administración pública, federal, estatal y municipal. Con ello se señala el rumbo y se incentiva el movimiento de una burocracia entrampada durante largos años en la simulación  y el desprecio a la población. Salir de esa artritis no será instantáneo pero espero que al interior del sector público no se le desatienda como mensaje demagógico sino que, por el contrario, se le tome en serio como deber a cumplir.

Sinhambre se caracteriza por: Una orientación focalizada en los cuatrocientos municipios de mayor pobreza y carencia alimentaria. Corresponsabilidad de todas las dependencias. Más allá de SEDESOL se compromete a los sectores salud, educación, vivienda, economía y servicios básicos. Se plantea la inclusión productiva y el incremento de los ingresos de los beneficiarios por la vía del fortalecimiento de sus actividades económicas. Busca desatar la energía comunitaria y social involucrando a los propios beneficiarios en las soluciones que se requieren.

Me parece que se trata de la dirección correcta. No obstante creo que convendría fortalecer la última vertiente, la de involucrar a la población mediante formas novedosas que verdaderamente acerquen la toma de decisiones a las comunidades y población objetivo.

Para ello hay que fortalecer la propuesta con el cumplimiento de otro compromiso del Pacto por México: “el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público, que les permitirá manejar recursos públicos, realizar la planeación comunitaria de sus proyectos de desarrollo, así como asociarse libremente con otras comunidades o municipios para promover proyectos comunes que impulsen su desarrollo.”

No se trata de crear múltiples grupitos de "beneficiarios" a modo de cada programa; sino de avanzar hacia la representación unitaria del conjunto de cada comunidad, región y pueblo indígena. Se requiere la visión integral desde la base. 

Con ello se fortalecerá Sinhambre, se desatarán múltiples energías sociales y se avanzará por el camino de la credibilidad. 

Conflicto Macro

Conflicto Macro

Jorge Faljo

Este martes 22 de enero el periódico El Financiero publicó en primera plana y como noticia principal “Banxico arriesga su credibilidad: analistas”. El subtítulo era aún más fuerte: “Viola la ley al dar el mismo peso al PIB y a la inflación: Moody’s”. No cabe duda de que el principal periódico de México en temas financieros y económicos tuvo razón al tratarla como noticia central del día. No recuerdo, y no creo que por lo menos en los últimos doce años Moody’s se haya enfrentado al Banco de México. Es un fuerte ataque de un coloso a otro y es un conflicto de la mayor importancia para la evolución económica inmediata y de mediano plazo del país. Nos concierne a todos los mexicanos.

Para explicarlo hablemos primero de los contrincantes. Banxico, el atacado, es el banco central del Estado mexicano y es el responsable de la política monetaria, lo que incluye la emisión de moneda, la fijación de tasas de interés y el resguardo de las reservas internacionales entre sus muy importantes funciones.

Moody’s es una de las cuatro principales agencias calificadoras del mundo y la principal de México. Probablemente esto no le diga mucho al lector y habrá que explicar su importancia de una manera algo esquemática. Es un organismo privado que representa y organiza los intereses del capital financiero.

Ambos, Banco de México y Moody’s son instituciones, una pública y otra privada, que prefieren moverse con discreción, sin aspavientos, sin llamar la atención inútilmente. Pero que no quepa la menor duda, entre los dos definen el modelo de economía del país; la posibilidad de crecer, o no; la de producir y exportar, o de vender empresas e importar; la de que se genere empleo o millones tengan que emigrar o subsistir en la informalidad.

Durante muchos años, desde que Salinas lo hizo autónomo, Banxico ha actuado en una especie de matrimonio de conveniencia entre los intereses de nuestros dirigentes políticos y los del gran capital financiero. Ahora se nos revela un jaloneo de cobijas novedoso y que parece importante por la manera en que se publicita. ¿En qué consiste?

