Jorge Faljo
Tamaulipas no se merece la situación en que se encuentra. Por sus recursos y las capacidades de su población podría ser un estado líder del desempeño industrial y agropecuario, así como del empleo y bienestar. Su potencial es enorme; extensas superficies cultivables, cercanía y amplia comunicación con el mayor mercado del mundo, puertos modernos y una población más educada que la media nacional, capaz y deseosa de trabajar.
Sin embargo potencialidades no son hechos y lo real es que Tamaulipas sufre de los males que aquejan a todo el país y, además, de otros propios que lo ahogan y hacen que se rezague en lugar de destacar. De acuerdo al Censo Económico de 2014 fue uno de los únicos tres estados en donde el crecimiento del empleo industrial fue negativo en los cinco años anteriores. Los otros dos estados fueron Veracruz y Guerrero.
Respecto al campo llama la atención la baja importancia de la agricultura en la economía estatal; tan solo el 3 por ciento del producto estatal. Sin embargo el monto de tierra de cultivo irrigada es similar al de Sinaloa y aunque allá es mayor la superficie de temporal no se explica la diferencia con el 11 por ciento de aportación de agricultura en aquel estado. Es aquí donde es más evidente la diferencia entre potencial y aprovechamiento efectivo.
SAGARPA nos dice que el Estado cuenta con 550 mil hectáreas de riego y sus datos históricos señalan que en algún momento se sembraron 700 mil. Apunta que existen otras 970 mil de temporal, pero en algún momento, hace décadas, se sembraron algo más de millón y medio de hectáreas de temporal. Uno esperaría un incremento debido, por ejemplo, a que dentro de la propiedad social algunas de las tierras de uso común se han parcelado para cultivarlas.
Cierto que en estos datos incide fuertemente el comportamiento de las lluvias pero de cualquier manera las estadísticas indican un hueco importante de alrededor de medio millón de hectáreas que se han dejado de cultivar. Tres son las causas. Una es el abandono del sector que se ha dado en todo el país; incluyendo el manejo suicida del comercio externo. Otra es el uso particularmente ineficiente del gasto público rural en el estado. Tamaulipas es el estado con mayor diferencia entre un elevado gasto público agropecuario y más pobres resultados. Finalmente hay que mencionar el monstruo de la inseguridad en la modalidad en la que sobresale este estado: la extorsión.
Prácticamente todos los análisis de la economía y de la sociedad tamaulipeca confluyen en el eje de la inseguridad y la extorsión. Sin resolver eso no se resuelve lo demás. Esta es la gran tarea de la sociedad y el gobierno y sin embargo se antoja imposible. Cuando menos todo lo que se ha intentado hasta ahora ha fracasado y el estado continua deslizándose al abismo.
La ciudadanía y el estado se encuentran ante un punto de inflexión que deberá caracterizarse por el acercamiento entre el gobierno y la ciudadanía. Si algo ha caracterizado las últimas tres décadas ha sido el alejamiento entre gobierno y organizaciones ciudadanas a las que se ve con desconfianza y prácticamente como enemigas.
Dejaron de tener relevancia la CNC y la interlocución con las organizaciones del campo; ¿existen todavía la CTM y la CNOP? No eran ejemplos de democracia pero eran un puente con la base. Se destruyó al sindicato de electricistas y se ataca al de los mineros. No se acepta el dialogo con los maestros disidentes. Estos son meros botones de muestra de la tendencia al autismo gubernamental que en días pasados alcanzó su máxima expresión cuando el presidente Peña declaró que no sabe a qué atribuir el rechazo a su gobierno. La incomunicación es brutal y en la separación entre gobierno y pueblo prospera la criminalidad.
En Tamaulipas es necesario un reencuentro entre gobierno y ciudadanía basado en la apertura real, sincera, a la participación de la sociedad en todo el manejo público. Hay que substituir el trato de burócratas Virreyes con individuos hechos menos, por el trato con organizaciones y comités dignos de ciudadanos. Estos deben participar en el diagnóstico de los problemas, en las propuestas de solución, en acuerdos de implementación y en la evaluación de resultados. Eso en cuanto a la operación de las escuelas, de los servicios de salud, de los servicios urbanos, de cada uno de los programas agropecuarios y en los de desarrollo social.
Necesitamos un gobierno activista y promotor de la organización social; que se ponga del lado de la ciudadanía frente a la federación para exigir que los programas funcionen, y para ello es necesaria la participación ciudadana. Será necesario modificar reglas de operación para adecuarlos a cada situación específica.
El uso de la fuerza es de manera inevitable parte de la estrategia pero hay que afinar la mira. Para el gobierno federal son más peligrosos los estudiantes normalistas, los maestros, las organizaciones comunitarias, los sindicatos independientes, los líderes sociales, que los verdaderos criminales. Esa estrategia antisocial ha desmembrado sindicatos, organizaciones rurales, pueblos, comunidades y barrios. Al combatir toda fuerza de la sociedad ha dejado el campo abierto al autoritarismo y la criminalidad. Van de la mano.