En palabras de Alfredo Coutiño, director de Moody’s Analytics para América Latina, Banxico dio “igual prioridad al crecimiento económico que a la inflación, con lo cual viola su mandato constitucional”. Según la misma nota otros analistas (de Barclays, un gran banco internacional) coinciden en que “Banxico envió a los mercados la seña de que está listo para instrumentar una política monetaria para apoyar el crecimiento económico”.

La acusación es clara y fuerte: Banxico parece considerar la posibilidad de apoyar el crecimiento económico del país. Esto, que en otros países se daría por sentado, en México sería una novedad por demás inquietante para los intereses del capital financiero. Al grado de que las dudas creadas por esta posibilidad produjeron un debilitamiento del peso y una baja de la rentabilidad de los bonos a 10 años de México. Tras el comunicado de Banxico del viernes pasado la tasa del bono mexicano a 10 años “se desplomó” (palabras de El Financiero) a una tasa de 5.08 por ciento. Apenas 2.75 veces lo que rinde su equivalente norteamericano ubicado a 1.85 por ciento. Pero ciertamente insuficiente para lo que está acostumbrado el capital financiero en México.

La caída de la tasa de interés beneficia a los deudores; entre ellos el gobierno federal y los estatales, los hipotecarios, los que deben su automóvil y los de tarjeta de crédito. Todos pagan tributo al capital financiero y a este no le gusta que este se reduzca.

Se trata de un punto de perpetua discordia entre el capital productivo, representado por organismos como la CANACINTRA y la COPARMEX, y el capital financiero, abanderado en este caso por Moody´s y otras instituciones financieras. Reiteradamente los empresarios productivos han solicitado a Banxico, concretamente a Agustín Carstens, su gobernador, que tome los tome en cuenta a ellos, a los consumidores y trabajadores y baje las tasas de interés. Lo que facilitaría la inversión, la generación de empleo y el consumo. Nunca se les ha hecho caso. Cuando desde el sector público se insinúa lo mismo se desata el escándalo por el ataque a la autonomía de “su” banco.  

Para el capital financiero una baja de las tasas de interés es tabú. Es un golpe a sus rendimientos y reduce el atractivo nacional a la inversión volátil. Y esta es indispensable para sostener los precios inflados en la bolsa de valores, en los bonos de deuda gubernamental e incluso en el peso. Nunca es agradable que se rompa una burbuja financiera.

Sin embargo el capital financiero no está manco. Moody´s podría amenazar con bajar la calificación crediticia del país dando una señal a sus representados para moverse bruscamente. En todo caso la exigencia del capital financiero es muy clara: que no se baje la tasa de interés.

Por su lado Carstens en una típica declaración ambigua dijo que todavía no es oportuno recortar la tasa de interés aunque reconoció que podría ser aconsejable bajarla para impulsar la economía. Esto último podría ser –debería ser, digo yo- el interés de la nueva administración pública.

La autonomía de Banxico le ha permitido ubicarse continuamente del lado del capital financiero; ahora se le acusa de estar del lado de los productores, exportadores, trabajadores y consumidores; es decir de los mexicanos. Es muy posible que sea una acusación infundada. No obstante cruzo los dedos porque sea cierta. 

Las propuestas de la OCDE

Faljoritmo

Jorge Faljo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-, que agrupa a las 34 principales economías industriales del planeta, fue líder en la organización del foro “México: Políticas Públicas para un Desarrollo Incluyente”. El evento duró dos días, fue inaugurado por el Presidente de la República y contó con la participación de altos funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la propia OCDE y, naturalmente, el gobierno de México.

Con gran oportunidad estas grandes organizaciones internacionales dieron a conocer su visión para nuestro país. Es decir sus propuestas de política para nuestra joven administración, aún en proceso de definición en algunas vertientes substantivas.

Independientemente de las múltiples participaciones y mensajes, todas ellas selectas, de alto nivel y en lenguaje diplomático, el eje central de las propuestas fue la presentación del documento con el mismo nombre del foro. Un título por demás prometedor; ¿Qué mejor que un “desarrollo incluyente”?

El prólogo del documento, firmado por el mexicano Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE (diseñador del FOBAPROA), principia con una frase brillante, digna del realismo fantástico de García Márquez: “Si en realidad la oportunidad florece en la incertidumbre, hemos entrado en una fase de oportunidades. La economía mundial atraviesa por el quinto año de crisis…”.

O sea que no sabemos qué va a pasar. Eso no le impide a la OCDE hacer propuestas… y a nosotros discutirlas. El documento aborda múltiples sectores y niveles; centraré estos comentarios en lo esencial de tres de ellos: el potencial de crecimiento, la relación con el exterior y la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Desde la perspectiva del potencial de crecimiento la OCDE señala que la convergencia de México con el nivel de vida promedio de sus miembros ha sido lenta. No los estamos alcanzando. Sin embargo me permito señalar que es posible que al ritmo en que se empobrecen sean ellos los que nos alcancen a nosotros. Convergencia que es parte de la crisis de cinco años que menciona el documento y que conviene recordar, aunque no nos ayuda en nada. Excepto recordar sus propias incapacidades y una mejor valoración de sus propuestas.

Para esta organización la brecha entre México y los otros miembros proviene de nuestra menor productividad laboral. Esto, como es previsible, desemboca en la propuesta de reformas estructurales de gran calado para elevar la productividad. Hay que revisar, dicen, la excesivamente restrictiva legislación sobre empleo y disminuir los costos de contratación y de despido mediante contratos de menor plazo y simplificar los litigios laborales.

O sea que si no crecemos es por culpa de los costos laborales y lo poco que queda de capacidad de defensa de los trabajadores. Al parecer no basta haber reducido el salario mínimo real en un 75 por ciento en los últimos 30 años y que, de acuerdo al CONEVAL, una buena parte de los trabajadores formales no tengan el suficiente ingreso para alimentar a la familia.

El potencial de crecimiento y la relación con el exterior convergen en un mensaje reiterado: una mayor integración a la economía mundial mediante el comercio y la inversión extranjera directa -IED. “El país necesita atraer más inversión extranjera para apuntalar el empleo y el desarrollo”. Para la OCDE “claramente se aprecia el gran potencial de México para atraer mucha más IED. Para ello, el país debe reducir las restricciones a la IED y al mismo tiempo mejorar el entorno empresarial para aprovechar al máximo este potencial”.

La propuesta es acelerar el proceso de venta de empresas internas (ya no me atrevo a decir “mexicanas”) al capital externo. No basta haber vendido los bancos, acereras, cerveceras, de paquetería, pinturas, lácteos y demás. Ahora piden en particular que se abra a la venta el sector transporte y de telecomunicaciones y permitir la movilidad en el sector de servicios profesionales (supongo que para traer a sus administradores).

Finalmente está el gran tema de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. La OCDE señala que la pobreza repunta y el empleo formal cae desde el año 2000 (cuando se acabó, digo yo, el periodo de peso barato y dólar caro originado, sin proponérnoslo en el 94). México ocupa el segundo lugar en desigualdad de los países de la OCDE, después de Chile. Es decir que competimos con la herencia de Pinochet.

Pero la OCDE tiene una propuesta: “aumentar las transferencias sociales a los más pobres” y “fortalecer las redes de seguridad social”. Para financiarlo propone eliminar “subsidios” a los energéticos (a la producción y el consumo) y focalizar con mayor precisión los beneficios de salud, educación y transferencias (el programa Oportunidades, por ejemplo). Al mismo tiempo propone “revisar la eficacia”, es decir desaparecer a DICONSA y LICONSA y reconvertir sus beneficios en dinero en efectivo.

En pocas palabras la OCDE propone fortalecer la estrategia económica vigente: apertura a la inversión externa como eje de la nueva inversión; abaratamiento de la mano de obra para competir en el exterior y caridad social para los excluidos. Me parece que ya sabemos a dónde conduce esta estrategia.