Aquí se requiere dejar de criminalizar la participación social y, por el contrario fortalecerla para crear una barrera al crimen. Hay que construir cohesión social, cultura democrática y real poder de decisión de la gente sobre lo que les pertenece: que es el poder y los recursos públicos.
La tarea será lenta y enfrenta enemigos internos. Ya sabemos que no se puede combatir a los corruptos colocándoles vigilantes, y luego vigilantes a los vigilantes. Todos se corrompen. Lo que hay que hacer es contraloría social; dar poderes a los pueblos, comunidades, barrios; a las organizaciones de productores, a los pequeños y medianos empresarios, para diagnosticar, proponer, acompañar y evaluar toda acción pública.
Solo una burocracia sometida, en lugar de someter, podrá funcionar en favor de una nueva estrategia de gobierno orientada a restañar las heridas y restablecer el bienestar.
domingo, 29 de mayo de 2016
domingo, 22 de mayo de 2016
Este pastel no alcanza
Jorge Faljo
La caída brutal de los precios del petróleo, de productos agropecuarios y de los metales ha tenido un efecto devastador en las economías de países con este tipo de exportaciones. En el caso de Latinoamérica afecta a numerosos países, incluido México y es un factor importante en el cambio de signo político de los gobiernos de Argentina y Brasil. Obviamente también es la causa principal de la grave crisis en Venezuela.
En Brasil la pérdida de base popular desató las posibilidades de acción de los sectores golpistas de ideología neoliberal, en buena medida entramados con una amplia red de corrupción. Se deshicieron, por lo menos de momento, de la presidente Dilma Roussef en una operación en la que el cambio de persona no es sino pretexto para un viraje radical hacia el neoliberalismo.
En Argentina el auge de precios de los productos primarios, en particular la soya y la carne, sustentó una buena entrada de divisas a pesar de la exclusión del financiamiento externo. La caída de los precios primarios asociada a la sobreproducción mundial (originada en la debilidad de la demanda) dio un duro golpe al que durante una década había sido un modelo económico muy exitoso.
Venezuela obtenía de la venta de petróleo el 96 por ciento de sus ingresos de exportación. Esta riqueza fácil sustentó un modelo importador que puso de rodillas y prácticamente destruyó buena parte de la producción interna.
Estos tres países lograron durante los primeros años de este siglo instrumentar políticas de disminución de la indigencia notablemente exitosas. El eje del mejoramiento de los niveles de vida de sus sectores más vulnerables y marginados fueron políticas redistributivas centradas en programas de transferencia de ingresos, de prestación de servicios públicos, mejoramiento de vivienda y otros.
Con frecuencia la redistribución de ingresos se representa con un pastel del cual se corta una rebanada cada vez más grande para los más pobres. Eso hacen las estrategias redistributivas, aumentar la rebanada de los grupos vulnerables. Cierto que esa es la tendencia de algunos programas públicos aunque en general no han logrado ni en América Latina, en los Estados Unidos (que los tiene muy importantes, como el famoso “food stamps”) o el mundo revertir la tendencia a que todo incremento del tamaño del pastel se lo queden los muy ricos.
Querer darles a los pobres más de un pastel que crece poco provoca la activa oposición de aquellos cuya porción se reduce, por más grande que esta sea. La situación es mucho peor cuando el tamaño del pastel se reduce y entonces la rebatinga es generalizada. Son situaciones en las que los programas de transferencias a los pobres tienden a ser sacrificados por falta de recursos públicos; lo cual agrava para esta población el impacto negativo que de por si recae en toda la economía.
Las estrategias sociales promovidas por la izquierda latinoamericana, sobre todo en Brasil y Venezuela, e incluso las migajas de estrategia social en gobiernos de derecha como el de México, son muy vulnerables al nuevo contexto de la economía mundial. En condiciones de estancamiento económico y caída de precios de las exportaciones, no es factible cargar el mejoramiento de los más pobres en las espaldas de la clase media, y los poderosos no están dispuestos a ceder nada.
Así que habría que repensar en otra opción. Y si existe; se trata de reactivar y promover la actividad productiva de los pobres. A diferencia de aumentar su rebanada del pastel existente la propuesta es apoyarlos para que ellos hagan un segundo pastel; producido y comido por ellos mismos.
Solo que mientras la mera redistribución del ingreso global puede ser perfectamente compatible con un modelo económico neoliberal, lo segundo que ellos produzcan en su microempresas, le resulta repugnante a los sectores globalizados. ¿Por qué?
La redistribución ha sido una estrategia de alivio a la pobreza que al mismo tiempo los integra como consumidores transnacionales. Un ejemplo. El reparto de vales electrónicos de despensa a la tercera edad y muy pobres en la ciudad de México los lleva a consumir en Waltmart y los aleja de los mercados tradicionales. Ayuda a los pobres como consumidores pero deteriora el comercio y la producción popular. A final de cuentas los invalida.
Dejar que los pobres tengan un segundo pastel implica promover el uso y fortalecimiento de sus propias capacidades con las que no pueden competir con las transnacionales ni entrar al comercio masivo. Sin embargo podrían producir para ellos mismos, con tecnologías accesibles reactivables o de baja inversión si es que se les apoya para crear una red de distribución para el intercambio de producción adecuada para aliviar sus carencias. Es aquí donde la solución no gusta. Los sectores globalizados quieren que los pobres consuman su producción y no la que ellos mismos pueden generar.
En México los programas de desarrollo social basados en promover el consumo transnacional terminan siendo muy caros para el gobierno, el país y los mismos pobres. Por otra parte, en cada comunidad campesina, en cada barrio y por todos lados en el país la población, de muy pobres a pequeños y medianos empresarios, podrían producir para el consumo popular, desde alimentos, muebles, enseres domésticos, materiales de construcción y más.
Lo que requieren los excluidos, y al paso que vamos ahí estaremos, es un mecanismo de comercialización para el intercambio entre ellos mismos. La clave del apoyo público es, para empezar, que los vales de consumo que distribuye el gobierno fueran para consumir producción local y regional en la red de intercambio entre productores sociales.
Una estrategia de este tipo permitiría generar niveles escalonados de autosuficiencia. A nivel de comunidad sería posible cierto grado de autoabasto, en el plano regional un mayor grado y así hasta llegar al nivel nacional en el que sería perfectamente posible el autoabasto total de los grupos excluidos de la producción por la actual estrategia.
El incremento en el nivel de vida de los pobres solo es posible mediante el uso útil de su fuerza con mecanismos específicos de intercambio. Hay que construir un sector social de la economía que opere de manera amplia, integral y justa.
La caída brutal de los precios del petróleo, de productos agropecuarios y de los metales ha tenido un efecto devastador en las economías de países con este tipo de exportaciones. En el caso de Latinoamérica afecta a numerosos países, incluido México y es un factor importante en el cambio de signo político de los gobiernos de Argentina y Brasil. Obviamente también es la causa principal de la grave crisis en Venezuela.
En Brasil la pérdida de base popular desató las posibilidades de acción de los sectores golpistas de ideología neoliberal, en buena medida entramados con una amplia red de corrupción. Se deshicieron, por lo menos de momento, de la presidente Dilma Roussef en una operación en la que el cambio de persona no es sino pretexto para un viraje radical hacia el neoliberalismo.
En Argentina el auge de precios de los productos primarios, en particular la soya y la carne, sustentó una buena entrada de divisas a pesar de la exclusión del financiamiento externo. La caída de los precios primarios asociada a la sobreproducción mundial (originada en la debilidad de la demanda) dio un duro golpe al que durante una década había sido un modelo económico muy exitoso.
Venezuela obtenía de la venta de petróleo el 96 por ciento de sus ingresos de exportación. Esta riqueza fácil sustentó un modelo importador que puso de rodillas y prácticamente destruyó buena parte de la producción interna.
Estos tres países lograron durante los primeros años de este siglo instrumentar políticas de disminución de la indigencia notablemente exitosas. El eje del mejoramiento de los niveles de vida de sus sectores más vulnerables y marginados fueron políticas redistributivas centradas en programas de transferencia de ingresos, de prestación de servicios públicos, mejoramiento de vivienda y otros.
Con frecuencia la redistribución de ingresos se representa con un pastel del cual se corta una rebanada cada vez más grande para los más pobres. Eso hacen las estrategias redistributivas, aumentar la rebanada de los grupos vulnerables. Cierto que esa es la tendencia de algunos programas públicos aunque en general no han logrado ni en América Latina, en los Estados Unidos (que los tiene muy importantes, como el famoso “food stamps”) o el mundo revertir la tendencia a que todo incremento del tamaño del pastel se lo queden los muy ricos.
Querer darles a los pobres más de un pastel que crece poco provoca la activa oposición de aquellos cuya porción se reduce, por más grande que esta sea. La situación es mucho peor cuando el tamaño del pastel se reduce y entonces la rebatinga es generalizada. Son situaciones en las que los programas de transferencias a los pobres tienden a ser sacrificados por falta de recursos públicos; lo cual agrava para esta población el impacto negativo que de por si recae en toda la economía.
Las estrategias sociales promovidas por la izquierda latinoamericana, sobre todo en Brasil y Venezuela, e incluso las migajas de estrategia social en gobiernos de derecha como el de México, son muy vulnerables al nuevo contexto de la economía mundial. En condiciones de estancamiento económico y caída de precios de las exportaciones, no es factible cargar el mejoramiento de los más pobres en las espaldas de la clase media, y los poderosos no están dispuestos a ceder nada.
Así que habría que repensar en otra opción. Y si existe; se trata de reactivar y promover la actividad productiva de los pobres. A diferencia de aumentar su rebanada del pastel existente la propuesta es apoyarlos para que ellos hagan un segundo pastel; producido y comido por ellos mismos.
Solo que mientras la mera redistribución del ingreso global puede ser perfectamente compatible con un modelo económico neoliberal, lo segundo que ellos produzcan en su microempresas, le resulta repugnante a los sectores globalizados. ¿Por qué?