Todo ello en lugar del uso eficiente de las capacidades productivas con las que contamos (total o parcialmente inutilizadas); en vez de fortalecer el mercado interno y orientarlo al consumo de lo que podemos producir nosotros mismos; y sin perspectivas de ocupación productiva y empleo formal para las mayorías.

Si la incertidumbre es oportunidad, como lo dice Gurría, han visto la posibilidad de vendernos otra vuelta de tuerca; más de lo mismo que ya no funciona en el planeta entero.

Debemos responder al mensaje de la OCDE aprovechando el mandato constitucional que establece (artículo 26): “El Estado organizará un sistema de planeación democrática (si, democrática) del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación”

Esto es particularmente pertinente y oportuno porque la Ley de Planeación señala (art. 21) que “El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República”. También (art. 20) que habrá participación y consulta de los diversos grupos sociales y menciona específicamente a obreros, campesinos, pueblos, grupos populares, instituciones académicas, profesionales, de investigación, organismos empresariales y otras.

Hay que tomarle la palabra al Pacto por México cuando ofrece “la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas”. Y para ello nada mejor, en este momento, que cumplir con la Constitución.

Será la mejor manera de responderle a la OCDE. Destaco finalmente la ausencia del Fondo Monetario Internacional de este foro, lo que no me parece un punto menor. Los mensajes de la Lagarde (mis respetos) han ido en sentido contrario, pero ese es otro tema.

La Bomba de Austeridad Desactivada

La Bomba de Austeridad Desactivada

Jorge Faljo

En el último instante, cómo en película de acción, los congresistas norteamericanos llegaron a un acuerdo que desactivó la bomba de austeridad que habría de explotar al iniciar el 2013. Resolvieron, de momento, algo que preocupaba a los norteamericanos, al mundo entero y que, de haber explotado, también habría golpeado duramente a nuestro país.

Lo que estaba en juego era la suspensión de amplias exenciones fiscales que el anterior presidente Bush había decretado como algo temporal. Al terminar ese periodo habrían de subir de manera automática los impuestos para todos los norteamericanos reduciendo el consumo de la mayoría. El impacto sería doblemente negativo: de manera directa golpearía con dureza a millones de familias que se han empobrecido desde la crisis del 2008. De manera indirecta la reducción del consumo llevaría a las empresas a despedir trabajadores y, a muchas, incluso a la quiebra. Es decir que se induciría una recesión económica cuando aún ese país no logra recuperarse plenamente de los efectos de la crisis.

Esto ocurre en un contexto en el que la crisis presiona hacia el incremento del gasto público a diversos niveles. Incluye, por ejemplo, el salvamento de bancos y empresas; el pago del seguro del desempleo a millones que no han logrado encontrar otro trabajo; ayudas a millones de familias en riesgo de perder sus casas por no poder seguir pagando sus hipotecas; y la necesidad de reforzar servicios de asistencia social y de salud.

La resolución del dilema era obvia para los demócratas: dejar que suban los impuestos de los más adinerados para poder cubrir el incremento de gastos gubernamentales pero no subirlos a las familias de menores ingresos. Obama propuso dejar que subieran los impuestos solo para los individuos con ingresos superiores a los 250 mil dólares anuales o las familias con más de 300 mil.

A ello se opusieron a rajatabla los republicanos. Para ellos era inaceptable que subieran los impuestos de nadie. Incluso en algún momento el líder republicano en el congreso propuso aceptar que se elevaran los impuestos para las familias con ingresos de más de un millón de dólares al año y tuvo que retirar su propuesta debido a una rebelión del ala dura de su propio partido. En su perspectiva lo que había que hacer era reducir el gasto público incluyendo los gastos en salud y en asistencia social.