La redistribución ha sido una estrategia de alivio a la pobreza que al mismo tiempo los integra como consumidores transnacionales. Un ejemplo. El reparto de vales electrónicos de despensa a la tercera edad y muy pobres en la ciudad de México los lleva a consumir en Waltmart y los aleja de los mercados tradicionales. Ayuda a los pobres como consumidores pero deteriora el comercio y la producción popular. A final de cuentas los invalida.
Dejar que los pobres tengan un segundo pastel implica promover el uso y fortalecimiento de sus propias capacidades con las que no pueden competir con las transnacionales ni entrar al comercio masivo. Sin embargo podrían producir para ellos mismos, con tecnologías accesibles reactivables o de baja inversión si es que se les apoya para crear una red de distribución para el intercambio de producción adecuada para aliviar sus carencias. Es aquí donde la solución no gusta. Los sectores globalizados quieren que los pobres consuman su producción y no la que ellos mismos pueden generar.
En México los programas de desarrollo social basados en promover el consumo transnacional terminan siendo muy caros para el gobierno, el país y los mismos pobres. Por otra parte, en cada comunidad campesina, en cada barrio y por todos lados en el país la población, de muy pobres a pequeños y medianos empresarios, podrían producir para el consumo popular, desde alimentos, muebles, enseres domésticos, materiales de construcción y más.
Lo que requieren los excluidos, y al paso que vamos ahí estaremos, es un mecanismo de comercialización para el intercambio entre ellos mismos. La clave del apoyo público es, para empezar, que los vales de consumo que distribuye el gobierno fueran para consumir producción local y regional en la red de intercambio entre productores sociales.
Una estrategia de este tipo permitiría generar niveles escalonados de autosuficiencia. A nivel de comunidad sería posible cierto grado de autoabasto, en el plano regional un mayor grado y así hasta llegar al nivel nacional en el que sería perfectamente posible el autoabasto total de los grupos excluidos de la producción por la actual estrategia.
El incremento en el nivel de vida de los pobres solo es posible mediante el uso útil de su fuerza con mecanismos específicos de intercambio. Hay que construir un sector social de la economía que opere de manera amplia, integral y justa.
domingo, 15 de mayo de 2016
¿Una asonada democrática?
Faljoritmo
Jorge Faljo
Dilma Roussef, presidente de Brasil hasta el miércoles pasado, acaba de ser suspendida en su cargo por el congreso de su país. Supuestamente la suspensión es por seis meses para en ese tiempo hacerle un juicio político por irregularidades en la presentación de la contabilidad gubernamental.
Brasil enfrenta serios escándalos de corrupción, una grave crisis económica y ahora una crisis política que divide profundamente a los brasileños. La televisión, el radio y los periódicos, monopolios privados, han conducido un fuerte y constante ataque a la anterior presidente al que en los últimos meses se sumó el poder legislativo.
En 2014 se descubrió una amplia red de corrupción en torno a la empresa estatal Petrobras. Su esquema de contratación se basaba en sobornos a cambio de contratos a precios muy alzados. De entonces a la fecha más de 100 funcionarios y directivos privados han sido encarcelados y la investigación continúa su marcha involucrando a cada vez más personas, buena parte de ellos funcionarios y congresistas.
Formalmente la directora general de la estatal era la presidente de la república y muchos señalan su responsabilidad. Sin embargo no se ha encontrado ningún indicio de su participación en la red de corrupción o de enriquecimiento ilícito, incluyendo transferencias al exterior.
Se le destituye entonces en base a una acusación menor. Se la acusa de un mal manejo contable en la presentación de las cifras presupuestales para disimular un déficit fiscal mayor al aceptado oficialmente. Más concretamente podría haber empleado fondos de bancos estatales para financiar programas públicos, lo que no está permitido por la ley. Se trata no obstante de una práctica que en el pasado no dio lugar a mayor problema y ante esto, la suspensión parece desproporcionada.
La opinión generalizada es que el trasfondo del asunto son diferencias políticas y de otro tipo que derivaron en buscar pretextos para destituirla. Incluso el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, negó que haya una acusación “bien fundada” en su contra. Algunos consideran que es como destituir a un funcionario por pasarse un alto.
Para Dilma y sus partidarios se trata de un golpe de estado en la medida en que no hay un caso de corrupción o de verdadero crimen de estado. Y cabe explorar dos opciones principales para explicarlo.
El asunto central es el del combate a la corrupción, pero no del modo en que podríamos pensarlo a primera vista. En 2013 Dilma impulsó y consiguió promulgar una Ley Anticorrupción y otra Ley de Organizaciones Criminales que fueron las que hicieron posible destapar el escándalo de Petrobras y llevar la investigación y los castigos a toda la red de corrupción pública y privada. Dilma llego a vetar los intentos de suavizarla y le impuso la mayor dureza posible.
Hoy en día de los 513 diputados más de 300 están acusados de corrupción así como buena parte de los senadores. Es decir que sus acusadores no tienen las manos limpias.
El líder de la cámara de diputados, Eduardo Cunha, que orquestó la caída de la presidente, acaba de ser suspendido por la Suprema Corte por obstrucción de la justicia, y es acusado de cinco millones de dólares en sobornos que ocultó en cuentas secretas en Suiza. El líder del senado, Renan Calheros, otro fuerte impulsor de la destitución, se encuentra sujeto a 11 investigaciones criminales, nueve de ellas relacionadas con los sobornos de Petrobras.
El nuevo presidente de Brasil, Michel Temer, acaba de ser condenado por pasar el límite de donaciones electorales y podría ser impedido de presentarse a un nuevo cargo de elección popular. Un motivo más para que se opusiera a convocar a nuevas elecciones en caso de la destitución definitiva de Dilma. De los 22 ministros que acaba de nombrar en su nuevo gabinete siete están siendo investigados por corrupción.
También se critica a su gabinete por ser todos blancos, hombres y muchos de ellos multimillonarios destacados. Eso en un país donde la mayoría no es blanca, en el que ya había una presencia relevante de mujeres en puestos de primer nivel y donde existe una fuerte inequidad.
Es una elite que dirige la economía y los medios de comunicación y que le tiene un profundo rencor a Dilma. Las razones son varias. Durante años el gasto público en programas sociales mejoró la situación de millones de brasileños en pobreza extrema. Una reciente investigación de los métodos de tortura de gobiernos anteriores concluyó en recomendar que se castigue a los torturadores sin aceptar anteriores indultos. Hizo que la mitad de los ingresos a universidades públicas se reservaran para negros y mulatos, que son el 75 por ciento de la población.
Todo apunta a que Dilma Roussef provocó el enojo de las elites desde hace mucho tiempo. Pero tenía de su lado a una gran mayoría de la población mientras fueron épocas de abundancia de ingresos públicos derivados del petróleo y de las exportaciones de productos agropecuarios y mineros a buen precio.
Sin embargo la brutal caída del precio del petróleo redujo los ingresos del estado y obligó al recorte de los gastos sociales, y la baja de los ingresos por exportaciones devaluó la moneda creando presiones inflacionarias que afectan a la población.
Así que mientras las elites castigan a Dilma por su política social; el pueblo la abandona debido a la crisis económica. Los medios de comunicación han sido decisivos en crear un chivo expiatorio de los problemas del país tergiversando el problema de la corrupción y de la economía.
Dejan mucho que pensar los casos de gobiernos de orientación popular, exitosos cuando el contexto externo les es favorable, pero que no alteran el paradigma neoliberal del desarrollo. No aprovechan esos buenos tiempos para crear una estructura productiva menos dependiente del exterior y una democracia más fuerte. Cuando llegan los malos tiempos sucumben y la población sufre doblemente; por un lado la crisis inevitable y por otro la imposición de estrategias de austeridad antipopulares.
Jorge Faljo
Dilma Roussef, presidente de Brasil hasta el miércoles pasado, acaba de ser suspendida en su cargo por el congreso de su país. Supuestamente la suspensión es por seis meses para en ese tiempo hacerle un juicio político por irregularidades en la presentación de la contabilidad gubernamental.
Brasil enfrenta serios escándalos de corrupción, una grave crisis económica y ahora una crisis política que divide profundamente a los brasileños. La televisión, el radio y los periódicos, monopolios privados, han conducido un fuerte y constante ataque a la anterior presidente al que en los últimos meses se sumó el poder legislativo.
En 2014 se descubrió una amplia red de corrupción en torno a la empresa estatal Petrobras. Su esquema de contratación se basaba en sobornos a cambio de contratos a precios muy alzados. De entonces a la fecha más de 100 funcionarios y directivos privados han sido encarcelados y la investigación continúa su marcha involucrando a cada vez más personas, buena parte de ellos funcionarios y congresistas.
Formalmente la directora general de la estatal era la presidente de la república y muchos señalan su responsabilidad. Sin embargo no se ha encontrado ningún indicio de su participación en la red de corrupción o de enriquecimiento ilícito, incluyendo transferencias al exterior.
Se le destituye entonces en base a una acusación menor. Se la acusa de un mal manejo contable en la presentación de las cifras presupuestales para disimular un déficit fiscal mayor al aceptado oficialmente. Más concretamente podría haber empleado fondos de bancos estatales para financiar programas públicos, lo que no está permitido por la ley. Se trata no obstante de una práctica que en el pasado no dio lugar a mayor problema y ante esto, la suspensión parece desproporcionada.
La opinión generalizada es que el trasfondo del asunto son diferencias políticas y de otro tipo que derivaron en buscar pretextos para destituirla. Incluso el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, negó que haya una acusación “bien fundada” en su contra. Algunos consideran que es como destituir a un funcionario por pasarse un alto.
Para Dilma y sus partidarios se trata de un golpe de estado en la medida en que no hay un caso de corrupción o de verdadero crimen de estado. Y cabe explorar dos opciones principales para explicarlo.