Una posición que llevaba a suspender la ayuda por desempleo a dos millones de trabajadores a los que ya se les ha vencido el plazo normal para encontrar empleo. Y es que en años anteriores un despedido tardaba en promedio unos tres meses en encontrar otro empleo estable y en condiciones similares a las que tenía previamente. Ahora se tarda unos diez meses en encontrar un empleo precario y, las más de las veces, con un salario muy inferior. Otras reducciones avaladas por los republicanos son disminuir el gasto en salud y cargar mayores costos a la población de la tercera edad y a las familias.

Así que las trincheras son claras: para los demócratas hay que subir impuestos a los ricos; para los republicanos hay que disminuir el gasto social. Por cierto que ninguno de los dos partidos acepta disminuir el gasto militar.

Pero la bomba de austeridad era de doble filo. Por un lado la elevación de impuestos y por el otro la disminución del gasto público. En total se trataba de reducir el consumo de ciudadanos y gobierno en unos 600 mil millones de dólares. Lo que se traduciría en una severa disminución de ventas para un aparato productivo que produce muy por debajo de su capacidad instalada porque sencillamente no hay quien compre.

El golpe en austeridad, es decir en reducción del consumo, habría llevado al despido de un número incalculable de trabajadores y a la quiebra de miles de empresas. Una recesión que habría empobrecido a la mayoría y habría golpeado a las exportaciones mexicanas agravando también nuestro propio desempleo y subutilización productiva.

Cuando sobran capacidades para producir pero falta poder de compra, como en la economía norteamericana, mexicana y mundial, la austeridad solo puede agravar la situación. Pero la austeridad es la bandera de los ricos porque si a algo le temen es a que les suban los impuestos.

Finalmente el arreglo fue que algunos republicanos votaran junto con los demócratas para dejar que se eleven los impuestos del 35 al 39.6 por ciento para las familias con ingresos superiores a los 450 mil dólares al año y se evitaron los recortes en ayuda al desempleo y a la salud de la población vulnerable. Un acuerdo que no deja satisfecha a republicanos, molestos por este aumento de impuestos, ni a demócratas, que lo consideran muy insuficiente ante las necesidades del gasto social.

Esta batalla se repetirá en apenas unos tres meses porque será necesario acordar una elevación del techo de endeudamiento del gobierno. Los republicanos  anuncian una elevación pequeña a cambio de recortes importantes de gasto público. Tienen dos objetivos: que no se pretenda subir más los impuestos a los ricos y obstaculizar el funcionamiento de la administración demócrata para ellos aspirar a ganar la presidencia en las próximas elecciones.

Los demócratas consideran que su mandato es proteger el gasto social e inyectar más demanda en la economía para impulsar la recuperación de la producción y el empleo. Eso implica transferir ingresos de los estratos sociales que simplemente lo acumulan a aquellos otros que lo gastan. Los segundos, los pobres gastalones dinamizan las ventas, la producción y el empleo. Los primeros, los ricos austeros, hunden el barco. 

Bolsa exitosa; país en agonía.

Bolsa exitosa; país en agonía.

Jorge Faljo

La bolsa de valores de México fue la más rentable del mundo en el 2012 y principia el 2013 batiendo records de ganancias. No es algo novedoso; Fox y Calderón presumían de lo exitosa que ha sido la bolsa mexicana en el panorama mundial y sería injusto negarles el mérito. Las superganancias de los activos financieros en nuestro país son resultado directo de una política económica orientada por los intereses financieros nacionales y mundiales. 

El Índice de Precios y Cotizaciones –IPC-, acumuló el año pasado una ganancia de conjunto (algunas acciones subieron más que otras) de casi 18 por ciento en pesos y de 27 por ciento en dólares. Esta última cifra es la que importa para los grandes inversionistas. La diferencia entre ambos indicadores señala que a la elevación del precio de las acciones en pesos se sumó el incremento del valor del peso. Así que la ganancia fue doble.

Comparemos con otros países. En Brasil en el 2012 las acciones se elevaron 7.4 en su propia moneda, pero perdieron 2.5 por ciento en dólares. En China, con una moneda muy estable, el incremento de la bolsa fue de 2 por ciento. Es evidente que en esos dos ejemplos el equilibrio entre ganancia productiva, crecimiento y empleo por un lado y ganancia financiera especulativa por el otro, es muy diferente al nuestro.