El asunto central es el del combate a la corrupción, pero no del modo en que podríamos pensarlo a primera vista. En 2013 Dilma impulsó y consiguió promulgar una Ley Anticorrupción y otra Ley de Organizaciones Criminales que fueron las que hicieron posible destapar el escándalo de Petrobras y llevar la investigación y los castigos a toda la red de corrupción pública y privada. Dilma llego a vetar los intentos de suavizarla y le impuso la mayor dureza posible.
Hoy en día de los 513 diputados más de 300 están acusados de corrupción así como buena parte de los senadores. Es decir que sus acusadores no tienen las manos limpias.
El líder de la cámara de diputados, Eduardo Cunha, que orquestó la caída de la presidente, acaba de ser suspendido por la Suprema Corte por obstrucción de la justicia, y es acusado de cinco millones de dólares en sobornos que ocultó en cuentas secretas en Suiza. El líder del senado, Renan Calheros, otro fuerte impulsor de la destitución, se encuentra sujeto a 11 investigaciones criminales, nueve de ellas relacionadas con los sobornos de Petrobras.
El nuevo presidente de Brasil, Michel Temer, acaba de ser condenado por pasar el límite de donaciones electorales y podría ser impedido de presentarse a un nuevo cargo de elección popular. Un motivo más para que se opusiera a convocar a nuevas elecciones en caso de la destitución definitiva de Dilma. De los 22 ministros que acaba de nombrar en su nuevo gabinete siete están siendo investigados por corrupción.
También se critica a su gabinete por ser todos blancos, hombres y muchos de ellos multimillonarios destacados. Eso en un país donde la mayoría no es blanca, en el que ya había una presencia relevante de mujeres en puestos de primer nivel y donde existe una fuerte inequidad.
Es una elite que dirige la economía y los medios de comunicación y que le tiene un profundo rencor a Dilma. Las razones son varias. Durante años el gasto público en programas sociales mejoró la situación de millones de brasileños en pobreza extrema. Una reciente investigación de los métodos de tortura de gobiernos anteriores concluyó en recomendar que se castigue a los torturadores sin aceptar anteriores indultos. Hizo que la mitad de los ingresos a universidades públicas se reservaran para negros y mulatos, que son el 75 por ciento de la población.
Todo apunta a que Dilma Roussef provocó el enojo de las elites desde hace mucho tiempo. Pero tenía de su lado a una gran mayoría de la población mientras fueron épocas de abundancia de ingresos públicos derivados del petróleo y de las exportaciones de productos agropecuarios y mineros a buen precio.
Sin embargo la brutal caída del precio del petróleo redujo los ingresos del estado y obligó al recorte de los gastos sociales, y la baja de los ingresos por exportaciones devaluó la moneda creando presiones inflacionarias que afectan a la población.
Así que mientras las elites castigan a Dilma por su política social; el pueblo la abandona debido a la crisis económica. Los medios de comunicación han sido decisivos en crear un chivo expiatorio de los problemas del país tergiversando el problema de la corrupción y de la economía.
Dejan mucho que pensar los casos de gobiernos de orientación popular, exitosos cuando el contexto externo les es favorable, pero que no alteran el paradigma neoliberal del desarrollo. No aprovechan esos buenos tiempos para crear una estructura productiva menos dependiente del exterior y una democracia más fuerte. Cuando llegan los malos tiempos sucumben y la población sufre doblemente; por un lado la crisis inevitable y por otro la imposición de estrategias de austeridad antipopulares.
jueves, 12 de mayo de 2016
Democracias vemos, corazones no sabemos
Faljoritmo
Jorge Faljo
El rey de España, Felipe VI, acaba de disolver las llamadas Cortes Generales, es decir el congreso, y convocó a nuevas elecciones para el próximo 26 de junio. La decisión es parte de un proceso complicado de transición política que no acaba de cuajar. Las elecciones de diputados del pasado 20 de diciembre no pudieron desembocar en la elección de un nuevo gobierno. Desde esa fecha se tiene un gobierno con funciones limitadas y no electo por la población.
España es una democracia parlamentaria en la que el jefe de gobierno es elegido por los diputados. La llamada cámara baja se integra con 350 representantes populares y se necesita que 176 de ellos estén de acuerdo para elegir al jefe del ejecutivo, el primer ministro, por mayoría absoluta. Una segunda opción es elegirlo por mayoría simple de votantes cuando algún grupo se abstiene de votar como resultado de un acuerdo político (no te apoyo, pero no me opongo).
Sin embargo en cuatro meses de negociaciones los partidos políticos no pudieron ponerse de acuerdo para formar una mayoría. Tendrán que seguirlo intentando de acuerdo a los resultados de la próxima votación.
Mientras en la madre patria (expresión de escuela primaria) había solo dos partidos políticos importantes no había pierde; ganaba uno o el otro. Pero en las pasadas elecciones contendieron cuatro partidos de relevancia nacional y otros de carácter regional. El partido Popular (PP, de derecha), a pesar de ser el puntero con 123 escaños perdió la mayoría con la que podía gobernar por sí solo. Debido a su ortodoxia y a su descredito por escándalos de corrupción ningún otro partido aceptó apoyarlo para que llegara a la mayoría.
El partido Socialista (PSOE, de izquierda neoliberal), también sufrió un severo revés al descender a tan sólo 90 diputados. Podemos, un partido de izquierda anti neoliberal muy joven y en veloz ascenso, obtuvo 69 votos, Y, finalmente, Ciudadanos, de centro derecha y también recientemente constituido, ganó 40 sillas.
Tal dispersión, y la falta de flexibilidad para llegar a acuerdos, imposibilitaron la formación de una mayoría. Hubo dos lecturas encontradas. Para el PP ellos deberían seguir gobernando por ser el partido más votado. Los demás consideraron que el voto de los españoles fue en contra de la continuidad, aunque este mensaje se hubiera dividido en varias corrientes políticas.
El caso es que cualquier mayoría sin el PP tenía que sumar a más de dos partidos o, por lo menos, conseguir que el PP se abstuviera de votar.
No formar gobierno fue un hecho inusitado que marca una transición política difícil. El rechazo a la política neoliberal, a la austeridad y a la corrupción es claro; pero no está definido que tan a la izquierda podrá estar el nuevo gobierno. En estos momentos la incertidumbre es si los españoles castigarán a la oposición por su falta de capacidad para ponerse de acuerdo y se fortalece el PP. O podría ocurrir lo contrario, que crezca el movimiento anti austeridad y que, ahora si el PSOE tenga que negociar una alianza con Podemos.
Lo importante es entender que el sistema parlamentario español obliga al establecimiento de alianzas, y a convenios políticos y proyectos de gobierno explícitos y detallados. También se tienen que compartir los ministerios y posiciones importantes donde cada partido puede imprimir su sello. Es decir que se comparte el poder ejecutivo.
También los Estados Unidos se encuentran en una transición política importante. Al parecer y contra lo que muchos creíamos, Donald Trump será el candidato republicano a la presidencia. Gran parte de la elite histórica de ese partido aúlla de rabia y angustia. Pierden el control del partido si aceptan a Trump; y podrían llevar a la ruina al partido si logran hacerle una jugada para quitarle la candidatura. La ciudadanía norteamericana vería esa jugada como algo profundamente antidemocrático.
Trump es un pragmático bárbaro, sin atenuantes ideológicos. Representa el sentir de buena parte de la población, sobre todo blancos no universitarios, muy enojados por el deterioro de sus empleos y la caída de su nivel de vida.
Del lado demócrata la ganadora anunciada es Hillary Clinton, representante de la continuidad neoliberal. Sin embargo Bernie Sanders, su contrincante socialista, no se sale de la carrera porque espera llegar a convención con suficientes delegados para influir en la declaración de principios y en la propuesta de gobierno de su partido. Ha demostrado que la mayoría de los menores de 40 años lo apoyan y Hillary sabe que lo va a necesitar para enfrentar a Trump. Así muy posiblemente Sanders logre obtener concesiones y promesas relevantes de la Hillary. Curiosamente una de sus diferencias es que Hillary apoya al gobierno de Israel contra viento y marea y Sanders, siendo judío, señala que en medio oriente se requiere una paz justa que tome en cuenta los derechos de los palestinos.
Tanto en España como en los Estados Unidos operan democracias funcionales que permiten el ascenso de movimientos de base y mecanismos de negociación que obligan a definir programas explícitos y con consenso mayoritario. Son también sistemas que exponen a sus candidatos a fuego graneado en una dura competencia en la que tienen que demostrar sus capacidades, su cultura, su carácter y el matiz exacto de su posición en multitud de temas de gobierno.
El paradigma mexicano es otro. Tenemos elecciones de dudosa mayoría donde el ganador se lo lleva todo sin haber mostrado mucho más que su sonrisa y su peinado. Se impone un programa de gobierno que nunca fue votado y ni siquiera conocido por la ciudadanía. Es muy fácil que esta visión unilateral recurra al uso de la fuerza y/ o a la compra de conciencias como forma de gobierno.
Nuestro modelo económico, social y político se hunde en el mayor descredito y el ascenso del “mal humor” (Peña dixit) ciudadano. Urge un viraje que refuerce la credibilidad, la transparencia, la verdadera honestidad, el respeto a los derechos humanos y la democracia efectiva en el marco de un Estado que funcione.
Jorge Faljo
El rey de España, Felipe VI, acaba de disolver las llamadas Cortes Generales, es decir el congreso, y convocó a nuevas elecciones para el próximo 26 de junio. La decisión es parte de un proceso complicado de transición política que no acaba de cuajar. Las elecciones de diputados del pasado 20 de diciembre no pudieron desembocar en la elección de un nuevo gobierno. Desde esa fecha se tiene un gobierno con funciones limitadas y no electo por la población.
España es una democracia parlamentaria en la que el jefe de gobierno es elegido por los diputados. La llamada cámara baja se integra con 350 representantes populares y se necesita que 176 de ellos estén de acuerdo para elegir al jefe del ejecutivo, el primer ministro, por mayoría absoluta. Una segunda opción es elegirlo por mayoría simple de votantes cuando algún grupo se abstiene de votar como resultado de un acuerdo político (no te apoyo, pero no me opongo).