México con mucho menor ritmo de crecimiento real, productivo, que China y Brasil, destaca por su alto nivel de ganancia especulativa en el plano internacional. También en el interno, ¿Qué empresas pueden presumir de ganancias de 27 por ciento? Muy pocas; la mayoría tiene dificultades para sobrevivir y más bien estamos habituados a una continua oleada de destrucción; quiebras, cierres y subutilización de capacidades instaladas.

El año pasado entraron al país 33.7 mil millones de dólares de capitales financieros, volátiles. De los que entran y salen con un simple “click” de computadora y sin dejar huella productiva. Su negocio es comprar pesos y valores financieros y su volumen es tal que ellos mismos provocan la elevación de esos precios. No es la parte saludable de la economía, la producción, la ganancia productiva y el empleo los que controlan estas variables; lo hace la inversión improductiva. Son capitales que permanecen en el país mientras consiguen este efecto de incremento de precios financieros pero están listos para salir cuando consideran terminada la buena racha. En ese momento se revierte el efecto previo: bajan los precios de las acciones y el valor del peso.

Con frecuencia se nos dice que aunque es cierto que la producción y el empleo marchan mal hay por lo menos un punto brillante en el panorama desolador: la estabilidad macroeconómica sustentada en la atracción de capitales externos (incluye venta de empresas y capitales golondrinos). La afirmación es engañosa. Es como si un doctor nos dijera Usted se encuentra 99 por ciento mal pero por suerte tiene el uno por ciento bien.

No podemos separar la economía en una gran porción que funciona mal y un pedacito muy exitoso, como si fueran dos aspectos separados. El modelo es integral y coherente. Lamentablemente coherente; está diseñado para favorecer la ganancia financiera a pesar de que ello obstruye la inversión y la ganancia productiva.

Si Ud. tuviera 50 millones de pesos ¿iniciaría una empresa productiva? Piense en las complicaciones burocráticas, administrar empleados, producción y comercialización en un país con un mercado que no crece, con canales de comercialización monopólicos,  inundado de dólares baratos y donde las autoridades favorecen las importaciones sobre la producción nacional. Todo para obtener una ganancia miserable o terminar perdiendo.

Lo lógico en esta perspectiva individual es invertir en activos financieros, inmuebles, oro o cualquier otro rubro especulativo debido a que producir y crear empleo no es redituable. Y, además, las ganancias de la bolsa no pagan impuestos.

Rediseñar el modelo para generar empleo, producción y crecimiento requiere alinear los intereses individuales de los grandes capitales con los intereses del país; los de la mayoría que desea un trabajo honesto y que se sumaría a un proyecto de capitalismo nacionalista.

Habría que empezar por poner impuestos a las transacciones financieras, a las ganancias de la bolsa y reubicar la rentabilidad en la producción interna. Tener empresas fuertes que paguen salarios dignos y crecientes; fortalecer el mercado interno y vincularlo al consumo de lo hecho en México.

Los esfuerzos de salida de las crisis de los Estados Unidos y Europa se centran en generar liquidez. En palabras simples: están imprimiendo muchos billetes e inyectándolos en sus sistemas financieros y en los del planeta entero. Con eso facilitan su crédito interno a muy bajas tasas de interés, cercanas a cero. La finalidad explicita es favorecer el consumo y la inversión. Pero el planeta está globalizado y, sin decirlo explícitamente, también alientan que ese dinero “fácil” emigre hacia las periferia donde financia tanto la compra de empresas (y el año pasado siguieron comprando empresas mexicanas) como la inversión meramente financiera.

Pedir prestado a casi cero y venir a México a obtener ganancias del 27 por ciento es un doble gran negocio. Por un lado el meramente financiero. Por otro lado con esos dólares este país se convierte en un alegre importador, aunque destruya la producción interna. Lo que hace muy competitivas las exportaciones de China, Estados Unidos y Europa.