Sin embargo en cuatro meses de negociaciones los partidos políticos no pudieron ponerse de acuerdo para formar una mayoría. Tendrán que seguirlo intentando de acuerdo a los resultados de la próxima votación.
Mientras en la madre patria (expresión de escuela primaria) había solo dos partidos políticos importantes no había pierde; ganaba uno o el otro. Pero en las pasadas elecciones contendieron cuatro partidos de relevancia nacional y otros de carácter regional. El partido Popular (PP, de derecha), a pesar de ser el puntero con 123 escaños perdió la mayoría con la que podía gobernar por sí solo. Debido a su ortodoxia y a su descredito por escándalos de corrupción ningún otro partido aceptó apoyarlo para que llegara a la mayoría.
El partido Socialista (PSOE, de izquierda neoliberal), también sufrió un severo revés al descender a tan sólo 90 diputados. Podemos, un partido de izquierda anti neoliberal muy joven y en veloz ascenso, obtuvo 69 votos, Y, finalmente, Ciudadanos, de centro derecha y también recientemente constituido, ganó 40 sillas.
Tal dispersión, y la falta de flexibilidad para llegar a acuerdos, imposibilitaron la formación de una mayoría. Hubo dos lecturas encontradas. Para el PP ellos deberían seguir gobernando por ser el partido más votado. Los demás consideraron que el voto de los españoles fue en contra de la continuidad, aunque este mensaje se hubiera dividido en varias corrientes políticas.
El caso es que cualquier mayoría sin el PP tenía que sumar a más de dos partidos o, por lo menos, conseguir que el PP se abstuviera de votar.
No formar gobierno fue un hecho inusitado que marca una transición política difícil. El rechazo a la política neoliberal, a la austeridad y a la corrupción es claro; pero no está definido que tan a la izquierda podrá estar el nuevo gobierno. En estos momentos la incertidumbre es si los españoles castigarán a la oposición por su falta de capacidad para ponerse de acuerdo y se fortalece el PP. O podría ocurrir lo contrario, que crezca el movimiento anti austeridad y que, ahora si el PSOE tenga que negociar una alianza con Podemos.
Lo importante es entender que el sistema parlamentario español obliga al establecimiento de alianzas, y a convenios políticos y proyectos de gobierno explícitos y detallados. También se tienen que compartir los ministerios y posiciones importantes donde cada partido puede imprimir su sello. Es decir que se comparte el poder ejecutivo.
También los Estados Unidos se encuentran en una transición política importante. Al parecer y contra lo que muchos creíamos, Donald Trump será el candidato republicano a la presidencia. Gran parte de la elite histórica de ese partido aúlla de rabia y angustia. Pierden el control del partido si aceptan a Trump; y podrían llevar a la ruina al partido si logran hacerle una jugada para quitarle la candidatura. La ciudadanía norteamericana vería esa jugada como algo profundamente antidemocrático.
Trump es un pragmático bárbaro, sin atenuantes ideológicos. Representa el sentir de buena parte de la población, sobre todo blancos no universitarios, muy enojados por el deterioro de sus empleos y la caída de su nivel de vida.
Del lado demócrata la ganadora anunciada es Hillary Clinton, representante de la continuidad neoliberal. Sin embargo Bernie Sanders, su contrincante socialista, no se sale de la carrera porque espera llegar a convención con suficientes delegados para influir en la declaración de principios y en la propuesta de gobierno de su partido. Ha demostrado que la mayoría de los menores de 40 años lo apoyan y Hillary sabe que lo va a necesitar para enfrentar a Trump. Así muy posiblemente Sanders logre obtener concesiones y promesas relevantes de la Hillary. Curiosamente una de sus diferencias es que Hillary apoya al gobierno de Israel contra viento y marea y Sanders, siendo judío, señala que en medio oriente se requiere una paz justa que tome en cuenta los derechos de los palestinos.
Tanto en España como en los Estados Unidos operan democracias funcionales que permiten el ascenso de movimientos de base y mecanismos de negociación que obligan a definir programas explícitos y con consenso mayoritario. Son también sistemas que exponen a sus candidatos a fuego graneado en una dura competencia en la que tienen que demostrar sus capacidades, su cultura, su carácter y el matiz exacto de su posición en multitud de temas de gobierno.
El paradigma mexicano es otro. Tenemos elecciones de dudosa mayoría donde el ganador se lo lleva todo sin haber mostrado mucho más que su sonrisa y su peinado. Se impone un programa de gobierno que nunca fue votado y ni siquiera conocido por la ciudadanía. Es muy fácil que esta visión unilateral recurra al uso de la fuerza y/ o a la compra de conciencias como forma de gobierno.
Nuestro modelo económico, social y político se hunde en el mayor descredito y el ascenso del “mal humor” (Peña dixit) ciudadano. Urge un viraje que refuerce la credibilidad, la transparencia, la verdadera honestidad, el respeto a los derechos humanos y la democracia efectiva en el marco de un Estado que funcione.
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