Los grandes empresarios productivos del país están aprovechando la bonanza financiera para vender sus empresas y reconvertirse en inversionistas financieros. Pasar de la ajetreada y mal remunerada producción a ser capitalistas de poltrona que disfrutan las grandes ganancias fáciles es ciertamente muy atractivo. El modelo no solo es nacional sino mundial. Aunque hay que señalar que algunos países, como Argentina, Brasil y China resisten con éxito ese modelo apoyando a su empresariado productivo por sobre los inversionistas financieros.

Las grandes ganancias de la bolsa mexicana de valores son una pésima noticia. Revelan la fuerza del poder financiero o la franca incomprensión de nuestros dirigentes todavía atados mentalmente al dogmatismo neoliberal, para imponernos una estrategia de desnacionalización y de altas ganancias especulativas que son el otro lado de la moneda de la destrucción de la producción y el empleo, de la precariedad laboral, y la desintegración social.

Resulta, quien lo diría, que se ha vuelto revolucionario proponer el regreso al viejo modelo de capitalismo productivo ahora rebasado por el financierismo depredador. Modelo asociado durante décadas a una estabilidad política muy criticada y criticable pero a estas alturas ciertamente añorada por muchos. Tal vez por buena parte del 19 por ciento de los ciudadanos que votaron por la actual administración federal.

Pensar que es posible un buen gobierno sin modificar la estrategia económica es una ilusión absurda. Espero que más pronto que demasiado tarde la nueva administración federal se dé cuenta que, a pesar de sus buenas intenciones (me refiero al Pacto por México) su destino es repetir la triste historia de la docena trágica panista, a menos que modifique la estrategia macroeconómica.  Con una conducción adecuada superaríamos ese trauma para pasar a un crecimiento dinámico; de otro modo seguiremos en esta lenta agonía nacional que ya se hace insufrible para las mayorías. Un cambio decisivo nos garantizaría mayor estabilidad futura que esta continuidad temerosa. 

Depardieu y los impuestos en Francia

Depardieu y los impuestos en Francia

Jorge Faljo

Gerard Depardieu, el genial actor francés juega desde hace un par de semanas un papel que le disgusta. El del rico que abandona su país en crisis para pagar menos impuestos. Muchos otros lo han hecho sin llamar la atención pero en su caso el asunto se ha convertido en un tema de primera línea en periódicos, noticiarios de televisión y en las redes sociales. Sin desearlo convirtió en el centro de una intensa discusión sobre política fiscal, responsabilidades sociales e incluso patriotismo.

Su gran versatilidad como actor le ha permitido interpretar papeles humorísticos, dramáticos o de acción en 169 películas de todo tipo, con frecuencia como figura principal. Eso mismo lo convirtió en una figura central de la cultura y el arte de masas moderno en Francia. Le ha llevado incluso a recibir condecoraciones de importancia nacional como la Legión de Honor y la Orden del Mérito.

Ahora es el centro de un acalorado debate político social. No ha hecho nada ilegal. Solo que de manera muy controvertida decidió cambiar su lugar de residencia a Bélgica, a un kilómetro de la frontera de su país de origen y a dos horas de Paris. Pero Depardieu es una gran figura y todo lo que hace llama la atención. Así que cuando el primer ministro del gobierno francés, el Sr. Ayrault se enteró de su salida dijo que esa era una actitud “minable” palabra que se puede traducir como mediocre o miserable.

La respuesta del actor fue airada, muy de acuerdo a su personalidad. En una carta pública el actor declaró que el ministro no era alguien para señalarlo a él en particular, que se consideraba “ciudadano del mundo” y no del mismo país que el ministro. También anunció que entregaba su pasaporte francés y su identificación del seguro social. Planea solicitar pasaporte y seguro social en Bélgica.

La razón del disgusto de Depardieu son los impuestos que paga en su país. Dice que a lo largo de 45 años de carrera profesional ha pagado 145 millones de euros en impuestos (unos 2,465 millones de pesos) y que en el 2012 pago al fisco el 85 por ciento de sus ingresos. También alega que proporciona empleo a 80 personas. Los medios franceses consideran que el porcentaje pagado este año es inverificable; pero ¿es posible?

El verdadero problema de Depardieu fue el impuesto de 1.8 por ciento a la fortuna que excede el millón de euros (unos 17 millones de pesos). Sabemos que tiene una gran residencia, un castillo, viñedos, dos restaurantes, una pescadería, una importante colección de obras de arte, varias empresas e inversiones financieras. Una parte de estas propiedades es fortuna improductiva que paga impuestos.

Por ejemplo su casa. Vive en una residencia parisina valuada en 50 millones de euros (unos 850 millones de pesos). Lo que le implicó pagar más de 15 millones de pesos de impuesto a la fortuna por una propiedad que no le da ingresos. Su colección de obras de arte es otro ejemplo; conservarla es muy caro aunque puede negociar con ella. Hace unos meses vendió una pintura de Miró en un millón de euros.

Inició negocios y creó empleos por razones distintas a las de obtener ganancias. Cuando no encontró ostras frescas cerca de su casa decidió abrir su propia pescadería; puso dos restaurantes para vender sus propios vinos; rescató una peluquería en apuros. Todo lo cual lo ha hecho un vecino muy apreciado en su barrio. Sin embargo estas inversiones son fortuna que paga impuestos haya o no ganancias.

Un cálculo aventurado nos diría que Depardieu posiblemente habrá pagado unos sesenta o más millones de pesos por fortuna acumulada; aparte los impuestos al ingreso. Si la primera es mucha puede ocurrir lo que el señala; una gran proporción de su ingreso corriente dedicada al pago de impuestos.

El caso es que el actor ha decidido emigrar, vender su residencia y tal vez otras propiedades y negocios. Ahora vivirá en Bélgica, en un pueblo fronterizo donde se han asentado varios grandes multimillonarios franceses. Otros se han ido a Suiza, Inglaterra, Irlanda o los Estados Unidos; muchos más están preparando sus maletas con la mayor discreción posible. También los hay que se quejan pero seguirán en su país.

Algunos funcionarios gubernamentales les señalan su lejanía de los ideales de la república francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Dicen que es lógico que los que ganan mucho paguen mucho. A Depardieu le recuerdan que él ha sido uno de los principales beneficiados de una política cultural que durante décadas ha subsidiado de manera importante, con recursos públicos, la producción y difusión del cine francés.

Depardieu, por ser quien es, y sin desearlo, se convirtió en el ejemplo evidente de la actitud de un grupo que abandona a su sociedad cuando la mayoría de sus compatriotas se empobrece, sus empleos se deterioran, sus vidas se hacen inseguras y el estado pierde capacidades para proporcionar servicios y apoyos públicos.

Francia ha decidido contrarrestar el deterioro de la economía real, el bienestar mayoritario y las capacidades públicas elevando los impuestos de los muy ricos. Esto ciertamente da lugar a controversias, dificultades de instrumentación y aprendizajes importantes. No es un caso único; de hecho son cambios de fondo que también se discuten en el resto de Europa, los Estados Unidos, China y muchos otros países.

Comparado con ellos México es un paraíso fiscal donde los muy ricos y las grandes empresas prácticamente no pagan impuestos. Presumimos de la entrada de capitales que nos llegan precisamente por estas condiciones de privilegio pero que en nada mejoran la situación de la mayoría.

Somos campeones en generar grandes fortunas en medio de la expansión de la miseria y la violencia. Tres lados del mismo triangulo que nos urge transformar pronto no como un asunto de equidad sino de sobrevivencia. Necesitamos el talento empresarial productivo acompañado de verdadera responsabilidad social para salir adelante. De otro modo este país será cada vez más inhabitable para todos.